Fallo del día: un clásico fallo sobre compraventa de automotores y la existencia de condominio

Tribunal: Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba
Fecha: 14/02/2013
Partes: Pepellin, Enrique A. v. Gervasio, Rubén D.
Publicación: APJD 19/03/2013
AUTOMOTORES – Contratos sobre automotores – Compraventa – Efectos respecto del comprador – Compraventa de cosa parcialmente ajena – Conocimiento por parte del comprador – Falta de colaboración para la transferencia del rodado a su nombre – Inasistencia al acta de verificación – Reconvención del vendedor – Pago del precio – Intereses – Ausencia de mora – Obligaciones contraídas en moneda extranjera – Pesificación – Inaplicabilidad de oficio de la teoría del esfuerzo compartido

Sumarios

1.AUTOMOTORES – Contratos sobre automotores ~ Compraventa ~ Efectos respecto del comprador
El conocimiento por parte del comprador de la existencia de un condominio sobre el rodado adquirido, impide decretar la nulidad de la venta de cosa ajena efectuada por uno de los condóminos.

2.AUTOMOTORES – Contratos sobre automotores ~ Compraventa ~ Efectos respecto del comprador
Toda vez que la falta de concurrencia del comprador al puesto de verificación constituye un incumplimiento al deber de cooperación previsto por el art. 1198 CC, conclúyase que no corresponde responsabilizar al vendedor por la imposibilidad de realizar el registro de la transferencia del rodado  en favor del primero.

3.AUTOMOTORES – Contratos sobre automotores ~ Compraventa ~ Efectos respecto del comprador
Corresponde rechazar la demanda del comprador, toda vez que la falta de inscripción del rodado a su nombre se debió a su falta de cooperación y colaboración requerida en los términos del art. 1198 CC.

4.CONSTITUCIÓN – Emergencia constitucional ~ Emergencia económica
La omisión de las partes de requerir la aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido no puede ser suplida de oficio por el magistrado.

5.AUTOMOTORES – Contratos sobre automotores ~ Compraventa ~ Efectos respecto del comprador
La circunstancia de que el pago del saldo del precio debiera  hacerse efectivo una vez entregada la documentación necesaria para que se inscribiera el automotor a su nombre impide la aplicación de intereses de la forma requerida por el vendedor, ello con fundamento en la inexistencia de mora por parte del comprador.

