Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de 2a Nominación de Río Cuarto

En autos “Maury, Jorge” se dijo que cuando a la confesión del estado de cesación de pagos que la petición de concurso supone y que ha llevado a que se estimen suficiente presunción del mentado desequilibrio como elemento objetivo, se suma que de la documentación surge un cuadro de situación que refiere a la presencia de una cantidad de acreedores en aparentes condiciones de ejecutar sus créditos que no podrán ser regularmente atendidos, con prescindencia de la suerte con que cada uno de los denunciados pueda correr en el eventual pedido verificatorio que formulen, debe disponerse la apertura del concurso preventivo.

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Expediente: 644372

2ª INSTANCIA.— Río Cuarto, octubre 15 de 2012.
Considerando:
I) Que concedido el recurso (fs. 90), y elevados los autos ante esta Cámara, corrido que fuera el traslado al apelante para expresar agravios, el apoderado del recurrente mediante presentación que luce a fs. 95/102, funda las quejas que motivan su ocurrencia ante este tribunal de Alzada. Puesto el decreto de autos a estudio (fs. 103), firme y consentido el mismo, ha quedado en condiciones de resolver la impugnación planteada.
II) Del extenso escrito por el que se funda la apelación, podemos extraer, como síntesis, que luego de efectuar un relato acerca de los antecedentes del caso, los agravios del quejoso fincan en que la a quohabría equivocado sus conclusiones al rechazar el pedido de concurso, pues las afirmaciones y motivos expresados en los sendos decretos contienen errores fácticos y jurídicos tanto en la consideración de lo verdaderamente argüido por el presentante, como de lo efectivamente acreditado.
Concretando sus quejas, sostiene que la juzgadora ha interpretado —por el primer decreto— que no se acreditó el “estado de cesación de pagos” en la presentación inicial, y en el segundo, en que no se ha efectuado un desarrollo completo, preciso y circunstanciado de las razones endógenas y exógenas del devenir de su situación patrimonial.
A partir de ello, y citando jurisprudencia, a la par de transcribir lo expuesto por su parte en sus presentaciones, a lo cual cabe remitir, entiende que —distintamente a lo resuelto— ello fue debidamente explicitado atendiendo a las notas características que conforman dicho estado, es decir su “generalidad y permanencia”, aludiendo en primer término a su manifestación de que se encuentra en estado de cesación de pagos, no por un solo incumplimiento sino por varias causas que le impiden atender sus obligaciones, según relata. Destaca, además, que ello afecta toda la situación económica del deudor como una verdadera impotencia patrimonial, haciendo referencia al informe contable acompañado, dando cuenta que su pasivo representa casi dos veces el valor del activo.
Aduce que también se da la permanencia entendida como extensión temporal, surgiendo de lo manifestado que desde el año 2009 no pudo abonar más sus deudas, a lo que se suman los juicios iniciados en su contra, acumulación de deuda previsional e impositiva detallada en el Anexo II del informe contable, por lo que no se trata de un solo juicio ni de la suspensión de la subasta ordenada en el mismo. Por lo tanto no son dificultades pasajeras y de mera iliquidez como sostiene la a quo.
Refiere también, en cuanto se le achaca no haber manifestado concretamente cuál es su actividad, que ello es errado, ya que la misma es la de socio gerente de la firma Agrocomercial SRL y no ha variado, pero la empresa decayó económicamente y no percibe otros ingresos, contando solamente con su capital para hacer frente a las deudas.
Alude, en ese sentido, a que no ha sido valorado pese a ser parte integrante de la solicitud el informe contable, por lo que estima que no ha incumplido la manda del inc. 5, art. 11, LCQ.
Destaca, siempre con cita de jurisprudencia, que el rechazo liminar de la petición de concurso debe hacerse con un criterio restrictivo, y también que su parte —tanto en su presentación inicial como en la aclaratoria — ha efectuado un desarrollo completo, preciso y circunstanciado de las razones, tanto endógenas como exógenas, del devenir de su situación patrimonial, remitiéndose al escrito pertinente.
