Doctrina del día: la "astreinte" desde el punto de vista jurisprudencialAutor: Barbado, Analía R.

Publicado en: DJ, 01/01/1986

SUMARIO: I. Introducción. — II. Concepto. — III. Fundamento de la “astreinte”. — IV. Causa de la “astreinte”. — V. Caracteres de la “astreinte”. — VI. Finalidad de la “astreinte”. — VII. Funciones de la “astreinte”. — VIII. Juez ante el cual debe ser solicitada la “astreinte”. — IX. Determinación de la “astreinte”: A) Pautas que se deben tener en cuenta, B) Alternativas con relación al monto. — X. Aplicación de la “astreinte”; A) Requisitos para que proceda la aplicación; B) Punto de partida de la aplicación; C) Ambito de aplicación. — XI. Extinción de la “astreinte”.

I. Introducción

En nuestro país, mucho tiempo antes de la sanción de la ley 17.711, la doctrina admitió unánimemente la procedencia de las “astreintes”, fundada en el art. 505, inc. 1° del Cód. Civil, en cuanto faculta al acreedor a “emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado”.

La jurisprudencia, inicialmente reacia, terminó por adherirse al criterio doctrinario.

En 1968, la ley 17.711 incorporó las “astreintes” en el nuevo art. 666 bis del Cód. Civil.

Este trabajo está dedicado exclusivamente al tratamiento del tema desde la óptica jurisprudencial comprendiendo las decisiones judiciales dictadas en el tiempo existencial que se extiende desde 1959 hasta 1985.

II. Concepto

Se entiende por “astreinte” la imposición judicial de una condena pecuniaria que afecta al deudor mientras no cumple lo debido (1). También se ha dicho que las sanciones previstas por el art. 37 del Cód. Procesal constituyen un medio de presión de la voluntad del deudor o destinatario de un mandato judicial, a fin de vencer su resistencia o contumacia al cumplimiento de lo debido y no una reparación de los daños y perjuicios irrogados por el incumplimiento (1 bis).

III. Fundamento de la “astreinte”

El fundamento de la imposición de las “astreintes” radica en la actitud recalcitrante del obligado que se obstina en su negativa a cumplir, no obstante la existencia de un pronunciamiento judicial que lo urge a ello (2).

Desde otro punto de vista, el fundamento se encuentra en el art. 505 del Cód. Civil que autoriza al acreedor a “emplear los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado” (3).

IV. Causa de la “astreinte”

La causa de la “astreinte” es la sentencia o resolución cuyo cumplimiento se pretende hacer efectivo (4).

V. Caracteres de la “astreinte”

La “astreinte” presenta los siguientes caracteres, a saber:

1) Es provisoria, o sea, que el órgano jurisdiccional puede prorrogarla, hacerla cesar y aun dejarla sin efecto de acuerdo a las exigencias del caso (5). Este carácter autoriza al juez a aumentarlas en caso de resultar insuficientes (5 bis). Además, impide que las “astreintes” pasen en autoridad de cosa juzgada (6) habida cuenta que ello contraría su finalidad pues si están destinadas a vencer la resistencia de la parte renuente, deben gozar de la movilidad suficiente que les permita adecuarse y fluctuar en forma paralela a como varía la mentada resistencia (7).

2) Es una medida de carácter excepcional: esta circunstancia determina que ha de demostrarse que el deudor no satisface deliberadamente la obligación, y que ésta es de realización factible (8), debiendo optarse por admitirla sólo cuando no exista otro medio legal o materia para evitar una burla a la autoridad de la justicia o impedir que el pronunciamiento resulte meramente teórico (9).

3) No puede ser pronunciada de oficio por el juez, sino a pedido del acreedor interesado en la aplicación (10), pues de otra manera aparecería como una liberalidad concedida por los jueces (11).

4) La “astreinte” es susceptible de ejecución en los bienes del condenado, lo que supone un derecho adquirido por el acreedor (12).

