Fallo del día: Intereses. Aplicación de la tasa pasiva hasta la fecha del dictado del plenario “Samudio”. Indemnización daños derivados de un accidente de tránsitoPartes: Higa, Mauricio Javier c. Villavicencio, Osvaldo Martín y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D

Fecha de Sentencia: 2013-06-10

Sumarios

Los intereses sobre las indemnizaciones otorgadas en una acción de daños deben computarse, desde la fecha de inicio del cálculo fijada en la sentencia de grado hasta la del dictado del plenario “Samudio de Martínez” —2009/04/20; LA LEY 23/04/2009, 5—, a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa establecida en dicho fallo, pues de esa forma se compensan adecuadamente los perjuicios derivados de la mora sin generar un enriquecimiento indebido.

Desde la producción del perjuicio o inicio de la mora hasta la fecha de dictado del plenario “Samudio de Martinez” —2009/04/20, LA LEY 23/04/2009, 5—, corresponde liquidar los intereses de una indemnización por daños conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA y, desde allí hasta el cumplimiento de la sentencia, la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina surgida del citado precedente (del voto de la Dra. Barbieri según su voto en “Mondino” —14/04/2010, LLO—, al cual remite).

2ª Instancia. — Buenos Aires, 10 de junio de 2013.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.- El Pronunciamiento

La sentencia dictada en primera instancia obrante a fs. 439/447 de los autos “HIGA, Mauricio Javier c. Villavicencio, Osvaldo Martín y otros s/ daños y perjuicios” admitió las demandas deducidas por Mauricio Javier Higa y por Daniela Alejandra Higa, con costas. En consecuencia condenó al demandado Osvaldo Martín Villavicencio a abonar la cantidad de $12.332 para el actor y $3000 para la coactora, haciendo extensiva la condena contra 1″HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. Por último reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

El fallo fue apelado por los actores a fs. 451 de los autos Nº 74134/2007 con recurso concedido a fs. 453 y a fs. 367 de los autos Nº 3927/2008 con recurso concedido libremente a fs. 372. Expresaron agravios en forma conjunta a fs. 500/7 del expediente “Higa Mauricio” cuyo traslado fue contestado por la citada en garantía a fs. 535.

La citada en garantía también apela la sentencia a fs. 376 de los autos “Higa Daniela” y a fs. 460 de la causa “Higa Mauricio” con recursos concedidos libremente a fs. 377 y 473 respectivamente. Expresa agravios a fs. 529/31 cuyo traslado fue contestado por los accionantes a fs. 537/43.

II.- Agravios.

Los actores cuestionan los montos reconocidos a Mauricio Higa en concepto de reparaciones al rodado y privación de uso así como el resarcimiento de ambos damnificados por daño moral. Por su parte Daniela Higa se queja de la partida que se le reconociera en concepto de gastos de farmacia, asistencia médica, traslados y futuros. Por último critican la tasa de interés fijada en el fallo recurrido y solicitan se difiera la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

La citada en garantía HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. se queja de la atribución de responsabilidad resuelta en la sentencia en crisis en tanto sostiene que existen elementos suficientes que no fueron valorados por el “a quo” para considerar que ha mediado culpa de la víctima Mauricio Higa, conductor del vehículo Ford Falcon, o en el peor de los casos, asegura que al menos se ha acreditado culpa concurrente en la producción del accidente en debate. Finalmente cuestiona por elevado el monto que se le reconociera a Mauricio Higa en concepto de daño moral.

III.- La Solución.

En primer lugar debo señalar que conforme he sostenido reiteradamente, no me encuentro obligada a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).-

a) Atribución de responsabilidad: Entrando al análisis de los agravios vertidos por la citada en garantía en torno a la responsabilidad en el evento discutido, no puedo sino precisar que el artículo 265 del CPCC dispone que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. “Crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio, lo de razonada alude a los fundamentos, bases y substanciaciones del recurso. Razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto de los conceptos contenidos en la sentencia que se impugna” (conf. esta Sala in re “Micromar S.A. de Transportes c MCBA” del 12/09/1979, ED, 86-442).

