Fallo del día: la prescripción y liquidación de intereses en una deuda por mutuo

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial

Fecha: 12/12/2012
Partes: Córdoba Bursátil S.A. v. Tipo S.A. de Capitalización y Renta y otro
Publicación: APJD 19/03/2013
CONTRATOS BANCARIOS Y DE CRÉDITO – Mutuo – Efectos respecto del mutuario – Pago de intereses – Prescripción – Liquidación conjunta de capital e intereses – Efectos de la mora automática y de la caducidad de los plazos – Aplicación del art. 847, inc. 2 del Cód. De Comercio

Sumarios

1.CONTRATOS BANCARIOS Y DE CRÉDITO – Mutuo ~ Efectos respecto del mutuario ~ Pago de intereses
El plazo de prescripción aplicable a los intereses del capital dado en mutuo que se liquidan juntamente con éste y respecto del cual se ha pactado la mora automática y la caducidad de los plazos ante el incumplimiento obligacional, es el cuatrienal previsto por el art. 847, inc. 2, del Cód. Com.

2.CONTRATOS BANCARIOS Y DE CRÉDITO – Mutuo ~ Efectos respecto del mutuario ~ Pago de intereses
Corresponde admitir el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, toda vez que  el plazo de prescripción de los intereses de un contrato de mutuo es el previsto en el art. 847 inc 2 del Còd. De Comercio (4 años), aun en el supuesto en que en el contrato se hubiere previsto la mora automática y la caducidad de los plazos ante el incumplimiento obligacional.

3.CONTRATOS BANCARIOS Y DE CRÉDITO – Mutuo ~ Efectos respecto del mutuario ~ Pago de intereses
Toda vez que  en el caso del mutuo, la ley contempla diferentes plazos de prescripción para reclamar el capital y el interés (no existiendo previsión legal  que establezca que la caducidad de los plazos provoca su unificación), corresponde admitir el recurso deducido por la demandada contra el rechazo de la excepción de prescripción; ello con fundamento en la aplicación de la prescripción cuatrienal establecida por el inc. 2 del art 847 Cód. Com.

TEXTO COMPLETO

Córdoba, diciembre 12 de 2012.
1ª.— ¿Es procedente el recurso de casación deducido por la Sra. María Cristina González por el motivo del art. 383, inc. 3, CPCC?
2ª.— En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
1ª cuestión.— El Dr. García Allocco dijo:
I. La Sra. María Cristina González, a través de apoderado —Dr. Horacio R. Auad—, interpone recurso de casación en autos: “Córdoba Bursatil SA v. Tipo SA De Capitalización y Renta y otro —ejecución hipotecaria—recurso de casación—” (Expte. n. “C” 49/10), en contra de la sent. 196 de fecha 19/11/2009, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad, con fundamento en lo normado por los incs. 1, 2 y 3, art. 383, CPCC.
La impugnación fue debidamente sustanciada, conforme al trámite que prevé el art. 386, CPCC, corriéndose traslado, el que fue evacuado por la parte actora a través de apoderado —Dr. Juan José Castellanos— conforme surge de las constancias obrantes a fs. 330/334 de autos.
Mediante Auto Interlocutorio N. 200 de fecha 3/5/2010, el órgano jurisdiccional de alzada concedió el recurso impetrado sólo por el motivo del art. 383, inc. 3, CPCC.
Radicadas las actuaciones ante esta Sede, dictado y firme el decreto de autos (fs. 346 vta.), queda la causa en estado de dictar resolución.
II. El tenor de los agravios que informan el recurso sub júdice, en los límites en que ha sido habilitado, es susceptible de este extracto:
La quejosa asegura que la doctrina asumida en el fallo en crisis resulta contraria a la hermenéutica sustentada —para un caso análogo— por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de Córdoba, in re: “Faca SRL v. Alfonso, Osvaldo A. —Otros—Títulos ejecutivos—”, Sent. 124 del 2/8/2005), que en copia juramentada acompaña.
En esta línea, explicita que en el fallo traído a cotejo, el tribunal, al abordar la prescripción de cuatro años que establece el art. 847, inc. 2, CCom., para las obligaciones provenientes del mutuo resuelve que esta prescripción se aplica solamente para los intereses del préstamo y no para el capital que se rige por la prescripción ordinaria, lo que es incuestionable en vista a lo que disponen tanto el artículo citado como el art. 846 del mismo plexo normativo.
En función de ello solicita se unifique la doctrina sobre el plazo de prescripción de los intereses del contrato de préstamo, admitiéndose la de cuatro años preceptuado por el art. 847, inc. 2, CCom.
III. Respetando los límites dentro de los cuales fuera dispuesta la habilitación, me avoco ahora al tratamiento de la casación sub iudice.
IV. Previo a abordar el análisis sustancial del segmento impugnativo supra compendiado, corresponde a este Alto Cuerpo verificar si, a su respecto, se hallan cumplidos los recaudos formales que condicionan la apertura de la instancia extraordinaria.
