Leading Case: Cobo de Macchi Di Cellere, Dolores c. Provincia de Córdoba

Leading Case: Cobo de Macchi Di Cellere, Dolores c. Provincia de CórdobaTribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)

Partes: Cobo de Macchi Di Cellere, Dolores c. Provincia de Córdoba

Fecha: 21/07/1941

La ley 3787 de la provincia de Córdoba al fijar categorías de bienes inmuebles -rurales y urbanas- y establecer una tasa progresiva a los fines del impuesto territorial, no ha reglamentado la propiedad sustituyéndose a la Constitución Nacional y al Código Civil, sin embargo puede devenir en inconstitucional si en algunas de las categorías constituidas llega -como en el caso- a la confiscación de la propiedad

Dictamen del Procurador General

Suprema Corte:

La jurisdicción originaria de V.E. emerge en estos autos de ser parte demandada una provincia, y versar el litigio sobre constitucionalidad de una ley provincial de impuestos.

Dicha ley, que es la de contribución territorial de Córdoba, (3787, para el año 1939), establece en su art. 12 una tasa progresiva, a partir del 5 1/2%o del valor de la propiedad para inmuebles rurales avaluados hasta en diez mil pesos, terminando en el 20%o para los que valgan tres millones o excedan de tal suma; porcentaje que deberá calcularse adicionando en una sola cantidad global de las valuaciones de todos los inmuebles rurales pertenecientes al propietario del bien gravado.

La parte actora, pagó el impuesto y ahora reclama de la Provincia su devolución, alegando que el art. 12 citado es violatorio de la Constitución Nacional, por dos razones:

a) Viola el principio de igualdad, por habérselo dictado a fin de perseguir la acumulación de grandes fortunas en una sola mano, función económica reguladora que escapa a las facultades legislativas de la provincia de Córdoba, ya que la organización y límites de la propiedad ha sido reservada entre nosotros al Congreso;

b) Resulta confiscatorio, atenta el elevadísimo porcentaje de la renta que en el caso “sub judice” absorbe la tasa progresiva.

Salta a la vista, desde luego, que ninguna de esas objeciones va dirigida contra la tasa mínima de 5 1/2%o, respecto de la cual no existiría ni sistema diferencial, ni cuotas extorsivas; pero a pesar de ello, la actora exige se le devuelva la totalidad de lo pagado, con lo cual, si obtuviera éxito, resultaría exonerada de pagar ni siquiera lo exigible a los más pequeños propietarios. Ya hizo una salvedad. V.E. sobre semejante modo de encarar cuestiones equiparables en el segundo considerando de su fallo 171: 390 (Morán c. Entre Ríos). En este caso particular, pudiera todavía agregarse que la parte hoy recurrente aceptó sin protesta pagar la contribución, territorial de años anteriores sujeta asimismo a escala progresiva, aunque con menor límite máximo. Parece razonable, pues, que no obtenga ahora una rebaja sobre lo que antes aceptara sin reclamo. Dicho de otro modo: El fallo que aquí recaiga, si resulta condenatorio, ha de limitarse a declarar inconstitucional la tasa de 1939, tan sólo en cuanto exceda a la anterior, consentida.

Acerca del fondo del asunto, haré notar a V.E. que la constitucionalidad de los impuestos progresivos ha sido reiteradamente declarada por esta Corte, conforme lo revelan los antecedentes que se recuerdan en el fallo 171:390, que acaba de citar. Y en otros más, de fecha posterior, concordantes todos. Hácese innecesario repetir ahora lo dicho entonces, desde que con arreglo a la ley 3787, todos los propietarios de inmuebles rurales cuyo valor total ascienda a determinada suma, pagan igual impuesto, sin que se rompa la norma de igualdad. Admitido tal principio, mal pudiera sostenerse que los impuestos provinciales se tornan inconstitucionales en cuanto cooperan a limitar el latifundio, ya que siendo las provincias parte inseparable de la Nación, no sería posible que sus leyes de impuestos dejen de tener en cuenta las necesidades nacionales. Cuando se clasifica a los contribuyentes por zonas -y así ocurre con frecuencia en las ciudades, o se grava con mayor patente a determinado tipo de comercio, los bancos por ejemplo, sería excesivo concluir que el Estado provincial persigue a determinada clase, o profesión. Como lo tengo dicho múltiples veces en casos equiparables al actual, es imposible que el impuesto grave por igual a todos los habitantes del país; y en cuanto se parte de ese hecho básico e inevitable de la desigualdad, inevitable resulta también establecer categorías, que serán más o menos acertadas, pero no constituyen por el hecho de su establecimiento una violación de garantías constitucionales.

Ahora, en cuanto al carácter de extorsivo que se atribuye al impuesto, trátase de una cuestión de hecho, librada como tal al prudente criterio de V.E. Sólo recordaré a ese respecto, que sigo conceptuando necesario establecer en cada caso, con arreglo a las circunstancias particulares de la causa, cuál sea el monto de lo que debió pagar el actor; esto es, de lo que la Provincia de Córdoba pudo exigirle constitucionalmente, y en consecuencia no está obligada a devolverle. Buenos Aires, noviembre 27 de 1940. – Juan Alvarez.

Fallo de la Corte Suprema

Buenos Aires, julio 21 de 1941.

Y Vistos: Los seguidos por doña Dolores Cobo de Macchi di Cellere contra la provincia de Córdoba por inconstitucionalidad del impuesto territorial, de cuyo estudio resulta: A fs.30 se presenta Mariano R. Paunero, en representación de la actora, promoviendo demanda contra la Provincia de Córdoba por devolución de sumas de dinero que su representada ha pagado con protesta y solicita se condene a la Provincia a devolver todo lo que le ha sido cobrado indebidamente, con sus intereses y costas.

Dice que su representada posee en Córdoba dos establecimientos de campo situados en el Departamento R. Sáenz Peña, llamados Tuyutí y San Miguel, que en los registros fiscales de la provincia figuran con el área y valuación que a continuación expresa: a) Colonia San Miguel “La Cecira”, propiedad N° 92.018, de 10.778 hectáreas, 50 áreas, con una valuación de aforo de $1.724.500 y una valuación líquida de $1.606.400. b) Estancia Tuyutí, propiedad N° 92.019, de 12.368 hectáreas, 24 áreas, 61 centiáreas, con una valuación de aforo de $2.226.200 y una valuación líquida de $2.025.800. c) Laguna Monte, propiedad N° 213.551, de 8.551 hectáreas, 75 áreas, 29 centiáreas, con una valuación líquida de $1.304.200 y d) Colonia San Miguel, propiedad N° 213.552, de 10.778 hectáreas, 50 áreas, con una valuación de aforo de $1.724.500 y una valuación líquida de $1.636.800.

