Tribunal: Cámara de Apelaciones de Concordia, sala civil y comercial I(CApelConcordia)(SalaCivilyComI)
Fecha: 19/09/2012
Partes: Garaycoechea, Silvia Francisca y otros c. Municipalidad de Concordia s/ ordinario
Publicado en: LLLitoral 2013 (febrero), 79
Cita Online: AR/JUR/48218/2012

Hechos:
Los sucesores del titular de un inmueble promovieron juicio de expropiación inversa contra una municipalidad, con motivo de un obra de entubamiento que se comenzó a construir sobre una porción del bien, sin haber sido previamente adquirida por el municipio ni pagado la correspondiente indemnización iniciándose actuaciones administrativas. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda. La Cámara confirmó el decisorio.

Sumarios:
1. La Municipalidad accionada carece de legitimación para ser demandada en orden a la expropiación inversa de un inmueble pues la Constitución de la Provincia de Entre Ríos reformada en el año 2008 confiere al Poder Legislativo provincial la facultad de calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública y en dicha línea también confiere a los municipios la competencia de interesar la necesidad de expropiación, solicitando a la provincia el dictado de la ley respectiva -art.240, inc.18-.

Texto Completo: .— Concordia, septiembre 19 de 2012.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

El doctor Moreni dijo:

I-) Silvia Francisca, Roberto Fermín, María Laura y Ricardo Ignacio Garaycoechea, promovieron juicio de expropiación inversa en perjuicio de la Municipalidad de la Ciudad de Concordia refiriendo que en el año 2000 sobre una porción del inmueble matrícula nº 0642480 sito en calle Brown nº 523, ciudad, titularidad dominial de Fermín Garaycoechea, por la obra de entubamiento del Arroyo Concordia se ocupó y comenzó a construir una porción de dicho inmueble de 466,11 m2 sin haber sido previamente adquirida por el municipio ni pagado la correspondiente indemnización iniciándose actuaciones administrativas —Expte. municipal nº 856.091— sin que se les hubiere otorgado favorable respuesta. El accionado ente municipal más allá de las defensas de fondo interpuestas y de citar como tercero a la Provincia de Entre Ríos, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y la Sub Unidad Provincial de Coordinación para la Emergencia (SUPCE) , opuso excepción de falta de legitimación activa por no ser los actores titulares del dominio del inmueble objeto de autos y falta de legitimación pasiva con fundamento en que el municipio carece de facultades para proceder a la expropiación interesada en tanto en el ámbito provincial sólo es la legislatura quien tiene competencia exclusiva para realizar declaraciones de utilidad pública mediante la sanción de una ley.

II) Cuando el juzgador de grado sentenció en definitiva el pleito comenzó por desestimar la excepción de falta de legitimación activa planteada por entender que los actores son por sucesión los titulares de los derechos y acciones que recaen y se ejercen sobre el fundo objeto del juicio considerando que la no instrumentación de dichos derechos emanados en la sucesión en un título representativo debidamente inscripto no es óbice para habilitar la legitimación puesta en juego. Seguidamente pasó a analizar la legitimación pasiva de la Municipalidad demandada y consideró que la misma carecía de dicho atributo en tanto conforme las aplicables disposiciones tanto de la Constitución Nacional como de la Provincial, no puede exigirse al municipio local el cumplimiento de un poder de policía en materia expropiatoria que no le corresponde que se encuentra regido por las leyes sobre la materia de cada provincia en ejercicio de sus poderes no delegados y que cualquiera sea la respuesta recibida en la tramitación de una instancia administrativa previa no puede implicar abrogar facultades exclusivas de la provincia sobre la cuestión ni atribuir las mismas a quien por ley no las tiene. Así las cosas —concluyó— ante la ausencia de legitimación pasiva de la demandada y la imposibilidad jurídica de dictar una eventual condena contra los terceros citados, no correspondía resolver las defensas opuestas como tampoco la cuestión de fondo planteada en tanto el actor no ha cumplido con la carga procesal de la ampliación expresa a que alude el artículo 93º del CPCC lo que hubiere convertido a los originarios terceros en litisconsortes pasivos pasibles de una eventual condena, por todo lo que, haciendo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la Municipalidad de Concordia rechazó la demanda de expropiación inversa e impuso las costas del juicio a los actores vencidos a excepción de las generadas por la citación a la Unidad Ejecutora Provincial que las cargó a la demandada requirente —cftr. fallo corriente de fs. 215/218—.

III) Con lo resuelto se alzan los actores y la demandada en sendos recursos de apelación interpuestos de fs. 221 y 225 concedidos libremente y con efecto suspensivo de fs. 222 y 226 siendo mantenido en Cámara sólo el primero de los nombrados mediante el irreplicado memorial corriente de fs. 236/239vta. porque, habiéndose exigido —ver fs. 241— sin éxito las correspondientes copias de la presentación efectuada bajo apercibimiento de ley —art. 117º del CPCC— se declaró la deserción de dicho remedio recursivo al punto 2 del decreto de fs. 242. Los promotores se agravian por entender que: a) la Municipalidad de Concordia realizó actos propios de un sujeto activo de expropiación en tanto se acreditó en autos que en el mes de mayo del año 2002 se tramitó el expediente administrativo interno nº 856.091; b) que el inferior concluyera erróneamente que el Estado Provincial no tuviera participación como codemandado en tanto a lo largo de la tramitación de autos se le reconoció dicha calidad resultando lo expuesto casi “disparatado” ya que deja librado al criterio del tercero citado la decisión de tomar o no intervención sin acarrear consecuencia alguna a su proceder afirmando que la intervención del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos fue obligatoria y no voluntaria por lo tanto no fue la de un simple tercero sino de demandado ya que compareció a juicio, contestó la demanda asumiendo la calidad de accionado no planteando su falta de legitimación pasiva y por ello debe hacerse cargo de las consecuencias de la expropiación inversa que se interesa y que, c) en cuanto a la imposición de costas corresponde imponerlas en su totalidad a la demandada quien con su accionar motivó la promoción de la presente como así también tanto la U.E.P. como la S.U.P.C.E. tomaron intervención como terceros citados a instancia de la Municipalidad de Concordia por lo que aquéllas deben imponérselas en integridad haciéndose lugar a la demanda en todas sus partes con el cargo de las costas.

IV) Adelantando cual será el sentido de cuanto se resolverá entendemos que la razón no está de parte de los quejosos y la sentencia impugnada merecerá ser enteramente confirmada por haber el juzgador de grado efectuado un prolijo, acertado y completo análisis de las cuestiones fácticas y jurídicas comprometidas en la especie. En efecto, en primer lugar, fuera de toda duda se encuentra que en función de la organización dada al sistema institucional de la República, la facultad de expropiar puede ser ejercitada tanto por el Estado Nacional como por las Provincias según sea el ámbito donde en definitiva recaiga la misma en función de sus pertinentes competencias territoriales siempre por declaración de utilidad pública de sus respectivas legislaturas y previo pago de indemnización. A nivel nacional, la ley 21.499 consigna que podrán actuar como expropiantes el Estado Nacional, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado Nacional en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales… —cftr. artículo 2º—. Más, en nuestra provincia, la cuestión resulta sumamente diáfana por cuanto la Constitución reformada en el año 2008 le confiere al poder legislativo provincial la facultad de calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública (ver inciso 21 del artículo 122) y es en dicha línea que también le confiere al municipio la competencia de interesar la necesidad de expropiación por causa de utilidad pública, aunque en tal caso, debe necesariamente solicitar a la provincia el dictado de la ley respectiva (ver artículo 240 inciso 18 de la Constitución Provincial) corroborando así la facultad otorgada a la legislatura provincial (ver igualmente, art. 11 inc. f.4 de la ley 10027 Orgánica de Municipios) donde sobre la necesidad de expropiar bienes particulares dentro del territorio de su jurisdicción se le impone al municipio la obligación de recabar la ley de calificación respectiva, disposiciones normativas todas éstas que han sido correctamente citadas por el juez a quo en el pronunciamiento que aquí se cuestiona. Por ello, ha sido correctamente resuelta en la instancia de grado la excepción opuesta por el municipio demandado de falta de legitimación pasiva para litigar acerca de la cuestión expropiatoria debiendo en su consecuencia ser objeto de expresa confirmación por parte del tribunal.