Se trata de un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida para demostrar su injusticia. Pero si el recurrente no realiza una evaluación o crítica de las consideraciones que formula el anterior sentenciante, sino que expresa un simple disenso con lo decidido con argumentos que no intentan rebatir los fundamentos tenidos en mira para decidir la cuestión, la expresión de agravios no reúne los requisitos establecidos por la citada norma legal (CNCiv., Sala H, 13/02/2006, “Pasolli, Jorge c. Camargo, Roberto S. y otro”, La Ley Online) y debe declararse desierta.

Esta Sala ha mantenido un criterio de amplitud en cuanto a la consideración de los agravios (v.gr., in re “Cons. Prop. Bulnes 1971 c Romano, Miguel” y su acumulado Balbiani de Talley, Martha L. c. Cons. de Propietarios Bulnes 1971 ” del 28/09/2006; “Ledesma, Carlos Adrián c. Manzanelli, José Luis y otros” del 22/02/2007, entre muchos otros) para salvaguardar debidamente el derecho de defensa de los justiciables (art. 18 CN). Pero el recurrente debe poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho, que contenga la sentencia; y la impugnación que se intente contra 3ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo. Debe, pues, cumplir la imperativa disposición del artículo 265 del CPCC.

Reitero que no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso, toda vez que la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido y, para que cumpla su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho (CNCiv., Sala B, 14-08-02, “Quintas González, Ramón c Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, LA LEY, 2003-B, 57).

Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del “A Quo”, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (CNCiv., Sala A, 14/02/1980, LA LEY, 1980-D, 180; ídem Sala B, 13/06/1978, LA LEY, 1978-C, 76, entre otros). No obstante ello, y por el debido respeto que me merece el derecho de defensa de las partes, habré de avocarme al tratamiento de los agravios expresados por la recurrente.

Cabe establecer que sin dejar de ponderar lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 26.853 en la estación procesal oportuna, en virtud del artículo 15 de la mencionada normativa considero se mantiene la operatividad de las doctrinas plenarias hasta tanto se produzca su entrada en vigencia.

Entrando en el análisis de los agravios, se reclamaron en autos los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido el día 20 de Agosto de 2006, en la intersección de las calles Boulogne Sur Mer y Sarmiento de esta Capital Federal, en el que resultaran partícipes el automóvil Ford Falcon dominio UCS-894 que circulaba por la calle Boulogne y el rodado Ford Orion conducido por el demandado Villavicencio por la calle Sarmiento.

Resulta de aplicación al caso el art. 1113 del Cód. Civil y la doctrina establecida en el fallo “Valdés Estanislao Francisco c. El Puente S.A. s/daños y perjuicios” de fecha 10/11/1994 que establece una responsabilidad objetiva (con la consiguiente inversión del “onus probandi”), como la propia citada en garantían reconoce en sus quejas, a ella incumbía acreditar alguna de las causales de exoneración de responsabilidad a saber: culpa de la víctima, la de un tercero por quien no deba responder o el caso fortuito ajeno a la cosa.

El perito ingeniero designado señala en su informe de fs. 321/327 que el vehículo que circula por la calle Boulogne Sur Mer, conforme lo hacía el Ford Falcon, ingresan al cruce por la derecha mientras que los que circulan por Sarmiento, como lo hacía el Orion, lo hacen por la izquierda.

Es decir que el primero de ellos contaba con prioridad de paso. Asimismo el experto identifica daños en un primer choque entre el Ford Falcon y el Orion sobre el lateral izquierdo del primero de ellos, comenzando a la altura de su rueda delantera, mientras que el Orion muestra los daños sobre su frente afectando fundamentalmente su extremo frontal izquierdo, que evidencia haber sido la zona de contacto primario con el otro rodado. También advierte deformaciones secundarias sobre la puerta trasera derecha debido a su contacto por aproximación de los laterales de los automóviles durante el proceso de giro del Orion.

