JORNADA SOBRE BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO BONAERENSE, A 10 AÑOS DE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Evento

Salón de los Espejos de la Facultad de Derecho
Universidad Nacional de La Plata (calle 48 entre 6 y 7 – 2°Piso)

Organizan: Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata e Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

PROGRAMA

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE

9 hs. Palabras de apertura de la jornada del Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata, Dr. Fernando Levene, del Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Casal y del Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel F. Soria.

10 hs. CONFERENCIA. Dr. Juan Carlos Cassagne. Los nuevos desafíos a 10 años del Código Contencioso Administrativo.

10,30 Hs. RECESO CAFE

11 hs. Panel 1

1-      Formación histórica de la justicia contenciosa administrativa en la Provincia de Buenos Aires. Dr. Osvaldo H. Bezzi

2-      Génesis, consolidación y proyecciones del proceso contencioso administrativo bonaerense. Dr. Carlos A. Andreucci

12 hs. Panel 2

3-      La materia contencioso administrativa. Dra. Inés A. D’Argenio

4-      Evolución y panorama de los medios de tutela urgente frente al Estado. Dr. Pablo E. Perrino.

13    Hs. RECESO ALMUERZO

15,30 hs. REINICIO DE ACTIVIDADES POR LA TARDE

15,30 hs. Panel 3

5-      El procedimiento administrativo y la necesidad de su reforma. Dra. Ernestina Frascheri.

6-      El abandono del carácter revisor y el agotamiento de la vía. Dr. Guido S. Tawil.

16,30 hs. Panel 4

7-      Impugnación de sanciones de colegios profesionales. Dr. Iván Budassi.

8-      Amparo y proceso contencioso administrativo. Dr. Carlos A. Botassi.

17,30 hs. RECESO CAFE

18 hs. Panel 5

9-      La legitimación activa: lineamientos generales. Dr. Carlos Mamberti.

10-  El control judicial de la inactividad de la Administración. Dr. Carlos R. Tribiño.

19 hs. Panel 6

11-  La pretensión declarativa de inconstitucionalidad y el proceso contencioso administrativo. Dra. Ana Cristina Logar.

12-  El proceso contencioso administrativo medioambiental. Dr. Homero Bibiloni.

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE

9 hs. CONFERENCIA. La batalla de las medidas cautelares. Dr. Agustín Gordillo

El Código Contencioso Administrativo y su interpretación por las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo

9,30 hs. Panel 1

1-      Régimen recursivo de las diferentes pretensiones. Dra. Cristina Yolanda Valdez

2-      Impugnación de fallos del Tribunal de Cuentas. Dr. Elio Riccitelli.

 

10,30 hs. Panel 2

3-      Nuevo régimen de las costas procesales Dra. Adriana Sardo.

4-      Pretensión de restablecimiento y reconocimiento de derechos: alcance y requisitos. Dra. Ana María Bezzi.

11,30 hs. RECESO CAFÉ

12 hs. Panel 3

5-      La caducidad de la instancia en el proceso contencioso administrativo. Dr. Roberto Mora.

6-      El requisito del pago previo en materia tributaria. Dr. Marcelo Schreginger.

 

13 HS. RECESO ALMUERZO

16 HS.REINICIO DE ACTIVIDADES POR LA TARDE

16 hs. Panel 4

7-      Impugnación de ordenanzas municipales. Dr. Gustavo Spacarotel.

8-      Proceso especial de sanciones de empleo público. Dr.  Gustavo De Santis.

17 hs. Panel 5

9-      El amparo frente a las pretensiones procesales del Código Contencioso Administrativo. Dr. Jorge Saulquin.

10-  Competencia contenciosa administrativa y control de inconstitucionalidad. Dra. Laura B. Monti.

18 hs. Panel 6

11-  Problemas puntuales en materia de competencia: materias excluidas y ajenas. Conflictos territoriales. Dr. Hugo J. Echarri.

