Fallo del día: responsabilidad de la organización por las agresiones a un deportista

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F
Fecha: 14/12/2012
Partes: Kemmerer, Claudio O. v. Club San Fernando y Otros
Publicación: APJD 27/03/2013
ESPECTÁCULOS – Relaciones jurídicas y efectos – Entre el deportista o artista y el promotor, organizador o empresario – Agresión entre deportistas – Responsabilidad de la Federación Regional de Basquetbol – Responsabilidad del club local

Sumarios

1.ESPECTÁCULOS – Relaciones jurídicas y efectos ~ Entre el deportista o artista y el promotor, organizador o empresario
No puede responsabilizarse al club en cuyas instalaciones fue agredido el damnificado si el perjuicio sufrido no fue consecuencia de una situación de riesgo creada, ni de un incumplimiento de la obligación de seguridad, por parte de la entidad deportiva demandada, sino de un hecho ilícito cometido, al finalizar el partido, por un jugador del club visitante, el que constituyó un ataque, que en las circunstancias en que se produjo, no era de prever que ocurriera y, es indudable, que por la forma repentina en que se desencadenó fue imposible de evitar.

2.ESPECTÁCULOS – Relaciones jurídicas y efectos ~ Entre el deportista o artista y el promotor, organizador o empresario
Si bien la Federación Regional de Basquetbol organiza los torneos y tiene potestades disciplinarias respecto de los jugadores inscriptos, la posibilidad de atribuirle responsabilidad refleja  ante daños ocasionados por un deportista amateur a otro en ocasión de competencias organizadas por aquella carece de suficiente sustento jurídico, pues no cabe afirmar que media relación de dependencia si no se advierte la actuación por el principal, ni la subordinación funcional del deportista a dichas asociaciones, como tampoco la existencia de facultades de dar instrucciones y directivas sobre el modo de ejecutar la actividad.

TEXTO COMPLETO
 Expediente: 20.132/1999

2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, diciembre 14 de 2012.
El Dr. Galmarini dijo:
I. Relató el Sr. Claudio O. Kemmerer que el día 7/5/1998 se llevó a cabo en la sede del Centro Galicia de Buenos Aires, Club Social y Deportivo, un partido del basquetbol entre el equipo representante del mencionado club y el equipo representante del Club San Fernando, por el campeonato de “Primera B”, organizado por la Federación Regional de Basquetbol de la Capital Federal.
Expresó el accionante que él integraba el equipo representante del Centro Galicia de Buenos Aires.
Que al finalizar el partido, cuando los jugadores de ambos equipos se encontraron a fin de efectuar los saludos de práctica, el actor fue agredido sorpresivamente por Matías A. Jaimes, integrante del equipo contrario, quien le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro, a raíz del cual el Sr. Kemmerer quedó tendido en el piso, semiinconsciente y con una abundante hemorragia nasal.
Sostuvo el actor, que ante la referida situación no fue asistido por equipo médico alguno, sino que debió ser conducido por un compañero de equipo a la clínica Suiza, donde se le diagnosticó “fractura del tabique nasal, sin desplazamiento”.
Con fundamento en los hechos expuestos el actor demandó a Club San Fernando, Centro Galicia de Buenos Aires Club Social y Deportivo, Federación Regional de Basquetbol de Capital Federal y Matías A. Jaimes, quien por ser menor de edad al momento del hecho comprometería solidariamente la responsabilidad de sus padres y/o responsables.
La jueza de primera instancia rechazó la demanda respecto de los padres del codemandado Jaimes e hizo lugar parcialmente a la demanda entablada contra los demás accionados, a quienes condenó a abonar al actor la cantidad de $ 10.000, con más los intereses y las costas del proceso.
Contra dicho pronunciamiento se alzaron los codemandados Federación Regional de Basquetbol de la Capital Federal, Centro de Galicia de Buenos Aires y Matías A. Jaimes, quienes expresaron agravios a fs. 1214/20, 1223/30 y 1235/vta. Los memoriales fueron respondidos a fs. 1243/4, 1245, 1246 y 1248/52.
II. Agravios relativos a la responsabilidad atribuida por el sentenciante:
En la especie se encuentra fuera de discusión que el día 7/5/1998, tuvo lugar un partido de basquetbol en las inmediaciones del Centro Galicia de Buenos Aires, Club Social y Deportivo y en el cual se enfrentaron el equipo representante del mencionado club y el del Club San Fernando. Al finalizar el referido juego, el actor —integrante del equipo de Centro Galicia de Buenos Aires— se acercó al banco de suplentes del equipo contrario, donde se encontraban discutiendo jugadores de ambos clubes, y recibió un golpe de puño en el rostro de parte de uno de los jugadores del Club San Fernando —Matías A. Jaimes— que le produjo diversos daños cuya reparación reclama en autos.
La magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada contra Matías A. Jaimes, por resultar el autor del daño, y toda vez que éste era menor de edad al momento del hecho, condenó al Club San Fernando bajo cuya guarda estaba Jaimes en ese momento. Asimismo, admitió la demanda promovida contra Centro Galicia de Buenos Aires, Club Social y Deportivo, en su calidad de organizador del evento deportivo en cuestión y contra la Federación Regional de Rugby de la Capital Federal, al considerarla responsable en su condición de organizadora del campeonato.
a) El codemandado Jaimes se agravia de la responsabilidad que le atribuyó la jueza e insiste en sostener que el actor fue quien, al acercárcele “para insultarlo”, luego de finalizado el partido, provocó la reacción del demandado.
Asimismo, el codemandado Centro de Galicia de Buenos Aires sostiene en su memorial que el actor no se habría acercado al banco de suplentes del equipo contrario a saludar, como lo sostuvo en la demanda, sino a sacar de una discusión a su hermano. Alega que al acercarse al demandado, el actor lo hizo con “malas intenciones” (fs. 1224/vta) y obró imprudentemente, puesto que debió prever la posibilidad de ser agredido si se acercaba a los jugadores del equipo rival, “sin tomar ninguna precaución para evitar resultar golpeado” (fs. 1225).
Entiendo que no asiste razón a los apelantes. En efecto, los testigos Altarrui, Clemente y Prieto, que declararon en sede penal, resultaron coincidentes en sostener que, una vez finalizado el partido en cuestión, el actor se acercó al banco donde se hallaban los jugadores del equipo contrario para sacar de allí a su hermano, que estaba discutiendo con aquéllos, y al hacerlo, recibió un golpe de puño en la cara por parte de un jugador del Club San Fernando (ver fs. 77/vta, 111 y 112 de la causa penal cuyas copias certificadas obran por cuerda).
Por su parte, el testigo Herrera —árbitro del referido partido— declaró: “Al terminar el partido, un jugador de Centro Galicia discutía con un jugador de San Fernando, allí se juntaron un montón de jugadores y llega el jugador Kemmerer Claudio y el jugador de San Fernando que estaba sentado en el banco se para y, por detrás de otros jugadores, le da a Kemmerer un golpe de puño en el tabique nasal o por esa zona. Kemmerer se desploma y cae al suelo en estado de shock, ya que no se pudo parar” (fs. 443/vta).
Al absolver posiciones en autos el propio demandado, Jaimes, reconoció haber sido quien golpeó al accionante en la ocasión antes descripta, expresando que el actor se habría acercado a él para insultarlo, y al verlo venir, fue un acto reflejo que tuvo para defenderse (fs. 405).
Conforme lo sostenido por los testigos antes mencionados y por el propio demandado, el actor, ni bien se acercó al banco de suplentes referido fue golpeado en el rostro por parte de Jaimes.
Aun cuando el actor no se hubiera acercado al banco del equipo contrario para saludar, sino para sacar a su hermano de allí dada la discusión que se había iniciado, no existe en autos constancia alguna de que el Sr. Kemmerer hubiera agredido previamente a Jaimes ni que haya desplegado conducta alguna que diera motivo a la agresión recibida. En síntesis, se trató de una reacción absolutamente desmedida e injustificable.
b) Por otra parte, el Centro de Galicia de Buenos Aires, Club Social y Deportivo y la Federación Regional de Basquetbol de la Capital Federal se agravian de la responsabilidad que les endilgó la magistrada.
Respecto del Centro Galicia, la juzgadora la consideró responsable de los daños sufridos por el actor al entender que, en su calidad de organizadora del partido, debió tomar las medidas pertinentes cuando los jugadores de ambos equipos comenzaron a discutir.
La demandada sostiene que en el caso, el demandado no tuvo tiempo de discutir, sino que apenas se acercó al banco del equipo contrario, recibió el golpe en cuestión por parte de Jaimes. Alega que no había modo alguno de evitar el hecho, que además fue cometido por un tercero que no es dependiente suyo.
Por otra parte sostiene que, en lo relativo al escenario, su obligación durante el evento deportivo era la de garantizarle a los protagonistas el no ingreso de terceros a dicha área, conforme al art. 26, ley 23184, modificada por la ley 24192. Afirma que tal obligación fue cumplida por su parte, pues la agresión no provino de terceros sino que se desarrolló entre los jugadores en el banco de suplentes de uno de los equipos.
Sostiene Mosset Iturraspe que el contrato celebrado entre un deportista, mayor o menor de edad, con el club o institución, para la prestación de su actividad de manera no remunerada origina el “contrato de servicios deportivos”. Que resulta indudable la estrecha y compleja relación existente entre el jugador o deportista amateur o no rentado con la institución o club y que existe una dependencia del primero frente a la institución, de la cual nacen importantes efectos, que se concretan en derechos y deberes para uno y otro celebrante del acuerdo deportivo. Afirma el mencionado autor que el referido contrato hace nacer a favor del deportista un “derecho de seguridad” que se concreta en la “indemnidad” o derecho a quedar libre o exento de daños; deber u obligación que alcanza al principal, el club o la institución, con base, dentro del Derecho Privado, en el principio de buena fe (conf. Mosset iturraspe, “Deportista no profesional. Jugador amateur o no rentado. Daño sufrido con motivo o en ocasión de la actividad cumplida para el club o institución. dependencia” y sus citas, Revista de Derecho de Daños 2010-2, “Daño Deportivo”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010).
En ese marco de análisis, el establecimiento deportivo deberá responder por el incumplimiento de la obligación de seguridad antes referida y sólo puede exonerarse de responsabilidad demostrando que el suceso ocurrió por caso fortuito, culpa de la víctima o por el hecho de un tercero por el cual no deba responder (conf. C. Nac. Civ., sala H, 20/12/2007, “Fiorenzano de Ruiz Diaz v. Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil s/daños y perjuicios”, LL 2008-D-349).
En el caso ha quedado acreditado que, una vez finalizado el partido en cuestión, el actor se acercó al banco de suplentes del equipo contrario e inmediatamente fue agredido por el demandado Jaimes, quien de forma repentina le propinó un golpe de puño en el rostro. El propio demandado admitió en autos que al ver venir al actor lo golpeó y que “fue un acto reflejo que tuvo para defenderse” (fs. 405). También es de señalar que no se probó que el Sr. Kemmerer hubiera provocado en modo alguno la agresión recibida.
Sentado ello, considero que en la especie no puede responsabilizarse al Centro Galicia de Buenos Aires por los daños cuya reparación reclama el actor, toda vez que fueron consecuencia del hecho ilícito cometido por un tercero ajeno a la institución y por el cual aquélla no debe responder. Además, de acuerdo con la forma en que ocurrió el suceso, no se entiende que medida hubiera podido adoptar el club local a fin de impedir una reacción desmedida e injustificada, que en la situación en la que se produjo ha de calificársela al menos como inevitable por la forma sorpresiva e inesperada en que se generó. Cabe destacar aimismo, que el Sr. Jaimes, en dicho momento se encontraba integrando el equipo del club San Fernando, cuya responsabilidad por el hecho de aquél no ha sido cuestionada en esta instancia.
Por otra parte, he de señalar que el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido en el pronunciamiento de primera instancia (Corte Sup., 6/3/2007, “Mosca, H. A. v. Provincia de Buenos Aires, y otros s/daños y perjuicios”) no resulta aplicable al caso de autos en razón de tratarse de cuestiones sustancialmente distintas. En efecto, en el caso resuelto por el Supremo Tribunal, se centró el análisis en la responsabilidad atribuida a las entidades organizadoras de un espectáculo deportivo —partido de futbol— por los daños causados por espectadores que se encontraban en el estadio, destruyendo las instalaciones, y de allí arrojaban diferentes objetos, uno de los cuales impactó al actor, quien se hallaba en las inmediaciones del estadio en cuestión. En el referido precedente la Corte fundó la responsabilidad de las entidades organizadoras del espectáculo deportivo en la omisión del deber que atañe a éstas de adoptar las medidas de seguridad tendientes a resguardar la integridad de los asistentes, evitando el ingreso de “inadaptados sociales” munidos de elementos para causar daños y exigiendo a los concurrentes el cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes. El tribunal consideró que si como ocurrió en ese caso, el accionar de un grupo de espectadores había escapado a todo control, causando daños a terceros, resultaba evidente el incumplimiento por parte de las demandadas del deber de seguridad que les es exigible en su calidad de organizadoras de un espectáculo, y que los espectadores no son terceros por los cuales aquéllas no deban responder.
Se señaló asimismo, en dicho precedente, que la finalidad del legislador al dictar la ley 23184 “ha sido la tutela específica de los asistentes” en atención al “incremento del riesgo derivado de la peligrosidad que han asumido en los últimos tiempos las justas deportivas —especialmente las de concurrencia masiva con la problemática anexa de la responsabilidad de los daños causados por fanáticos “hinchas” y “barras bravas”, y que “el organizador debe responder objetivamente por hechos vinculados inmediatamente a su accionar y previsibes al momento de organizar el espectáculo”. Se aclaró también que el régimen de responsabilidad civil sancionado mediante la referida norma “se aplica a un tipo de actividad riesgosa consistente en la generación de espectáculos en estadios deportivos. No se trata de cualquier espectáculo deportivo, sino de aquel que se realiza en un estadio, con todas las conductas que implica traer una multitud para que se someta a una situación riesgosa: convivir dentro de un estadio (conf. diputado Cornaglia, “Diario de Sesiones de la Cámara de diputados de la Nación”, días 29 y 30/5/1985, p. 719).
Lo expuesto permite concluir en que en el caso en examen, donde al finalizar un partido de basquet un jugador es golpeado repentinamente por parte de uno de los jugadores del equipo rival, no resulta encuadrable en los fundamentos expuestos por la Corte en el fallo antes analizado. Ello, toda vez que no se advierte que en la especie el club en cuya sede se desarrolló el partido haya omitido adoptar alguna medida que hubiera podido prevenir la agresión que de improviso cometió un jugador del equipo contrario al del agredido, y evitar así el daño cuya reparación reclama el accionante. Además el perjuicio sufrido por el reclamante no fue consecuencia de una situación de riesgo creada, ni de un incumplimiento de la obligación de seguridad, por parte de la entidad demandada, sino de un hecho ilícito cometido, al finalizar el partido, por un jugador del club visitante, el que constituyó un ataque, que en las circunstancias en que se produjo, no era de prever que ocurriera y, es indudable, que por la forma repentina en que se desencadenó fue imposible de evitar por la entidad en cuyas instalaciones se desarrolló el evento deportivo.
En cuanto a la supuesta falta de asistencia médica de parte de Centro Galicia de Buenos Aires, alegada por el actor, he de señalar que si bien, luego de producido el daño, el actor fue llevado por un compañero a una clínica, ello no significa que el servicio médico no haya sido requerido por la referida entidad ni que la eventual demora en la llegada de auxilio médico baste para generar la responsabilidad de aquélla. Menos aun cuando no se ha probado que la supuesta omisión o demora en la asistencia del damnificado haya generado daño alguno.
Si se considera que la condición de local en el partido de basquetbol no profesional encuadra al Centro Galicia de Buenos Aires como organizador del encuentro deportivo, juzgo conveniente recordar que “el organizador de una competencia responde frente a los competidores de los daños que estos sufran como consecuencia de la infracción a los deberes de previsión que el organizador comete, si éstos están en relación de causalidad adecuada con el daño sufrido por el jugador” (conf. Trigo Represas, F. A. y López Mesa, M. J., “Tratado de la Responsabilidad Civil”, t. II, p. 815).
Por la forma en que se desarrollaron los acontecimientos, considero que en manera alguna corresponde imputar al Centro de Galicia de Buenos Aires una omisión en su deber de seguridad respecto del jugador agredido, y menos aún que aquella hipótetica omisión que le atribuye el accionante hubiera sido la causa de los daños por él sufridos.
La responsabilidad civil del agresor se ha considerado configurada con mayor razón si medió intención de provocar el daño (C. Nac. Civ., sala D, 17/12/1982, “Cotroneo, R. v. Club Atlético Banfield y otros”, LL 1983-D-385) y se ha entendido que el límite de la causa de justificación derivada de la autorización estatal para practicar un deporte que excluiría la antijuridicidad, se supera cuando se actúa con dolo, sea durante el desarrollo del juego o cuando éste se encuentra detenido (Mayo, Jorge A., “Daños sufridos por deportistas en la práctica de su actividad” Revista de Derecho de Daños 2010-2, “Daño Deportivo”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, ps. 41/2). De tal forma juzgo que la causa de los perjuicios sufridos por el actor fue exclusivamente la agresión injustificada y dolosa llevada a cabo de modo inesperado y repentino por el jugador demandado al finalizar el juego.
c) Por su parte la codemandada Federación Regional de Rugby de la Capital Federal se agravia de la responsabilidad que le atribuyó la magistrada, alegando que la doctrina sentada en el fallo “Mosca” —antes referido— en la cual la sentenciante fundó su decisión, no resulta aplicable al caso de autos.
Asimismo sostiene, entre otras consideraciones, que los jugadores federados no mantienen relación de dependencia alguna con su parte y que solo ejerce poder disciplinario respecto de los jugadores.
Por los mismos fundamentos expuestos precedentemente al analizar la responsabilidad endilgada al Centro Galicia de Buenos Aires, juzgo que tampoco cabe responsabilizar a la Federación demandada por los daños que alega el accionante.
En efecto, y como ya fue expresado, la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación en el fallo “Mosca H. A. v. Provincia de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios” no resulta aplicable al caso de marras.
Contrariamente a lo sostenido por la magistrada, entiendo que en el caso sí se ha acreditado una causal de exoneración de responsabilidad, como es el hecho de un tercero por el cual la Federación no debe responder.
Es que si bien dicha institución organiza los torneos y tiene potestades disciplinarias respecto de los jugadores inscriptos, la posibilidad de atribuirle responsabilidad refleja ante daños ocasionados por un deportista amateur a otro en ocasión de competencias organizadas por aquella carece de suficiente sustento jurídico. Pues no cabe afirmar que media relación de dependencia si no se advierte la actuación por el principal, ni la subordinación funcional del deportista a dichas asociaciones, como tampoco la existencia de facultades de dar instrucciones y directivas sobre el modo de ejecutar la actividad. Tampoco parece que la dependencia pueda sustentarse en el poder disciplinario que estas entidades poseen en orden a aplicar sanciones ante infracciones a los reglamentos que rigen la práctica deportiva, en tanto órgano rector del deporte de que se trate. Distinta sería la solución si el daño es causado por el deportista a algún espectador, en cuyo caso la entidad debería responder en virtud de la obligación de seguridad que deriva de su rol de organizadora y participante del espectáculo (en tal sentido, Frustalgi, Sandra A. “El deportista como dependiente del club y de la asociación que los nuclea. Responsabilidad frente a daños causados. La situación de la AFA”, Revista de Derecho de Daños 2010-2, “Daño Deportivo”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 369).
En ese marco de ideas, en un caso en el que un jugador de fútbol reclamaba la reparación de los daños sufridos al ser agredido por el arquero del equipo contrario, cuando se encontraba detenido el partido, la sala D de este fuero sostuvo que “la A.F.A. organiza los torneos oficiales, registra los jugadores de futbol, impone sanciones disciplinarias a través del tribunal de penas, pero no es lógico alongar sus deberes hasta el afianzamiento de los actos ilícitos de los futbolistas, pues no hay causalidad entre tales conductas y los poderes del ente rector del futbol argentino” (C. Nac. Civ., sala D, 17/12/1982, “Cotroneo, R. v. Club Atlético Banfield y otros”, LL 1983-D-385).
III. En razón de lo resuelto precedentemente deviene abstracto el tratamiento de los agravios vertidos por las codemandadas Centro de Galicia de Buenos Aires y federación Regional de Basquelbol de la Capital Federal en relación al monto de la indemnización fijada en la sentencia.
Por los fundamentos expuestos, voto por confirmar la sentencia apelada en cuanto atribuyó responsabilidad al codemandado Matías A. Jaimes y por rechazar la demanda entablada contra Centro Galicia de Buenos Aires y Federación Regional de Basquetbol de la Capital Federal. Con costas de ambas instancias a cargo de los demandados condenados.
Los Dres. Posse Saguier y Zannoni, por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en cuanto atribuyó responsabilidad al codemandado Matías A. Jaimes y se la modifica, rechazando la demanda entablada contra Centro Galicia de Buenos Aires y Federación Regional de Basquetbol de la Capital Federal.
Con costas de ambas instancias a cargo de los demandados condenados.— José L. Galmarini.— Fernando Posse Saguier.— Eduardo A. Zannoni.

