Hechos:
Una sociedad anónima prestadora de servicios de elaboración y distribución de comida promovió demanda contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cobro de facturas impagas. En primera instancia se rechazó la demanda, se hizo lugar a la reconvención y apelado ese pronunciamiento, la Cámara lo confirmó.

Tribunal:
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II(CContenciosoadministrativoyTribCiudadAutonomadeBuenosAires)(SalaII)

Fecha: 09/03/2012 – Partes: Menú S.A. c. G.C.B.A. (Secretaría de Salud – Hospital General de Infecciones “Dr. Francisco Javier Muñiz) s/cobro de pesos – Publicado en: LLCABA2012 (junio), 301 – Cita Online: AR/JUR/3991/2012

Sumarios:
1. A fin de que exista contrato administrativo válido deben respetarse las formas esenciales que hacen al procedimiento de selección del contratista.

Jurisprudencia Relacionada(*)

Ver Tambien

Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, “Irineo Speroni c. G.C.B.A.”, 20/11/2008, LLCABA 2009 (febrero) LLCABA 2009 (febrero), 90 AR/JUR/17754/2008Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, “Linser S.A. c. G.C.B.A.”, 2002/09/06, LA LEY 2002-A, 383

(*) Información a la época del fallo

2. El reclamo formulado en orden al cobro de facturas emitidas por la actora debe desestimarse si la contratación por ella invocada está viciada en la forma, en la competencia, en el objeto, en el procedimiento y en la finalidad, lo cual acarrea su nulidad absoluta e insanable por aplicación de los arts.7, incs.a), c), d) y f), 8 y 14 de la ley nacional de procedimientos administrativos 19.549, aplicable en el ámbito local a la fecha en que tuvo lugar la pretendida contratación en virtud de la ley 20.621 y de las actualmente vigentes disposiciones de la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (del voto del Dr. Corti).

3. Las contrataciones que motivan el reclamo realizado en orden al cobro de facturas impagas deben considerarse nulas de nulidad absoluta e insanable al no reunir los requisitos propios sobre existencia y validez de los contratos administrativos (del voto del doctor Balbín.

Texto Completo: .— Buenos Aires, marzo 9 de 2012.

¿Es justa la sentencia apelada?

La doctora Daniele dijo:

Antecedentes:

1. Menu SA inició demanda en la Justicia Nacional en lo Civil, por cobro de pesos contra el GCBA —Secretaria de Salud, Hospital General de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz— a los fines de exigir el pago de la suma de $ 507.518,52, más los intereses a tasa activa para préstamos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (v. fs. 71).

Señaló que la mencionada suma surge de restarle a $ 1.691.728,40 lo ya abonado por la parte demandada ($ 1.184.209,88) por la prestación de los servicios de elaboración y distribución de comida.

Manifestó que el mencionado servicio había sido contratado mediante licitación pública, cuyas condiciones fueron plasmadas en el Pliego de Bases y Condiciones —Decreto 5720/PEN/72— y que había resultado adjudicataria a través de la orden de provisión N° 65, emitida el 23 de diciembre de 1991(v. fs. 71 vta.).

Seguidamente, detalló las facturas individualizándolas con su número de serie, monto y la carpeta en las que tramitaron.

Por último, invocó jurisprudencia relativa al reconocimiento de la legitimidad de la deuda que cabe presumir por parte de quien realiza un pago a cuenta, sin objetar las facturas presentadas; citó jurisprudencia en materia de intereses y de los efectos de la falta de impugnación de las facturas y ofreció prueba.

2. A fs. 102, se recibieron las presentes actuaciones en este fuero, previa declaración de incompetencia del juez civil (v. fs. 97/98). Seguidamente, se dispuso requerir a la demandada las actuaciones administrativas relacionadas con el reclamo, y a fs. 232 se tuvo por habilitada la instancia judicial, previo dictamen fiscal.

3. El GCBA contestó la demanda a fs. 240/255 vta. En esa oportunidad, negó los hechos invocados por la parte actora, en cuanto a la existencia de deuda, a que los pagos realizados hayan tenido carácter de parcial e insuficiente; y, a su vez, descartó la procedencia de la tasa activa y de los intereses punitorios y compensatorios, y la aplicación de las normas contenidas en el Código de Comercio (v. fs. 240 vta.).

Seguidamente, señaló que en el año 1991 se realizó una licitación pública con el objeto de prestar el servicio de elaboración de comidas en el Hospital de Infecciones Muñiz, cuya duración se iba a extender desde el 01-10-90 al 31/03/92, según la orden de provisión N° 65 del 23/12/91 por medio de la cual resultó adjudicataria la actora (v. fs. 241).

Afirmó que se desprendía de lo expuesto que “… todos los supuestos servicios de comida, prestados fuera del contexto temporal y espacial del llamado a licitación, carecieron de sustento legal válido, ya que las supuestas ampliaciones fueron dispuestas en contravención con las normas vigentes…” (v. fs. 241).

Entendió, entonces que —por la existencia de vicios tanto en el objeto como en la competencia de los funcionarios— se le abonó a la parte actora el 70% de lo que aquí reclama ($ 1.184.209,88), en virtud de lo estipulado en el Decreto 255-GCBA-96, cuyo artículo 14, inc. a) establecía que el resto de la suma pretendida quedaba sujeta a revisión de las condiciones contractuales pactadas con anterioridad a agosto de 1996. En este sentido, afirmó que “[d]ebido a los vicios de la contratación, que tornan nula la misma, es que no corresponde el pago del 30% restante, ni de sus intereses” (v. fs. 241 vta.).

