Fallo clásico: Ekmekdjian, Miguel A. c. Neustadt, Bernardo y otrosTribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 01/12/1988
Partes: Ekmekdjian, Miguel A. c. Neustadt, Bernardo y otros
Publicado en: LA LEY 1989-C , 18, con nota de Beatriz L. Alice;  DJ1989-1, 455
Cita Online: AR/JUR/669/1988

Hechos:
En las instancias ordinarias se rechazó la acción promovida por una persona física para obtener un espacio en un programa televisivo tendiente a replicar las consideraciones efectuadas en este mismo medio por un personaje público. Concedido el recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el pronunciamiento de grado.

Sumarios:
1. El derecho a réplica o respuesta, contenido en el art. 14, inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -aprobada por la ley 23.054 (Adla, XLIV-B, 12 50-), no ha sido aún objeto de reglamentación legal para ser tenido como derecho positivo interno.
2. En tanto se dicte la ley que establezca el derecho a réplica o respuesta, cuestión que por su naturaleza es ajena a los órganos jurisdiccionales, la temática se rige por el principio de reserva consagrado por el art. 19 de la Constitución Nacional, según el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. (Del voto del doctor Belluscio).
3. No puede encontrarse operatividad directa al derecho a réplica en el marco d el Pacto de San José de Costa Rica -que integra el derecho argentino-, pues aquél lo remite a “las condiciones que establezca la ley” (art. 14.1), de manera que mientras la ley no sea dictada no podrá adquirir operatividad. (Del voto del doctor Belluscio).
4. La importancia fundamental que la libertad de prensa posee para nuestro sistema democrático de gobierno, sumada a la necesidad de respetar celosamente el principio de legalidad previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional, determina que toda restricción de aquélla deba estar prevista expresamente en una norma jurídica sancionada por el órgano legislativo.
5. La falta de un criterio unívoco sobre los alcances del derecho de rectificación o respuesta y la consecuente inexistencia de pautas susceptibles de ser determinadas o interpretadas judicialmente, impide tener a dicho derecho – reconocido en el llamado Pacto de San José de Costa Rica-, como incorporado implícitamente (art. 33, Constitución Nacional), a nuestro derecho positivo interno.

Texto Completo: Buenos Aires, diciembre 1 de 1988.

Considerando: 1) Que contra la sentencia de la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Rev. LA LEY, t. 1988-B, p. 413), confirmatoria de la dictada en primera instancia, que rechazó la pretensión del actor de obtener un espacio para replicar consideraciones emitidas por el ex Presidente doctor Arturo Frondizi en el programa de televisión “Tiempo Nuevo”, conducido por los demandados, aquél dedujo el recurso extraordinario, que fue concedido.

2) Que sostiene el recurrente que el derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa no debe quedar reservado a personas o empresas propietarias de medios de comunicación; que el derecho de réplica es el efectivo ejercicio de la libertad de prensa para el ciudadano común, no confundible con la protección que ofrece el ordenamiento positivo frente a la lesión de la honra o el honor de las personas. Alega la operatividad de la Convención de San José de Costa Rica, cuyo objetivo es obligar a los estados signatarios a dictar la legislación reglamentaria de los derecho contenidos en ella; que el derecho de réplica se fundamenta en el art. 33 de la Constitución Nacional; y que resulta indiferente la circunstancia de no haber sido atacado directamente un derecho personalísimo del actor, pues de lo que se trata es de proteger intereses difusos, no resguardados en forma suficiente por otras normas de ordenamiento legal.

3) Que, en primer lugar, cabe recordar que esta Corte ya ha establecido que el derecho a réplica o respuesta, contenido en el art. 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -aprobada por la ley 23.054- no ha sido objeto aún de reglamentación legal para ser tenido como derecho positivo interno, lo cual lleva a rechazar los agravios del apelante en ese punto (conf. sentencia dictada “in re” “Costa, Héctor R. c. Municipalidad de Buenos Aires y otros”, C.752.XIX y C.753.XIX., del 12 de marzo de 1987, consid. 16 del voto de la mayoría y consid. 11 del voto del Presidente Caballero -Rev. LA LEY, t. 1987-B, p. 269-).

4) Que tampoco puede tener éxito el restante planteo del apelante, fundado en el art. 33 de la Constitución Nacional, toda vez que la importancia fundamental que la libertad de prensa posee para nuestro sistema democrático de gobierno, sumada a la necesidad de respetar celosamente e principio de legalidad previsto en el art. 19, determina que toda restricción de aquélla deba estar prevista expresamente en una norma jurídica sancionada por el órgano legislativo (conf. sent. dictada en la fecha “in re” “Recurso de hecho deducido por la demandada en los autos Sánchez, Abelenda R. c. Ediciones de La Urraca, S. A. y otro” S.454.XXI. consids. 9º y 10 y sus citas).

5) Que en el fallo citado en el considerando anterior también se hizo mención para fundar el rechazo de un derecho a réplica basado en el art. 33 de la Constitución Nacional, de carácter de “amplio e indefinido” que poseía el citado derecho (consid. 11). Tal afirmación se ve ampliamente corroborada si se tiene en cuenta las dispares definiciones que se han dado del citado instituto. Así, mientras algunos -como el apelante- lo consideran como un medio destinado a impedir el monopolio de los medios de difusión por parte de intereses económicos carentes de representatividad, otros sostienen que su objetivo principal es el de reparar las ofensas dirigidas al honor de personas determinadas (ver, para las diferentes concepciones del derecho a réplica o respuestas en la legislación y la doctrina a Daniel Brenner y William L. Rivers -compiladores- en “Free but Regulated, Conflicting Traditions in Media Law”, esp. ps. 248/255, The Iowa State University Press, 1982; y Jean Mazeaud y otros, en “Leçons de droit civil”, t. 1, v. 2, núm. 801 y su cita, 7ª ed., París, 1986).

