Hechos: La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires procedió a determinar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a una empresa transportista. Asimismo, le aplicó una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 53 del Código Fiscal provincial (T.O. 2004) y declaró la responsabilidad solidaria de sus administradores. Contra dicha resolución, la empresa interpuso recurso de apelación, alegando la vulneración del fuero de atracción. El  tribunal resolvió confirmar la decisión cuestionada.

Tribunal: Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, sala III – Fecha: 11/10/2012 – Partes: Transportes Nicolita S.R.L.- Cita online: AR/JUR/64985/2012

2 – La resolución de la Agencia de

Sumarios
1 – El ajuste en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos efectuada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires a un contribuyente, debe ser confirmado, pues si bien éste alegó que la totalidad de los ingresos gravados respondían a una compensación de gastos por una tercera empresa al contribuyente, no acreditó tal operatoria.

Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, sala III – Transportes Nicolita S.R.L. – 11/10/2012 

Recaudación de la Provincia de Buenos Aires que atribuyó responsabilidad solidaria e ilimitada a los administradores de una empresa por la deuda en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos de ésta, resulta ajustada a derecho, toda vez que acreditada su condición de miembros del órgano de administración de la persona jurídica, resultaba carga de los mismos desvirtuar la presunción legal que pesaba sobre ellos, circunstancia que no aconteció en autos.

3 – El fuero de atracción establecido en el art. 21 de la ley 24.522 no tiene efectos sobre el procedimiento determinativo de las obligaciones tributarias, tanto en la etapa que se desarrolla por ante la Autoridad de Aplicación como aquella que se sustancia ante el Tribunal Fiscal de Apelación, máxime cuando no está prevista en el Código Fiscal provincial la intervención del síndico en ninguna de dichas etapas.

La Plata, Octubre 11 de 2012

Autos y vistos: El expediente número 2306-174573 del año 2006, caratulado “Transportes Nicolita S.R.L.”.

Y Resultando: Que se iniciaron las presentes actuaciones con la orden de Fiscalización —Formulario R-269— al contribuyente del epígrafe, en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, respecto de los períodos fiscales 2004 (enero a diciembre) y 2005 (enero a diciembre) –fojas 1–.

Que a fojas 701/707, la Jefa del Departamento Operación Área Metropolitana de Morón, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, dictó la Disposición de Inicio del Procedimiento Determinativo y Sumarial Nº 115/09, mediante la cual declaró iniciado el procedimiento determinativo y sumarial, de acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 102 del Código Fiscal –T.O. 2004– a la firma Transportes Nicolita S.R.L., en su calidad de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por el desarrollo de su actividad verificada de “Transporte automotor de carga n.c.p.” (Código de Actividad NAIIB Nº 602190), durante los períodos fiscales 2004 (enero a diciembre) y 2005 (enero a diciembre). Así, prima facie, estableció diferencias en favor del Fisco y de la firma de autos, las cuales ascendían a la suma de pesos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres con diez centavos ($ 75.743,10.) y pesos tres mil doscientos setenta y tres con sesenta centavos ($ 3.273,60.) respectivamente, ordenó instruir el sumario previsto por el citado cuerpo normativo, por haberse constatado la comisión de la infracción prevista y sancionada por el artículo 53 del Código Fiscal –T.O. 2004 y concordantes de años anteriores– y, finalmente, estableció que de conformidad con lo establecido por los artículos 18, 21 y 55 del Código citado, configurarían la calidad de responsables solidarios e ilimitados junto con el contribuyente de autos los Sres. Alberto Oscar Casalinuovo y Ramón Domingo Sosa.

Que a fojas 831/837, la Jefa del Departamento de Relatoría Área Metropolitana, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, dictó la Disposición Determinativa y Sancionatoria Nº 4787/10 mediante la cual determinó las obligaciones fiscales de la firma Transportes Nicolita S.R.L. en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por el ejercicio de su actividad verificada de “Transporte automotor de carga n.c.p.” (Código de Actividad NAIIB Nº 602190), durante los períodos fiscales 2004 (enero a diciembre) y 2005 (enero a diciembre) determinó un monto de impuesto que asciende a la suma de pesos cien mil setecientos ocho ($ 100.708) y estableció diferencias en favor del Fisco y de la firma de autos, las cuales ascendían a la suma de pesos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres con diez centavos ($ 75.743,10.) y pesos tres mil doscientos setenta y tres con sesenta centavos ($ 3.273,60.) respectivamente. Asimismo, aplicó al contribuyente una multa equivalente al diez por ciento (10%) del monto omitido por haberse constatado la comisión de la infracción prevista y sancionada por el artículo 53 del Código Fiscal –T.O. 2004 y concordantes de años anteriores– y, declaró que de conformidad con lo establecido por los artículos 18, 21 y 55 del Código citado, configuran la calidad de responsables solidarios e ilimitados junto con el contribuyente de autos los Sres. Alberto Oscar Casalinuovo y Ramón Domingo Sosa.

Que a fojas 845/852, los Sres. Alberto Oscar Casalinuovo –por derecho propio y en representación de la firma Transportes Nicolita S.R.L.– y Ramón Domingo Sosa –por derecho propio–, con el patrocinio del Cr. Enique Mongelli, interpusieron recurso de apelación en los términos del artículo 104 inciso b) del Código Fiscal –T.O. 2004–.

Que a fojas 895, se elevaron las actuaciones a esta instancia, de conformidad con lo estipulado por el artículo 110 del Código Fiscal –t.o. 2004 y concordantes de años anteriores–.

Que a fojas 898, se dejó constancia de que las presentes actuaciones, fueron adjudicadas a la Vocalía de la 9na. nominación, a cargo de la Dra. CPN Silvia Ester Hardoy y, en orden a ello, conocerá en la misma la Sala 3ra. Asimismo, se impulsó su trámite.

Que a fojas 901, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 111 del Código Fiscal –t.o. 2004 y concordantes de años anteriores–, se confirió traslado del recurso de apelación articulado a la Representación Fiscal, para que conteste agravios y, en su caso, oponga excepciones. A fojas 902/905 se agregó el escrito de réplica.

Que a fojas 908 se dictó autos para resolver.

Que a fojas 911/913, la Sala dictó sentencia interlocutoria por la cual rechazó la oposición formulada por la Representación Fiscal a la prueba documental acompañada por los recurrentes junto al recurso de apelación.

Que a fojas 917 se dictó autos para sentencia, providencia que notificada a las partes (a fojas 918/919) quedó consentida.

Y Considerando: I. Que mediante el recurso incoado a fojas 845/852, los recurrentes plantean dos cuestiones centrales: 1) La primera de ellas se vincula a la determinación practicada por la Autoridad de Aplicación sin intervención del Síndico judicial, ni habiendo corrido vista al Juez del Concurso Preventivo, ni a las autoridades de la empresa, toda vez que la misma se encontraba concursada judicialmente a la fecha de la inspección y estaban comprendidos en el período del concurso todos los meses por los que trata la actuación realizada.

Que señalan en este punto, que a pesar de que la Agencia de Recaudación tenía total y pleno conocimiento del concurso abierto a la firma, ignoró el fuero de atracción que obliga a todos los acreedores a hacer valer sus presuntos crédito por ante el Síndico del Concurso. Así, sostienen que las actuaciones resultan insanablemente nulas, por haber sido llevadas a cabo en violación a la Ley Nacional Nº 24.522.

2) Mediante la segunda, señalan el desconocimiento por parte del Fisco de la realidad material de los hechos, como consecuencia de no haber actuado conforme las reglas de verificación de créditos, lo que llevo a desconocer la figura del grupo económico vinculado que asumieron Transporte Nicolita S.R.L. y Logística y Distribución Nicolita S.R.L. Indican que la Autoridad de Aplicación determinó la base imponible por operaciones que no son sujetas a impuesto, ignorando que por la mayoría de los períodos reclamados, el impuesto había sido ingresado por Logística y Distribución Nicolita S.R.L.

Que expresan como consecuencia de la presentación en concurso, y con la finalidad de evitar la desaparición total de la empresa, se creó Logística y Distribución Nicolita S.R.L. –formada por los mismos integrantes de Transporte Nicolita S.R.L.–, la que en virtud de un acuerdo de uso, utiliza todos los bienes de la firma de autos, haciéndose cargo de los gastos que de ese uso se deriven. Destacan que el acuerdo citado, verbal en un principio, fue instrumentado mediante un contrato de usufructo cuya copia se adjunta.

Que resaltan las señaladas compensaciones de gastos, únicos ingresos ajustados por la inspección, no constituyen un ingreso gravable de Transporte Nicolita S.R.L. En este sentido, indican que la firma desarrolló su actividad hasta enero del 2005, tiempo en que comenzó a llevarla a cabo Logística y Distribución Nicolita S.R.L., encontrándose debidamente inscripta y abonando puntualmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Que reafirman la improcedencia del ajuste practicado sobre las referidas compensaciones, manifestando que el hecho económico que da sustento legal a la gravabilidad es único y que, aún cuando se consideren ingresos las mismas, sólo deberían serlo en la parte que exceda a los efectivos gastos efectuados.

Que asimismo expresan que el Fisco no desconoció la vinculación empresarial citada, ni las compensaciones de gastos –tal como surgiría de la lectura del acto apelado–, pero que consideró que no fueron debidamente justificados estos extremos por parte de la fiscalizada. Entienden que este es un nuevo yerro de la Autoridad de Aplicación, derivado de no haber dado oportuna intervención al Sindico concursal, ni haber constatado el expediente del Concurso. En este sentido, indican que la referida compensación surge de los Estados Contables de Transportes Nicolita S.R.L., auditadas por el Auxiliar de Justicia, haciendo plena fe de sus exposiciones, hasta tanto se demuestre lo contrario.

Que por todo lo expuesto, manifiestan que la determinación efectuada resulta insanablemente nula.

Que continúan los recurrentes agraviándose de la responsabilidad solidaria e ilimitada extendida en autos. En este punto, plantean la inconstitucionalidad de los artículos 18, 21, 55 y concordantes del Código Fiscal –t.o. 2004–. Citan jurisprudencia vinculada a la preminencia de los códigos comunes sobre las normas locales y afirman la incompatibilidad del instituto previsto en el Código citado con respecto a la Ley de Sociedades Nº 19.550. Finalmente, sostienen que la regulación del instituto ha sido delegada por las Provincias a la Nación, siendo parte de las facultades constitucionalmente asignadas al Congreso de la Nación.

Que acompañan prueba documental y hacen reserva del caso federal.

II. Que la Representación Fiscal, luego de resumir los antecedentes del caso y los agravios de los apelantes, procede a su refutación.

Que pide la desestimación del agravio vinculado al fuero de atracción del concurso de la firma y cita jurisprudencia en este sentido. Aclara asimismo que la situación falencial de la empresa en nada obstaculiza el reclamo efectuado a los responsables solidarios, ya que se trata de dos vínculos o relaciones independientes entre si. Cita jurisprudencia de este Tribunal y concluye que el reclamo no puede tener acogida favorable.

Que –seguidamente– analiza los agravios vinculados a la no gravabilidad de los ingresos devengados en favor de Transportes Nicolita S.R.L. y describe la labor desarrollada por la inspección. En este sentido, señala que los ingresos surgidos de los Estados Contables y los declarados en el I.V.A. superan los facturados en los años 2004 y 2005 –conforme se expone en el Informe Final de fojas 614 y los papeles de trabajo glosados a fojas 628/646–, lo que según la firma obedece a las alegadas compensaciones de gastos. Resalta sin embargo, que ninguno de los extremos invocados por los apelantes han sido debidamente acreditados, haciendo particular cita de las constancias de fojas 165, de donde surge que los camiones referidos no fueron dados de baja como bienes de uso en el balance cerrado por el período 2005.

Que de las circularizaciones efectuadas a los clientes y proveedores de la firma, cotejadas con los respaldos contables aportados por la empresa y la información obrante en la base de datos de la Agencia, surgen las operaciones que generaron ingresos gravados conforme la facturación y documentación de respaldo, lo que tampoco ha sido desvirtuado por los apelantes.

Que con relación a los agravios vinculados a la responsabilidad solidaria, reafirma la autonomía del derecho tributario para regular sus propios institutos, sin sujeción –en este caso– a las normas sobre solidaridad contenidas en la Ley Nº 19.550. Así, desarrolla el sistema previsto por el Código Fiscal y resalta la ausencia del beneficio de excusión entre otras características propias de la misma. Cita antecedentes de este Cuerpo.

