Jornada 150° Aniversario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

A man walks up the stairs of Greece's National Archaeological Museum in central Athens
AUDITORIO MONSEÑOR DERISI, UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, Campus Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina
12 de Noviembrede 2013

PROGRAMA
14.00 hs: Acreditación

14.30 hs: Apertura
Marcelo de Jesús(FORES)
EugenioPalazzo (UCA)

15.00 hs:Panel La Corte Suprema en la Historia
Expositores:Enrique V. del Carril, Alfonso Santiago y Arturo Pellet Lastra. Moderador: Máximo Fonrouge

16.00 hs: Coffee Break

16.15 hs: Panel La Corte Suprema y el Federalismo
Expositores:Juan Domingo Sessin, Luis Lozano y Luis María Cabral.
Moderador:Enrique RodríguezQuiroga

17.30 hs: Panel El RolInstitucional de la Corte Suprema
Expositores:Susana Cayuso, Alberto Bianchi y DaniloRojas Betancourt
Moderadora:Cecilia Recalde

19.00hs: Cierre
Alfredo Vitolo

19.30 hs: Cocktail

ORGANIZAN
organizan

Fallo del día: Prescripción. Ejecución fiscal.

Doctrina del día: Prescripción. Ejecución fiscal.Partes: A.F.I.P. c. Marincioni Víctor S.A. s/ ejecución fiscal

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

Fecha de Sentencia: 2013-08-12

La resolución judicial que no hizo lugar a lo peticionado por el Fisco, invocando la fecha de la sentencia de remate y las normas del art. 56 inc. a) de la ley de procedimiento tributario, que contempla el supuesto de extinción de las obligaciones tributarias por prescripción, y los arts. 3947 y 3951 del Código Civil, debe ser revocada por no resultar conforme a derecho, pues las normas invocadas no resultan aplicables al caso, atento a que debe tenerse en cuenta la proscripción de la declaración de oficio de la prescripción contenida en el art. 3964 del citado código de fondo.

2ª Instancia.— Corrientes, agosto 12 de 2013.

Considerando: 1. Que contra el proveído de fs. 18 en el que —invocándose la fecha del dictado de sentencia de remate y las normas del art. 56 inc. a) de la LPT, que contempla el supuesto de la extinción de las obligaciones tributarias por prescripción, y de los arts. 3947 y 3951 del C. Civil— no se hace lugar a lo solicitado por el Fisco a lfs. 16 y 17, dicha parte interpone recurso de apelación y nulidad —fs. 19—, el que concedido en relación y con efecto suspensivo al folio 20, es fundamentado a fs. 21 y vta., y elevado conforme lo dispuesto a fs. 22. 2. La recurrente afirma que el juez a quo omitió aplicar lo dispuesto en el art. 3964 del C. Civil y considerar los actos interruptivos existentes en autos.

Cita jurisprudencia relacionada con la imposibilidad de declarar y suplir de oficio la prescripción.

Afirma que la ejecución fiscal o cualquier acto judicial tendiente a obtener el pago de la obligación tributaria interrumpe su curso según lo prescripto en el art. 67 inc. c) de la Ley 11.683.

Formula reserva del Caso Federal.

3. Examinados los agravios vertidos en el memorial de agravios, lo decidido en el proveído de fs. 18 y las constancias procesales de autos, el Tribunal se encuentra en condiciones de adelantar que el acto jurisdiccional cuestionado debe ser revocado en todos sus términos por no ser conforme a derecho.

Si bien la cuestión no resiste mayor análisis, cabe precisar que las normas invocadas por el juez a quo —art. 56 inc. a) de la LPT y arts. 3947 y 3951 del Cód. Civil— contemplan supuestos que no son los que se configuran en autos, asistiendo razón a la impugnante en torno a su inaplicabilidad como asimismo respecto de la proscripción de la declaración de oficio contenida en el art. 3964 del mismo código de fondo, debiendo revocarse “in totum” el acto jurisdiccional atacado y continuar el trámite según su estado.

Por todo ello, se resuelve: 1) Revocar el acto jurisdiccional dictado a fs. 18 por no resultar conforme a derecho, debiendo continuar la causa según su estado.  El Acuerdo que antecede fue suscripto por los Sres. Jueces que constituyen mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 del Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del RJN) por encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta G. Sotelo de Andreau.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Selva Angelica Spessot. — Ramón Luis González

Doctrina del día: Contrato administrativo. Empleados públicos. Locación de Servicios.

Doctrina del día: Contrato administrativo. Empleados públicos. Locación de Servicios. Título: Agentes contratados por la Administración

Autor: Gallegos Fedriani, Pablo O.

Publicación: LA LEY 2011-E-1280

Sumario: I. Principios generales.- II. Problemática.- III. Precedente “Ramos”.- IV. Precedente “Sánchez”.- V. Caso “Cerigliano”.

I. Principios generales

Es público y notorio que los empleados públicos llamados “de planta” gozan del principio de inamovilidad consagrado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, siempre que dure su buena conducta y no haya razones para el cese de la relación de empleo público.

Resulta evidente que en estos casos no se trata de una relación entre empleado y empleador regida por el derecho laboral, sino regida por el derecho público, en el cual el empleador es el Estado Nacional, provincial o municipal y el empleado es un funcionario o agente público.

Se discute tanto en la doctrina nacional como extranjera, si se trata de un contrato o de una situación estatutaria, pero en ambos casos lo cierto es que su régimen es propio y los conflictos que de él deriven no corresponde que sean dilucidados por ante la justicia del trabajo, sino por ante la justicia en lo contencioso administrativo correspondiente (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincial o nacional).

Los agentes contratados son aquellos que el Estado Nacional, provincial o las municipalidades llaman a cumplir tareas por fuera de la planta permanente y que por lo tanto no gozan de la estabilidad propia de los empleados públicos. (1)

Estos contratos suelen calificarse como contratos administrativos en términos genéricos o como contratos de locación de obra o de servicio, pero en todos los casos no les resulta aplicable, por principio, ni la legislación laboral ni el estatuto propio del empleado público.

De tales hechos deviene la consecuencia de que carecen, en principio, de la protección de las leyes laborales y de la protección propia del empleado público estatutario.

Se trata en general de contratos a término, generalmente de un año, donde se determina que cualquiera de las partes dentro del año puede con un plazo previo de 30 días dar por rescindido el contrato que las une sin derecho a indemnización alguna.

II. Problemática

El problema de estos contratos es que se perpetúan en el tiempo y nace en el empleado la pretensión de la continuidad y la idea de sentirse incorporado al régimen estatutario del empleado público.

Suele pasar, luego de un tiempo más que extenso, que el Estado rescinde el contrato y prescinde de la labor del empleado sin que éste le haya dado ningún motivo y por meras razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no debiendo indemnización alguna; ya que el empleado, según el contrato suscripto y renovado anualmente durante largos años en los términos de los arts. 1197 y 1198 del Código Civil, aceptó esas condiciones contractuales. (2)

Frente a ello, se entendió que o bien estaban protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo o bien estaban protegidos por el estatuto del empleado público.

En el primero de los casos se exigía el pago de la indemnización por despido injustificado, con más vacaciones no gozadas y la parte correspondiente al S.A.C. y demás requerimientos propios del derecho laboral.

En el segundo de los supuestos, pretendían las partes o bien una indemnización por daños y perjuicios por haber sido despedidos sin motivo o bien su reincorporación como empleados de planta permanente.

En el precedente “Madorrán, Marta C. c. DGA”, con fecha 03/05/2007 la C.S.J.N., en el cual la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo había hecho lugar a la reincorporación de una empleada de la D.G.A., sienta el precedente por el cual la estabilidad del empleado público preceptuado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que el empleado no pudo válidamente ser segregado sin invocación de una causa justificada y razonable de manera que su reclamo de reinstalación resulta procedente. Asimismo, declara nulo e inconstitucional el art. 7 del convenio colectivo 56/92 “E” según el texto dispuesto por el laudo 16/92 del M. de Trabajo y Seguridad Social, en la medida en que impedía que el art. 14 bis de la C.N. produzca los efectos mencionados.

Mas este leading case no es propio de la cuestión en debate, en la medida en que se trataba de un empleado público cuyo derecho a la estabilidad había sido desconocido por un convenio colectivo de trabajo que le resultaba aplicable y transformaba en no operativo el principio de estabilidad del empleado público y la imposibilidad de removerlo, salvo previo sumario.

