Fallo del día: elecciones. Primarias. Nulidad de la decisión de la Junta Electoral provincial respecto de la oficialización de listas. Derecho a ser elegidoPartes: Marcó, María Julia y otros c. Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires s/ recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha de Sentencia: 2013-08-06

Sumario

La decisión de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que no hizo lugar al pedido de oficialización de la lista que integran los recurrentes para las elecciones primarias próximas, es nula, pues mediante la escueta mención de la extemporaneidad de la presentación, que ostensiblemente no puede ser imputada a los recurrentes, sino a la omisión del cumplimiento regular de sus funciones administrativas —Ley 14.086—, fulminó el derecho fundamental de aquellos a postularse para ser elegidos y el de un número indeterminado de ciudadanos a elegirlos, en transgresión del art. 59 inc. 10 de la Constitución de la Provincia y 23 de la CADH

La Plata, agosto 6 de 2013.

Visto:

Los Dres. Soria, Hitters, Genoud, Kogan, Pettigiani y Domínguez dijeron:

I. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, en lo que interesa destacar, mediante resolución dictada el 12 de julio del corriente año, decidió no hacer lugar al pedido de convalidación de la oficialización de listas de precandidatos, a nivel local, denominadas “Unidad Progresista” de Magdalena y “Renovación Progresista” de La Plata —ambas integrantes de la alianza “Frente Progresista Cívico y Social”— formulado por el apoderado de la citada alianza (fs. 103/104 expte. adm. 5200-14010/2013).

A su vez, por medio de la resolución dictada el 15 de julio de este año, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por los interesados contra la decisión antecedente (fs. 241/243, expte. cit.).

Frente a lo así resuelto, los apoderados y algunos precandidatos de las listas mencionadas dedujeron, ante esa sede, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (fs. 284/293 y fs. 323/331, expte. cit.).

Desestimados los recursos (fs. 332/333), se articuló en este expediente, por parte de los apoderados e integrantes de la lista “Renovación Progresista” de La Plata, la presente queja, que fue admitida por el Tribunal mediante la resolución obrante a fs. 55/56, declarando que el recurso extraordinario había sido mal denegado e intimando a los presentantes a hacer efectivo el depósito que prevé el art. 280 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Provincia de Bs. As.

Abonado el referido depósito, se llamó autos para resolver el recurso (fs. 61). Los recurrentes presentaron memoria dentro del término señalado, por lo que corresponde plantear y votar la cuestión traída ante esta Corte.

II. Por las razones que a continuación se expondrán, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido.

1. Según se desprende de las actuaciones administrativas del caso, mediante sucesivas actas labradas por la Junta Electoral de la Alianza Transitoria “Frente Progresista Cívico y Social”, se formularon observaciones a candidatos y adherentes de la lista N° 106, denominada “Renovación Progresista”, que finalmente se consideraron subsanadas, procediendo el órgano electoral partidario a oficializar las listas el 11 de julio de 2013 (ver actas N° 52 y 53, a fs. 70 y 100 del expte. adm. N° 5200-14010/2013).

Las actas de la junta partidaria en la que se trató la situación y luego se oficializó la lista en cuestión fueron presentadas a la Junta Electoral de la Provincia el día 12 de julio de 2013 (ver presentaciones de fs. 74 y 99, expte. cit.).

Frente a ello, el Secretario de Actuación de la Junta ordenó el pase a la Dirección de Tecnología, Logística y Sistemas Electorales para que informe la situación en la que se encuentra —entre otras— esa lista (fs. 101, exp. Cit.).

