En autos “Bodegas de Argentina AC v. Estado Nacional – DNCI” se dijo que es legítima la disposición que multa por infracción a la ley de Lealtad Comercial por haber realizado un concurso en cuyas publicidades no se consignó la nómina completa de los premios a adjudicar ni la calidad de cada uno de ellos, dado que de las presentaciones de la propia recurrente surge el claro vínculo con la empresa contratada para organizar la promoción, y por ende su responsabilidad, máxime cuando no es verosímil suponer que la publicidad de un producto ocurra sin mediar la voluntad del encargado de promover la publicidad que dio origen al sumario, lo que resulta decisivo, ya que la normativa aplicable castiga la acción de promover la publicidad, no pudiéndose soslayar que la sumariada es la fabricante de los mismos.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II – Fecha: 21/08/2012 – Partes: Bodegas de Argentina AC v. Estado Nacional – DNCI – Publicado: SJA 2012/11/14-44 JA 2012-IV

TEXTO COMPLETO

2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, agosto 21 de 2012.
Considerando:
I) Que por disposición 723/2010, del 7/10/2010, el director nacional de Comercio Interior impuso a la empresa Bodegas de Argentina AC, una multa de $ 40.000 por infracción a lo dispuesto por el art. 2, inc. b, punto 1, dec. 1153/1997, reglamentario de la ley 22.802 de Lealtad Comercial.
El hecho que dio origen a dicha medida consistió en la publicación de un aviso en la revista VIVA, aparecido en la edición del 31/8/2008, en el cual se consignó la leyenda: “…compra vino, entra a www.lasemanadelvino.com.ar ingresa el codigo de barras del envase y gana”. De esta manera, el reproche formulado por la autoridad de aplicación consistió en la realización de un concurso en cuyas publicidades no se consignó la nómina completa de los premios a adjudicar, ni la calidad de cada uno de ellos (confr. fs. 155/163).
II) Que contra dicha disposición, la bodega sancionada interpuso el recurso de apelación que obra a fs. 168/172vta., el que fue contestado por su contraria a fs. 232/245vta.
A fs. 247 el fiscal general de Cámara se expidió favorablemente respecto de la admisibilidad formal del recurso interpuesto.
III) Que antes de sintetizar los agravios de la recurrente conviene comenzar por aclarar que Bodegas de Argentina AC, en su afán de explicar el deslinde de la responsabilidad infraccional, a lo largo del recurso de apelación menciona a todas las personas jurídicas que tuvieron intervención en la publicidad del concurso bajo examen; a saber: Clarín AGEA SA; Espacios SA; Mindshare Argentina SA; Fondo Vitivinícola Mendoza ley 2616 y Grupo Cris SA.
Sentado lo ut supra expuesto, corresponde reseñar las quejas de la aquí actora.
Así, Bodegas de Argentina AC, objeta lo dispuesto por la Dirección Nacional de Comercio Interior, pues entiende que si bien la contratación del Grupo Cris SA fue realizada por intermedio de Bodegas de Argentina AC, es el Grupo Cris SA quien se reconoce como organizador y responsable del concurso y sobre quien en definitiva pesa la responsabilidad por su especialización en la materia.
Destaca que la publicidad aparecida en la Revista VIVA fue encargada y abonada por el Fondo Vitivinícola Mendoza ley 2616 (dicha norma creó este fondo bajo la tipología de una persona pública no estatal). Tal circunstancia se encuentra respaldada por la documentación agregada por Espacios SA en su presentación de fecha 6/10/2008, y de las manifestaciones vertidas por Mindshare Argentina SA de fecha 23/10/2008.
Concluye sobre el punto, que el promotor del concurso es el mencionado Fondo Vitivinícola, y el organizador del concurso es Grupo Cris SA, y si bien el intermediario contratante de este último es Bodegas de Argentina AC, dicha contratación ocurre como consecuencia de la actividad principal del Grupo Cris SA Por ello interpreta que, imponer la multa más elevada al intermediario contratante aparece como una arbitrariedad de la disposición recurrida.
