Doctrina del día: a propósito de la libertad sindicalAUTOR : Batista, Jorge O. 

Publicado en: Diario La Ley, tomo LXIX~194, 2005710/05 

I. Introducción
El Fallo abarca temas de trascendencia para la vida sindical y el Derecho Colectivo de Trabajo. Pero además, tiene algunas características que no es común encontrar como que un Juez de Cámara vote dos veces, y además las diferentes posturas y fundamentos de las mismas que mantienen los Sres. Magistrados. Pero es de indudable valor doctrinario señalar que en temas de frecuencia relativa, exhiben en cada caso, los Sres. Jueces, muy sólidas argumentaciones. A pesar de lo referido, el ahondamiento del caso concreto permite visualizar que la solución pudo haber sido otra también por fundamentos que deben ser considerados de importancia.
En el trasfondo de la decisión existen cuestiones ideológicas que siempre estos temas enmascaran y, tales consideraciones de tipo político es indudable que van marcando la impronta de los votos. En toda conducción (política, sindical, deportiva, etc.) -y esto no es jurídico- lo deseable es que la decisión que se adopte para encarar una acción sea trasmitida en forma vertical. En cambio también es deseable que la ejecución sea horizontal. El accionar de que se trate dependerá en su eficacia, en mucho, de esta premisa. Esto vale en tanto se habla de sindicatos verticales y horizontales. Los verticales son los conocidos como de actividad y los horizontales son aquellos conocidos como de oficio. En el art. 30 de la ley 23.551 parecen asimilarse los conceptos de sindicatos de oficio, de profesión, o de categoría. Hoy son pocos y menores los de oficio y de profesión. Los de categoría -en el caso de autos, el agrupamiento que aspiraba a escindirse comprendía a cuatro categorías, no a una- no deben ser entendidos sino como segmentación de los verticales, ya que por lo general agrupan a personal jerárquico. Es de importancia esta distinción porque el sindicato que gana una personería gremial en sede administrativa, y la pierde en sede judicial, es de esta última especie (en plural y no en singular como se expresa la Ley) -no lo es de oficio ni tampoco de profesión- y como quedó dicho tampoco de categoría; si se visualiza esto con detenimiento la resolución dictada por la administración, pudo ser confirmada y no lo fue.
II. Modelo sindical
Dentro y fuera del movimiento obrero organizado es materia de debate hoy en nuestro país el llamado “Modelo Sindical”. El modelo se estructura en un sistema de unidad o de pluralidad sindical, entendidos estos dos conceptos como capacidad jurídica de representación. Pueden convivir muchos o varios sindicatos pero sólo uno tiene la capacidad jurídica de representación para determinados fines -es el modelo de la “unidad”-, en nuestro caso el más representativo; o todos ellos tienen la misma capacidad jurídica de representación -es el sistema de la “pluralidad”-. En el Modelo Sindical argentino, tradicionalmente, desde que los sindicatos dejaron de ser asociaciones civiles para transformarse en asociaciones sindicales, o sea con un marco legal especifico, se practica el sistema de la unidad a la que se la califica con la expresión “promocionada”. En una etapa muy primaria, y cuando no existían las asociaciones sindicales con un marco jurídico especifico, “el modelo” muy informal era el de la pluralidad. Esa situación de promoción del sindicato que ostenta mayor representación está acompañada con el reconocimiento de la llamada personería gremial que, como uno de sus variados efectos, es la que habilita a la negociación colectiva (V. Krotoschin, Ernesto “Tratado Practico del Derecho del Trabajo”, Vol. 2, tercera edición, Depalma, 1979, p. 40.y sigtes. N° 79).
También se lo identifica al sistema como de la unidad promocionada -no de la unicidad- como bien lo señala el doctor Capón Filas en su voto propiciando el buen manejo del idioma toda vez que “unidad” es un sustantivo y, “unicidad” es un adjetivo por lo que utilizar a estos conceptos como ambivalentes no es propio del buen uso de la lengua. Pero no es sólo una cuestión lingüística lo que aconseja usar la terminología de mayor transparencia, sino también la cuestión conceptual de que si fuera de la unicidad -calidad de único- es probable que ello acontecería por imposición del Estado a través o bien del gobierno o de un legislador prepotente y allí si que se estaría afectando la llamada libertad sindical.