Pide por todo ello en definitiva, se revoquen los decretos atacados y que se acoja la apelación en todas sus partes. Con costas.
III) Abordando sin prolegómenos lo venido a revisión, estimamos que la a quo ha hecho uso de una aplicación rigurosa de los requisitos formales y sustanciales exigidos por el régimen concursal para la apertura del concurso.
En efecto, si bien es cierto que el peticionante no se ha destacado por un relato preciso de las circunstancias determinantes de su presentación preventiva, hay que reconocerlo, no podemos perder de vista que ha brindado las explicaciones mínimas requeridas para tener por configurados prima facie los extremos del art. 11, ley 24522 (en adelante LCQ).
En primer lugar, ha confesado (arg. art. 217, CPCC), hallarse en estado de cesación de pagos, como requisito ineludible para la pretensión ejercida (arg. arts. 1 y 11, inc. 2, LCQ). Ha sostenido también cuál ha sido la actividad desarrollada, socio gerente de la firma “Agrocomercial SRL”, manifestando que de allí provendrían sus únicos ingresos y del capital con que cuenta, haciendo saber además que está imposibilitado de atender sus obligaciones, particularmente aquellas de garantía de la susodicha empresa, de deudas impositivas y previsionales que posee, entre otras, como asimismo que se le han iniciado juicios en su contra (aunque dos de ellos se encontrarían cancelados con anterioridad), poniendo de relieve especialmente que en uno de ellos —en que resultó condenado— estaría en condiciones de subastarse los derechos y acciones que tiene respecto del bien que denuncia como de su propiedad (según autos caratulados: “Corteggiano, Antonio A., Alfredo J., Silvana M. Corteggiano, Jorge A. Tomasini, Jorge E. Corteggiano e Ignacio Bartola Corteggiano v. Jorge Maury – Demanda Ejecutiva” , que tramitan por ante el Juzgado de Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad).
Aduce también que no puede tener acceso al crédito por las inhibiciones y gravámenes que pesan sobre sus bienes, que también denuncia y detalla, imposibilitando ello el giro productivo.
En función de lo expuesto acompaña dictamen de contador público por el que se informa sobre su estado de situación patrimonial, el que si bien no se encuentra respaldado por los registros contables —como el mismo profesional allí menciona—, arroja un activo de $ 1.380.390 y un pasivo de $ 2.517.383,65; con un patrimonio neto negativo en $ 1.136.993,65 (conf. Anexo II, fs. 5 a 67 de autos), donde además se informa respecto de los acreedores.
Así las cosas, este tribunal ha tenido oportunidad de señalar antes de ahora en un caso que guarda cierta analogía con el que aquí se ventila (conf. AI 164 del 3/7/2009, in re“Guicar SA — Concurso Preventivo”), que debe atenderse a cada caso en particular, como lo predica prestigiosa doctrina, al sostener que: “…el estado de cesación de pagos constituye, pues, un fenómeno en esencia complejo cuya verificación, por tanto, queda reservada a la ponderación judicial, siguiendo las reglas de la sana crítica y de la máxima prudencia, por cuanto los signos reveladores de la insolvencia pueden variar indefinidamente, debiendo ser apreciados en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias que los rodean ” (Heredia, “Tratado Exegético de Derecho Comercial” , t. I, Ed. Abaco, p. 218, el destacado nos pertenece).
En el caso de autos, y no obstante que puedan existir algunas dudas razonables acerca del verdadero estado de situación patrimonial del peticionante, en particular sobre las causas del desequilibrio y las acreencias con todos sus detalles, tal como la a quo lo ha manifestado sin ambages en sus resoluciones atacadas, no es posible desatender al prima facie verosímil dictamen contable adjuntado a la presentación, ya que la realidad habrá de ser fehacientemente comprobada con el devenir del proceso. Hay una mínima información que debe ser valorada en su justa medida.
En dicho orden de ideas, conscientes de algunas falencias que son dables de advertir en la petición deducida, consideramos oportuno repasar algunos conceptos que vertimos en aquel caso, y que resultan plenamente trasladables al sub-lite, por lo que pasamos a reproducirlos, a saber.
“…Es que a la confesión o reconocimiento judicial del estado de cesación de pagos que la petición de concurso supone y que ha llevado a que, mayoritariamente, los tribunales estimen suficiente presunción del mentado desequilibrio como elemento objetivo (conf. “Código de Comercio Comentado y Anotado”, t. IV-A, Rouillón Director, Alonso Coordinador, Ed. La Ley, 2007, p. 11/12), se suma que en nuestro caso, y más allá de las falencias apuntadas, de la documentación agregada se desprende que existe un cuadro de situación que refiere a la presencia de una cantidad de acreedores en aparentes condiciones de ejecutar sus créditos que, por los dichos del deudor, no podrán ser regularmente atendidos, ello con prescindencia —claro está— de la suerte con que cada uno de los denunciados pueda correr en el eventual pedido verificatorio que formulen, aspecto que por ser ajeno a la actual preliminar etapa, exime al tribunal de efectuar mayores consideraciones y más bien la prudencia lo coloca en la necesidad de ser cauto respecto de cuestiones que podrán estar sometidas en su momento a su juzgamiento…” .
Agregamos en ese precedente que: “…de la documentación agregada, hechos relatados y circunstancias reconocidas por el peticionante, puede inferirse que la situación patrimonial de … (en dicho caso de la firma) si bien quizás no sea extrema ni insalvable, sí muestra visos que hacen que ese reconocimiento no resulte vacío de contenido, encontrándose explicitado —ciertamente que no de manera pormenorizada y, mucho menos, acabada— el cuadro de situación por el que la empresa atraviesa, que permite tener por comprobado el estado de cesación de pagos que se denuncia y que es presupuesto ineludible (conf. Heredia, “Tratado Exegético…”, cit., p. 222) .
Añadíamos que en tal sentido, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que “ los requisitos que debe contener la demanda de concurso preventivo son a los fines meramente informativos, sin necesidad de que las alegaciones realizadas por el presentante sean realmente acreditadas en dicha petición, pues basta para abrir el proceso la confesión del deudor de encontrarse en estado de cesación de pagos y por ello concurrir el presupuesto objetivo para que pueda abrirse el proceso” .
Y sosteníamos además, con cita de autorizada doctrina y jurisprudencia, que “la veracidad de los dichos del deudor o de la realidad de alguna de la instrumental que acompañe —la cual incluso puede estar copiada— recién se conocerá luego de la verificación de crédito y la gran mayoría luego de la presentación del informe general por parte del síndico. Sin embargo la ley procura con estos requisitos algún atisbo informativo que permite conocer aunque con rasgos de verosimilitud la situación patrimonial del demandante del concurso y facilitar la investigación que se haga posteriormente. Ello porque la reunión de material informativo, exigiendo el cumplimiento de los requisitos del art. 11, LCQ, no lleva al juez a resolver sobre el mérito a priori de ninguna de las circunstancias que podrán darse luego en el transcurso del proceso (conf. Graziabile, Darío J., “Cumplimiento de los recaudos del artículo 11 LCQ para la apertura del concurso preventivo”, nota a fallo de la C. Civ. y Com. an Martín, sala 1ª, 1/6/2006, in re : “De Luca, Eduardo s/Conc. Prev.”, publicado en LLBA 2006, p. 1000, con cita de Di Dorio, Alfredo J., “Interpretación de los requisitos condicionantes de la apertura del concurso preventivo”, RDCO, 1980-13-433; en el mismo sentido: C. Nac. Com., sala A, 28/2/2007, in re : “S., M. s/Conc. Prev.”, publicado en LL 2007-C-592)” .
