Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno(CNTrab)(EnPleno)
Fecha: 08/08/1997
Partes: Baglieri, Osvaldo D. c. Nemec, Francisco y Cía. S. R. L. y otro.
Publicado en: LA LEY1997-E, 595 – DT 1997-B , 2013, con nota de Carlos Pose;  DJ1997-3, 1094
Cita Online: AR/JUR/323/1997
Texto Completo: Buenos Aires, agosto 8 de 1997.

El Procurador General del Trabajo dijo:
El interrogante que nos convoca concierne a un aspecto puntual del marco normativo genérico, destinado a regular aquello que la doctrina laboral denominó, con cierta audacia y soslayando los alcances precisos del término en el Derecho Civil, “novación subjetiva de la relación de trabajo”.

Esta expresión, dirigida a describir la habitual y admitida variación del sujeto “empleador” en el contrato de trabajo, cuenta con consenso en la actualidad, pero en sus orígenes fue harto polémica (ver Deveali, Mario, “La novación objetiva y subjetiva del contrato de trabajo”, DT, 1947, p. 481 y la cita de Peretti Griva en “Lineamientos de derecho del trabajo”, p. 300; id. Montoya Melgar, Alfredo en “Derecho del trabajo”, p. 384, Madrid Tecnos, 1981 y Vázquez Vialard, Antonio en “Derecho del trabajo”, t. V, p. 7 y sigtes.) y es posible inferir que el debate no sólo se debió a la utilización amplia de una expresión reservada para la extinción de las obligaciones, sino a que se estaba en presencia de un vínculo jurídico completo, que traía aparejado aquello que el derecho privado, de tradición romanista, no admitía con facilidad: la decisión de deudas.

La inquietud no se limitó, es obvio, a nuestra disciplina y tanto el derecho comercial como el derecho del trabajo intentaron crear un diseño que no se apartara, en sus consecuencias, del axioma “el patrimonio como prenda común de los acreedores”, que subyace en todo obstáculo al cambio del sujeto deudor de las obligaciones. Como ejemplo, basta la detenida lectura de la ley 11.867 de “transferencia de fondo de comercio” y su sistema de publicidad y oposición, que concluye también en una muy amplia responsabilidad solidaria, para aquellos supuestos en que se hubiese omitido los trámites destinados a proteger al acreedor (conf. art. 11).

Ya la legendaria ley 11.729 fue criticada y produjo perplejidad en el derecho civil, porque en su art. 157 inciso 4., preveía una hipótesis de asunción de deuda (ver Cazeaux, Pedro y Trigo Represas, Félix, “Derecho de las obligaciones”, t. II, p. 41 y, en especial, Scolni, M., “Transmisión de establecimientos comerciales e industriales”, p. 62 y sigtes., Buenos Aires, 1964) y el derecho del trabajo asumió la discusión y advirtió que esa tendencia a tutelar al acreedor ante el “cambio de deudor”, debía ser más intensa cuando aquél fuese un trabajador, sujeto natural de protección.

Son esos vientos, unidos a una suerte de justificada obsesión antifraude, los que atraviesan todo el título XI de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976-238), cuyo art. 228 se menciona en la convocatoria. Incluso se llegó a sostener, nada menos que en la Exposición de Motivos de la citada norma, que el sistema propuesto “… se orienta por la aceptación de las obligaciones propter rem, por más que la caracterización como tal, en los supuestos contemplados, se ve alterada por la solidaridad que se le asigna al transmitente …”, lo que revela la intensidad con que se vinculó el pasivo laboral a la infraestructura material de la empresa, más allá de la equívoca conceptualización (ver Vázquez Vialard, Antonio, ob. cit. p. 22 y sigtes.). Cabe recordar, en este orden de ideas, las palabras del propio Norberto Centeno que, al analizar el texto, afirmó “… la relación empleador-trabajador configura una típica relación personal, pero la ley ha querido crear, además, una vinculación entre esa relación personal, pero la ley ha querido crear, además, una vinculación entre esa relación y el establecimiento …” (ver, “La transferencia del contrato de trabajo en la ley de contrato de trabajo”, en Legislación del trabajo XXVI-771).

No soslayó, claro está, que la pregunta que debemos responder se refiere a otra faceta posible del sistema legal de transferencia, que concierne a los trabajadores cuyo vínculo se extinguió con anterioridad a la cesión y que eran titulares de obligaciones aún no saldadas. Pero es necesario tener presente lo ya expuesto para comprender el texto legal y la reacción del derecho del trabajo ante la novación como fenómeno global que implica el desplazamiento patrimonial de esa suerte de “asiento” de las obligaciones, para utilizar una expresión no menos equívoca, prestada del régimen de privilegios.