12-  Acción meramente declarativa: alcance, requisitos y trámite procesal. Dra. Claudia Milanta.

19 hs. CONFERENCIA. Reflexiones sobre la justicia contenciosa administrativa en esta década. Dr. Tomás Hutchinson.

19,30 hs. Palabras de cierre de la jornada a cargo del Director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata. Dr. Pablo E. Perrino.

auspiciantes

Fallo del día: RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY.

Fallo del día: RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY. Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, sala I en lo civil, comercial y laboral

Partes: Municipalidad de Resistencia c. Ubeda, Arsenio Oscar; Barberan De Zuliani, Maria Nydia; Barberan De Duran, María Luisa y Barberan, Carlos Alejandro s/ ejecución fiscal

Fecha de Sentencia: 2013-08-15

El recurso de inconstitucionalidad articulado contra la sentencia de la Cámara que rechazó la excepción de inhabilidad de título fundada en falta de legitimación pasiva para obrar, y mandó llevar adelante la ejecución fiscal iniciada por un municipio, debe ser desestimado, pues los reproches esbozados no alcanzan a demostrar la existencia de un supuesto que lo descalifique como acto jurisdiccional válido, en tanto el libelo impugnativo carece de la refutación de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión atacada.

Debe desestimarse el recurso de inaplicabilidad de la ley opuesta contra la sentencia de la Cámara que rechazó la excepción de inhabilidad de título fundada en falta de legitimación pasiva para obrar, y mandó llevar adelante la ejecución fiscal iniciada por un municipio, toda vez que el escrito impugnativo no realiza una refutación de los argumentos que sustentan el pronunciamiento cuestionado con relación a las materias legales planteadas, como tampoco demuestra la concreta infracción que la sustenta, máxime cuando no cita cuál es la doctrina legal o la ley infringida.

Resistencia, agosto 15 de 2013.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

1º) Relato de la causa. Los remedios de marras fueron concedidos a fs. 365 y vta., se radicó el expediente ante esta Sala a fs. 370 y vta. A fs. 384/387 emite su dictamen N° 40/13 el señor Procurador General Subrogante y a fs. 390 se llamó autos.

2º) Orden metodológico. A los fines de la consideración de los recursos incoados, comenzaré en orden a su jerarquía y efectos, por el de inconstitucionalidad.

3º) Recurso de Inconstitucionalidad. Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del remedio en trato, constatamos que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir y oportuno planteo de la cuestión constitucional. Respecto del carácter definitivo del fallo, esta Sala repetidamente ha dicho que las sentencias dictadas en juicio ejecutivo, por lo general no gozan de dicha condición, salvo excepción que entendemos se da en autos, toda vez que por la naturaleza del tema planteado no podrán discutirse nuevamente en un juicio posterior privándose de este modo al recurrente de la posibilidad de obtener la tutela de sus derechos, por lo que la resolución dictada por la Cámara en tal sentido deviene equiparable a definitiva, desde que esta oportunidad aparece como única a efectos de examinar el presunto desconocimiento del derecho invocado, circunstancia que habilita ingresar a su tratamiento en su faz sustancial.

4º) El caso. Se trata de una ejecución fiscal promovida por la Municipalidad de Resistencia en concepto de una deuda originada por impuestos inmobiliarios y tasas de servicio. Los excepcionantes, María Nydia Barberán de Zuliani, Carlos Barberán y María Luisa Barberán de Durán, opusieron excepciones de inhabilidad de título fundada en la falta de legitimación pasiva para obrar, alegando que el único deudor es el Sr. Ebeda, en virtud de la compraventa formalizada por boleto y de lo que surge de las boletas de recaudación que se encuentran a su nombre. Asimismo dedujeron excepción de prescripción, respecto de la cual se allanó la ejecutante. La Juez a quo, resolvió desestimar la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva deducida por los ejecutados y ordenó mandar a llevar adelante la ejecución por la suma de $673,75, con más intereses, conforme allanamiento expreso por los períodos no prescriptos. 5º) Contra dicha resolución, apelaron los codemandados Carlos Barberán (fs. 246) y María Nydia Barberán de Zuliani (fs. 265).