En otro sentido, entiende, que la disposición bajo examen omite considerar la documental acompañada. A tal efecto, pone de resalto que la propia disposición atacada precisa que la publicidad en cuestión fue ordenada por la firma Mindshare Argentina SA por cuenta y orden del anunciante Fondo Vitivinícola Mendoza ley 6216, y que esta firma es una agencia de medios que contrata espacios publicitarios por cuenta y orden de los anunciantes. Por esto, entiende que la publicidad bajo examen no fue encomendada por Bodegas de Argentina AC.
Sobre el punto, agrega que de la documentación aportada por Espacios SA surge que dicha empresa facturó la publicidad cuestionada, la cual fue confeccionada en Arte Gráfico Editorial Arg. SA, mediante la factura n. 000100155578 del 27/8/2008 emitida a Mindshare Arg. SA para el producto Fondo Vitivinícola Mendoza ley 2616, y según la orden de compra n. 2725878/0 “Pedido de Espacio” el anunciante fue el aludido fondo Vitivinícola.
Por otra parte, la bodega recurrente manifiesta que del balance general cerrado el 30/9/2007, la actividad principal de Grupo Cris SA es la de prestar servicios de organización de eventos sociales y empresariales. Agrega, que es esta empresa quien, según la documentación acompañada a su propia presentación, se encuentra autorizada por la Lotería Nacional SE a efectuar campañas promocionales en los términos de la legislación aplicable.
Arguye, en otro sentido, que si bien es procedente establecer que las infracciones como las aquí tratadas son las llamadas formales y de apreciación objetiva, el razonamiento del juzgador administrativo se funda en la imputación de responsabilidad a título de culpa como consecuencia de una supuesta falta de control sobre el actividad de Grupo Cris SA.
Destaca que la falta de naturaleza culposa que supone la ausencia de deber de cuidado que imputa el organismo administrativo es arbitraria, puesto que se apoya en una valoración dogmática del caso que no solamente ignora los antecedentes glosados a las actuaciones administrativas, sino que, además, resuelve en palmaria contradicción con lo que de ellos surge.
Manifiesta que no cabe imputar una infracción a título de culpa cuando no se acreditó el nexo causal para atribuir responsabilidad a Bodegas de Argentina AC, es decir, no se documentó que la publicidad haya sido encomendada, contratada o realizada por la aquí actora.
Advierte que la multa aplicada resulta irrazonable, con relación a la presunta infracción que se le imputa. Añade, que lo alegado por la resolución en crisis sobre el perjuicio al consumidor, es meramente una afirmación dogmática. De hecho de las constancias agregadas a la causa surge que todos los ganadores del concurso obtuvieron su premio sin que existan reclamos de los participantes, quienes tuvieron oportunidad de verificar las condiciones de los premios con total detalle mediante la consulta de la página de internet.
Al respecto, destaca que no existió relación proporcional entre el monto de la multa impuesta y el anuncio en cuestión, pues, la falta de antecedentes por parte de la empresa por parte de la empresa y la circunstancia de que en el caso no se verificaron perjuicios a los usuarios. En este sentido, y con el fin de que se disponga la morigeración de la sanción, agrega que carece de antecedentes en materia de sanciones.
Sostiene que lo expuesto, evidencia la arbitrariedad de la resolución recurrida en tanto es palmaria la violación del principio de igualdad consagrado en el art. 16, CN, ya que se ha impuesto la mayor sanción a quien tenía el menor deber.
Finalmente, hace reserva del caso federal.
IV) Que liminarmente cabe referir que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos esgrimidos por las partes sino sólo los que estimaren conducentes para la resolución de la cuestión debatida, y que basten para constituir un pronunciamiento válido (cfr. Corte Sup. Fallos 258:308, 262:222, 265:301, 272:225; 278:271; 291:390; 297:140: 301:970; y esta sala, in re: “Cerruti, Fernando y otros v. PNA — Disp. 448/2009 —expte. n. 3020/2007—” del 25/10/2011, entre muchos otros).