El ya citado Título XI de la ley de contrato de trabajo intentó establecer un sistema reparador de las disposiciones aisladas de nuestro ordenamiento que concernían a la transferencia de establecimientos en su aceptación más amplia y tuvo por norte la continuidad de la relación laboral, la sucesión automática de los vínculos y la protección intensa del acreedor, basada en una solidaridad pasiva entre cedente y cesionario, que multiplica el concepto sujeto deudor, neutralizando posibles maniobras de vaciamiento, que afecten el patrimonio como garantía común.

No era novedosa en nuestro derecho positivo la solidaridad pasiva entre transmitente y adquirente de una empresa aun en lo que concernía a vínculos contractuales extinguidos al momento de la transferencia y en la medida en que subsistiera una obligación no saldada. Basta la lectura del art. 11 de la ley 11.867 que incluye como responsable al “vendedor”, al “comprador” y al “martillero o escribano”, para advertirlo, con la aclaración de que aquella situación, invocable por cualquier acreedor y no sólo por el trabajador, estaba condicionada a las “omisiones o transgresiones”, referidas al trámite de venta del “fondo de comercio”, que también fue concebido para proteger al titular activo de una obligación.

El art. 228 de la ley de contrato de trabajo, en el párrafo que debemos elucidar, establece: “El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél”.

La lectura detenida del texto legal, desde la perspectiva descripta, no dejaría lugar a dudas acerca de que se consagró una solidaridad pasiva amplia y la solución está muy lejos de ser incoherente con el espíritu de nuestra disciplina, porque se quiso proteger de manera singular al acreedor laboral estableciendo un régimen en el cual no le fuera indispensable transitar por los cauces de la ley 11.867 para poder invocar la responsabilidad de los partícipes de un negocio jurídico que, más allá de su licitud, implicaba transmisión patrimonial de relevancia (ver, en el mismo sentido, Krotoschin, Ernesto, “Tratado práctico de derecho del trabajo”, t. I, p. 473 y sigtes., 3ª ed.).

Como muy bien lo señaló Ricardo Guibourg, existe una justificación precisa para imponer al cesionario el pago de deudas que no contrajo y cuya existencia tal vez no conozca: en el acto de adquirir el establecimiento él está en condiciones de averiguar el pasivo que pesa sobre el transmitente y, en todo caso, puede exigir de éste las garantías adecuadas para no verse perjudicado más allá de lo previsto. El trabajador, en cambio, carece de estas facilidades y, desaparecido el empleador originario, no tiene otro punto de referencia que en el lugar de trabajo y la persona de su nuevo titular (ver “Las obligaciones solidarias en el derecho laboral”, en Legislación del Trabajo, t. XXVI, p. 969 y sigtes.). Esta ha sido la tesis inicial de la jurisprudencia (ver, en particular, sala III, sent. del 19/6/80 en autos “Iglesias, Juan D. c. La Pradera S. A.”) y la avalan, en doctrina, Vázquez Vialard, Antonio (ver ob. cit. p. 70 y sigtes.); Fernández Madrid, Juan C. (ver “Tratado práctico de derecho de trabajo”, t. II, p. 996 y sigtes.) y López, Justo (ver “Ley de contrato de trabajo comentada”, t. II, p. 1089).

No encuentro ningún elemento que permita sostener que es un requisito esencial la subsistencia del contrato al momento de la transferencia, para tornar operativa la solidaridad y ni siquiera la literalidad de la norma permite una interpretación restringida. En efecto, el legislador ha utilizado la proposición gramatical concerniente a la existencia en plural (“… existentes …”) y por lo tanto debe entenderse referida a las “… obligaciones emergentes …” y no al “… contrato de trabajo …” que es una expresión sustantivada en singular. Por lo tanto, y más allá de la crítica que podría esbozarse en torno al pleonasmo en que se incurre, es imperativo concluir afirmando que las “existentes” sólo pueden ser las obligaciones y no “el contrato de trabajo”. He conocido personas que, en el lenguaje oral, omitían la ese final, pero no he conocido a nadie que la agregara.

Propongo, pues, una respuesta afirmativa a la pregunta que nos reúne.

Por la afirmativa en mayoría, votan los doctores Guibourg, Fernández Madrid, Moroni, Boutigue, Capón Filas, Eiras, Balestrini, Rodríguez, Zapatero de Ruckauf, Pasini, Guthmann, Scotti, De la Fuente, Lasarte, Corach, Simón, Porta, Bermúdez, Vaccari, Ruiz Díaz, González y Lescano quienes se expresaron en los siguientes términos:

El doctor Guibourg dijo:
Debemos determinar si la solidaridad del adquirente, en los términos del art. 228 de la ley de contrato de trabajo (t.o.), se extiende a las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión. La pregunta sugiere que hay otra alternativa: que el cesionario sólo asuma las obligaciones correspondientes a los contratos de trabajo transferidos junto con el establecimiento.