En el deseo de satisfacer en tiempo la contribución territorial que corresponde a los campos de la referencia por el año 1939, con fecha 22 de marzo del mismo se dirigió al Director de Rentas de la provincia de Córdoba un telegrama solicitando la liquidación de lo adeudado, al tenor del que se acompaña numerado con la letra B.

En vez de enviarse a su parte la liquidación de lo adeudado por impuestos del año 1939, único que estaba impago, con la carta de 28 de marzo que acompaña señalada con la letra C, la Dirección de Rentas ha enviado a su representada las liquidaciones que adjunta señaladas con las letras D. y E., en las cuales se tiene en cuenta dos de las cuatro fracciones de campo mencionadas y se hace el cálculo del impuesto y de la tasa adicional de ausentismo por los años de 1938 y 1939, dándose como razón para hacerlo la curiosa afirmación de que no obran en los registros la constancia del pago del impuesto por el año 1938, que fue, sin embargo, satisfecho en marzo 3, junio 30, octubre 25 de 1938 y enero 10 de 1939. La inclusión indebida en las liquidaciones de las cuotas de impuesto por el año 1938, que habían sido satisfechas, y la falta de liquidaciones correspondientes a dos de los campos mencionados, determinó a su parte enviar la carta del 30 de marzo, cuya copia acompaña señalada con la letra F., donde se puntualizó la fecha en que se había efectuado el pago de las cuotas correspondientes a 1938. En respuesta a ello la Dirección de Rentas contestó con la carta de 24 de abril que adjunta bajo la letra G., con la cual venían las liquidaciones que agrega señaladas con las letras H., I., J. y K.

Como puede verse en la última carta mencionada y como resulta de las liquidaciones, la Dirección de Rentas persiste en hacer figurar como impagas las cuotas correspondientes a 1938 y liquida, además de la contribución de ese año y de 1939, un impuesto por ausentismo que no calcula por el año 1939, o por 1938 y 1939 como en las liquidaciones anteriores (letra D. y E.) sino por los años 1934 a 1939 y con una multa del quíntuplo por el año 1934.

En resumen, según las liquidaciones referidas, el día que ellas fueron expedidas, su mandante debía: a) Por contribución territorial de 1938, $65.072.70; b) por contribución territorial de 1939 y hecho el descuento del 10% $118.319.60; c) por impuesto al ausentismo 1934-1939, $219.707.95; d) por multa en el impuesto de ausentismo año 1934, $176.444.65. Total pesos 759.545.

Conviene dejar puntualizado, dice, que la Dirección de Rentas liquida por separado, como dos cosas distintas, la contribución y el impuesto al ausentismo que, en un principio y hasta estos últimos tiempos, estaba establecido por dos leyes (Ausentismo, ley 3594; Contribución, ley 3597; ambas del 12 de enero de 1934). Aunque por comodidad de la administración ambos impuestos se liquiden y cobren generalmente al mismo tiempo. el decreto reglamentario de la ley de impuesto al ausentismo admite que se separen, disponiendo (art. 14) que se acumularán “sin perjuicio de que se gestione su cobro por separado y por la vía que corresponda”. Hoy ambos impuestos están establecidos por la misma ley, pero sigue habiendo dos impuestos que deben pagarse al mismo tiempo; y si no son pagados simultáneamente, se dispone que el recibo de la contribución no acreditará el pago del impuesto al ausentismo y que la Dirección de Rentas podrá ordenar la retención del recibo de contribución hasta que se abone el impuesto al ausentismo.

De las liquidaciones acompañadas aparece como no debida la contribución y como debido, sin embargo, el impuesto al ausentismo por los años 1934, 1935, 1936 y 1937. En cuanto al año 1938, en las liquidaciones aparecen como debidos los dos impuestos, y en cuanto al año 1939 se liquida también los dos impuestos, pero, como puede verse en cada una de las liquidaciones, se aplica el descuento del 10%, por fecha de pago, no a la suma de los dos tributos sino al monto de la contribución. Sobre el impuesto al ausentismo la Dirección de Rentas, no calcula descuento alguno, considerándolo y tratándolo como un impuesto accesorio pero distinto de la contribución.

Nada corresponde decidir en este pleito acerca de la procedencia del impuesto al ausentismo aplicado a su mandante ni sobre la multa del quíntuplo, pues ésa es una cuestión que su parte y la provincia discuten en otro pleito que se encuentra en estado de sentencia en el Superior Tribunal de Córdoba. Aquí sólo se trata de la legalidad o ilegalidad, constitucionalidad o inconstitucionalidad del cobro que ha hecho la provincia a título de contribución territorial y sobre la procedencia de la devolución de las sumas que la señora Macchi di Cellere se ha visto obligada a pagar, y que ha pagado con protesta.

Como ha dicho antes, la Dirección de Rentas ha liquidado a su representada como impuesto de contribución por el año 1938 la suma de $65.072.70 y por el año 1939 la suma de $118.319,60. De la carta de 30 de marzo (letra F.) que la Dirección de Rentas ha recibido (ver carta letra G.) resulta que oportunamente, en las épocas que correspondía según las leyes y decretos de Córdoba (marzo 31, junio 30 y octubre 25 de 1938 y enero 30 de 1939) su representada ha pagado en cuatro cuotas iguales de $16.268.20 cada una la suma total de $65.072.80, o sea exactamente el importe del impuesto de contribución territorial que la Dirección de Rentas liquida por el año 1938. Acompaña señaladas con las letras L., M., y O., las boletas originales expedidas por el Banco de Córdoba en ocasión de haberse hecho cada una de las transferencias de $16.268.20 a la orden de la Dirección de Rentas de Córdoba, y adjunta con las letras P., Q., R. y S. copia de los telegramas colacionados que, en cada una de esas oportunidades, se dirigió en nombre de su mandante a la Dirección de Rentas haciéndole saber la transferencia de fondos y dejando constancia de que el dinero se entregaba en pago de las correspondientes cuotas de contribución territorial de 1938. En cuanto al impuesto de contribución de 1939, la boleta adjunta de 29 de abril de 1939, señalada con la letra T., acredita el pago que ha hecho su mandante de la suma de pesos 118.319.40 m/n, es decir exactamente la cantidad liquidada por la Dirección de Rentas como contribución territorial de ese año. El telegrama adjunto letra U, indica que es depósito se hizo en calidad de pago de la contribución territorial liquidada, protestando su parte de la ilegalidad e inconstitucionalidad del cobro y reservándose el derecho de reclamar la devolución, que se hace con esta demanda.

