Jornadas Interdisciplinarias de Derecho de Familia y de las Personas – Paraná, Entre Ríos.

 

 

 

 

La propuesta- organizada por el Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Entre Ríos- se desarrollará el 9 y 10 de mayo en la ciudad de Paraná.
Por informes e inscripción: 0343- 4318926/ 4233990/ 4218387, jornadasfamilia@gmail.com y Facebook: jornadasfamilia.

Las Jornadas Interdisciplinarias de Derecho de Familia y de las Personas se concentrarán en los siguientes temas:

  • Régimen Patrimonial Matrimonial
  • Femicidio
  • Salud Mental
  • Filiación por Fertilización Asistida
  • Maternidad Subrogada
  • Mediación Familiar
  • Filiación Post mórtem
  • Responsabilidad Parental
  • Principios Constitucionales Derecho de Familia
  • Cuánta Autonomía de la Libertad puede soportar la ruptura del Matrimonio
  • Desjudicialización

Disertarán: Dra. Graciela Curuchelar, Dra. Susana Chiarotti, Dra. María Victoria Fama, Dr. Fabián Faraoni, Dr. Andrés Gil Domínguez, Lic. Miriam Girolami, Dra. Marisa Herrera, Dra. Eleonora Lamm, Dra. Dolores Loyarte, Dra. Luz Pagano, Dr. Gabriel Tavic y Dra. Viviana Ventura.

Fallo del día: el haber de retiro del personal policial y la consolidación de deuda pública

 

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, sala I
Fecha: 17/12/2012
Partes: Bagnato, María R. y otros v. Estado Nacional – Ministerio del Interior y otro
Publicación: APJD 21/03/2013
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD – POLICÍA – Retiros y pensiones – Liquidación del haber de retiro – Suplementos – Recurso de apelación – Consolidación de deuda pública

Sumarios

1.FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD – POLICÍA ~ Retiros y pensiones
No pueden reajustarse los haberes de pensión del personal policial basados en la aplicación de suplementos creados al amparo de la ley de personal militar, toda vez que rigen ámbitos personales desvinculados entre sí.

2.FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD – POLICÍA ~ Retiros y pensiones
El plazo de prescripción a contar desde la solicitud administrativa de reconocimiento del derecho al cobro de determinados suplementos para el personal policial, es de dos años, conforme la doctrina “Musto”.
 
 

3.DEUDA PÚBLICA – Consolidación ~ Procedimiento
Durante todo el período que contempla la consolidación  -desde la emisión hacia el futuro-  las obligaciones devengarán un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común del Banco Central.
 

TEXTO COMPLETO
 Expediente: 36832/2006

2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, diciembre 17 de 2012.
Visto:
I. Contra la sentencia que por un lado hizo lugar parcialmente a la demanda ordenando a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal a liquidar en el respectivo haber de retiro el o los suplementos que correspondan con arreglo a lo dispuesto por los decs. 2744/1993, 1255/2005, 1126/2006, 2133/1991 y 713/1992, y por otro, resolvió rechazarlos planteas tendientes a la incorporación de los decs. 2000/1991, 2115/1991, 628/1992, 2701/1993 y 1104/2005, con los accesorios y costas que dispone del modo que en ella se indica, las partes interpusieron sendos recursos de apelación que, concedidos y expresados los agravios —no contestados—, habilitan la intervención de este tribunal.
II. En relación con el agravio por lo resuelto en materia de prescripción, cabe puntualizar que es el plazo de dos años a contar hacia atrás desde la solicitud administrativa de reconocimiento del derecho a los suplementos en debate, o desde la interposición de la demanda, el que debe ser aquí aplicado, conforme con el criterio de esta Sala I en “Musto, Rubén Nicolás v. Caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Pol. Fed. s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, SD 81.484 del 20/5/1999) lo cual lleva a confirmar en este aspecto lo resuelto por el “a quo” en la sentencia apelada.
III. En lo que hace a la queja dirigida al rechazo de su pedido de reajuste basado en el dec. 1104/2005 cabe destacar que su articulado se refiere a la ley 19101 para el personal militar —aprobada por el dec. 1081/1973 y sus modificatorias— así como a las disposiciones del dec. 2769/1993 —y dec. 388/1994— mediante el que se agregaron determinados suplementos a la reglamentación del Capítulo IV —Haberes— del Título II de la precitada ley.
Consecuentemente, toda vez que en autos se dilucidan cuestiones atinentes a un beneficio de pensión de la Policía Federal Argentina, se observa que los indicados plexos normativos aquí no resultan aplicables puesto que rigen ámbitos personales absolutamente desvinculados por lo que corresponde confirmar la decisión adoptada.
IV. En orden al dec. 2744/1993, y sin perjuicio de destacar que este tribunal tiene sentado criterio acerca de esta temática in re “BEGUE, Dionisio v. Caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal Argentina s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.” mediante SD 136.411 del 11/11/2010, en el que se concluyó que los beneficios creados por el dec. 2744/1993 tienen carácter remunerativo y bonificable, es lo cierto que en la presente causa no habiendo cuestionamiento de la parte accionante a este respecto y toda vez que la queja de la demandada encuentra suficiente respuesta en Fallos 321:619 —causa “Torres”—, a cuyos fundamentos y consideraciones cabe remitir por razones de brevedad, en este caso corresponde confirmar la sentencia apelada.
V. En cuanto al agravio esgrimido por la demandada respecto a la fecha hasta la que corren los intereses, corresponde señalar que es criterio de esta Sala que si los bonos se encuentran vigentes, —es decir que no ha vencido el periodo de consolidación dispuesto en las correspondiente norma—, conforme el procedimiento establecido en las leyes de consolidación, las acreencias se calculan, en la forma prevista en la sentencia o convenio, hasta la fecha de corte con más sus intereses. A partir de allí y hasta el vencimiento de los bonos, éstos conllevaban sus propios intereses.
Al respecto la CSJN sostuvo que “Durante todo el período que contempla la consolidación es decir, desde la fecha de emisión de los bonos hacia el futuro, las obligaciones devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central” (Fallos 321:3513)
Ahora bien, si vencido el plazo de 10 años por el cual se emitieron los bonos, la deuda no fue cancelada, corresponde el pago de intereses desde su vencimiento hasta el efectivo pago en los términos de la sentencia que se ejecuta, es decir para el caso de autos, aplicando la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, (conf. Fallos 325:1185).
VI. Respecto de los agravios vertidos en relación a las costas, por la naturaleza de la cuestión en debate, tratándose de la interpretación y alcance de una disposición legal a cuyo respecto los demandantes pudieron haberse considerado con derecho al reclamo, y dado el carácter alimentario de la prestación, corresponde confirmar la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de agravios (art. 68, párr. 2, CPCCN). Por los mismos fundamentos, se declaran las costas por su orden en esta alzada.
VII. En lo que respecta a la apelación de la parte demandada contra la regulación de honorarios practicada por considerarlos excesivos, en atención a lo resuelto precedentemente en cuanto a las costas, corresponde declarar mal concedido tal recurso en razón de la ausencia de interés jurídico de dicha parte.
VIII. Asimismo y por las actuaciones en la segunda instancia, corresponde regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en un …% de lo fijado en la instancia de grado (art. 14, ley 21839 —modif. por la ley 24432—).
Por todo ello, el tribunal resuelve: 1. Confirmar la sentencia de grado en lo que ha sido materia de agravios conforme a lo expresado en los considerandos precedentes. 2. Costas por su orden en la alzada. 3. Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en un …% de lo fijado en la instancia de grado.
Regístrese, notifíquese y remítanse.— Lilia M. Maffei de Borghi.— Bernabé L. Chirinos.— Victoria Pérez Tognola.— Carlos A. Prota.