Ahora bien, el texto del art. 228 (párr. 1) dice: “El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaran a aquél”. La mera lectura de la norma permite concluir que la palabra “existentes”, expresada en plural, se halla vinculada al sustantivo “obligaciones” y no a la expresión “contrato de trabajo”. Así, las obligaciones laborales existentes en el momento de la transmisión, que afecten al transmitente, generan la responsabilidad solidaria del adquirente, ya sea que ellas provengan de contratos de trabajo actuales o pretéritos.

Desde luego, la interpretación sería distinta si pensáramos que el artículo en cuestión contiene una errata y que la palabra “existentes” debiera leerse en singular. Pero ningún elemento de juicio permite sustentar esa tesis. Por el contrario, existen motivos razonables para sostener que el texto transcripto obedece a la intención del legislador, tal como ésta se advierte en el sistema general de la ley de contrato de trabajo.

En efecto, como dice en “Las obligaciones solidarias en el derecho laboral” (LT, XXVI-969), esta norma tiende a impedir que por vía de la transferencia se prive al trabajador de toda garantía de su crédito, al desaparecer el obligado directo. Los acreedores en general –incluidos los trabajadores– tenían ya a su disposición un medio procesal de asegurar sus créditos, a través de las disposiciones de la ley 11.867 (de transferencia de fondos de comercio). Pero la ley laboral, recogiendo el principio del anterior art. 157, inc. 4. del Cód. de Comercio (ley 11.729) y la amplitud con que la jurisprudencia lo había interpretado, consagra una garantía de fondo, no sujeta al requisito formal de la oposición en término, de difícil cumplimiento para los trabajadores.

El caso de la transferencia entre personas privadas es un ejemplo típico de la obligación de garantía impuesta a la persona solvente capaz de controlar los hechos que pueden causar perjuicio (como en el caso del intermedio en la ley 11.867). Existe una justificación para imponer al cesionario el pago de deudas que no contrajo y cuya existencia tal vez no conozca: en el acto de adquirir el establecimiento, él está en condiciones de averiguar el pasivo que pesa sobre el transmitente; y, en todo caso, puede exigir de éste las garantías adecuadas para no verse perjudicado más allá de lo previsto. El trabajador, en cambio, carece de estas facilidades y, desaparecido el empleador originario, no tiene otro punto de referencia que el lugar de trabajo y la persona de su nuevo titular.

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta el dictamen del Procurador General del Trabajo, voto por la afirmativa.

El doctor Fernández Madrid dijo:
La ley de contrato de trabajo se refiere a la transferencia del contrato de trabajo en su arts. 225 a 230.

La ley precisa que “en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aún aquéllas que se originen con motivo de la misma (art. 225, ley de contrato de trabajo).

A la transmisión citada se agrega la solidaridad que se atribuye al transmitente y al adquirente de un establecimiento respecto de obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión (art. 228, ley de contrato de trabajo).

Respecto de esta última norma, y con relación al tema que nos convoca, cabe formular algunas aclaraciones:

Cedente y cesionario son responsables por la totalidad de las obligaciones laborales contraídas por el cedente antes de la cesión y aún respecto de los créditos de los empleados desvinculados con anterioridad a la transmisión. La literalidad del art. 225 de la ley de contrato de trabajo menciona a “todas las obligaciones” que el transmitente “tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia”, por tanto si la ley no distingue entre los trabajadores en actividad y los trabajadores cuyos contratos hayan concluido con anterioridad a la transferencia, no corresponde formular distinción alguna.

Por otra parte, del espíritu de la norma surge que lo que se busca es asegurarle al trabajador la garantía que da la titularidad del establecimiento en orden al cobro de su crédito, puesto que el transmitente del mismo no deja de ser, también, deudor en virtud de la solidaridad que establece el art. 228 de la ley de contrato de trabajo, por lo que teniendo en vista tal finalidad es que no resulta viable la diferenciación propuesta en orden a considerar incluidos en la norma sólo a los créditos derivados de los contratos de trabajo todavía vigentes al momento de efectuarse la transferencia.

 

Lo importante, es la permanencia de la empresa o del establecimiento en actividad, correspondiendo determinar la nueva titularidad al sólo efecto de establecer los responsables solidarios de los créditos laborales, es más, las ulteriores transferencias del establecimiento agregan nuevos responsables solidarios, pues, lo reitero, se trata de obligaciones que van anexas a la empresa o establecimiento, con independencia de su titular.

 

Desde este punto de vista la ley apunta a formar el principio de unidad de empresa en términos tales que impiden el fragmento de la responsabilidad de los créditos laborales anteriores o posteriores a la transferencia. Así, como el trabajador mantiene su antigüedad, y su régimen jurídico porque trabaja en la misma empresa cualquiera fuera titular, el adquirente que continúa dicha explotación no puede pretender que se divida el riesgo empresario, eximiéndose de responsabilidad, porque cuando se adquiere una empresa en marcha se sucede al anterior titular y ello implica la asunción de todas las responsabilidades consiguientes. De otro modo, dicho acto originaria una liberación de deudas prohibida en el ámbito laboral.

 

Por lo expuesto, y los argumentos dados por el excelente dictamen del Procurador General Eduardo Alvarez me pronuncio por la afirmativa.

 

El doctor Moroni dijo:

 

Es insoslayable la clara literalidad normativa.

 

En efecto, el art. 228 del régimen de contrato de trabajo dispone, textualmente: “El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión …”.

 

Es obvio entonces que, las “…existentes …” que nombra el art. 228 del régimen de contrato de trabajo, no son (¿plural?) “… el contrato de trabajo …”, son las “… obligaciones emergentes del contrato de trabajo. La base de la solidaridad legal es la vigencia de las obligaciones “… emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión …”. Creo conveniente aclarar que las obligaciones vigentes o “… existentes …” son, sin duda alguna, aquéllas exigibles y no prescriptas “… a la época de la transmisión …”.

 

Reitero: no es la subsistencia vincular, sino la vigencia obligacional, el presupuesto solidarizante que la norma impone.

 

Voto por la afirmativa.

 

El doctor Boutigue dijo:

 

I. Concuerdo con el Procurador General del Trabajo en que se impone una respuesta afirmativa al interrogante propuesto al plenario, no solamente porque comparto sus muy ilustrados fundamentos, sino por los que –aun cuando están implícitos en el desarrollo de su dictamen– considero importante destacarlos.

 

II. El atributo de “existentes” que contiene el texto del artículo bajo análisis (primer párrafo del art. 228, ley de contrato de trabajo) no está referido al término que lo procede, es decir a “contrato de trabajo”, sino al Anterior: Las “Obligaciones”, puesto que “existentes” está en plural también (mientras que el “contrato de trabajo” está en singular).

 

III. Donde la ley no distingue, tampoco se debe distinguir, y en el resto del texto del artículo (ni en ningún otro) hay salvedad alguna acerca de que se trate de obligaciones sólo de los contratos subsistentes o de los ya extinguidos.

 

IV. El interés del trabajador (o más bien la salvaguarda de tal interés) frente a manejos relativos a la titularidad de explotaciones o establecimientos todavía parece ser algo así como la “cenicienta” del derecho del trabajo, pero afortunadamente hay algo que tiende a salvarlo, aunque frecuentemente tal remedio pasa inadvertido u olvidado: cuando hay duda acerca de los alcances o la interpretación de la ley, “… los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador …” (art. 9º, ley de contrato de trabajo).

 

Por estas consideraciones, como lo anticipé, voto por una respuesta afirmativa al interrogante planteado.

 

El doctor Capón Filas dijo:

 

1. El thema decidendum es establecer si el adquirente de una empresa o fondo de comercio debe responder por las deudas laborales por contratos extinguidos al tiempo de operarse la transferencia.

 

2. A pesar de las distintas opiniones, la redacción de régimen de contrato de trabajo art. 225 es determinante para resolver este plenario, al establecer expresamente que “todas las obligaciones” que el transmitente “tuviere con el trabajador al tiempo de la transferencia” pasarán al sucesor o adquirente. De modo que en virtud de lo normado por régimen de contrato de trabajo (art. 225 y 228) debe entenderse que cedente y cesionario son responsables por la totalidad de las obligaciones laborales contraidas por el cedente antes de la cesión.

 

Dicha solidaridad comprende todas las deudas existentes antes de la transmisión del establecimiento en cuestión, no interesando si el contrato de trabajo se ha extinguido con anterioridad a la misma, toda vez que el dispositivo referido no limita la solidaridad a la continuación del empleo a órdenes del sucesor o adquirente. Se establece primero el traspaso y luego la solidaridad frente a las obligaciones pendientes, entre las que se cuentan el pago de las indemnizaciones por despidos producidos con anterioridad a la transferencia, si la obligación no hubiera sido cancelada por el transmitente.

 

3. Dentro del sentido del convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado en el país por la ley 24.285 (B. O. 29/12/93 –DT, 1994-A, 52–) la norma no distingue entre obligaciones correspondientes a contratos en ejecución y deudas derivadas de contratos fenecidos. Sólo se refiere a las obligaciones existentes al tiempo de la transferencia, lo que garantiza al trabajador contra la desaparición, evanescencia o falta de respuesta del transmitente. La finalidad protectora del derecho laboral debe primar ya que lo contrario menoscaba el derecho del acreedor laboral, que puede ser seriamente afectado por las posibilidades mencionadas.

 

Consecuentemente, no resulta ilógico colocar en cabeza del nuevo adquirente del establecimiento la responsabilidad solidaria respecto de aquellas obligaciones emergentes de los contratos extinguidos con anterioridad a efectuarse la transferencia.

 

4. Por los motivos expuestos, voto por la afirmativa.

 

El doctor Eiras dijo:

 

Es interrogante planteado respeto de la responsabilidad del adquirente de un establecimiento (entendiendo por tal la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines empresarios conforme art. 6º, régimen de contrato de trabajo), en las condiciones previstas por el art. 228 del régimen de contrato de trabajo, por las obligaciones del transmitente derivadas de las relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión, encuentra respuesta en la letra de la propia norma.

 

El artículo 228 del régimen de contrato de trabajo establece en el primer párrafo que “El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél”. No cabe duda, que el vocablo “existentes” se encuentra relacionado con la palabra “obligaciones” y no con la expresión “contrato de trabajo”, por ende, las obligaciones laborales existentes al momento de la transmisión, y que afecten al transmitente, generan responsabilidad solidaria del adquirente, quien es sucesor de la responsabilidad que pesaba sobre el transmitente.

 

En consecuencia y teniendo en cuenta el voto del doctor Ricardo Guibourg, y lo dictaminado por el Procurador General del Trabajo, voto por la afirmativa al interrogante planteado.

 

El doctor Balestrini dijo:

 

Estimo que la norma que suscita el tema que nos ocupa (art. 228, ley de contrato de trabajo) resulta de una claridad tal –a contrario de una gran parte de la normativa que compone el régimen de contrato de trabajo–, que no merecería ser sometida a debate alguno, por lo cual adelanto mi voto afirmativo al interrogante planteado.

 

En efecto, nótese que dicha norma nace de la circunstancia que al transmitirse una explotación empresarial, la misma incluye tanto todos los créditos que la benefician, como todas las obligaciones que la comprometen y está dirigida, en definitiva, a garantizar al trabajador contra la posible y probable desaparición del empresario cedente. Además, dicha norma no impone condición alguna para su aplicación y menos aún la supuesta vigencia –o subsistencia– de los contratos individuales de trabajo, al momento de producirse la transferencia.

 

En definitiva, ya sea que se realice una interpretación gramatical de dicho artículo (“… serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél …”) o una profunda interpretación dogmática del espíritu de la norma, ambas conllevan a la única conclusión posible: que tanto el transmitente como el adquirente, respondan solidariamente por las obligaciones anteriores a la transmisión y que aún no han sido satisfechas.

 

Por lo expuesto, haciendo propios los términos vertidos por el Procurador General del Trabajo y como adelantara, voto por una respuesta afirmativa a la cuestión.

 

La doctora Rodríguez dijo:

 

El interrogatorio del presente plenario resulta acotado a la responsabilidad que le cabe al adquirente de un establecimiento por las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión en el marco de lo dispuesto por el art. 228 del régimen de contrato de trabajo.

 

Es regla general admitida tanto por la doctrina como por el derecho positivo, que el cambio de titularidad de un establecimiento, no extingue la relación laboral quedando el nuevo adquirente subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior.

 

Jurídicamente, el camino de titularidad en la empresa es causa de una novación subjetiva, en cuya virtud una persona o empresa sustituye a otra como parte de un contrato, siendo consecuencia de dicha novación la subrogación de un tercero, no limitada a los derechos del acreedor, sino en los derechos y obligaciones de quien es a su vez acreedor y deudor, quedando por ello el adquirente subrogado en los derechos y obligaciones del anterior.

 

En cuanto a los efectos de la transmisión, el adquirente es responsable frente a los trabajadores del cumplimiento de todas las obligaciones así sean anteriores o posteriores a la transmisión, derivadas de los contratos de trabajo, sin que quepa hacer distingo en mi opinión respecto a si los contratos se encontraban vigentes o no a la fecha del traspaso en tanto lo que se transmite es el conjunto de derechos y obligaciones que pesaban sobre el transmitente. Por ello, a la cuestión planteada, voto por la afirmativa.

 

La doctora Zapatero de Ruckauf dijo:

 

La cuestión sometida a debate ha merecido mi opinión en casos similares, en los que tuve oportunidad de expedirme en el sentido que la norma del art. 225 del régimen de contrato de trabajo hace una evidente alusión a las “obligaciones” emergentes del contrato de trabajo (el entrecomillado me pertenece), sin que se exija que dicho contrato se encuentre vigente a la época de la transmisión, pues la intención del legislador ha sido la de proteger a los créditos laborales impagos a la época de la transferencia, ya sea que provengan de contratos vigentes o ya extinguidos al ocurrir esta última.

 

Se le da así al trabajador, la garantía de que el cambio de titularidad del establecimiento, no lo dejará desamparado, en el caso de que tuviera créditos emergentes de un contrato de trabajo con el transmitente, ante una eventual insolvencia del adquirente o posibles maniobras de vaciamiento que afectaran el patrimonio con el que deba responder este último.

 

Desde esta perspectiva, no parece haber duda de que la interpretación de la norma que nos convoca, no puede ser otra que la de la consagración de un sistema de solidaridad amplia, con la finalidad de proteger al acreedor laboral.