V) Es el turno ahora de analizar el agravio referido a que la Municipalidad actuó como sujeto expropiante a tenor del trámite dado en el mes de mayo del año 2002 al expediente administrativo nº 856.091 y en ello corresponde declarar la deserción parcial del recurso por cuanto el argumento central emitido al respecto por el inferior en el sentido de que la tramitación de una instancia administrativa previa cualquiera sea la respuesta recibida no puede implicar abrogar facultades exclusivas de la provincia sobre la materia ni atribuir las mismas a quien por ley no la tiene, no ha sido idónea y eficazmente combatida por los recurrentes en el escrito de expresión de agravios. En cuanto al argumento ensayado respecto a la calidad de demandado que asumió el Estado Provincial en el transcurso del pleito que permitiría su eventual condena le caben similares consideraciones a las expuestas en el párrafo anterior por cuanto sabido es que, a partir de la reforma introducida por la ley provincial nº 9776 al capítulo que regula la intervención de terceros en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial se establece claramente que sólo se podrá condenar al tercero si al sustanciarse el pedido de su intervención, el actor hubiese ampliado la demanda a su respecto solicitando su condena —artículo 93º último párrafo del CPCC— y en el caso, habiendo efectuado la citación de tercero la demandada Municipalidad —ver fs. 66vta. punto VI— los actores se limitaron a adherirse solicitando a su vez que se cite en garantía al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a la Unidad Ejecutora Provincial y a la Sub Unidad Provincial de Coordinación para Emergencia para que tomen intervención en los presentes autos —ver fs. 72vta. punto IV de la contestación del traslado oportunamente efectuado— inobservando así la manda expresa que al respecto la normativa en cuestión pone en cabeza del actor cuando le exige puntualmente que en el caso, amplíe la demanda y solicite específicamente su condena. Finalmente, en cuanto se relaciona con la última de las quejas expuestas relativas a que se adjudiquen las costas del juicio íntegramente a la demandada tampoco les asiste razón habida cuenta que resultando los actores perdidosos en el juicio han sido correctamente condenados en costas incluyendo las devengadas como consecuencia de la citación como tercero del Estado Provincial —recuérdese que las atinentes a la citada Unidad Ejecutora Provincial fueron cargadas a la demandada por la improcedencia manifiesta de su citación y ello llega firme a esta instancia— habida cuenta que ello ha sido el resultado de una apropiada interpretación de la regla general imperante en la materia —objetiva derrota— según los términos así previstos en el artículo 65º del CPCC.

VI) Por todo lo que, en definitiva, al interrogante planteado al comienzo se impone responderlo afirmativamente y en su virtud, desestimar integralmente el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia venida en revisión en todo aquéllo cuanto fuera objeto de agravios por parte de los promotores del juicio y sin costas de alzada por no mediar contención —art. 65º segundo párrafo del CPCC—.

La doctora Pelayo de Dri dijo:

Que se adhiere al voto del Sr. Vocal preopinante

El doctor de Urquiza dijo:

Que se adhiere al voto de los Sres. Vocales, Dres. Ricardo Italo Moreni y Liliana A. Pelayo de Dri.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se resuelve: 1. Confirmar la sentencia de fs. 215/218 en todo cuanto fuera objeto de agravios y desestimar el recurso de apelación interpuesto por los actores en su perjuicio de fs. 221 y fundado mediante el memorial de fs. 236/239vta. 2. Sin costas de alzada por ausencia de contención —art. 65º 2do. párrafo del CPCC—. 3. Diferir la regulación de los honorarios devengados en la alzada hasta la oportunidad en que se regulen los correspondientes a la instancia de grado. Regístrese, notifíquese y oportunamente, bajen.— Ricardo I. Moreni.— Liliana Pelayo de Dri.— Justo J. de Urquiza.