Doctrina del día: A propósito de la competencia constitucional, fiscal y penal tributaria local en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Doctrina del día: A propósito de la competencia constitucional, fiscal y penal tributaria local en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires A propósito de la competencia constitucional, fiscal y penal tributaria local en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Autor: Matinata, Jorge Saverio

Las nuevas figuras incorporadas a la ley 24.769 por la modificación introducida desde la ley 26.735, incorporan como nuevo bien jurídico protegido a las haciendas públicas subnacionales, atribuyendo en forma directa e inmediata la competencia penal ordinaria local a la Ciudad Autónoma para la investigación y juzgamiento de los delitos tipificados en la ley penal tributaria por tributos locales y cometidos en su ámbito territorial, desde que la atribución de competencia establecida en la ley penal tributaria a la Ciudad Autónoma para la investigación y juzgamiento de los nuevos delitos, sigue la técnica legal iniciada por el artículo 2° de la ley 26.702.

I. Antecedentes

Para iniciar un relato histórico concatenado que lleve al tema bajo tratamiento, en necesario analizar que el artículo 3° de la Constitución Nacional establece: “Las autoridades que ejercen el Gobierno Federal, residen en la Ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse”.

Dicha referencia nos ilustra que antes de la Reforma Constitucional de 1994, el texto histórico de la Constitución Nacional no incluía a la Ciudad de Buenos Aires como capital de la Nación.

Por ello, el día 21 de septiembre de 1880 fue sancionada la Ley N° 1029 como “ley especial del Congreso” que alude el art. 3 del texto constitucional, declarando Capital de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Aquí se advierte desde el texto constitucional una sutil distinción entre la Capital de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde dicha distinción, la Constitución Nacional otorgó representatividad parlamentaria a la Capital y al pueblo de la Capital, toda vez que la Cámara de Diputados fue integrada con representantes elegidos directamente por el pueblo de las Provincias y de la Capital, mientras que el Senado se compuso de dos senadores por Provincia y dos por la Capital.

En consecuencia, el artículo 67, inc. 27, de la Constitución vigente hasta el año 1994, delegó en el Congreso Nacional el ejercicio de la Legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, el artículo 81 del mismo texto alude a los electores de la Capital y su 86, inc. 3, atribuye al Presidente la calidad de jefe de la Capital, mientras que por el inc. 21 indica que el Presidente no puede ausentarse del territorio de la Capital sin permiso del Congreso.

Como se adelantó, ninguno de los artículos involucrados alude a la Ciudad de Buenos Aires.

Lo expuesto permite colegir que en el texto constitucional histórico, la Ciudad de Buenos Aires no fue involucrada como persona de derecho público en el ámbito constitucional, sino que sólo fue indirectamente incorporada por su condición de Capital Federal y mientras perdurase como tal.

En efecto, antes de la reforma del año 1994, el poder legislativo de la Ciudad de Buenos Aires era ejercido por el Congreso de la Nación (art. 67 inc. 27 —cfme. texto vigente hasta el año 1994-), el poder ejecutivo municipal desempeñado por un Intendente designado por el Presidente de la Nación (art. 86, inc. 3, de la Constitución Nacional —cfme. texto vigente hasta el año 1994-) y el poder judicial ejercido en los Juzgados y Cámaras Nacionales en lo Civil, quienes desarrollaban la competencia tributaria local vinculada con la judicialización de los recursos públicos municipales, enfocando la materia tributaria desde la perspectiva de la doctrina civilista.

Bajo la lógica descripta, se atribuyó al Congreso de la Nación la sanción de la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuya norma inicial en los orígenes patrios fue la Ley N° 1260, que fue evolucionando hasta llegar a la Ley N° 19.987, instrumento que constituyó un verdadero Estatuto Constitutivo Municipal, instituyendo el carácter legal de Municipalidad a la Ciudad de Buenos Aires.