El mismo día —12/07/2013— el Director de esa repartición informó que a esa altura del cronograma electoral no era posible incorporar nuevas listas o candidatos porque las evaluaciones necesarias para ello obligarían a retrotraer la base de datos a la situación que existía el 3 de julio próximo pasado, tarea que se vería obstaculizada porque a la fecha del informe las listas ya habían sido impresas y firmadas por los miembros de la Junta Electoral de la Provincia y se encontraban registradas y publicadas en el sitio web del organismo. Concluyó que “quebrantar el cronograma al incorporar en este momento nuevas Listas de Candidatos, impacta negativa y directamente en el universo de candidatos ya registrados, y en las tareas que para el éxito del proceso electoral debe llevar adelante esta Dirección” (fs. 102, expte. cit.).

Sobre tales bases, luego de transcribir parcialmente el dictamen referido en el punto anterior y de agregar que, además, las listas ya habían sido informadas al Juzgado Federal con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral provincial considerando que la presentación de las listas en cuestión —entre las que se encuentra la de los recurrentes— era claramente extemporánea y que además existía una imposibilidad práctica, en ese estado del proceso electoral, para autorizar excepcionalmente su carga, rechazó la petición efectuada (fs. 103/104, expte. adm. cit.).

2. A fs. 174/182, los apoderados de la Alianza “Frente Progresista Cívico y Social” interpusieron recurso de revocatoria contra la decisión de la Junta Electoral, en el que destacaron la situación en la que se encontraban diversas listas de precandidatos que no habían sido oficializadas temporáneamente y argumentaron que la decisión de no aceptar su incorporación, plasmada en la resolución que cuestionan, resulta carente de motivación razonable y suficiente, pues sobre la base de argumentos técnico burocráticos se desentiende de datos comprobados en el expediente, incurre en un exceso de rigor formal y vulnera hasta su supresión los derechos políticos fundamentales a elegir y ser elegido. Pone de relieve que un día antes, en las actuaciones que individualiza, ordenó —la Junta Electoral de la Provincia— a la Dirección General Electoral el control de una línea interna y, un día después, sobre la base de lo informado por una dependencia de jerarquía inferior, rechaza su pedido por resultar técnicamente imposible efectuar una revisión de las listas aprobadas, echando así por tierra el principio de igualdad.

Por su parte, la apoderada de la lista 106 “Renovación Progresista” y uno de sus precandidatos también dedujeron recurso de reconsideración, en el que pusieron de relieve que la decisión de la Junta Electoral viola el derecho constitucional a elegir y ser elegido e hicieron hincapié en el error en el que incurriera la Junta Electoral Partidaria que, al no expedirse dentro del término fijado en la ley acerca de la subsanación de errores que previamente les señalara, les impidió acudir ante el organismo electoral de la Provincia mediante el recurso que a tal efecto regla la ley 14.086 (ver fs. 238/241, expte. adm. cit.).

3. Los recursos de revocatoria fueron rechazados por la Junta Electoral por medio de la resolución dictada el 15 de julio de este año, obrante a fs. 241/243 de las actuaciones administrativas.

Para así resolver, en cuanto respecta a la lista recurrente en estos autos, adujo que la misma no había sido cargada y no se había generado el respectivo comprobante y que no fue presentada por la junta electoral partidaria en tiempo y forma. Destacó que el asunto tratado en otro expediente citado por los impugnantes no era análogo y que la resolución cuestionada no se fundaba en criterios tecnocráticos sino que todo el proceso electoral requiere por imposición legal del uso de una herramienta informática y el cumplimiento de un estricto cronograma, señalando que una modificación de excepción y fuera de los plazos legales quitaría confiabilidad y seguridad al sistema, lo que importaría restar transparencia al actuar del organismo y al propio proceso electoral, configurando una gravísima irregularidad (ver fs. 241/243, exp. Adm. cit.).

4. Contra esta última decisión de la Junta Electoral de la Provincia los apoderados de la lista 106 “Renovación Progresista” y dos de sus precandidatos interpusieron, en sede del mencionado organismo, un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 284/293) en el que denuncian la violación o errónea aplicación de los artículos 59 de la Constitución provincial, 37 y 38 de la Constitución nacional y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina legal establecida en esas materias por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte.