Para que sean ejecutables, es menester aguardar el tiempo necesario para precisar cuál es la conducta que asume el obligado. En el supuesto de que éste cumpla el deber jurídico de que se trate y justifique su proceder, aquéllas pueden disminuirse y aun dejarse sin efecto. Si por el contrario, el deudor persiste en su actitud recalcitrante, habrá llegado la oportunidad de fijarlas definitivamente y una vez que esta liquidación final quede firme, ellas serán ejecutables (13).

La ejecutabilidad cesa cuando se verifica el cumplimiento de lo debido por el obligado o se encuentra fehacientemente demostrado que está en vías de hacerlo (14).

5) Se fija siempre en dinero (15).

6) No se ve afectada por el principio de preclusión procesal (16).

7) Es una consecuencia de la potestad judicial, por medio de la cual se hace cumplir sus disposiciones (17).

8) El monto y la procedencia de la “astreinte”, queda librado al criterio del juez, quien la graduará en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas atendiendo a las circunstancias del caso (18); (18 bis). El incremento debe computarse a partir de la fecha de la notificación del pronunciamiento (18 ter).

9) La sanción, conminatoria se aplica teniendo en cuenta la conducta procesal anterior a la sentencia por maliciosa o temeraria que ella sea, sino por la conducta posterior al fallo (19); (19 bis).

10) Las sanciones conminatorias corren desde que el auto que las aplica es notificado y ejecutoriado (19 ter); (19 quater).

VI. Finalidad de la “astreinte”

El instituto que se estudia persigue como finalidad compeler al cumplimiento de una decisión judicial (20), de tal suerte que el destinatario de la medida se vea constreñido a obtenerla, y no se consume un menosprecio de los pronunciamientos del tribunal (21). Una vez vencida la resistencia del deudor recalcitrante, el instituto pierde su finalidad y ya no se justifica mantener la sanción, que incluso los jueces pueden disminuir o dejar sin efecto, lo que ocurre también si se justifica total o parcialmente ese proceder (22).

VII. Funciones de la “astreinte”

Para apreciar en su real sentido el significado de las “astreintes”, es necesario atender a las dos funciones fundamentales que cumplen, sucesivamente, a través de la dinámica del proceso: función conminatoria y función sancionatoria.

En primer lugar, la función conminatoria surge de la decisión judicial mediante la cual se impone una condena pecuniaria a quien no cumple una orden impartida por el magistrado en uso de sus facultades (23).

En segundo lugar, la función sancionatoria se da en el supuesto de que el obligado, pese ala “astreinte”, no efectivice su deber jurídico (24), en cuyo caso ese medio de coacción psicológica que no surte efectos, se traduce en la directa aplicación de lo que hasta ese momento constituyó una simple amenaza (25).

Las sanciones conminatorias no cumplen una función reparadora del perjuicio sufrido por la mora o el incumplimiento del vínculo que engendra (26), porque no constituyen una indemnización de daños y perjuicios (27).

VIII. Juez ante el cual debe ser solicitada la “astreinte”

La sanción conminatoria debe ser solicitada ante el juez que dispuso la medida cuyo cumplimiento se quiere obtener (28).

IX. Determinación de la “astreinte”

A) Pautas que se deben tener en cuenta: El juez tiene facultades discrecionales para resolver la procedencia y monto de las “astreintes” (29), una vez vencido el plazo acordado para el cumplimiento de la obligación (30).

La “astreinte” debe fijarse teniendo en cuenta las siguientes pautas, a saber:

1) La finalidad conminatoria (31).

2) El caudal económico de quien deba satisfacer la sanción (32). Lo que se tiene en cuenta es la fortuna de quien deba pagarla, pues se trata de presionar al deudor para que cumpla la resolución judicial y sólo una presión económica a la medida del deudor puede ser eficaz. Ello no significa que deba probarse el monto exacto de los bienes del obligado, bastando las meras presunciones y quedando librado al arbitrio judicial (33).