Así, la Constitución Nacional vigente hasta el año 1994, atribuye al Congreso la facultad de sancionar una Ley Orgánica Municipal que en materia de recursos públicos municipales arroga al Departamento Deliberativo la facultad de sancionar anualmente la Ordenanza Fiscal y Tarifaria describiendo hechos imponibles y cuantificando por montos o alícuotas las respectivas obligaciones tributarias vinculadas con las tasas retributivas por los servicios que presta el Municipio, las contribuciones especiales por obras públicas urbanas que mejoren la valuación inmobiliaria de los contribuyentes y los derechos varios que el Municipio perciba por los permisos y autorizaciones que otorguen en sus distintas formas de ocupar el espacio público (superficie, espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública), puesto bajo control municipal (conf. art. 106 Ley N° 19.987).

En síntesis, el Congreso Nacional legisló sobre el territorio de la Ciudad; y mediante la Ley Orgánica Municipal, facultó al Concejo Deliberante para emitir las Ordenanzas que describan y cuantifiquen los hechos imponibles y sus correlativas obligaciones tributarias puestas bajo competencia municipal.

Con arreglo a la estructura legal preindicada, el entonces impuesto a las actividades lucrativas (antecesor del impuesto sobre los ingresos brutos) y el impuesto de sellos, fueron tributos que en el territorio de la entonces Capital Federal, eran administrados por la Dirección General Impositiva, mientras que la contribución territorial y la contribución automotor, tratándose de contribuciones especiales de mejoras vinculadas con la teoría del beneficio al contribuyente (construir infraestructura vial urbana, calzadas, aceras, plazas, desagües, etc.), y establecidos por las Ordenanzas Fiscales y Tarifarias emitidas por el Concejo Deliberante de la Ciudad, con el objeto de formar un fondo especial con aplicación específica a las obras públicas requeridas por la Ciudad, que como tal, canalicen un beneficio al contribuyente.

La Convención Constituyente nacional de 1994 modifica la situación descripta e incorpora al texto Constitucional el art. 129, que establece: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones”.

En paralelo, con relación al Congreso de la Nación, el art. 44 prescribe que el mismo se compone de una Cámara de Diputados de la Nación y otra de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires; bajo la misma línea, el art. 45 establece que la Cámara de Diputados se integra con “…representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la Capital en caso de traslado…”.

Dicha referencia adelanta que la condición de capital no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires, sino que puede variar mediante ley del Congreso —conf. art. 3 de la Constitución—.

En dicho supuesto, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires mantiene su derecho a elegir representantes a la Cámara baja, sin perjuicio que los ciudadanos de una nueva Capital, también elegirían diputados.

El art. 54 de la Constitución Nacional nos ilustra que: “El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires…”.

Lo expuesto significa que para la Constitución de 1994, la Ciudad de Buenos Aires concurre a la integración del Senado de la Nación por sí misma y en igualdad de condiciones que el resto de las provincias, y dicha participación legislativa es con independencia de donde resida el Gobierno Nacional, desde que su existencia en el Senado hace al nacimiento de la forma de Gobierno Representativa, Republicana y Federal (conf. art. 1 de la Constitución Nacional).

En materia tributaria, el art. 75, inc. 2, párrafo tercero, del texto constitucional sancionado en el año 1994, también incorpora expresamente en materia de coparticipación federal de impuestos a la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, en el último párrafo del referido inciso, se indica la participación de la Ciudad en la composición del organismo federal fiscal.

En sinalagma legal y técnica, el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad Autónoma establece —respecto al régimen de coparticipación—, que conforman recursos de la Ciudad (entre otros), “…los ingresos provenientes de los tributos que establece la Legislatura; los fondos de coparticipación federal que le correspondan; los fondos provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2°, primer párrafo, de la Constitución Nacional; los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios y funciones, en los términos del artículo 75, inciso 2°, quinto párrafo de la Constitución Nacional…”; mientras que la cláusula transitoria tercera del mismo texto Constitucional adelanta que: “La Ciudad de Buenos Aires afirma su derecho a participar en igualdad de condiciones con el resto de las jurisdicciones en el debate y la elaboración del régimen de coparticipación federal de impuestos”, marcando su integración jurisdiccional subnacional en la garantía de solidaridad entre provincias instituida por el artículo 75 inc. 2°, párrafos 2do., 3ero., y 4to. de la Carta Magna, para la distribución de recursos coparticipables.