De allí se comprende que la C.S.J.N. ordene la reincorporación y la nulidad del correspondiente Convenio Colectivo de Trabajo y de su laudo correspondiente.

Insistimos: no se trata en este caso de alguien que no fuese empleado público de carácter estatutario, sino de alguien que, siéndolo por una norma de categoría inferior, se vio privado de su derecho a la estabilidad.

III. Precedente “Ramos”

A los fines de clarificar la cuestión, debe precisarse que en el caso el Sr. José Luis Ramos había firmado un contrato con la Armada Argentina y la sentencia de la Cámara Federal de La Plata había revocado la sentencia de primera instancia por entender que el contrato oportunamente firmado no preveía indemnización alguna en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así también que el mero transcurso del tiempo y las prórrogas y renovaciones de un contrato no pueden trastocar de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente no permanente.

Según adujo el actor, su relación laboral con la demandada (no debe entenderse como relación regida por el Derecho Laboral, sino como un contrato administrativo sui generis), se extendió sin solución de continuidad durante 21 años hasta que se dispuso la rescisión del contrato de locación de servicios.

El dictamen de la Procuradora ante la C.S.J.N., Dra. Laura Monti, siguiendo la jurisprudencia tradicional de la C.S.J.N., entiende que el vínculo que mantuvo el actor con la Armada Argentina se encontraba regido por el dec. 4381/73 que aprueba el Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas, y su reglamentación, cuyas normas prevén el ingreso de agentes mediante la celebración de un contrato de locación de servicios personales con el organismo respectivo que puede tener una duración máxima de 5 años, disponiendo que la rescisión del contrato puede ser por cualquiera de las partes, no teniendo derecho a indemnización o pago alguno fundado en la rescisión, falta de preaviso, despido o cualquier otro concepto.

Concluye entonces la Sra. Procuradora Fiscal que rigiéndose la relación por un contrato de locación de servicios propio del Derecho Público no le es aplicable al actor la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175).

En contra de lo dictaminado por la Sra. Procuradora Fiscal, la C.S.J.N. determinó que le correspondía al Sr. Ramos una indemnización.

Para llegar a tal conclusión fincó su decisorio en la legislación aplicable que determinaba que el ingreso de los agentes se hacía mediante un contrato de locación de servicios por un plazo máximo de 5 años; sin conferirle estabilidad en el empleo.

Sin perjuicio de ello, entiende nuestro máximo tribunal que el vínculo laboral que mantuvo el actor con el Estado Nacional por un lapso de 21 años no puede ser válidamente encuadrado en el régimen de contratación antes descrito que preveía un plazo máximo de 5 años.

A ello agrega la C.S.J.N. que del legajo personal (3) del Sr. Ramos resulta que sus tareas carecían de la transitoriedad que supone el mencionado régimen de excepción; que era calificado y evaluado en forma anual, que se le reconocía la antigüedad en el empleo y que se beneficiaba con los servicios sociales de su empleador.

Por ello concluye la C.S.J.N. que existió desviación de poder desde que se utilizó una figura jurídica autorizada legalmente para casos excepcionales cuando se entiende que se encubrió una designación permanente.

De allí deriva que el comportamiento del Estado Nacional tuvo aptitud para generar en el Sr. Ramos una legítima expectativa de permanencia que merece la protección que el art. 14 bis de la Constitución Nacional le otorga al trabajador contra el “despido arbitrario”.

Y agrega: “Por ese motivo, cabe concluir que la demandada ha incurrido en una conducta ilegítima que genera su responsabilidad frente al actor y justifica la procedencia del reclamo indemnizatorio”.

En síntesis, no puedo sino concluir que la C.S.J.N. en este caso ha reconocido el derecho a la indemnización del actor por un accionar ilegítimo del Estado en los términos genéricos por los cuales se reconoce la responsabilidad por accionar ilegítimo de la Administración.

Sin perjuicio de ello, la C.S.J.N. deja bien en claro que la solución propuesta no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, por lo que éste no puede solicitar su reincorporación al empleo ni la aplicación de un régimen laboral específico para el cálculo de la indemnización que le corresponde. (4)

En términos sencillos no se puede reincorporar a quien nunca estuvo incorporado ni se puede pagar una indemnización propia de la relación del Derecho Laboral que nunca existió.

A mayor abundamiento la C.S.J.N. se refiere a que no puede crearse un nuevo cargo pasando por encima de lo que le corresponde al Congreso autorizar anualmente en el presupuesto general, (5) como así también que no podría ingresar por vía de una sentencia de manera contraria a lo que la ley de la función pública determina un nuevo agente permanente.

Así el Tribunal encontrando la solución en el ámbito del derecho público y del administrativo hace aplicación analógica del artículo 11 de la Ley marco de regulación del Empleo Público, la que, entiende, resulta una medida equitativa para reparar los perjuicios demostrados por el actor en este caso.

A mi entender las conclusiones o enseñanzas que caben extraer de este fallo son las siguientes: 1. El actor se desempeñó en el ámbito de la Armada Argentina a través de un contrato de locación de servicios; 2. tal contrato estaba en principio regido por el Decreto 4381/73, que expresaba que su plazo máximo era de 5 años; 3. que al desempeñarse el actor durante más de veinte años no podía entenderse que el Decreto antes citado le resultaba aplicable existiendo por parte de la Armada Argentina una desviación de poder calificada como conducta ilegítima; 4. que tal conducta ilegítima crea la obligación de reparar los daños causados; 5. que tal reparación no puede ser nunca la reincorporación del actor al cuadro permanente de empleados públicos, ya que para ello resulta necesario que esté previsto en el presupuesto y ello es facultad propia del Congreso Nacional; 6. que el transcurso del tiempo no ha transformado la naturaleza misma del contrato, que se rige por el derecho público y el derecho administrativo; y no por el derecho laboral. Asimismo, otras conclusiones extraíbles son: 7. que no le corresponde la indemnización propia del derecho laboral; 8. que no existiendo norma específica para cuantificar la indemnización cabe por analogía utilizar el artículo 11 de la Ley marco del Empleo Público Nacional y, por último, 9. el comportamiento del Estado Nacional tuvo aptitud para generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución nacional otorga al actor contra el despido arbitrario.

A mi modo de ver en forma alguna se puede entender que el fallo “Ramos” implica que toda persona contratada por el Estado mediante los tipos de contratos a los que ya hemos hecho referencia en el acápite I deban ser indemnizados cuando se rescinde el contrato por parte del Estado Nacional, que el transcurso del tiempo tampoco lo transforma en personal permanente y que no resulta que el paso del tiempo transforme al contrato en una relación de empleo público.

IV. Precedente “Sánchez”

En la misma fecha del fallo “Ramos” la Corte Suprema dictó el fallo “Sánchez, Carlos Próspero c. la Auditoría General de la Nación”; aquí la Procuración General de la Nación dictaminó en igual sentido que lo había hecho en el caso “Ramos”, por cuanto la sentencia apelada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había condenado a la Auditoría General de la Nación por diferencias salariales, indemnización por despido incausado y multas por considerar que los sucesivos contratos de locación de servicios que había suscripto el actor con la demandada encubrían un fraude laboral.

Así entendió la Dra. Laura Monti que asistía razón a la recurrente (AGN) cuando sostiene que el vínculo que mantuvo con el actor estaba regido por normas del derecho público, administrativo en la especie, toda vez que tanto el contrato original como sus renovaciones encontraron amparo en el régimen especial de contratación de personal especializado de la ley 11.672 (Adla, 1920-1940, 296) Complementaria Permanente de Presupuesto, reglamentado por el decreto 92/95 (Adla, LV-C, 3660) y las normas propias de la AGN.

De tal modo concluye que corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto acogió la demanda del actor sobre las bases de la ley del contrato de trabajo que, como se vio, no son las que rigen el caso.

La C.S.J.N. al analizar la situación fáctica entiende que la conclusión de la Cámara no tiene sustento en la prueba producida ni tampoco tiene en cuenta las normas específicas que regulan el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. En ese sentido señala que el hecho de que Sánchez realizara tareas típicas de la actividad de la A.G.N. no resulta suficiente, por sí solo, para demostrar la existencia de una desviación de poder para encubrir, mediante la renovación de sucesivos contratos a término, un vínculo de empleo permanente.