Es inadmisible calcular la sanción conminatoria en relación al acervo hereditario que le corresponde a la persona del incumplidor, desde que este criterio podría desvirtuar la propia finalidad de la multa, al minimizar la posibilidad de la presión que se busca sobre el obligado (34).

3) Resistencia del litigante (35).

4) Gravedad de la conducta recalcitrante (36).

B) Alternativas con relación al monto: El monto fijado no es inmutable. El tribunal que lo determina tiene las siguientes alternativas:

1) Acrecentar el monto (37); (37 bis).

2) Disminuir el monto, si el deudor intimado a cumplir varias prestaciones fue haciéndolas efectivas en forma parcial modificando, así, su primitiva conducta (38).

3) Dejar sin efecto la “astreinte” (39), cuando el deudor se aviene a cumplimentar la prestación a su cargo (40).

X. Aplicación de la “astreinte”

A) Requisitos para que proceda la aplicación. Para que proceda la imposición de “astreintes” deben concurrir los siguientes requisitos:

1) Resolución judicial expresa. La aplicación de la sanción conminatoria supone como condición esencial la existencia de una, decisión judicial cuyo cumplimiento se pretende (41). Este requisito no puede ser suplido por una mera intimación sin considerarse automáticamente existente “ad eventum” del incumplimiento del deudor (42).

2) Existencia de una obligación reconocida en la sentencia que impone la “astreinte” y que el deudor no satisface deliberadamente (43).

3) Conocimiento de la sanción por el deudor: La notificación de la resolución que establece la “astreinte” al deudor es indispensable (44), ya que es condición de validez de la sanción conminatoria (45).

4) Deber factible de ejecución (46). En general las “astreintes” proceden cuando no existe otro medio legal o material para evitar una burla a la autoridad de la Justicia, o bien a fin de impedir que el pronunciamiento se torne meramente teórico (46 bis).B) Punto de partida de la aplicación: Las “astreintes” son aplicables a partir de que el auto que las impone es notificado y ejecutoriado (47); (47 bis); (47 ter).

C) Ambito de aplicación

1) Generalidades: Los tribunales han recurrido a las “astreintes” para conminar al cumplimiento de todo tipo de obligaciones (48), tengan o no contenido patrimonial y sean o no de origen contractual, pues si las de esta especie deben cumplirse “en natura”, el principio, con mayor razón, debe regir también para las impuestas por la ley (49).

2) Casos de aplicación.

a) Deberes de familia:

Procede la aplicación de las “astreintes”: I) para el caso de no darse cumplimiento a los regímenes de vacaciones del menor, extremo que recién podrá considerarse si efectivamente el progenitor incurre en incumplimiento (50); II) a quien manifiesta renuencia a cumplir las cuotas alimentarias fijadas, a la vez que ello importa una resistencia indebida al mandato judicial (51); (51 bis); (51 ter); III) para obligar a la madre a cumplir el régimen de visitas acordadas a favor del padre (52).

b) Sociedad:

Corresponde imponer sanciones conminatorias en el caso de incumplimiento dula sentencia que ordena poner a disposición del juzgado la plantación de la sociedad existente al día de la interposición de la demanda (53).

c) Aparcería

Las “astreintes” también pueden aplicarse para conminar al propietario que se obligó por convenio homologado a entregar un predio en aparcería, a que se cumpla la prestación (54).

3) Casos en los que no se aplican las “astreintes”:

a) Escrituración:

No cabe imponer “astreintes”: I) a los demandados que no cumplieron con la condena a escriturar en el plazo fijado, si los acreedores no han agotado los medios legales para lograr el cumplimiento de sus obligaciones; II) al demandado que no cumple con la condena a escriturar por existir un embargo sobre el inmueble pues no hay resistencia voluntaria del obligado.

b) Medida de no innovar:

No corresponde admitir el pedido de aplicación de “astreintes” cuando sólo se trata de la contumacia en el cumplimiento de una medida de no innovar (55).

c) Obligación de hacer:

No corresponde aplicar una sanción conminatoria al demandado que fue moroso en la realización de los trabajos a los que se le condenó en la sentencia, si no puede catalogarse de actitud recalcitrante la asumida (56).