Dice que el pago se ha efectuado, y que éste como todo hecho puede probarse en juicio, sin que esté en las atribuciones de la provincia sustraerse a la demanda y devolución negando que los pagos se han verificado. Ninguna importancia tiene el hecho de que la Dirección de Rentas hubiera entregado el recibo con que habitualmente se acreditan los pagos o que haya resuelto por sí y ante sí que el pago no se ha hecho, o imputar las sumas que se le han girado a otro objeto que el que determinó la transferencia, aun cuando la provincia se diga o, en realidad, resulte acreedora por otro concepto de quien hace el pago. Pues es atribución del deudor y no del acreedor elegir la obligación que quiere pagar (art. 773 del Código Civil) y sería contraria a la Constitución (art. 31) toda ley o decreto que contrariara este derecho reconocido por una ley nacional. Dice que el pago ha sido debidamente protestado, como lo comprueba con el telegrama que en copia adjunta bajo la letra U., y con el testimonio de escritura de protesta que acompaña, los que prueban que su parte protestó el pago de $118.319.40, efectuado en el Banco de Córdoba para ser transferido a la Dirección General de Rentas, por contribución territorial correspondiente al año 1939 de las propiedades números 92.018, 92.019, 213.551 y 213.552, por considerar la ley respectiva contraria a los arts. 4, 5, 16, 17 y 18 de la Carta Fundamental y a todo el régimen constitucional de la propiedad.

Al fundar su derecho, dice que la apariencia de un impuesto legítimo cubre una exacción arbitraria, pues lo que la Provincia de Córdoba ha cobrado a su mandante no es un verdadero impuesto, aunque tenga el nombre de tal y algunas de sus características. So color de cobrar un impuesto bajo la apariencia de ejercitar la facultad impositiva, -lo que evidentemente cae dentro de la órbita de acción provincial- las autoridades de Córdoba se han lanzado a la realización de una política que no está dentro de sus atribuciones y que se manifiesta en el desconocimiento y violación de derechos legítimos por medio de verdaderas y típicas exacciones contra determinadas categorías de personas, arbitraria e ilegalmente agrupadas, todo lo cual contraría garantías constitucionales de los arts. 4, 5, 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional.

Cita los fallos: 98, 52; 115, 111; 131, 219; 140, 175; 150, 419; 157, 359; 175, 102; 179, 98 y 180, 323, para demostrar lo que debe ser considerado legítimamente como impuesto y lo que no puede ser tenido por tal, aunque tenga ese nombre en las leyes provinciales. Y luego los fallos 128, 435; 137, 212; 139, 295 y 358; 140, 154 y 166; 141, 5; 142, 106; 149, 77; y 168, 305, para demostrar que no es verdadero impuesto, en su acepción científica y legal, el tributo que no tiene en mira costear los gastos de la administración. Y los fallos 15, 359; 178, 231.

La ley impugnada no se ajusta al concepto legal de impuestos (Fallos: t. 150, 419; 179, 98).

Sostiene que el mensaje con que el Gobernador de Córdoba sometió a la Legislatura el proyecto que luego fue convertido en la ley impugnada, es la negación en conjunto y en detalle de todos los principios que debe respetar una ley de impuestos provinciales para que pueda ser considerada como acto legítimo de las provincias en ejercicio del poder impositivo que les corresponde. “Las leyes impositivas, dice el Gobernador, no son, no pueden ser, meras fuentes de recursos para el Estado. No deben responder tan sólo a un fin fiscal, sino también de verdadera justicia social, la reclama empeñosamente la ayuda, el mejoramiento del que nada posee con la contribución y auxilio por parte del que todo lo tiene”. Como se ve, el tributo proyectado por el Gobernador de Córdoba, sancionado por la Legislatura y aplicado a su parte, no tiene por objeto llenar las necesidades que normalmente tiene el impuesto y que es la única causa que hace lícito su cobro no sólo en el orden provincial sino también en el nacional (art. 4°, Constitución Nacional). El señor Gobernador declara que en vez de perseguir la satisfacción de necesidades fiscales, que justifica la apropiación por el poder público de una parte de la riqueza privada, lo que se ha propuesto con la iniciativa sancionada por la Legislatura, es promover una reforma jurídica y económica, en la esfera provincial, de los males sociales que existen o que él cree percibir, poniendo para ello a contribución “a los que todo lo tienen” para “ayuda y mejoramiento de los que nada poseen”; es decir que se propine quitar a unos para dar a otros, que es precisamente lo que se ha declarado reiteradamente inconstitucional. Convencido de que le es dado hacer todo lo que considera bueno y de combatir lo que juzga nocivo para el bien común, y continúa su mensaje haciendo la crítica de la gran propiedad y la apología de la división de la tierra, etc.

Las buenas intenciones no impiden la inconstitucionalidad, y aun acreditando el Gobierno y la Legislatura de Córdoba los mejores propósitos, debe admitirse que las medidas tomadas no son viables, si han de respetarse los principios y garantías constitucionales. (Fallos: 148, 65; 175, 102; 178, 80).

Le parezca bien o le parezca mal a las autoridades de Córdoba y obedezca ello a ideas eternamente sabias o a prejuicios infundados y vetustos, el hecho es que la propiedad está garantida en la Constitución como un derecho individual de que nadie puede ser privado, aunque vaya para algunos individuos “más allá de lo indispensable”, lo que no cree admisible el Gobierno de Córdoba. Hasta ahora es lícito en todo el territorio nacional tener propiedades extensas y valiosas, aunque ello acarree las molicies y el vicio a juicio de las autoridades de Córdoba. Si podría o no la Nación hacer suyas las ideas del Gobierno de Córdoba, so pretexto de reglamentar la propiedad, poner límites a la extensión territorial que un particular puede poseer, es cuestión que no interesa discutir ahora. Pero es patente que ello no podrían hacer las provincias; y que si éstas no lo pueden hacer directamente por medio de leyes que limitaran directamente la superficie que puede poseerse, tampoco podría hacerlo por el medio indirecto de leyes locales de apariencia fiscal.

Dice que la tasa es confiscatoria, pues absorbe una proporción tal de la renta de los bienes gravados, que no puede considerarse sino como sustracción de la propiedad privada.

De los dos campos de su mandante uno se explota por administración y otro se arrienda, lo que permite apreciar el grado de eficiencia de la explotación y da base para calcular lo que representa el impuesto comparado con el producido real de los campos. El impuesto que agrava el establecimiento San Miguel, que se halla arrendado, de $ 64.866, sin el adicional de ausentismo, representa el 38,23% de la renta media y con el adicional el 49,70%. El establecimiento Tuyutí se explota directamente por medio de una administración esmerada, cuidadosa y eficiente, estando poblado el campo con hacienda de primera calidad, que valen tanto como el campo, y produce una renta media de $ 159.424,96 por año. El impuesto liquidado de pesos 66.000 representa el 41,77% de la renta, y con el adicional de ausentismo el 54,30%.

A fs. 44 vta., se corrió el traslado a al Provincia, que lo contesta a fs.53 por intermedio de Manuel Goldstraj, pidiendo el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas al actor. Reconoce que la provincia exigió y obtuvo del actor los pagos a que se refiere en su demanda, sin perjuicio de aclarar en el curso de la prueba, si esos pagos fueron debidamente hechos e imputados con exactitud por la demandante, como también si corresponde definitivamente a las sumas requeridas por la Dirección de rentas de la Provincia de Córdoba. Pero niega que los hechos y las razones jurídicas que el actor invoca le sirvan ni prueben que la ley 3787, en la parte en que la impugna (impuesto de contribución territorial), sea violatoria de la Constitución Nacional. Considera que la Provincia ha tenido derecho para sancionarla y que percibe esos impuestos conforme a las tres condiciones que debe reunir una ley de esa naturaleza; sus sanciones deben ser iguales, generales y equitativas. Y lo son efectivamente.

El actor ha aclarado que demanda la devolución de la suma de $118.319,40, pagada por concepto de contribución territorial por el año 1939, y que no reclama la cantidad pagada por impuesto al ausentismo, porque lo hace en estos momentos ante el fuero provincial. Pero ello no le impide hacer el cálculo de los supuestos porcientos de renta absorbidos por la ley de contribución territorial.

Contestando los motivos en que se funda la demanda, dice que es capcioso sostener que la ley 3787 organiza y reglamenta la propiedad, pues se limita a sancionar un impuesto sin desconocer ningún derecho ni privilegio de los que la Constitución Nacional y el Código Civil le reconocen en su calidad de propietario. Que si esos impuestos son o no altos; que si cobran equitativamente, son cuestiones de otra naturaleza. Pero la ley no ataca la propiedad en su fondo ni en su forma. Grava su monto y no la renta. Se puede discutir si el procedimiento es bueno, si es eficaz, si es equitativo. Algunos técnicos sostienen que no, y otros lo contrario. Es cuestión de circunstancias. De que, en general, nuestro régimen y sistema de valuación fiscal es deficiente, alguna vez injusto y muy a menudo arbitrario, ninguna duda tiene nadie. Eso está en función de la evolución económica, administrativa y social del país y es evidente que nos estamos perfeccionando. Señala que el régimen de valuación de Córdoba no es de los peores; al contrario, es de los más equitativos, razonables y racionales que poseemos. No discrimina sólo geográficamente, sino topográficamente y por productividad económica, real y potencial, y tiene en cuenta todos los caracteres físicos y de otro orden que contribuyen a calificar un inmueble. Para nada tiene en cuenta la situación personal ni la capacidad económica o rentística del propietario. Registra y valúa los bienes sólo de acuerdo a su capacidad de producción, de renta. Pues las provincias, en ejercicio del poder no delegado en la Nación, tienen la facultad de crear recursos para el sostenimiento de su vida autónoma y el fomento de sus servicios públicos, como lo dijo esta Corte en el juicio Díaz Vélez c. Provincia de Buenos Aires en sentencia de junio 20 de 1928, precisamente en un litigio donde la actora afirmó que el régimen imperante en dicha provincia era de socialismo puro, socialismo revolucionario, etc., etc. No acepta la tesis de la actora respecto a lo que debe entenderse por impuesto. Ella cree que la contribución territorial implantada en Córdoba tiene como propósito “quitar a unos para dar a otros” y obedece a una idea de hostilidad o venganza contra determinados grupos o clases, lo que implica desconocer la realidad, la verdad. No pueden atribuirse esos propósitos a la Provincia por las palabras contenidas en el mensaje del Gobernador, que cree justo requerir una mayor contribución relativa de quienes más poseen y pueden contribuir, dentro del criterio de generalidad e igualdad que establecen la Constitución y la jurisprudencia. El Poder Ejecutivo dijo, simple y claramente, cuál debe ser una sana política, cuando quiere hacer obra fecunda y útil para la sociedad que dirige; pero en ninguna parte dijo que percibiría determinadas cantidades para darlas a determinados individuos, para beneficiar a limitados grupos de la población. Por lo que considera injusta la expresión de la actora cuando afirma que la ley impugnada responde a la idea de perseguir determinada clase social y al propósito de impedir el ejercicio de los derechos reconocidos por las leyes nacionales. Hay grandes razones actuales, económicas, financieras, sociales y aun institucionales, que justifican y autorizan plenamente la imposición sancionada por la Legislatura de Córdoba. Es razonable, admisible y útil que los ciudadanos o habitantes de mayor poderío económico contribuyan en mayor medida relativa que el resto de la población. Cita varias opiniones de tratadistas y afirma que es absurda la presunción de la actora de que la percepción del impuesto se limite “a la satisfacción de necesidades fiscales”, como dice, en el sentido limitado de la expresión, porque esto no es “lo único que justifica la apropiación por el poder público de una parte de la riqueza privada”.

Sostiene que la ley 3787 no establece distinciones absurdas o arbitrarias entre contribuyentes, ni libra de cierto tributo a buena parte de los posibles contribuyentes. Todos contribuyen, pero cada uno en la medida de sus medios, de sus posibilidades. Obedeciendo a ese criterio la ley no hace más que aplicar el sistema progresivo, declarado constitucional por esta Corte. (Fallos: 151, 359; 95, 327 y 105, 273). Dice que la actora se cree víctima de una persecución, cuando es evidente que el sacrificio que el Estado le exige no sólo no es superior sino que está bastante por debajo de la expresión potencial y actuante de su fuerza económica.