La Cámara resolvió: 1) declarar desierto el recurso de apelación conferido a fs. 109 con efecto diferido; 2) declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 265; 3) declarar inoficiosa la presentación de la Dra. María Berneri en representación de la Sra. María Luisa Barberán y 4) declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 246, pronunciamiento que provocó las quejas de los recurrentes extraordinarios. 6º) Los agravios extraordinarios. Básicamente los impugnantes atacan de arbitrario y carente de sustento jurídico el fallo centrando sus protestas en que resulta erróneo declarar desierto el recurso interpuesto por la Sra. María Nydia Barberán de Zuliani, por cuanto consideran que es equivocado presumir que ésta se encontraba notificada de la sentencia por haber planteado la caducidad de instancia.

Insisten en sostener que el litisconsorcio facultativo o necesario, una vez unificada la personería, tienen la virtud de hacer extensiva la apelación a los demás. Aduce que el tema referido a la solidaridad legislada en la Ordenanza General Tributaria si bien no fue propuesta en tales términos al oponer excepciones, lo cierto es que la Cámara por el principio “iuria novit curia” debió aplicar el derecho silenciado o mal invocado por las partes como un deber irrenunciable. 7º) Los fundamentos de la sentencia de Alzada. La no arbitrariedad. Así planteada la cuestión sometida a conocimiento de esta Sala, el examen del presente remedio permite visualizar que no concurre el supuesto de excepción a la regla general, que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que en realidad sólo evidencia una mera discrepancia en torno a la solución arribada por las camaristas que fundaron lo decidido en las concretas constancias de la causa en consonancia con las normas de derecho procesal aplicables al sub lite, en ejercicio de facultades privativas de la Alzada, no logrando demostrar la parte recurrente el desacierto de dicho razonamiento. En efecto, la Cámara precisó como cuestión preliminar que correspondía examinar las condiciones formales de los recursos interpuestos, toda vez que ello obedece a una facultad y competencia de orden público del tribunal ad quem. En ese cometido, procedió a analizar, en primer lugar, el remedio concedido a fs. 109 contra la imposición de costas de la resolución de fs. 99/104, respecto del cual indicó que tratándose la presente causa de una ejecución fiscal, la expresión de agravios debió formularse al interponer el recurso de apelación contra la sentencia de trance y remate, por lo que devino extemporánea la presentación efectuada con posterioridad (v. fs. 332 vta./fs. 333). Seguidamente, en orden al recurso interpuesto a fs. 265 por la Sra. María Nydia Barberán, reparó la extemporaneidad del mismo, desde que habiendo planteado dicha parte la caducidad de instancia el 02/05/2007, efectuando la clara y precisa manifestación en el sentido que la última actuación impulsoria del trámite del proceso fue la de fs. 234, de fecha 21/11/2006, ello evidenció que se encontraba notificada a partir de esa fecha de la decisión contra la cual interpuso recurso de apelación recién el 07/06/2007, por lo que declaró mal concedido dicho remedio (v. fs. 333 y vta.).

Por otra parte, señaló la Alzada, que no existe constancia en autos que la Sra. María Luisa Barberán de Durán hubiese interpuesto recurso alguno, por lo que no corresponde admitir la fundamentación efectuada por la abogada M. B., apoderada de la misma, que manifestó unificar personería a tales efectos, resultando la actividad realizada inoficiosa (v. fs.334). Despejadas tales cuestiones, examinó el recurso interpuesto por el abogado F. S., en representación del Sr. Carlos Barberán, advirtiendo que el cuestionamiento referido a una obligación solidaria entre el propietario, poseedor a título de dueño, usufructuario, cesionario de un inmueble a menos que haya una disposición expresa de la ley y las restantes alegaciones formuladas en torno a la Ordenanza General Tributaria no fueron propuesta al tribunal inferior, por lo que la Alzada no se encontraba habilitada para expedirse sobre tópicos no planteados a la decisión del juez de primera instancia, de consuno con el art. 275 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la provincia, en correlato con coincidente doctrina y jurisprudencia que citó (v. fs. 336 y vta.).