En ejercicio de tal prerrogativa, estimo pertinente recordar que la casación por el motivo legal sub-examen se erige en instrumento eficaz para la determinación de reglas uniformes, en presencia de interpretaciones antagónicas de la ley, por lo que su viabilidad se supedita al cumplimiento de las exigencias instituidas como inherentes, entre ellas, que las soluciones jurídicas disímiles hayan sido brindadas en oportunidad de resolver hipótesis fácticas idénticas.
En autos, el requisito de paridad entre las cuestiones sometidas a juzgamiento, se aprecia suficientemente satisfecho, puesto que en ambas oportunidades se trataba de dilucidar cuál es el plazo de prescripción de los intereses de un contrato de mutuo comercial en el cual el mutuario no ha cumplido con las obligaciones a su cargo, habiendo incurrido en mora antes de haber reembolsado la totalidad de las cuotas pactadas.
Por lo demás, la divergencia interpretativa emergente de los resolutorios confrontados aparece ostensible.
Efectivamente, en el precedente denunciado como contradictorio se asume una doctrina según la cual el capital del mutuo tiene un plazo de prescripción amplia, esto es de diez años, en tanto los intereses de dicho contrato prescriben en un plazo más exiguo ya que corresponde aplicar el plazo cuatrienal previsto por el art. 847, inc. 2, CCom. (ver fs. 312/313).
En el sublite, en cambio, el Mérito se ha enrolado en la tesis que afirma aplicable en la especie el plazo decenal previsto en el art. 4023, CCiv., por tratarse de una deuda que se ha fraccionado en cuotas para su pago. En tal sentido, el a quo enfatizó que cuando los intereses deben liquidarse junto con el capital, se ha admitido que goza del mismo plazo de prescripción que la obligación principal que es de diez años.
Siendo ello así, queda justificada la intervención unificadora de esta Sala, por el carril impugnativo propuesto (art. 383, inc. 3, CPCC).
V. El thema decidendum.
De lo extractado supra se colige con nitidez que el núcleo decisorio radica en determinar el plazo de prescripción aplicable a los intereses del capital dado en mutuo que se liquidan juntamente con este (esto es, todas las cuotas del contrato de préstamo contienen capital e intereses compensatorios); y en el cual se ha pactado la mora automática y la caducidad de los plazos ante el incumplimiento obligacional.
La contradicción acusada se ajusta —con mayor precisión— a determinar si el plazo de prescripción de los intereses de un contrato de mutuo es el mismo que se aplica para el capital adeudado (plazo decenal u ordinario consagrado en ambos pronunciamientos y que no conforma tópico sobre el que este tribunal deba expedirse) o si, por el contrario, conforme lo dispone el art. 847, inc. 2, CCom., corresponde aplicar un plazo menor de cuatro años.
Asimismo, y como primer peldaño dentro de esta inicial incursión sobre la materia, destaco que la naturaleza mercantil del contrato celebrado entre las partes y acerca de la cual éstas no han debatido, deriva de la calidad de comerciante del mutuario que es una Sociedad Anónima de capitalización y renta (art. 558, CCom.) y del carácter oneroso del contrato celebrado.
Esta precisión se sustenta en que para establecer si una deuda que debe pagarse por años o períodos más cortos está sujeta a la prescripción civil o a la comercial, debe atenerse al carácter civil o comercial de la obligación, teniendo presente que, de acuerdo con el art. 7, CCom., si un acto es mercantil para una de las partes, todos los contratantes quedan, por razón de él, sujetos a la ley comercial. (Fontanarrosa, Rodolfo O., “Derecho Comercial Argentino (Parte General)”, Ed. Zavalía, Buenos Aires, año 1967, 3ª ed., p. 587).
En función de ello, analizaré el problema jurídico traído a conocimiento de esta Sala asumiendo como punto de partida que el contrato de mutuo que sirve de base a la acción ejecutiva impetrada reviste carácter comercial.
VI. Marco hermenéutico y parámetros interpretativos
VI.1. A modo de prolegómeno, considero conveniente precisar algunas nociones liminares a la luz de las cuales la solución interpretativa será asumida en el sub lite.
VI.2. Avocado a tal tarea, comienzo por recordar que, tal como ocurre en el derecho común, también en el derecho comercial la ley establece con carácter de regla general un plazo de prescripción ordinario de diez años, y consagra al propio tiempo, en forma de excepciones a esa regla general, una serie determinada de plazos breves de prescripción, los que se aplican a ciertos tipos especiales de acciones (art. 846, CCom.; art. 4023, CCiv.).
En efecto, el art. 846, CCom., refiere a la prescripción ordinaria en materia comercial que tiene lugar a los diez años. En otras normas del mismo título XIV o en otras disposiciones, el Código alude a la prescripción de otras acciones, estableciendo, en general, plazos más breves que los que fija el Código Civil para acciones similares, lo que obedece a que en el derecho mercantil, por las necesidades y reglas de comercio, adquiere más importancia el tiempo (Conf.: Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordados”, Ed.. Depalma, T. VI, p. 88).
Con arreglo a este régimen legal, toda acción que no encuadre en alguno de los supuestos especiales contemplados expresamente en la ley, quedaría directamente sometida a la aludida regla residual del aludido art. 846, es decir al plazo ordinario de prescripción de diez años.
