En autos ‘’Politi, Pedro M. v. UBA’’ se dijo que son nulas por vicio en el elemento motivación las Resoluciones del Consejo Superior de una Universidad por las que, en el marco de un concurso docente, se rechazó el recurso interpuesto por un concursante contra el acto que desestimando su impugnación aprobó el dictamen del jurado y se designó a otro concursante, dado que en las mismas se sostiene, en forma abstracta y sin referencia alguna al caso concreto, que no se verifican defectos de forma o procedimiento ni manifiesta arbitrariedad, y califican como meras diferencias de opinión a las concretas y detalladas impugnaciones esgrimidas, y tampoco se justifica porque el jurado no dio cumplimiento con lo oportunamente requerido por el Consejo Superior en cuanto a expedirse nuevamente respecto de los errores y omisiones alegados.

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Expediente: 509530/04
2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, julio 3 de 2012.
Considerando:
I. – Que, por escrito cuya copia luce a fs. 1/36, se presenta —por medio de su letrada apoderada— el señor Pedro M. Politi e interpone recurso de apelación —en los términos del art. 32, ley 24521— contra las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dictadas el 11/7/2007 bajo los n. 2776/2007 y 2277/2007, recaídas en el expte. n. 509.530/04 de la Facultad de Medicina de esa Universidad.
Solicita: (a) se revoque las citadas resoluciones; (b) se deje sin efecto -por vicios de forma y de procedimientos y arbitrariedad manifiesta- el concurso para proveer un cargo de profesor regular titular con dedicación semiexclusiva en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina, cuyo llamado fue dispuesto por res. (CS) 2927/2004 y; (c) se deje sin efecto la designación como profesor titular del Departamento de Farmacología del Dr. Pedro S. Lipszyc.
Sostiene que los profesores Rothlin y Diez —integrantes del jurado— debieron haber cumplido con su obligación legal y moral de excusarse y que no lo hicieron. Al efecto, relata las circunstancias fácticas que —a su criterio— justificaban su excusación.
Manifiesta que el dictamen omite decir que la entrevista personal se llevó a cabo a puertas cerradas, sin permitirse asistencia de público, sin veedores, ni grabadores o elementos de conservación de diálogo. Relata un conjunto de exabruptos que —indica— fueron cometidos por el jurado Rothlin y sostiene que éste emitió opinión acerca del resultado del concurso. Al respecto, invoca que el INADI emitió dictamen con relación a la discriminación que el actor denunció haber sufrido durante la entrevista personal con el jurado —consistente en que se afirmó que el actor no iba a ser consagrado profesor titular por opinar que es posible la fabricación de medicamentos por gestión estatal pública—. Y, advierte que la Facultad de Medicina y la UBA nada hicieron ante el concluyente dictamen y la exhortación allí formulada —transcribe la conclusión del mencionado dictamen—.
Alega la arbitrariedad del dictamen del jurado y, al efecto, indica: (a) que se omitieron los mayores méritos del actor respecto del otro postulante, tal como que aquél se graduó con 9.50 puntos de promedio general en la carrera, con Diploma de Honor de la Facultad de Medicina de la UBA y que su tesis doctoral fue calificada como “sobresaliente”; que se omitió toda mención a la carrera de docente del actor mientras que se ponderó la mera antigüedad en la docencia del Prof. Lipszyc; (b) que la aseveración que consigna el “notable reconocimiento de sus pares” —respecto del otro postulante— constituye una expresión subjetiva y externa al concurso; (c) que, si bien se menciona que el Prof. Lipszyc participó como relator en más de ciento setenta reuniones científicas nacionales e internacionales, se omitió consignar que ninguno de esos relatos se publicó y que ninguna de esas intervenciones generó publicación alguna; (d) que se citó erróneamente la categoría que el Prof. Dr. Politi revistió en su estadía en los Institutos Nacionales de la Salud de EEUU como meramente “clínico” cuando el título es “Investigador Cínico Asociado”; (e) que se afirmó equivocadamente que, desde 1982 hasta la actualidad, el Prof. Dr. Politi realizó dos cursos de post-grado como participante coordinador en tanto que destaca que el actor acreditó ciento dos cursos de