El artículo 75, inc. 31, del texto constitucional nacional reformado, también incorpora expresamente a la Ciudad Autónoma como jurisdicción subnacional, al facultar al Congreso de la Nación a disponer la intervención federal de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

El art. 99 del texto constitucional, al establecer las atribuciones del Presidente de la Nación, en su inc. 20 (en línea con el art. 75, inc. 31), también incorpora a la Ciudad Autónoma, cuando dispone que el Presidente puede decretar la intervención de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, debiendo convocarlo simultáneamente para su tratamiento.

El art. 124 del texto bajo análisis, faculta a las provincias a crear regiones para el desarrollo económico y social, admitiendo que “La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca al efecto”.

La parte final del art. 125 también incorpora a la Ciudad Autónoma cuando establece: “Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia y la cultura”.

Todo el andamiaje legal descripto, fue cristalizado en el art. 129 de la Carta Magna, desde que conforma el núcleo central del régimen Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, la Disposición Transitoria 7ma. establece: “El Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la Nación las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al art. 129”, aludiendo a “…la ley que garantice los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la capital de la Nación”; mientras que la Disposición Transitoria Decimoquinta, primer párrafo, dispone que: “Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo régimen de autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una legislación exclusiva sobre su territorio, en los mismos términos que hasta la sanción de la presente…”.

En consecuencia, desde la constitución de los poderes que surgen del nuevo régimen de autonomía de la ciudad, el Congreso de la Nación dejó de ejercer “…una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación…” (conf. art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional), de suerte tal que, de haber un traslado de la capital, el art. 75, inc. 30 de la Carta Magna tendrá plena aplicación y el Congreso cumplirá el papel de Legislatura local sobre la nueva sede federal, bien que mientras tanto, el territorio de la capital —que por Ley N° 1029 es la Ciudad de Buenos Aires—, ejercerá las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al art. 129 de la Constitución Nacional.

En tales condiciones, la Reforma de 1994 estableció las bases constitucionales para incorporar formalmente a la Ciudad de Buenos Aires como una nueva jurisdicción subnacional, limitando sus atribuciones jurisdiccionales mediante una ley que garantice los intereses nacionales.

En este punto la CSJN desde una interpretación restrictiva del término “provincia”, negó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso a la competencia originaria (artículo 117 de la Carta Magna), entendiendo que su nuevo estatus de “Ciudad Autónoma” ubicado en el Título Segundo de la Constitución Nacional (Gobiernos de Provincia) no alcanza a “…los asuntos en que una provincia fuese parte…” para acceder a la competencia originaria de la CSJN (1), no obstante las más diversas opiniones respecto a la naturaleza jurídica de esta Ciudad Autónoma, que equiparan su situación institucional federal al resto de las provincias argentinas (2), aunque limitado por una ley que garantice los intereses del Estado Nacional, cuyo estatus constitucional autónomo la coloca (conf. art. 31 de la misma Constitución) por encima de las atribuciones conferidas al Congreso Nacional, desde el art. 75 inc. 15 para crear nuevas provincias.

II. Competencia tributaria y penal de la Ciudad en materia de recursos y delitos tributarios

Luego de la Reforma Constitucional de 1994, la parte final del artículo 129 de la Carta Magna, impone al Congreso Nacional la carga de convocar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para elegir los Constituyentes que dicten el Estatuto Organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, el 1° de octubre del año 1996 fue sancionado el Estatuto Organizativo o Constitución de la Ciudad Autónoma, cuyo artículo 1° establece: “La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal”.

Respecto al Poder Ejecutivo local, el artículo 95 reza: “El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno o Gobernador o Gobernadora”; mientras el artículo 96 que: “El Jefe de Gobierno o Vicejefe o Vicejefa son elegidos en forma directa y conjunta, por fórmula completa y mayoría absoluta. A tal efecto se toma a la Ciudad como distrito único. Si en la primera elección ninguna fórmula obtuviera mayoría absoluta de los votos obtenidos, con exclusión de los votos en blanco y nulos, se convoca a comicios definitivos, de los que participarán las 2 fórmulas más votadas, que se realizan dentro de los 30 días efectuada la primera votación”.