Afirman, luego de relatar los antecedentes del caso, que la decisión de la Junta Electoral de la Provincia, al no tener en cuenta la conducta diligente y eficaz mantenida a lo largo de todo el procedimiento llevado adelante para la oficialización de las listas, viola directamente su derecho de participación en la vida democrática, a elegir y ser elegidos, de forma arbitraria.

Sostienen que la actuación negligente de la junta electoral partidaria no puede provocarles un perjuicio, máxime si se tiene en cuenta que actúa como auxiliar de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Tras recordar el contenido de las normas aplicables y explicar que en el proceso electoral las juntas electorales partidarias ejercen funciones administrativas por delegación, concluyen en que la omisión que les genera el daño irreparable que pretenden evitar les es irrogado por un órgano inferior y jerárquicamente subordinado a la Junta Electoral de la Provincia.

Entienden que es de aplicación al caso la teoría de los actos propios, se explayan en consideraciones acerca de la fundamental importancia de los derechos políticos en juego y piden el dictado de una medida cautelar.

5. A fs. 332/333 vta. la Junta Electoral de la Provincia, luego de referencias de manera parcial la doctrina de esta Suprema Corte sobre la posibilidad de que las decisiones de aquélla puedan ser impugnadas por vía de recursos extraordinarios locales y de concluir que la “doctrina legal establecida” predica que los recursos en cuestión, cuando se deducen contra las resoluciones de aquél órgano, son inadmisibles, rechazó —entre otros— el interpuesto a fs. 284/293 de las actuaciones administrativa.

Esa decisión motivó la deducción de la queja admitida por medio de la resolución obrante a fs. 55/56.

III. El recurso debe ser acogido.

1. La ley 14.086, su dec. regl. 332/2011 y su Anexo Único y, en particular, por el dec. 155/2013 y por la resolución N° 81, dictada el 26 de abril del corriente año por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, configuran el complejo normativo que regula el procedimiento electoral en cuyo desarrollo se suscita el caso de autos.

De estas normas surge el cronograma de las denominadas elecciones primarias (art. 2°, ley cit.) y las modalidades para la presentación de las listas de candidatos ante los órganos competentes partidarios (art. 3°, ley cit.). A su vez, el art. 5° del Anexo Único del dec. 332/2013 confiere a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires la facultad de aprobar el cronograma electoral correspondiente a las elecciones primarias, que deberá ser publicado en el Boletín Oficial durante el término de tres días.

En función de lo dispuesto en el art. 20 de la ley nacional 26.571 y la convocatoria efectuada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional para el día 11 de agosto próximo (decreto PEN N° 501/2013, B.O.N. de 09/05/2013), así como la efectuada por el Gobernador de la Provincia por el art. 2° del decreto 155/2013 (B.O.P. de 17/04/2013), la Junta Electoral de la Provincia, en ejercicio de las atribuciones antes referidas, dictó la Resolución N° 81, del 26 de abril, del corriente año (publicada por tres días en el B.O.P. a partir del 09/05/2013), por la que se aprobó el cronograma electoral para las elecciones convocadas por el aludido decreto 155/2013.

En el Anexo que forma parte de esa Resolución se establece el plazo para presentar las listas de candidatos de cada línea interna que fueron oportunamente comunicadas, observadas, subsanadas y posteriormente oficializadas por las órganos electorales partidarios, ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (conf. art. 3° de la ley 14.086).

2. La regulación de esta secuencia procura asegurar que en un término razonable las listas de candidatos sean postuladas para el debido y oportuno control por parte de los órganos intervinientes (partidarios y provincial) y que, en su caso si son observadas, puedan subsanarse los defectos, y finalmente oficializadas o rechazadas. A tales órganos se asignan cometidos públicos vinculados con la elevada misión de asegurar la transparencia, regularidad y legalidad de las postulaciones para los actos electorales.