post-grado en veinte años contra veintitrés cursos en treinta años del Prof. Lipszyc; (f) que no se valoraron los premios y distinciones conferidos al actor —que allí detalla—. En lo atinente al currículum vitae del Prof. Lipszyc, observa: (a) que en el rubro “títulos universitarios” computa nominaciones claramente no-universitarias; (b) que, en cuanto al título de profesor adjunto obtenido y renovado, los cita como dos títulos autónomos cuando la renovación de un título es la renovación para su vigencia, no un nuevo título; (c) que, en los antecedentes docentes, se explaya con detalles innecesarios y/o redundantes y que presenta como que han estado a su cargo cursos de postgrado que tuvieron otros directores; (d) que, en lo que concierne a los “aportes originales en farmacología”, consigna los antecedentes de labor docente y profesional pero no menciona ni un solo aporte original en la especialidad Farmacología; (e) que, en lo que respecta a la labor profesional y/o de extensión universitaria, realiza un desarrollo y comentario a sus actividades como docente cuando esas actividades ya las había indicado. Con relación a la comparación de la importancia de los trabajos científicos de ambos postulantes, señala que no se examinó minuciosamente los antecedentes de los aspirantes en tanto que se computó como antecedente la mera antigüedad en el citado del curso del Prof. Lipszyc, ignorando, omitiendo y aun falseando los antecedentes que surgen de los CV presentados para concursar. En lo concerniente al plan de labor docente propuesto por el Prof. Lipszyc, refiere: (a) que aquél consigna que propondrá la continuidad de la división de la materia en dos capítulos —Farmacología I y Farmacología II— empero que no depende del citado aspirante su implementación, por carecer de competencia, sino del Consejo Directivo de la Facultad con aprobación del Consejo Superior de la Universidad; (b) que en él propone retornar a las mostraciones prácticas pero que, debido al costo, sugiere hacerlas en video-casettes, lo cual constituye un reconocimiento de que ha venido hasta ahora enseñando la materia sin desplegar un elemento fundamental para el desarrollo y conocimiento de la misma.
En lo atinente al dictamen de la Secretaría de Asuntos Legales de fs. 155/159 de las actuaciones administrativas, indica que constituye un desacierto no haberle otorgado carácter impugnativo a la presentación que luce a fs. 128/142 del expediente administrativo; observa en que el actor planteó dos casos objetivos de excusación; advierte que aquél no planteó una causal sobreviniente de recusación contra el Prof. Dr. Rothlin; e insiste en la procedencia de los testimonios de los testigos de la prueba de oposición.
Afirma que el dictamen de la Comisión de Concursos del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina ignora la naturaleza impugnativa de la presentación de fs. 128/134 de los actuados administrativos y que nada dice respecto de las excusaciones.
En cuanto a la res. CD 1805/2005, postula: (a) que en la sesión de 11/8/2005 el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina votó y aprobó el dictamen de su Comisión de Concursos sobre el expte. n. 509.530/04, sin consideración, deliberación, ni debate de ninguna naturaleza; que el actor pidió su agregación (fs. 187 del expediente administrativo) pero que nunca se efectuó; que no obra ninguna constancia en el diario de sesiones de que ese despacho se hubiese aprobado, ni siquiera leído, tratado, ni votado; (b) que el dictamen de comisión que sirvió de proyecto de resolución no describe las peculiaridades de las cuestiones planteadas.
Considera que el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Buenos Aires no analiza ni uno solo de los agravios del actor, ciñéndose a la formalidad procedimental del concurso.
Respecto de las aclaraciones emitidas —a fs. 210/212 de los actuados administrativos— por el jurado, insiste en la procedencia de la prueba testimonial que ofreciera.
Denuncia la ausencia de dictamen de la Comisión de Concursos del Consejo Superior y, al efecto, indica que el actor solicitó vista y copia íntegra de la sesión del Consejo Superior UBA Acta 17 de 11/7/2007 en la que se habría aprobado el rechazo de los recursos del Prof. Dr. Politi, sin que se le diera la vista solicitada y que sólo se le entregó una versión sintética.
En lo concerniente a las res. CS 2276/2007 y 2277/2007, sostiene: (a) que la forma de proceder que de ellas surge, se aparta totalmente del procedimiento consignado en los arts. 38, EU y 36, RC; (b) que la omisión de la mención de la existencia de antecedentes importantes del Prof. Dr. Politi y de gruesos errores expositivos del Prof. Lipszyc tiñe de arbitrariedad manifiesta a la decisión y que, si a ello se agrega la falta de sujeción a la normativa vigente de fondo y de forma, configura una vía de hecho autoritaria.
Y, en cuanto a la res. CS 2276/2007, hace hincapié en: (a) que ella no menciona de que hubiese dictamen de la Comisión de Concurso del Consejo Superior, ni del tratamiento que se diera al tema en la reunión del Consejo Superior en la que presuntamente se habría aprobado el dictamen de la Comisión, de lo que tampoco se ha dado vista al actor; (b) que carece de motivación en la medida en que, en sus Considerandos, copia párrafos del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Buenos, sin advertir que en ellos el servicio jurídico afirma que él carece de competencia para considerar cuestiones académicas como las planteadas por el actor.
II. – Que, a fs. 37/37 vta., luce agregada la copia de la contestación que formulara la Universidad de Buenos Aires respecto del recurso de apelación directa deducido en autos por el señor Pedro M. Politi.
III. – Que, en primer término, por cuestiones de orden procesal, corresponde expedirse con relación al cuestionamiento que el apelante formula en el entendimiento de que dos de los integrantes del jurado debieron haberse excusado.
Al respecto, se debe advertir que dicho planteo es intempestivo en la medida en que la primera oportunidad en la que el actor efectuó tal observación fue con posterioridad a que el jurado emitiera su dictamen —conf. glosada a fs. 48/69 de las actuaciones administrativas—, es decir que aquél consintió la conformación del jurado.
IV. – Que, sentado ello, a continuación se procederá a la consideración del conjunto de agravios esgrimidos por os que el apelante postula la existencia de vicios en el procedimiento y en los distintos actos emitidos en la sustanciación del concurso en cuestión.
Al efecto, corresponde poner de relieve las siguientes actuaciones que se verifican en la compulsa el expte. adm. n. —original— 0509530/2004:
– que, por res. 2927/2004, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de Medicina para proveer —en lo que aquí concierne— un cargo de profesor titular regular con dedicación semiexclusiva en el Departamento de Farmacología (confr. fs. 2/4);
– que, a fs. 42/46, el jurado emitió dictamen;
– que, por presentaciones de fs. 48/69 vta., fs. 128/134 y fs. 147/154 vta., el actor impugnó el dictamen del jurado;
– que, por res. 1805/2005, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina rechazó la impugnación presentada por el aquí apelante y aprobó el dictamen formulado por el jurado (conf. fs. 162/165);
– que, por presentación de fs. 175/187 vta., el actor impugnó la res. (CD) 1085/2005;
– que, por res. 1192/2006, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dispuso la devolución del expediente administrativo a fin de que el jurado analizara las presentaciones efectuadas por el aquí actor (conf. fs. 199);
– que, por res. 085/2007, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina solicitó el jurado que tome conocimiento de la impugnación presentada y que efectúe las aclaraciones que estime correspondientes (conf. fs. 203/205);
– que, a fs. 210/212, el jurado se expidió;
– que, por res. 403/2007, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, tomó conocimiento de lo expresado por el jurado a fs. 210/212 y dispuso elevar las actuaciones al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ratificando la res. (CD) 1805/2005 (conf. fs. 215/217);
– que, por res. 2276/2007, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires rechazó el recurso interpuesto por el doctor Pedro M. Politi y, por res. 2277/2007, el citado Consejo Superior designó al médico Pedro S. Lipszyc profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina (conf. fs. 220/221 y fs. 223).
V. – Que, ahora bien, cabe poner de resalto que las minuciosas objeciones que el actor expone en su recurso de apelación en cuanto a las omisiones alegadas respecto del dictamen del jurado reproducen sustancialmente los planteos que aquél formulara en la sustanciación del concurso en cuestión a través de sus presentaciones de fs. 48/69 vta., fs. 128/134, fs. 147/154 vta.y fs. 175/187 vta.