De tal forma destaca que las circunstancias de este caso difieren sustancialmente de las discutidas y resueltas en el fallo “Ramos” ya analizado, en la medida en que en este caso la actora no ha logrado acreditar que la A.G.N. haya utilizado figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales con la desviación de poder consistente en encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado.

En síntesis; y a mi entender, aquí la C.S.J.N. reitera el hecho de que se trata de una relación de derecho público; especialmente administrativo y que son las circunstancias de hecho y las pruebas de la causa las que puedan demostrar una desviación de poder en el sentido de utilizar figuras jurídicas especiales para encubrir una relación laboral de empleo permanente.

De allí se deduce que si no ha existido tal desviación de poder, no hay accionar ilegítimo de la Administración y por ende el consiguiente deber de reparar el daño.

Tales afirmaciones surgen del hecho de que la C.S.J.N. revoca una sentencia de la Cámara Laboral que le reconoce a Sánchez la indemnización propia del derecho específico de trabajo.

V. Caso “Cerigliano”

El 19 de abril de 2011, en el caso “Cerigliano, Carlos Fabián c. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad Polivalente de Inspecciones ex Dirección General de Verificación y Control” se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que, a través de su Sala IV, expresó que no resultaba admisible sostener que la relación del empleo se hallara regida por la ley laboral común, lo que obstaba al progreso de la acción.

En el caso concreto se trataba de un particular que había suscripto diversos contratos de locación de servicios con la demandada para la prestación de tareas como operario, contrato que se fue renovando por varios años hasta que se le negó la posibilidad de trabajar.

Entiende aquí la C.S.J.N. que corresponde en este caso determinar el alcance consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, anticipando que el antecedente “Ramos” es de indiscutible aplicación del caso, de modo tal que a la luz de sus enunciados deberán ser valoradas las cuestiones de hecho y pruebas propias de este pleito.

Así concluye que la ratio decidendi alcanza a todos los trabajadores que se encuentren ligados por un vínculo como el considerado en este precedente ya sea con la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es por ello que la C.S.J.N. dispone que los jueces de la causa examinen el material fáctico de la litis a la luz del precedente “Ramos” (6) sin soslayar que, en su caso y de corresponder el modo de reparar los perjuicios que se hubiesen irrogado al actor, han de encontrarse en el ámbito del derecho público y administrativo.

Vuelve aquí a reiterar el Supremo Tribunal que el fuero competente era el Contencioso Administrativo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y no la justicia nacional del trabajo por tratarse; valga la reiteración, de un supuesto regulado por el derecho público administrativo y no por la ley del contrato de trabajo.

En síntesis, la Corte clarifica aquí y amplía la doctrina del precedente “Ramos”, entendiendo que siempre que se utilice una institución jurídica no cabe estar al nombre que le hayan puesto las partes, (7) sino a la intención que ellas tuvieron; comprendo que cuando lo que se trata es de encubrir una relación de empleo público, el despido del agente debe ser indemnizado, no por la ley de contrato de trabajo, sino por una indemnización que debe ser razonable, que garantice el principio de suficiencia y que se base en el derecho público, sobre la existencia del principio ya mencionado del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Reitero: los precedentes citados no transforman por sí a quien tiene un contrato temporario con la Administración (aun cuando haya durado mucho tiempo) en empleado público de planta permanente, (8) lo que no le da derecho a su reincorporación. (9) (10)

Tampoco lo transforma en un empleado que tenga la estabilidad regulada por la ley de contrato de trabajo y su correspondiente indemnización para el supuesto de despido injustificado.

La competencia no es de la justicia nacional del trabajo, sino de la contenciosoadministrativa.

El contrato es de derecho público administrativo.

Sin perjuicio de ello, y siempre que las circunstancias de la causa acrediten la desviación de poder, deberá el Estado Nacional, provincial o las municipalidades pagar la indemnización correspondiente por aplicación —como ya se dijo— de las normas propias del derecho público.

Hasta aquí entiendo que es donde se puede llegar en el análisis de la evolución que ha sufrido la institución.

Por ende es desaconsejable iniciar demandas de este tipo ante el fuero laboral, que es incompetente; pretender la indemnización de la ley de contrato de trabajo (que no regula el caso); solicitar la reincorporación, ya que el transcurso del tiempo no transforma al empleado transitorio en permanente.

Sólo sería procedente —si las circunstancias fácticas acreditadas en la causa lo permiten— requerir una indemnización propia del derecho público basada en el accionar ilegítimo de la Administración, que ha practicado una desviación del poder al utilizar figuras jurídicas desacertadas para el fin perseguido.

(1) Al respecto recomiendo especialmente, para lograr un acabado entendimiento de la figura jurídica de que se trata, acudir a los comentarios hechos al artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, 25.164 (Adla, LIX-E, 5252) en “Régimen del Empleo Público en la Administración Nacional. Ley Marco de regulación de empleo público nacional aprobado por la Ley 25.164 y reglamentación aprobada por decreto 1421/2002 (Adla, LXII-D, 4078), comentados y anotados con remisión al Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por decreto 66/1999”, cuyo director es el Dr. García Pullés con los Dres. Bonpland y Ugarte como colaboradores.

(2) Adelanto que en un momento se había receptado la imposibilidad de impugnación ulterior atento a este sometimiento voluntario, pero tal razonamiento fue descartado con el caso “Ramos” como también “Leroux de Emede” y “Cestelluccio”, dejando de lado el criterio establecido en “Gil” que remite al caso “Filgueira” el que remite a su vez al caso “Díaz”.

(3) Quisiera llamar particularmente la atención a este detalle, el del Tribunal acudiendo y expresando manifiestamente la utilización de la documentación agregada a la causa como prueba, pues esto será de utilidad luego al analizar el precedente “Sánchez”

(4) A igual conclusión arribó en los Fallos 310:1390; 312:245; 327:3735; 327:3677; 327:4607; 330:1989.

(5) En este sentido no son pocos los que han sostenido que dado que la erogación por parte de la Administración se realiza, tanto sea respecto de un empleado público de planta permanente como de un empleado contratado, este argumento no prosperaría. Al respecto no quisiera dejar de señalar que el número máximo de personal contratado es establecido anualmente por el Congreso en la Ley de Presupuesto; la procedencia de este argumento no es simplemente económica, sino que obedece a cuestiones de legalidad, por lo que equiparar las erogaciones no resulta, en modo alguno, suficiente para rebatir la exigencia legal de que la partida presupuestaria y el control y la disposición legislativos que se ejerce mediante ella se vean satisfechos.

(6) Recordamos el especial énfasis que le dio la C.S.J.N. a la cuestión fáctica, especialmente en “Ramos”, como lo destaca la Dra. Miriam Ivanega en “Primeras reflexiones sobre un fallo cauteloso”, La Ley 2010-B, 659, y como se adelantara en la nota n° 3 del presente artículo.

(7) Lo estableció aquel Tribunal claramente tanto en “Ramos” como en el precedente aquí en análisis: no es el nomen iuris utilizado de lo que se valió la C.S.J.N. para esclarecer la cuestión, sino de la realidad material, de conformidad a los extremos de la prueba a los que hace referencia la anterior nota al pie de página.

(8) De ahí que, como lo definiera lúcidamente la Dra. Ivanega en su artículo ya citado, “Reincorporar es volver a…, es decir, supone un lugar previo que se vuelve a ocupar”, que, de conformidad a lo que ya explicamos, el demandante nunca ocupó un cargo permanente como empleado público, sino uno temporal y con un supuesto término cierto, por lo que no tenía “un lugar a donde volver”.

(9) Conforme lo expusiera oportunamente el Dr. Jorge Rodríguez Manzini en “Los “contratados” en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia”, en LA LEY, 2010-C, 13, la posibilidad de reincorporar al demandante fue descartada por la C.S.J.N., en tanto que imponer la reincorporación significaría alterar las condiciones del presupuesto general de gastos de la Administración nacional, lo que está prohibido en el art. 75 inc. 8″ de la Constitución Nacional.

(10) En sentido contrario resulta ilustrativo el artículo del Dr. Rubén Weder, “El empleo público en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública de septiembre de 2011, Año XXXIII-396, Buenos Aires, Argentina.

Fallo del día: Asignación Mensual Vitalicia.