En cuanto a los restantes agravios, indicó que el apelante se limitó a reproducir argumentos contraviniendo expresamente la normativa contenida en el art. 260 del Cód. Procesal Civil y Comercial del Chaco, circunstancia que imposibilitaba la revisión del pronunciamiento por falta de crítica concreta y precisa que posibilite un punto de vista diferente al de la sentenciante de primer grado (v. fs. 337).

Consecuentemente con ello, declaró desierto el recurso de fs. 246. 8º) De tal modo, frente a estas concretas y sólidas motivaciones, no puede atribuirse a la sentencia de Cámara el vicio de arbitrariedad que le endilga la parte recurrente, pues —tal como se vio precedentemente— los reproches esbozados no alcanzan a demostrar la existencia de un supuesto que lo descalifique como acto jurisdiccional válido, circunstancia que coloca lo fallado fuera del campo de revisión del recurso extraordinario. Ello así, pues dable es advertir, que el libelo impugnaticio carece de la refutación de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión atacada (que resolvió en función de las insuficiencias técnicas apuntadas), a fin de relacionarlas a las cuestiones constitucionales o la arbitrariedad planteada, realizando la parte recurrente alegaciones indeterminadas e imprecisas, sin argumentos de peso que habiliten esta vía, de los cuales surja la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas constitucionales invocadas, con lo debatido y resuelto en el caso concreto.

9º) Finalmente y a todo evento, cabe señalar, que no empece a lo expuesto la circunstancia alegada por la parte quejosa en el sentido que la Cámara incurrió en omisión en base a un exceso de rigor formal por negarse a aplicar el principio “iura novit curia”, ya que precisamente el tribunal de segundo grado, dejó sentado que de conformidad a lo previsto en el art. 272 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia, la Alzada sólo puede pronunciarse sobre las cuestiones oportunamente involucradas en los escritos constitutivos de la litis, limitándose a verificar sobre el piso de marcha de la sentencia impugnada. A lo que corresponde agregar que, si bien posee la facultad deber de determinar el régimen pertinente para la solución del litigio, con prescindencia de los argumentos jurídicos expresados por las partes, lo cierto es que debe ejercitarse razonablemente en tanto no se modifiquen los elementos del objeto de la demanda o de la oposición (CSJN, 7/4/75, Fallos, v. 291, p. 259; v. 292, p. 58; v. 295, p. 749; 27-8-85, La Ley, 1986, v. A, p. 363).

Por los fundamentos vertidos, corresponde desestimar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte ejecutada.

10º) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Recaudos de admisibilidad. Finalmente y en el cometido de examinar este remedio, constatamos que si bien ha sido interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir, contra un pronunciamiento que se equipara a definitivo, de consuno con lo ya expuesto en el considerando Nº 3º) en orden al recurso de inconstitucionalidad, no puede correr mejor suerte que el anterior, debido a la manifiesta insuficiencia técnica que exhibe. Ello así, por cuanto no realiza una refutación de los argumentos que sustentan el pronunciamiento cuestionado con relación a las materias legales planteadas, como tampoco demuestra la concreta infracción que la sustenta, máxime que no cita cuál es la doctrina legal o la ley infringida a que refiere, limitándose a apuntar reflexiones dogmáticas y relativas a las facultades del tribunal de Alzada para aplicar el principio “iura novit curia”, entremezclando cuestiones procesales, materia que escapa a la esfera de conocimiento de este remedio.