Básicamente, el ordenamiento local confía a la institución prevista en el art. 63 de la Constitución la delicada misión de garantizar esos principios, en uso de sus amplias funciones administrativas (cfr. voto Dr. Soria, Ac. 106.992, “Partido Unión del Centro Democrático solicita reconocimiento”, res. De 24/04/2009). Pero en el sistema diseñado por la ley 14.086 se inviste a las juntas partidarias de relevantes atribuciones en la fase inicial del trámite de oficialización de las listas de candidatos. En efecto, estas últimas tienen la potestad de expedirse, dentro de los cinco días contados a partir del vencimiento del plazo de presentación, sobre las listas de candidatos, oficializándolas u observándolas (art. 3°, ley cit.); en este último caso, se Prevé el derecho a contestar o subsanar las observaciones y el deber de aquellas autoridades de pronunciarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas (art. cit.). Paralelamente, el mismo precepto contempla la facultad de Ampugnar ante la Junta Electoral de la Provincia los actos de las autoridades partidarias.

3. Ahora bien, este entramado normativo solamente regula situaciones en que median actos expresos. No da adecuada respuesta a casos, potencialmente más complejos, en los que la junta electoral partidaria dilatara su actuación, demorando la oficialización de listas correctamente presentadas o cuyas observaciones hubiesen sido subsanadas, o simplemente dejando de expedirse en el lapso correspondiente.

Ante ello, carece de justificación razonable hacer cargar sobre quienes procuran postularse a los comicios las consecuencias de semejante incumplimiento.

4. En el caso, según se desprende de las constancias del expediente administrativo, la Junta Electoral Partidaria formuló observaciones a la lista de precandidatos presentada por los recurrentes el 22 de junio de 2013 (ver copias agregadas a fs. 23 y 32, que se corresponden con los originales obrantes en el expediente administrativo). Según la fecha del acta N° 25 (fs. 32) las observaciones se hicieron el 27 de junio y fueron subsanadas, de acuerdo a la fecha inserta en la nota obrante a fs. 29, el 28 de junio.

De acuerdo a las actas de la Junta Electoral de la Alianza Transitoria “Frente Progresista Cívico y Social” N° 52 (fs. 27 y 28) y N° 53 (fs. 26), la presentación destinada a subsanar las observaciones fue tratada el día 10 de julio y la lista oficializada recién el 11 de julio.

Además, fueron presentadas ante la Junta Electoral de la Provincia por la junta partidaria el día 12 de julio, mediante dos escritos: uno en el que solicitan “pronto despacho” (fs. 74/77, expte. adm.) y otro titulado “acompañan acta”, al que adjuntaron copia del acta N° 53, antes referida (ver fs. 99, expte. adm.).

Lo expuesto deja en evidencia que si bien al momento de oficializarse la lista y presentarse ante la Junta Electoral provincial la documentación que lo acredita, el plazo fijado en el cronograma electoral antes referenciado se encontraba vencido, le constaba a la autoridad estatal que la morosidad fue imputable al órgano partidario de la Alianza política.

5. En tal contexto, la Junta Electoral de la Provincia decidió no hacer lugar al pedido de oficialización de la lista que representan e integran los recurrentes por reputarlo “extemporáneo” y por considerar prácticamente imposible el desarrollo de las tareas necesarias para rectificar las bases de datos. Para decidir de ese modo, se apoyó en el dictamen elaborado por el Director de Tecnología, Logística y Sistemas Electorales, quien opinó que la tarea resultaba engorrosa y que la incorporación de nuevas listas impactaría negativa y directamente en el universo de candidatos ya registrados.

Tal motivación, frente a la entidad de los derechos fundamentales puestos en juego en el procedimiento, entiende el Tribunal que resulta insuficiente.