Diversamente, si existe en el estatuto comercial un precepto que regule especialmente la situación jurídica de que se trate, estableciendo una prescripción más corta, será este plazo el que corresponda aplicar toda vez que el precepto que expresa la pauta genérica en cuanto al plazo prescriptivo liberatorio, ordena remitirnos a la norma que contenga una pauta específica si existiera.
VI.3. Siendo ello así, es claro que la indagación que la Sala debe llevar a cabo a fin de dirimir esta precisa cuestión de derecho, consiste en determinar si la acción de cobro de los intereses del mutuo comercial es subsumible en alguna de las hipótesis particulares estatuidas por el Código de Comercio, especialmente en la conceptuada en el art. 847, inc. 2, CCom., o si, por el contrario, es aplicable el plazo de prescripción general de diez años.
Si tal encuadre resulta admisible, entonces el plazo de prescripción de la acción pertinente será el especial de cuatro años allí consagrado.
Si, por el contrario, ello no es admisible luego será preciso concluir directamente que el plazo de prescripción aplicable será el general de diez años, sin necesidad de añadir otras consideraciones.
VI.4. En mi opinión, ninguna tarea hermenéutica puede prescindir de una auscultación de la realidad.
Así, en materia comercial, las necesidades del tráfico negocial imponen plazos breves de prescripción, desde que la “celeridad” y “seguridad” son valores que se imponen en las modernas sociedades de consumo.
En este sentido se ha pronunciado esta sala remarcando el hecho de que la celeridad del tráfico mercantil en una sociedad ágil y moderna exige razonablemente un plazo de prescripción breve que no perpetúe por el largo lapso de diez años la incertidumbre que se cierne sobre los derechos, apuntando que: “Si la certidumbre constituye un valor fundamental del Derecho, a cuya realización propenden muchos de sus institutos, más lo es todavía en la órbita del derecho comercial, una de cuyas principales notas tipificantes frente al derecho común consiste en que tiende a asegurar y favorecer la celeridad en las transacciones (conf. Joserrand, “Derecho Civil”, Buenos Aires, 1950, t 1, ps. 18/19)” (Sent. 53/04 y mi voto en Sent. 144/11).
Siguiendo a Zavala Rodríguez cabe precisar que por un lado, el origen de nuestro plazo decenal como regla genérica para que opere la prescripción liberatoria debe ser buscado en el derecho italiano. Fue en Italia, en el marco de una de las comisiones parlamentarias, que al discutirse sobre la extensión del plazo prescriptivo ordinario en materia comercial se aceptó la propuesta de Manzini, quien consideraba que pesando sobre los comerciantes la obligación de guardar sus libros durante diez años era razonable que ese mismo fuera el límite de la obligaciones comerciales. Para Vivante, la solución era análoga, pero el razonamiento debía ser invertido: establecido en la ley un determinado plazo prescriptivo, la carga de conservar los libros debe coincidir con él, puesto que extinguido el vínculo jurídico originario, sin grave perjuicio, parece lógico que se desobligue al comerciante de conservar los libros que resultaban útiles para acreditar la existencia del vínculo referido (Cfr.: Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio y leyes complementarias comentados y concordados”, Ed. Depalma, Buenos Aires, t. VI, ps. 90 y ss.).
En nuestro territorio, hasta el dictado del dec.-ley 4776/1963, el art. 67, CCom., imponía la obligación de guardar los libros de comercio durante veinte años y el art. 846 determinaba un lapso de diez años como plazo prescriptivo liberatorio.
Esta incongruencia había sido objeto de diversas consideraciones. Por un lado, Segovia la criticaba y sugería la reducción del plazo mayor. Siburu, haciéndose eco de lo pensado por otro italiano, Mortara, la encontraba conveniente porque de esta forma no se olvidaba que el término de prescripción puede ser interrumpido, suspendido o renunciado, en cuyo caso el solo transcurso de los diez años no bastaría para prescribir.
Por fin, el dec.-ley antes relacionado (que modificó el art. 67) impuso la obligación de conservar los libros y la correspondencia mercantil por el término de diez años, lo que hizo desaparecer la inconsistencia apuntada.
Por su parte, y en cuanto al punto específico en análisis, Fernández expresa que el fundamento de la prescripción cuadrienal para los intereses o los pagos accesorios (art. 847, inc. 2, CCom.), que es considerablemente más breve que la prescripción normal de diez años, “[…] responde al propósito de evitar que llegado el momento se extorsione al deudor, dejando transcurrir largos plazos, sin reclamarle los intereses o sumas accesorias, para requerirlo cuando, después de muchos años, se haya acumulado una suma extraordinaria. Ello es así, porque esa reclamación tardía no sólo perjudica y sorprende al deudor, que lógicamente se pudo considerar liberado, sino que perturba las relaciones jurídicas de los contratantes, con grave repercusión social y en el tráfico económico. A través de una actitud pasiva del acreedor se pueden ir sumando intereses, hasta constituir un fuerte caudal que coloque al deudor en serias dificultades de afrontar las deudas. No puede tolerarse, en justicia, ese acrecentamiento de sumas que se van formando por el vencimiento de intereses, que rinde el capital que también se adeuda, y que colocan al deudor en una situación de desesperado desequilibrio. El acreedor tiene acciones para hacerse pagar periódicamente los intereses, pero si las abandona y con su silencio provoca esa situación de inseguridad de su deuda, no puede merecer el amparo de la ley, después de muchos años. De allí que la prescripción más breve le impida reclamar esas sumas periódicas” (Fernández, Raymundo L. – Gómez Leo, Osvaldo R., “Tratado teórico práctico de Derecho Comercial”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 1997, 2ª ed. actualizada, t. IV, ps. 670 y 671; en idéntico sentido: Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordados”, Ed. Depalma, T. VI, p. 171).