Al respecto, esta Sala, en forma reiterada ha sostenido que la adecuada fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley, reclama imperativamente que se baste a sí mismo, se cite la ley que se dice infringida, se indique en qué consiste la infracción o inaplicabilidad, se intente cuanto menos la demostración en que se sustenta y además, se impugnen las conclusiones del fallo que pudieran darle consistencia, acreditando que esas conclusiones son susceptibles de caer bajo la jurisdicción casatoria (conf. Sent. Nº 346/98, Nº 09/99, Nº 24/02, Nº 01/07, Nº 263/08, entre muchas otras) extremos que no se verifican en la especie. Por consiguiente, siendo que el recurso en trato naufraga la insuficiencia, corresponde su rechazo.

11º) Costas. En mérito al resultado expuesto, las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la parte recurrente, en su calidad de vencida, de conformidad a lo previsto en el art. 68 del Cód. Procesal Civil y Comercial del Chaco.

12º) Honorarios. Los emolumentos de los profesionales intervinientes en la presente actuación se regularán teniendo en cuenta el monto comprometido en la ejecución en función del salario mínimo vital y móvil vigente en la provincia y de consuno con las pautas indicativas previstas en los arts. 3, 5, 6, 7, 11 y 15 de la ley 2011 (t.o.) modificado por ley 5532. Efectuados los cálculos de rigor, se estiman para los abogados M. B. (M.P. Nº 2811) y A. M. F. S. (M.P. Nº 771) en el carácter de patrocinantes de los ejecutados, en la suma de … a cada uno y como apoderados en la suma de … a cada uno respectivamente.

Sentencia: Desestimar los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 344/364 por la parte ejecutada, Sres. Carlos Alejandro Barberán, María Nydia Barberán de Zuliani y María Luisa Barberán de Durán, contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 331/338. II. Imponer las costas de esta instancia extraordinaria a la parte recurrente vencida. III. Regular los honorarios profesionales por la presente actuación a los abogados M. B. (M.P. Nº 2811) y A. M. F. S. (M.P. Nº 771) en el carácter de patrocinantes de los ejecutados, en la suma de … a cada uno y como apoderados en la suma de … a cada uno respectivamente. IV. Regístrese. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y al señor Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.— Rolando I. Toledo.— Ramón R. Avalos.

Doctrina del día: Sociedad conyugal. Bienes gananciales. Impuesto sobre los bienes personales

Doctrina del día: Sociedad conyugal. Bienes gananciales. Impuesto sobre los bienes personalesAtribución de bienes y rentas en la sociedad conyugal

Autor: Molina, Juan C.

1 — Introducción

El objetivo de este breve trabajo es tratar en forma panorámica la asignación de los bienes y de las rentas de los miembros de la sociedad conyugal —el esposo y su cónyuge—, presentando esquemáticamente los diferentes casos para facilitar su comparación y comprensión.

Nuestro propósito es mostrar las diferencias de tratamiento según

a) el origen de los bienes y rentas y

b) la rama del derecho involucrada (ya que los criterios de atribución no son los mismos).

Cuando debimos analizar un caso particular concreto tuvimos que reunir disposiciones legales y efectuar análisis comparativos para detectar diferencias de tratamiento. Por ello, —sin ser especialistas en derecho— encontramos conveniente presentar los diferentes casos posibles en forma de un cuadro que —con las ventajas de la presentación gráfica— permita la fácil comparación de los mismos.

2 — Normativa legal

Este tema debe ser analizado desde los puntos de vista de dos ramas del derecho: la civil y la tributaria.

Ello es así porque, como se apreciará luego, existen diferencias en el tratamiento de ciertos aspectos.

Las normas fuente del tema en cuestión son:

— en el derecho civil: el código civil y

— en el derecho tributario:

• la ley del impuesto a las ganancias (N° 20.628) y su decreto reglamentario (N° 1344/98) y

• la ley del impuesto sobre los bienes personales (N° 23.966) y su decreto reglamentario (N° 127/96).