Aseveró que las facturas, en cuya virtud se inició la presente acción, no tenían sustento contractual válido, ya que no correspondía extender a los años 1996 y 1997 los efectos de una licitación llevada a cabo en 1991 y cuya finalización fue el 31/03/92.

Luego, en cuanto al encuadre jurídico de la cuestión, observó que debía aplicarse las normas del derecho público y no —como pretendía la actora— las normas del derecho civil y comercial, ya que en materia de contrataciones en servicios públicos o suministros regía el decreto 5720/72 del Poder Ejecutivo Nacional, aplicable en el ámbito local en virtud de la ordenanza 31.655 (v. fs. 243 vta.).

Seguidamente, planteó una reconvención por nulidad de la contratación de los servicios cuyo pago reclama la actora (v. fs. 248 y vta.). En este sentido, argumentó que era nula de nulidad absoluta, ya que había sido confeccionada “…en violación de la legislación vigente por funcionarios incompetentes en violación de las normas aplicables y de las formas esenciales que requieren ineludiblemente todo acto administrativo”, y ostentaba vicios en la competencia, causa, objeto y en el procedimiento.

Por último, ofreció prueba, se opuso parcialmente a la prueba informativa ofrecida por la actora, planteó la reserva del caso federal y del recurso de inconstitucionalidad.

3.1 Dispuesto el traslado pertinente de la reconvención a fs. 256, la actora lo contestó a fs. 264/266.

4. Producida la prueba, a fs. 727/738 vta., dictó sentencia el Sr. juez de grado, rechazando la demanda instaurada en todas sus partes y haciendo lugar a la reconvención deducida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que declaró nulas de nulidad absoluta e insanable las contrataciones que pudieran dar base a los reclamos de pago de las facturas identificadas en la demanda.

Para así decidir, en primer lugar, entendió que debía examinarse la procedencia de la reconvención planteada por la demandada, relativa a la validez de las contrataciones en las que la empresa actora sustentaba su pretensión de pago de las facturas enumeradas en su demanda. En tal sentido, advirtió que las partes no se vincularon por medio de una licitación pública, sino a través de una contratación directa celebrada el 17 de julio de 1996, cuyo pliego y adjudicación a la actora fue aprobado por decreto 3536/91.

Agregó que —de conformidad con ese pliego— la duración prevista para la contratación se extendía del 1/01/92 hasta el 1/01/95, con opción de prórroga por noventa días corridos, por lo que las facturas reclamadas por la actora (1996/1997) fueron por servicios realizados con posterioridad al vencimiento del plazo contractual indicado.

En este sentido, concluyó en que no existía contrato escrito alguno que respaldara las prestaciones que hubieran tenido lugar en los mencionados años (v. fs. 731).

Seguidamente, enunció la postura de la Corte Suprema, respecto a la validez y eficacia de los contratos administrativos y afirmó que el caso debía ser juzgado con arreglo a los principios y reglas del derecho público, por lo que “… en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza N° 31.655, resultaba de aplicación la Ley de Contabilidad (aprobada por Decreto-ley N° 23.354/56) y el Reglamento de contrataciones del Estado aprobado por el decreto 5720/72” (v. fs. 731 vta.).

Luego de realizar un análisis pormenorizado de la prueba aportada por la actora, sentenció que no existía entre las partes un sustento contractual válido que pudiera haber dado base a las facturas emitidas en 1996 y 1997 que pretendía cobrar la parte actora (v. fs. 732 vta.).

Por otra parte, consideró que la falta de presentación —de la empresa— de las ordenes de compra o provisión, exigidas en el art. 81 del reglamento de contrataciones del Estado, impidió —aún más— la comprobación de la forma en la cual había llegado a ser contratista estatal (v. fs. 732).

Asimismo, afirmó que: “[e]l hecho de que la actora haya recibido pagos de la demandada no significa que éstos tengan base en un contrato confirme a derecho” (v. fs. 734), sino sólo en virtud de las disposiciones del Decreto 225-GCBA-96 que expresamente limitaba los alcances del reconocimiento que se hacía a los acreedores de la Comuna hasta la revisión de las condiciones contractuales pactadas con anterioridad a agosto de 1996 (art. 14, inc. a).

Respecto a la existencia de partes de recepción definitiva, entendió que no implicaban la validez de la contratación sino que sólo podrían servir —en principio— como prueba de que hubo prestaciones recibidas por determinada dependencia estatal (v. fs. 735).

Por todo lo expuesto, consideró que la contratación invocada por la actora estaba viciada en la forma, en la competencia, en el objeto, en el procedimiento y en la finalidad, y que estos vicios acarreaban su nulidad absoluta e insanable, por lo que hizo lugar a la reconvención planteada por la demandada.

Seguidamente, indicó que las facturas presentadas por la actora no se habían ajustado a lo previsto en el inciso 108 del reglamento de contrataciones aprobado por decreto 5720/72 (v. fs. 736).