TEXTO COMPLETO
 Expediente: 126594/36

2ª INSTANCIA.— Córdoba, febrero 14 de 2013.
El tribunal planteó las siguientes cuestiones a resolver:
1ª.— ¿Procede el recurso de apelación?
2ª.— ¿Qué corresponde decidir?
La Dra. Palacio De Caeiro dijo:
I.- El pronunciamiento que decide hacer lugar a la demandada incoada por Enrique A. Pepellin en contra del Sr. Rubén D. Gervasio —hoy María Cristina Sarmiento, heredera testamentaria— y rechaza la reconvención planteada por este último en contra de aquel, es apelado por la accionada.
A fs. 298/302 expresa agravios el apelante, quien expone en su memorial las razones de hecho y de derecho que sustentan su pretensión recursiva.
 II.- Agravios
Se agravia en cuanto el a quo entiende que no existe discusión inter partes sobre el contrato de compraventa y el saldo de precio pendiente de pago, quedando determinar sólo los alcances acordado por las partes respecto de las demás obligaciones asumidas. En ese sentido, alega que mientras la actora entiende que el contrato trata de una venta de cosa propia, dicha cuestión es negada de manera categórica por la demandada.
Sostiene que, conforme lo explicita en su escrito de contestación de demanda, la relación contractual engasta en la compraventa de cosas en condominio prevista en el art. 1331, CCiv. Que el Sr. Gervasio, a los fines de consolidar su situación de sucesor singular, respecto del automotor de que se trata, del que era condómino con el Dr. Roberto Viartola, intimó al actor por carta documento de fs. 65 a concurrir al puesto de verificación N. 1 el día 20/6/2002 a las 15:30 hs., a los fines de cumplimentar la exigencia de la verificación y con la orden judicial emanada en el juicio sucesorio de dicho condómino, dirigida al RNPA, quien exigió dicha verificación (fs. 63).
Que la apoderada del accionado —Sra. Sarmiento— obló los aranceles por transferencia y para verificación del trámite que iniciara con el oficio judicial agregado en el juicio sucesorio del referido Dr. Viartola que obra reservado en Secretaría, ad effectum videndi.
Que el actor frustró la transferencia de los derechos y acciones que estaban inscriptos a nombre del Dr. Roberto Viartola a favor del demandado, al no concurrir al puesto de verificación, conforme lo admite de manera expresa el actor al responder a la posición sexta del pliego de fs. 242 al deponer que “no concurrió porque tenía verificado el vehículo en la Ciudad de la Falda”.
Que la inscripción ordenada a favor de la demandada se frustró por culpa del actor, siendo la misma necesaria para transferir el automotor en un 100% a favor del actor. Que era menester lograr la transferencia ordenada en el juicio sucesorio de Viartola (a favor de Gervasio) para luego inscribir el vehículo a nombre de Pepellin.
Que al día siguiente de frustrar dicha verificación, la actora inicia la demanda, obrando de mala fe, tendiendo a impedir la convalidación por la ratificación prevista en el art. 1330, CCiv., y continuar usando el automotor como lo ha venido haciendo sin cumplir el pago del precio convenido.
Que si el a quo hubiese analizado la base fáctica y jurídica de la litis habría advertido que el actor sostiene que el demandado le vendió como de su exclusiva propiedad el automotor y que el vendedor comprometió en venta un bien registrado en condominio, sin ocultarle esta circunstancia, por lo que el actor estaba obligado a colaborar a purgar la nulidad relativa existente, para lo cual, en vida, el Sr. Gervasio obtuvo en la sucesión del Dr. Viartola, que se ordena anotar a su nombre los derechos y acciones de dicho causante sobre el automotor.
Que el Sr. Pepellin se alzó contra la orden judicial del juez en lo Civil y Comercial de 28ª Nominación de esta ciudad, quien por Auto 402 del 5/7/2001 ordenó la inscripción del automóvil de que se trata a nombre del Sr. Rubén D. Gervasio (fs. 49 de la declaratoria), librando oficio al RNPA el 29/5/2002 (fs. 54). Que con motivo del diligenciamiento de dicho oficio, la apoderada del accionado pagó aranceles por transferencia y verificación obteniendo la orden correspondiente que motivara la carta documento de fs. 65, antes referida.
Que la incomparencia del actor al puesto de verificación frustró la transferencia por parte de Gervasio a su favor, ya que el vehículo se mantiene inscripto a nombre de Viartola en un 50%, por lo que la A-quo está impedida de condenar al cumplimiento de una inscripción imposible, lo que le causa agravio.
Señala que la a quo ordena una medida que resulta de imposible cumplimiento.
En segundo término, se agravia cuando la sentenciante afirma que no existe litigiosidad “acerca de la existencia de la deuda por una suma igual” (U$S 1000) siendo que la accionada sostuvo que debió saldar el precio antes de fin del año 1998, que el comprador se había obligado a pagar en una cuota.
Expresa que las conclusiones de la juzgadora, en cuanto considera que el pago de la cuota pendiente quedaba supeditada a la entrega por el vendedor de la documentación, no se ajustan a los términos del contrato y que es sólo una conjetura, producto de la pura subjetividad de la juzgadora.
También se agravia porque la a quo imputa a la heredera testamentaria “no haber instado los trámites necesarios” a los fines de la transferencia en autos “Gervasio, Ruben D. s/Declaratoria de Herederos- Expte. n. 125508/36”. Que la sucesión de Gervasio nada puede solicitar en ese sentido, sin cumplir previamente lo ordenado por el Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civ. y Com. en la sucesión de Viartola.
Que en el escrito de demanda el actor niega saber que la titularidad del vehículo era en condominio, y le imputa a la accionada que maliciosamente le vendió el automóvil como propio, lo cual se contradice con la misiva de fs. 12.
Le agravia que la sentenciante afirme que no se acreditó el diligenciamiento del oficio librado por el juez de 28ª Nom. Que si no se efectuó la inscripción de dominio a nombre de Gervasio por la conducta imputable a la actora, quien detentaba el uso y posesión del automotor, se torna imposible el cumplimiento de la condena dictada en la sentencia.
También critica el decisorio, en cuanto sostiene que el actor no se encuentra en mora en su obligación, siendo que el saldo de precio debió oblarse antes del 31/12/2008. Que tal como lo pone de resalto la juzgadora, el actor no ofrece en la demanda el pago del saldo de precio y que dicha obligación es interdependiente, por lo que corresponde que se aplique el art. 1201, CCiv., y se haga lugar a la exceptio non adimpleti contractus. Que la obligación incumplida por el actor es exigible y a la falta de cumplimiento parcial se agrega la falta de colaboración a los fines de sanear la nulidad relativa.
También critica la sentencia en cuanto justifica la no presencia del actor en el puesto de verificación porque es un “trámite que lo realiza el comprador sin necesidad de colaboración del vendedor”, desconociendo que dicho trámite era parte del proceso administrativo de transferencia originado en un oficio judicial, toda vez que se trataba del cambio de titularidad de una persona fallecida.
También se agravia en cuanto concluye que el precio actual del rodado asciende a la suma de $ 12.000 en base a una supuesta información brindada por la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, y estima que el saldo actualizado representa un 20%. Sostiene que el mecanismo utilizado para determinar el saldo de precio pendiente de pago resulta impertinente y arbitrario toda vez que no ha existido decreto previo que dispusiera la medida de dicha consulta ni ha existido control alguno de su parte ni se le ha informado ni tenido en cuenta como parte acreedora reconviniente, privándosele del derecho de defensa y de alegar.
Por último, le agravia a la demandada que se le imponga los costos de la transferencia a nombre del actor, toda vez que de acuerdo a lo estipulado en el contrato de fs. 7, son a cargo del comprador “los gastos de transferencia ante el RNPA”.
III.- Corrido traslado a la parte actora, deja vencer el plazo sin contestar el traslado, por lo que se le da por decaído el derecho dejado de usar (fs. 306).
Dictado y firme el decreto de autos, queda la causa en condiciones de resolver.
 IV.- Análisis de los agravios:
1.- El Sr. Enrique A. Pepellin interpone demanda ordinaria en contra de Rubén D. Gervasio tendiente a lograr la transferencia de un automóvil y a su vez, la demandada, reconviene por cobro de saldo de precio impago. Ambas pretensiones se fundan en base a un contrato de compraventa celebrado con fecha 17/3/1998, por el cual el Sr. Enrique A. Pepellin le compra un automóvil marca Ford, modelo Galaxi, año 1992, dominio …, por la suma de U$S 5000.