Sentado ello, en cuanto a la res. (CD) 1805/2005 —que rechazó la impugnación del actor y aprobó el dictamen del jurado—, corresponde señalar que ella tuvo en cuenta la opinión vertida por la Secretaría de Asuntos Legales respecto de los planteos atinentes a dos de los integrantes del jurado, indicó que el jurado había aportado explícitamente todos los elementos de juicio que tuvo en consideración y consignó que no se observaban defectos de forma y/o procedimiento, ni manifiesta arbitrariedad en la actuación del jurado. En tales condiciones, se advierte claramente que la citada Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina no se expidió respecto de ninguna de las impugnaciones que el doctor Politi formulara contra el dictamen. Avala lo expuesto la decisión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires de devolver las actuaciones a fin de que el jurado analizara las presentaciones efectuadas por el doctor Politi (conf. res. (CS) 1192/2006).
Ahora bien, es oportuno realizar una reseña sucinta de las expresiones vertidas por el jurado a fs. 210/212 de las actuaciones administrativas. Allí, sustancialmente, se postula: que se tomó en consideración todos los antecedentes de cada uno de los participantes; que el profesor Politi había dedicado una parte importante de su vida académica a la investigación científica en tanto que el profesor Lipszyc había tenido un curso más asistencial en su desarrollo y que, durante la mayor parte de su vida académica, había tenido dedicación simple en la UBA; que niegan los hechos denunciados por el actor como acaecidos en el contexto de la entrevista personal y objetan las declaraciones testimoniales que aquél acompañó al respecto; que no surgen elementos que configuren indicios de defecto de forma o procedimiento o manifiesta arbitrariedad. En tal contexto, se verifica que el jurado no se expidió respecto de los errores y omisiones alegados por el actor respecto del dictamen. Nótese que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires había ordenado la devolución de las actuaciones a fin de que el jurado analizara las presentaciones efectuadas por el doctor Politi en tanto que, de la mera lectura de la pieza glosada a fs. 210/212 del expediente administrativo, surge con toda claridad que no se cumplió con el análisis requerido por el Consejo Superior de la Universidad en la medida en que el jurado no replicó ni una sola de las numerosas objeciones formuladas en detalle por el actor.
Y, con relación a la res. (CD) 403/2007 —por la que se tomó conocimiento de lo expresado por el jurado, se ratificó la res. (CD) 1085/2005 y se dispuso elevar las actuaciones al Consejo Superior de la Universidad, se debe elevar las actuaciones al Consejo Superior de la Universidad—, se debe observar que, en sus consideraciones, además de consignarse las principales decisiones recaídas en el expediente, se hizo referencia al dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Rectorado y al de la Comisión de Concursos. El dictamen aludido en último término postula la ratificación de la res. (CD) 1805/2005 empero no invoca, ni mucho menos desarrolla las razones que —entiende— justifican tal ratificación (conf. fs. 213/214 del expte. adm.) en tanto que el dictamen referido en primer término fue dictado con antelación a la res. (CS) 1192/2006, por la cual —sin seguir la opinión allí vertida, que postulaba que el acto cuestionado tenía fundamento suficiente— el Consejo Superior dispuso la devolución de las actuaciones a fin de que el jurado analizara las presentaciones efectuadas por el aquí actor.
VI. – Que, efectuada ya la reseña de cada una de las presentaciones, actuaciones y actos relevantes que precedieron a las dos resoluciones impugnadas en estos autos, corresponde entonces expedirse respecto de la pretensión revocatoria articulada en el recurso directo.
En cuanto a la res. (CS) 2276/2007 —que, cabe reiterar, rechazó el recurso interpuesto por el actor contra la res. (CD) 1085/2005—, corresponde destacar que las consideraciones allí formuladas postulan en forma abstracta —es decir, sin referencia alguna al caso concreto analizado— que no se verifican elementos que configuren indicios de defecto de forma o procedimiento o manifiesta arbitrariedad y califican como meras “diferencias de opinión” a las concretas y detalladas impugnaciones esgrimidas por el actor respecto del dictamen del jurado y de la decisión del Consejo Directivo.