Que concluye solicitando que se desestimen los agravios traídos en su totalidad y se confirme la resolución recurrida.

III. Que corresponde decidir en esta instancia, si la Disposición Nº 4787/10 se ajusta a derecho.

Que tal como ha quedado delimitada la cuestión, siguiendo un estricto orden lógico, corresponde —en primer término— tratar los planteos de nulidad interpuestos por los recurrentes. De ello se deriva que la Sala debe resolver si la cuestiones planteadas como invalidantes del acto administrativo dictado, resultan jurídicamente suficientes a fin de proceder de conformidad con lo normado en la última parte del artículo 128 del Código Fiscal (T.O. 2011 y concordantes de años anteriores).

Que en este sentido, corresponde –en primer término– advertir que los referidos planteos obligan a armonizar los distintos principios que ha venido fijando esta Sala en materia de nulidades. Según ellos, solamente serán declaradas las nulidades que la ley específicamente establezca (principio de especificidad, in re “Compañía de Ómnibus Cnel. Ramón Estomba S.A.”, Sentencia de fecha 5 de abril de 2011, Registro Nº 2162); la declaración de nulidad no tiene como efecto satisfacer pruritos meramente formales, toda vez que de lo contrario se incurriría en una solemnidad vacía de contenido (principio de trascendencia, esta Sala, in re: “Buenos Aires Catering S.A.”, de fecha 6 de septiembre de 2005, Registro Nº 667, entre otros); el accionar de la Autoridad de Aplicación debe causar un perjuicio al recurrente, el cual debe ser grave, concreto y debidamente evidenciado (principio según el cual “no hay nulidad sin perjuicio” o pas de nullité sans grief, en autos “Sky Chefs Argentine Inc. Sucursal Argentina”, de fecha 8 de marzo de 2005, Registro Nº 531, entre muchos otros); finalmente, las nulidades deben interpretarse restrictivamente (principio de la interpretación restrictiva, in re: “Ferretería Argentina S.R.L.”, de fecha 15 de noviembre de 2005, Registro Nº 730, entre muchos otros).

Que establecido lo anterior, debe señalarse que los apelantes solicitan –en primer término– que se declare la nulidad de las presentes actuaciones atento que las mismas fueron llevadas a cabo sin la intervención del Síndico ni el Juez Concursal, ignorando la Autoridad de Aplicación el juicio fuero de atracción vigente a esa fecha, que obligaba a todos los acreedores a hacer valer sus presuntos créditos por ante aquél. Cita en este sentido, el auto de fecha 24 septiembre de 2007, recaído en el expediente Nº 67446 caratulado “Transportes Nicolita S.R.L. s/ Concurso Preventivo”, de trámite en el Juzgado Civil y Comercial Nº 14 de San Isidro, mediante el cual –entre otras cuestiones– se declaró abierto el concurso preventivo de la firma de autos y se hizo saber a los acreedores la existencia del juicio a fin de que presenten al Síndico los títulos justificativos de sus créditos.

Que esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversos precedentes (vide “Huayqui S.A.”, Sentencia de fecha 7 de noviembre de 2005; “Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.”, Sentencia de fecha 14 de septiembre de 2006; “Frigorífico La Colorada S.A.”, Sentencia de fecha 1 de septiembre de 2011, Registro Nº 2272; “Gas Areco S.A.”, Sentencia de fecha 12 de abril de 2011, Registro Nº 2166) donde sostuvo que “El mencionado fuero de atracción opera respecto de las demandas de contenido patrimonial, de conformidad a lo establecido por el artículo 21 de la ley 24.522 (mod. por ley 26.086): ‘La apertura del concurso preventivo produce a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.’. Por ello no involucra procesos contenciosos que tramitan por ante órganos como éste [en referencia al Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires]”.