El hecho que el automotor se encontrara inscripto en condominio a nombre de Viartola y de Gervasio, en un 50 % para cada uno (“s/constancias del Registro del Automotor”, fs. 193), de ninguna manera permite inferir que el primero de los nombrados intervino en la relación sustancial referida —compraventa—. Es más, jamás pudo obligarse a la fecha de celebración del contrato (marzo de 1998) toda vez que aquél falleció dos años antes (4/6/1996, conf. “Viartola, Roberto M. — Declaratoria de herederos — Expte. n. 904380/36” que tengo a la vista). En rigor de verdad, sólo existió una vinculación negocial entre Enrique A. Pepellin y Rubén D. Gervasio, quien vendió a aquél el 100% de una cosa parcialmente ajena, la cual puede ser objeto de los contratos, conforme nuestra compilación sustantiva. La compraventa concertada con quien no revestía la calidad de verdadero propietario es inoponible a éste que no participó de la operación (arts. 1177, 1329 y 1330, CCiv.). Pero entre quienes la celebraron produce los efectos prescriptos por dichas normas; vale decir: genera la obligación del vendedor de adquirir la cosa (en este caso el restante 50% de Viartola),y de ese modo transferirla al comprador y obtener la ratificación del propietario o remover los obstáculos que pudieran presentarse para la efectiva disposición de la cosa vendida. De no poder concretarse la transmisión, quien prometió en venta debe responder por todas las pérdidas e intereses. Al conocer el adquirente que el vendedor no era el único propietario, sino que era condómino, el boleto celebrado debe entenderse como una “promesa de venta de cosa (parcialmente) ajena” en la que el vendedor está obligado a adquirirla y entregarla al comprador so pena de daños y perjuicios (art. 1177, CCiv.).
La venta de cosa ajena sólo será nula si las partes se hubieran referido a la cosa como perteneciente (en su totalidad) al vendedor, pero no cuando el adquirente conoce que aquel era condómino, tal como sucede en el caso de autos, supuesto en el que debe entenderse que las partes convienen que el vendedor se obliga a obtenerla de un tercero (Viartola) el restante 50% que le pertenece.
Que el Sr. Gervasio no era el único titular del vehículo objeto de contrato surge de la prueba rendida en autos y de las constancias del expediente. Con la suscripción del boleto referido se hizo entrega del rodado y de la documentación necesaria para circular, ello es, la cédula de identificación del rodado —tarjeta verde—, la cual es acompañada por el propio accionante con la demanda (fs. 5) donde consta que el dominio consta a nombre de “Gervasio, Ruben D. y otro”, razón por la cual sabía o debió conocer que quien le vendía no era el único propietario. Además, del tenor de la misiva remitida por la actora a Gervasio con fecha 8/3/2002 (fs. 12) no se observa que Pepellin desconociera la existencia de un co-propietario, sino tan sólo le achaca a Gervasio que le hubiere ocultado que aquel hubiera fallecido y, por ende, resultar imposible perfeccionar la transferencia.
En ese sentido, atento la fecha en que se cruzan las misivas (marzo-mayo 2002) y formulan mutuas intimaciones, uno para que se perfeccione la transferencia; otro, para que se abone el saldo de precio impago, resulta intrascendente dicha circunstancia, ello es, que el co-propietario que no suscribió el boleto se encontrara vivo o no. En ambos casos, era necesario, para que Gervasio transfiriera el automotor a favor de Pepellin, que previamente se inscribiera en el RNPA a nombre del vendedor (demandado), ya sea que dicha transferencia fuera otorgada por Viartola o sus herederos.
Ahora bien, conociendo la actora que tal operación previa era necesaria e inevitable para que pudiera luego inscribirse a su nombre, debió prestar toda la colaboración que fuera necesaria a tal fin, ya que de lo contrario, jamás podría el vendedor transferirle el rodado. En tal caso, debió existir la colaboración debida por parte del comprador, en los términos del art. 1198, CCiv.
En ese sentido, de los autos “Viartola, Roberto M. – Declaratoria de Herederos”, Expte. n. 904380/36, que tengo a la vista, surge que el demandado adquirió, de los herederos de Viartola, el 50% de los derechos y acciones sobre el automóvil objeto de litigio, a los fines de reunir el 100% de los derechos sobre el bien, procurando en dichas actuaciones el dictado de resolución ordenando la inscripción del rodado a nombre del Sr. Rubén Darío Gervasio (Auto 402 del 5/7/2001, fs. 49 de dichos obrados). El 29/5/2002 se libró oficio al RNPA (fs. 52/3 autos cit.). Sin embargo, aquel no pudo efectivizarse la transferencia en el Registro, toda vez que éste requirió previamente que se presentara la “verificación” del rodado (fs. 63 de estos obrados).
De tal manera, el Sr. Gervarsio, por intermedio de apoderado —Sra. María Cristina Sarmiento— intimó al Sr. Pepellin, mediante carta documento de fecha 12/6/2002 (fs. 65) a concurrir el día 20/6/2002 a las 15:30 hs. al puesto de verificación del automotor N. 1 de calle Duarte Quiros … de la ciudad de Córdoba a fin de efectivizar la verificación del automotor ordenado por el RNPA 21, requiriéndole que lleve el vehículo con la documentación correspondiente a los fines de poder efectuar la aludida verificación y su posterior transferencia de dominio a su nombre previo pago de lo adeudado.
De las constancias de autos y de las propias manifestaciones del accionante, surge que el Sr. Pepellin omitió concurrir al puesto de verificación. Al respecto señala, en primer lugar, que tal emplazamiento carece de relevancia alguna toda vez que dicho trámite pudo ser cumplido por el propio comprador sin necesidad de comparencia del vendedor y porque no resultaba suficiente para que el actor pudiera perfeccionar la transferencia, para lo cual el vendedor debió hacer entrega del formulario 08 firmado y certificado, lo cual no hizo (ver fs. 85 vta.). En segundo lugar, alega que el vehículo ya se encontraba verificado en noviembre de 1998 —según formulario de fs. 83/84— razón por lo cual resultaba innecesario realizarlo nuevamente.
Si bien es cierto que el vehículo había sido verificado en noviembre de 1998 según constancias del Registro (fs. 83/84), no lo es menos que el plazo de validez de la verificación será de 150 días hábiles administrativos (conf. Disposición 635/98, Cap. VII, Secc. 6, art. 1, RNPA), razón por lo cual era necesario que el rodado se verificara físicamente de nuevo.
La verificación puede realizarla tanto el comprador como el vendedor, y es requisito insoslayable, concurrir con el vehículo ya que de lo contrario, el inspector no podrá realizar verificación alguna. De ahí la obligación del Sr. Pepellin, dado que el auto se encontraba en su poder desde la fecha misma de celebración del contrato de compraventa en cuestión —17/3/1998—. Por otra parte, para que el comprador pudiera entregar el formulario 08 en “debida forma”, ello es, transfiriendo el 100 % del rodado, era necesario que previamente se inscribiera el vehículo a nombre de aquel, para lo cual era indispensable contar con la “verificación” antes referida, la cual no pudo llevarse a cabo por la conducta —Sr. Pepellin—, quien omitió prestar la colaboración debida y obrar de buena fe, conforme lo dispone nuestra compilación sustancial —art. 1198, CCiv.—
De tal manera, la transferencia a su favor, del vehículo objeto de litigo, no pudo concretarse debido a su falta de cooperación.
2.- Por otra parte, el Sr. Gervasio se resistió a otorgar la documentación necesaria para transferir el rodado a nombre del Sr. Pepellin, so pretexto que para ello, era necesario que, previamente el comprador saldara el precio de compra. Precisamente, en base a tal fundamento, es que deduce demanda reconvencional persiguiendo el cobro de $ 1000 en concepto de saldo de precio convenido e impago, con más CER e intereses compensatorio y punitorios que el tribunal estime, desde el 1/1/1999 hasta su efectivo pago, con más los gastos incurridos por cartas documentos, aranceles abonados al RNPA.
La actora —Sr. Pepellin— peticiona el rechazo de la demanda reconvencional en cuanto considera que el saldo de precio pendiente de pago debía efectivizarse una vez perfeccionada la entrega de la documentación necesaria para la transferencia de dominio, conforme a los claros términos del contrato.
A los fines de dilucidar dicha cuestión, es decir, qué prestación debía cumplirse primero: Si el pago de saldo o la entrega de la documentación para la transferencia; corresponde acudir a lo convenido por las partes, ello es, al boleto de compraventa —fs. 7—.
El contrato dice: “El precio de venta se establece en U$S 5000 pagaderos en la siguiente forma: U$S 3000 contado, que el comprador abona en este acto, sirviendo el presente de suficiente recibo; y el saldo de U$S 2000, que el comprador lo abonará en una cuota al entrega de toda la documentación 08 firmados y certificados y ptes. cada una, con vencimiento la primera el día de 1ª cuota 1998 y las demás cada treinta días, sucesivamente” (fs. 8). La cláusula pactada es clara: las partes acordaron de manera expresa que el saldo de precio se pagaría “al entrega de toda la documentación” necesaria para la transferencia. Ello significa que se trata de obligaciones “interdependientes” ya que sólo debe cancelarse la cuota pendiente, junto con la entrega por parte del vendedor —Gervasio— al comprador —Pepellin— del formulario 08 firmado y demás documental necesaria para la inscripción en el registro. La obligación del comprador estaba condicionada o sujeta al cumplimiento concomienta de su obligación por el vendedor.