La actora presenta un cálculo de ingresos que es casi impresionante. Pero no es exacto. Según las cifras que da, sus cuatro campos con un total, de 42.475 hectáreas y un valor, según valuación fiscal, de pesos 6.573.200, le producen un rendimiento de $329.000 anuales promedio durante el último quinquenio. Tiene positivas razones para creer, dice, y así lo probará en este juicio, que la renta de esos campos llega cerca o pasa de los $600.000 anuales. Dice que si los cálculos de la actora fueran exactos, sus campos devengarían un interés del 3,29 al 4,11%, calculando sobre la base de lo que debe considerarse el valor real de los inmuebles, o sea una producción tan baja que no corresponde al estado económico de la República ni al de la Provincia de Córdoba en particular, ni al de los negocios siquiera medianamente administrados en los ramos agropecuarios. Pero aun admitiendo las cantidades que enuncia la actora, ellas no servirían para las impugnaciones que intenta. Se trata de un impuesto legítimo, con todos los caracteres formales y de fondo que como tal debe tener. Está destinado a subvenir necesidades fiscales de orden general, a costear gastos de administración y a realizar obra pública, financiera, económica y social, en sentido amplio en beneficio de toda la colectividad. No priva al propietario de sus derechos y privilegios y no viola el art. 17 de la Constitución.

Abierta la causa a prueba a fs.62 vta., se produce la que indica el certificado de Secretaría de fs.190. Con los alegatos de fs.194 y 201 y el dictamen del procurador general de fs.219, a fs.220 vta., se llamó autos para definitiva.

Considerando: 1. Que con el documento de fs.21 (letra T) ha justificado la actora el pago del impuesto de pesos 118.319,40, correspondiente al año 1939, por los cuatro campos que indica en la demanda. Y con el telegrama colacionado de fs.22 y el testimonio de escritura pública de fs.24 a 29, la protesta pertinente, todo lo cual reconoce la demandada en su alegato de fs.201.

2. Que la actora impugna el cobro del impuesto protestado porque considera que, bajo la apariencia de un impuesto, la demandada cubre una exacción arbitraria, pues no tiene por objeto llenar las necesidades que normalmente satisface el impuesto, como resulta, dice, del mensaje del Gobernador con el que sometió a la Legislatura el proyecto que luego fue convertido en la ley 3787 impugnada. Y, además, por tratarse de una tasa confiscatoria, dada la proporción de la renta que absorbe. Sostiene, también, que con dicha ley se pretende reglamentar la propiedad y que es desigual pues tiende a quitar a unos para dar a otros, todo lo cual desconoce la parte demandada, replicando que sólo se trata del uso de la facultad constitucional de crear recursos para el sostenimiento de su vida autónoma.

3. Que no es valedera la tacha de inconstitucionalidad de la ley cordobesa en examen fundada en la desigualdad del impuesto territorial según que afecte a la propiedad rural o a la urbana: a) Porque la Corte ha reconocido, en su constante jurisprudencia, la facultad el Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales para establecer categorías que no sean arbitrarias ni en odio o favor de personas y para fijar escalas progresivas o progresionales. Fallos: 151, 319; 171, 390; 182, 355; 187, 495; 188, 464 y 525 y los que en ellos se citan -y nada se opone dentro del espíritu de esa jurisprudencia a que se hagan distingos entre propiedades rurales y urbanas; b) porque estas últimas soportan gravámenes fiscales a título de impuestos, tasas, servicios o contribuciones que no afectan a las primeras (v. g. de alumbrado, barrido, pavimentos, obras sanitarias, permisos de edificación y refacción, de baldíos, blanqueo y pintura, etc.) y que, con frecuencia cuadruplican el monto de lo que se paga por contribución territorial. Todo ello, naturalmente, sujeto a la restricción de no llegar a lo confiscatorio en ninguna categoría.

Que el impuesto debe responder fundamentalmente, según nuestro sistema institucional, a la finalidad de proveer de recursos al Estado para atender a los servicios de la administración, pero ello no excluye la función subsidiaria y cada día más importante de fomento y asistencia social, siempre también que no sea arbitraria o sectaria. Jéze, cuya autoridad de economista, financista y jurista en el orden del derecho público es bien conocida y respetada, criticando la doctrina que asigna al impuesto la finalidad de “reforma social y política”, dice “que es excesivamente exagerado decir que durante los períodos anteriores (al contemporáneo, se entiende) el punto de vista fiscal haya sido exclusivo en absoluto. Ejemplo: sistema de derechos aduaneros protectores, los impuestos suntuarios”. “Esa concepción del impuesto no se conforma a los hechos. La observación muestra que, por el impuesto, los gobiernos no se preocuparon únicamente de obtener recursos para el Tesoro pero no resulta que en la hora actual el impuesto sirva principalmente para repartir más equitativamente la riqueza entre las clases sociales. Del hecho que los gastos de asistencia social sean pagados por el impuesto, sería exagerado concluir que el impuesto moderno ha cambiado de carácter” (Conf. “Science des Finances, etc.”, V edición, p. 376). La observación es aplicable a nuestro país -en lo nacional y provincial- donde hay impuestos protectores, restrictivos, liberaciones de impuestos con esos fines subsidiarios, pero que, como tales, no subvierten las normas fundamentales de los arts. 4°, 16, 67 de la Constitución Nacional.

Que la finalidad perseguida por el Gobierno de Córdoba, según las palabras del mensaje del P.E., que el actor transcribe así: “Las leyes impositivas no son, no pueden ser meras fuentes de recursos para el Estado. No deben responder tan sólo a un fin fiscal sino también de verdadera justicia social, lo que reclama empeñosamente la ayuda, el mejoramiento del que nada posee con la contribución y auxilio del que todo lo tiene”; dicho propósito no está al margen de las conclusiones de Jéze ni de las normas de la Constitución Argentina, como lo comprueba el art. 67, inc. 16, de la misma, y es necesario discriminar dicha intención de la forma de realizarla, para saber si agravia otros principios fundamentales de la organización política nacional que esta Corte Suprema ha salvaguardado celosamente, en su función de soberana intérprete de la Constitución.