VII. Plazo de prescripción de la acción de cobro de los intereses del capital dado en mutuo
VII.1. Dentro de este marco de interpretación, y con arreglo a las pautas valorativas referidas supra, anticipo que —a mi juicio— resulta aplicable el plazo de prescripción de cuatro años.
No se me escapa que la tesis sustentada en la antípoda (y propugnada por la Cámara a quo) cuenta, en el ámbito del derecho civil, con el respaldo de destacados juristas (entre los que cabe citar: Salvat, en Salvat-Galli, “Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en general”, t. III, p. 554, n. 2202 a); Llambias, “Tratado de derecho civil. Obligaciones”, t. III, p. 397), y ha sido mantenida en algunos pronunciamientos judiciales (entre otros: C. 1ª Civ. Cap. Fed., 1/8/1924, en autos: “Sociedad Argentina de Edificación”, JA XIII, p. 700; C. 2ª Civ. Cap. Fed., 23/4/1942, in re: “La Americana v. Publa”, JA 1942-II-p. 819; C. 2ª La Plata, 27/6/1947, Lozza v. Loiácono”, JA 1947-II-p. 779).
Pero dicha postura, que no es unánime (se puede consultar con provecho autores civilistas que propugnan la tesis según la cual se debe diferenciar entre el plazo de prescripción ordinaria para el capital —art. 4023, CCiv.— y el quinquenal para los intereses del mutuo —art. 4027, inc. 3, CCiv.—: Spota, “Tratado de derecho civil”, Buenos Aires, año 1947, t. 10, p. 523; Borda, “Tratado de Derecho Civil Argentino, Obligaciones”, Ed. La Ley, t. II, p. 62; Pizarro – Vallespinos, “Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones”, Ed. Hammurabi, t. 3, p. 742; Galli, en Salvat – Galli, “Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones”, en general, t. III, p. 557, n. 2202 d), ha sido elaborada en ocasión de interpretar una norma similar que contiene la Ley Civil (art. 4027, inc. 3, CCiv.), pero no la que resulta aplicable al sublite, que es la ley comercial.
En el ámbito del derecho comercial, la doctrina relevante (vgr.: Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordado”, Ed. Depalma, T. VI, ps. 171 y ss.; Fontanarrosa, Rodolfo O., “Derecho Comercial Argentino (Parte General)”, Ed. Zavalía, Buenos Aires, año 1967, 3ª ed., p. 587; Malagarriga, Carlos C., “Tratado elemental de Derecho Comercial”, Ed. Tipográfica, Buenos Aires, año 1952, t. IV, p. 492, citando jurisprudencia de la Corte Sup., 18/7/1938, LL t. 11, p. 418; Rouillon, Adolfo A., “Director, Código de Comercio Comentado y Anotado”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, t. II, p. 967; (Fernández, Raymundo L. – Gómez Leo, Osvaldo R., “Tratado teórico práctico de Derecho Comercial”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1997, 2ª ed. actualizada, t. IV, ps. 670 y 671; Alberti, Edgardo M., “Tres cuestiones sobre la prescripción comercial: calificación del negocio para fijar su término, lapsos de extinción del capital y del interés, y momento de la liberación”, LL 2001-B, ps. 285 y ss.); y abrumadora mayoría en la jurisprudencia (entre otros: Corte Sup., del 18/7/1938, in re: “Molinos Harineros y Elevadores de Granos SA v. La Nación”, Fallos 181:196; LL, 11-418; (C. Nac. Com., sala C, in re: “Espinosa, Susana N. E. v. Obregón, Mario A. s/Ordinario”, Sent. del 27/9/2011, el Dial.com – AA18E); C. Nac. Com., sala F, in re: “Marconi, Guillermo V. v. Marchionni, Noemí E. s/ejecutivo”, Sent. del 2/2/2010, MJ-JU-M-54266-AR | MJJ54266 | MJJ54266; C. Apel. Civ. y Com. de San Nicolás, in re: “Banco Integrado Dptal. Coop. Ltdo. (su quiebra) v. Mastroiani, José María y otros s/cobro sumario de dinero”, res. del 11/6/2009, MJ-JU-M-46261-AR | MJJ46261 | MJJ46261); C. Nac. Com., sala B, in re: “De Luca, Roberto D. y otro v. Acuña Santiago Antonio y otro – Ejecutivo-“, Sent. del 27/8/2007, MJ-JU-M-16384-AR / MJJ16384 / MJJ16384; C. Apel. Civ., Com. Lab. y Min. de General Pico, in re: “Fideicom. Admin. Cartera v. Ferrero, Aldo V. y otro s/cobro ejecutivo”, Sent. del 23/4/2007, MJ-JU-M-11991-AR | MJJ11991 | MJJ11991; en similar inteligencia: Corte Sup. Mendoza, sala 1ª, in re: “Banco de Previsión Social v. Pozo, José, res. del 22/2/1989, JA 1989-III, p. 432 y C. Apel. Civ., Com., Minas, Paz y Trib. de Mendoza, in re: “Banco Multicrédito SA s/quiebra v. Arias, Aníbal S. y otros s/cobro de pesos”, res. del 30/11/2010, MJ-JU-M-62626-AR | MJJ62626 | MJJ62626; C. Nac. Com., sala B, in re: “Corfinsa SA en liquidación judicial v. Codico, CISA s/sumario”, Sent. del 11/9/1996, MJ-JU-E-8918-AR | EDJ8918 | EDJ8918), es conteste en propugnar el plazo cuatrienal para la prescripción de los intereses en el contrato de mutuo de naturaleza comercial.
Además, destacados civilistas se han expedido en igual sentido, al interpretar el art. 847, inc. 2, CCom. (ver: Borda, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Ed. La Ley, t. II, ps. 61 y 65; Pizarro – Vallespinos, “Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones”, Ed. Hammurabi, t. 3, p. 744, con cita de Vítolo; López Herrera, Edgardo, “Tratado de la Prescripción Liberatoria”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, 2ª ed., ps. 659 y 660).
Reitero que, a mi criterio, la cuestión resulta subsumible en la solución consagrada en el art. 847, inc. 2, CCom., siendo varias las razones que concurren a formar convicción sobre el punto y que paso a desarrollar.
VII.2. Para comenzar, es dable señalar que la aplicación del plazo cuatrienal que aquí se propone es la que mejor compatibiliza con una interpretación literal de la regulación vigente en materia de contrato de mutuo comercial.
Recordemos que la manda genérica del plazo prescriptivo (art. 846, CCom.) resulta de aplicación residual, esto es, ante la ausencia de una norma específica que contenga otro plazo para la situación jurídica de que se trate.
Y en lo relativo a los réditos del contrato de mutuo no existe vacío legal que torne operativa la directriz general ya que —antes bien— el art. 847, CCom., textualmente reza: “Se prescriben por cuatro años: […] 2) los intereses del capital dado en mutuo…”.
En efecto, corresponde hacer una diferenciación entre el plazo de prescripción relativo al capital y el correspondiente a los intereses, sin perder de vista que los réditos constituyen una obligación accesoria.
En aquellos supuestos donde se pactó el pago de intereses periódicos, resulta de aplicación el plazo abreviado previsto por el art. 847, inc. 2, CCom., que así lo establece expresamente. En tal caso, la aplicación del plazo decenal (residual) encuentra excepción en el rubro intereses, provenientes del mismo tipo de contrato, en tanto reconocen una pauta particular contenida en el art. 847 antes referenciado (Cfr.: C. Nac. Com., sala C, in re: “Espinosa, Susana N. E. v. Obregón, Mario A. s/Ordinario”, Sent. del 27/9/2011, el Dial.com – AA18E).
Así se ha sostenido: “La acción tendiente, en el mutuo, a la devolución de […] los intereses prescribe a los cuatro, en virtud del ya mencionado art. 847, inc. 2, que empieza refiriéndose, precisamente, a ‘los intereses del capital dado en mutuo’ y agrega que ‘el término para la prescripción correrá desde que la prestación se haga exigible’ […] la Suprema Corte tiene decidido que la prescripción del art. 847, inc. 2, comprende los intereses de cualquier deuda, sea cual fuere su origen” (Malagarriga, Carlos C., “Tratado elemental de Derecho Comercial”, Ed. Tipográfica, Buenos Aires, 1952, t. IV, p. 492, citando jurisprudencia de la Corte Sup., 18/7/1938, LL t. 11, p. 418; en similar sentido: Fontanarrosa, Rodolfo O., “Derecho Comercial Argentino (Parte General)”, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1967, 3ª ed., p. 587).
Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que no cabe sino aplicar la norma especial contenida en el art. 847, inc. 2, CCom., que establece la prescripción cuatrienal de los intereses del capital otorgado en mutuo.
VII.3. Sentado ello, cabe destacar que a la luz de un criterio de interpretación sistemático se puede arribar a la misma solución.
Recuérdese, en esta línea, que el método hermenéutico aludido, es aquel que permite interpretar las normas en relación a su contexto, armonizando su real sentido y alcance con el resto de las normas y principios que rigen la institución en análisis. Lo valioso del mentado criterio sistemático, radica —entonces— en privilegiar la idea de que el derecho es un todo integrado y orgánico, no pudiendo sus disposiciones ser interpretadas aisladamente y en contradicción al resto de las reglas regulatorias de la misma materia.
Sobre el tópico, la Corte Sup. tiene dicho que la ley debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente; en la inteligencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto (Fallos 296-432).