He aquí, pues, que nos encontramos en una encrucijada: El Sr. Peppelin demanda a Gervasio —hoy sus herederos— para que efectúe la transferencia del dominio de automotor Ford Galaxi domino …, siendo que la misma no pudo concretarse por su exclusiva culpa atento no haber prestado la colaboración debida en tanto no concurrió al puesto de verificación con el automotor a los fines de posibilitar la transferencia previa —de Viartola a Gervasio— del rodado en cuestión. A su vez, el demandado tampoco puede compeler el pago de saldo de precio, toda vez que el mismo debe cancelarse previa o conjunta entrega de la documentación referida (formulario 08, certificado, etc.), la cual no ha sido otorgada por la vendedora.
Frente a la particular situación examinada, deben compatibilizarse los intereses jurídicos de ambas partes. Toda vez que, ambas partes persiguen obligaciones interdependientes: que se cumpla el contrato, ello es, que se otorgue la transferencia y correspondiente inscripción del rodado en el RNPA y que se pague el saldo de precio. Ambas partes muestran voluntad de cumplir el contrato suscripto, y considerando que los mismos nacen para ser cumplidos, debe proveerse lo pertinente para solucionar el conflicto contractual de modo satisfactorio para ambos contendientes.
Del tenor del escrito de demanda y de las cartas documentos adjuntadas, que forman parte integral de la misma, se advierte que el comprador, Sr. Peppelin, a la par que reclama la transferencia del rodado, pone a disposición del vendedor el saldo pendiente de pago conforme boleto de compraventa (ver carta documento n. 394352109 de fecha 10/5/2002, fs. 10). Asimismo, el demandado reconviniente tampoco se resiste a que se otorgue la transferencia aludida, sino que supedita dicha cuestión al previo pago del saldo de precio.
Conforme lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar la sentencia impugnada en cuanto admite la demanda incoada por el Sr. Pepellin en contra del Sr. Gervasio —hoy María Cristina Sarmiento— y condena a realizar los trámites para la inscripción del automóvil referido. Asimismo, corresponde hacer lugar a la demanda reconvencional deducida por la heredera testamentaria y condenar al Sr. Pepellin a pagar el saldo de precio impago.
A tal fin, corresponde que las obligaciones a cargo de cada parte se cumplan de la siguiente manera:
1.- Dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente, la demandada deberá comunicar al Sr. Pepellin día y hora en que deberá concurrir con el vehículo objeto de litigio con la cédula de identificación correspondiente al puesto de verificación vehicular.
2.- Efectuada la verificación física, la Sra. Sarmiento deberá concluir el trámite de inscripción del rodado ante el RNPA, iniciado en los autos “Viartola, Roberto M. – Declaratoria de Herederos – Expte. n. 904380/36”, el que deberá concretarse dentro del plazo de treinta días.
3.- Luego de haber obtenido la inscripción del vehículo en un 100% a su nombre, la Sra. Sarmiento deberá acompañar al tribunal a quo, a los fines de ser entregado al Sr. Pepellin, el formulario 08 con firma certificada y demás documentación necesaria para que se inscriba el automotor a nombre del actor.
4.- Contra entrega de la documentación referida en el punto anterior, el comprador —accionante— deberá consignar por depósito judicial el saldo de precio pendiente.
Respecto al saldo de precio, no es un hecho controvertido en autos que el precio de venta era de U$S 5000, y que se abonó U$S 3000 al contado y al suscribirse el boleto, y U$S 1000 fueron pagados con fecha 14/12/1998, quedando pendiente el pago de U$S 1000.
En ese sentido, al tratarse de una deuda contraída en dólares con anterior a la normativa de emergencia, la demandada reconviniente reclama que se aplique el CER, conforme lo dispone la normativa de emergencia, desde el 3/2/2002 hasta su efectivo pago. No corresponde aplicar intereses en la forma solicitada por el demandado reconviniente toda vez Pepellin no se encuentra incurso en mora, atento que el pago del saldo de precio debe hacerse efectivo una vez que se entregue la documentación necesaria para que se inscriba el automotor a su nombre.
Por ello, no resulta pertinente la solución propiciada en la instancia a-quo, en cuanto considera que el saldo de precio equivale al 20% del valor del rodado y estima el valor del mismo de acuerdo al sitio de la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (http://www.dnrpa.gov.ar) fijado en la suma de $ 12.000, en virtud del cual toma como saldo de precio a pagar, la suma de $ 2400 que es el monto aproximado que se hubiera obtenido de aplicarse la doctrina del esfuerzo compartido. Ninguna de las partes propuso la aplicación del esfuerzo compartido en esos términos, ni ha tenido posibilidad de cuestionar el valor estimado por el a quo en base a datos del Registro, como así tampoco toma en cuenta el estado en que se encontraba el rodado.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden (art. 130, CPC), en mérito a las particularidades analizadas y puestos en evidencia a lo largo de esta resolución.
Así voto.
El Dr. Simes dijo:
Que adhería a lo expuesto por la vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.
El Dr. Zarza dijo:
Que adhería a lo expuesto por la vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.
 2ª cuestión.— La Dra. Palacio De Caeiro dijo:
Corresponde: I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia en los siguientes términos: 1) Confirmar la sentencia impugnada en cuanto hace lugar a la demanda incoada por el Sr. Pepellin y condenar al demandado —hoy Sra. Sarmiento— para que realice los trámites para la inscripción del automotor marca Ford Galaxy, año 1992, dominio SYV547. 2) A tal fin, la demandada —hoy Sra. Sarmiento— deberá comunicar al Sr. Pepellin, en el plazo de diez días de quedar firma el presente pronunciamiento, el día y hora en que deberá concurrir con el vehículo objeto de litigio con la cédula de identificación correspondiente al puesto de verificación vehicular. 3) Efectuada la verificación física, la Sra. Sarmiento deberá concluir el trámite de inscripción del rodado ante el RNPA, iniciado en los autos “Viartola, Roberto M. – Declaratoria de Herederos – Expte. n. 904380/36”, el que deberá concretarse dentro del plazo de 30 días. 4) Luego de haber obtenido la inscripción del vehículo en un 100% a su nombre, dentro de los diez días subsiguientes, la Sra. Sarmiento deberá acompañar a este tribunal, a los fines de ser entregado al Sr. Pepellin, el formulario 08 con firma certificada y demás documentación necesaria para que se inscriba el automotor a su nombre. 5) Asimismo, dentro del plazo referido en el punto anterior, el comprador —accionante— deberá consignar por depósito judicial el saldo de precio pendiente -conforme considerando: $ 1000 más CER desde el 3/2/2002 hasta su efectivo pago. A dicha suma deberá adicionarse los intereses de uso judicial consistente en la tasa pasiva promedio que publica el BCRA más el 2% nominal mensual en el hipotético supuesto que el Sr. Pepellin no consignare en el plazo referido supra el saldo de precio, y hasta su efectivo pago. 6) Las costas de ambas instancias se imponen por el orden causado atento las razones expuestas en el considerando.
El Dr. Simes dijo:
Que adhería a lo expuesto por la vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.
El Dr. Zarza dijo:
Que adhería a lo expuesto por la vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.
Por lo expuesto y el resultado de la votación que antecede, se resuelve: I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia en los siguientes términos: 1) Confirmar la sentencia impugnada en cuanto hace lugar a la demanda incoada por el Sr. Pepellin y condenar al demandado —hoy Sra. Sarmiento— para que realice los trámites para la inscripción del automotor marca Ford Galaxy, año 1992, dominio …. 2) A tal fin, la demandada —hoy Sra. Sarmiento— deberá comunicar al Sr. Pepellin, en el plazo de diez días de quedar firma el presente pronunciamiento, el día y hora en que deberá concurrir con el vehículo objeto de litigio con la cédula de identificación correspondiente al puesto de verificación vehicular. 3) Efectuada la verificación física, la Sra. Sarmiento deberá concluir el trámite de inscripción del rodado ante el RNPA, iniciado en los autos “Viartola, Roberto M. – Declaratoria de Herederos – Expte. n. 904380/36”, el que deberá concretarse dentro del plazo de treinta días. 4) Luego de haber obtenido la inscripción del vehículo en un 100% a su nombre, dentro de los diez días subsiguientes, la Sra. Sarmiento deberá acompañar a este tribunal, a los fines de ser entregado al Sr. Pepellin, el formulario 08 con firma certificada y demás documentación necesaria para que se inscriba el automotor a su nombre. 5) Asimismo, dentro del plazo referido en el punto anterior, el comprador —accionante— deberá consignar por depósito judicial el saldo de precio pendiente -conforme considerando: $ 1000 más CER desde el 3/2/2002 hasta su efectivo pago. A dicha suma deberá adicionarse los intereses de uso judicial consistente en la tasa pasiva promedio que publica el BCRA más el 2% nominal mensual en el hipotético supuesto que el Sr. Pepellin no consignare en el plazo referido supra el saldo de precio, y hasta su efectivo pago. 6) Las costas de ambas instancias se imponen por el orden causado atento las razones expuestas en el considerando.
Protocolícese, hágase saber y bajen. Con lo que terminó el acto que firman los vocales.
Silvia B. Palacio De Caeiro.— Walter A. Simes.— Alberto F. Zarza.