Asimismo, advirtió que la empresa había introducido —recién en su alegato— el argumento de que si el contrato era nulo, debían aplicarse los artículos 1050, 1.052 y concordantes del código civil. En este contexto, recordó el precedente “Cardiocorp” de la CSJN del que se desprendía que: “el principio del enriquecimiento sin causa no resulta aplicable cuando… los extremos de procedencia de la acción respectiva no fueron oportunamente invocados por la actora en la demanda, ni acreditados en la causa” (v. fs. 736).

Además, tuvo en cuenta que: a) la actora había percibido el 70% de lo facturado, b) no había probado los costos en que incurrió para realizar las prestaciones, ni demostró por qué razón los pagos recibidos serían insuficientes en relación con sus costos, y c) la aplicación del artículo 1050 del Código Civil no constituye una vía alternativa para obtener el pago de las facturas; para considerar que no correspondía hacerle lugar a su pedido.

Por último, destacó que de los presentes autos se logró advertir un comportamiento incoherente de la Administración, al decidir por un lado, no prorrogar el contrato que originalmente la vinculaba con la actora, y por el otro, del hecho de que algunos funcionarios habrían requerido a la firma que continuara prestando sus servicios. Por lo que, entendió que correspondía “…poner este decisorio en conocimiento del titular de la Procuración General de la Ciudad, en su carácter de órgano constitucional de control, a fin de que adopte o proponga las medidas pertinentes en orden a investigar y prevenir irregularidades como las que surgen de éstas actuaciones” (v. fs. 738).

Impuso las costas a la actora vencida y reguló honorarios (v. fs. 738 y vta.).

5. A fs. 743, apeló la perito contadora su regulación de emolumentos por considerarlos bajos.

6. A fs. 746, apeló la letrada apoderada de la parte demandada los honorarios regulados en conjunto por bajos, como también los regulados a la perito por considerarlos altos.

7. A fs. 748, apeló la parte actora, cuyos agravios obran a fs. 756/759.

En esta oportunidad, se quejó, en primer lugar, por la declaración de nulidad absoluta de las contrataciones, toda vez que carece de fundamento ya que ha existido de su parte cumplimiento de las obligaciones inherentes a aquella.

En este sentido, fundó su postura en un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sala L “Sorridi SA c/Hospital Gral. de Agudos Cosme Argerich s/cobro de sumas de dinero” Expediente N° 84.174/97, análogo al presente, en el que se hizo lugar a la demanda.

Asimismo, destacó que la prueba producida confirmaba la existencia y regularidad de la contratación, que se había cumplido con todas las obligaciones emergentes de la Licitación Pública que le adjudicó el servicio de elaboración y comida, razón por la cual se agravió de que el sentenciante de grado no hubiera reconocida la existencia de la contratación y la efectiva prestación de los servicios (v. fs. 756 vta./757).

Agregó que el Decreto 225/96, obligó a su parte a que verificara la deuda según el procedimiento establecido en aquél, y fue en ese momento en el que la demandada reconoció la existencia del contrato al haber ordenado el pago del 70% de la deuda (v. fs. 757).

En segundo lugar, se quejó por la negación de la aplicación del principio del enriquecimiento sin causa (art. 1050 del código civil) para compensar los gastos realizados en beneficio de la demandada (v. fs. 758).

Por otro lado, solicitó se aplicarán los efectos de la declaración de nulidad de los actos jurídicos (art. 1050, 1052 y ss del Código Civil), debiéndose restituir recíprocamente lo que hubieran recibido o percibido en virtud del acto anulado (v. fs. 758 vta./759).

8. La demandada, corrido el traslado, contestó los argumentos de su contraria en los términos del escrito obrante a fs. 761/766.

9. A fs. 767 —previo sorteo y estudio— pasaron los presentes al acuerdo. Sin embargo, en atención al lamentable fallecimiento de Eduardo Ángel Russo, y a la excusación formulada por Esteban Centanaro, se modificó el orden de votación y la Sala quedó integrada con los jueces Corti y Balbín (v. fs. 770). Por ello, a fs. 782, pasaron nuevamente los presentes al acuerdo.

Considerando:10. Liminarmente, es menester recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean conducentes para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

11. Aclarado ello, corresponde dilucidar con carácter preliminar, si existió vínculo contractual entre las partes y, en ese caso, en qué consistió y si ha sido conforme a derecho.

En este sentido, el sentenciante de grado entendió que la relación contractual entre las partes no se encontraba probada ya que no hubo contrato escrito alguno que respaldara las prestaciones que hubieran tenido lugar en los años 1996 y 1997 (v. fs. 731).

La recurrente, en cambio, insistió en la existencia de una relación con la demandada, pero sin especificar ni probar de que tipo, y reiteró que debían tenerse en cuenta la efectiva prestación de los servicios brindados por su parte.

11.1 Ello establecido, y tal como lo ha manifestado el sentenciante de grado, deviene innecesario pronunciarse con respecto al contrato original, en tanto la facturación aquí reclamada resulta de fecha posterior a la vigencia de ese acuerdo.

Entonces, debe señalarse que el tema central a dilucidar, consiste en determinar si las facturas basadas en labores ejecutadas durante los períodos 1996 y 1997, es decir, ya operado el vencimiento del plazo convenido (01-01-95, v. fs. 167 y 456/455), gozan de sustento contractual y, en caso negativo, si puede aplicarse a favor de la accionante la teoría del enriquecimiento sin causa o lo dispuesto por el art. 1052 del Código Civil.