3 — Categorización de los bienes y rentas

Los bienes involucrados pueden ser:

a) bienes comunes o gananciales: que pertenecen a la sociedad, es decir, a ambos cónyuges por partes iguales, y

b) bienes propios: que pertenecen únicamente a un cónyuge.

Las rentas de la “actividad propia” de un cónyuge son las provenientes del ejercicio de su profesión y oficio, empleo, comercio o industria.

4 — Atribución de bienes y rentas

Los bienes comunes pueden generar frutos o bien la sociedad puede recibir otros ingresos (como premios de lotería), siendo ambos tipos bienes gananciales para el derecho civil. En cambio, desde el punto de vista fiscal, los bienes y las rentas mencionados deben ser atribuidos al esposo para los impuestos sobre los bienes personales y a las ganancias, respectivamente. En el caso de las rentas ello es así a menos que

— ellas sean el fruto de bienes adquiridos por la esposa con rentas de su actividad propia

— exista separación judicial de bienes o

— la administración de los bienes gananciales esté a cargo de la esposa por resolución judicial.

Los bienes propios pueden ser adquiridos:

a) antes del matrimonio y

b) durante el mismo por herencia, legado o donación.

Ambas subcategorías de bienes corresponden al cónyuge titular de los mismos tanto desde el punto de vista civil como fiscal, en el segundo caso, para la declaración patrimonial en el impuesto a las ganancias y para la asignación de bienes en el caso del impuesto sobre los bienes personales.

Finalmente, para el derecho civil son también gananciales:

a) los frutos (como alquileres) de los bienes propios y otros conceptos (como intereses)

b) los ingresos provenientes de la actividad propia de cada cónyuge (por el ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria).

c) los bienes adquiridos con esos ingresos y

d) los frutos de estos bienes.

Los conceptos indicados en los ítems c y d no están expresamente enunciados en el código pero la deducción lógica lleva a esa conclusión.

Los bienes mencionados en esa última enunciación —adquiridos con ingresos provenientes de la actividad propia— corresponden al cónyuge en cuestión para la liquidación del impuesto sobre los bienes personales y para la declaración patrimonial del impuesto a las ganancias.

En el derecho civil la adquisición de un bien registral (inmueble, rodado, etc.) puede ser efectuada por cualquiera de los cónyuges y a nombre de cualquiera de ellos. Sin embargo, al momento de la disposición (venta, donación, etc.) de ese bien se requiere el consentimiento del otro cónyuge.

También para disponer de un bien ganancial se requiere el consentimiento del otro cónyuge.

En cambio, para la disposición de un bien propio no se requiere tal consentimiento. En este caso si un cónyuge desea enajenar un inmueble o rodado basta demostrar que lo adquirió (según la fecha del título de propiedad) antes de contraer matrimonio (según la partida o certificado de matrimonio). Si el bien hubiera sido adquirido después de la celebración del matrimonio (por herencia, legado o donación), la titularidad se prueba con la declaratoria de herederos, escritura de la donación, etc.

En ocasión de su adquisición por un cónyuge, para que la atribución tenga validez fiscal, se debe especificar en el documento de compra que son adquiridos con bienes propios o ingresos de su actividad propia, aunque esto no esté especialmente prescripto en las normas.

En cuanto a las rentas:

a) los frutos tanto de los bienes propios como de los bienes adquiridos con los ingresos provenientes de la actividad propia y

b) los ingresos de dicha actividad

son atribuidos a cada cónyuge para el impuesto a las ganancias.

Lo expresado puede percibirse más claramente a través del diagrama presentado.

 

Fallo del día: Abogado. Procedimiento Penal.

Fallo del día: Abogado. Procedimiento Penal.Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal, sala II

Partes: B., M. s/ recurso de casación

Fecha de Sentencia: 2013-09-18

La multa impuesta a un abogado por abandono de la defensa debe ser dejada sin efecto por ser contraria al principio de ne bis in idem, pues el escrito en el que se realizó la conducta ya había sido objeto de una sanción previa por uso de lenguaje impropio y faltas contra el decoro, siendo que el tribunal estaba habilitado entonces para juzgar todas las faltas cometidas en dicha presentación y valorar el hecho a la luz de la disposición del art. 113 del Cód. Proc. Penal. 