Pues bien, bajo el prisma del método sistemático referenciado, es dable asegurar —siguiendo a Alberti— que “La aplicación al mutuo del art. 847, inc. 2, CCom., provoca un resultado coherente con la regla general sobre lo principal y lo accesorio (art. 525, CCiv.). El deudor resultará liberado en un plazo más breve, pero sólo del interés (que es un accesorio del capital otorgado en mutuo). La extinción de la prestación principal (la restitución de lo mutuado) ocurrirá cuando ya no subsista su accesorio, esto es, el interés. De ese modo “[…] confluyen armónicamente en el mutuo las reglas particulares sobre lapsos de prescripción, con la regla general que extingue el accesorio por efecto de la extinción del principal pero conserva el principal a despecho de la extinción del accesorio” (Alberti, Edgardo M., “Tres cuestiones sobre la prescripción comercial: calificación del negocio para fijar su término, lapsos de extinción del capital y del interés, y momento de la liberación”, LL 2001-B, ps. 285 y ss.; el destacado es de mi autoría).
De esta manera, el dispositivo contenido en el estatuto comercial está en perfecta consonancia con el resto del ordenamiento jurídico positivo y en perfecto equilibrio con las previsiones de la ley común.
VII.4. Asimismo, desde una perspectiva teleológica, resulta conveniente ahondar en el fundamento del precepto que analizamos.
Memoremos que esta prescripción breve, para los intereses del capital conferido en mutuo, obedece en primer lugar al propósito de evitar que se asfixie al deudor, dejando transcurrir largos plazos, sin reclamarle los intereses o sumas accesorias, para requerirlo cuando después de varios años, se haya acumulado una suma extraordinaria (Conf.: Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordados”, Ed. Depalma, T. VI, p. 171).
Es que no puedo sino coincidir con la buena doctrina en cuanto advierte sobre los efectos perniciosos que necesariamente habrán de impactar en las convenciones jurídicas que se celebren y en la innegable afectación en el ámbito social y económico que consecuencialmente habrá de provocar una reclamación de la que, por su tardanza, válidamente podría haberse sentido liberado el solvens.
“La ley —dice Colmo—, que en modo alguno puede tener la pretensión de modificar ni menos de reformar el temperamento del hombre y su condición de tal, con prohibiciones o castigos legales, no ha podido menos que venir en su protección evitando que el acreedor pueda con una reclamatoria tardía, causar la ruina del deudor exigiéndole el pago de varios períodos que ni éste tendrá cómo pagarle sin arruinarse, y que, por otra parte, aquél pudo reclamar en oportunidad si hubiera sido más diligente” (Colmo, Alfredo, “De la prescripción en materia comercial”, cit. por Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordados”, Ed. Depalma, T. VI, p. 171).
Siendo ello así, no puede tolerarse en justicia ese acrecentamiento de sumas dinerarias que se van formando por el vencimiento de los intereses que rinde el capital dado en mutuo que también se adeuda, y que coloca al deudor en una situación de imposibilidad de abonar la deuda que el silencio del acreedor ha contribuido a conformar.
Por ello se ha sostenido —con razón— que la finalidad implícita de la disposición contenida en el art. 847, inc. 2, CCom., consiste en evitar que la inacción del acreedor en la percepción periódica del interés derive en sorpresa para el deudor ante el fuerte incremento de los accesorios reclamados recién al aproximarse la extinción del principal.
Como puede advertirse claramente, resulta imprescindible fijar un plazo menor al ordinario de diez años para cumplir con la finalidad impuesta por el legislador.
VII.5. Intereses comprendidos en la prescripción breve.
Es necesario destacar también que la ley no distingue la clase de interés a la que hace referencia, por lo que cabe concluir que al no haber diferenciado se refirió a todo tipo de intereses, ya sea compensatorio, moratorio, punitorio, convencional, legal o judicial.
En efecto, la norma del art. 847 comprende los intereses de todas clases (legales, compensatorios, moratorios, punitorios), siempre que fuesen líquidos y exigibles (Conf. Fontanarrosa, Rodolfo O., “Derecho Comercial Argentino (Parte General)”, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1967, 3ª ed., p. 588).
En idéntico sentido se ha expedido Zavala Rodríguez, destacando que la prescripción del art. 847, inc. 2, ib., comprende toda clase de intereses, como lo demuestra la expresión bien amplia de “los intereses del capital dado en mutuo” (Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordados”, Ed. Depalma, T. VI, ps. 172 y 173, citando a Colmo, Fernández, Salvat y Spota). Afirma el autor citado: “Cualquiera que sea la clase de intereses compensatorios o moratorios o punitorios de tasa convencional o legal, con o sin garantía hipotecaria, están sujetos a esta prescripción de cuatro años” (Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio…”, cit., T. VI, p. 174).
“El art. 847, inc. 2, CCom., comprende toda clase de intereses convencionales, legales, compensatorios, moratorios y punitorios. Pero se debe tratar de intereses líquidos y exigibles. En virtud del art. 847, inc. 2 in fine, CCom., el término de esta prescripción, cuadrienal, comenzará a correr desde que la prestación se haga exigible” (López Herrera, Edgardo, “Tratado de la Prescripción Liberatoria”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, 2ª ed., p. 659; en idéntico sentido: Rouillon, Adolfo A., Director, “Código de Comercio Comentado y Anotado”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, t. II, p. 967).