Fallo del día: salidas no documentadas. ¿El vacío legal impide tipificar la conducta del contribuyente?

 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III
 
Fecha: 07/02/2013

Partes: TEXAL SAICI c. DGI

Publicado en: Checkpoint
 

Hechos
El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar parcialmente las resoluciones del Fisco que determinaron de oficio los Impuestos a las Ganancias – Salidas no documentadas- y al Valor Agregado. Además, revocó la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias, en los términos del art. 46 de la ley 11683. Contra dicha decisión, el ente recaudador interpuso recurso de apelación.  La Cámara decidió rechazar el recurso deducido.

Sumarios
1 – Si los períodos por los cuales el contribuyente habría omitido el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las salidas no documentadas son anteriores a la entrada en vigencia de la Resolución General AFIP N° 893, el vacío normativo existente respecto de la forma y plazo de presentación de la declaración jurada correspondiente a la obligación omitida, impide tipificar la conducta bajo el Art. 45 de la ley 11.683, pues tal subsunción carece de uno de los elementos requeridos por la infracción, consistente en la falta de presentación o presentación inexacta de la declaración jurada en la “forma” y “plazos” fijados por la autoridad de aplicación.

. — Buenos Aires, febrero 7 de 2013
Y vistos; considerando:
I. Que a fs. 408/412 el Tribunal Fiscal resolvió confirmar parcialmente tres resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos de fecha 28/02/01 que determinaron de oficio la obligación tributaria de la actora (Texal S.A.C.I.) en el impuesto a las ganancias —períodos fiscales 1996 y 1997—, salidas no documentadas — período desde abril a diciembre de 1996—, e impuesto al valor agregado — julio a septiembre de 1996, noviembre de 1996 a abril de 1997, junio de 1997, agosto y septiembre de 1997, enero de 1998—y aplicaron sendas multas en los términos del art. 46 de la Ley 11.693. En cambio, revocó la multa aplicada en la resolución referida al impuesto a las ganancias por salidas no documentadas, y dejó sin efecto una cuarta resolución de fecha 17/07/02 que determinó la obligación tributaria de la contribuyente en el impuesto al valor agregado — período abril a junio de 1996—.
II. Que esa sentencia fue apelada por la actora a fs. 417, y expresó agravios a fs. 435/444, de forma extemporánea (conf. informe de fs. 453). Por lo cual se declaró desierto su recurso a fs. 456. Por su parte, la demandada apeló a fs. 420, y expresó agravios a fs. 423/427, cuyo traslado fue contestado a fs. 445/446.
Se agravia de la sentencia del Tribunal Fiscal, en cuanto resolvió revocar la multa aplicada en el impuesto a las ganancias por salidas no documentadas.
En efecto, considera que, admitida la naturaleza tributaria de las salidas no documentadas, y acreditado el perjuicio fiscal, por directa vinculación con la conducta consciente de la actora, mal puede considerarse, como lo hace el a quo, que no resultan aplicables las previsiones sancionatorias de la ley fiscal.
Entiende que la ausencia de declaración jurada es una consecuencia lógica y propia del instituto de las salidas no documentadas que establece el art. 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, pero en modo alguno puede ser considerado impedimento a la hora de analizar la materialidad de la infracción endilgada, en tanto se ha comprobado que ha existido un perjuicio fiscal, respecto del cual el actor es plenamente responsable al existir: erogaciones deficientemente documentadas (fs. 426)
Cita el precedente “D’ingianti”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y considera que aplicando la doctrina que se extrae de ese caso, debería castigarse la omisión de impuestos del art. 46 de la Ley 11.683 en supuestos de salidas no documentadas como el de autos.
III. Qué vale recordar que este Tribunal ya se ha expedido al respecto, sosteniendo que “al confrontarse el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias con el art. 45 o 46 de la Ley de Procedimientos Tributarios, puede observarse que los elementos objetivos que constituyen la salida no documentada no son suficientes para configurar, por sí mismos, todos los requisitos del art. 45 o 46 de la Ley 11.683” (“Visual Graphics SA c/ EN 4 AFIP DGI – Resol 127/07 s/ Dirección General Impositiva”, causa N° 147.08/07, del 06/10/11). Lo cual equivale a ratificar con otros términos qué “la existencia de una erogación carente de respaldo documental válido, no implica la existencia de una conducta que, de por sí, se subsuma en el tipo infraccional previsto en el artículo 46 de la Ley 11.683 (…) No puede existir duda alguna en cuanto a que, resulta ilícito y reprochable el obrar de quien deliberada e intencionalmente invoca y registra operaciones carentes de toda sinceridad, pero lo cierto es que dichas operaciones ficticias registradas en la contabilidad de un contribuyente, que bien podrían ser el sustento para la imposición de una sanción de defraudación fiscal en el caso de haberse deducido impropiamente presuntos gastos documentados por dicha documentación irregular, en nada se relacionan con la conducta que genera la obligación de pago del impuesto a las salidas no documentadas. Dicha obligación de pago nace por la realización de una erogación, carente de documentación válida de respaldo, siendo irrelevante que a tal efecto se haya intentado justificar la erogación con comprobantes apócrifos o, lisa y llanamente, sin que se haya intentado justificar la erogación mediante instrumento alguno de respaldo de la misma” (esta Sala, “Red Hotelera Iberoamericana SA ( TF 14.372-1) c/ DGI”, sentencia del 25/3/08; “Visual Graphics SA”, citado; “Interbaires S.A (TF 15828-1) c/ DGI”, causa N° 35/05, del 16/02/12; y “Montefalcone Roberto Domingo (TF 19390-1) c/ DGI”, causa N° 41087/11, del   27 de marzo de 2012).