Fallo clásico: Cobo de Macchi Di Cellere, Dolores c. Provincia de Córdoba. Partes: M. O’C., E. J. A. c. Estado Nacional Ministerio de Desarrollo Social resol.3085/04, 219/05 (dto. 1319/05) s/ proceso de con

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha de Sentencia: 2013-10-01

La suspensión del trámite de la causa —decretada de oficio— que persigue el restablecimiento del beneficio previsional establecido por la Ley 24.018 respecto de un exmagistrado de la Corte Suprema, hasta tanto se resuelva la denuncia planteada por aquél ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra su destitución por juicio político, constituye una dilación del proceso que lesiona el derecho de defensa y provoca una denegación de justicia que no puede ser mantenida.

Si en la causa, un exmagistrado de la Corte Suprema pretende que restablezca la percepción de la asignación prevista por la ley 24.018, y existe una denuncia formulada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual cuestionó su remoción por juicio político, la decisión que suspendió el trámite del proceso a resultas de la decisión del organismo internacional debe ser revocada, pues no existe posibilidad de contradicción entre los eventuales pronunciamientos que podrían dictarse, a efecto de la pretendida prejudicialidad —art. 1101 Cód. Civil— a la que, por analogía, aludió el a quo en su decisión.

La decisión que dispuso suspender el trámite de la causa en la que un exmagistrado de la Corte Suprema solicitó que se dejen sin efecto las resoluciones que revocaron la pensión vitalicia que se le otorgara en los términos de la Ley 24.018, hasta tanto se resuelva la denuncia planteada por aquél ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra su destitución por juicio político debe ser equiparada a sentencia definitiva a efectos de la procedencia del recurso extraordinario, pues, conlleva una injustificada postergación en la definición de la cuestión litigiosa y se erige en un claro impedimento a la prosecución del proceso.

Dictamen de la Procuración General de la Nación:

Suprema Corte:

— I —

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al entender en la controversia relativa a la revocación de la asignación vitalicia que le fuera reconocida al actor en su carácter de ex-Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley n° 24.018), suspendió el trámite de las actuaciones hasta tanto se resuelva la denuncia radicada por el pretensor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vinculada con los pormenores de su destitución por el procedimiento de juicio político, por valorar que ella traduce una cuestión prejudicial respecto de la causa en estudio (arts. 1101, C. Civil y 61 y 68, inciso 1°, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y Fallos: 327:5668, entre otros).

Invocó para así decidir, en suma, la necesidad de evitar eventuales decisiones contrapuestas entre los tribunales nacionales y los organismos internacionales contemplados en el Pacto de San José de Costa Rica (Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos), de tutelar la garantía constitucional de la cosa juzgada, de proteger la efectividad de los fallos del tribunal y de contar con todos los elementos de juicio necesarios para resolver la cuestión con arreglo al principio de la verdad jurídica objetiva (cfr. fs. 293/304 y 418/419).

Dicha resolución, impugnada vía revocatoria por el actor, fue confirmada por la Sala con apoyo en el carácter definitivo que reviste, insusceptible de reposición por contrario imperio. Arguyó la a quo, además, la insuficiencia crítica del recurso y que la independencia entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los jueces locales no es absoluta a la luz de la jurisprudencia de la Corte, máxime cuando las pretensiones están evidentemente vinculadas.

Finalizó alegando que la tutela judicial efectiva y la defensa en juicio no pueden prevalecer sobre el imperativo constitucional de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, más aun, cuando el tenor alimentario del beneficio permanece incólume al no mediar un fallo sobre el fondo de la pretensión, y que la prejudicialidad no reviste carácter sancionatorio sino procesal y procura resguardar y conciliar razonablemente los derechos, garantías y principios comprometidos en el caso (v. fs. 422/430 y 432).

La actora dedujo recursos extraordinarios contra las decisiones reseñadas, los que fueron replicados y concedidos con apoyo en que las sentencias impiden la continuación del pleito, involucran la inteligencia de normas federales —arts. 61 y 68 de la CIDH— y resultan contrarias a la pretensión que el apelante sostiene en las actuaciones (fs. 433/452, 455/475, 482/483 y 485).

— II —

La actora argumenta, en primer término, que la decisión de la a quo lesiona en forma irreparable su patrimonio y le veda, durante un lapso que puede estimarse en años, el acceso oportuno a la justicia, a fin de reclamar la tutela de los derechos constitucionales que considera menoscabados. Hace hincapié en que al suspender de oficio la causa, sine die, la Sala obliga al actor a esperar indefinidamente que revise una sentencia de primera instancia, en el marco de un litigio dirigido a obtener la restauración de un derecho previsional, de tenor alimentario.

Postula que existe cuestión federal suficiente en tanto se debate el alcance de los derechos de defensa en juicio y de acceso a la justicia y el de la tutela de los beneficios previsionales, así como la vinculación entre la jurisprudencia nacional y los pronunciamientos de los organismos internacionales, en particular, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Justicia (arts. 14 bis, 17, 18, 27, 33 y 75, inc. 22, de la C.N.).

Rechaza que la jurisdicción internacional pueda instituirse como un supuesto de prejudicialidad para los tribunales locales y que ello emerja de la supuesta obligatoriedad de acatar las directrices de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que expresa que el temperamento contrario de la sentenciadora es incompatible con los artículos 18, 75, inc. 22, y 116 de la Ley Suprema, y 8, 25 y 46, punto 1, apartado a), del Pacto de San José de Costa Rica y no resulta convalidado por la aplicación analógica de una regla excepcional como el artículo 1101 del Código Civil, según se deriva de Fallos: 287:248 y 330:2975.

Refiere, con cita de jurisprudencia, que la suspensión indefinida de un pleito, a resultas de la denuncia tramitada en otra sede, configura una dilación contraria al derecho de defensa y constitutiva de una denegación de justicia. En ese plano, detalla que se vio privado de su beneficio en el año 2004 y que el trámite completo de su queja, en sede internacional y local, insumirá razonablemente otros diez años, hasta que se resuelva, por fin, acerca de su derecho provisional.

Aduce, asimismo, que llevado el razonamiento de la a quo al extremo no debió ejecutarse la destitución del cargo de ministro de la Corte Suprema, decidida por el Senado Nacional, hasta tanto se resolviese la denuncia planteada a la Comisión Interamericana, y el Poder Ejecutivo debió abstenerse de revocada pensión vitalicia hasta tanto se zanjara dicha instancia.

Acusa, por otra parte, que la resolución atacada transgrede el artículo 116 de la Carta Magna, desde que importa una renuncia de los jueces nacionales a expedirse sobre la inteligencia y validez de normas constitucionales y federales, al tiempo que hace notar que el Pacto de San José de Costa Rica exige que, previo a efectuar una denuncia, el interesado agote los recursos en sede interna, lo que demuestra que la justicia nacional debe ejercer de manera acabada su jurisdicción, sin que pueda esgrimirse ninguna supuesta prejudicialidad internacional.

En otro orden, el actor alega que las pretensiones deducidas en ambas sedes son distintas y que no existe riesgo de sentencias contradictorias, toda vez que la denuncia internacional, tras haber agotado los recursos previstos en el orden local, objeta la validez de la decisión destitutoria del Senado, promueve la restitución en el cargo de Juez de la Corte y reclama la indemnización pertinente, mientras que en estas actuaciones sólo se pide que se deje sin efecto la revocación de la asignación vitalicia por imperio del artículo 29 de la ley n° 24.018.

Explica que si la protesta internacional es rechazada, conservaran su vigencia los argumentos traídos por el pretensor, y si es aceptada, no implica de manera automática privar de efectos a la decisión del Senado, porque la Corte Interamericana puede establecer otros modos de reparación y la forma de ejecutar lo resuelto dependerá de lo que determine el Estado a través de los Poderes Ejecutivo o Legislativo, además de que ello puede suceder dentro de varios años.

Expone igualmente que se encuentra en debate el alcance que cabe asignar a la garantía a obtener un pronunciamiento jurisdiccional sin dilaciones indebidas, es decir, a la tutela judicial efectiva derivada de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 7, inc. 5°, 8, inc. 1°, y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y normas internacionales concordantes.