2ª Instancia. — Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013.

El señor juez doctor Alejandro W. Slokar dijo:

—I—

1°) Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3 resolvió mediante dispositivo de fecha 13 de noviembre de 2012: “I) Imponer al Dr. Mariano Berges una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del sueldo que por todo concepto perciba efectivamente un juez de instrucción […] II) Disponer que el citado profesional deberá oportunamente pagar las costas correspondientes a los honorarios que eventualmente lp correspondan a la Dra. A. E. B., Defensora Oficial a cargo de la defensa del imputado V. T. C. o quien la suplante en el futuro; III) Comunicar lo decidido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a los efectos de su toma de conocimiento de la multa impuesta…” (fs. 60/64).

Contra dicha decisión, la defensa interpuso recurso de casación (fs. 68/76), que fue concedido (fs. 77vta.) y mantenido en esta instancia (fs. 83).

2°) El recurrente se agravió respecto de la sanción impuesta por considerarla arbitraria e infundada. Sostuvo que existen otras vías legales disponibles y que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del tribunal ha limitado la defensa de su ex pupilo, ya que cercenó sus posibilidades de expresarse libremente de la manera que creyó conveniente a los intereses de su defendido. Manifestó que el tribunal no se encontraba habilitado para sancionarlo, ya que él no obstaculizó el proceso y estimó que corresponde la intervención del tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Por otro lado, consideró que su parte no ha entorpecido el proceso, por lo que la sanción deviene impertinente. Asimismo, sostuvo que el monto de la multa resulta desmesurado.

3°) Que durante el término de oficina se presentó la defensa y solicitó que se haga lugar al recurso (fs. 87/91vta.), enfatizó que la sanción fue impuesta luego de haber renunciado a la defensa y que, por tanto, no podía alterar el orden del proceso. Asimismo, consideró que el régimen disciplinario dispuesto para los abogados en la ley n° 23.187 derogó los arts. 18 y 19 del decreto — ley n° 1285/58 por ser lex posterior.

4°) Que a fs. 108 se dejó debida constancia de haberse realizado la audiencia prevista en el art. 468 CPPN. En tal oportunidad, el recurrente informó oralmente y refirió que su conducta no perjudicó el curso del proceso, ya que la instrucción suplementaria no se encontraba finalizada cuando decidió renunciar, existían recursos pendientes de resolución y todas las partes coincidieron en la solicitud de aplazamiento de la fecha de debate. En ese orden, sostuvo que el decreto-ley n° 1285/58 exige para la procedencia de una sanción disciplinaria la obstrucción del curso del proceso, extremo que no fue ocasionado por su conducta procesal. Asimismo, reiteró que en sus escritos utilizó términos firmes, enérgicos y vehementes, como también realizó denuncias correspondientes a los hechos referidos en sus presentaciones. Destacó que el código de ética profesional le impone la obligación de denunciar toda violación a las garantías constitucionales. También alegó que la sucesión de planteos que no fueron atendidos por el tribunal oral y la multiplicidad de denuncias que presentó, lo convencieron sobre la inconveniencia de continuar ejerciendo el rol de defensor de su cliente y que así lo explicó en el escrito de renuncia. Señaló que por ese escrito fue juzgado y sancionado dos veces. Finalmente, solicitó que se archiven las presentes actuaciones en atención a la actual intervención del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal y, subsidiariamente, postuló que se deberían reducir sensiblemente los montos de las multas impuestas, señalando que las sanciones pecuniarias que puede imponer el CPACF son menores a las dispuestas por el a quo. En consecuencia, estas actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

—II—

Que si bien la resolución impugnada no es recurrible a tenor del art. 457 del rito y el casacionista no logra fundar la competencia de esta Cámara para entender en las presentes actuaciones, se revisará lo actuado por el Tribunal Oral, en virtud del carácter vinculante que tienen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cfr. CSJN in re C. 568. XLIV. C. 594. XLIV., Recurso de hecho, “Carranza Latrubesse, Gustavo el Estado Nacional — Ministerio de Relaciones Exteriores — Provincia del Chubut”, rta. 6/8/2013).