Columna de Opinión: el Art. 80 de la LCT y las relaciones incorrectamente registradas

 

Autor: Stella Maris Chiti

Publicado en: Primera Hora
Los alcances de la obligación de entrega establecida por el Art. 80 de la LCT a partir de la modificación introducida por el Art. 45 de la Ley 25.345, han sido (y continúan siendo) objeto de las más variadas apreciaciones.
Con anterioridad a la atribución de contenido patrimonial a la misma, tratándose de una simple obligación de hacer que sólo generaba el derecho a percibir astreintes luego de obtenida una condena judicial que así lo dispusiera, no se advertía la necesidad de indagar acerca de cuál era la documentación a entregar ni cuál su contenido (pues el mismo era determinado en la propia sentencia).
La entrega de la certificación de servicios y remuneraciones, instrumentada en el formulario de ANSeS PS 6.2, y de un certificado de trabajo, era aceptada como suficiente y así se constituyó en una suerte de “costumbre”.
En cuanto a los datos consignados en tal documentación, a lo sumo podían ser modificados a través de un nuevo otorgamiento dispuesto por la propia sentencia, pero la documentación ya entregada conteniendo datos incorrectos, no acarreaba ninguna consecuencia para las partes más que la de otorgar una nueva.
Sin embargo, a partir de la imposición de una indemnización para el caso de falta de entrega de las certificaciones previstas por el segundo y tercer párrafo del Art. 80 de la LCT, en debido tiempo y forma, evidentemente se han incrementado los esfuerzos por determinar los alcances de la obligación.
Son varios los motivos por los que el “aparente cumplimiento” de la misma, que en la práctica se venía aceptando, comenzó a cuestionarse.
Uno de ellos es el contenido de las certificaciones y así ha sido ratificado una vez más por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; esta vez, la Sala VIII en los autos caratulados “Muñoz Rolón Luis Aníbal c/ Ale S.R.L. y otro s/ despido”, sentencia del  9 de octubre de 2012.
Dicha sentencia es un claro ejemplo de que la mera puesta a disposición (e incluso, la entrega) de las certificaciones no basta para poder considerar cumplida la obligación en cuestión.
En efecto, en el caso, se consideró acreditado que la remuneración del actor se encontraba integrada por sumas no registradas así como también, que el mismo cumplía un horario de trabajo que superaba la jornada legal.
Es decir, que dos de los elementos esenciales del contrato de trabajo como la remuneración y la jornada se encontraban incorrectamente registrados y por lo tanto, mal consignados en las certificaciones que se le había pretendido entregar en cumplimiento de la obligación impuesta por el Art. 80 de la LCT.
Casos como este demandan, en salvaguarda de la coherencia de la propia sentencia, una necesaria relación entre el resultado de ambas pretensiones (incorrecto registro del contrato de trabajo y falta de cumplimiento de la obligación de entrega) pues es lógico concluir que si una relación laboral se hallaba mal registrada, las certificaciones entregadas (o puestas a disposición) al momento de la extinción, habrán sido confeccionadas en base a la información –mal- volcada en los libros del empleador, debiendo considerarse incumplida, en consecuencia, la obligación de entrega del Art. 80 de la LCT y generando de esa forma (siempre y cuando se haya cumplido con la intimación en debida forma), el derecho a percibir una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual.