Hechos:
Un trabajador que se desempeñaba en un sanatorio adquirido por el nuevo empleador dedujo demanda por diferencias salariales. Manifestó que cobraba una remuneración inferior a la de los empleados de igual categoría que se desempañaban en otros establecimientos de la firma accionada. El juez de grado hizo lugar parcialmente al reclamo. Apelado el decisorio, la Cámara lo confirmó.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I(CNTrab)(SalaI) – Fecha: 11/04/2012 – Partes: Reyna, Néstor Oscar c. Galeno Argentina S.A. s/ diferencias de salarios – Publicado en: DT2012 (septiembre), 2404 – Cita Online: AR/JUR/14701/2012

Sumarios:
1. El tratamiento diferencial dispensado al trabajador que generó diferencias salariales no constituye por sí solo una conducta que genere un daño moral resarcible en tanto el empleador no incurrió en un comportamiento abusivo e injurioso ya que, si bien le abonaba un salario inferior, lo hacía en el  convencimiento de que ello era legítimo, pues consideró que el dependiente al pertenecer a un establecimiento proveniente de una empresa distinta de la que provenían los empleados de otros establecimiento a su cargo, debía respetar los derechos adquiridos en su antecesora de conformidad con lo establecido por el art. 225 L.C.T.

Texto Completo: .— Buenos Aires, abril 11 de 2012.

La doctora Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 171/175 apelan la parte actora y demandada a tenor de los memoriales de fs. 176/178 y fs. 185/188 respectivamente que a su vez, merecieron la réplica de la contraria de fs. 205/207 y fs. 194/201.

A fs. 179/180 y fs. 189/190 apelan la representación y patrocinio letrado del actor y de la demandada por considerar elevados los honorarios de los profesionales actuantes en autos.

II. La demandada se agravia porque el Sr. Juez de grado admitió el reclamo por diferencias salariales.

Señala en defensa de su tesis que es errónea la decisión de origen ya que abonó en debida forma la remuneración, pues respetó los derechos adquiridos por el actor al momento de la transferencia, quien se desempeñaba en el ex Sanatorio Mitre (actual Sanatorio De la Trinidad) que pertenecía a Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A. —adquirido por la demandada— y teniendo en cuenta el reglamento interno que poseía ese establecimiento, circunstancias que difieren de los empleados que se desempeñan en el establecimiento “De la Trinidad (Palermo) que proviene de otra empresa distinta —Keranis S.A.— en la que regían otros derechos y reglamentos, el que también fue adquirido por la demandada. En concreto, señala que no pueden equipararse las remuneraciones de uno y otro establecimiento pues provienen de empresas distintas y en consecuencia de reglamentos internos diferentes por lo que debió respetar los derechos adquiridos por los trabajadores en cada uno de los establecimientos conforme lo establecido por el art. 225 de la Ley de Contrato de Trabajo.

III. Analizados los términos del memorial recursivo, adelanto que el recurso ha sido mal concedido.

En efecto, por expresa disposición del art. 106 de la ley 18.345 “serán inapelables las sentencias y resoluciones cuando el valor que se intenta cuestionar en esta Alzada no exceda el equivalente a trescientas veces el importe del derecho fijo previsto en el art. 51 de la ley 23.187. El cálculo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso”. Tal norma resulta aplicable al caso que nos ocupa, en donde el monto cuestionado asciende a la suma de $ 7.150,55 (ver liquidación de fs.174), por lo que resulta inferior al valor que arroja la norma en cuestión ($ 7.500; conf. resolución del 23/8/2011 de fs. 191).

IV) La parte actora se agravia porque el Sr. Juez de grado rechazó el reclamo en concepto de daño moral.

El Sr. Magistrado de grado rechazó el reclamo al considerar que para que un acto discriminatorio pueda dar lugar a tal reparación, debe tener una idoneidad suficiente para afectar los sentimientos del trabajador. Consideró en tal sentido que los arts. 17 y 81 de la LCT son precisos al momento de indicar las causas graves de discriminación peyorativa (sexo, religión o raza) considerando que en el caso de autos la posición asumida por la empleadora no presentó una subjetividad que demuestre una conducta tendiente a menoscabar al trabajador. En concreto dispuso que no se advirtió en los hechos la configuración del animus de discriminar en base a razones particulares sobre la persona del actor.

El apelante señala que el Sr. Juez de origen admitió el reclamo por diferencias salariales en virtud de un tratamiento diferencial con empleados de la misma categoría que se desempeñaban en el Sanatorio de la Trinidad Palermo —perteneciente a la demandada— y ello afectó los sentimientos del actor. Considera que dicho tratamiento diferencial remuneratorio no sólo debe ser resarcido patrimonialmente —lo que fue admitido al receptar las diferencias salariales— sino también en su aspecto moral, pues el obrar de la demandada —reconocido en la sentencia— encierra implícita una conducta ilícita que genera la obligación de reparar el agravio moral, que se presupone y no necesita ser probado, conforme lo establecido por el art. 1078 del Código Civil.

Coincido con la solución adoptada en origen.

El agravio moral, además de estar receptado en los arts. 522 y 1078 del Código Civil ha adquirido rango constitucional a través del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, pues en el artículo 5 apartado 1 del Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23.054) encuentra recepción y tutela dicho bien jurídico.

Si bien he tenido oportunidad de señalar que “…el daño moral no requiere acreditación ante la imposibilidad de prueba directa, debiendo darse eficacia probatoria a las presunciones (medios de prueba indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acorde con las reglas de la experiencia, puesto que los indicios extrínsecos constituyen una segura senda de aproximación al dolor sufrido…” y además que “…procede la reparación por daño moral aún cuando no se compruebe la existencia de daño material porque aquél resarcimiento es de carácter autónomo …” ,”…siendo el único requisito de procedencia la comprobación del hecho dañoso que originó la pretensión…” (v. mi voto en autos “Di Napoli Mauricio Franco c/Protección Millenium S.A. y otro s/despido” Expte. Nº 18.147/2008 SD 87.094 del 19/10/11 del registro de esta Sala) en el caso de autos no habré de admitirlo.

En efecto, el tratamiento diferencial dispensado al actor —admitido por el Sr. Juez de grado— que generó el consecuente crédito por diferencias salariales no constituye por sí solo una conducta que genere en el trabajador un daño en su aspecto moral. Hago tal afirmación porque para que ello ocurra debe existir una conducta que agrave los sentimientos del trabajador afectando su honor o dignidad. No se advierte que la empleadora hubiera incurrido en un comportamiento abusivo e injurioso patentizado en la ejecución del contrato de trabajo, pues si bien abonaba un salario inferior, de acuerdo a los fundamentos que expuso como defensa, lo hacía en el convencimiento de que ello era legítimo, pues consideró que el actor al pertenecer a un establecimiento proveniente de una empresa distinta de la que provenían los empleados del sanatorio “De la Trinidad” `de Palermo, debía respetar los derechos adquiridos en su antecesora de conformidad con lo establecido por el art. 225 LCT (v. fs. 55/58 de la contestación de demanda). En concreto no se advierte un incumplimiento que pudiera afectar los sentimientos del actor, pues la demandada obró de buena fe.

Por lo expuesto, propicio se confirme el decisorio.

V. La parte actora también se agravia porque entiende que el Sr. Juez de grado admitió únicamente las diferencias salariales por el período no prescripto. Considera que omitió incluir los períodos devengados con posterioridad a la interposición de la demanda hasta su efectivo pago y la equiparación de dichos rubros con los empleados del Sanatorio de la Trinidad Palermo, circunstancias que entiende debidamente peticionadas en el punto II, Acápite “Objeto” y en el punto III del escrito de inicio.

Coincido en este aspecto también con la solución adoptada en origen pues considero que en tales términos se configura una condena a futuro que no resulta procedente.

En efecto, la causa fuente de las diferencias salariales aquí declaradas y receptadas supone la verificación de un determinado supuesto de hecho comprobado en el caso particular y con referencia al marco temporal analizado, acerca de cuyo mantenimiento futuro no existe certeza. En tales condiciones, la posibilidad de que ocurra una modificación o alteración del esquema retributivo del actor, o de su volumen remuneratorio, o de la eventual incidencia de otras circunstancias sobrevinientes al período que constituye el preciso objeto de este pronunciamiento justifican el rechazo de este aspecto que, en todo caso, deberá ser analizado con específica referencia a cada uno de las remuneraciones que en lo sucesivo devengue el accionante (en igual sentido, C.N.A.T., Sala V, sent. 66.231 del 06.02.2003 en autos “Belluci, Leonardo Miguel c/Telefónica de Argentina S.A. s/Diferencias de salarios”). Ello, claro está, sin perjuicio del derecho del accionante a reclamar las diferencias salariales devengadas con posterioridad a la interposición de la demanda en adelante, tal como también lo señaló el Sr. Juez de grado.

Por tales razones debería confirmarse también el fallo de grado en este segmento de la queja.

VI. De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que el porcentaje de honorarios regulado a los profesionales actuantes, inclusive los del perito contador lucen adecuados, por lo que propongo sean confirmados (art. 38 LO, art. 3º inc. b) y g) del Decreto 16.638/57 y normas arancelarias de aplicación).

VII. De conformidad con lo establecido por los arts. 68 y 71 CPCCN y teniendo en cuenta el éxito obtenido por cada una de las partes, las costas de Alzada serán impuestas por su orden. Regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 25% de lo que en definitiva corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 38 L.O., art. 14 de la ley 21.839-modif. 24.432 y normas arancelarias de aplicación).

En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Declarar mal concedido el recurso interpuesto por la accionada y 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fue materia de recursos y agravios; 3) Confirmar las regulaciones de honorarios e imposición de costas decretada en origen y 3) Costas y honorarios de Alzada conforme considerando VII.

El doctor Vilela dijo:

Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, se resuelve: 1) Declarar mal concedido el recurso interpuesto por la accionada y 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fue materia de recursos y agravios; 3) Confirmar las regulaciones de honorarios e imposición de costas decretada en origen y 3) Costas y honorarios de Alzada conforme considerando VII. Regístrese, notifíquese y devuélvase.— Gloria M. Pasten de Ishihara.— Julio Vilela.