Respecto al Poder Judicial, nace un nuevo Poder de Estado.

Así, el art. 106 prescribe: “Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales, así como también organizar la mediación voluntaria conforme la ley que la reglamente. Ejerce esta competencia, sin perjuicio del juicio por jurados que la ley establezca”; mientras que el artículo siguiente -107- establece: “El Poder Judicial de la Ciudad lo integra el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público”.

La dinámica evolutiva analizada ha corrido durante un lapso temporal muy breve, quedando complementada por la constitución del “Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad”, quien ha reinterpretado desde una mirada autónoma, los conceptos propios del derecho tributario que antes de la reforma fueran definidos por el fuero nacional civil, dado que hasta la creación del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —en orden a la Constitución Nacional vigente hasta el año 1994—, las ejecuciones fiscales locales de la ex Municipalidad de Buenos Aires, fueron de competencia da la jurisdicción civil nacional.

Dicha evolución ha generado importantes cambios institucionales en los tres niveles de gobierno local: un poder ejecutivo que proyecta su presupuesto, no desde la mirada administrativa que pueda tener la Secretaría de Hacienda de un Municipio, sino desde la complejidad y planificación de un Ministerio que debe cumplir con necesidades sociales pautadas como garantías constitucionales, proyectando recursos conforme capacidades contributivas y en el contexto de un desarrollo económico sostenible y sustentable, atribución que se complementa con una legislatura encargada de sancionar leyes impositivas cuidando de no violar las garantías constitucionales, y un poder judicial encargado del control constitucional de la normativa legal que autoriza la captación de la renta pública.

Finalmente, corresponde analizar el Poder Legislativo local, cuyo artículo 80, inc. 2, atribuye a la novísima Legislatura de la Ciudad la facultad de legislar en materia tributaria, es decir, emitir leyes a su respecto (antes de 1994 era una facultad exclusiva del Congreso Nacional, ya que el Consejo Deliberante dictaba reglamentos delegados con base en la ley orgánica municipal).

En tales condiciones, por Ley N° 4, la Ciudad adhiere al art. 9 de la Ley N° 23.548, quedando así formalmente incorporada al régimen de coparticipación federal de impuestos en pie de igualdad al resto de las jurisdicciones provinciales adheridas (conf. art. 75 inc. 2°, párrafos 2, 3 y 4 de la Constitución Nacional que incorpora la garantía de solidaridad entre provincias, en línea con los artículos 9, 51, 80 inc. 2° a, 102, 104 y cláusula transitoria tercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Seguidamente, y en línea con la carga de recaudar recursos públicos reservados por las jurisdicciones subnacionales, organiza su codificación tributaria y por Ley N° 150 la Legislatura dicta el primer Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual incorpora institucionalmente al impuesto sobre los ingresos brutos dentro de la normativa fiscal local orgánicamente codificada.

Respecto a la Contribución por Automotores, también la Ley N° 150 cambió su hecho imponible para transformarlo en el impuesto sobre patentes de vehículos en general, incorporando luego el impuesto sobre las embarcaciones deportivas o de recreación radicadas en el territorio de la Ciudad (conf. arts. 75, incs. 2 y 30 de la Constitución Nacional).

Bajo la línea descripta, la Ciudad en el año 2002 decide incorporar al ámbito jurisdiccional local el impuesto de sellos.

Por efecto de la estructura descripta, en el ámbito de la Capital Federal, dicho tributo fue administrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos hasta el 31 de diciembre del año 2002.

Así, con fecha 29 de agosto de 2002, la Legislatura de la Ciudad, en función de su competencia constitucional, sanciona la Ley N° 874, instrumento por el cual incorpora partir del 1° de enero de 2003 el impuesto de sellos bajo jurisdicción de la Ciudad Autónoma, quedando articulado como un nuevo impuesto en la parte especial del Código Fiscal.