Que idéntico criterio cabe adoptar en lo relativo al procedimiento de determinación de oficio de las obligaciones fiscales, desarrollado por ante la Autoridad de Aplicación. En este sentido, y tal como se resaltó en los citados antecedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que: “Asiste razón al recurrente en cuanto señala que el fuero de atracción dispuesto por el art. 21 de la Ley de Concursos y Quiebras (hoy, según t.o. ley 26.086) no alcanza a los procesos administrativos de determinación de deudas impositivas. Así lo ha resuelto la Corte federal al disponer que los procedimientos administrativos deben continuar en su sede hasta la determinación de la obligación tributaria que le servirá de base verificatoria, incluyendo el recurso o acción judicial del contribuyente contra la decisión del Tribunal Fiscal, pues, en este último caso, no se trata de un juicio contra el concursado (C.S., Fallos 1987, p. 720). En ese sentido se ha sostenido también que “ni el carácter universal de los concursos, ni el respeto por la par conditio creditorum justifica forzar el significado del vocablo ‘juicios’ para abarcar a los procesos administrativos …, sostener lo contrario para hacer recaer en el juez del concurso la competencia para aplicar multas o determinar impuestos o decidir los recursos, desnaturalizaría el sistema estructurado por la ley tributaria con grave perjuicio tanto para el Fisco como para el derecho de defensa del deudor” (Munne, Raúl, “Verificación de créditos fiscales”, doctrina 1996-III-924).

Que “…conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decretada la apertura de un concurso preventivo, los procedimientos administrativos de trámite ante los organismos encargados de la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos, nacionales, provinciales y municipales, no se suspenden y corresponderá a esos organismos continuar el procedimiento para determinar la medida de lo imponible, fijando la extensión de la obligación tributaria a verificar y aplicando las multas que correspondieran. Correlativamente, tanto el concursado como la sindicatura -en el supuesto de la quiebra- podrán utilizar todas las vías recursivas previstas en la ley 11.683 y/o normas provinciales y municipales (C.S., in re ‘Dirección General Impositiva s/ incidente de verificación de créditos’ en autos ‘Casa Marroquí S.R.L.’ y ‘Fisco Nacional Argentino [D.G.I.] s/ incidente de verificación de créditos’ en autos ‘Cosimatti, Gregorio s/ concurso preventivo’; Fallos 1987, pág. 720; conf. asimismo mi voto en causa C. 88.161, sent. de 3- X-2007)” (SCJBA, voto del Dr. Soria en Causa 95.735, “Dirección General Impositiva. Incidente de verificación de crédito en Acerboni, Raúl sobre Concurso preventivo”, de fecha 2 de marzo de 2011).

Que en virtud de las consideraciones efectuadas, cabe concluir que el fuero de atracción establecido en el artículo 21 de la Ley 24.522 no tiene efectos sobre el procedimiento determinativo de las obligaciones tributarias, tanto en la etapa que se desarrolla por ante la Autoridad de Aplicación, como aquella que se sustancia ante este Tribunal.

Que consecuentemente, y no estando prevista por el Código Fiscal la intervención formal del Síndico Concursal en ninguna de las referidas etapas, corresponde rechazar la nulidad incoada contra el procedimiento llevado a cabo a la firma de autos; que así se declara.

Que por otra parte, en relación con el restante planteo de nulidad efectuado, vinculado a la determinación efectuada por la Autoridad de Aplicación y el consecuente ajuste practicado sobre la materia imponible, es dable sostener que el mismo se encuentra inexorablemente vinculado a la cuestión de fondo y —consecuentemente— no resulta atendible, toda vez que el agravio no hace a la validez formal del acto (error in procedendo) sino a la justicia de la decisión (error in iudicando) y, por tanto, debe hallar reparación por vía del recurso de apelación y no por el de nulidad (cfr. lo dispuesto en el 128 del Código Fiscal —t.o. 2011 y concordantes de años anteriores— que admite una distinción entre ambos); pues, en resumidos términos, lo que los apelantes plantean se reduce a verificar la conformidad o no del acto con el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, decidir acerca de su mantenimiento o revocación.

Que, consecuentemente, el planteo articulado deviene improcedente, sin perjuicio de contemplar los agravios al efectuar el tratamiento concerniente a la justicia de la resolución recurrida; que así se declara.

Que por las consideraciones expuestas, los planteos de nulidad impetrados no pueden prosperar; que así también se declara.