De simple lectura del escrito de contestación de demanda efectuado por la citada en garantía surge el reconocimiento de la ocurrencia del siniestro motivo de esta litis, aunque proporciona una versión diferente del mismo. En efecto, obsérvese que al relatar el hecho refiere la existencia de un choque en el Ford Orion como producto de un primer impacto y como fundamento de su ingreso en primer lugar a la intersección lo que a su parecer le otorgaba prioridad de paso frente al Ford.

Por otra parte señala la recurrente la existencia de un cartel de “pare” sobre la calle Boulogne Sur Mer al que el actor habría hecho caso omiso. Esta misma cuestión fue insistentemente mencionada por la aseguradora durante la tramitación de las actuaciones, más coincido con el 5sentenciante que de ninguna de las constancias probatorias se ha logrado acreditar la existencia de tal indicación. A mayor abundamiento en ningún momento el experto designado afirmó que el cartel aludido por la quejosa se hallaba en la intersección en cuestión.

A tenor de lo que lo que surge de autos, la citada en garantía ninguna prueba produjo tendiente a acreditar la culpa de la víctima como lo señala en sus quejas. No cabe por ende sino desestimar los agravios vertidos por esta parte sin necesidad de abundar en mayores consideraciones.

b) Parciales indemnizatorios:

1) Reparaciones al rodado:

Cuestiona el accionante que se haya congelado el valor de reparación de su vehículo al valor constatado al momento de su peritación en julio de 2010 y solicita se fije el monto a valores actuales.

El sentenciante reconoció por este concepto la cantidad de $11.282 estimados por el experto designado en la peritación efectuada en autos.

La quejosa pide un reajuste por desvalorización monetaria, que se encuentra vedado a partir del 1° de abril de 1991 por el artículo 7° de la ley 23.928-aun en su nueva redacción con las modificaciones introducidas por la ley 25.561, prohibición que ratifica el decreto N° 214/2002 en su artículo 5°-, por lo tanto corresponde el rechazo del agravio y la confirmación de la sentencia en lo que a este punto concierne.

2) Privación de uso.

Se queja el accionante por el reducido monto que el magistrado fijó en concepto de privación de uso que asciende a $850 destinado a satisfacer los 17 días que razonablemente el vehículo se debería haber detenido para las tareas de reparación.

Con referencia a lo reclamado por este concepto, cabe destacar que la doctrina y la jurisprudencia reconocen a la misma como productora de daños y en esa condición fuente de resarcimiento, en virtud de que la cosa tiene por finalidad, ya sea el esparcimiento o su utilización como medio de producción de otros bienes que inciden frente a su supresión en forma negativa en el patrimonio de la víctima, involucrando por ende el derecho a ser indemnizado (cfr. DARAY, Hernán, “Accidentes de Tránsito”, fs.362 Nº 16, Ed. Astrea; CNEspCivCom, Sala 1, “Petra, Ernesto c. Expreso Lomas S.A. s/Sumario”, 22/05/1981).

En cuanto al lapso, corresponde aceptar lo dictaminado por el experto -17 días corridos- como razonables para efectuar las reparaciones necesarias (v.fs.325).

Consecuentemente, considero reducida la suma reconocida en primera instancia y propicio su elevación a un mil setecientos pesos ($1.700) admitiendo los agravios introducidos

3) Gastos de farmacia, radiografías, asistencia médica, elementos ortopédicos, traslados y gastos futuros.

El “a quo” fijó por este rubro la cantidad de seiscientos pesos ($1000). De tal suma se queja la coactora Higa y solicita tu sensible elevación en virtud de los gastos que tuvo que desembolsar a raíz del accidente de autos.