Señalábamos también que “es innegable que la moderna doctrina y jurisprudencia admiten la flexibilidad en la ponderación del cumplimiento de los recaudos formales establecidos en el art. 11, LCQ, teniendo en cuenta que la exacerbada rigurosidad en la apreciación de los requisitos formales resulta obstativa del ingreso a la solución preventiva (Rivera, “Instituciones de Derecho Concursal”, t. I, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1997, p. 206). La ley 24522 en su espíritu ha mantenido el viejo criterio de legislaciones anteriores en función de permitir las soluciones concordatarias, ampliando incluso el elenco de alternativas preventivas y de sujetos concursables. Se interpreta en este sentido que el remedio concursal más que favorecer al deudor concursado se otorga en procura de tutelar la conservación de la empresa entendida ésta como fuente generadora de puestos de trabajo, que redundan en beneficio de la comunidad toda (conf. Roitman, Horacio – Di Tullio, José A.; en nota a fallo de la C. Civ. y Com. osario en Pleno, publicada en “Colección de Análisis Jurisprudencial”, 1/1/2006, 71)” . Se aclara a todo evento que, como en el caso de autos no se han denunciado empleados a cargo, no sería para nada desdeñable, desde otro ángulo de mira, el principio de la pars conditio creditorum o de igualdad de los acreedores.
Agregábamos que estos últimos autores citados señalaban, desde otra perspectiva, la posibilidad de analizar que “determinados defectos en la presentación no deberían fundar el rechazo del concurso, sino un análisis más riguroso a la hora de homologar. Este criterio interpretativo encuentra una justificación superior a partir de la reforma de la ley 25589 (nuevo art. 52 inc. 4) que restituye expresamente facultades al juez del concurso para denegar homologación al acuerdo preventivo alcanzado entre deudor y acreedores cuando lo considere abusivo o en fraude a la ley (en similar sentido, al analizar dicho artículo, “Código de Comercio…”, citado, sobre el tema: Rouillón – Alonso – Tellechea, t. IV-A, p. 635 y ss.)” .
Que ello no hacía más que confirmar apreciaciones vertidas desde antaño por la jurisprudencia, en el sentido de que: “las consideraciones vertidas por el a quo centradas sustancialmente en el estado patrimonial de la presentante, exceden los límites de apreciación que la ley confiere al juez del concurso para desestimar in limine un pedido formulado en esas condiciones, sin perjuicio de que en el momento oportuno esa situación sea debidamente evaluada, a los fines de prestar o negar la homologación del concordato con arreglo a lo dispuesto por el art. 61, ley de la materia, y en función de las circunstancias y elementos de juicio susceptibles de ser allegados a los autos durante el desarrollo del proceso” (C. Nac. Com., sala A, 10/4/1973, LL, 154-623, 31.222-S; fallo citado por Ton, Walter, su artículo: “Si llegaste tarde al concurso te castigo”, publicado en LLGran Cuyo, 2005 (marzo), p. 125, quien postula el favorecimiento de la presentación preventiva inclusive en el denominado “estado de crisis”, es decir antes de llegado el “estado de cesación de pagos”, en el que poco y nada se podrá hacer luego)” .
Al igual que en dicho caso, consideramos que en función de todo lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, debe ordenarse por intermedio del presente la revocación de los decretos recurridos, y en su lugar establecer que la jueza de Primera Instancia dicte pronunciamiento disponiendo la apertura del Concurso Preventivo del peticionante, Sr. Jorge Maury, con las formalidades y recaudos de ley, disponiendo asimismo lo necesario para analizar y proveer lo atinente a la medida precautoria solicitada, esto es la suspensión de la subasta ordenada en los autos: “Corteggiano, Antonio A., Alfredo J., Silvana M. Corteggiano, Jorge A. Tomasini, Jorge E. Corteggiano e Ignacio Bartola Corteggiano v. Jorge Maury – Demanda Ejecutiva” , tramitados por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación (expte. n. 390939), Secretaría a cargo del Dr. Elio Pedernera, si el estado de la causa lo permite.
Por todo ello; se resuelve:
Revocar los decretos recurridos y en su lugar ordenar que la jueza de Primera Instancia dicte pronunciamiento disponiendo la apertura del Concurso Preventivo del peticionante, Sr. Jorge Maury, con las formalidades y recaudos de ley, disponiendo asimismo analice y provea lo pertinente respecto de la medida precautoria solicitada.
Protocolícese y hágase saber.
José María Ordoñez.— Daniel G. Mola.— Horacio Taddei.