6) Que es, precisamente, esa falta de un criterio unívoco sobre los alcances del derecho invocado y la consecuente inexistencia a su respecto de pautas susceptibles de ser determinadas o interpretadas judicialmente lo que impide, además de los argumentos ya señalados, tener a aquél como incorporado implícitamente a nuestro derecho positivo.

Por las razones expuestas el tribunal entiende que un derecho de características tan especiales como el de replica o respuesta no puede ser implícitamente comprendido en el art. 33 de la Ley Fundamental.

Por ello, se confirma la sentencia apelada. Con costas. – Augusto C. Belluscio (según su voto). – Enrique S. Petracchi. – Jorge A. Bacqué.

Voto del doctor Belluscio:

1) Que contra la sentencia de la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmatoria de la dictada en primera instancia, que rechazó la pretensión del actor de obtener un espacio para replicar consideraciones emitidas por el. ex Presidente doctor Arturo Frondizi en el programa de televisión “Tiempo Nuevo”, conducido por los demandados, aquél dedujo el recurso extraordinario, que fue concedido.

2) Que sostiene el recurrente que el derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa no debe quedar reservado a personas o empresas propietarias de medios de comunicación; que el derecho de réplica es el efectivo ejercicio de la libertad de prensa para el ciudadano común, no confundible con la protección que ofrece el ordenamiento positivo frente a la lesión de la honra o el honor de las personas. Alega la operatividad de la Convención de San José de Costa Rica, cuyo objetivo es obligar a los estados signatarios a dictar la legislación reglamentaria de los derechos contenidos en ella; que el derecho de réplica se fundamenta en el art. 33 de la Constitución Nacional; y que resulta indiferente la circunstancia de no haber sido atacado directamente un derecho personalísimo del actor, pues de lo que se trata es de proteger intereses difusos, no resguardados en forma suficiente por otras normas del ordenamiento legal.

3) Que, en primer lugar, cabe recordar que esta Corte, a contrario de lo propuesto por el recurrente, entendió que la Convención Americana sobre Derechos humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica -aprobada ley 23.054-, contiene normas programáticas cuando el ejercicio efectivo del derecho que se pretende depende de la adopción de medidas legislativas por parte del orden jurídico interno, de modo que tales normas no se aplican en jurisdicción nacional mientras no se haya satisfecho ese recaudo, de acuerdo a los principios generales enunciados por los arts. 1º y 2º de la citada convención, así como a la letra de su art. 17, inc. 5º, y al alcance que corresponde asignar al art. 67, inc. 19, de la Constitución Nacional, y sin que obste a esa conclusión lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por la ley 19.865 (causa E.56.XXI. “Eusebio, Felipe E. s/sucesión ab-intestato, sentencia del 9 de junio 1987).

El criterio aludido ya había sido fijado por este Tribunal en la causa registrada en Fallos, t. 186, p. 258, en la que se resolvió que la ley 12.232, aprobatoria de las convenciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en 1921, sólo importaba el compromiso de modificar la ley 9688 de accidentes de trabajo.

4) Que, en lo que atañe especialmente al caso, ha dicho también este tribunal que el “derecho de réplica o rectificación” consagrado en la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- no ha sido objeto de reglamentación para ser tenido como derecho positivo interno (causas C.752.XXI y C.753.XIX “Costa, Héctor R. c. Municipalidad de Buenos Aires y otros” sentencia 12 de marzo de 1987).

En efecto, descartado que el derecho “sub examine” pueda considerárselo como una de las garantías comprendidas en el art. 33 de la Constitución Nacional (cofr. sentencia de la fecha “in re”: S.454.XXI. “Sánchez Abelenda, Raúl c. Ediciones de la Urraca, S. A. y otros” -Rev. LA LEY, suplemento diario del …, p….) no puede encontrarse operatividad directa a tal derecho en el marco del citado pacto -que integra el derecho argentino- pues aquél lo remite a “las condiciones que establezca la ley” (art. 14.1), de manera que mientras tal ley no sea dictada no podrá adquirir operatividad. En tanto ello no ocurra -cuestión ésta de política legislativa, ajena a los órganos jurisdiccionales-, rige el principio de reserva consagrado por el art. 19 de la Constitución Nacional, según el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.

5) Que, sin perjuicio de lo expuesto, no parece desprenderse de las normas cuya aplicación pretende el recurrente que el pretendido derecho de réplica sea el medio idóneo para un debate entre personas que sustentan ideas diferentes, sino que requeriría una ofensa o ataque a la personalidad del sujeto que pretende ejercerlo, la cual no se da en la especie.

No debe confundirse la defensa de la dignidad vulnerada con la diferencia de opiniones. No cabe prescindir de este recaudo alegando la afectación de derechos difusos pues en la hipótesis de ser admitidos estos derechos requerirían de un daño actual o potencial derivado de los actos de la demandada, lo que no surge de las circunstancias del caso.

6) Que lo expuesto es suficiente para desestimar las pretensiones del recurrente, sin que sea necesario considerar sus restantes agravios.

Por ello, se confirma la sentencia apelada. Con costas. – Augusto C. Belluscio.