Reiteradamente la jurisprudencia ha admitido la procedencia del reintegro de estos gastos en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento.

Lo propio acontece aún en el caso que la damnificada haya sido atendida en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas.

La presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo, o pretende una suma inferior, o superior, a la fijada por el sentenciante.

7 De las constancias objetivas de autos, no resulta prueba alguna acerca de erogaciones significativas que justifiquen, en mi opinión, elevar la cantidad otorgada por este concepto en la anterior instancia.

En consecuencia, se rechazan los agravios de la coactora, correspondiendo confirmar lo decidido en la anterior instancia.

4) Daño Moral.

Se quejan los accionantes por la reducida indemnización por este ítem reconocida por el magistrado de grado.

A su turno la citada en garantía hace lo propio considerando excesiva la cantidad acordada por este concepto al coactor Mauricio Higa.

El resarcimiento que corresponde por daño moral está destinado a reparar al individuo cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su vida.

Se ha decidido en distintos pronunciamientos de esta Cámara que, es tarea delicada la cuantificación de este concepto pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Código Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, que no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y malestares subsistentes.

Tomando en cuenta las pautas señaladas, y a la luz de las pruebas rendidas en autos y demás condiciones personales de las víctimas, opino que los montos establecidos en concepto de compensación del daño moral resultan ajustados a derecho y propicio su confirmación y el rechazo de los agravios de ambas partes.

c) Tasa de Interés:

El Juez “a-quo” dispuso la aplicación de la tasa de interés del 6% anual desde la fecha del suceso y hasta la sentencia en crisis y a partir de allí y hasta el efectivo pago la tasa activa cartera general (préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Ante ello se agravia la parte actora solicitando la aplicación de la tasa activa para todo el período de intereses.

Tal como he dicho al votar en los autos “Cabranes, Teresa Dolores c. La Cabaña S.A y otros s/daños y perjuicios” y “Flocco, Mirta Dora c. Masini, Adriana y otro s/daños y perjuicios” del 27 de abril de 2010 y “González, Raúl Daniel c/Transporte Santa Fe” del 30 de abril de 2010, entre otros, una adecuada ponderación de las variables económicas actuales y de su evolución a lo largo del tiempo, me conduce a arribar a la conclusión de que ni la tasa pasiva bancaria que se aplicaba antes del dictado del plenario “Samudio” resarce en todo período la depreciación de la moneda generada por la inflación y además compensa la mora en el pago de lo debido, tal cual es función del interés compensatorio, ni las indemnizaciones que se fijan judicialmente contemplan la desvalorización monetaria ocurrida entre la fecha en que se produce el perjuicio y la de su cuantificación.

En efecto, tal como he sostenido reiteradamente, en oportunidad de integrar la Sala “J” de este Tribunal, como asimismo como Vocal de esta Sala, en criterio que se mantuvo hasta el dictado de “Samudio”:”Corresponde puntualizar que la valuación del importe indemnizatorio de los rubros en fecha posterior a la mencionada por el plenario, no necesariamente implica una actualización vedada por el art. 7º de la ley 23.928, aun en su nueva redacción con las modificaciones introducidas por la ley 25.561, prohibición que ratifica el decreto N° 214/2002 en su art. 5°. Es simplemente una estimación “actual”, lo cual no es equivalente a una prohibida actualización por índices u otro 9procedimiento repotenciador de la moneda. Lo que ocurre es que el “valor intrínseco” de la prestación debida también puede variar por diversos factores, como ser la vetustez del objeto o las pérdidas o deterioros que sufra por otras causas, o la incidencia del mercado, etc. Cuando el juez fija la indemnización al “valor actual” no está indexando, sino que en ese instante se produce la “cristalización del valor”, es decir se fija o determina el valor que deberá tomarse en cuenta al momento del pago el cual puede ser inclusive inferior al que la prestación tenía un tiempo antes para traducirlo en moneda suficiente para satisfacer la deuda; y a partir de ese momento no podrá ser reajustado, por imperio de la ley citada (ver sobre el tema MOISSET DE ESPANÉS, “Reflexiones sobre el valor computable de la medianería”, Temis, Año XIV, 1973, n. 266)”.

