Fallo Clásico: Caso Bonevo

Fallo Clásico: Caso BonevoTribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)

Partes: Bonevo, Ricardo

Fecha: 02/08/1929

Una persona fue multada por haber violado la ordenanza policial de corredores de hoteles, al ser sorprendido ejerciendo tal actividad sin las formalidades del caso. El pronunciamiento fue confirmado por el juez correccional. Se interpuso recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del art. 15 de la ley 48, quién confirma la sentencia apelada.

1. Cuando el Poder Ejecutivo es llamado a ejercer sus poderes reglamentarios en materia de policía de seguridad a mérito de una ley que lo autorizó para ello, no lo hace en virtud de una delegación de atribuciones legislativas sino a título de una facultad propia consagrada por el art. 86 inc. 2° de la Constitución Nacional y cuya mayor o menor extensión queda determinada por el uso que de ella haya hecho el Poder Legislativo.

Resolución del jefe de policía

Buenos Aires, febrero 8 de 1929.

Vistos el presente sumario instruido por el subcomisario de la sección Puerto Nuevo de policía, y resultando de las constancias del mismo que el día de la fecha a las 9.30 el empleado de la División de Investigaciones, Carlos G. Alfaro a la llegada de un tren de pasajeros en la estación Retiro del Ferrocarril el Pacífico, detuvo al sujeto Ricardo Bonevo por sorprenderlo ejerciendo el oficio de Corredor de Hotel sin llenar las formalidades del caso, y por lo tanto en contravención, por lo que lo condujo a la comisaría, de lo que obtuvo como testigo a Vicente Lavena, quien no compareció a declarar. Que el acusado se negó a prestar declaración.
Que si bien no ha sido posible obtener el comparendo del testigo y que en el mayor de los casos las personas requeridas como tales en contravenciones, no comparecen por no darles a estas faltas su verdadera importancia, se tiene en cuenta la manifestación afirmativa del testigo al dar su nombre al agente interventor.
Que, por otra parte, el acusado Bonevo fue sorprendido en infracción por el empleado Alfaro, quien así lo manifiesta en su declaración de fs.2 vuelta.
Que Bonevo en la oficina no negó la imputación ni la desvirtuó, limitándose a negarse a declarar siendo, además, reincidente el inculpado, pues con fecha 28 del mes de enero último fue castigado por haber incurrido en la misma falta.
Que teniendo en cuenta que la reglamentación sobre corredores de hotel ha sido dictada con el fin de terminar con los abusos que cometían los falsos corredores que eran en su mayoría delincuentes que aprovechando el poco conocimiento que de la ciudad poseían algunos viajeros, los hacían víctimas de sus fechorías llevándolos a comercios poco serios, donde eran despojados de sus dineros y prendas y es necesario evitar que sean burlados los sanos propósitos de la misma.
Y considerando suficiente mérito para castigar a Ricardo Bonevo, de acuerdo con lo prescripto en el art. 11, inciso 1° del reglamento de corredores de hotel, el Jefe de Policía de acuerdo con las facultades que le son propias, resuelve:
Aplicar a Ricardo Bonevo cincuenta pesos moneda nacional de multa o en su defecto quince días de arresto, que deberá cumplir en la Alcaidía de Contraventores.
Vuelva a la comisaría de su procedencia para su cumplimiento, fecho archívese. – Graneros.
Sentencia de juez correccional
Buenos Aires, marzo 4 de 1929.
Y Vistos: Siendo terminante la disposición del art. 30 del Código de Procedimientos Criminales, en cuanto a la jurisdicción del suscripto para entender en las presentes actuaciones, así se declara, y estando ajustada la resolución de fs.10 que aplica a Ricardo Bonevo cincuenta pesos de multa o en su defecto quince días de arresto por violación a las disposiciones reglamentarias en ellas citadas, se confirma la misma. – V. Ortega.
Dictamen del Procurador General
Buenos Aires, julio 6 de 1929.
Suprema Corte:
Después de dictada la sentencia de fs.19 vta. de este sumario seguido contra Ricardo Bonevo, sobre violación de una ordenanza policial, ha debido interponerse el recurso de apelación para ante V. E. como lo determina expresamente el art. 15 de la ley 48.
No se ha llenado esta formalidad en el escrito de fs.30, en el que el interesado se limita a la mera enunciación del recurso que deduce y de las disposiciones legales en que lo apoya.
Hacerlo, como resulta de autos, antes o en esta Corte Suprema, después de la oportunidad legal precitada, es prematuro o extemporáneo a los fines de la procedencia de dicho recurso.
Soy por ello de opinión que ha sido bien denegada para ante V. E. la apelación interpuesta y así pido se declare. – Horacio R. Larreta.
Fallo de la Corte Suprema
Buenos Aires, agosto 2 de 1929.