Fallo del día: los servicios de hotelería y alimentación ¿son coadyuvantes de la actividad de la empresa?

 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V

 Fecha: 19/12/2012

Partes: Córdoba, David Sebastián c. Total Austral S.A. y otro s/diferencias de salarios
 
Publicado en: Checkpoint
 

Hechos
Una empresa petrolera apeló la sentencia que la condenó en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato Trabajo por los créditos laborales de una empresa gastronómica que proveía servicios de comedor a sus empleados. La Cámara confirmó la sentencia apelada.

Sumarios
1 – Una explotación petrolífera ubicada en el sur de nuestro país con trabajadores petroleros, debe necesariamente proveer hotelería y alimentación adecuada a las necesidades de aquellos, pues, sin tal servicio no puede desarrollar su actividad principal y por ello resulta de aplicación el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto los rubros vivienda y alimentación son coadyuvantes pero necesarios para los fines propios de la empresa petrolera.

2 – Si bien el servicio gastronómico no forma parte de la actividad principal de la empresa petrolera, corresponde responsabilizarla en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues, su objeto empresarial sería imposible de llevar a cabo en sitios alejados de los centros poblacionales si no les proveyera alimento a sus trabajadores. 

Buenos Aires,  diciembre 19  de 2012.
La doctora María C. García Margalejo dijo:
I. Contra la sentencia dictada a fs. 697/715 se alzan ambas codemandadas a tenor de las presentaciones de fs. 716/718 (Total Austral S.A.) y 720/724 vta. (Servicios Compass de Argentina S.A.). La parte actora contestó agravios a fs. 732/734 vta. y 735/737.
II. Por razones metodológicas, analizaré en primer lugar los agravios deducidos por la codemandada Total Austral S.A.
Al respecto, sostiene la apelante que no cedió su establecimiento o explotación, ni contrató o subcontrató trabajos o servicios correspondientes a su actividad específica petrolera, y que por el carácter de empresa gastronómica de Servicios Compass de Argentina S.A. no podía aplicársele la normativa establecida por el art. 30 de la L.C.T. ya que no se dieron los presupuestos fácticos para su procedencia.
Preliminarmente, cabe destacar que no ha sido motivo de controversia entre los litigantes el hecho que los accionantes se desempeñaron para las codemandadas en los campamentos “Río Cullen” y “Cañadón Alfa”, los cuales se hallan ubicados en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, en los cuales existen instalaciones para dar alojamiento al personal y también se brinda en aquéllos servicio gastronómico, habiendo sido dicha prestación contratada por Total Austral S.A. a Servicios Compass de Argentina S.A. (v. fs. 45/133). La cuestión reside en resolver si los trabajos o servicios contratados a estas últimas formaban parte de la actividad normal y específica de los establecimientos de la codemandada Total Austral ubicados en “Río Cullen” y “Cañadón Alfa”, en los términos que prevé el art. 30 de la LCT.
Considero que la queja no debería obtener favorable recepción y así lo afirmo pues, como reiteradamente he resuelto desde mi actuación en 1ª instancia, cuando las actividades secundarias o coadyuvantes se hallan integradas permanentemente a la actividad principal, el art. 30 de la L.C.T. cobra total virtualidad. Y, en el caso de autos, la realidad de lo acontecido va más allá incluso pues es de toda evidencia, a mi entender, que una explotación petrolífera ubicada en el sur de nuestro país con trabajadores petroleros, debe necesariamente proveer hotelería y alimentación adecuada a las necesidades de aquellos (v. fs. 45) y, sin tal servicio, no puede realizar en forma eficiente su actividad principal. No hay dudas pues, a mi juicio, sobre la aplicación en este caso de la solidaridad art. 30 L.C.T. pues los campamentos petroleros ubicados en la provincia de Tierra del Fuego no pueden dejar de contemplar, dentro de su actividad normal y habitual, precisamente los rubros vivienda y alimentación que resultan ser coadyuvantes pero necesarios para los propios fines de la empresa petrolera.
Desde esta última perspectiva de análisis, considero que como consecuencia de las particularidades de los establecimientos en que desarrollaban tareas los demandantes, la prestación del servicio gastronómico resultaba esencial e inescindible de la actividad allí desarrollada. Ello así por cuanto, al encontrarse las mentadas explotaciones petroleras alejadas de centros urbanos, la codemandada Total Austral se veía obligada a prestar vivienda o habitación y alimentos a sus empleados, a cuyo efecto debió montar allí campamentos habitacionales para el personal que prestaba tareas, y brindar asimismo el servicio de comedor. Por ello es que, aunque el servicio gastronómico no formaba parte de la actividad principal de Total Austral S.A., éste de todos modos resultaba inescindible para el cumplimiento del objeto empresarial, a poco que se considere que sin dicha prestación resultaría imposible llevar a cabo adecuadamente la actividad petrolera en esos sitios alejados de los centros poblacionales, pues por obvias razones naturales, resultaba imprescindible que se les proveyera alimentos a los trabajadores que allí se desempeñaban, ante la imposibilidad de obtener estos en las inmediaciones del establecimiento. En dicho contexto, la provisión de habitación y alimentos constituía una prestación que debía asumir la empleadora para asegurar el normal desenvolvimiento del contrato de trabajo (conf. arts. 62 y 77 L.C.T.).
Consecuentemente, propongo confirmar lo decidido en la sentencia apelada acerca de la responsabilidad solidaria de la codemandada Total Austral S.A. en los términos del art. 30 de la L.C.T.
III. El primer agravio de la codemandada Servicios Compass de Argentina S.A. se dirige a cuestionar la decisión de grado que declaró aplicable en el caso el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 396/04 del personal petrolero en lugar del Nº 401/05 de la actividad gastronómica que es el correspondiente a su actividad principal (catering).
El magistrado que me precede consideró que la codemandada efectuaba aportes a la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles y a la Obra Social del Petróleo y Gas Privado y, de esa forma, concluyó que correspondía aplicar a la relación conforme la actividad de Total Austral S.A. el convenio colectivo de trabajo de la actividad petrolera. En consecuencia, condenó a abonar diferencias salariales por encuadre convencional, coeficiente zona 1 y bonificación por antigüedad por aplicación de dicho convenio colectivo.
Contra esa decisión se alza la coaccionada porque, según sostiene, la aplicación de un convenio colectivo a una determinada actividad no está reservada a la voluntad de una empresa sino que se trata de una cuestión de orden público laboral y que la actividad principal es la que determina el convenio aplicable. Cita la doctrina plenaria establecida en “Risso c/ Química Estrella” y expresa que su actividad era gastronómica por lo que la única convención colectiva que podía aplicarse a sus dependientes era la Nº 401/05, y que la posterior aplicación del convenio de petroleros no implicó reconocimiento alguno por lo que no podía resultar aplicable en el caso.
En el responde, invocó que su actividad siempre estuvo regida por el convenio gastronómico (C.C.T. Nº 401/05) pero que, debido a numerosos planteos de los trabajadores y el requerimiento del Sindicato del Petróleo del 14-6-05 (v. copia a fs. 151), le exigieron que el personal quedara comprendido dentro de la órbita de dicho sindicato y aduce que, por razones de paz social, procedió a encuadrar al personal en el convenio petrolero sin que ello haya implicado consentir o convalidar error alguno en el encuadre anterior (v. fs. 159 vta.).
Si bien la actividad de la codemandada Servicios Compass de Argentina S.A. es fundamentalmente la de provisión de alimentos y servicio de comedor -aunque claro está, no cabe asimilar sin más un restaurant o bar que atiende al público en general con quien suministra alimentos a obreros y empleados de una determinada empresa, que trabajan en sitios apartados de los centros urbanos, y en el marco de la labor que aquellos cumplimentan para su empleador- lo cierto es que en este caso concreto existe un elemento relevante que no debe ser soslayado; y tal es que la propia empleadora -por las razones que ella misma como empresa consideró que debía tomar en consideración- procedió a encuadrar a su personal dentro de la órbita del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, tal como pone de resalto a fs. 159 vta., lo cual tampoco entiendo que haya afectado el orden público, pues las labores respectivas se cumplían dentro del campamento petrolero (volviendo al ejemplo anterior, no se está ante un restaurant abierto al público en el centro de la ciudad, que incluye a sus dependientes en el convenio de los obreros y empleados de la industria del petróleo); la firma pagó los salarios en base a una determinada regulación, que ella misma adoptó, y no señala a fs. 159 vta. y sig. que haya efectuado algún reclamo o presentación ya sea en sede administrativa o judicial en relación con los planteos de los trabajadores y el sindicato petrolero a fin de dilucidar la cuestión antes de proceder como lo hizo; lo que invocó fue “los costos de mantener la paz social” y “la continuidad del giro empresarial de mi mandante” (fs. cit.).
De tal modo, considerando esas circunstancias fácticas específicas del caso de autos, y no verificándose perjuicio para los trabajadores en aquel proceder, es por tales peculiaridades que en este caso concreto habré de propiciar la ratificación de lo resuelto en la sentencia de 1ª instancia. En tal forma se expidió esta Sala en un caso de similares aristas (“Lizama, Leónidas Daniel y otro c/ Servicios Compass de Argentina S.A. y otros s/ diferencias de salarios”, sentencia definitiva nº 74.376 del 28-8-2012).
Consecuentemente, propiciaré confirmar lo decidido en origen en cuanto a este aspecto del reclamo.
IV. El segundo agravio de la codemandada Servicios Compass de Argentina S.A. cuestiona la condena solidaria impuesta a Total Austral S.A.
Sin embargo, en cuanto a la queja intentada a fs. 721 vta./722, sin perjuicio de que la apelante carece de interés recursivo para cuestionar aspectos del decisorio que atañen a la responsabilidad de otra persona accionada y no a la condena contra ella misma, lo cierto es que este tema ha merecido tratamiento en el considerando II, por lo que la cuestión ha sido ya tratada.
V. En el tercer segmento de la queja, esta codemandada se refiere a horas extra.
Sin embargo, de la lectura del memorial encuentro que este no constituye una crítica concreta y razonada de todos los fundamentos vertidos por el Sr. juez de 1ª instancia, con los requisitos que impone el art. 116 L.O. y que no se agotan en la mera crítica, sino que deben configurar una detallada indicación de los pretendidos errores, omisiones o deficiencias que se imputen al fallo, refutándose las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el magistrado su decisión; si no se ingresa a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho que, a su turno, desarrolló el juez de grado en forma completa y acertada, no se cumplimentan los requisitos de la expresión de agravios (Fassi y Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado, Tomo 2, 3ª edición actualizada y ampliada, págs. 481/482). La lectura integral del fallo de fs. 697/715 abona esta conclusión.
Es que para que exista expresión de agravios no bastan las manifestaciones genéricas ni la mera remisión explícita o implícita a presentaciones anteriores o pruebas colectadas en la causa. La norma procesal exige que se indiquen y analicen, parte por parte, las consideraciones de la sentencia apelada. Es decir, debe efectuarse un ordenado y claro detalle de cada uno de los errores en que, en el criterio del recurrente, haya podido incurrir el pronunciamiento cuestionado, bastándose a sí mismo el memorial, por cuanto los agravios deben estar dirigidos a rebatir la sentencia como culminación del contradictorio.
En tal ilación, observo que el recurrente no se hace cargo del argumento de la sentencia según el cual al demandada dispuso que se trabajara bajo un sistema de producción continuo (rotación), que incluía domingos y feriados (v. fs. 710); el fallo explicitó que era evidente la realización de horas extra, que no habían sido remuneradas (fs. 711), sin que ello se halle adecuadamente desvirtuado en el memorial (art. 116 cit.) pues se hacen referencias al “material probatorio colectado (fs. 722, 722 vta.), a las “pruebas de autos (fs. 722 vta.) y a los “testimonios vertidos por los declarantes” pero no identifica en concreto, cuáles serían esas piezas probatorias mal valoradas ni cuáles los testigos sobreestimados.
Así, las críticas esbozadas carecen de relevancia jurídica a los fines pretendidos por el apelante. La queja parece traslucir una disconformidad del decisorio, y la sola enunciación de que el sentenciante tuvo un trato diferencial hacia los testigos, no alcanza por sí sola a constituir una crítica concreta y razonada a los fines de la norma procesal reiteradamente citada ante los concretos argumentos que se brindaron en el fallo.
Por dichos motivos, propiciaré ratificar la sentencia en el aspecto cuestionado.
VI. En consecuencia, la sentencia debería confirmarse. La queja planteada respecto a intereses se funda en el solicitado rechazo de la acción por lo que sigue la suerte de lo principal.
Hay apelaciones sobre costas (fs. 724) y honorarios (fs.. 724/vta.). Dada la solución que propicio para el pleito, lo resuelto a fs. 714 punto III de la dispositiva se ajusta al art. 68 C.P.C.C.N. Por lo demás, los estipendios fijados a los letrados y perito (ver fs. 714) no son altos en relación al mérito e importancia de las tareas, al monto del pleito, y a lo dispuesto por los arts. 38 L.O., 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y 3 decreto-ley 16.638/57.
VII. En atención al resultado obtenido por los recursos, las costas de alzada deberían ser impuestas a cargo de las demandadas, solidariamente en cuanto a los emolumentos de la Dra. E. M.Q.L.; cada accionada cargaría con los honorarios de sus propios abogados (art. 68 C.P.C.C.N.). Mociono fijar los estipendios del Dr. M.S. en 3%, los del Dr. F.C. en 3,25% y los de la E. M.Q.L: en 4%, todo a calcular sobre el monto definitivo de condena que se determine en la oportunidad del art. 132 L.O. (art. 14 y conc. L.A.).
El Dr. Zas manifestó:
Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.
En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1º) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de recursos y agravios. 2º) Imponer las costas de alzada y regular los respectivos estipendios, según se sugiere en el punto VII del primer voto de este acuerdo. 3º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.
Se deja constancia que el Sr. Juez Dr. Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.— María C. García Margalejo.— Oscar Zas.