Que las asociaciones sindicales con su accionar, puedan tener finalidades de políticas económicas y sociales no está prohibido por la Ley y, es justamente, su tradición. No ha sido negado por nadie que los sindicatos en su accionar siempre gravitan en la realidad económico-social y sus conducciones, encarnadas en hombres como lo son sus afiliados, es bastante normal y común (además deseable), que tengan opinión política. Lo que indudablemente es contra Ley es que las asociaciones sindicales tengan finalidades exclusivamente políticas o financien con sus fondos actividades políticas partidarias.
Aun en la primera etapa de la informalidad cuando funcionaban como asociaciones civiles, o enmascaradas en otros tipos legales (mutuales, cooperativas, etc.) siempre tuvieron color político. Tanto es así que el sindicalismo más primario, el que se practicó por oficios, fue un producto claramente anarquista, aunque hoy algunos sindicatos de oficio están propiamente en una actividad alejada de dicha ideología por efecto propio de que encontraron un segmento de la actividad económica muy diferenciado para su accionar, como es el caso de los viajantes de comercio que han resultado ser un verdadero nexo entre la producción y el consumo. La llamada personería gremial es la que habilita, como se señalara, a practicar la negociación colectiva, y sobre ella se volverá en el curso de esta nota, pero lo que es cierto es que las asociaciones sindicales están vertebradas legalmente sobre el principio de la libertad sindical, como lo destaca nuestra ley 23.551 (arts. 1, 4, 5, 6, 7, etcétera).
Las opiniones sobre si la libertad sindical se realiza únicamente en un régimen de unidad o de pluralidad sindical, en general, están dadas desde una perspectiva política y no rigurosamente jurídica. Aquellos que no logran arribar políticamente a las conducciones sindicales, o que son vencidos en las luchas internas sindicales y no obtienen la conducción, o aun el poder empresario que aspira a combatir y vencer al poder sindical que se le opone, afirman que el sistema de la pluralidad sindical es el que mejor se compadece con la filosofía de la libertad sindical. Por el contrario, aquellos que en la unidad sindical están más cómodos por pertenecer a su conducción, o encontrar afinidad política con quienes la lideran o por otros motivos, abogan por el sistema de la unidad sindical como que no lesiona la referida filosofía de la libertad sindical.
Todos recurren al Convenio N° 87 de la O.I.T. -de libertad sindical- y a los Pactos Internacionales que cita el voto del doctor De la Fuente. Pero ni unos ni otros logran vencerse en la argumentación porque lo que resulta verdadero es que el referido Convenio N° 87 de la O.I.T. es neutral en este punto y no ha tomado partido ni por la unidad ni por la pluralidad, admitiendo tanto una como otra, siempre que sean voluntarias y libremente decididas (conf. Tomas Sala Franco – Ignacio Albiol Montesinos en “Derecho Sindical” Valencia 1989, Pág. 56, Punto 3. a). Estos autores además recuerdan que el Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. -órgano de control del referido Convenio- ha expresado que “evidentemente el Convenio no ha querido hacer de la pluralidad sindical una obligación, por lo menos exige que esta sea posible en todos los casos”. En el caso de nuestro país y además, en otros donde se practica algún sistema parecido, la experiencia histórica ha sido en el sentido de que la unidad sindical ha resultado eficaz con la finalidad perseguida por el movimiento sindical. Los mismos autores alejados de sospechas con relación a la realidad de nuestro país han afirmado que “… el pluralismo sindical comporta, en este sentido, dos grandes riesgos: El riesgo de la atomización sindical y consiguiente pérdida de fuerza, y el riesgo del patronazgo empresarial (sindicalismo amarillo)”. En términos generales, la fórmula del sindicato más representativo -muy parecida a la nuestra- es la vigente en Francia, sin que se conozca que en este país existe una batalla ardiente en argumentaciones por la elección de este modelo. Y por otra parte, la O.I.T. ha receptado esta fórmula para determinar la representación obrera y patronal de cada país en dicho organismo (Art. 389, Punto 3 de la Constitución de la O.I.T. – Autores cit. y obra citada, p. 60 N° 38 Punto A).