Seguidamente, la Ley Nº 2.603 crea en el ámbito del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), como ente autárquico encargado de administrar el Sistema Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Más recientemente, encontramos en la ley N° 4039 la sanción de un nuevo tributo: el Impuesto Inmobiliario, el cual toma el espacio dejado por su antecesor: la Contribución Territorial.

Respecto a los efectos que contiene dicha dinámica evolutiva, el Informe N° 036-DAT/DTT/DGR-2012 emitido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) —Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— dictaminó que el “Impuesto Inmobiliario — Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros”, conforma un gravamen sucedáneo al de las “Contribuciones de Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514”, coligiendo que no puede tener el mismo tratamiento, ya que se liquidan de manera diferente. De allí que, a los efectos de la confección de los títulos ejecutivos, se deberá respetar dicha premisa, siendo aplicable para todas las deudas que se devenguen bajo la vigencia de la misma, no así para los períodos anteriores a la sanción de la norma tratada.

Dicha modificación legislativa en el Código Fiscal (t.o. 2012), sólo pudo ser posible merced al rango autónomo que la Constitución Nacional pauta para la Ciudad de Buenos Aires luego de 1994.

Sin perjuicio de la dinámica evolutiva analizada, la Ley N° 24.588 fue el instrumento encargado de receptar la manda constitucional establecida en el artículo 129 de la Carta Magna, para garantizar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras fuese la Capital de la República.

Bajo la técnica descripta, el art. 6 de la ley preindicada ilustra que Nación y Ciudad celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes.

En este punto, corresponde destacar que la Constitución Nacional establece la distribución de potestades tributarias en el ámbito nacional, provincial, municipal y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfme. arts. 4, 5, 17, 75 incs. 2, 12, 13, 18, 30 y 32, arts. 121, 123, 124, 126 y 129 de la Constitución Nacional).

Respecto a las competencias retenidas por la Jurisdicción Nacional, luego de la Ley N° 24.588, el Congreso de la Nación sancionó las leyes N° 25.752, 26.357, 26.702 y 26.735; por las dos primeras leyes se ratifican acuerdos que transfieren competencias penales nacionales a la jurisdicción de la Ciudad, mientras que por la 26.702 se transfiere a la Ciudad Autónoma la competencia para investigar y juzgar determinados delitos, designando Autoridad de Aplicación al Ministerio de Justicia de la Nación y se asigna competencia al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma para investigar nuevos delitos que se establezcan en toda ley de la nación (de jurisdicción ordinaria) y que fueran cometidos en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma.

Así, el primer traspaso de competencias fue instrumentado mediante un “Convenio de Transferencia progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripto con fecha 7 de diciembre de 2000, ratificado por la Legislatura de la Ciudad mediante Ley 597 de fecha 26 de junio de 2001, y Ley Nacional N° 25.752 de fecha 28 de julio de 2003, transfiriendo a la justicia de la Ciudad Autónoma la investigación y el juzgamiento de los delitos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario, cometidos en jurisdicción CABA.

Seguidamente operó un segundo acuerdo de traspaso de competencias penales, transfiriendo a la justicia de la Ciudad la investigación y el juzgamiento de los delitos de lesiones en riña, abandono de personas, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina y delitos tipificados en las leyes de incumplimiento de deberes de asistencia familiar N° 13.944, de malos tratos y crueldad a los animales N° 14.346 y 23.592 por discriminación, cometidos en jurisdicción CABA.

Dicha transferencia operó mediante convenio ratificado por ley local N° 2257 del 22 de enero de 2007, y ley nacional N° 26.357 del 31 de marzo de 2008.

A su vez, la ley N° 26.702 del año 2011 (complementaria de las leyes 25.752 y 26.735), transfiere al Ministerio Público Fiscal y a los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —respectivamente—, la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el anexo que integra dicha ley —salvo los de competencia federal—, conforme a los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y atribuye al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario.

Finalmente, irrumpe la ley N° 26.735 describiendo figuras que protegen la hacienda pública nacional e incorporando por este nuevo texto, la protección de las haciendas públicas Subnacionales.