Coincidí, pues, con la propuesta de la Dra. Barbieri, plasmada en su voto en los autos “Mondino, Silvana Andrea c. Tettamanzi, Hernán Diego y otros s/daños y perjuicios” el pasado 14 de abril de 2010, si bien no comparto todos sus fundamentos, por cuanto, como he sostenido en el fallo “Zamora, José Mateo y otros c. Tempone, Lucas Antonio s/ daños y perjuicios” del 24 de junio de 2009, a mi entender, el plenario “Samudio” es aplicable con anterioridad a su dictado.

No obstante ello, entiendo que la aplicación de la tasa activa desde la fecha de la mora, puede, en principio, generar un enriquecimiento indebido, dado que, si bien los valores estimados en la sentencia no son en modo alguno resultado de una indexación, no son tampoco los que se hubieran fijado a la fecha de la mora. Considero, por ello, que la aplicación de la tasa pasiva promedio hasta el 20 de abril de 2009, que propicia la Dra. Barbieri, compensa adecuadamente los perjuicios derivados de la mora en el pago sin generar el desequilibrio que la salvedad del inciso 4º del plenario “Samudio” pretende evitar. Con posterioridad a dicha fecha, corresponde computar los intereses a la tasa activa dispuesta. En suma, propongo admitir parcialmente los agravios formulados por la parte actora y disponer que los intereses sobre las indemnizaciones otorgadas sean computados desde la fecha de inicio del cálculo fijada en la sentencia de primera instancia a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

IV) Costas.

Las costas en ambos expedientes se imponen a la citada en garantía vencida (art. 68 del CPCC).

V) Conclusión.

Por todas las razones que dejo expuestas, y si mi opinión es compartida por mis distinguidos colegas, propicio al Acuerdo: 1) Rechazar los agravios introducidos por la citada en garantía; 2) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora elevando la indemnización en concepto de privación de uso para Mauricio Javier Higa a la cantidad de un mil setecientos pesos ($1700); 3) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora estableciendo la aplicación de la tasa pasiva de interés desde la fecha fijada en la sentencia recurrida hasta el 20 de abril 2009, y desde allí y hasta el efectivo pago la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; 4) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; 5) Imponer las costas de esta instancia a la citada en garantía vencida (art. 68 del CPCC); 6) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto exista en autos liquidación definitiva (conf. art. 279 del CPCCN).

Tal es mi voto.

La Dra. Patricia Barbieri dijo:

Adhiero a la propuesta efectuada por la Dra. Brilla de Serrat en todo cuanto propone y con respecto a la tasa de interés, coincido con la solución brindada pero en base a los fundamentos vertidos en mi voto, en los autos “Mondino, Silvana Andrea c. Tettamanzi, Hernán Diego y otros s/daños y perjuicios” (R. 524.899) del 14/04/2010, a los que en honor a la brevedad me remito.

Así mi voto.

El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallarse recusado.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) rechazar los agravios introducidos por la citada en garantía; 2) admitir parcialmente los agravios de la parte actora elevando la indemnización en concepto de privación de uso para Mauricio Javier Higa a la cantidad de un mil setecientos pesos ($1700); 3) admitir parcialmente los agravios de la parte actora estableciendo la aplicación de la tasa pasiva de interés desde la fecha fijada en la sentencia recurrida hasta el 20 de abril 2009, y desde allí y hasta el efectivo pago la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; 4) confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; 5) imponer las costas de esta instancia a la citada en garantía vencida (art. 68 del CPCC); 6) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallarse recusado. — Ana María Brilla de Serrat. — Patricia Barbieri.