IV. Que ahora bien también sostuvo el Tribunal que, sin perjuicio de que la salida no documentada no es suficiente para configurar por sí misma la omisión de tributos de los art. 45 o 46, cabe advertir dos situaciones relacionadas a este impuesto en las cuales dichas infracciones sí podrían llegar a concretarse (esta Sala, “Modart SACIF TF 20295-1) c/DGI”, Causa N° 17.376/08, del 11/04/11).
En primer lugar, si con motivo de la salida no documentada, se incumpliere el art. 2 de la Resolución N° 893/00, que prescribe que el ingreso del impuesto a las ganancias sobre salidas no documentadas “deberá efectuarse dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos de producida la erogación o salida no documentada”. En efecto, al llevarse a cabo el ingreso de dicho tributo se presentará una boleta de depósito o comunicación de pago, cuya naturaleza podría asimilarse a una declaración jurada, según lo prevé el art. 15 de la Ley 11.683 (conf. esta Sala, “Modart…”, precedente citado).
Y en segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la salida no documentada puede conllevar la posterior deducción de ese gasto en la declaración jurada del impuesto a las ganancias, o el cómputo como un crédito fiscalía los fines de liquidar el IVA. En efecto, debe recordarse que el impuesto a las ganancias permite la deducción del gasto necesario para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas siempre “que la erogación considerada como gasto esté respaldada por documentación” (Reig, Enrique.J., Impuesto a las Ganancias, Ediciones Machi, Buenos Aires, 2005, p. 347). Y a su vez, al realizar operaciones de adquisición de bienes, la salida de dinero puede generar un crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, para cuyo efectivo cómputo como tal debe verificarse un aspecto material, existencia de la operación que da origen al mismo, y un aspecto formal, discriminación del impuesto que conste en soporte documental que sirva de sustento a la operación (Marchevsky, Rubén A, Impuesto al Valor Agregado. Análisis integral, Errepar, Buenos Aires, 2006, ps. 642 y 643) (ésta situación se configuró en el precedente “Modart”, citado).
V. Que el sub lite encuadra en la primera situación descripta, ya que la infracción imputada al actor se debió a la omisión de pago del impuesto a las salidas no documentadas. Y sobre este punto, debe resaltarse que un planteo análogo fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “D’Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-1) C/ DGI” del 12/10/10.
En esa oportunidad, el Máximo Tribunal consideró que “el art. 45 de la 11.683 sanciona con multa al que omitiere el pago de impuestos ‘mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas’. El aspecto material de la infracción requiere, entonces, de un resultado disvalioso -la omisión en el pago- conseguido a través de la falta de presentación, o presentación inexacta, de declaraciones juradas. Se encuentra fuera de debate en autos que este último requisito presupone que la ley o la autoridad fiscal han fijado la “forma” y el “plazo” para la entrega de las declaraciones juradas, en este último caso en uso de las atribuciones conferidas por el art. 20 de la ley ritual de la materia. En tales condiciones, la controversia queda ceñida a dilucidar si, al momento de perfeccionarse la salida no documentada (año 1995), existían ‘forma’ y plazo fijados para la entrega de la declaración jurada del tributo autónomo que, ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, debe soportar a título propio quien hace la erogación” (Considerando IV del Dictamen de la Procuración General que la Corte hace suyo).
Sobre esa base, teniendo en cuenta que la Resolución General AFIP N° 893 entró en vigencia a partir del 20/10/00, esto es, con posterioridad al período cuestionado en ese caso (v.gr.: ejercicio fiscal 1995), el Superior Tribunal entendió en aquella oportunidad que'”el vacío normativo existente respecto de la ‘forma’ y ‘plazo de presentación’ de la declaración jurada correspondiente a la obligación omitida impide tipificar la conducta imputada bajo el art. 45 de la Ley 11.683, pues tal subsunción carecería de uno de los elementos requeridos para la figura típica cual es, vale reiterarlo, la falta de presentación o presentación inexacta de la declaración: jurada en la ‘forma’ y ‘plazo’ fijados por la autoridad de aplicación” (considerando V del Dictamen citado).
En consecuencia, toda vez que en esta causa la resolución atacada se refiere a operaciones del ejercicio 1996 (cfr. fs. 405), anteriores a la entrada en vigencia de la Resolución General AFIP N° 893, resulta aplicable la solución propuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por ende, debe confirmarse la decisión del Tribunal Fiscal en cuanto revoca la multa impuesta referida a este concepto.
En mérito a lo expuesto, se resuelve: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco, y confirmar, con distintos fundamentos, la sentencia apelada. Con costas de alzada por su orden, en atención al a complejidad de la cuestión debatida (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Jorge Esteban Argento. — Carlos Manuel Grecco. — Sergio Gustavo Fernández