Que al fijar categoría de bienes inmuebles a los fines del impuesto territorial y hacer progresivo dicho impuesto, no ha reglamentado la propiedad sustituyéndose a la Constitución y al Código Civil, como no lo hicieron las leyes de impuesto al latifundio, al mayor valor no creado, a los baldíos, al ausentismo; pero, en cambio, puede ser inconstitucional la ley cordobesa si en algunas de las categorías se llega a la exacción o a la confiscación de la propiedad o de la renta por acción de la tasa del impuesto o de la tasación arbitraria, tal como lo sostiene la parte demandante; debiendo advertirse, como premisa, que para resolver ese problema jurídico no se ha de tomar como base el hecho circunstancial y transitorio de una crisis de los valores lo cual, en determinado momento, puede llegar a la pérdida de las cosechas, a la desvalorización de los productos agropecuarios, a la insuficiencia del producido territorial para pagar los gastos de explotación; esas crisis, de origen natural o político-social, interno o internacional, que conocemos por dura experiencia, desmedran el valor o el precio de la propiedad y la consiguiente baja de la renta, pero tanto la Nación como las provincias no modifican sincrónicamente ni las tasaciones o valuaciones ni la tasa del impuesto, porque el sostén de la administración, el cumplimiento de los compromisos en el exterior, la defensa nacional y los otros fines esenciales enunciados en el Preámbulo de la Constitución no permiten cambios instantáneos en el presupuesto. Al Congreso y no a la justicia corresponde adoptar las medidas de emergencia.

4. La ley 3787 establece una escala para la propiedad rural que comienza en el 5 1/2%o y llega hasta el 20%o. Toma en cuenta, para aplicar la tasa progresiva, el valor total de todos los inmuebles rurales que posea el propietario del bien objeto de la imposición. El impuesto crece, pues, no por razón de la superficie, y, por lo tanto, no realiza el propósito preconizado de combatir el latifundio, sino exclusivamente por el valor de la totalidad de los inmuebles rurales, cualesquiera sean las superficies de éstos.

De las pericias producidas a pedido de ambas partes por Ramiro H. Muñoz, como perito contador único, de fs.99 a 121, y por la razón social Adolfo Bullrich y Cía., como perito tasador único, de fs.128 a fs.160, propuestos por las partes, resulta:

a) Que los libros examinados carecen de rubricación por pertenecer a una administración civil, pero están foliados, se llevan con prolijidad y las operaciones que se anotan en ellos se registran por orden de fecha, sin dejar blancos ni hacer raspaduras o interlineaciones, y por el sistema de partida doble, que es el que practica el comercio en general y exige el Código de Comercio.

b) Que el promedio de las utilidades líquidas de los cuatro campos que se explotan como dos establecimientos, pues el denominado “Estancia Tuyutí” comprende la explotación de la propiedad N° 92.018 que se denomina “Colonia San Miguel – La Cecira” y de la N° 92.019 que se denomina: “Estancia Tuyutí”, y el llamado “Colonia San Miguel” comprende el así llamado, propiedad N° 213.552, y el denominado “Estancia Laguna del Monte” propiedad N° 213.551, es el siguiente:

Estancia Tuyutí. Por el período indicado por las partes que comprende los últimos cinco años (1° de mayo de 1934 a 30 de abril de 1939) fue de $119.083,93. Y la Colonia San Miguel, en el mismo período de $135.946.21.

c) Que la proporción que representa en el producido anual la contribución territorial que pagan los campos mencionados, teniendo en cuenta el monto de la misma antes y después de la promulgación de la ley N° 3787, es de 27,68% y de 55,93 % respectivamente para la “Estancia Tuyutí”; y de 23,44% antes de la promulgación y de 47,71 % después de ella par el establecimiento Colonia San Miguel.

d) Que el valor medio asignado a esos establecimientos, en los libros, en el mismo período, inclusive las haciendas, es de $5.887.342,20 para la “Estancia Tuyutí” y de $3.526.599,17 para “Colonia San Miguel”. Las utilidades líquidas totales de los mismos asciende a un promedio anual de $252.865.43. El impuesto antes de la ley 3787 importaba $32.967 para el establecimiento Tuyutí y $32.105,70 para Colonia San Miguel, los que se elevaron en virtud de dicha ley a $66.600 y $64.866, o sea de un total de 65.072,70 a un total de $131.466, que excede del 50 % de las utilidades, sin contar con el recargo de impuesto por absentismo por el que la actora sigue otro juicio ante los Tribunales de Córdoba, establecido por la misma ley (art. 26) que asciende por los años 1934 a 1939 a $ 220.707,80 o sea a un promedio anual de más de $ 44.000 (ver. fs.9 a 12) y el impuesto a los réditos del que participa también la Provincia de Córdoba.

5° – El perito Bullrich avalúa el campo llamado Tuyutí en $3.335.041,50 y las mejoras, por alambrados, aguadas, construcciones, corrales, plantaciones, etc. en $488.871,80 y por alfalfares en $56.715, lo que hace un total de $3.373.732,50 el campo y las mejoras en $159.260, lo que hace un total de $3.532.992,50. Dice que el establecimiento Tuyutí se explota en su mayor parte con ganadería, en más de 16.850 hectáreas y el resto de 4.065 con colonos, pagándose en especie, el 20% sobre maíz y el 21% sobre trigo. Que está poblado con hacienda de raza Hereford de excelente calidad y que puede decirse que es de lo mejor que hay en el país por el alto grado en la mestización de las haciendas a que se ha llegado. La explotación es racional y eficiente sin gastos desmedidos y de acuerdo a sus condiciones y posibilidades. El personal administrativo y de trabajo y peones, disponen de habitaciones, comodidades y condiciones higiénicas excelentes y superiores a las que se observan en la mayoría de los casos. La parte dedicada a agricultura es la más inferior, siendo mala la calidad del agua en esa parte, por lo que no convendría explotarla con ganadería, como aparentemente sería mejor.

El establecimiento San Miguel se explota con agricultura en unas 17.000 hectáreas, en una colonia bien administrada, y 4.250 hectáreas con ganadería, en las mismas, condiciones que el establecimiento Tuyutí.

Respecto al precio de arrendamiento dice que se han hecho casi siempre en especie en los últimos cinco años, lo que se debe a las condiciones inciertas de los mercados y a las circunstancias climáticas desfavorables. El porciento oscila entre el 20 y el 24%. No conoce operaciones de arrendamiento en dinero, lo que se debe al mal estado en que se ha encontrado el Sud de Córdoba durante varios años y por ello a la falta de interés de la plaza en pagar en tal forma en esa zona.

Dice que la mayor parte de los campos de la zona se explotaron con ganadería hasta la crisis ganadera de 1921, en que se pasó a la agricultura hasta 1930, en cuyo año se volvió a la ganadería debido a los precios poco remuneradores de la explotación agrícola; y que actualmente se explotan en forma mixta.