En ese orden, el pretensor acusa que la sentencia omite el tenor alimentario y preferentemente tutelado del beneficio y la singular hermenéutica tuitiva erigida en torno a la materia previsional y dificulta el avance de un proceso que tiene por objeto posibilitar al actor impugnar la validez de una resolución administrativa que lo privó de un derecho adquirido en forma regular (arts. 14 bis y 75, inc. 23, C.N.), además de que desconoce la interdicción del artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, en orden a que ni el Tratado ni la actuación de sus órganos pueden erigirse en un argumento para frustrar derechos reconocidos por el propio Pacto.

Adiciona que lo decidido se erige en una suerte de sanción al demandante por haber ocurrido a la instancia internacional, extremo inconciliable con el derecho a la defensa en juicio, máxime, en un supuesto en que se encuentra comprometido el beneficio jubilatorio de un magistrado judicial, vinculado a propósitos de independencia funcional y preservación de las instituciones republicanas.

Dice, por último, que la decisión recurrida se aparta del principio hermenéutico pro homine, connatural a los tratados internacionales, y del impulso hacia la progresividad en materia de derechos humanos, privilegiando una supuesta congruencia jurisprudencial —que no es tal— por sobre el derecho del individuo a acceder a la justicia en defensa de su derecho previsional (v. fs. 433/452).

— III —

En la segunda apelación federal, dirigida contra la denegación de la revocatoria intentada contra la resolución suspensiva (cfr. fs. 418/419 y 432), el actor reitera argumentos esgrimidos en su presentación anterior. Puntualiza que toda vez que se cuestiona la validez del artículo 29 de la ley 24.018 a la luz de lo establecido por el artículo 60 de la Constitución Nacional, lo que decida la Corte Interamericana de Justicia no tiene incidencia sobre el curso del proceso.

Agrega que no se discute si existe absoluta independencia entre los tribunales internacionales y los locales, sino que se trata de decidir si es posible paralizar una causa en jurisdicción nacional, a las resultas de lo que se decida en sede internacional, y mantener un beneficio alimentaria en suspenso durante un década bajo la pretensión de que permanecerá incólume.

Tampoco se encuentra comprometida —asegura— la verdad jurídica objetiva que invoca el tribunal, desde que no existe ninguna discusión en torno a los extremos fácticos del caso, a lo que se añade que el art. 1101 del Cód. Civil regula el ejercicio de la jurisdicción respecto de las acciones civiles y criminales relativas a los mismos hechos, pero en manera alguna extiende su aplicación a organismos internacionales que no integran el Poder Judicial de la República.

Niega, asimismo, que la sentencia de fojas 418/419 revista el carácter de una interlocutoria, toda vez que fue expedida de oficio y no estuvo precedida de ninguna clase de sustanciación, y que se verifique la insuficiencia crítica que le imputa la a quo a la revocatoria deducida (v. fs. 455/475).

Interesa destacar que, en oportunidad de contestar el traslado de los recursos extraordinarios, el Ministerio de Desarrollo Social precisó que el tema planteado —que condujo a la suspensión del trámite— no fue introducido por su parte y resulta ajeno a los intereses del Estado Nacional, razón por la cual no advierte que la confirmación o revocación por la Corte Suprema, de lo decidido a fojas 418/419 y 432, le pueda provocar un agravio (cfse. fs. 482-483).

— IV —

El accionante, basado en la inconstitucionalidad o ilegitimidad o inaplicabilidad del artículo 29 de la ley 24.018, promovió demanda persiguiendo que se dejen sin efecto las resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social 3085/2004 y 219/2005 y el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1319/2005, que rechazó el recurso de reconsideración, con jerárquico en subsidio, interpuesto contra las anteriores, en cuanto lo privaron de su prestación previsional mensual.

Solicitó, en definitiva, que se declare vigente la resolución de la ex Secretaría de Desarrollo Social 2558/98 por la que se le confirió la asignación vitalicia del Capítulo I de la ley 24.018, en su carácter de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se ordene el pago de los beneficios caídos, con intereses y costas (cfse. fs. 2/36, 39/40, 43/45, 51/52 y 75/76; copia del expediente administrativo, a fs. 82/214, y expediente acompañado al principal).

El juez de primera instancia, por entender que no existen hechos contendidos que ameriten la apertura a prueba y acogiendo la petición del actor, declaró la causa de puro derecho, sin perjuicio de librar los oficios solicitados por la demandada (cfr. fs. 235, 236, 243, 245 y 292).

A su turno, dictó sentencia rechazando el reclamo por ponderar, en suma, que: a) el Presidente, el Vicepresidente y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias del capítulo I de la ley 24.018 a partir del cese en sus funciones, ya que previamente contaban con un derecho en expectativa (art. 1°); b) los ministros de la Corte Suprema pueden acogerse al beneficio habiendo desempeñado el cargo cuatro años —como mínimo— y contando con sesenta y cinco años de edad, o bien acreditando treinta años de antigüedad en el servicio o veinte años de aportes en el régimen de reciprocidad, pero el derecho queda perfeccionado al producirse el cese en el cargo, siempre y cuando no hayan sido destituidos por juicio político motivado por su mal desempeño (arts. 2, 3 y 29); c) el cese regular del cargo comporta una condición sine qua non para el reconocimiento del derecho jubilatorio, en paridad de grado con las restantes de la ley 24.018, y constituye un preconcepto caracterizar el artículo 29 como una sanción; d) la resolución 2558/98 otorgó al pretensor un derecho en expectativa, luego de que acreditara dos de los requisitos para acceder a la pensión, y la resolución 3085/04 revocó la expectativa por la falta del tercer y último recaudo, sin incurrir en contradicción; e) el cargo desempeñado da fundamento a la asignación especial y la remoción implica la pérdida del supuesto fáctico que justifica el régimen diferencial; f) el actor perdió la pensión vitalicia porque dejó el estado de juez, pero no se lo relega previsionalmente ni se soslaya el valor de sus aportes, sino que pasa al sistema general de la ley 24.241; g) el actor no demuestra que el artículo 29 de la ley 24.018 incurra en discriminación al distinguir las situaciones de renuncia y remoción por mal desempeño u otra causal, y la condición de los jueces de la Corte de la de otros funcionarios; h) el artículo 29 de la ley 24.018 pretende impedir el acceso al régimen especial a los jueces que han sido destituidos de sus cargos, sin importar la causal, ya que el mal desempeño se encuentra incluido en los restantes motivos de remoción (arta 53, 60 y 110, C.N.); i) el actor no acredita la existencia de confiscación pues la resolución 2558/98 le confirió un derecho en expectativa que no integró su patrimonio y que, por tanto, pudo ser revocado sin detrimento de su propiedad, a lo que se agrega que subsiste incólume su derecho en el marco de la ley 24.241; y, j) la resolución atacada y los actos confirmatorios fueron dictados por los órganos competentes —dec. 357/02— y se encuentran causados y motivados en los hechos —remoción— y el derecho vigente —art. 29, ley 24.018— (v. fs. 293/304).

Apelada la decisión por el actor y sustanciado el recurso, tras haber ordenado la a quo el pase de los autos a sentencia (fs. 306, 315/397, 399/407, 409/411 y 412), requirió al interesado, como una medida para mejor proveer —art. 36, CPCCN— que informe si inició un procedimiento ante la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y, en su caso, el objeto de la petición, el estado actual del trámite y los datos para su individualización (cfse. fs. 413).

Respondida afirmativamente la requisitoria por el actor, en punto a que inició un planteo —en estudio ante la Comisión— solicitando la reposición en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el pago de los salarios caídos —trámite P-974/03—, la Sala, según se relató, se expidió suspendiendo el trámite de los actuados, extremo que dio lugar a las presentaciones arribadas a esta instancia extraordinaria (clse. fs. 413, 416, 417, 418/419 y 432).

— V —

Si bien la decisión recurrida no configura una sentencia definitiva en los estrictos términos del artículo 14 de ley 48, opino, no obstante, que es equiparable a ellas pues, como acepta la propia alzada (v. fs. 485), al suspender el trámite sine die impide la prosecución del proceso indefinidamente e irroga con ello al interesado un perjuicio de imposible o dificultosa reparación ulterior (Fallos: 329:2620; entre otros).

Adviértase en tal sentido que el actor —hoy, de 73 años de edad— fue privado de su beneficio por resolución MDS n° 3085/2004, del 19/10/2004, y que, luego de agotar la vía administrativa, inició la presente causa, a fin de obtener el restablecimiento de su asignación, el 31/03/06 (v. fs, 36).