 

Fallo clásico: Cattonar, Julio P.

 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 13/06/1995
Partes: Cattonar, Julio P.
Publicado en: LA LEY 1996-A , 67, con nota de Francisco J. D’Albora ;  DJ1996-1, 285
Cita Online: AR/JUR/2262/1995

Hechos:
Un tribunal oral condenó al procesado a la pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso como autor penalmente responsable del delito de abuso deshonesto, a pesar del pedido de absolución por duda formulado por el fiscal de juicio. Contra dicho pronunciamiento, se interpuso recurso extraordinario federal que fue concedido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia apelada.

Sumarios:
1. Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento condenatorio dispuesto sin que mediara acusación del fiscal, que al alegar pidió la absolución del imputado, poniendo en evidencia una transgresión a la garantía de la defensa en juicio.
2. En materia criminal la garantía de la defensa en juicio exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por lo jueces naturales.

Texto Completo: Buenos Aires, junio 13 de 1995.

Considerando: 1. Que el recurso extraordinario concedido en autos fue interpuesto con fundamento en la violación a las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 que condenó a Julio P. Cattonar a la pena de 1 año y 6 seis meses de prisión en suspenso como autor penalmente responsable del delito de abuso deshonesto, a pesar del pedido de absolución por duda formulado por el fiscal de juicio.

2. Que si bien esta Corte en la causa G. 342. XXVI “Giroldi, Horacio D. y otro s/ recurso de casación –causa N° 32/93–“, fallada el 7 de abril de 1995 declaró la inconstitucionalidad de la limitación establecida en el art. 459, inc. 2° del Cód. Procesal Penal, por los fundamentos desarrollados en el precedente de Fallos: 308:552 –“Tellez”, La Ley 1986-C, 167–, corresponde establecer que la autoridad institucional de las pautas jurisprudenciales contenidas respecto al recaudo del tribunal superior de la causa en el ámbito de la justicia federal, deberá comenzar a regir para las apelaciones extraordinarias federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad a la primera de las decisiones nombradas.

Lo contrario conduciría a un resultado adverso a aquel que se pretendió lograr ya que se impediría la apertura de la instancia extraordinaria en un momento en el que el acceso a la Cámara Nacional de Casación Penal se encuentra clausurado por la preclusión en la etapa pertinente.

En tales condiciones, corresponde que este tribunal se avoque al conocimiento de la procedencia del recurso.

4. Que cabe recordar que esta Corte tiene dicho reiteradamente que en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557 –La Ley, 1987-A, 294–, entre muchos otros).

5. Que en el “sub lite” no han sido respetadas esas formas, en la medida en que se ha dictado sentencia condenatoria sin que mediase acusación. En efecto, dispuesta la elevación a juicio, el fiscal durante el debate solicitó la absolución del imputado y, pese a ello, el tribunal de juicio impuso la condena recurrida, lo cual pone al descubierto una transgresión a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso que conducen a la revocación del pronunciamiento recurrido (confr. doctr. causas: T. 209. XXII. “Tarifeño, Francisco s/ encubrimiento en concurso ideal con abuso de autoridad”, resuelta el 28 de diciembre de 1989; G. 91. XXVII. “García, José A. s/ p. s. a. estelionato y uso de documento falso en concurso ideal s/ casación”, resuelta el 22 de diciembre de 1994).

Por ello, se resuelve: Declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado. Hágase saber y devuélvase al tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo fallo conforme a lo resuelto en el presente. — Eduardo Moliné O’Connor. — Augusto C. Belluscio. — Enrique S. Petracchi. — Ricardo Levene (h.). — Gustavo A. Bossert.