 

Por otra parte, no resulta ocioso señalar que el adquirente del establecimiento cuenta al momento de la cesión con los medios necesarios para auditar los libros de comercio así como el libro especial del art. 52 de la ley de contrato de trabajo y demás documentación laboral pertinente, instrumental que debidamente compulsada lo ilustrará acerca de los montos y rubros pendientes a la fecha de la transferencia que se devengaran con anterioridad a la misma, no existiendo argumento legal alguno que lo exima de responder.

 

Consecuentemente, habré de votar por la afirmativa al interrogante planteado.

 

La doctora Pasini dijo:

 

El interrogante formulado acerca de si el adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 de la ley de contrato de trabajo, es responsable por las obligaciones del transmitente, en mi opinión debe ser respondido afirmativamente.

 

Efectivamente, la ley de contrato de trabajo en el art. 228 al establecer una solidaridad pasiva entre cedente y cesionario, intenta proteger al trabajador acreedor del cedente, al establecer que el transmitente y el adquirente de un establecimiento serán responsables, respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél.

 

No efectúa el referido artículo ninguna distinción acerca de si la relación de trabajo de la que emanaron tales obligaciones se encontraba vigente o extinguida a la época de la transferencia.

 

Es por ello que la solidaridad impuesta por la ley, no puede circunscribirse sólo a casos en que los contratos de trabajo se encontraban vigentes a la fecha del traspaso y el fin querido por la norma, se produce aunque tal contrato se hubiera extinguido con anterioridad al mismo.

 

Es decir, que todas las obligaciones nacidas y exigibles al antecesor, pasan al nuevo adquirente por imperio de la ley, dejándose de lado el marco en que las partes pudieran haber negociado la cesión.

 

Se pretende de tal forma proteger al trabajador acreedor del transmitente, equiparándose la situación al supuesto de omisión en el cumplimiento de los recaudos establecidos por la ley 11.867 para la transferencia del fondo de comercio, ya que tal incumplimiento genera en el marco de la referida ley la solidaridad entre adquirente y enajenante con respecto a los créditos que pesarían en cabeza del cedente de cualquier naturaleza que fueran.

 

Por lo expuesto, voto por la afirmativa.

 

La doctora Guthmann dijo:

 

Respecto del interrogante que plantea el tema principal que nos convoca, adhiero plenamente por sus fundamentos, a las conclusiones expuestas por los doctores Guibourg, Fernández Madrid y Moroni. Por ello y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el dictamen del Procurador General del Trabajo, doctor Eduardo O. Alvarez, voto por la afirmativa.

 

El doctor Scotti dijo:

 

Por las razones expuestas en el dictamen del Procurador General y en el voto del doctor Guibourg, voto por la afirmativa a la cuestión planteada.

 

El doctor De la Fuente dijo:

 

Que adhiere al voto del Procurador General del Trabajo y del doctor Guibourg.

 

El doctor Lasarte dijo:

 

Como el dictamen del Procurador General y el voto del doctor Moroni coinciden con el criterio que invariablemente he sostenido como juez de ambas instancias, adhiero a cuanto sostienen y me pronuncio por la afirmativa.

 

El doctor Corach dijo:

 

Por compartir el dictamen del Procurador General del Trabajo y los fundamentos expuestos por los doctores Pasini, Zapatero de Ruckauf y Balestrini, voto por la afirmativa al interrogante planteado.

 

El doctor Simon dijo:

 

Por compartir el dictamen del Procurador General del Trabajo y los fundamentos expuestos por los doctores Pasini, Zapatero de Ruckauf y Balestrini, voto por la afirmativa al interrogante planteado.

 

La doctora Porta dijo:

 

Por los fundamentos expuestos por el doctor Guibourg, voto por la afirmativa.

 

El doctor Bermúdez dijo:

 

Por los fundamentos expuestos por el doctor Fernández Madrid votaré por la afirmativa al interrogante planteado.

 

El doctor Vaccari dijo

 

Adhiero al dictamen del Procurador General del Trabajo y en consecuencia, voto por la afirmativa.

 

El doctor Ruiz Díaz dijo:

 

Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Boutigue. En consecuencia, voto por la afirmativa al interrogante planteado.

 

La doctora González dijo:

 

Por compartir los fundamentos expuestos por el Procurador General del Trabajo, voto por la afirmativa al interrogante planteado.

 

El doctor Lescano dijo:

 

Que emite opinión por la afirmativa al temario que conformará la doctrina a emerger del presente acuerdo plenario, porque participo en un todo de los fundamentos dados por el doctor Guibourg.

 

Por la negativa en minoría, votan los doctores Morando, Morell, Vilela, del Valle Puppo y Billoch, quienes se expresaron en los siguientes términos:

 

El doctor Morando dijo:

 

I. Se discute si al adquirente de un establecimiento –unidad técnica o de ejecución, según el art. 6º, ley de contrato de trabajo– se le transfieren no sólo los contratos de trabajo en ejecución al tiempo de la transferencia, sino también, en calidad de deudor solidario con el anterior titular, obligaciones de naturaleza laboral emergentes de contratos extinguidos con anterioridad a la disposición de la titularidad de aquél.