III. La disputa de personería gremial en el fallo
En el caso concreto las dos asociaciones sindicales en pugna pertenecían a trabajadores del ámbito público. Y aquí cabe sin ninguna duda merituar las disposiciones de la ley 24.185 (sancionada el día 11 de noviembre de 1992, promulgada de hecho el 16 de diciembre de 1992 y publicada en el B.O. el 21 de diciembre de 1992) (Adla, LIII-A, 3). Esto por cuanto uno de los efectos de la disputa de personería, es el de poder negociar colectivamente por parte de aquella asociación sindical que la detente. Es de hacer notar que la Excma. Cámara que vota y falla a través de la sala VI, conoce del conflicto por haberse articulado el recurso legislado en el art. 62, inc. “b”, de la ley 23.551, que establece una revisión judicial por la vía del control de legalidad del acto administrativo – Resolución 389/2004 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que adjudicó la personería gremial cuestionada a la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación, con sustento en la ya citada ley de negociación colectiva 24.185 y ciertas normas administrativas como la resolución del mismo Ministerio 255/2003.
Esta última resolución es de contenido altamente opinable ya que de rondón termina modificando el sistema normativo de la ley 23.551, aunque restringido al ámbito de los gremios del personal de la administración pública. Se atribuye la resolución facultades de interpretación, cuando apenas si es autoridad de aplicación del sistema legal de las asociaciones sindicales, y de control de las mismas (artículo 58, ley 23.551). Una Ley acerca de la negociación colectiva en el sector público -la 24.185- no es una ley especial acerca de las asociaciones sindicales, como lo es la 23.551.
De ahí que esta resolución 255/2003 no debió disponer acerca de las personerías gremiales -si se desplazan o no- en los casos que ella lo hace y menos establecer proporcionalidades, a modo de reglamento del art. 45 de la ley 23.551, acerca de la cantidad de delegados que puede elegir cada asociación sindical. Las leyes se reglamentan por decretos y no por resoluciones ministeriales; bajo un sistema también opinable de presunta probidad sindical en el sector público lo que se ha conseguido es potenciar el nivel de conflictividad en dicho ámbito de manera casi desconocida para la sociedad.
El Ministerio de Trabajo ha creado un segundo marco normativo por esta resolución, constitucionalmente cuestionable, cambiando el sentido de una Ley especial de una forma técnicamente objetable, introduciéndose en la competencia del legislador.
IV. La negociación colectiva
El contenido de los convenios colectivos de trabajo es muy variado, ya que no sólo referencian e identifican categorías, tareas comprendidas en cada una de ellas, nivel de calificación que supone su desempeño, colaboraciones con el poder público y aun la interrelación que puede existir con organismos empresariales, sino que también el mecanismo de las escalas salariales es una forma democrática de distribución de ingresos. En esto son una suerte de subproducto de la política de estado que con esta finalidad instrumenta cualquier gobierno.
Tiene relación lo señalado con la llamada política de precios de las producciones de cada actividad. Pero tal relación no es de la gravitación tan esencial como suelen destacar los sectores empresarios. Apenas si los salarios son uno de los componentes de la estructura de costos junto con otros muchos y variados donde no gravita la fuerza laboral. Es mas, suelen ser de mayor incidencia en la naturaleza de la producción de que se trate -exportable o para consumo interno-, y aun de los insumos de que se valen las empresas productoras porque los productores de insumos es común que tengan una posición dominante en el mercado.