 

Fallo clásico: Carman de Cantón, Elena c. Estado Nacional

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 14/08/1936
Partes: Carman de Cantón, Elena c. Estado Nacional
Publicado en: Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Administrativo – Julio Rodolfo Comadira, 673 – , 175 , 368;  Colección de Análisis Jurisprudencial Elementos de Derecho Administrativo – Director: Tomás Hutchinson – Editorial LA LEY 2003 , 412, con nota de Juan Vicente Cataldo;
Cita Online: AR/JUR/4/1936

Sumarios:
1. No existe precepto alguno de ley que declare inestables, revisibles, revocables o anulables los actos administrativos de cualquier naturaleza y en cualquier tiempo, dejando los derechos nacidos o consolidados a su amparo a merced del arbitrio o del diferente criterio de las autoridades, cuyo personal sufre mutaciones frecuentes por ministerio constitucional, legal o ejecutivo.
2. Es irrevocable la jubilación otorgada, pues no se trata de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo ni de una gracia demandada por un particular, ni de un trámite arbitrario en la secuela del expediente jubilatorio, ni de fondos que pertenezcan al servicio público general.
3. Si el beneficiario se presentó ante la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, en los términos y con los recaudos que preceptúa la ley 4349 (Adla, 1889-1919, 620) y sus reglamentaciones, las oficinas públicas de contralor y fiscalización produjeron los informes pertinentes y el directorio de la Caja otorgó la jubilación ordinaria peticionada, desde ese momento el derecho reclamado al amparo de la ley quedó establecido, cierto y ejecutoriado, por lo cual aquél gozó de su sueldo de retiro hasta el día de su muerte, lo cual torna improcedente la revocación posterior dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.
4. El art. 64 de la ley 4349 (Adla, 1889-1919, 620) no puede ser invocado por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para revisar y revocar la jubilación otorgada, ya que ni en la letra de la ley ni en la intención clara que la informa, existe apoyo para interpretar que se dejó libertad a aquélla o al Poder Ejecutivo Nacional para revisar no sólo los casos ya resueltos sino también todos los que en el futuro se resolvieran.
5. En el trámite de las jubilaciones y pensiones existe un procedimiento administrativo reglado —arts. 29, 30, 40, 56 y 57, ley 4349 (Adla, 1889-1919, 620) y arts. 10, 11, y 12 del decreto reglamentario— y, por ello, la prescripción también se opera en el orden administrativo (art. 37, inc. 3°, ley premencionada).
6. Siendo la prescripción de orden público, no quedan exceptuadas de ella sino las acciones que menciona el art. 4019 del Cód. Civil y aquellas que expresamente mencionen otras leyes.
7. La jubilación sólo se pierde por condena judicial por los delitos y a las penas que menciona el inc. 2 del art. 37 de la ley 4349 (Adla, 1889-1919, 620) y, fuera de ello, es vitalicia, transmitiéndose a los padres del beneficiario, hijos o cónyuge supérstite el derecho a pensión.

Texto Completo: Buenos Aires, agosto 14 de 1936.

Y Vistos: Los del juicio promovida por doña Elena Carman de Cantón contra el Gobierno de la Nación para que, en su carácter de viuda del Dr. Eliseo Cantón, se le otorgue el beneficio que cree corresponderle de acuerdo con los arts. 41 y siguientes de la ley N° 4349 y 13 de la ley N° 4870, es decir, la pensión de $667.30 m/n; juicio venido en tercera instancia ordinaria por apelación interpuesta por la actora contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelación de la Capital que desestimó su demanda, de conformidad con lo dispuesto por el inc. 2° del art. 3°, de la ley N° 4055; y

Considerando:

1° Que el Dr. Eliseo Cantón (h.) encontrándose en ejercicio de los cargos de decano y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, solicitó su jubilación ordinaria en agosto de 1912, llenando los recaudos que preceptúan la ley N° 4349 y su decreto reglamentario de octubre 19 de 1904 —fs. 2 a 8— del expediente administrativo de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, año 1912, letra C, N° 181. Dado a la solicitud el trámite legal y reglamentario pertinente con todos los informes del caso —fs. 10 a 19— la Caja declaró probados los extremos necesarios y acordó la jubilación ordinaria en febrero 7 de 1913 —fs. 20— la que fué aprobada por el P. E, por decreto de 28 del mismo mes y año (fs. 24). En 1927, la Comisión Revisora de Pensiones Militares, de cuyo beneficio también gozaba el Dr. Cantón por decreto de mayo 10 de 1926 fundado en la ley N° 11.295 —fs. 53— encontró errores de apreciación en el cómputo de servicios militares del aludido —fs. 67— pero el Ministerio de Marina desestimó ese dictamen —fs. 77— no obstante lo cual y por otros errores advertidos por Contaduría General (fs. 82) se iniciaron tramitaciones de esclarecimiento con intervención del beneficiario quien aportó nuevos elementos de juicio para demostrar que había llenado el máximum de servicios no sin antes advertir que había prestado veinticuatro años de servicios coma diputado nacional, que no mencionó al solicitar jubilación, y que, además, había a su respecto, cosa juzgada (fs. 91 y 116 respectivamente).

A pesar de haber urgido, más de una vez, el trámite de la incidencia, jamás la Caja ni el P. E. se pronunciaron en vida del Dr. Cantón, y fue recién en 1931 al presentarse la legítima viuda, Sra. Elena Carman de Cantón, que la nueva administración de la Caja, previa vista al asesor legal de la misma, declaró improcedente la revisión de la jubilación (fs. 146 a 153). El Procurador General de la Nación dictaminó a fs. 172 en sentido favorable a la resolución de la Caja, pero el P. E. por resolución de agosto 20 de 1932, declaró que procedía la revisión de la jubilación Cantón por existir errores de hecho —fs. 198— y en junio 20 de 1933 se dejó sin efecto el decreto de 28 de febrero de 1913 y se mandó formular cargo por las sumas percibidas por el beneficiario en virtud del mismo —fs. 208—. Contra estos últimos decretos deduce acción contenciosa administrativa la Sra. Carman de Cantón —fs. 2— del expediente judicial.