Respecto al factor negativo llamado desmejora, a los efectos de la valuación fiscal a que se refieren los arts. 17 y 18, -por salitrales, o lagunas sin valor, campo bajo, salitroso, medanoso, etc.- dice que la Dirección de Rentas de Córdoba ha calificado como campo de primera calidad a 16.845 hectáreas en el establecimiento Tuyutí, mientras que sólo hay 12.187. Y en el establecimiento San Miguel ha calificado como campo de primera calidad a 19.283 hectáreas y sólo hay en realidad 16.414 hectáreas.

El valor locativo lo estima entre $11 y 13 para el campo de buena calidad y el rinde de la Colonia San Miguel entre $8,66 por hectárea para el maíz y $11,70 a 12,35 por hectárea para el trigo, calculando los rindes medios y los precios corrientes del cereal. Siendo de advertir que ese rendimiento teórico, aunque es algo superior al efectivamente obtenido como promedio en los últimos cinco años según la pericia del contabilidad (1° de mayo de 1934 a 30 de abril de 1939) no alcanza a los teóricos que la demandada calcula en su alegato apoyándose sin razón en la doctrina del fallo tomo 105, p. 273, que dice que en juicios de esta naturaleza no se puede entrar a considerar la forma en que el contribuyente explota o quiere explotar su propiedad, desde que está probado que la actora “explota sus campos en forma racional y eficiente sin gastos desmedidos y de acuerdo a sus condiciones y posibilidades”.

La tasa del 20%o cobrada a la actora en el caso en examen, demuestra cabalmente el carácter confiscatorio del impuesto que absorbe más del 50% de las utilidades, por ciento que fue declarado confiscatorio, referido al impuesto a las sucesiones, en el caso Rosa Melo de Cané (Fallos: 115, 111). Siendo de advertir que es más irrazonable el gravar con la misma cuota lo que se recibe gratuitamente, que lo que se adquiere con el capital y el trabajo inteligente en la explotación progresista de la agricultura y ganadería que, por constituir las fuentes principales de la riqueza nacional y de la prosperidad del país, deben fomentarse con la importación de capitales extranjeros, como lo dispone el inc. 16 del art. 67 de la Constitución, y no destruirse por medio del impuesto.

6. Que la actora haya obtenido una utilidad inferior al 4% sobre el valor fiscal de sus campos, o sólo un 3% sobre el valor que ella atribuye a sus establecimientos, no demuestra, como lo pretende la demandada en su alegato, que las cifras no puedan ser exactas porque “no se concebiría en nuestro país, ningún capitalista dispuesto a invertir una suma tan considerable al 3 ó 4%, máxime en un negocio que exige tantos cuidados y atención como las explotaciones agrícolas ganaderas, cuando puede obtener holgada y cómodamente el 5, 6 y hasta el 10% y más, sea en títulos o en acciones de empresas a cubierto de cualquier riesgo, no podrá citar la actora un caso de tan inútil espíritu de sacrificio”.

Tal afirmación se la funda en una hipótesis insostenible, como resulta de la prueba de autos; y seguiría siéndolo aunque las utilidades sobrepasaran los 400.000 pesos como lo pretende la demandada. Puesto que ni aun así se llegaría a la mitad del máximo de interés que, según ésta, podría obtener la actora colocando su capital en acciones de empresas a cubierto de cualquier riesgo.

En su mérito y oído el procurador general, se declara que el impuesto cobrado a la actora en virtud de la ley 3787 de la Provincia de Córdoba es violatorio del art. 17 de la Constitución Nacional. En consecuencia, se condena a la Provincia de Córdoba a devolver a doña Dolores Cobo de Macchi di Cellere la suma de $118.319,40 m/n, reclamados en la demanda, con sus intereses desde la interpelación judicial y las costas del juicio. – Roberto Repetto. – Antonio Sagarna. – B. A. Nazar Anchorena (en discordia parcial de fundamentos). – F. Ramos Mejía.

Discordia parcial de fundamentos

En discordia con el tercer fundamento que rechaza la tacha de inconstitucionalidad fundada en la desigualdad del impuesto:

Puesto si bien esta Corte tiene resuelto que el impuesto inmobiliario, de contribución progresiva, no adolece del vicio de desigualdad ante la ley y que pueden crearse categorías de contribuyentes fundadas en el valor de la propiedad inmueble o en la superficie de la tierra, en los casos de Díaz Vélez con la Provincia de Buenos Aires y Morán con la de Entre Ríos (Fallos: 151, 319; 171, 390), la ley 3787, “so color” de que los “grandes terratenientes colaboren en la medida de su capacidad económica a la obra de solidaridad y justicia social”, en realidad de verdad sólo recarga a los propietarios de inmuebles rurales con un impuesto progresivo manifiestamente más alto que el que establece para los propietarios urbanos. Estos últimos, según el art. 3°, deberán pagar el 7%o sobre la evaluación fijada, cualquiera ella sea. Mientras los propietarios rurales deben pagar casi el 300%, según la tarifa máxima del 20%o que se aplica a la actora, y casi el 400% más que el pequeño propietario rural. Y aunque se suponga justa esa progresión que del 5 1/2%o llega hasta el 20 de la valuación, la desigualdad resulta patente entre lo que se cobra al gran terrateniente según sea éste rural o urbano; siendo de notar que el beneficio del impuesto reducido para la pequeña propiedad no alcanza tampoco al modesto propietario urbano, cuya única propiedad sea la casa en que habita con su familia, pues ésta, como la residencia más valiosa o suntuosa deberá pagar el mismo impuesto del 7%o. Tales diferencias ponen de manifiesto que no se ha realizado cabalmente el elevado propósito con que se prestigió la sanción de esta ley cuando se dijo que el aumento no alcanza al pequeño contribuyente, sino al grande; que el sacrificio que representa el pago de los tributos debe ser proporcionado a los medios con que los contribuyentes cuentan; que el más tiene debe pagar más que el que menos tiene, y no en una simple progresión de cantidades, sino equiparándolos en lo posible el esfuerzo y el sacrificio.