En ese orden, la Comisión Interamericana ha considerado que las sanciones impuestas por los jueces en ocasión del ejercicio de potestad disciplinaria, deben ser decididas a través de un procedimiento ajustado a las garantías previstas en los arts. 8 y 25 de la CADH y que, por tanto, es necesario que el justiciable tenga acceso a un recurso judicial efectivo (informe n° 83/09, caso 11.732, “Horacio Aníbal Schillizzi Moreno v. Argentina”, del 6 de agosto de 2009).

Así, se advierte que si bien se ha cumplido con el derecho del recurrente a ser oído y a defenderse en el marco de la presente incidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Acordada n° 1/09 de esta Cámara y la n° 26/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ordenamiento jurídico no prevé una vía judicial específica para recurrir la sanción impuesta.

En atención a ello, con el fin de satisfacer los derechos del sancionado previstos en los arts. 8 y 25 de la CADH, y debido a la necesidad de evitar comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios expuestos por el abogado M. B. contra la sanción de multa que le fuera impuesta.

—III—

Que asiste razón al recurrente en cuanto planteó la infracción a los principios ne bis in ídem y de proporcionalidad. En efecto, se observa que el 12/11/2012 el a quo impuso al recurrente una sanción de multa con invocación del art. 18 del decreto — ley n° 1285/58, debido al uso de lenguaje impropio y la comisión de faltas contra el decoro y la dignidad de las partes en el proceso desarrollado ante sus estrados. Se observa que aquella sanción previa deriva de la presentación del escrito de renuncia del letrado a la defensa técnica del encausado V. T. C.. En ese orden, existe identidad de hecho, pues la presente multa es motivada en el abandono de la defensa, efectuado en el mismo escrito que fundó la sanción impuesta el día anterior.

De tal suerte, no es admisible una nueva sanción por el mismo proceder y contra la misma persona, cuando el tribunal se encontraba habilitado para juzgar todas las faltas cometidas en el escrito y podría haber valorado el hecho a la luz de la disposición del art. 113 del ritual.

Se debe agregar que en el presente caso la duplicación del juzgamiento y la imposición de dos sanciones, ha producido la afectación al principio de proporcionalidad, ya que por dos infracciones cometidas en concurso ideal no se debió superar el máximo de la moldura legal dispuesto, en la especie, por el art. 18 del decreto — ley n° 1285/58 que prevé un máximo para la sanción de multa de un 33% de la remuneración de un juez de primera instancia. No obstante ello, mediante la imposición de dos sanciones independientes se arribó a una multa total de 50% de la remuneración de un juez de instrucción, monto que excede con creces las previsiones normativas.

Por tales razones, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto, sin costas, y dejar sin efecto la sanción impuesta al abogado M. B.en el presente incidente (arts. 470 y 471, 530 y ccds. CPPN).

Así voto.

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

Que adhiere al voto del juez que lidera el acuerdo y emite el suyo en igual sentido.

Tal es mi voto.

La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

Sellada la suerte del recurso, adhiero en lo sustancial a las consideraciones y solución propuesta por el colega que lidera la votación.

Tal es mi voto.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el tribunal RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el abogado Mariano Bergés, sin costas y dejar sin efecto la sanción impuesta en el presente incidente (arts. 470 y 471, 530 y ccds. CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Nota: Se deja constancia que la señora Juez, Angela Ester Ledesma, participó de la deliberación, emitió su voto y no firma la presente por hallarse en uso de licencia (art. 399 in fine CPPN). — Alejandro W. Slokar. — Pedro R. David.