2° Que sintetizado así, clara y precisamente, el proceso administrativo que determina la litis en examen, corresponde averiguar si en las leyes, en la doctrina o en la jurisprudencia —judicial o administrativa— existen fundamentos para la revisión y revocación del decreto que reconoció al Dr. Eliseo Cantón el derecho a su jubilación en 28 de febrero de 1913, por defectos o errores de hecho notados en 1927 y declarados en 20 de junio de 1933, o si como sostiene la actora, el acto administrativo de 1913 es irrevisible e irrevocable por el mismo poder que lo otorgó y a cuyo amparo se hizo efectivo el derecho jubilatorio del que gozó durante dieciocho años el Dr. Cantón.

3° Que no existe ningún precepto de ley que declare inestables, revisibles, revocables o anulables los actos administrativos de cualquier naturaleza y en cualquier tiempo, dejando los derechos nacidos o consolidados a su amparo a merced del arbitrio o del diferente criterio de las autoridades, cuyo personal sufre mutaciones frecuentes por ministerio constitucional, legal o ejecutivo; es decir que las resoluciones de la Administración, aun en aquellas cuestiones en que se trata de facultades regladas, consentidas y ejecutoriadas, no “causan estado”, no establecen “derechos adquiridos”, no hacen “cosa juzgada”. Pero, en cambio, existe un decreto de 30 de junio de 1896, en el que aceptándose el dictamen del Procurador General de la Nación se declara, no sólo para el caso concreto que se ventilaba —una reivindicación de terrenos— sino “como antecedentes para casos análogos” que las resoluciones administrativas no son susceptibles de reconsideración “porque el orden público se interesa en que los derechos adquiridos bajo el amparo de resoluciones definitivas queden inconmovibles” porque “de otro modo no habrá régimen administrativo ni judicial posible”. Registro Oficial, 1896, t. 1°, págs. 1030 y 1031, y transcripción por el asesor de la Caja de Jubilaciones a fs. 150 v. y 151 del expediente administrativo. Las firmas de Sabiniano Kier, José Evaristo Uriburu y Benjamín Zorrilla dan a esas conclusiones, además del valor de las investiduras respectivas, el de sus reconocidas capacidades jurídicas. Entre otros antecedentes puede recordarse el decreto de 16 de febrero de 1927, dictado en un segundo pedido de reconsideración del que establecía un determinado régimen de promociones y exámenes. Esta Corte Suprema, no obstante la norma de 1896, no revocada expresamente por otro acto del P. E., declaró en 1908 que el Gobierno pudo, en 1903, dejar sin efecto, un reconocimiento de propiedad de un terreno hecho en 1898, “porque los procedimientos administrativos no tienen forma ni carácter de juicio como tampoco interrumpen la prescripción, etc.”; pero, aparte tratarse de un caso aislado, cabe advertirse que en el trámite de las jubilaciones y pensiones existe procedimiento administrativo reglado (arts. 29, 30, 40, 56 y 57 de la ley N° 4349 y arts. 10, 11 y 12 del decreto reglamentario); y por ello, la prescripción también se opera en el orden administrativo (art. 37, inc. 3 de la ley premencionada). Otras razones existen, además, para renovar el examen de la cuestión, distinguiendo circunstancias y condiciones del acto administrativo, a efecto de que las conclusiones se ajusten, en cada caso, a los principios fundamentales de la justicia y concilien los derechos de los particulares con los del Estado.

4° Que el acto administrativo es como lo define Mayer: “toda disposición o decisión de autoridad que declara lo que es de derecho en un caso particular”, pero es de naturaleza y alcances diversos cuando el poder administrador o un organismo autárquico ejercita facultades discrecionales, que cuando cumple funciones regladas; cuando contempla intereses públicos en su resolución; que cuando decide un interés particular. El nombramiento o remoción de un empleado, la concesión o negación de una licencia o una beca, el otorgamiento de un permiso para usar de un terreno público, son notoriamente diversos de una concesión ferroviaria y del reconocimiento de una jubilación, pero entre estos dos últimos supuestos, la concesión estará siempre condicionada en su duración y en sus condiciones por el servicio público cuya integridad y eficacia debe mantenerse por el Estado, mientras que la jubilación contempla, principalmente, el interés y el derecho del empleado u obrero condómino, con sus compañeros, de los fondos de la caja que ha de pagarle el retiro y en éste y otros casos parecidos “el Estado desempeña una función tutelar, la de patrono o administrador” según el concepto del profesor Sarriá, o de juez, puede afirmarse, decidiendo entre la pretensión del empleado y los intereses de la comunidad de sus colegas afiliados.

5° Que las distinciones precedentes adquieren particular importancia cuando se trata de saber si los actos o resoluciones administrativas hacen “cosa juzgada” y “causan estado”, o son revocables total o parcialmente, en cualquier término que el poder administrador o la institución autárquica lo considere conveniente. Es lógico que cuando se obra en virtud de facultades discrecionales la revocación sea procedente y lo mismo puede ocurrir cuando, aun actuando y decidiendo en virtud de facultades regladas, el interés publico que, como ha dicho esta Corte puede confundirse con el orden público (Fallos: t. 172, pág. 21) reclame una modificación del status creado al amparo del acto administrativo, aunque podría surgir la obligación de indemnizar al particular afectado por la revocación. No es la misma la situación creada por una resolución o decisión tomada en el caso de intereses particulares fundados en derecho claramente sancionado por la ley, aun cuando siempre hay, en los actos de gobierno, un interés público más o menos importante. “El interés público —dice MAYER— es en general, una fórmula ambigua. Pero no es difícil advertir qué especie de interés puede estar aquí en cuestión (en la cosa juzgada); es el interés de la certidumbre del derecho. La ley ordena el derecho para hacerlo cierto. Pero en su aplicación a los casos individuales, este derecho puede resultar incierto. Es el juez quien tiene la misión de darle una certidumbre para el caso individual; cuando él haya realizado esa misión en la forma prescripta, con el concurso de la parte interesada, el interés público exige que no se deje renacer la duda sobre el resultado obtenido. El derecho debe adquirir permanente certidumbre para ese caso individual. Tal es la fuerza de la cosa juzgada.

Este razonamiento es claro e irrefutable para el proceso civil. Lo es igualmente, para lo contencioso administrativo cuando se trata como en un proceso civil, de decir lo que es de derecho, de realizar un acto de jurisdicción en ese sentido, de emitir —como hemos dicho— una decisión.

“Para el juicio administrativo que contiene una decisión, propiamente dicha, la fuerza de la cosa juzgada es absoluta, porque el interés público de la certidumbre del derecho forma el derecho de la parte”. (Droit Administratif Allemand, t. 1°, págs. 267 a 269). Este principio de la estabilidad del derecho mediante la resolución administrativa en el caso concreto y para la persona que lo plantea, está igualmente afirmado por Louis Delbez en su estudio sobre “La revocación des actes administratives”, publicado en la Revue du Droit Public et de Science Politique, año 1928, N° 45; por Laferriere, en “Traité de Jurisdiction Administrative”, t. 1, págs. 407 y 408; por Lagoste, “De la Chose Jugée”, título V, N° 1350, pág. 452; por Varela, nota al art. 5° del Código de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires; y por el Dr. Félix Sarriá, catedrático de la Universidad de Córdoba, en sus Estudios de Derecho Administrativo, año 1934, págs. 73 a 76, donde se concreta con precisión el verdadero principio en estos términos:

“La doctrina puede ya consagrar como postulado, que el acto administrativo es irrevocable en los siguientes casos:

a) Cuando declara un derecho subjetivo;

b) Cuando causa estado.

“Se parte de la base de que el acto es regular, es decir, que reúne las condiciones esenciales de validez (forma y competencia)”.