En consecuencia, para la Ciudad Autónoma se establecen nuevos delitos en los términos del artículo 2 de la Ley N° 26.702, constituyendo dicha referencia insoslayable, el antecedente legislativo directo para definir la competencia local inmediata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de delitos tributarios descriptos y atribuidos por la ley N° 26.735.

Si bien la ley N° 26.735 incorpora varios delitos que protegen la hacienda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su figura básica describe en el artículo 1° al delito de evasión simple, con arreglo al siguiente texto: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año”.

Puesto a tratar el planteo de competencia por los delitos que esta ley establece para el ámbito subnacional, el artículo 22 de la Ley 26.735 aborda el análisis de la jurisdicción involucrada, con arreglo al siguiente texto: “Respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia federal. Respecto de los tributos locales, serán competentes los respectivos jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Es decir, respecto a impuestos nacionales en el ámbito de la Capital Federal, se adapta la redacción a la existencia del fuero en lo Penal Tributario, y respecto a los tributos locales, se asigna jurisdicción a los juzgados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atento la aplicación de la norma en el ámbito local.

Como resultado del proceso analizado, se advierte que las nuevas figuras incorporadas a la ley 24.769 por la modificación introducida desde la ley 26.735 —sancionada con posterioridad a la ley N° 26.702—, incorporan como nuevo bien jurídico protegido a las haciendas públicas subnacionales, atribuyendo en forma directa e inmediata la competencia penal ordinaria local a la Ciudad Autónoma para la investigación y juzgamiento de los delitos tipificados en la ley penal tributaria por tributos locales y cometidos en su ámbito territorial, desde que la atribución de competencia establecida en la ley penal tributaria a la Ciudad Autónoma para la investigación y juzgamiento de los nuevos delitos, sigue la técnica legal iniciada por el artículo 2° de la ley N° 26.702.

NOTAS AL PIE:
(1) Fallos: 322:2856; 323:3991 y 330:5279 este último precedente de fecha 18/12/2007, in re “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Provincia de Tierra del Fuego”, con disidencia de los jueces Zaffaroni y Argibay.

(2) Arístides Corti, “El encuadre constitucional del derecho tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Revista de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nº 2, septiembre 2008, págs. 73/95 y citas concordantes de Ekmekdjian, Quiroga Lavié y Gil Domínguez.
 

Comentario Bibliográfico: Tratado de Derecho Penal (Tomos I a IV)

Título: Tratado de Derecho Penal (Tomos I a IV)

Autores: Carlos Fontán Balestra y Guillermo A.C. Ledesma.

Editorial La Ley.

Año: Buenos Aires, 2013.

El 21 de noviembre de 1976 el diario “La Nación” de Buenos Aires publicó una nota dando cuenta del fallecimiento de Carlos Fontán Balestra. De ella extraigo el siguiente párrafo: “En el Derecho Penal Fontán Balestra encontró cauce para volcar su sensibilidad, su penetración psicológica y una severa formación de jurista, abonada por la vastedad de su bibliografía, los numerosos cursos y las visitas y viajes de estudio formalizados, entre otros, a las Universidaddes de Munich, Heidelberg y Frankfurt”.

          A su vez, en ocasión de la muerte del Sumo Maestro de Pisa, Enrique Ferri dijo que Carrara “tenía un diamante en el cerebro”.

          Hilvano ambas citas para hacer notar que los destellos que emanaron de ciertas mentes llegan hasta nosotros no obstante el paso del tiempo. Es el caso de los que dejó Fontán Balestra en el “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial”, conforme aparecen en la edición actualizada y ampliada por Guillermo A.C. Ledesma y los colaboradores Carlina Bressia, Ignacio Fornari, Jorge Ilharrescondo, Valeria Andrea Lancman, Matías Ledesma, Juan Pablo Nardín, Bruno Netri y Viviana Sánchez Rodríguez.

          La obra tiene una estructura metodológica inmejorable y es muy útil, no sólo para el estudioso e investigador del derecho, sino también muy especialmente, para el abogado litigante.

          Además de las ideas primigenias de Carlos Fontán Balestra están las de todos quienes han intervenido para que sea posible esta edición de La Ley, que tiene el mérito excepcional de comentar todas las reformas que se le han ido introduciendo al Código Penal; incluso las más recientes.