Ahora bien, del pormenorizado análisis realizado por el a quo en su sentencia, no caben dudas que la contratación estaba vencida al tiempo en que se efectuaron las prestaciones que, según las facturas, datan de 1996 y 1997, y que tampoco hubo una prórroga válida del mismo.

En este sentido, la propia jurisprudencia de la Corte es conteste con este criterio al sostener que en materia de contratos públicos, la administración se halla sujeta al principio de legalidad, cuya virtualidad es la de desplazar la plena vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en que somete la celebración del contrato a las formalidades preestablecidas para cada caso, y el objeto del acuerdo de partes a contenidos impuestos normativamente, de los cuales las personas públicas no pueden disponer sin expresa autorización legal (Fallos, 316:3157).

No puede soslayarse que la validez de los contratos administrativos se encuentra supeditada, en razón del principio de legalidad que rige toda acción u omisión administrativa, al cumplimiento de los procedimientos de selección impuestos por las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes (Fallos, 316:382 y 323:1515, entre otros). La forma, en tal aspecto, no obedece a un extremo simplemente ritual, responde a cuestiones sustanciales que procuran, como fuera señalado supra, obtener vínculos contractuales que sean oportunos y adecuados al interés público, todo ello en un marco de transparencia.

Por tanto, la actora en su queja se limitó a insistir en su cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, pero no probó que el vínculo que promedió entre 1996 y 1997 se hallaba asentado en una contratación válida ni en una prórroga del contrato originario (destinado a regir entre el 01/01/1991 y el 01/01/95).

Tampoco podría llegar a admitirse la hipótesis de que exista una suerte de contrato tácito, ya que ello también llevaría ínsito una grave irregularidad en la génesis de la formación de la voluntad administrativa, que rompe abruptamente con las reglas que regulan el procedimiento de selección en general y la licitación pública en especial.

Es oportuno remarcar que de aceptarse la tesitura que propone la actora se avalaría que en base a un contrato originariamente válido, pero extinto unos cuantos años antes, existieran “prorrogas” que desconocen la ley del contrato, lo cual implica romper las más elementales pautas de la selección, no configurándose siquiera una suerte etérea e irregular contratación directa, sino lisa y llanamente un supuesto de libre elección (Cfr. esta Sala en autos “Orrico”, sentencia del 18/04/07).

11.2 Así las cosas, conviene señalar que es jurisprudencia de la Corte que para que exista contrato válido se deben haber respetado las formas esenciales que hacen al procedimiento de selección del contratista. En tal orden, recientemente dijo el Alto Tribunal que “el procedimiento de licitación pública ha sido instituido como regla general con el propósito de que la competencia entre las distintas ofertas permita a la Administración obtener los mejores productos al precio más conveniente, y tiende a evitar la existencia de sobreprecios…” (CSJN, in re “Recurso de hecho deducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa Cardiocorp S.R.L. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, de fecha 27.12.06).

Esta Sala también se expidió sobre el punto sosteniendo que el procedimiento de licitación pública, como regla general entre los diversos procedimientos de selección, no se trata de una mera formalidad, ya que procura por medio de la concurrencia y competencia entre los oferentes, a través de un trato igualitario, la correcta utilización de los recursos públicos para la satisfacción de la necesidad general que se pretende satisfacer. Así las cosas, no es dispensable para la administración cumplir o no con la norma, es un imperativo que delimita el curso de acción a seguir por el órgano administrativo, no sólo para cumplir con su propia finalidad teleológica sino fundamentalmente por el imperio del principio de legalidad (in re “Orrico”, sentencia de fecha 18/4/07).

Es que, el decreto 5720/72 establece distintos procedimientos de selección, y fija como regla general la licitación pública, siendo excepcional —es decir, para los supuestos que expresamente prevé la norma— la contratación directa, toda vez que en ésta la concurrencia se restringe dejando un mayor margen de discreción a la autoridad administrativa. Como puede apreciarse, el funcionario no puede optar por contratar directamente cuando no se dan los supuestos que así se lo permiten, ni tampoco puede adoptar un curso de acción que, de manera elíptica, culmine por avasallar todo el régimen de selección previo.

Por tanto en caso de no haberse acreditado la existencia de un contrato administrativo celebrado conforme los procedimientos establecidos por la normativa aplicable no resultaría admisible el planteo de la actora por —como bien ha expresado el sentenciante de grado— el vicio de nulidad absoluta e insanable que dicho acuerdo padecería.

Por todo lo expuesto, entiendo que debe ser confirmado lo resuelto por el sentenciante grado en este aspecto.

12. Con relación al agravio de la actora por el rechazo de la aplicación del principio del enriquecimiento sin causa, por parte del a quo, en tanto su petición recién había sido introducida en su alegato, por lo que no había sido debatido, ni acreditado (v. fs. 736 y ss.), esta Sala tiene dicho —por la cantidad de casos análogos que hemos tenido que sentenciar— que este tipo de prácticas comprueban una desviación sistemática al ordenamiento jurídico, que generan, también, una situación de desequilibrio entre las partes, ya que en la mayoría de los casos el Estado recibió efectivamente las prestaciones y no abonó la suma pactada.