Aun los que aceptan la revocación y desestiman el valor de la cosa juzgada en el derecho administrativo argentino, sostienen la necesidad de la ley que establezca una estabilidad jurídica mediante la irrevocabilidad por vía administrativa de decreto declarativo de derechos contestados (Conf. Bielsa, Derecho Administrativo, Iª edic., N° 211 y notas 25 y 26, págs. 340 y 341); pero parece justo que lo que debiera establecer la ley, como excepción al principio general de la estabilidad y certidumbre del derecho declarado y reglado, es la facultad de revocación sine die del poder administrador y no a la inversa, y el “recurso jerárquico” que por iniciativa del autor citado se estableció por decreto de 7 de abril de 1933 tiende a esa estabilidad que ya el de 30 de junio de 1896 anticipaba “como antecedente para casos análogos”.

6° Que, referidos a las jubilaciones y pensiones los razonamientos expuestos en los considerandos precedentes, se refirma la conclusión favorable a la irrevocabilidad de la jubilación del Dr. Eliseo Cantón, decretada después de su muerte con el consiguiente menoscabo de los derechos pensionarios de su esposa; pues no se trata de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, ni de una gracia demandada por un particular, ni de un trámite arbitrario en la secuela del expediente jubilatorio, ni de fondos que pertenezcan al servicio público general. El Dr. Cantón se presentó a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, en los términos y con los recaudos que preceptúa la ley N° 4349 y sus reglamentaciones; las oficinas públicas de contralor y fiscalización produjeron los informes pertinentes; el directorio de la Caja declaró la procedencia de la jubilación ordinaria, formulando cargos, que el interesado aceptó, y el Poder Ejecutivo aprobó la resolución de la Caja (ver considerando 1°), desde cubo momento el derecho reclamado al amparo de la ley quedó establecido, cierto y ejecutoriado, por lo cual el Dr. Cantón gozó de su sueldo de retiro hasta el día de su muerte. “Es así irrevocable la concesión de una jubilación o pensión aunque ella contuviera errores suficientes para causar su nulidad, en cuyo caso la administración o las entidades autárquicas deben perseguir su anulación por la vía jurisdiccional, no pudiendo —per se— revocar. Sólo pueden corregir errores aritméticos o materiales mas no conceptos” (Sarriá, obra y página citadas). Si los errores aritméticos o de cómputo de servicios que fundan los decretos de agosto 20 de 1932 y junio 20 de 1933 se hubieran dictado en vida del interesado —pues se denunciaron en 1927— y no se hubieran estimado suficientes las aclaraciones dadas por aquél, ni compensables con los servicios de diputado nacional durante veinticuatro años, aun entonces el Dr. Cantón habría podido continuar servicios o argüir su edad y estado de salud para una jubilación extraordinaria con la consiguiente retasa del monto de su haber jubilatorio, pero después de veinte años del derecho en ejercicio y de seis años de conocido el error, no es posible anular ese derecho en sí. Con la extensión dada al arbitrio administrativo para rectificar errores de hecho, anulando en realidad el derecho mismo se puede llegar hasta anular la inamovilidad de los magistrados judiciales que, amparándose en la ley N° 4349 o en la N° 4226, se jubilaron y a los que, después de cinco, diez o más años, se les revisara el cómputo de servicios o su edad, para quitarles el sueldo de retiro y el cargo del que no pudieron ser privados sin el juicio político pertinente.

7° Que la invocación del art. 64 de la ley N° 4349 para fundar la revisión y revocación que en estos autos se discute es ineficaz; dicha disposición dice: “La Junta de Administración hará la revisión de las pensiones y jubilaciones existentes y dará cuenta al Poder Ejecutivo de las que encuentre fuera de las prescripciones de las leyes vigentes cuando se acordaron”; fue propuesta por el diputado Dr. Ponciano Vivanco, fuera del proyecto de la Comisión respectiva, diciendo: “Desearía que al mismo tiempo se hiciera también una revisión de las que actualmente están gozando de pensiones y jubilaciones, etc.”. (Conf. Diario de Sesiones C. de D. D. 1903, Vol. 1°, pág. 296). Ni en la letra de la ley ni en la intención clara que la informa, existe apoyo para interpretar que se dejó libertad a la Caja o al Ejecutivo para revisar, no sólo los casos ya resueltos antes del nuevo estatuto sino también todos los que en el futuro se resolvieran. Por lo demás ese precepto tiene su antecedente en el art. 3° de la ley N° 3744, que también se refiere al pasado, pues prescribe: “Las jubilaciones acordadas hasta la vigencia de la presente ley serán revisadas y ajustadas conforme a ella”, pero contenía este agregado de justicia elemental que habría permitido, en un caso como el sub-lite, evitar el agravio de aniquilar el derecho en sí, limitándose a modificar su alcance económico. “Si resultase —agrega— falta de servicio o edad, o ambos casos a la vez, se hará un descuento del 10% de la jubilación”. Y este mismo principio, de revisión de las jubilaciones y pensiones ya acordadas antes de la nueva ley, se estableció en la ley N° 12.154 modificatoria de las anteriores Nos. 10.650, 11.308 y 11.374 sobre “Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de las Empresas Ferroviarias”, pues su art. 32 preceptúa la revisión de las jubilaciones y pensiones ya acordadas para ajustar su monto a las disposiciones de la nueva ley, artículo que suscitó un interesante e ilustrado debate en la Cámara de Diputados en la sesión de 8 de septiembre de 1933 (Conf. D, de S. S. año 1933, Vol. IV, pág. 92 y siguientes). No existe, pues, antecedente legal que autorice la suposición de que se abriera un crédito al P. E. para que, en el futuro y sin término, revisara y anulara jubilaciones y pensiones so color de errores de hecho; que no difieren de los posibles errores de hecho y prueba de los juicios contenciosos, los cuales, sin embargo, no conmueven la cosa juzgada y no darían lugar a un recurso extraordinario traído contra resoluciones del poder administrador.

8° Que siendo la prescripción de orden público no quedan exceptuadas de ella sino las acciones que menciona el art. 4019 del Código Civil y aquellas que expresamente mencionen otras leyes; y así la nulidad resultante de error, violencia, fraude o simulación en los actos jurídicos —art. 1045 del Código Civil— se prescribe a los dos años de cesada la violencia o intimidación; o desde que el error, fraude o falsa causa fuese conocida —art. 4031— y en el caso de la jubilación del Dr. Cantón, el error de cómputo de servicios o el fraude en la mención de algunos prestados por otra persona, se denunció en 1927, por lo que, con exceso había corrido el término que extinguía la acción para anular el decreto de 1913. A falta de disposiciones especiales, el Consejo de Estado de Francia fijó en dos meses el tiempo máximo para la revocación de actos administrativos, aun de aquellos irregulares, cuando se hubiese reconocido derechos a los particulares. La perennidad de lo inestable en materia de derecho administrativo carece de base legal y justiciera. La jubilación sólo se pierde por condena judicial por los delitos y a las penas que menciona el inc. 2° del art. 37 de la ley N° 4349 y, fuera de ello, es vitalicia —art. 38—transmitiéndose a sus padres, hijos o cónyuge supérstite el derecho a pensión —art. 41—.

9° Que la Corte ha declarado, recientemente, la procedencia de una ampliación suplementaria en el cómputo de servicios de un jubilado en virtud de la ley N° 12.154, cuando con ello puede reintegrarse al goce del beneficio que antes le fuera acordado y luego reducido (Caso: Belfiore A. M., jubilación ferroviaria, 6 de julio de 1936); y ese principio de justicia habría determinado una ampliación conforme a las referencias y pruebas que se incorporan a fs. 91 y siguientes y fs. 138 y siguientes del expediente administrativo.

En su mérito, lo dictaminado a fs. 148 por el asesor legal de la Caja, lo resuelto por esta Corte a fs. 152 (expediente administrativo) se revoca la sentencia recurrida y se hace lugar a la demanda, declarándose que la señora Elena Carman de Cantón tiene derecho a la pensión que le corresponde como esposa del doctor Elíseo Cantón y según los términos de la jubilación de que éste gozó en vida de acuerdo con el decreto de 7 de febrero de 1913, cuya pensión le debe ser abonada desde el día del fallecimiento de su esposo (art. 48 ley N° 4349). Sin costas. Háganse saber y devuélvanse. —Antonio Sagarna. —Luis Linares. —B. A. Nazar Anchorena. —Juan B. Terán.