Considerando: Que el recurrente en su escrito de fs.20 ha cumplido las condiciones exigidas por el art. 15 de la ley 48, siendo además de observar que la cuestión federal planteada por él en la causa ha sido resuelta en contra de los derechos fundados en la Constitución Nacional.
Por ello se declara procedente la queja.
Y considerando en cuanto a la cuestión federal por ser innecesaria mayor substanciación:
Que el juzgamiento de las faltas o contravenciones a las ordenanzas municipales o de policía corresponde respectivamente a cada una de estas administraciones cuando la pena no excede de un mes de arresto o cien pesos de multa, con apelación ante los jueces correccionales en caso contrario. Arts. 27 y 28 del Código de Procedimientos Criminales.
Que en su aplicación tal precepto comprende también a los extranjeros en cuanto a los delitos y a las faltas que puedan cometer, pues en tal caso y por las razones expuestas en la sentencia dictada con fecha 29 de julio último en el juicio promovido por el mismo Bonevo ante la jurisdicción nacional, aquéllos no gozan del privilegio del fuero federal que solo existe respecto de las causas civiles o nacidas de estipulación o contrato.
Que la jurisdicción atribuida por la ley 2873 a la justicia nacional es sólo para conocer de los delitos que comprometan la seguridad y tráfico ferroviario y no respecto de aquellos carentes de ese carácter, pues, como lo ha declarado esta Corte, “las vías de los ferrocarriles nacionales (y lo mismo cabe decir de las estaciones, por el hecho de serlo no han dejado de estar sometidas a las jurisdicciones locales respectivas sin sujeción especial por tal concepto a la soberanía excluyente de la Nación. Fallos: 141:338).
Que no estando el hecho que motiva esta causa, atenta su naturaleza y carácter, comprendido entre las disposiciones del art. 81 y siguientes de la ley 2873, su juzgamiento corresponde a la justicia local, conforme al recordado art. 27 del Código de Procedimientos Criminales.
Que tampoco han sido desconocidas en el caso las garantías reconocidas por los arts. 14, 17, 18, 19, 28 y 67 de la Constitución Nacional, desde que por una parte los derechos de trabajar y de ejercer toda industria lícita se hallan sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio (arts. 14 y 67, inciso 28 de la Constitución) y por otra, porque la autoridad policial de la Capital al establecer las condiciones de ejercicio de una actividad como la profesada por el recurrente con fines de protección para las personas que viajan en los trenes, usa de un derecho que le ha sido reconocido por el recordado art. 27, pues por éste el Congreso a la vez que ha creado la competencia de la policía le ha autorizado para dictar las ordenanzas o reglamentaciones generales necesarias a la existencia de la seguridad y bienestar general.
Que las leyes sobre policía de seguridad y administrativa proceden por vía de disposiciones generales, pues por previsor que sea el legislador le será imposible dictar reglas aplicables a la diversidad de circunstancias y de condiciones y aun cuando lo intentara son tan distintos los aspectos y contornos particulares que aquéllas pueden tomar en la práctica que es indispensable la concesión de facultades o atribuciones cuyo ejercicio debe quedar al arbitrio razonable de los funcionarios que tienen a su cargo el ejercicio de los poderes de policía.
Que cuando el P.E. es llamado a ejercer sus poderes reglamentarios en materia de policía de seguridad a mérito de una ley que lo ha autorizado para ello, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a título de una facultad propia consagrada por el art. 86, inc. 2 de la Constitución y cuya mayor o menor extensión queda determinada por el uso que de la misma facultad haya hecho el Poder Legislativo, t. 148:430.
Que la cuestión de saber si el Edicto Reglamentario ha podido establecer sanciones punitorias constituidas por arresto o multa no existe en el caso, desde que el art. 27 del Código de Procedimientos en lo Criminal ha atribuido expresamente al P. E. o al Jefe de Policía el derecho de aplicar multas dentro del máximum que en el mismo se señala.
Que la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución en cuanto por ella se exige para la validez de una sanción de carácter penal, la existencia de una ley anterior ha sido también observada en el caso, pues, siendo el reglamento policial una consecuencia de la autorización legislativa contenida en el recordado art. 27, es evidente que la prohibición y la pena señalada en aquel era tan obligatoria para los habitantes como la ley misma, siendo además de observar que la infracción fue cometida después de encontrarse en vigor el susodicho edicto.
En su mérito se confirma la sentencia apelada en la parte que ha podido ser materia del recurso. – Roberto Repetto. – R. Guido Lavalle. – Antonio Sagarna.