No puede sostenerse esta ley si se la examina a la luz de los fines que determinaron su sanción, expuestos por sus propulsores, cuando dijeron que el mayor tributo que ella exigiría no respondía a proveer de mayores recursos al Estado, sino al mejoramiento “del que nada posee con la contribución y el auxilio del que todo lo tiene”; que perseguía la subdivisión de la tierra para su mejor aprovechamiento y la reducción de la fortuna inmobiliaria, porque, estando graduada la escala progresiva del impuesto por el valor del patrimonio inmobiliario del contribuyente, éste, en muchos casos preferirá disminuirlo, con provecho propio y general (véase el mensaje con que el P.E. sometió el proyecto a la Legislatura y exposición de los legisladores que lo propiciaron). En efecto, no es aceptable en nuestro régimen constitucional que las leyes impositivas no tengan por objeto principal al de proveer de recursos al Estado, y en cuanto a los demás fines es de recordar que esta Corte tiene dicho de antiguo que “aun cuando sean incuestionablemente amplias las facultades de imposición de las provincias, no son, con todo, ilimitadas. El poder de crear impuestos está sujeto al contralor de ciertos principios que se encuentran en su base misma; debe ejercerse de buena fe, para objetos públicos, y los impuestos deben establecerse con arreglo a un sistema de imparcialidad y uniformidad, a fin de distribuir con justicia la carga. Toda imposición que se apoye en otras razones o responda a otros propósitos, no sería impuesto, sino despojo”. Fallos: 98, 52; 115, 111 y 128, 435, entre otros. El gravamen debe establecerse en condiciones razonables, que no llegue al extremo de constituir una prohibición o confiscación. (Fallos: 150, 419; 179, 98 y 180, 323 y otros) y debe tener en mira costear los gastos de la administración (Fallos: 128, 435; 139, 295 y otros).

Es patente, entonces, que a la luz de estos principios carece de asidero constitucional una irrazonable exageración del impuesto progresivo a la propiedad rural solamente, tendiente a desposeer a sus propietarios para auxiliar a los que no lo son, o a subdividir la tierra para su mejor aprovechamiento colectivo, o para obligar al propietario a disminuir su patrimonio como medio de reducir el impuesto, con provecho propio (sic) y general. Pues si la legislatura de Córdoba considera conveniente que la tierra se divida en beneficio de la colectividad -lo que es de indiscutible conveniencia social- esa alta finalidad puede alcanzarla por medio de la sabia institución legal de la expropiación y de la venta subsiguiente al trabajador -con facilidades de pago- en parcelas de una superficie “para constituir el espacio vital de una familia, que la liberte de las condiciones que no lo permiten ni siquiera formular la idea del hogar propio”, a que se refirió S. S. el Papa en la reciente alocución con motivo del cincuentenario de la encíclica “Rerum Novarum”.

Pero no puede obligarse al propietario, por medio del impuesto, “a que disminuya su patrimonio, como medio de reducir el impuesto”, puesto que ello importa en el hecho una inconstitucional reglamentación del derecho de propiedad en forma distinta a la establecida en el Código Civil, que no limita la superficie, ni el valor de la tierra que una persona pueda poseer. Y esto es así, aun cuando fuera exacta la afirmación que se hizo, de que “el exceso de bienes no sólo origina la molicie sino también el vicio”. Pues sólo el Congreso Nacional podría reglamentar el derecho de propiedad, en forma de que no altere los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución (arts. 67, inc. 11, y 28 de la Constitución). – B. A. Nazar Anchorena.

Fallo del día: Prescripción. Archivo de la causa. Proscripción de la declaración de oficio de la prescripción.

Fallo del día: Prescripción. Archivo de la causa. Proscripción de la declaración de oficio de la prescripción.Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

Partes: A.F.I.P. c. ISEU Industrial S. R. L. s/ Ejecución Fiscal

Fecha de Sentencia: 2013-08-12

La resolución judicial que dispuso el archivo de la causa, invocando la fecha de la sentencia de remate y las normas del art. 56 inc. a) de la ley de procedimiento tributario, que contempla el supuesto de extinción de las obligaciones tributarias por prescripción, y los arts. 3947 y 3951 del Código Civil, debe ser revocada por no resultar conforme a derecho, pues las normas invocadas no resultan aplicables al caso, atento a que debe tenerse en cuenta la proscripción de la declaración de oficio de la prescripción contenida en el art. 3964 del citado código.

2ª Instancia.— Corrientes, agosto 12 de 2013.

Considerando: 1. Que contra el proveído de fs. 34 en el que —invocándose la fecha del dictado de la sentencia de remate y las normas del art. 56 inc. a) de la LPT, que contempla el supuesto de la extinción de las obligaciones tributarias por prescripción, y de los arts. 3947 y 3951 del C. Civil— no se hace lugar a lo peticionado a fs. 33 y se dispone el archivo de la causa, previa descarga en el libro correspondiente, el Fisco interpone recurso de apelación y nulidad —fs. 35—, el que concedido en relación y con efecto suspensivo al folio 36, es fundamentado a fs. 37 y vta., y elevado conforme lo dispuesto a fs. 38.

2. La recurrente afirma que el juez a quo omitió aplicar lo dispuesto en el art. 3964 del C. Civil que establece que la prescripción no puede suplirse ni declararse de oficio, y considerar los actos interruptivos que surgen de las constancias obrantes a fs. 33, entre otros. Cita jurisprudencia relacionada al punto.

Afirma que la ejecución fiscal o cualquier acto judicial tendiente a obtener el pago de la obligación tributaria interrumpe su curso según lo prescripto en el art. 67 inc. c) de la Ley 11.683.

Formula reserva del Caso Federal. 3. Examinados los agravios vertidos en el memorial de agravios, lo decidido en el proveído de fs. 34 y las constancias procesales de autos, el Tribunal se encuentra en condiciones de adelantar que el acto jurisdiccional cuestionado debe ser revocado en todos sus términos por no ser conforme a derecho. Si bien la cuestión no resiste mayor análisis, cabe precisar que las normas invocadas por el juez a quo —art. 56 inc. a) de la LPT y arts. 3947 y 3951 del Cód. Civil— contemplan supuestos que no son los que se configuran en autos, asistiendo razón a la impugnante en torno a su inaplicabilidad como asimismo respecto de la proscripción de la declaración de oficio contenida en el art. 3964 del mismo código de fondo, debiendo revocarse “in totum” el acto jurisdiccional atacado y continuar el trámite según su estado.

Por todo ello, se resuelve: 1) Revocar el acto jurisdiccional dictado a fs. 34 por no resultar conforme a derecho, debiendo continuar la causa según su estado.  El Acuerdo que antecede fue suscripto por los Sres. Jueces que constituyen mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 del Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del RJN) por encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta G. Sotelo de Andreau.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Selva Angelica Spessot. — Ramón Luis González