Esta Suprema Corte ha consolidado una clara doctrina en punto a la necesidad de que todos los órganos de la Administración, entre los que cabe incluir, no obstante sus específicas funciones fijadas en la Constitución y en las leyes en la materia propia de su incumbencia, a la Junta Electoral de la Provincia, motiven adecuadamente sus decisiones. Como se ha dicho desde el recordado precedente “Zarlenga” (causa B 62.291, sent. de 27/12/2012) y se ha reiterado en numerosas ocasiones (ver, por todas, causa B 64.685, “Rodríguez”, sent. de 22/08/2012), la obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar el acto administrativo de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar (art. 108, dec.-ley 7647/1970) y ser, también, derivación del principio republicano de gobierno (arts. 1°, C.N.; 1° Const. Pcial.) es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público (C.S.J.N., Fallos: 315:2771, 2930; 319:1379; 320:1956, 2590; 321:174; 322:3066; 324:1860; SCARCIGLIA, Roberto, “La motivazione dell Atto Amministrativo”, Milano, 1999, ps. 53 y ss.; FERNANDO PABLO, Marcos M., “La motivación del acto administrativo”, Madrid, 1993, ps. 36 y ss.; De LAUBADÉRE, A., VENEZIA, J. C. y GAUDEMET, 1., “Traité de Droit Administratif”, 14e. Ed. París, 1996, T. 1, p. 677 y ss.; CHAPUS, René, “Droit Administratif General” 9e. Ed., París 1995, T. 1, p. 1000 y ss.; BOQUERA OLIVER, José María, “Estudios sobre el acto administrativo”, 4ª ed., Madrid, 1986, p. 218; entre otros).

Se ha resuelto también que, si bien es cierto que la observancia de este requisito esencial no puede desvincularse del alcance de las potestades atribuidas a la autoridad administrativa por el ordenamiento (doct. C.S.J.N., Fallos: 308:132), no lo es menos que su modo de concreción depende en cada caso del contenido de la atribución involucrada y, por ende, del objeto del acto que la ejercita o expresa. En otros términos, el recaudo de suficiente motivación debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo (C.S.J.N., Fallos: 324:1860; doctr. causas B 58.914, “Carballo”, sent. de 18/05/2005 y 1357.732, “Lagoa”, sent. de 20/08/2008, entre otras).

La exigencia de adecuada fundamentación no busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos. Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y desde el punto de vista del particular o administrado traduce una pretensión fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que se pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifican el dictado de la decisión (conforme doctrina causa B. 65.796, “Deyherabehere de Shearer”, sent. del 03/09/2008).

6. En el caso, a pesar de que en las actuaciones administrativas existían evidencias de que la lista de precandidatos que genera el conflicto bajo tratamiento había sido presentada ante las autoridades electorales de la alianza transitoria en tiempo y forma y que del mismo modo se habían subsanado las observaciones formuladas (ver fs. 64, 70, 91 y 100, exp. adm.), la Junta Electoral de la Provincia, mediante la escueta mención de la extemporaneidad de la presentación, que ostensiblemente no puede ser imputada a los recurrentes, echó por tierra con las legítimas aspiraciones de los integrantes de esa lista de participar en las elecciones que han de llevarse a cabo el próximo domingo.

De tal manera, ante el obrar disfuncional puesto de manifiesto por las autoridades electorales de la alianza, que no obstante contar con todos los elementos necesarios para la oficialización de la lista con anterioridad a la fecha límite, la presentó nueve días después, omitiendo el cumplimiento regular de las funciones administrativas que la ley 14.086 le confirió y fulminando de tal modo el derecho fundamental de los recurrentes a postularse para ser elegidos y el de un número indeterminado de ciudadanos a elegirlos, en transgresión a lo dispuesto por el art. 59 inc. 10 de la Constitución de la Provincia y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Junta Electoral priorizó el cumplimiento ritual del cronograma prefijado. Así, omitió ponderar que los trámites que le habían sido reclamados se referían a un puñado de listas locales, y que habían sido superados en sede partidaria y comunicados a esa autoridad provincial un mes antes de la fecha fijada para la elección.