Ante tal situación, esta Sala, entendió que razones de equidad imponían revertir tal circunstancia en base a la teoría del enriquecimiento sin causa, y así ordenar la restitución no del “precio” (es decir, excluir la ganancia programada) sino del “costo” de los insumos a valores históricos y sus accesorios en caso de ser procedente, todo ello sujeto —como es obvio— a la pertinente prueba judicial (v. esta Sala in re “Asociación Cooperadora Almirante Brown”; Expte. 4335/0, sentencia de fecha 04.05.06). No obstante, en el caso que nos ocupa ello no fue peticionado y por tanto no es un capítulo propuesto a la jurisdicción.

En casos anteriores similares al presente (“Tellado, Héctor”, sentencia del 19/9/2002, expte. N° 1362; “Sanecar SACIFIA”; sentencia del 11/9/2002, expte. 690/0, entre otros) este Tribunal recordó en relación al principio de congruencia, que se encuentra consagrado en los arts. 27, inc. 4° y 145, inc. 6° del CCAyT CABA e importa que los jueces deben abstenerse des pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o hechos no afirmados por las partes.

Se entendió que la congruencia debe abarcar todo el proceso. Es que aquélla descansa en todos los principios que lo informan. En tal sentido, la validez de la sentencia requiere la inalterabilidad del objeto de la pretensión, y del contenido del litigio, como así también la imposibilidad de incorporar en el pleito pruebas sorpresivas. Lo contrario, lo torna inconstitucional porque vulnera los límites del debido proceso.

De manera coincidente tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “El carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio y del derecho de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos” (“Ferreyra, Andrea Blanca c/Ulloa, Carlos Daría s/Recurso de Hecho”, sentencia del 25/2/1992).

Así, en casos en que la actora no introdujo —ni en su presentación inicial ni en su contestación del traslado de la nulidad articulada por el GCBA— la pretensión del reconocimiento de su derecho a percibir una compensación sobre la base de la configuración de enriquecimiento sin causa a favor de la demandada; en virtud del mencionado principio de congruencia, no fue posible que prosperara su petición (Esta sala en “Mombelli Claudio Alberto c/GCBA s/cobro de pesos”, Expte. 3800/0, sentencia del 14 de noviembre de 2009.

En efecto, señaló la Corte Suprema, con relación al tema, que “no es […] posible fundar la decisión condenatoria en los principios del enriquecimiento sin causa, ya que, por un lado la actora fundó su demanda de cobro en un supuesto incumplimiento contractual y no en la citada institución, y por otro, no ha existido la indispensable invocación y prueba del empobrecimiento como condición de existencia del derecho a reparar” (CSJN, “Ingeniería Omega Sociedad Anónima c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, en sentencia del 5/12/2000, reiterada recientemente en el caso “Cardiocorp”, C. 1597. XL, RHE, sentencia del 27/12/2006).

En el caso que nos ocupa, dado que ni en la demanda ni al tiempo de contestarse la reconvención deducida por la demandada ha peticionado la accionante que se haga lugar al enriquecimiento sin causa que hubiera podido producirse, por lo que no hubo prueba tendiente a acreditar el costo de los servicios prestados —sino que recién fue planteado en su alegato—; no cabe sino confirmar lo resuelto por el sentenciante de grado y rechazar el agravio deducido en cuanto a la aplicación de este instituto puesto que lo contrario importaría apartarse del principio de congruencia.

13. Análogas conclusiones cabe formular respecto de la queja de la recurrente respecto de que el magistrado de grado debió aplicar el art. 1052 del Código Civil, debiéndose restituir recíprocamente lo que las partes hubieran recibido o percibido (v. fs. 758 vta./759).

Debe señalarse que está pretensión en estos actuados no fue introducida ni en la demanda, y ni siquiera en subsidio o en oportunidad de contestar el traslado de la nulidad del contrato articulada por el Gobierno (v. fs. 264/266), por lo que pretende, ahora, —indebidamente— que este Tribunal falle.

En este sentido, debe recordarse, que la jurisdicción de la Sala se limita a los capítulos propuestos al Tribunal de grado (art. 247, CCAyT), todo lo cual impone el rechazo del agravio.

14. Corresponde ahora resolver el recurso interpuesto —a fs. 746— por la abogada de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires contra los emolumentos que le fueron regulados a los letrados intervinientes por el GCBA en su conjunto, por la sentenciante de grado a fs. 738 vta. Dicho acto jurisdiccional asignó a los profesionales una retribución de noventa y nueve mil sesenta y ocho pesos ($ 99.068), la que el apelante consideró baja.

De conformidad con lo que se dispone en los artículos 6°, 7°, 9°, 10, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 —texto según ley 24.432— y considerando la naturaleza del proceso, su monto, las etapas cumplidas, el mérito de la labor desarrollada y la importancia y trascendencia de los trabajos realizados al momento de decidir la cuestión bajo análisis, cabe concluir que los honorarios en recurso —que no fueron apelados por altos— resultan ajustados a derecho, por lo que corresponde sean confirmados.