Que entrando a analizar los agravios de fondo, debe recordarse que los recurrentes señalan la improcedencia del ajuste practicado por la Autoridad de Aplicación, toda vez que la totalidad de los ingresos gravados responden –en rigor– a una compensación de gastos por parte de la firma Logística y Distribución Nicolita S.R.L. al contribuyente de autos, destacando que nos encontramos ante un único hecho imponible y que, aún cuando se considerasen ingresos las mismas, sólo debería serlo en la parte que exceda a los efectivos gastos efectuados.

Que en este sentido, el acto apelado –vide en particular fojas 832–, reproduciendo lo expuesto por el Agente Fiscalizador en el Informe Final – glosado a fojas 611/616– expresa que “…a los efectos de determinar la base imponible sujeto a impuesto se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría: se compararon los totales de facturación en forma mensual y anual, con los ingresos plasmados en los Estados Contables de la firma al 31/12/2004 y 31/12/2005, y con las declaraciones juradas de IVA, según constancias de la Base de Datos GGTI (fojas 151/169; 207/234; 252/269; 321/368). Dicha comparación ha quedado plasmada en el papel de trabajo obrante a fojas 546. Asimismo se relevaron todas las facturas y notas de crédito correspondientes al período fiscalizado, verificándose su correlatividad y registro con el subdiario IVA Ventas; se determinó el origen de cada viaje facturado a fin de determinar las que correspondían a la Provincia de Buenos Aires y a otras jurisdicciones. Así también se auditaron los comprobantes de retenciones sufridas (Fojas 481/507)”.

Que determinada la base imponible, seguidamente, en el citado acto se resalta que “…para el período fiscal 2004 los ingresos declarados por el contribuyente para la determinación del impuesto nacional IVA superaban los ingresos facturados (papel de trabajo fojas 547) (…) por otra parte, en relación al ejercicio fiscal 2005, la diferencia entre lo facturado y lo expuesto en los Estados Contables está determinado por dos conceptos, a saber: uno por la suma de $ 1.121.000, y el otro por la suma de $ 272.727,27. Con respecto al primero el contribuyente manifiesta que corresponde a una compensación efectuada por Logística y Distribución Nicolita S.R.L. por gastos y con respecto al segundo expresa que se relaciona con venta de bienes de uso (fojas 544/545). Dado que ambos extremos no fueron justificados debidamente por el contribuyente de marras, en tanto no ha aportado documentación que dé respaldo a sus manifestaciones, se concluye que dichas sumas deben ser consideradas como ingresos gravados”.

Que es dable a observar, en primer término, que la controversia refiere – en rigor– a un problema de hecho y prueba, dirigido a obtener el grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos determinados por la Autoridad de Aplicación y la realidad acaecida referente al impuesto.

Que consecuentemente, resulta de particular trascendencia la acreditación de la operatoria desarrollada por el contribuyente en relación con la firma Logística y Distribución Nicolita S.R.L.. Sin embargo, tal como incluso se reseña en el acto apelado –en relación con la instancia del descargo–, la misma ha sido omitida por los recurrentes en la presente etapa y a lo largo del procedimiento desarrollado respecto de la firma.

Que en este sentido, Devis Echandía (Teoría General de la Prueba Judicial. Zavalía, junio 1974, 1, Pág. 490 y Ss.) enuncia como criterio rector que “corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable; o, expresado de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella cualquiera que sea su posición procesal”, criterio que es, precisamente, el del artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires

Que por ello, quien alega un hecho debe probarlo. En este punto, se sostuvo acertadamente que “La carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito. Puede quitarse esa carga de encima, probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley le señala. Y esto no crea, evidentemente, un derecho del adversario, sino una situación jurídica personal atinente a cada parte; el gravamen de no prestar creencia a las afirmaciones que era menester probar y no se probaron. Como en el antiguo dístico, es lo mismo no probar que no existir.” (Eduardo J. Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3ª Edición, reimpresión inalterada, Editorial Depalma, Buenos Aires, Año 1964, p. 242). En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que “…los litigantes tienen el deber de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés” (causa L 41.313, sent. del 4-IV-1989, ‘Acuerdos y Sentencias’ 1989-I-540, también en autos “Pieri, Isidro contra Jacob, Luis Miguel y otros. Resolución de Contrato, Cobro de Australes, Reintegro de Bienes, Daños y perjuicios”, de fecha 19/02/02, Ac. 76.903).