V) Que en primer lugar, y a fin de establecer un orden lógico de desarrollo, corresponde señalar que las presentes actuaciones fueron iniciadas con motivo de una investigación llevada a cabo por el Sector de Publicidad y Concursos de la Dirección de Lealtad Comercial destinada a poner en conocimiento de la Secretaria de Comercio Interior una promoción denominada “Semana del Vino 2008” y su publicidad gráfica (confr. fs. 1/2).
La autoridad de aplicación juzgó que el concurso se encontraba organizado por el Grupo Cris SA y que Bodegas de Argentina AC, había sido la encargada de la publicidad bajo examen, infringiendo la normativa que rige la materia por no cumplir con los requisitos, mínimos para su regularidad, ya que advierte que carece de la nómina completa de premios a adjudicar, y no indica la cantidad de cada uno de ellos y la especificación de su calidad o modelo, si correspondiere.
Por ello, concluyó que la publicidad objeto de autos no se ajustaba a las exigencias de la normativa vigente.
VI) Que establecido lo expuesto, es dable destacar que el fin que persigue la ley 22802, de Lealtad Comercial, es evitar que los consumidores, mediante indicaciones poco claras y engañosas, o inexactas, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos, mercaderías, o en contratación de servicios, protegiéndose de este modo, el derecho de aquellos a una información adecuada, completa y veraz, en relación al consumo (art. 42, CN). Asimismo, se pretende preservar la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca desvíos o captación potencial de la clientela por medio de métodos contrarios a la lealtad en las relaciones comerciales (Confr. C. Nac. Penal Económico, sala B, in re: “Ciberclub s/inf. ley 22802”, del 12/2/2008).
Así el art. 10, ley 22802, prohíbe: a) El ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la intervención del azar; b) Promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza, en los que la participación esté condicionada en todo o en parte a la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio.; y finalmente c) Entregar dinero o bienes a título de rescate de envases, de medios de acondicionamiento, de partes integrantes de ellos o del producto vendido, cuando el valor entregado supere el corriente de los objetos rescatados o el que éstos tengan para quien los recupere.
Continuando con el análisis normativo el dec. 1153/1997, que precisa los alcances de la prohibición establecida en el art. 10 citado, pone de relieve en su art. 1 que: “quienes organicen o promuevan concursos, certámenes o sorteos conforme lo establecido en el art. 10, ley 22802, deberán cumplir, al menos las siguientes condiciones: a) que se disponga la entrega gratuita del elemento requerido para la participación (cupón, envase, etc.) en al menos un local ubicado en cada ciudad capital de provincia y en cada ciudad capital de población mayor de 50.000 habitantes situada en la región alcanzada por la promoción; b) que dicha entrega se efectúe en los locales citados durante al menos cuatro horas continuadas, diurnas y diarias, en los días hábiles que abarque la promoción; c) que una lista completa de los domicilios de los locales mencionados, sea exhibida en cada lugar de venta del producto servicio promocionado, en la respectiva jurisdicción, en forma destacada y fácilmente visible para el consumidor; d) que en cada mensaje publicitario que difunda la promoción se incluyan las expresiones: “sin obligación de compra” y “Consulte en los locales de venta” en forma destacada y fácilmente visible o audible para el consumidor.”
A su vez el art. 2 del mencionado decreto establece, en lo que aquí respecta, en el inc. b, punto 1, que: “quienes organicen o promuevan concursos, certámenes, sorteos o mecanismos similares de cualquier naturaleza, con el objeto de promocionar la venta de bienes y/o la contratación de servicios, además de lo establecido en el artículo precedente, deberán cumplir con las siguientes obligaciones; b) En cada pieza publicitaria se incluirá, de manera que resulte fácilmente comprensible para el consumidor: I.- Nómina completa de premios a adjudicar, indicando la cantidad de cada uno de ellos y la especificación de su calidad o modelo si correspondiere…”.
Cabe agregar, que la Corte Sup. ha interpretado que la “infracción no requiere la comprobación de un perjuicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en algunas de las conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se configure la infracción, con prescindencia de la producción de un resultado” (confr. Fallos 324:2006).
Conviene recordar que este tipo de infracciones, son de aquellas denominadas “formales”, donde la verificación de los hechos hace nacer por si la responsabilidad del infractor. En efecto, no se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescrito por la ley, ya que se trata de los ilícitos denominados de “pura acción” u “omisión”, por lo que su apreciación es objetiva (confr., en este sentido, esta sala —en su anterior integración—, in re “Capesa SAICFIM v. Sec. de Comercio e Inversiones — Disp. DNCI 137/1997” del 18/12/1997; “Confiable SA v. Secretaría de Comercio e Inversiones — Disp. DNCI 121/1998” del 9/12/1998; “BMW de Argentina SA v. DNCI”; “Viajes Ati SA Empresa de Viajes y Turismo el DNCI”, del 10/3/2009; “Hoteles Sheraton de Argentina SAC v. DNCI — Disp. 706/2008 – expte. n. S01: 386762/06” del 10/11/2009 y, en su actual integración, “Castex Propiedades SA v. DNCI – Disp. 351/2010 — expte. n. S01 421641/98-” del 28/2/2012, entre muchos otros).
VII) Que señalado lo anterior, corresponde examinar si la sumariada puede ser pasible de la multa bajo examen, para ello es necesario comenzar con dilucidar qué rol o participación cupo a los diversos sujetos que intervinieron en la publicidad obrante a fs. 2. Para ello, corresponde hacer una breve síntesis de las constancias de la causa:
i) Con fecha 23/9/2008 la firma Arte Gráfico Editorial Argentino SA, informó que el aviso bajo examen había sido cursado a través de la agencia Espacios SA Con fecha 6 de octubre de 2008, esta última informó que la agencia de publicidad que le encomendó el aviso publicitario, la que actuó como mandataria, fue Mindshare Argentina SA Agregó, que dicha agencia lo hizo en representación de Fondo Vitivinícola Mendoza ley 6216 (ver fs. 14).
ii) A fs. 24/25 la Sociedad Mindshare se presenta y manifiesta que la publicidad bajo examen fue ordenada por el Fondo Vitivinícola Mendoza ley 6216. Asimismo, afirma que es una agencia de medios que contrata espacios publicitarios por cuenta y orden del anunciante, el cual publicita sus propias piezas creativas.
iii) El 15/1/2009, contesta intimación el Fondo Vitivinícola Mendoza ley 6216 y alega que la campaña vino argentino es financiada por la Corporación Vitivinícola Argentina, ente público no estatal que tiene a su cargo llevar adelante el plan Estratégico Argentina 2020. Agrega que específicamente la Semana del Vino, cuya publicidad del concurso motiva el expediente mencionado, es ejecutada en Capital Federal por Bodegas de Argentina AC.
iv) A fs. 130 obra agregada la cédula que notificó a Bodegas de Argentina AC la intimación cursada a fs. 126/127. A fs. 143/144 obra glosada la respuesta a dicha intimación.
Sentado lo expuesto corresponde adelantar que el agravio de la recurrente atinente a la falta de responsabilidad en la infracción bajo examen, no puede prosperar. Máxime, cuando del escrito presentado a fs. 168/172vta, exactamente en el cuarto del punto III. a) la recurrente expresa que: “…la contratación del Grupo Cris SA fue por intermedio de Bodegas Argentinas AC…”, y renglones más abajo y en punto a la relación que vinculaba a las partes, agrega: “…la organización del evento por intermedio de Bodegas De Argentina AC es basado en que mi representada contrata al organizador en razón de sus condiciones y características, en tanto la actividad principal de Grupo Cris SA es la de servicios de organización integral de eventos sociales y empresariales…”.
En síntesis, de lo ut supra exhibido no puede dejar de ponderarse el claro vínculo existente entre las partes y por ende la atribución de responsabilidad que llega a alcanzar a la aquí recurrente. Máxime, cuando no sería verosímil suponer que la publicidad respecto de un producto, ocurra sin mediar la voluntad del encargado de promover la publicidad que dio origen al sumario. Dicha circunstancia resulta decisiva, en la medida en que se tenga presente que la normativa aplicable —ya transcripta— castiga la acción de “promover” la publicidad de productos, no pudiéndose soslayar en el caso, que la sumariada es la fabricante de los mismos.
Bajo esta comprensión, cabe observar que de la lectura de la publicidad bajo examen no se desprende que la empresa haya indicado la nómina completa de premios a adjudicar, o haya mencionado la cantidad de cada uno de ellos y menos aún la especificación de su calidad, datos que se debían incluir con carácter obligatorio, situación que evidencia un menoscabo al derecho de información del consumidor o usuario previsto en el art. 42, CN.
A esta altura, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos el incumplimiento del claro mandato normativo, por lo tanto la comisión de la infracción por parte de Bodegas Argentina AC resulta ajustada a derecho.
VIII) Que en otro sentido, y en punto a lo manifestado respecto de la facturación de la publicidad bajo examen, cuadra advertir que, sin perjuicio de que la empresa sumariada haya encargado el anuncio, los productos que se ofertan corresponden a Bodegas de Argentina AC.
Asimismo y, de ser cierto lo descripto en relación a la operatoria descripta por la actora en torno a la publicidad en cuestión fue promovida por la firma Mindshare Argentina SA por cuenta y orden del anunciante Fondo. Vitivinícola Mendoza ley 6216, por, lo que no correspondería atribución de responsabilidad en cabeza de. Bodegas de Argentina AC, no resulta ser esta la vía adecuada para reclamar los perjuicios que de tal maniobra se deriven (confr. en un sentido similar, esta sala en su anterior integración, in re: “Auto Special SA v. DNCI — Disp 697/2008 — expte. n. S01:479602/08-“, del 18/8/2009).
IX) Que, sin perjuicio de lo expresado, e. ingresando en otro de los específicos agravios traídos a esta instancia, corresponde examinar lo atinente al importe asignado a la multa en cuestión, la cual, a primera vista, parece desproporcionada.
En efecto, el art. 18, ley 22802, establece que el que infringiere las disposiciones de dicho ordenamiento, las normas reglamentarias y resoluciones dictadas en su consecuencia, será sancionado con multa de $ 100 hasta $ 500.000 —montos según ley 22802—.
Ahora bien, en punto a la revisión del quantum referido, es preciso destacar que no hay actividad de la Administración ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad, es decir: aun tratándose de una manifestación del ejercicio de potestades ejercidas de modo discrecional, éstas en ningún caso pueden resultar contrarias a derecho.
Conteste con dicho principio, la jurisprudencia ha reafirmado que la actuación administrativa debe ser racional y justa, y la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado, y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (Corte Sup., Fallos 304:721; 305:1489; 306:126; y esta sala —con otra integración—, in re: “Ballatore, Juan A. v. Estado Nacional — Ministerio de Justicia s/empleo público”, del 13/6/1996).
En la especie, la Dirección Nacional de Comercio Interior —a fin de graduar el monto de las sanciones— manifestó haber ponderado dos órdenes de factores, a saber:
i) la posición de la infractora que ocupa en el mercado, la actividad desarrollada por la misma, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, el derecho a la información, así como el medio empleado para efectuar la publicidad objeto de autos (Revista Viva).
ii) el correspondiente informe de antecedentes.
Como fuese, cabe advertir fue los argumentos expuestos por la autoridad de aplicación importan una mera enumeración en abstracto de las circunstancias que habrían sido evaluadas para determinar el monto de la multa, lo que equivale a no haber fundado adecuadamente tal aspecto de la decisión.
Así, se advierte que la sanción no ha sido suficientemente sustentada en los hechos y el derecho, en la medida en que la autoridad administrativa no ha explicado de qué modo a la contravención cometida le corresponde la sanción aplicada; tampoco han sido explayadas las razones pertinentes en la motivación del acto administrativo, lo cual implica soslayar el mandato legal contenido en el art. 7, inc. e, ley 19549. Es que si se considera discrecional la determinación del tipo de sanción y su monto, mayor fundamentación es necesaria para excluir la arbitrariedad (conf. esta sala, en su anterior integración, in re: “Banco Santander Río SA v. DNCI — disp. 698/2007 — expte. n. 19032/03” del 18/6/2009; “Cemic v. DNCI — disp. 687/2008 — expte. n. S01:11764/07” del 12/11/2009 y sala 1ª, in re: “Banco Credicoop Cooperativo Limitado v. DNCI”, del 21/10/2008, y sus citas).
En consecuencia, la ausencia de razón suficiente en que se sustente el monto de la sanción, en atención a la magnitud asignada a la misma, configura la existencia de un exceso de punición, que se identifica con lo irrazonable. Más aún, si se considera el monto de la sanción impuesta a la co-sumariada — Grupo Cris SA (conf. fs. 162, sobre la que se volverá).
En otras palabras, el exceso de punición se traduce en la ausencia de proporcionalidad entre el objeto y la finalidad del acto administrativo, lo que importa una violación al principio receptado en el art. 7, inc. f, ley 19549, que expresamente establece que las medidas que el acto administrativo involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a la finalidad que resulte de las normas que asignan las facultades pertinentes al órgano que lo emite (conf. doctrina sentada en el caso “Banco Credicoop”, cit.). Por lo demás, esta Sala ha tenido oportunidad de ponderar y determinar la configuración de excesos de punición en anteriores oportunidades, entre las que cabe recordar los siguientes casos: “OSDE — Organización de Servicios Directos Empresarios SA v. DNCI — Disp. 376/2008”, expte. n. 18.539/08, del 4/8/2009; “Prosegur Activa Argentina SA v. DNCI Disp. 248/2009 — Expte. n. S01:20584/07” del 15/12/2009; “Editorial Perfil SA v. DNCI — Disp. 571/2009 — Expte. n. S01:20454/07”, del 1/7/2010; y “Swiss Medical SA v. DNCI — disp. 352/2009 – Expte. n. S01:44564/06”, expte. n. 22.299/09, del 30/9/2010, en los cuales siguió análoga interpretación.
Ahora bien, ingresando concretamente a la cuantificación de la multa, es pertinente tomar en cuenta que de la res. 723/2010, la cual se encuentra bajo examen, surge que la sanción pecuniaria elevada aplicada en sede administrativa al Grupo Cris SA —co-sumariado— fue de $ 20.000.
Cabe adelantar que la ponderación conjunta y razonada de dichos elementos autoriza a concluir que la multa aquí dispuesta resulta desproporcionada, a la luz de la entidad de la transgresión cometida.
Abona dicha perspectiva lo resuelto por la jurisprudencia del Fuero en casos análogos: sala 3ª, in re: “Cris Morena Group SA v. DNCI-Disp. 737/2008 —expte. n. S01:302416/00—”, del 26/3/2010; “Curotto, Karina M. v. DNCI”, del 13/9/2010; “SA La Nación v. DNCI-Disp. 218/2010 —expte. n. S01:361305/07—”, del 2/12/2010; sala 5ª, in re: “Achaval Cornejo y Cia. SA v. DNCI- Disp. 11/2009 —expte. n. S01:127573/07—”, del 1/9/2009; en el mismo sentido confrontar, sala B de C. Nac. Penal Económico, in re: “Falabella SA” del 23/6/2006; y “Carimport SA” del 8/9/2006. En dichos casos, ante circunstancias análogas, las multas impuestas ascendieron, más allá de su ulterior resolución en algunos casos, a $ 10.000; $ 8000; $ 30.000; y $ 25.000 respectivamente.