En tales condiciones, en la medida en que —conforme surge de lo consignado en el Considerando que antecede— el jurado no dio cumplimiento con lo requerido por el Consejo Superior a través de su res. (CS) 1192/2006 y toda vez que se advierte que —sin fundamento, ni justificación alguna— el Consejo Superior entendió que las objeciones formuladas por el actor son meras “diferencias de opinión” empero sin aludir a ninguna de ellas y sin expresar las razones que fundamentan semejante calificación, no cabe sino concluir que la Resolución en examen es nula por vicio en el elemento “motivación”, además de que se contradice con lo oportunamente dispuesto por el propio Consejo Superior en su res. (CS) 1192/2006.
En tal orden de ideas, es oportuno precisar que la motivación es la explicitación de la causa, esto es: la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto; es la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan su emisión. La motivación es indispensable para poder apreciar si se ha satisfecho la finalidad prevista en la norma que otorga facultades al órgano para dictar el acto en cuestión; aparece, así, como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad y constituye un requisito referido a la razonabilidad —arts. 7, inc. e y 14, ley 19549 (Tomás Hutchinson, “Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549”, 6ª ed., Ed. Astrea, ps. 89/90)—.
En tal contexto, es evidente que también es nula la res. (CS) 2277/2007, ya que precisamente ésta tiene como fundamento la res. (CD) 1085/2005, respecto de la cual la res. (CS) 2276/2007 desestimó el recurso interpuesto por el aquí actor.
VII. – Que, en tal sentido, cabe recordar que la designación y separación de profesores universitarios, así como los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente no admiten —en principio— revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la universidad, salvo en aquellos casos en que los actos administrativos impugnados en el ámbito judicial estén afectados por arbitrariedad manifiesta (Fallos: 177:169; 235:337; 267:450, 283:189; 295:39; 314:1234; 317:40; 327:2678; entre otros) o cuando ello es obstáculo para que se ejerza judicialmente el control de legalidad de los actos dictados en el curso de los procedimientos de selección de los docentes universitarios (Fallos: 307:2106; 320:2298; 327:2678); y que la autonomía universitaria no puede ser entendida de tal manera que implique colocar a las universidades, en el plano normativo, al margen de todo control de constitucionalidad y legalidad, desconociéndose así el principio general del art. 116, CN, piedra angular del sistema judicial argentino (Fallos: 320:2298; 327:2678).
VIII. – Que, por último, no cabe soslayar que, en la réplica al recurso de apelación, la Universidad de Buenos Aires no desconoció expresamente la existencia del dictamen del INADI invocado por el actor, ni los términos del mismo que aquél transcribió. Nótese que, según alega el actor, el dictamen mencionado consideró que existían en el caso examinado —denuncia de discriminación que el actor efectuó con relación a la entrevista personal que tuvo con el jurado del concurso en análisis, consistente en que se habría afirmado que él no iba a ser consagrado profesor titular por opinar que es posible la fabricación de medicamentos por gestión estatal pública— elementos de convicción, serios, precisos, numerosos y concordantes que construyen una prueba de presunciones a favor de la existencia del hecho discriminatorio denunciado y aconsejó proponer a la UBA y a la Facultad de Medicina la remoción del acto lesivo denunciado y de sus consecuencias perjudiciales para los derechos de la víctima de la discriminación con medidas concretas y efectivas que superen la mera declamación.
Al respecto, se debe insistir en que la Universidad de Buenos Aires no negó la existencia del dictamen, no controvirtió la conclusión del mismo que el actor cita, ni brindó información alguna respecto de si se tomó, o no, alguna medida en consecuencia.
En virtud de las consideraciones expuestas, se resuelve: hacer lugar al recurso de apelación directa deducido en autos por el señor Pedro M. Politi y revocar las res. 2276/2007 y 2277/2007 dictadas por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires en el concurso sustanciado por expte. adm. n. —original— 0509530/2004, con costas a la parte demandada por cuanto no se verifica la existencia de motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota establecido en el primer párrafo del art. 68, Código Procesal.
Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y el derecho constitucional a una retribución justa, se fijan los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora —Dra. Susana E. Torres— en la suma de $ … (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38, Arancel de Abogados y Procuradores y art. 14 bis, CN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
Jorge E. Argento.— Carlos M. Grecco.— Sergio G. Fernandez. (Sec.: Susana M. Mellid).