En consecuencia, habiendo transcurrido casi ocho años desde el dictado de la resolución que —según acusa— quebrantó su derecho previsional, y más de seis años desde el inicio de las actuaciones, lo cierto es que el demandante no logró aún un fallo definitivo sobre la procedencia de su reclamo.

Se suma a ello que, de confirmarse la suspensión decidida por la Sala, el actor verá prolongarse aún más la incertidumbre en torno de su pretensión pues la suerte final de ella quedará sujeta, en los hechos, a lo que en su oportunidad decidan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que, según se desprende de las actuaciones, no se discute en esa sede lo referido a la asignación vitalicia que fuera conferida y más tarde revocada al actor.

En esas condiciones, pondero que se equivoca la sentenciadora al sostener el temperamento explicitado a fojas 418/419 y 432.

Y es que, allende la controversia sobre la naturaleza estrictamente previsional del beneficio del Capítulo I de la ley 24.018, opino que no cabe dudar de su tenor alimentario y, por ello, difícilmente compatible con una postergación indefinida como la resuelta de oficio por la Sala, transcurridos —insisto— varios años de reclamación, primero administrativa y luego judicial.

Recuérdese que, como ha reiterado V.E., los jueces deben actuar con extrema cautela en el tratamiento de beneficios de orden alimentario (cfr. Fallos: 322:2049; 327:3231; entre otros).

Por lo demás, V.E. ha indicado que, si bien la dualidad de procesos originados en el mismo hecho impone, en el plano interno, la postergación de la sentencia con apoyo en el artículo 1101 del Código Civil —al que acude la a quo por analogía—, la prohibición legal que sienta el precepto no es absoluta y debe ceder cuando la suspensión determina una dilación indefinida del litigio que agravia la defensa y provoca una denegación de justicia, tal como aquí argumenta el interesado (cfr. doctrina de Fallos: 287:248; 314:187; 321:1124; 330:2975; etc.).

Repito que el actor ha desandado cerca de ocho años de reclamo en sede local en pos de la reposición de su derecho, y que la alzada considera procedente, so pretexto de una controvertida prejudicialidad, dilatar aún más la indefinición sobre la suerte del beneficio, sin siquiera cerciorarse de que la queja ante los organismos internacionales, tras la sujeción a los procedimientos de rigor, vaya a conocer en breve una respuesta, y pretiriendo que en el subexamine no se verifican los supuestos del art. 1101 del Cód. Civil, ni siquiera por analogía.

En el sublite, por otro lado, el actor aclaró a la Cámara que no intenta obtener la revisión de lo decidido por el Senado en el juicio político que lo destituyó del cargo de Juez de la Corte, aspecto sobre el que se basa la supuesta prejudicialidad y “cuya competencia [al decir de la parte] se encuentra fuera de esta jurisdicción” (fs. 378 y 416), sino que se revoque lo resuelto en sede administrativa con fundamento en el artículo 29 de la ley 24.018 —y contra el texto de los artículos 2 y 3 de la ley y 60 de la Constitución Nacional— y se restablezca su asignación.

Puntualizó, incluso, que las transcripciones parciales de lo decidido a propósito de la destitución tuvieron “… como único fin, resaltar las razones por las cuales el Senado removió al pretensor “con la declaración de que no queda inhabilitado para ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación…”” (v. fs. 389).

El Estado Nacional, por su parte, indicó oportunamente que el planteo dilatorio le resulta ajeno y que, en consecuencia, su suerte final no le irrogará ningún agravio (cfse. fs. 482/483), de lo que se infiere que no percibe ninguna amenaza a su derecho de defensa o al debido proceso, en el caso de un pronunciamiento de la alzada, sin más, sobre el fondo de la cuestión.

En las condiciones descriptas, considero que el fallo de la Cámara desatiende, sin proveer razones válidas para ello, los extremos y principios referidos y que, por lo tanto, debe invalidarse.

Lo anterior es así, sin perjuicio de lo que se expondrá infra sobre el problema de fondo, no tratado por la sentenciadora, con fundamento en consideraciones de naturaleza tutelar.

La índole de la solución propuesta, estimo que me exime de tratar los restantes agravios en torno a la suspensión del trámite.

— VI —

Dicho lo anterior, incumbe reiterar que el actor —de 73 años de edad— contiende con el Poder Ejecutivo Nacional, desde hace cerca de ocho años, acerca de la validez de un beneficio alimentario que le fuera conferido, en tanto juez de la Corte Suprema, en el marco de la ley federal 24.018 (Fallos: 324:1177, etc.), bajo la tutela, prima facie, de la Carta Magna (Fallos: 322:2673; entre otros).

Atendiendo a ello, y tratándose de una cuestión declarada “de puro derecho”, que involucra preceptiva federal y diversos actos emanados de autoridad nacional, considero que procedería, salvo mejor criterio de V.E., a fin de no dilatar más aún la definición en torno a un beneficio de la seguridad social como el controvertido, atinente a una persona de edad, expedirse igualmente sobre el fondo del asunto, en el marco del artículo 16 de la ley 48 y de las razones tutelares alegadas (art. 14 bis, C.N.).

— VII —

Surge de las actuaciones administrativas que el actor, en su carácter de Juez de la Corte Suprema —dec. 1317/90 del 13/07/1990— acreditando ocho años en el cargo y más de veinte años de servicios con aportes, obtuvo la pensión vitalicia prevista en el Capítulo I de la ley 24.018, por imperio de la resolución SDS 2558/98 del 02/11/1998, con la aclaración de que los haberes le serían liquidados mensualmente a partir de la fecha de cese de sus funciones (v. fs. 1/19 del expte. agregado).

Posteriormente, por resolución MDS 3085/04 del 19/10/1994, haciendo mérito de la remoción previo juicio político del actor —por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones— y de lo establecido por el artículo 29 de la ley 24.018, se revocó la resolución precedente (cfr. fs. 43/44 del agregado, con la salvedad de que se reinicia la foliatura a partir de fojas 21).

Objetada la resolución 3085/2004, el temperamento administrativo fue ratificado, primero, por la resolución MDS 219/05 del 11/02/2005, y más tarde, por el decreto 1319/2005 del 26/10/2005, previo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación n° 272/2005 (cfr. fs. 78/80, 98/104 y 105/106 del agregado).

El cuestionamiento en el ámbito judicial de la resolución 3085/04 y de los actos confirmatorios posteriores, según se reseñó, condujo al dictado del pronunciamiento arribado en crisis a la instancia federal.

— VIII —

Procede detallar, ante todo, que en las actuaciones cuya regularidad se ventila se invocaron, principalmente, las disposiciones de los artículos 1, 2, 3, 5, 7 y 29 de la ley n° 24.018 y 53 y 60 de la Constitución Nacional.

Establece el primero de los preceptos, correspondiente al Título I, Capítulo I, de la ley 24.018 (B.O. del 18/12/1991), que: “El presidente, el vicepresidente de la Nación y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”.

El artículo 2 de la ley prevé, a su turno, que: “Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, adquieren el derecho a gozar de la asignación mensual cuando cumplan como mínimo cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones”; y el artículo 3 prescribe, en lo que nos convoca, que: “A partir de la promulgación de esta ley, los ciudadanos encuadrados en el artículo segundo, al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad, o acreditar treinta (30) años de antigüedad de servicio o veinte (20) años de aportes en regímenes de reciprocidad, comenzarán a percibir una asignación mensual, móvil, vitalicia e inembargable, conforme con el derecho adquirido a las fechas en que se reunieron dichos requisitos, cuyo monto será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de dichos cargos […]” (precepto reformado por la ley de creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 24.241, B.O. del 18/10/1993). Corresponde aclarar que los párrafos subrayados no obran en los textos originales.

Prevé, por su lado, el artículo 5 que: “La percepción de la asignación ordenada en el artículo 1, es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por estos últimos beneficios”; mientras que el artículo 7 estatuye que: “El gasto que demande el cumplimiento de esta ley, se imputará a rentas generales hasta tanto se incluya en la ley general de presupuesto”.

El artículo 29 de la ley determina, por último, que: “Los beneficios de esta ley, no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueran removidos por mal desempeño de sus funciones”.

A propósito precisamente del procedimiento del juicio político, el artículo 53 de la Norma Fundamental prescribe que: “Sólo ella [la Cámara de Diputados] ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes” (ver, además, art. 59, C.N.).