XI. Extinción de la “astreinte”

Las “astreintes” se extinguen a la fecha del auto del juez que decretó la cesación (57), o con la cancelación de la obligación principal o el hecho sobreviniente que torne imposible el cumplimiento (58). Así, producida la imposibilidad de pago o el cumplimiento específico de la obligación principal, es decir, el pago, se extingue la “astreinte” automáticamente (59).

NOTAS AL PIE:
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) CNCiv., sala A, 5/2/74, ED, 54-776.

(1 bis) CNCiv., sala F, agosto 8-983, LA LEY, 1984-A, 458.

(2) CNCiv., sala D-28/9/79, Rep. ED, 14-921, sum. 1; 11/10/79, ED, 88-776; 29/2/80, ED, 88-776; Rep. LA LEY XL-AI-183, sum. 6.

(3) CNCiv., sala B. 17/11/76, ED, 71-405.

(4) CNCiv., sala D, 29/2/80, ED, 88-776.

(5) CApel. CC Rosario, sala II, 5/5/79, Rep. LA LEY XXXIX-AI-142, sum. 8.

(5 bis) CNCiv., sala E, abril 22-983. LA LEY, 1983-C, 379.

(6) CNCiv., sala A, 15/2/74, ED, 54-276; sala C, 9/10/76, Rep. ED, 10-985, 17/10/78, Rev. LA LEY 1979-A-52; sala E, 26/7/79, JA 1980-IV-115, 10/5/80, ED, 88-540.

(7) CNCiv., sala D, 29/2/80, ED, 88-776, Rep. LA LEY XL-Al-184, sum. 12.

(8) CNCiv., sala D, 29/2/80, ED, 88-776, Rep. LA LEY XL-AI-184.

(9) CNCiv., sala F, 7/5/63, ED, 4-910.

(10) CNCiv., sala A, 10/8/72, ED, 46-143; sala D, 2/8/79, Rev. LA LEY, 1980-C, 565, sum. 35.452. La imposición de oficio se admitió en caso de renuencia del demandado (CNCiv., sala E, 8/10/74, ED, 61-438).

(11) CNCiv., sala D, 2/8/79, Rev. LA LEY, 1980-C, 565, sum. 35.452.

(12) CNCiv., sala F, 13/8/81, Rev. LA LEY, 1978-B-669, sum. 34.625.

(13) CApel. CC Rosario, Rep. LA LEY XXXIX-AI-142, sum. 9.

(14) CNCiv., sala F, 15/2/81, Rev. LA LEY, 1981-C-549.

(15) CNCiv., sala C, 9/9/76, Rep. ED,10-985.

(16) CNCiv., sala E, 10/5/80, ED, 88540; sala F, 21/10/80, JA, 1981-III-109, Rev. LA LEY 1981-A-67, 25/5/81, Rev. LA LEY, 1981-C-549. ,

(17) CNCiv., sala B, 12/6/72, ED, 44-756.

(18) CNCiv., sala B, 1/7/78, JA, 1978-IV-149.

(18 bis) CNCiv., las astreintes podrán ser reducidas si el alimentante cumple su obligación (CNCiv., sala C, noviembre 15-983, p. 450).

(18 ter) CNCiv., sala E, abril 29-983, LA LEY, 1983-C, 379.

(19) ST Misiones, sala II, 29/5/72, Rep. LA LEY, XXXII-AI, 98.

(19 bis) CNCiv., sala F, agosto 8-983. LA LEY, 1984-A, 456.