          Se advierten hilos conductores a lo largo de toda la obra, que no se desdibujan -más bien todo lo contrario- por la presencia de una pluralidad de autores. Es éste uno de los mayores méritos que presenta esta obra colectiva y ello pone en evidencia el sólido trabajo que han realizado el actualizador y los colaboradores. Como dice el primero en el “Prólogo”: En el texto primigenio de Fontán Balestra, “con lenguaje claro, casi al pasar, el lector encuentra las cuestiones más profundas, aquellas que parecen reservadas para una original tesis doctoral. Está el problema. También la respuesta”.

          A su vez, desde 1979, fecha en que actualizó por primera vez uno de los tomos de la Parte especial de este tratado, nuestro país y el mundo han sufrido numeros cambios que afectaron notablemente al Código Penal. Todo ello debió ser recogido en las sucesivas actualizaciones que efectuó, especialmente en la que estoy reseñando, en la que se incluye hasta el delito de aprovechamiento económico ilegítimo del trabajo infantil (art. 148 bis) incorporado al Código Penal por la ley 26.847 (B.O. 12/4/2013).

          El tomo I comienza con una “Introducción a la Parte especial” encabezada con reflexiones sobre “La llamada parte general de la parte especial”. Aparecen luego analizados los Delitos contra las personas, y contra el honor, concluyendo con un capítulo sobre “Información falsa de datos personales”.

          En el tomo II aparecen los comentarios sobre los delitos contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad y contra la propiedad. Al final se ha ubicado el aprovechamiento económico ilegítimo del trabajo infantil; incorporación que mencioné más arriba.

          En el tomo III continúa el desarrollo de los delitos contra la propiedad, siguen los delitos contra la seguridad pública, contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación, los delitos contra la salud pública y termina con los delitos contra el orden público.

          En el tomo IV quedan agrupados el resto de las figuras, siguiendo el método del Código: Delitos contra la seguridad de la Nación, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública y delitos contra el orden económico y financiero.

          Este último comentario es particularmente importante, teniendo en cuenta la necesidad que existe de fijar los alcances de las relativamente recientes incorporaciones al Código de figuras y reubicaciones. El primer párrafo anticipa el contenido de la Sección 160: “La ley 26.683 (B.O. 21/6/2011 añadió al Código Penal el Título XIII, designado Delitos contra el orden económico y financiero, en el que ubicó el delito de lavado de activo provenientes de un ilícito penal; mientras que las leyes 26,733 y 26.734 incorporaron al título los delitos de financiamiento de actos terroristas, abuso de información privilegiada, agiotaje financiero, ofrecimiento fraudulento de valores negociables e instrumentos financieros, informes o balances falsos, intermediación financiera no autorizada, simulación u omisión de registro de operaciones financieras y bursátiles, cohecho pasivo financiero e introdujo sendos artículos sobre la responsabilidad de las personas jurídicas”.

          Como puede advertirse, se trata de una obra completa, que trata de manera exhaustiva todos los aspectos fundamentales de la normativa agrupada en el Código Penal. En particular, uno puede leer los comentarios a cualquier tema; por ejemplo, los delitos de abusos de armas (Sección 89) y se encontrará con la exposición de la idea básica: la agresión, consistente en el acometimiento contra una persona, que crea para ella una situación de peligro. El fin de la ley: “Las discutidas figuras de abuso de armas tienden a evitar que queden impunes los hechos que pueden constituir, en realidad, tentativas de hechos más graves, que no aparecen plenamente probados como tales”. Se exponen a continuación los antecedentes legislativos, comienza el análisis de las figuras, luego habla de la materialidad, de la tentativa y del aspecto subjetivo, qué ha dicho la jurisprudencia, cuál es el alcance de las disposiciones y qué intentaron hacer los proyectos de reforma.

          En suma: se trata de un trabajo sumamente útil. Constituye un acierto de la Editorial La Ley haber habilitado esta fuente de consulta dándole a los tomos -por añadidura- una presentación impecable.

Marco Antonio Terragni