Fallo del día: el empleador versus el sindicato que pretende representar a sus empleadosTribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe, sala II
 Fecha: 25/03/2013

Partes: Luque, Hugo Roberto c. S.M.A.T.A. s/laboral
Publicado en: Checkpoint
 

Hechos
EL titular de un establecimiento dedicado a la venta y colocación de parabrisas, trajo a conocimiento judicial en busca de una declaración de certeza, la situación en que se encuentra ante la pretensión del SMATA de representar al personal que ocupa. La Cámara declaró que la representación sindical intentada por  SMATA en tanto invoca un estatus anterior cuya antijuridicidad no es ostensible, debe tramitar conforme el art. 59 de la ley 23551 y el decreto 1040/01, absteniéndose provisionalmente de turbar al empleador hasta tanto recaiga resolución administrativa o judicial conforme dichas normas.
Sumarios
1 – Dado que la representación sindical intentada por SMATA, respecto a representar a los trabajadores de un establecimiento dedicado a la venta y colocación de parabrisas, invoca un estatus anterior cuya antijuridicidad no es ostensible, debe tramitar conforme el art. 59 de la ley 23551 y el decreto 1040/01, absteniéndose provisionalmente de turbar al empleador hasta tanto recaiga resolución administrativa o judicial conforme dichas normas.