Por su parte, al ocuparse de las consecuencias de la decisión del Senado en el ámbito del juicio político, el artículo 60 de la Constitución Nacional establece que: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.

El sentido de la norma se reitera en el artículo 115 de la Carta Magna, relativo a la destitución por jurados de enjuiciamiento de los jueces de los tribunales inferiores, en el que se lee que: “Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios […]”.

Basada en las reglas anteriores, la Administración concluyó, con la conformidad judicial, que la asignación vitalicia no constituye un haber previsional en sentido estricto, sino que reviste un carácter distintivo que emerge del reconocimiento del cargo desempeñado, y que su adquisición definitiva se encuentra condicionada al cese regular de la función, evento que, en esta perspectiva, no se verificó en virtud de la destitución del peticionario en el juicio político.

Discrepo con tal parecer.

Y es que, más allá de las deficiencias que pueden apreciarse en la redacción de algunos de los preceptos de la ley 24.018, considero que puede sostenerse razonablemente que el derecho a la prestación allí establecido se adquiere cuando los jueces del Alto Cuerpo cumplen los recaudos de los artículos 2 y 3 de la norma (permanencia en el cargo y edad o antigüedad de servicios o de aportes), como oportunamente lo dispuso la resolución 2558/98 de la ex-Secretaría de Desarrollo Social (Llamo la atención sobre los párrafos subrayados al transcribir los artículos).

En tal sentido, como refiere el Sr. Fiscal General ante la Cámara, resulta más apropiado hablar aquí de un “derecho adquirido” antes que de uno “en expectativa”, según el término utilizado por la Procuración del Tesoro y por el juez de grado, a lo que se añade que, en rigor, no se dispuso —en la resolución MDS n° 3085/2004— la revocación de la expectativa oportunamente otorgada, sino que se revocó el derecho ya reconocido a la asignación (cf. fs. 411).

Adviértase —como enfatizó el Fiscal, invocando el voto de la jueza Argibay en el precedente de Fallos: 328:3985— que no puede negarse el carácter de derecho adquirido a pesar de que exista un diferimiento de su exigibilidad (v. fs. 411).

Agrega el representante del Ministerio Público Fiscal que, de admitirse que ha mediado en el supuesto una “condición”, ésta no sería suspensiva, sino “resolutoria”, esto es, la que deja en suspenso no la adquisición sino la extinción de un derecho ya adquirido (cf. fs. 411vta.).

Para que exista un derecho adquirido, según VE., es necesario que su titular haya cumplido —bajo la vigencia de la ley— todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular del derecho, aun cuando falte la declaración formal de una sentencia o un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la coactividad necesaria para que se haga efectivo (cfr. S.C. J. 204, L. XLII; “Jugos del Sur c. Estado Nacional”, del 12/08/2008; y Fallos: 321:330; 326:417; 328:1381, etc.).

Y ese reconocimiento, insisto sobre ello, se concretó aquí incluso con el dictado de la resolución SDS 2558/1998, que tuvo por cumplimentados los requisitos exigidos por los artículos 2 y 3 de la ley 24.018 y otorgó la pensión sin sujetarla a condición alguna, difiriendo solamente su exigibilidad (v. arts. 1° y 2°).

Por lo demás, si bien es cierto que se trata la controvertida de una asignación vitalicia especial, atendida por rentas generales e incompatible con el goce de una jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o local, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por ella o por estos beneficios (arts. 5 y 7, ley n° 24.018), no advierto nítido —como se ha sostenido en las actuaciones con amparo, incluso, en el artículo 75, inciso 20, de la Constitución Nacional— su ajenidad, cuanto menos, a la seguridad social (art. 14 bis, C.N.).

Repárese en que su adquisición se encuentra condicionada al cumplimiento de sesenta y cinco años de edad, o acreditar treinta años de antigüedad de servicios o veinte de aportes en regímenes de reciprocidad —parámetros usuales en la legislación previsional—, a lo que se suma que es mensual, móvil e inembargable, y que en el caso de muerte, el derecho acordado o a acordarse al titular se extenderá —como “haber de pensión”— a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros, menores de dieciocho años, o incapacitados y a cargo del causante, etc. (arts. 3 y 4, ley 24.018).

Con la expresión “pensión vitalicia”, además, se refieren al beneficio tanto la ex-Secretaría de Desarrollo Social como la Cámara, y su gestión, como resulta de lo actuado a partir de la revocación del aquí contendido, se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyo titular refrendó lo resuelto en la órbita ministerial.

La asignación vitalicia, por último, se halla inserta no casualmente en el marco del régimen básico, especial y autónomo de la ley 24.018 —que no complementa ni modifica a las leyes 18.037 y 24.241 y sus modificatorias (cfse. Fallos: 322:752; 329:904 y 330:2274)— y sometida a las disposiciones comunes y transitorias de dicho ordenamiento (cfse. arts. 27, 33 y 34, ley 24.018).

A ese respecto, cabe recordar que los jueces deben obrar con extrema cautela cuando deciden asuntos que involucran prestaciones de contenido alimentario, atendiendo a los fines superiores que persigue la materia de la seguridad social, protectora de los riesgos de subsistencia y ancianidad, y que en ese ámbito el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que inspiran la preceptiva, razón por la cual el resultado al que llega la interpretación que se proponga debe merecer una cuidadosa consideración (doctrina de Fallos: 323:2081; 325:1616; 327:867, 870; 331:2169; entre varios otros).

En las condiciones referidas concluyo, luego, que mediante la resolución MDS 3085/04, y sin otro apoyo que lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 24.018, se privó al actor, inaudita parte, de un beneficio alimentario reconocido por una resolución administrativa firme, inherente a un régimen especial de la seguridad social (v. arts. 13 y 18, ley 19.549, y 14, 26 y 27, ley 24.018).

— IX —

Dicho lo anterior, resta por examinar, además, la razonabilidad de tal proceder en el marco de lo dispuesto por el citado artículo 29 de la ley 24.018 y por el artículo 60 de la Ley Fundamental.

Pero previo a ello, es menester explicitar que la remoción del actor de su cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia Nacional obedeció a la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a propósito de la actuación que le cupo en el caso registrado en Fallos: 325:2893, y que en oportunidad de disponerla el Honorable Senado declaró que el acusado “no queda inhabilitado para ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación” (cf. decisión del 3/12/03, a fs. 20/21 del agregado).

Dicho pronunciamiento fue recurrido por el actor con arreglo al artículo 14 de la ley 48, dando lugar al fallo desestimatorio de la Corte Suprema, integrada por conjueces, publicado en Fallos 327:1914, el que a su turno, como surge de la causa, habría sido llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (v., además, Fallos: 326:4164, 4616, 4745 y 4758; 427:296, 2048 y 2205), y que, cabe adicionar, carecería de firmeza de estar al temperamento estricto de la Cámara.

Más tarde, sobre la base de la remoción del demandante en juicio político y de lo ordenado por el artículo 29 de la ley 24.018, transcripto con anterioridad, la Administración revocó la resolución que le reconocía al actor la prestación especial, con arreglo al criterio ya referido, convalidado por el tribunal de mérito.

También en este punto disiento con la solución a que se arriba.

Y es que, desde mi perspectiva, lo resuelto presenta numerosas aristas para la crítica.

Una primera, difícil de superar, es que el artículo 29 de la ley 24.018 se aplica aquí a un caso en el que, como se indicó, los requisitos condicionantes de la adquisición del derecho se encontraban cumplidos con anterioridad a la destitución del actor, según lo había reconocido una resolución administrativa firme del año 1998, con lo que dudosamente puede sostenerse que la revocación del beneficio no configura otro “efecto” de la remoción, vedado, por lo tanto, constitucionalmente (v. arts. 60 y 115, C.N.).

En ese sentido, interpreto que la clara voluntad del constituyente fue limitar las facultades del legislador en orden a las consecuencias o efectos del juicio político, máxime, en un aspecto como el que involucra el derecho de retiro de un magistrado judicial, vinculado a fines de independencia funcional y salvaguardia de las instituciones republicanas (v. Fallos: 322:752; 324:1177; etc.).

Una segunda objeción, tampoco trivial, es que si bien es cierto que el Senado de la Nación removió al actor por mal desempeño en el ejercicio de su función, lo hizo bajo la expresa aclaración de que no queda inhabilitado para ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación (v. decisión del 03/12/2003, supra citada).