(19 ter) CNCiv., sala C, setiembre 12-979. LA LEY, 1980-A, 542; ED, 86, 516 (ídem, octubre 27-981) LA LEY, 1983-A, 572 (36.276-S) y agosto 12-983, LA LEY, 1984-A, 485 (36.519-S).

(19 quater) CNCiv., sala F, setiembre 8-983 LA LEY 1984-A, p. 244.

(20) Puede tratarse de sentencias definitivas dictadas en juicio ordinario o sumario, o de providencias interlocutorias o medidas cautelares, como la de no innovar (CNCiv., sala A, 7/10/76, Rev. LA LEY, 125-771, suma 14.485).

(21) CNEspecial Civil y Com., sala V, 16/7/76, BCECyC, 622, núm. 8572.

(22) CNCiv., sala B, 17/11/76, ED, 71-404.

(23) CNCiv., sala E, 26/5/77, ED, 77280; sala C, 12/6/79, Rev. LA LEY, 1979-C, 343; JA, 1979-IV-120, 12/9/79, Rev. LA LEY, 1980-A-542; ED, 86-516; JA, 1980-IV-115; sala E, 10/3/80, ED, 86-516; JA, 1980-IV-115.

(24) CNCiv., sala C, 12/6/79, Rev. LA LEY, 1979-C, 343; JA, 1979-IV-120, 12/9/79, Rev. LA LEY 1980-A-542; ED, 86-516; JA 1980-IV-115.

(25) CNCiv., sala E; 10/3/80, ED, 88-51, 21/3/80, Rev. LA LEY 1980-C, 301.

(26) CNCiv., sala B, 27/2/76; JA, 1977-1342. En sentido similar, sala F, 10/11/78, Rev. LA LEY 1979-A-52; sala D, 11/10/79, Rep. ED, 14-921, 29/2/80; ED, 88-776.

(27) CApel. CCMorón, 14/5/72, Rev. LA LEY, 147-632; CNCiv., sala D, 19/9/74, ED, 61-592; sala A, 5/2/74, ED, 54-776; sala C, 9/9/76, Rep. ED, 10-985.

(28) CApel. CCSanta Fe, sala I, 23/2/70, Rep. LA LEY, XXXIII-AI-93.

(29) CNCiv., sala F, 10/5/76; JA, 1977-II-243.

(30) CNCiv., sala D, 28/7/77, ED, 74-215.

(31) CNCiv., sala A, 29/6/72, ED, 48-296.

(32) CNCiv., sala B, 12/7/73, ED, 50-185; sala F, 13/5/77, ED, 77-330, 19/7/78, JA, 1978-IV-149, etc.

(33) CNCiv., sala F, 4/10/78, Rep. LA LEY XXXVIII-AI-130, sum. 16; ED, 81-745. (34) CNCiv., sala F, 4/10/78, Rep. LA LEY XXXVIII-AI-130, sum. 16; ED, 81-745. (35) CNCiv., sala F, 13/9/78, Rep. ED, t. 12, p. 759, sum. 4, 4/10/78, Rep. LA LEY XXXVIII-AI-130; ED, 81-745.

(36) CNCiv., sala F, 13/10/78, Rep. ED, 12-759, sum. 4., 4/10/78, Rep. LA LEY XXXVIII-AI-130; ED, 81-745.

(37) CNCiv., sala E, 3/10/66, Rev. LA LEY 125-769, (14.829-S).

(37 bis) CNCiv., sala E, abril 29-983. LA LEY 1983-C, 379.

(38) Idem anterior. Si el deudor, intimado a cumplir varias prestaciones, fue haciéndolas efectivas en forma parcial, modificando así, su primitiva conducta no procede acrecentar el monto de la “astreinte” (CNCiv., sala B, 27/2/76, Rep. ED, 11-872, sum. 12).

(39) Idem anterior.

(40) CNCiv., sala C, 9/9/76, Rep, ED, 10-986, sum. 10.