Este temperamento encuentra aval en la jurisprudencia especializada. Se ha sostenido: “En este proceso se reclama un mutuo dinerario y procede la excepción de prescripción, en relación a una porción de los intereses reclamados. La ley no distingue clases de intereses, de modo quequedan incluídos los compensatorios, moratorios, punitorios, convencionales, legales o judiciales (C. Nac. Com., sala B, in re: “De Luca, Roberto D. y otro v. Acuña, Santiago A. y otro —Ejecutivo—”, Sent. del 27/8/2007, MJ-JU-M-16384-AR / MJJ16384 / MJJ16384; el destacado me pertenece).
Como puede apreciarse, y sin ocultar que existe jurisprudencia que estima que la prescripción comprende sólo los intereses retributivos (Vgr.: C. Nac. Com., sala C, in re: “Espinosa, Susana N. E. v. Obregón, Mario A. s/Ordinario”, Sent. del 27/9/2011, el Dial.com – AA18E), es casi unánime la doctrina autoral y jurisprudencial que estima que no cabe distinguir entre los réditos y, que por lo tanto, la prescripción breve alcanza a todos sin importar su naturaleza.
VII.6. Dies a quo del plazo de la prescripción cuatrienal.
El art. 847, inc. 2, párr. 2, CCom., establece que “el término para la prescripción correrá desde que la prestación se haga exigible”.
En función de ello, esta prescripción corre desde que la prestación se haga exigible, es decir que la prescripción se cuenta desde que cada servicio debe ser pagado. La acción por la deuda del mutuo comienza a prescribir desde el día que según lo estipulado deba ser devuelto el capital. La acción para cobrar intereses comienza a prescribir desde que exista la obligación de pagarlos o desde que las prestaciones se hagan exigibles, lo que puede ocurrir antes o después de que sea exigible la obligación por la devolución del capital (Conf.: Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordados”, Ed. Depalma, T. VI, p. 177).
En esta misma dirección se ha resuelto: “Coadyuvantemente, el art.847, inc. 2, CCom., no requiere la liquidez del interés, sino su exigibilidad; y un interés no liquidado pero susceptible de liquidación es exigible (sala D, 13/8/1991, “Banco de Los Andes SA —en liq. Judicial— v. La Superiora Viñedos Bodegas y Olivares SA s/ordinario”)” (C. Nac. Com., sala F, in re: “Marconi, Guillermo V. v. Marchionni, Noemí E. s/ejecutivo”, Sent. del 2/2/2010, MJ-JU-M-54266-AR | MJJ54266 | MJJ54266).
Y en similares términos se ha indicado que “(…) según el art. 847, inc. 2, CCom., se prescriben por cuatro años los intereses del capital dado en mutuo, comenzando el término a correr desde el día en que la prestación se hace exigible y que teniendo en cuenta que las partes en el instrumento base del juicio determinaron el capital, la tasa de interés aplicable y la mora automática, la prescripción se inicia desde que cada servicio debe ser pagado, no dependiendo la exigibilidad de los intereses de liquidación alguna” (C. Civ. y Com. de San Nicolás, in re: “Banco Integrado Dptal. Coop. Ltdo. —su quiebra— v. Mastroiani, José María y otros s/cobro sumario de dinero”, res. del 11/6/2009, MJ-JU-M-46261-AR | MJJ46261 | MJJ46261).
En función de lo expuesto, no cabe más que concluir que los intereses pueden correr aún sobre sumas ilíquidas, siempre y cuando los mismos sean exigibles.
VII.7. La caducidad de los plazos pactada en el contrato de mutuo no torna aplicable la prescripción residual de diez años.
Alguna jurisprudencia ha entendido que cuando el mutuario deja de abonar el servicio de intereses sobre el capital recibido en mutuo y en el contrato se ha pactado la caducidad de todos los plazos para el caso de que el deudor incurriera en mora, todos los intereses devengados con posterioridad a dicho pago forman un todo inescindible. En tal caso, pregonan que no resulta aplicable la norma contenida en el art. 847, inc. 2, CCom., sino lo dispuesto por el art. 846 del mismo plexo normativo.
Según esta postura, la previsión del art. 847, inc. 2, CCom., resulta inaplicable si las partes han pactado la caducidad de todos los plazos para el caso de que el deudor incurriera en mora (C. Nac. Com., sala E, in re: “HSBC Bank Argentina SA v. Cisterna José Franklin y otro s/ejecutivo”, Sent. del 17/10/2008, MJ-JU-M-41859-AR | MJJ41859 | MJJ41859).
Empero, a mi juicio, tal tesitura no resulta correcta. Me explico.
En el caso del mutuo, la ley comercial contempla diferentes plazos de prescripción para reclamar el capital y el interés, y no existe otra disposición que establezca que la caducidad de los plazos provoque su unificación.