Situados en ese marco, resulta cuanto menos paradójico que la resolución que por norma constitucional “no tendrá más efecto que destituir al acusado” (art. 60, C.N.), y que habilita aquí expresamente al actor a percibir sueldos de la Nación, se convierta en la causa de la revocación de su derecho a percibir haberes derivados de su sueldo en actividad como Juez de la Corte Suprema de Justicia.

La seguridad social, en el decir reiterado de V.E., posee como cometido propio la cobertura de las consecuencias negativas generadas por las contingencias sociales, por lo que el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares de cada caso, no se aviene con la cautela con que los tribunales deben juzgar las peticiones en la materia (Fallos: 324:4511; etc.), máxime —retomo el punto— en un caso en que la prestación fue revocada sin audiencia del interesado.

Para concluir, el argumento según el cual no se encuentra afectado el derecho del actor en virtud de que conserva su derecho de acudir al régimen general de jubilaciones, tropieza con la desmentida categórica de la propia accionada, quien destaca que los haberes que perciben los ministros de la Corte en el marco de la ley 24.018 “… exceden ampliamente la proporción que rige en las prestaciones reguladas por la ley n° 24.241, sus modificatorias y complementarias…” (v. fs. 402).

En ese orden interpreto nítido que la mera existencia de un régimen previsional menos propicio, como es el de la ley 24.241, no habilita a privar al interesado de un beneficio obtenido al amparo de otro más favorable o ventajoso, como es el de la ley n° 24.018 —ya se trate de la asignación vitalicia del Capítulo I o de la ordinaria del Capítulo II (cfr. art. 8 y anexo I, ley 24.018)— el que reviste características propias y que por estar destinado a agentes que desarrollan particulares tareas, debe ser diferenciado del general, impuesto por la ley 24.241 y sus modificatorias (Fallos: 322:752 y 324:1177).

Y a propósito del presunto sometimiento discrecional del actor, sin reservas, al régimen especial que ahora ataca, soy del criterio que el rigor de la directriz debe moderarse en casos en que se discuten derechos alimentarios y cuando, como aquí, el interesado pudo razonablemente considerarse al margen de la previsión del artículo 29 de la ley 24.018, con arreglo al matiz hermenéutico que postula fundado principalmente en los artículos 2 y 3 de la citada ley y 60 de la Ley Suprema, allende el estricto planteo constitucional (Fallos: 330:2685 y 2696).

— X —

Por lo expresado, opino que corresponde declarar procedente la presentación extraordinaria del actor e invalidar el pronunciamiento (v. ítem V del dictamen) y, con arreglo a lo previsto en el artículo 16 de la ley 48, revocar las decisiones administrativas y el decreto cuestionados y restablecer la vigencia de la resolución SDS 2558/98 (v. ítems VI y siguientes del dictamen). Buenos Aires, 17 de mayo de 2012. Luis Santiago González Warcalde.

M. 857. XLVII.

M. O’C., E. J. A. c. Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social – resol. 3085/04, 219/05 (dto. 1319/05) s/proceso de conocimiento.

Buenos Aires, 1° de octubre de 2013.

Vistos los autos: “M. O’C., E. J. A. c. Estado Nacional — Ministerio de Desarrollo Social — resol. 3085/04, 219/05 (dto. 1319/05) s/proceso de conocimiento”.

Considerando:

1°) Que contra la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que dispuso suspender el trámite de las actuaciones —en las que el actor solicita, en esencia, que se dejen sin efecto las resoluciones 3085/2004 y 219/2005 del Ministerio de Desarrollo Social y el decreto 1319/2005, que revocaron la pensión vitalicia otorgada en los términos de la ley 24.018— hasta tanto se resuelva la denuncia planteada por aquél ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra su destitución por juicio político, el doctor Moliné O’Connor interpone el recurso extraordinario de fs. 435/452.

2°) Que para así resolver, el a quo destacó que el trámite de dicha denuncia podría culminar con un planteo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la eventual decisión de los organismos internacionales es susceptible de repercutir directamente en la procedencia de la pretensión entablada en autos.

Sostuvo, por ello, que “deviene aplicable ‘mutatis mutandi’ el principio general previsto por el artículo 1101 del Cód. Civil, ya que el planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […] se traduce en una cuestión prejudicial del caso bajo análisis” (fs. 418 vta.)

3°) Que esta decisión motivó —por otra parte— el recurso de revocatoria de fs. 422/430, cuya denegatoria dio origen al recurso extraordinario que obra a fs. 455/475 vta.

Afirma el recurrente que la jurisdicción internacional no puede instituirse como un supuesto de prejudicialidad para los tribunales locales. Ello, según expresa, en razón de que el artículo 1101 del Código Civil es una norma de naturaleza excepcional, cuyo ámbito de aplicación no puede ser extendido analógicamente por el juez.

Sostiene, asimismo, que la interpretación promovida por el a quo es contraria a lo dispuesto por los artículos 18, 75 inc. 22, y 116 de la Constitución Nacional e incompatible con lo previsto por los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Manifiesta, por lo demás, que la pretensión esgrimida en el sub lite difiere substancialmente de la cuestión planteada ante el referido organismo internacional y no existe, por lo tanto, riesgo alguno de contradicción.

4°) Que si bien lo resuelto por el a quo en el sub examine no constituye, en sentido estricto, sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 322:2497; 327:3082; 329:1805 y 2620 y 330:5), debe —no obstante— equipararse a ésta por sus efectos, pues la decisión de suspender el trámite de las presentes actuaciones “hasta tanto se resuelva la denuncia planteada […] ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (fs. 419), conlleva una injustificada postergación en la definición de la cuestión litigiosa y se erige, en la práctica, en un claro impedimento a la prosecución del proceso.

A este respecto, ha dicho el Tribunal que deben considerarse equiparables a definitivas aquellas resoluciones que, como en el caso, provocan al litigante un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior por dilatar infundada e innecesariamente la decisión de la causa (conf. arg. Fallos: 300:1097; 317:1397 y 330:1469), en detrimento de la posibilidad de obtener una tutela judicial efectiva al derecho que se aduce lesionado (cf. artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

5°) Que ello es particularmente así, por otra parte, en supuestos como el sub examine en el que la pretensión procura el restablecimiento de un beneficio previsional.

No es ocioso recordar, en tal sentido, que esta Corte ya ha puesto de relieve en otras ocasiones la necesidad de simplificar y de poner límites temporales a la decisión final en controversias de esa índole (doctrina de Fallos: 311:1644; 319:2151 y 328:566).

Concordemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que no basta con la existencia formal de recursos judiciales sino que éstos deben ser eficaces; es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención, no pudiendo considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, por cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión (cf. Corte Interamericana, caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 93 y caso “Las Palmeras vs. Colombia”, sentencia del 6 de diciembre de 2001, párrafo 58).

6°) Que, por lo demás, tampoco se verifica en el sub lite el supuesto al que alude el artículo 1101 y concs. del Cód. Civil.

En efecto, en la causa que se ventila por ante el fuero contencioso administrativo federal, el recurrente pretende que se deje sin efecto lo resuelto en sede administrativa y, en consecuencia, se restablezca la percepción de la asignación prevista por la ley 24.018. De los propios términos de la resolución cuestionada en autos surge que en la denuncia formulada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Moliné O’Connor, en cambio, “cuestiona su remoción por juicio político” (fs. 418).

Lo expuesto pone de manifiesto que no existe posibilidad alguna de contradicción entre los eventuales pronunciamientos que podrían dictarse en ambos procesos, de modo tal que sustente la pretendida prejudicialidad a la que —por analogía— alude el a quo.

Por el contrario, la suspensión del trámite decretada de oficio en el caso solo constituye —tal como advierte el señor Procurador General (cf. fs. 545)— una dilación del proceso que lesiona el derecho de defensa y provoca una denegación de justicia (doctrina de Fallos: 287:248; 314:187; 321:1124; 330:2975) que no puede, por lo tanto, ser mantenida.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado a este respecto por el señor Procurador General, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revocan las resoluciones apeladas. Costas por su orden. Notifíquese y devuélvanse los autos. — Ricardo Luis Lorenzetti. — E. Raúl Zaffaroni. — Renato Rabbi-Baldi. — Ana Victoria Order. — Santiago H. Corcuera. — Jorge E. Moran. — Jorge Ferro.