 

La norma básica de este título de la ley es el art. 225, que dice: En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aún aquéllas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquirente y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven.

 

Se verifica un apartamiento de la regla del efecto relativo de los contratos, que ha sido objeto de estériles tentativas de clasificación dentro de las categorías tradicionales del derecho de las obligaciones –como la novación, pese a que, lejos de extinguir el contrato de trabajo, la norma dispone su continuación en circunstancias en que normalmente se hubiera extinguido; la delegación imperfecta, o, en el pensamiento del autor del anteproyecto, la fallida intención de diseñar una variante de las obligaciones propter rem–. En verdad, el legislador, con el propósito de evitar que los cambios de titularidad del establecimiento originen, necesariamente, la extinción de los contratos de trabajo, ha dispuesto su continuación, en las condiciones de existencia, con el adquirente de aquél, al margen de aquellas categorías tradicionales, por interpretar de que de esa manera se protege mejor el interés de la generalidad de los trabajadores, para quienes, habida cuenta de que el objeto de la prestación remuneratoria es meramente patrimonial –la causa típica del contrato de trabajo es, para el trabajador, la obtención de la remuneración– resulta en principio indiferente la persona del empleador.

 

II. El artículo 228 debe ser analizado en concurrencia con el art. 225, ya que extiende al adquirente la responsabilidad solidaria del adquirente a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes en la época de la transmisión que afectaren a aquél. En la inteligencia adecuada de este precepto parece residir la clave de la solución de la controversia interpretativa que ha originado la convocatoria y ella es posible sólo si se correlacionan ambos dispositivos, ya que el art. 225 delimita el terreno de operatividad del art. 228.

 

Aunque el recurso al argumento de autoridad no suele ser bien visto, en el caso me parece legítimo acudir a la de Centeno, quien, como nadie ignora, fue el mentor de la ley y redactor del anteproyecto –no modificado en este aspecto–.

 

“Las obligaciones con respecto a las cuales se consagra la solidaridad, son aquéllas que, en las circunstancias normales del art. 225, habrían pasado al sucesor o adquirente … de modo tal de conferir al trabajador … una más amplia garantía personal como es la que resulta de tener dos deudores para responder por una sola obligación. De lo dicho se extrae que transmitente y adquirente no son deudores solidarios de todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo ‘existentes a la época de la transmisión'” que afectaren al primero, sino de aquéllas que correspondan a contratos vigentes a la época de la transmisión y que hubieran podido continuar con el adquirente y por extensión, las que se originen con motivo de la cesión. Las obligaciones que derivan de contratos extinguidos no pasan al sucesor o adquirente y no comprometen su responsabilidad en la forma solidaria que establece la norma que comentamos. Estas obligaciones quedan con el transmitente, pero el trabajador puede formular oposición a la versión o transferencia en los términos de la ley 11.867″ (“La transferencia del contrato de trabajo en la ley de contrato de trabajo”; t. XXVI, p. 769, Rev. Legislación del Trabajo).

 

La opinión transcripta da cuenta de mi propio punto de vista al respecto, con una salvedad que contribuye a despejar definitivamente el origen de la perplejidad en cuanto al significado de ciertas expresiones que el Procurador General del Trabajo, en su dictamen, procura concordar. Cuando la ley menciona al trabajador se refiere, obviamente, a una de las partes de un contrato de trabajo. Quien fue parte de un contrato de trabajo extinguido, no es, técnicamente, trabajador, ni interesa a la ley de contrato de trabajo, que regula la celebración, ejecución, efectos y extinción de ese contrato, no más. Del mismo modo, la locución contrato de trabajo significa en el contexto normativo, un contrato de trabajo vigente y en ejecución. Uno extinguido es un no contrato de trabajo, y, por lo tanto, constituye uno de los infinitos supuestos ajenos al conjunto sobre el que inciden las disposiciones de la ley de contrato de trabajo. Por eso he sostenido que lo que los arts. 225 y 228 tienen en cuenta son los contratos de trabajo en curso de ejecución al tiempo de la transferencia, para disponer su continuación con el adquirente en las condiciones en que encontraran cuando ella tiene lugar (art. 225); para extender al adquirente las obligaciones que pesaban sobre el empleador, sin liberar a éste y para consagrar la solidaridad entre ambos respecto de ellas (art. 228). De tal suerte, lo que el adquirente asume son trabajadores con sus créditos, no, en general, acreedores laborales. Estos, en cuanto hayan dejado de ser trabajadores por extinción de las respectivas relaciones, tienen a su disposición, como el resto de los acreedores, el régimen de oposiciones regulado por la ley 11.867 para intentar la satisfacción de sus acreencias sobre los bienes que integran el fondo de comercio –establecimiento– transferido. Voto por la negativa.