Así, se ha resuelto: “Si la obligación de pagar intereses se hace exigible a partir de la mora (arg. art. 847, inc. 2, párr. 2, CCom.) y ella, conforme lo pactado por las partes, produce la caducidad de los plazos, ello significa que a partir de entonces el acreedor quedó en condiciones de exigir la íntegra devolución del capital y los intereses adeudados, mas en modo alguno puede implicar la unificación del plazo de prescripción de uno y otro de los conceptos adeudados, que conservaron su naturaleza” (C. Apel. Civ., Com. Lab. y Min. de General Pico, in re: “Fideicom. Admin. Cartera v. Ferrero, Aldo V. y otro s/cobro ejecutivo”, Sent. del 23/4/2007, MJ-JU-M-11991-AR | MJJ11991 | MJJ11991; C. Civ., Com., Minas, Paz y Trib. de Mendoza, in re: “Banco Multicrédito SA s/quiebra v. Arias, Aníbal S. y otros s/cobro de pesos”, res. del 30/11/2010, MJ-JU-M-62626-AR | MJJ62626 | MJJ62626).
En similar inteligencia se ha expedido la Corte Suprema de Mendoza (Corte Sup. Mendoza, sala 1ª, in re: “Banco de Previsión Social v. Pozo, José”, res. del 22/2/1989, JA 1989-III, p. 432).
Así las cosas, en el caso del mutuo, la ley contempla diferentes plazos de prescripción para reclamar el capital y el interés, y no existe otra disposición legal que establezca que la caducidad de los plazos provoque su unificación.
La prescripción de cuatro años comienza a operarse una vez transcurrido ese plazo desde la mora, es decir, el primer día que siguió al último del cuarto año. De tal forma, cuando transcurrieron cuatro años y un día recién se producirá la prescripción de los intereses correspondientes al día siguiente a la mora.
Como lógica consecuencia de lo anterior, los intereses que corrieron durante cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de interposición de la demanda son los que no habrían prescripto.
VIII. Conclusión
A. Con lo expuesto queda definido el problema de interpretación planteado.
Desde que, tal como se termina de argumentar, la relación jurídica acerca de cuya prescripción se discute es subsumible en la norma especial del art. 847, inc. 2, CCom., con lo que corresponde concluir que está sujeta a la prescripción de cuatro años.
B. De tal guisa y a mérito de las reflexiones expuestas hasta aquí, y toda vez que el pronunciamiento bajo anatema no se ajusta a la doctrina ensayada, corresponde acoger el recurso de casación impetrado y, en consecuencia, anular parcialmente el pronunciamiento en crisis, en cuanto dispone rechazar la excepción de prescripción de los intereses opuesta por la Sra. María Cristina González; debiendo reenviarse la causa a la Cámara que sigue en Nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo pronunciamiento respecto de la defensa en cuestión, con arreglo a la doctrina plasmada en la presente resolución.
El acogimiento de la impugnación articulada, y el consecuente nuevo tratamiento que deberá efectuar la Cámara de reenvío respecto de la cuestión ventilada en autos, impone también dejar sin efecto la imposición de costas dispuesta por la Alzada en lo que ha sido materia de conocimiento ante esta Sede (arg. art. 76 in fine, CPCC).
Voto por la afirmativa a la primera cuestión.
El Dr. Andruet (H) dijo:
Adhiero a los fundamentos brindados por el vocal Carlos F. García Allocco. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.
El Dr. Sesin dijo:
Comparto los fundamentos expuestos por el vocal del primer voto.
Así voto.
2ª cuestión.— El Dr. García Allocco dijo:
A mérito de la respuesta dada al primer interrogante, propongo:
I. Hacer lugar al recurso de casación fundado en la causal del art. 383, inc. 3, CPC, y, en consecuencia, anular parcialmente la Sent. 196 del 19/11/2009, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad, sólo respecto del rechazo de la excepción de prescripción de los intereses opuesta por la codemandada Sra. María Cristina González, disponiendo que la causa sea reenviada a la Cámara Civil y Comercial que sigue en nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo pronunciamiento sobre la cuestión en debate, con ajuste a la doctrina que informa el presente resolutorio.
II. En cuanto a las costas generadas en esta Sede, considero ajustado a derecho disponer que las mismas sean soportadas por el orden causado, atento a que la diversidad de criterios jurisprudenciales existentes en la materia pudieron, razonablemente, crear en el vencido la convicción de que tenía motivos válidos para litigar (arg. art. 130 in fine, CPC).
El Dr. Andruet (H) dijo:
Adhiero a los fundamentos y solución a que arriba el vocal del primer voto.
Así voto.
El Dr. Sesin dijo:
Adhiero ( coincido con) a los fundamentos y respuesta proporcionada por el vocal Dr. Carlos F. García Allocco, ya que el mismo expresa la solución correcta a la presente cuestión.
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial, resuelve:
I. Hacer lugar al recurso de casación fundado en la causal del art. 383, inc. 3, CPC, y, en consecuencia, anular parcialmente la Sent. 196 del 19/11/2009, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad, sólo respecto del rechazo de la excepción de prescripción de los intereses opuesta por la codemandada Sra. María Cristina González.
II. Reenviar la causa a la Cámara Civil y Comercial que sigue en nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo pronunciamiento sobre la cuestión en debate, con ajuste a la doctrina que informa el presente resolutorio.
III. Imponer las costas en la instancia recursiva extraordinaria, por el orden causado.
Protocolícese e incorpórese copia.
Armando S. Andruet (h).— Carlos F. García Allocco.— Domingo J. Sesin.