Santa Fe, marzo 25 de 2013.
Primera: ¿Se ajusta a derecho la sentencia impugnada? Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Dr. Machado dice:
Se ha planteado, contra la sentencia que obra entre fs. 272/286, recurso de apelación, fundado por la actora-empleadora según el memorial de f. 332. Las organizaciones sindicales concernidas no contestan los agravios en término (fs. 343, 346).
El recurrente, titular de un establecimiento dedicado a la venta y colocación de parabrisas, trajo a conocimiento judicial en busca de una declaración de certeza la situación en que se encuentra ante la pretensión del SMATA de representar al personal que ocupa, intentando de tal manera desplazar al CUEC, quien resiste el intento e igualmente la intima a “no innovar” la situación.
Sin perjuicio de compartir las eruditas reflexiones de la Sra. Jueza de anterior instancia a propósito de la naturaleza del conflicto, al que califica como “de encuadramiento sindical” diferenciándole del “encuadramiento convencional”, no coincido con la resolución del asunto en punto a su declaración de incompetencia.
La situación de un empleador puesto ante la disyuntiva de organizaciones sindicales (Expte. N° 204- Año 2012) que concurren en arrogarse la representación gremial del colectivo de trabajadores empleados por él, y que afortunadamente no cede a la tentación ni al enormísimo riesgo de resolverla “por sí y ante sí”, amerita que la jurisdicción le brinde una respuesta siquiera provisional, en la medida en que su conducta trasunta la clara intención de someterse a derecho.
Por otro pero concurrente costado, si bien la a quo deja a salvo su competencia en caso de que se planteare ulteriormente una cuestión de encuadre convencional por legitimado activo a percibir diferencias salariales (uno o varios trabajadores individuales), no puede soslayarse tampoco que el requerimiento oportunamente cursado por SMATA implica la pretensión de que aplique el C.C.T. 27/88 en desmedro del C.C.T. 130/75, lo cual es generador de una incertidumbre actual en punto al convenio colectivo que debe aplicar a sus dependientes y, en cuanto tal, amerita interés suficiente en obtener una declaración judicial.
Tampoco puede soslayarse que en el caso SMATA inicia la controversia intimando, entre otras cosas y bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales, que se ingresen a su orden las cuotas sindicales y contribuciones solidarias “por el período no suscripto” (sic; entiéndase “no prescripto”) con lo cual el interés de la demandada en obtener un acertamiento resulta indiscutible.
Y es que, en esos términos, es la propia demandada la que asigna a la cuestión naturaleza declarativa de un estado preexistente (y no constitutivo de uno nuevo) con efectos retrospectivos que se traducen en un cobro de cuotas sindicales.
La clave de la incompetencia declarada en anterior instancia radica en la previsión del Dec.1040/01, norma que habilitó la posibilidad de que los empleadores tomen intervención en los conflictos de encuadramiento que les conciernen, para evitar el efecto indeseado de que se dicte inaudita pars una resolución que les será oponible y que, por lo general, sino por definición, tendrá para ellos consecuencias económicas desfavorables. Los considerandos de dicha norma y su art.2 son explícitos sobre estos aspectos. De cualquier manera, debo consignar que el art. 2 comienza con un sugestivo “podrán” que recalca el carácter facultativo, de atribución o potestad jurídica y no de un deber inexcusable, al par que en los considerandos se aclara la finalidad de estar a lo dispuesto por la (Expte. N° 204- Año 2012) C.S. en la causa “STIA c/Ministerio de Trabajo” (13.08.96) a propósito del interés legítimo del empleador a ser oído y formular peticiones.
Pero es del caso que de los arts.1 y 5 del Decreto resulta que, en verdad, quien debe someterse necesariamente a la competencia y trámite ante el Ministerio de Trabajo de la Nación es la organización sindical denunciante del encuadramiento que pretende anómico (en defecto o por fracaso de la vía confederativa).
El problema entonces es que, en el caso, quien soslayó dicha vía fue la asociación sindical que plantea el desafío vindicando como propia una representatividad gremial que hasta entonces, sin estridencias que consten en autos, era asumida por otra. Es decir, quien debió conducir su pretensión representativa por aquél cauce normativo, complementario del art. 59 LAS, era el SMATA. Al omitir dicho trámite e instalar una situación de hecho a partir de la intimación al empleador, soslayó que no sólo ni tanto por una cuestión de cortesía y fraternidad con otras organizaciones obreras, como por el necesario orden que en interés común debe presidir la tramitación de estas controversias, no le es posible desplazar unilateralmente y sin sometimiento a las vías de derecho la representación del colectivo, incluso si en definitiva le asistiera razón. Valga la analogía: es como si una entidad se pretendiera “más representativa” que la que goza de personería gremial e intimara al empleador con relación a alguno de los efectos inherentes a dicho estatus sin previa dilucidación administrativa o judicial de la cuestión.
Más aun, desde la perspectiva del análisis económico del derecho deviene evidente que la solución más eficiente conduce a asignar a la entidad sindical ese deber de iniciativa para lograr el encuadramiento que entiende correcto. Y es que para una pequeña empresa como la del caso (venta y colocación de parabrisas), que lejos está de ser excepción en el interior del país cuyo perfil de ocupación se reconoce en un 85% de empleadores PYMES, resulta más oneroso promover la cuestión en sede nacional -con todo lo que ello apareja en materia de asesoramiento- que para las entidades sindicales, todas las que, se trate de uniones o sindicatos federados, cuentan en la Capital (Expte. N° 204- Año 2012) Federal con estructuras técnicas suficientes a tal fin.
Entiendo, en síntesis, que el comportamiento antijurídico que supone apartarse del trámite preventivo diseñado por la ley para solucionar la controversia mediante la intervención administrativa y eventualmente judicial, brinda sustento a la resistencia del empleador y a su petición de no innovar sobre el estado de cosas preexistente.
Consigno obiterdictum que la tendencia a la desorganización de las relaciones colectivas de trabajo motorizada por las reiteradas y conocidas apelaciones a las vías de hecho en que incurren diferentes organizaciones sindicales con elevado “poder de fuego”, es árbol del que no cabe esperar ningún fruto virtuoso. Incluso, insisto, aunque les asistiese razón sustancial en su reclamo. Y es que si el ordenamiento entendido como sistema armónico aspira a soluciones paccionadas entre las clases sociales de intereses ontológicamente diferenciados, tal como es inherente al capitalismo, no pude concebirse que en cambio tolere o consienta que las diferencias entre “compañeros de clase” se procesen de modo anárquico, cuando no violento.
De allí que cabe exigir con especial celo que las vías institucionales previstas para dar cauce a la prevención o resolución de esas diferencias se cumplan.
Propongo, en definitiva, se haga lugar parcialmente al recurso de apelación puesto por la actora y, en su mérito, se declare que la pretensión de representación sindical intentada por el SMATA, en tanto innova en un estatus anterior cuya antijuridicidad no es ostensible, debe tramitar conforme al art.59 de la ley 23.551 y el Dec.1040/01, absteniéndose provisionalmente de turbar al empleador hasta tanto recaiga resolución administrativa o judicial conforme a dichas normas. Voto por la negativa. Costas de ambas instancias en el orden causado, atento a la existencia de precedentes contradictorios y compleja naturaleza de los temas debatidos.
A la misma cuestión el Dr. Alzueta dice:
Que coincide con las conclusiones del preopinante, por lo que vota en idéntico sentido. A la misma cuestión el Dr. Coppoletta dice: (Expte. N° 204- Año 2012).
Que se adhiere a la solución por los fundamentos de los preopinantes, por lo que vota en idéntico sentido.
A la segunda cuestión los Dres. Machado, Alzueta y Coppoletta dicen:
Que atento el resultado de las votaciones precedentes corresponde:1) Hacer lugar sólo parcialmente al recurso de apelación intentado por la actora y, en su mérito, declarar que la representación sindical intentada por el SMATA, en tanto innova en un estatus anterior cuya antijuridicidad no es ostensible, debe tramitar conforme al art. 59 de la ley 23.551 y el Dec. 1040/01, absteniéndose provisionalmente de turbar al empleador hasta tanto recaiga resolución administrativa o judicial conforme a dichas normas; 2) Rechazarlo en las demás cuestiones que hubieren sido materia de agravios; 3) Costas de ambas instancias en el orden causado; 4) Los honorarios de esta Instancia se fijan en el cincuenta por ciento (50%) de los que, en definitiva, corresponda regular en baja instancia por el trámite principal. Por los fundamentos y conclusiones del Acuerdo que antecede, la sala II de la Cámara de Apelación en lo Laboral resuelve: 1) Hacer lugar sólo parcialmente al recurso de apelación intentado por la actora y, en su mérito, declarar que la representación sindical intentada por el SMATA, en tanto innova en un estatus anterior cuya antijuridicidad no es ostensible, debe tramitar conforme al art. 59 de la ley 23.551 y el Dec. 1040/01, absteniéndose provisionalmente de turbar al empleador hasta tanto recaiga resolución administrativa o judicial conforme a dichas normas. 2) Rechazarlo en las demás cuestiones que hubieren sido materia de agravios. 3) Costas de ambas instancias en el orden causado. 4) Los honorarios de esta Instancia se fijan en el cincuenta por ciento (50%) de los que, en definitiva, corresponda regular en baja instancia por el trámite principal. — José Daniel Machado. — Sebastián César Coppoletta. — Julio César Alzueta.