14.1 En cuanto al recurso interpuesto a fs. 743 por la perito contadora María Fernanda Musella contra los emolumentos que le fueron regulados por el sentenciante de grado ($ 10.150), señaló que resultaba bajo, en atención a las tareas llevadas a cabo, y el GCBA los apeló por considerarlos altos (v. fs. 746).

En vista de los fundamentos esgrimidos por el apelante, de lo dispuesto por el artículo 386 del CCAyT y por el Decreto-ley 7887/55, de la calidad, complejidad, extensión en el tiempo de la tarea realizada por el profesional de mención y de la importancia y trascendencia de los trabajos realizados al momento de decidir la cuestión bajo análisis, cabe concluir que deberán ser elevados, por resultar reducidos, a la suma de veinte mil trescientos pesos ($ 20.300).

15. En cuanto a la regulación de los honorarios de esta alzada de los letrados intervinientes por el GCBA en su conjunto, teniendo en consideración lo estimado en la instancia anterior y que aquí se confirma, se la fija en la suma de veintinueve mil setecientos veinte pesos ($ 29.720), de acuerdo a lo dispuesto por el art. 14 de la ley 21.839 y atento a la calidad de las tareas cumplidas.

16. Finalmente, resta considerar la imposición de costas de esta alzada. Para ello, cabe recordar que sólo la actora ha apelado la sentencia, mientras que el GCBA se limitó a cuestionar los emolumentos regulados en su favor y de la perito contadora. Por su parte, el GCBA respondió los agravios introducidos por la actora.

Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, a efectos de determinar la imposición de costas de esta instancia cabe destacar que los agravios de la parte actora fueron rechazados en su totalidad. En atención a estas circunstancias, cabe imponer las costas de esta instancia a la accionante vencida (conf. art. 62 CCAyT).

En mérito a lo antedicho, propongo al acuerdo: I. Rechazar los agravios interpuestos por la actora y confirmar, por tanto, la sentencia de grado. II. Hacer lugar a la apelación de honorarios de la perito. III. Rechazar la apelación de los emolumentos del apoderado del GCBA. IV. Regular los honorarios conforme lo desarrollado en los considerandos 14, 15 y 16. V. Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida (art. 62 CCAyT). Así voto.

El doctor Corti dijo:

I. Adhiero al relato de los hechos y a la solución propuesta por mi colega preopinante Dra. Daniele, por los fundamentos que expongo en este voto.

II. En el primero de sus agravios, la recurrente cuestiona la sentencia de grado en cuanto declara nulas de nulidad absoluta e insanable las contrataciones que pudieran dar base a los reclamos de pago de las facturas identificadas en la demanda.

Sobre este punto, previo a todo considero necesario examinar el vínculo jurídico invocado por la actora a efectos de sustentar su pretensión.

Al respecto la Corte Suprema ha señalado que “la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia”, agregando que “no es posible admitir la acción basada en obligaciones que derivarían de un supuesto contrato que, de haber sido celebrado, no lo habría sido con las formalidades establecidas por el derecho administrativo local para su formación” (cfr. CSIN, in re “Ingeniería Omega S.A. c/M.C.B.A.”, sentencia del 5 de diciembre de 2000).

La Sala I que integro también ha destacado que, a diferencia de lo que ocurre en las contrataciones que se desenvuelven en el ámbito del derecho privado, en donde —en general— se otorga una especial primacía a la autonomía de la voluntad en cuanto a su forma de instrumentación —art. 1020, Código Civil—, en el ámbito del derecho público, y más específicamente del derecho administrativo, los aspectos formales y procedimentales de los contratos son presupuestos indispensables para su validez (in re “Linser SACIS”, expte. EXP. n° 2398, sentencia del 6 de septiembre de 2002).

Tampoco puede soslayarse que, tal como lo ha puntualizado la Sala I, en materia de contratos administrativos es relevante la observancia de las formas, ya que prima la tipicidad sobre la informalidad (“Hotel Corrientes”, Exptes. EXP. n° 3795 y 3796, sentencia del 30 de abril de 2003).

Asimismo, en repetidas oportunidades, la Corte Suprema ha sostenido que los contratistas del Estado tienen un deber de diligencia calificado. Así, el Tribunal ha expresado que estas empresas, por su especialización, poseen un acceso indudable a toda información (CSJN, in re “J. J. Chediak S.A. c/Estado Nacional s/nulidad de resolución”, sentencia del 27 de agosto de 1996), que debe incluir, necesariamente, el conocimiento de la normativa a la que se sujetan las contrataciones (cfr. Sala I in re “Sulimp SA”, sentencia del 6 de septiembre de 2002).

Por lo tanto, cuando la normativa vigente exige una determinada forma para instrumentar el contrato administrativo o bien para llevar a cabo su ejecución, ella es de cumplimiento inexcusable.

Dentro de esta línea de reflexiones, comparto las consideraciones efectuadas por el a quo, en cuanto ha dicho que en el caso “…no existió una contratación (o una prórroga) hecha en legal forma…” y que “… [e]n cuanto a los partes de recepción definitiva, pueden llegar a acreditar que se realizaron las prestaciones que allí se indican, pero no que haya habido un contrato válido…” (Considerando III.6), para decidir finalmente que “…la contratación invocada por la actora está viciada en la forma, en la competencia, en el objeto, en el procedimiento y en la finalidad, y estos vicios acarrean su nulidad absoluta e insanable (arts. 7° incisos a), c), d) y f), 8° y 14 inc. b) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, aplicable al ámbito local en la lecha en que tuvo lugar la pretendida contratación en virtud de la Ley N° 20.261: tales disposiciones análogas a la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad actualmente vigente)…” (Considerando III.7).

Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el presente agravio.

III. El segundo y último de los agravios expresados por la actora, ataca el decisorio de primera instancia por cuanto deniega la aplicación de las consecuencias de los actos nulos conforme los Arts. 1050, 1052 y concordantes del Código Civil.

Al respecto, el a quo ha dicho que la aplicación de los mencionados artículos “…no releva a la demandante de producir la prueba que hace a los extremos de su pretensión (art. 301 del CCAyT). Específicamente, para volver las cosas al statu quo ante, como si las prestaciones y los pagos no hubieran tenido lugar, es menester que la actora demuestre los costos en que incurrió para proveer los servicios que habría prestado…”.

Asimismo, cabe destacar que al momento de interponer la demanda, la accionante no detalló como parte de su pretensión que la acción de cobro intentada encontraba sustento —al menos en forma subsidiaria— en la aplicación del instituto de enriquecimiento sin causa, sino que en todo momento se limitó a intentar el cobro de las prestaciones ejecutadas en el marco de un contrato que finalmente fue declarado nulo.

Es necesario recordar que el art. 269° del CCAyT establece que la demanda debe contener la petición en términos claros y positivos. Por su parte, los arts. 145° y 147° del citado ordenamiento señalan que las decisiones de los jueces deben recaer exclusivamente sobre las pretensiones deducidas en el juicio. Así, el objeto de la demanda constituye un límite de naturaleza adjetiva para el juez, que por aplicación del principio de congruencia, no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión.

Teniendo en cuenta las previsiones normativas antes citadas, no surge del escrito de demanda que la accionante haya dirigido su pretensión a obtener el reconocimiento de un derecho a restitución con sustento en el principio del enriquecimiento sin causa. Por el contrario, tal como ha sido planteada la acción, ésta se dirigió a obtener el cobro de prestaciones efectuadas en el marco de una relación contractual.

Expuesto lo que antecede, resulta de aplicación al caso lo expresado por la Corte Suprema en el precedente “Ingeniería Omega”, ya citado, donde se señaló que no corresponde fundar una decisión condenatoria en los principios del enriquecimiento sin causa, “toda vez que ello importa una grave violación al principio de congruencia, puesto que la actora fundó su demanda de cobro de pesos en el supuesto incumplimiento contractual y no en la institución citada. En este sentido, cabe recordar que esta Corte ha resuelto que los presupuestos de procedibilidad de la acción de enriquecimiento sin causa deben ser previstos al incoarse la demanda, así como también la carga de su prueba corresponde a la actora (Fallos, 292:97)”.

Refuerza lo dicho anteriormente, el análisis de las constancias probatorias ofrecidas y luego producidas por la actora, ya que ellas tienden a demostrar la existencia de una relación contractual con la demandada, y no así su propio empobrecimiento.

Cabe recordar que la demostración del quantum del menoscabo patrimonial constituye una cuestión fundamental en el marco de la acción in rem verso, toda vez que su prueba determina el límite de la reparación que encontrará sustento en el enriquecimiento incausado.

Así las cosas, las facturas impagas adjuntadas por la accionante, si bien podrían resultar adecuadas para sustentar un derecho a resarcimiento en una relación contractual, no constituyen un medio de prueba idóneo para demostrar la medida del empobrecimiento en el marco de una acción de restitución, toda vez que las mismas incluyen el beneficio o ganancia que la actora esperaba obtener con la prestación del servicio, cuya restitución resulta improcedente a tenor de lo ya expresado (cfr. Sala I, in re “Linser SACIS”, expte. EXP. n° 2397, sentencia del 19 de julio de 2002).

En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “…la aplicación de los principias del enriquecimiento sin causa no es procedente (…) ya que no ha existido la indispensable invocación y prueba del empobrecimiento como condición de existencia del derecho a repetir…” (CSJN, “Ingeniería Omega”, ya citado).

Por los motivos expuestos, corresponde rechazar el presente agravio.

Así dejo expresado mi voto.

El doctor Balbín dijo:

I. Adhiero al voto de la Dra. Mabel Daniele Con las siguientes consideraciones.

II. La actora se agravia, en primer lugar, porque la sentencia de grado declaró nulas de nulidad absoluta e insanable las contrataciones sobre las que se sustentaría el pago de las facturas objeto de reclamo.

Entiendo que el presente agravio no puede prosperar toda vez que la contratación que vincula a las partes no reúne los requisitos propios sobre existencia y validez de los contratos administrativos. Sobre el punto, me remito a lo expuesto —entre otras— en las causas “Linser SACIS”, Expte. Exp. N° 2397, sentencia del 19/7/2002; “Linser SACIS”, Exp. N° 2398, sentencia del 6/09/2002; “Farmed S.A. c/Gcba s/Cobro de Pesos”, Exp. 4374/0, sentencia del 22/10/2007; “Sulimp S.A. c/Gcba y otros sobre Cobro de Pesos”, EXP 1008/0, sentencia del 10/07/2009.