Que asimismo, el Tribunal citado en el párrafo precedente, sostuvo la misma regla en materia contencioso administrativa, diciendo que”…si se impugna de ilegítima la actividad de la autoridad administrativa (…) debe, como ocurre en el derecho privado asumir la carga de probar sus dichos” (en la causa B.47.854, “Hotelera Río de la Plata”, sent. 8-V-90, más recientemente en autos “Empresa Hípica Argentina S.A. contra Provincia de Buenos Aires [Poder Ejecutivo]. Demanda contencioso administrativa” de fecha 15/09/98, causa B.53.435).

Que en este punto, se impone resaltar que la prueba acompañada a esta instancia –admitida mediante sentencia interlocutoria de fecha 20/07/2012, Registrada bajo el Nº 2489– resulta claramente insuficiente a los fines de acreditar los hechos alegados por los recurrentes en su escrito de apelación.

Que finalmente, corresponde recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, siendo a cargo del impugnante demostrar debidamente sus vicios (D.J.B.A. T. 118, pág. 338 y 346; T.F.A.B.A. “Irazabal, Néstor Romualdo”, 11/9/95).

Que de acuerdo a las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los planteos efectuados por los recurrentes; que así se declara.

Que con relación a los agravios vinculados a la responsabilidad solidaria establecida, analizaremos –en primer lugar- la alegada inconstitucionalidad de los artículos 18, 21, 55 y concordantes del Código Fiscal t.o. 2004 –artículos 21, 24 y 63 del actual t.o. 2011– y solicitud de aplicación de la normativa de fondo –Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550– en materia de responsabilidad de los directores de sociedades comerciales. Al respecto, es del caso señalar que el planteo exorbita el ámbito de competencia de este Tribunal Fiscal, en la medida en que los recurrentes no invocan —ni se han producido al respecto— precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia, en que se hubiere declarado la inconstitucionalidad de tales normas, único supuesto que lo habilita a emitir un pronunciamiento en tal sentido (Cfr. artículo 12 del Código Fiscal t.o. 2011 y artículo 14 del decreto-ley 7603/70 y sus modificatorias); que así se declara.

Que establecido lo anterior, corresponde señalar que del análisis de los artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal t.o. 2011 surge, en primer término, la responsabilidad solidaria de los integrantes del órgano de administración de la firma, respecto del tributo exigido y la multa aplicada al contribuyente.

Que como ya lo ha expresado este Tribunal, a quienes administran o disponen de los fondos de los entes sociales alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurriesen, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de los gravámenes que establece la ley (“Coop. Agraria de Las Flores Ltda.”, Sentencia de fecha 18 de marzo de 1997, Registro Nº 5750; entre muchas otras) y que al Fisco le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional, pues probado el hecho, se presume en el representante facultades con respecto a la materia impositiva, en tanto las obligaciones se generen en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la representación, por ende, en ocasión de su defensa el representante que pretende excluir su responsabilidad personal y solidaria deberá aportar elementos suficientes a tales fines (TFN, Sala C, “Molino Cañuelas S.A.”, del 16-11-98).

Que a diferencia de lo alegado por los recurrentes, en el sentido que la responsabilidad es refleja u objetiva (fojas 849 vta.), esta tesitura no prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que precisamente, acreditada su condición de miembros del órgano de administración de la persona jurídica, resulta carga de los mismos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, en cuanto tal condición y dadas las responsabilidades inherentes a sus funciones, todo lo cual han omitido los apelantes en esta instancia.

Que por lo expuesto, corresponde rechazar los agravios planteados, y confirmar la responsabilidad solidaria extendida; que así se declara.

Por ello, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 845/852 por los Sres. Alberto Oscar Casalinuovo –por derecho propio y en representación de la firma Transportes Nicolita S.R.L.– y Ramón Domingo Sosa –por derecho propio–, todos con el patrocinio del Cr. Enique Mongelli; 2) Confirmar la Disposición Determinativa y Sancionatoria Nº 4787/10, dictada por la Jefa del Departamento de Relatoría Área Metropolitana, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Regístrese y notifíquese. Cumplido, devuélvase. — Silvia Ester Hardoy. — Mónica Viviana Carné. — Dora Mónica Navarro