No se advierte entonces el motivo por el cual se consideró materialmente imposibilitada de arbitrar un mecanismo puntual, en un caso justificado y caracterizado por su marcada excepcionalidad, a fin de convalidar la oficialización efectuada por la autoridad de la alianza.

7. La autoridad provincial se hizo eco, en modo dogmático, de un informe en el que también, sin dar razón alguna del aserto, se adujo que la incorporación de nuevas listas impactaba negativamente en el universo de candidatos ya registrados y en las tareas que para el éxito del proceso electoral debe llevar adelante la Dirección que elaboró el dictamen.

De admitirse tal modo de actuar en tan delicada materia, se sentaría un grave precedente en cuanto las autoridades electorales partidarias, mediante el simple expediente de no presentar en término las listas que regularmente se han postulado en su sede pueden, según su mero arbitrio, proclamar sólo a las que resulten de su preferencia.

Tal proceder —sin perjuicio de la eventual atribución de responsabilidad a sus integrantes— se encuentra reñido con los principios de transparencia y autenticidad que rigen en materia electoral; limita, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de los derechos políticos y se convierte en un impedimento para que los ciudadanos participen efectivamente en la dirección de los asuntos públicos.

Por los motivos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en este caso, anular en lo pertinente las decisiones de la Junta Electoral de la Provincia y condenar a este órgano a que arbitre, en tiempo idóneo, las medidas que resulten necesarias para la participación de la lista de precandidatos locales N° 106, denominada “Renovación Progresista”, en las elecciones primarias de la Alianza Transitoria “Frente Progresista Cívico y Social” a llevarse a cabo el próximo domingo en la Sección Capital, distrito La Plata.

Sin costas, dada la falta de sustanciación (art. 68, Cód. Procesal Civ. y Com. de la Provincia de Bs. As.).

Para el cumplimiento de lo resuelto, se librará oficio por Secretaría, con habilitación de días y horas, a efectos de devolver las actuaciones administrativas, al que se adjuntarán copias de la presente resolución y de la recaída en el día de la fecha en los autos Q 72.701.

Por Secretaría, oportunamente se reintegrará el depósito efectuado por los recurrentes.

Regístrese, notifíquese y ofíciese.— Daniel Fernando Soria.— Juan Carlos Hitters.— Luis Esteban Genoud.— Federico S. J. Domínguez. Por su voto: Eduardo Néstor de Lázzari. (Sec.: Juan José Martiarena).

Voto del dr. de Lázzari.

Adhiero a lo resuelto por mis distinguidos colegas y, a mayor abundamiento, me permito recordar conceptos que poseen puntual atingencia con el caso en juzgamiento. En reciente publicación, Alberto Dalla Vía se ha referido a los “Derechos políticos, normativa y equidad en los procesos electorales” (LA LEY, 22/07/2013, p. 1).

Allí, entre otros temas, se ocupa de la equidad en los procesos electorales, recordando que uno de los aspectos fundamentales de la realización de elecciones libres y democráticas es que se verifiquen una serie de prácticas que permitan asegurar igualdad de oportunidades y equidad electoral. Lo que ocurra en una campaña electoral mostrará efectivamente si una elección es libre y justa. Señala, en este sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en “Yatama”, “Castañeda Gutman” como en “López Mendoza”: ha afirmado que el art. 23 de la Convención no sólo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real de ejercerlos.

Asimismo, trae a colación el Informe 98/03 de la Comisión, en donde se resalta que las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos deben ser interpretadas y aplicadas de manera que se de efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa. Agregando que en “Castañeda Gutman”, la Corte resaltó que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos.

Reitero mi adhesión a lo resuelto por mis colegas preopinantes.

Regístrese, notifíquese y ofíciese. — Daniel Fernando Soria. — Juan Carlos Hitters. — Luis Esteban Genoud. — Federico S. J. Domínguez. — Eduardo Néstor de Lázzari (por su voto)