Desde esta perspectiva y para las producciones privadas, actividad puede ser caracterizada como un sector, área, zona o espacio de concurrencia en el mercado. En cambio para el sector público no puede hablarse, sin caer en distorsiones, de la misma manera, ya que tal mercado no existe. Pero sí existe el presupuesto ya sea general o sectorial. Y otra vez se jerarquiza la negociación colectiva porque también como efecto natural resulta ser un mecanismo de distribución de recursos presupuestarios. Los recursos económicos que surjan en la actividad privada o en la publica de la negociación colectiva irán prioritariamente al consumo, al igual que los haberes jubilatorios y en consecuencia, alentarán la demanda en el mercado interno.
Se cristalizarán así grandes o pequeños objetivos según sea la filosofía gubernamental, de Justicia Social, y el movimiento sindical habrá cumplido con sus deberes de función social llevando con su mayor éxito -o contrariamente con el menor éxito- progresos a la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Por lo que se lleva dicho, las decisiones sobre personería gremial son muy graves y comprometen intereses de un número más que importante de personas que están integradas al mundo del trabajo. El fenómeno sindical y los conceptos que corren en el Fallo en comentario, emergen como de total trascendencia social en las situaciones concretas en que se plantean.
V. La solución final del fallo
En el voto del doctor de la Fuente -su primer voto- se llega a la conclusión de confirmar la resolución Ministerial 389/2004 por una vía -la inconstitucionalidad de oficio del art. 30 in fine de la ley 23.551-, aun con la distinción que practica, ya que es altamente dudoso, aunque la Corte Suprema en alguna ocasión lo hubiera dicho, que los Jueces puedan, en nuestro sistema de control difuso acerca de la constitucionalidad de una norma, dictar su inaplicabilidad en ausencia de pedido de parte legitimada (v. la reciente obra “La Declaración de Inconstitucionalidad de Oficio” de Luis F. Lozano, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, Nov. 2004, p. 78 y 87), donde se sostiene que la prescindencia de aplicar una Ley es un modo de legislar con lo que este autor acerca esta hipótesis -tal vez muy extrema- a la Escuela de Derecho Libre, donde el Juez crea la norma.
Cuando vota por segunda vez, adhiriendo al voto del doctor Fernández Madrid, es evidente que ha abandonado lo antedicho, toda vez que aunque es inusual, no parece imposible que puede producir su segundo voto, dado que las sentencias se dictan en un acuerdo y aquel que votó primero bien podría sin ninguna necedad cambiar el voto si al final se persuade de que el voto ya emitido no resuelve con razonabilidad el caso puesto a sentencia. Aunque la misma se resuelva por la vía de interlocutoria. Convence acabadamente el voto del doctor Capón Filas acerca del debilitamiento sindical que implica y subdividiendo una asociación sindical original, pero es difícil compartir la solución que en definitiva se da si se hubiera tomado en cuenta que no se trata de la escisión de una categoría laboral, sino de varias -cuatro en el caso concreto- y en consecuencia no se trata de la hipótesis legal del art. 30 de la ley 23.551, sino de una segmentación parcial del sindicato vertical. Tal segmentación opera y guarda algún paralelismo con alguna escisión de sindicatos verticales que se produce por rama cuando la tecnología va diferenciando el agrupamiento original y la realidad se transforma (v. U.T.S.A. s/recurso de queja – Sentencia N° 4048, causa N° 8236 del 27 de febrero de 1986 resuelto por la Sala VIII del mismo fuero), en la que la Sala interviniente entendió que la rama que se escindía no guardaba homogeneidad con el resto del agrupamiento, y en el cotejo, los trabajadores de diversas categorías fueron computados por la aludida homogeneidad que era muy superior en los escindidos del sindicato que ostentaba la personería gremial como sindicato madre. Si se compartiera este punto de vista, la solución de este caso hubiera sido diferente y debió haberse confirmado lo resuelto en sede administrativa, en lugar de revocarse la resolución 389/2004.
El Fallo, a pesar de la discrepancia señalada, debe ser tenido como bienvenido al mundo del Derecho práctico, por la riqueza del debate que en sí mismo contiene y que evidencia el grado de madurez de la cultura jurídica argentina en materia de Derecho Sindical.