III. En segundo lugar, la demandante se queja porque el juez rechazó la aplicación del principio de enriquecimiento sin causa en las presentes actuaciones. En este aspecto, el recurrente tampoco logra conmover el decisorio del juez anterior por las siguientes razones.

1) Primero, la restitución solicitada por la actora como consecuencia de la declaración de nulidad de la contratación con base en el artículo 1050, CC —que cabe recordar establece que “La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado”— no importa otra cosa que la aplicación al caso del principio del enriquecimiento sin causa. Encuadrada así la cuestión a resolver por este Tribunal, corresponde analizar si existe o no un derecho de reparación a favor de la empresa actora con base en ese principio jurídico. En particular, la actora sostiene que se debieron aplicar los arts. 1050, 1052 y concordantes del C. Civil y, en consecuencia, debería haber devuelto las sumas que le fueron pagadas y, a su vez, la parte demandada reintegrar el valor de los insumos efectivamente recibidos. En cuanto a los créditos que recíprocamente resulten a favor de cada parte, una vez establecidos, se compensarían automáticamente hasta donde alcanzase la suma menor.

2) Segundo, adelanto mi opinión en el sentido de que, dados los antecedentes normativos y jurisprudenciales aplicables a la causa, no asiste razón a la apelante. A efectos de resolver este agravio, es necesario determinar si al momento de interponer la demanda, el actor planteó como parte de su pretensión que el cobro intentado encontraba fundamento —al menos en forma subsidiaria— en el instituto del enriquecimiento sin causa. Cabe recordar que el artículo 269 del CCAyT establece que la demanda debe contener la petición en términos claros y positivos. Por su parte, los artículos 145 y 147 del citado Código señalan que las decisiones de los jueces deben recaer exclusivamente sobre las pretensiones deducidas en el juicio. Así, el objeto de la demanda constituye un límite de naturaleza adjetiva para el juez, quien por aplicación del principio de congruencia no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión. Por otra parte, la acción de restitución —acción de in rem verso—, cuya titularidad corresponde a quien se ve perjudicado por el desplazamiento patrimonial incausado, procede ante la ausencia de otra causa o título. Por ello, reviste carácter excepcional y, por tanto, se ejerce en forma subsidiaria.

Teniendo en cuenta las previsiones normativas antes citadas, no surge del escrito de demanda que la accionante haya dirigido su pretensión a obtener el reconocimiento de un derecho de restitución con sustento en el principio del enriquecimiento sin causa. Por el contrario, tal como ha sido planteada la acción, ésta se dirigió exclusivamente a obtener el cobro de prestaciones efectuadas en el marco de una relación contractual. Así, en su demanda Menú S.A. no planteó siquiera esta cuestión.

3) Tercero, de conformidad con lo expresado en los considerandos que anteceden, resulta de aplicación al caso lo señalado por la Corte Suprema en el precedente “Ingeniería Omega”, en donde el Tribunal señaló que —según las circunstancias del caso— no corresponde fundar una decisión condenatoria en los principios del enriquecimiento sin causa “toda vez que ello importa una grave violación del principio de congruencia, puesto que la actora fundó su demanda de cobro de pesos en el supuesto incumplimiento contractual y no en la institución citada. En este sentido, cabe recordar que esta Corte ha resuelto que los presupuestos de procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa deben ser previstos al incoarse la demanda, así como también la carga de su prueba corresponde a la actora”. Este criterio del Tribunal ha sido reiterado en los precedentes “Cardiocorp S.R.L. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sentencia del 27/12/2006, “Produlab S.A. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentencia del 27/12/2006) y “Técnica de Investigaciones y Servicios de Luis A. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, sentencia del 15 de mayo de 2009.

4) Por último, cabe señalar que he tenido oportunidad de exponer en detalle los fundamentos indicados en los puntos anteriores en las causas “Linser S.A.,C.I.S. c/Gcba s/Cobro de Pesos”, EXP 2398/0, sentencia del 06/09/2002 y Exp. 2397/0, sentencia del 19 de julio de 2002; “Sulimp S.A. c/Gcba y otros s/Cobro de Pesos”, Exp. 1009/0, sentencia del 06/09/2002; “Farmed S.A. c/Gcba s/Cobro de Pesos”, EXP 4374/0, sentencia del 22/10/2007; “Beraldo Claudio Felipe c/Gcba s/Cobro de Pesos”, EXP 18344/0, sentencia del 08/04/2009; “Sulimp S.A. c/Gcba y otros sobre Cobro de Pesos”, EXP 1008 /0, sentencia del 10/07/2009; “Menú S.A. c/Gcba s/Cobro de Pesos’, EXP 2269 /0, sentencia del 10/08/2011, entre otras.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el presente agravio. Así dejo expresado mi voto.

Por lo antedicho, este Tribunal, por unanimidad resuelve: I. Rechazar los agravios interpuestos por la actora y confirmar, por tanto, la sentencia de grado. II. Hacer lugar a la apelación de honorarios de la perito. III. Rechazar la apelación de los emolumentos del apoderado del GCBA. IV. Regular los honorarios conforme lo desarrollado en los considerandos 14, 15 y 16. V. Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida (art. 62 CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.— Horacio A. G. Corti. — Nélida M. Daniele. — Carlos F. Balbín.