 

El doctor Morell dijo:

 

Comparto en lo substancial el criterio interpretativo que en este acuerdo orienta el voto del juez de Cámara doctor Morando.

 

Por ello, opino que tratándose de contratos o relaciones de trabajo extinguidos antes de la transferencia y por motivos desvinculados de ésta, las obligaciones de que ellos se derivaren o existieren incumplidas no pasan al adquirente del establecimiento, pues deberían tenerse en cuenta, en tales supuestos, las disposiciones de la ley 11.867.

 

De todos modos, es justo admitir que desde un punto de vista del examen literal del texto del art. 228, la tesis contraria a la que me sumo, parece encontrar suficiente sustento como se han ocupado de explicar tanto el Procurador General del Trabajo en su dictamen como los colegas de Cámara que votan por la afirmativa al interrogante planteado al pleno del tribunal.

 

Sin embargo persisto en el criterio al que adhiero en esta ocasión, pues en los casos en que debí expedirme sobre el particular me incliné por el criterio que, doctrinariamente, expusiera el doctor Norberto Centeno, cuya labor en los trabajos de elaboración y proyección de la ley de contrato de trabajo (ley 20.744), son de sobra conocidos. Por lo demás, estimo también razonable la armonización de lo dispuesto en la ley 11.867 con lo que fluye de una lectura integra del sistema de aquella ley, como la que propicio. Voto pues, por la negativa.

 

El doctor Vilela dijo:

 

En mi opinión el art. 228 de la ley de contrato de trabajo sólo comprende a los contratos de trabajo vigentes a aquéllos que se disolvieron con motivo de la transferencia del fondo de comercio, pero no a los extinguidos con anterioridad. Centeno exige la vigencia del contrato de trabajo a la época de la transferencia para la solidaridad del adquirente en el pago de los créditos adeudados (Rev. L.T. XXVI, p. 789). Por ello y fundamentos vertidos en el voto del doctor Morando me pronuncio por la negativa.

 

El doctor Puppo dijo:

 

Respecto al temario propuesto me pronuncio por la negativa, ello por las siguientes razones.

 

Como bien es sabido la ley 11.867 organizó un régimen publicístico para la transferencia de establecimientos y/o fondos de comercio, los cuales según la mayoría de la doctrina nacional son considerados como una universalidad de hecho al estar constituidos por un conjunto de bienes materiales o inmateriales.

 

Ahora bien, como en los casos de transferencia de establecimientos en marcha también se lo hace con su personal en relación de dependencia, la ley de contrato de trabajo contempla tal posibilidad en sus arts. 225, 228 y concs.

 

Al punto considero que el art. 228 –al hacer al adquirente solidario con el enajenante respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo– sólo se refiere únicamente a los contratos vigentes, como así también a los que concluyeron debido a una transferencia, ya que, respecto de créditos emergentes de los pretéritos contratos de trabajo que fueron extinguidos con anterioridad a la cesión, sus titulares se encuentran debidamente protegidos con el procedimiento de oposiciones pergeñado por la ley 11.867.

 

Afirmo esto último porque de aceptarse el criterio contrario, podría presentarse algún caso donde el presunto enajenante del establecimiento, actuando de mala fe, podría llegar a omitir toda información al adquirente respecto de reclamos o situaciones conflictivas provenientes de anteriores relaciones laborales ya extinguidas; y que el comprador no podría verificar auditando los libros y registraciones del primero de los nombrados cuando no los lleva en legal forma, circunstancias que podrán tornarse en una eventual incertidumbre jurídica que debe ser evitada, pues quien compra siempre debe saber inequívocamente que es lo que adquiere y en qué situación lo hace.

 

Por tal razón me pronuncio por la negativa.

 

El doctor Billoch dijo:

 

Por compartir los fundamentos del voto de mi ilustrado colega, el doctor Morando, voto por la negativa.

 

Acto seguido, el tribunal, por mayoría, resuelve: Fijar la siguiente doctrina: “El adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 de la ley de contrato de trabajo es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión”. — Horacio V. Billoch. — Julio Vilela. — Jorge del Valle Puppo. — Horacio H. De la Fuente. — Jorge G. Bermúdez. — María L. Rodríguez. — Graciela A. González. — Ricardo A. Guibourg. — Roberto O. Eiras. — Elsa Porta. — Bernardo J. Lasarte. — Julio C. Moroni. — Diana M. Guthmann. — José E. Morell. — Horacio N. J. Vaccari. — Roberto J. Lescano. — Juan C. Fernández Madrid. — Rodolfo E. Capón Filas. — Juan C. E. Morando. — Luis R. Boutigue. — Juan A. Ruiz Díaz. — María I. Zapatero de Ruckauf. — Alcira P.I. Pasini. — Alvaro E. Balestrini. — Gregorio Corach. — Julio C. Simón. — Héctor J. Scotti. — Eduardo O. Alvarez.