En cuanto a la debida estimación del quantum de las multas, el mismo debe responder a ciertas pautas de significación. Entre éstas, cabe una apreciación objetiva de la jerarquía y trascendencia del derecho lesionado, junto con la magnitud o gravedad de la lesión que se reprocha. Paralelamente, se precisa una ponderación que atienda a lo subjetivo, tarea que implica relevar la cantidad de usuarios real o potencialmente afectados por el obrar típico detectado en el sumario administrativo.
Así caracterizada conceptualmente aquellas pautas, su concreción respecto del caso sub examine revela una significativa lesión objetiva. En lo que aquí importa, se trató de la publicidad de un concurso detallando de forma ineficiente la información requerida por la normativa aplicable, lo que implica que no la omitió, sino, que, dicha información, fue incompleta.
Ciertamente, también se impone armonizar con razonable equilibrio la proporcionalidad y la progresividad. En concreto, ello implica efectuar una ponderación del quantum de la multa que, a la vez que se corresponda con la magnitud intrínseca de la transgresión que se castiga, también guarde debida relación con el registro de Antecedentes respectivo.
En las condiciones descriptas, se advierte que la sanción aplicada en el sub examine excede el disvalor del actuar de Bodegas de Argentina SA; motivo por el cual tomando en consideración la naturaleza y alcances de la infracción, así como la cuantía de la sanción aplicada a la aquí co-sumariada, este tribunal considera que corresponde una reducción de su cuantía.
Bajo tales premisas, se considera que corresponde admitir parcialmente el agravio que se examina y, consecuentemente, reducir la multa a $ 30.000 por la infracción discernida en autos.
X.-) Que finalmente y en punto a las costas, habida cuenta el resultado del recurso, y en virtud del cual se; confirma la configuración de la infracción, sin perjuicio de admitirse la reducción del monto de la multa, corresponde imponerlas en un 80% a cargo de Bodegas de Argentina AC y el 20% restante a cargo de la DNCI (conf. art. 71, CPCCN).
XI.-) Que a los efectos de regular los honorarios de los profesionales intervinientes, corresponde tener presente la naturaleza del asunto, el contenido económico involucrado y resultado obtenido; considerando el mérito, calidad, eficacia y extensión de las tareas desarrolladas en el marco del recurso tramitado, corresponde regular en la suma de $ … los honorarios del Dr. Yari Serur por su actuación en el carácter de letrado apoderado de la demandada y en la suma de $ … los emolumentos del Dr. Mariano Salama, por su actuación en el carácter de letrado patrocinante de la demandada. Atendiendo a pautas análogas a las postuladas y al resultado del recurso, se regulan los emolumentos de la Dra. Ana C. Alonso en la suma de $ … por su actuación como letrada patrocinante de Bodegas de Argentina AC (arts. 6, 7, 9, 14, 19 y concs., ley 21839, modificada por la ley 24432).
Los importes fijados precedentemente deberán ser abonados conforme la distribución de costas dispuesta en el consid. X.
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta sala, in re: “Beccar Varela, Emilio – Lobos, Rafael M. — v. Colegio Público de Abogados”, del 16/7/1996). Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez días de notificada su regulación (art. 49, Ley de Arancel).
En caso de incumplimiento, el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante la primera instancia del Fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la mesa de asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsara el proceso en el término de diez días hábiles, las actuaciones serán remitidas a la instancia de origen, sin más trámite.
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Como corolario, se resuelve: a) confirmar parcialmente la disposición 723/2010; y reducir el monto de la multa impuesta a la infractora, fijándola en la suma de $ 30.000; b) imponer las costas en un 20% a la DNCI y, en el 80% restante a Bodegas de Argentina AC (conf. art. 71, CPCCN), c) fijar los honorarios de los profesionales intervinientes conforme lo establecido en el consid. XI, párr. 2.
Regístrese, notifíquese, hágase saber la vigencia de la Acordada Corte Sup. 4/2007 y devuélvase.
Luis María Márquez.— María C. Caputi.— José Luis López Castiñeira.