(41) CNCiv., sala C, 26/10/67, ED, 20, fallo 10.236.

(42) CNCiv., sala B, 1/12/71, ED, 42-346; CApel CCRosario, sala III, 30/8/77, Rep. LA LEY, XXXVIII-AI-130; CC1ª en Doc. y Loc. Tucumán, 30/9/80, JA, 1981-I-122.

(43) CNCiv., sala A, 31/8/71, ED, 42-346; sala B, 17/11/76; ED, 71-405; CC1ª en Doc. y Loc. Tucumán, 30/9/80, JA, 1981-I-122.

(44) CNCiv., sala C, 9/9/76, Rep. ED, 10-986.

(45) C1ª CC Tucumán, 27/8/79, SP LA LEY, 980-605.

(46) CNCiv., sala D, 19/11/78, Rev. LA LEY del 7/4/82, p. 3, fallo 80.752.

(46 bis) CNCiv., sala A, setiembre 13-983, LA LEY 1984-A, p. 298.

(47) CNCiv., sala A, 7/7/73, ED, 50-306; sala C, 12/6/79, Rev. LA LEY, 1979-C, 345 – JA, 1980-IV-115, 12/9/79, Rev. LA LEY, 1980-A-542 – ED, 86-516 – JA, 1979-IV-120; sala E, 7/10/80, JA 1981-III-109, ED del 16/4/81, p. 14. En algunos casos se ha resuelto que las “astreintes” son aplicables desde el auto del juez, que las decretó (CNCiv., sala E, 5/10/72 – ED, 46-143), aunque el mismo haya sido apelado (CNCiv., sala F, 2/10/75 – ED, 51-722), o desde la notificación de la resolución de la alzada que las estableció (CNCiv., sala E, 22/7/60 – ED, 4-912), o desde el vencimiento del plazo fijado para cumplir la condena (CNCiv., sala B, 13/5/77; JA, 1977-III-136).

(47 bis) CNCiv., sala C, setiembre 12-979; LA LEY, 1980-A, 542; ED, 86, 51 (ídem, octubre 27-981) LA LEY, 1983-A, 572 (36.276-S) y agosto 12-983, LA LEY, 1984-A, 485 (36.519-S).

(47 ter) CNCiv., sala F, setiembre 8-983. LA LEY, 1984-A, p. 244.

(48) (CNCiv., sala C, 30/3/67 – ED, 18-770; sala D, 3/10/67 – ED, 48-246.

(49) CNCiv., sala D, 4/8/61; ED, 2-754.

(50) CNCiv., sala A, 24/10/69 – ED, 31-440.

(51) CNCiv., sala C, 11/7/69; ED, 41-613.

(51 bis) CNCiv., sala E, setiembre 19-983. LA LEY, 1984-A, 150.

(51 ter) (CNCiv., sala G, octubre 18-983) LA LEY, 1984-A, 98.

(52) CNCiv., sala D, 4/8/61; ED, 2-754.

(53) CNCiv., sala E, 6/7/59, ED, 4-911.

(54) TTrab. Junín, 14/10/63; ED, 7-107.

(55) CNCiv., sala F, 7/3/63; ED, 4-910.

(56) CApel CCRosario, sala II, 5/5/78, Rep. LA LEY, XXXIX-AI-142.

(57) CNCiv., sala E, 22/7/60; ED, 4-912 – JA, 1960-V-663.

(58) CNCiv., sala C, 12/6/79, Rev. LA LEY 1979-C-345; JA, 1980-IV-115. CNCiv., sala C, setiembre 12-979, LA LEY, 1980-A, 542 – ED, 86-516 (Idem, octubre 17-981) LA LEY, 1983-A, 572 (36.276-S) y agosto 12-983 LA LEY, 1984-A, 485 (36.519-S).

(59) CNCiv., sala B, 27/2/76, JA 1977-I-342, Rep. LA LEY XXXVIII-AI-93.