20/04/2012- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV

En autos “P. E., H. J.” se determinó que procede procesar por amenazas con armas y desobediencia si el imputado profirió expresiones intimidatorias, incurrió en persecuciones que exceden los meros problemas de pareja y en forma insistente intentó comunicarse con la víctima a pesar de las restricciones de contacto que pesaban en su contra.

Expediente: 384/12_4

2ª INSTANCIA.

Vistos:

Corresponde al tribunal resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto de fs. 695/706 que dispuso el procesamiento de H. J. P. E. por los delitos de amenazas coactivas reiteradas (hechos 1,2,8,9 y 13), amenazas simples reiteradas hechos 3 y 6), amenazas calificadas por el uso de armas (hecho 4) y desobediencia reiterada (hechos 10, 11 y 12).

Al celebrarse la audiencia prevista en el art. 454, CPPN, concurrió por la defensa oficial el Dr. Juan Carlos Seco Pon y expresó agravios, luego de lo cual el tribunal deliberó en los términos establecidos en el art. 455, ibídem.

Y considerando:

Los argumentos desarrollados por la defensa no logran conmover la valoración de la prueba efectuada por el juez de grado ni los fundamentos por los cuales arribó a la resolución recurrida.

Las imputaciones dirigidas a P. E. por S. M. M. (cfr. fs. 1/1 vta., 36/37, 57/58, 80/81, 146/146 vta., 258/258 vta., 370/372 446/447 y 560) son avaladas por indicios relevantes para sustentar tanto la materialidad de los hechos denunciados como su intervención. Otorga verosimilitud a sus dichos lo manifestado por personal policial que fue desplazado en reiteradas ocasiones al domicilio en el que ambos convivían, quienes hicieron expresa referencia a la agresividad del imputado, las expresiones intimidatorias que habría proferido a la víctima, la insistencia con la que habría intentado comunicarse con ella aún cuando tenía una prohibición de acercamiento y el probado intercambio de llamadas entre ambos (cfr. declaraciones del subinspector C. de fs. 45/45 vta., del sargento M. de fs. 49/49 vta. y acta de fs. 53/53 vta., del cabo primero C. de fs. 61/61 vta.y 281/281 vta., del suboficial M., del subinspector B. de fs. 436/436 vta. y constancias de fs. 562/563, 620 y 621).

No debe soslayarse el contexto en que se habrían producido los acontecimientos de persecución y amedrentamiento, puesto que víctima y victimario en ese entonces eran pareja y muchos episodios ocurrieron en la intimidad, lo que dificulta la obtención de testigos directos. No obstante, en el caso los preventores que oficiaban de custodia de M. y sus hijas pudieron aportar datos suficientes para vincularlo con los sucesos. Las diligencias reseñadas, valoradas en conjunto, desvirtúan el descargo de P. E. en tanto acreditan que lo acontecido no se trataría de meros problemas de pareja y que conocía las restricciones de contacto que pesaban en su contra, por lo que habremos de homologar el procesamiento decretado.

Sentado ello, no tendrá favorable acogida el planteo de prescripción realizado por la defensa en la audiencia respecto de los hechos identificados como 3 y 6 en la resolución sub examine pues, más allá de la significación jurídica provisoriamente asignada por el a quo, hemos sostenido reiteradamente que “las controversias existentes acerca del encuadre legal de un echo imponen que el análisis de la posible prescripción de la acción penal sea efectuado de acuerdo a la calificación más gravosa que pudiera corresponderle” (in re causas 2077/10 “Del Río”, rta. el 28/4/2010 y 448/2011 “Lozano”, rta. el 2/5/2011, entre otras).

En esa línea argumental, al pronunciarse sobre la vigencia de la acción en su dictamen de fs. 546/547 el Ministerio Público Fiscal calificó sendos sucesos como constitutivo del delito de amenazas coactivas. Entonces, atento la penalidad prevista por tal injusto, el lapso transcurrido entre la comisión del ilícito, el llamado a indagatoria y los antecedentes condenatorios que registra, dable es concluir que no ha transcurrido el plazo previsto por el art. 62, inc. 2, en función del 67, ambos del Código Penal.

Por las razones expuestas, el tribunal resuelve:

I. Confirmar el auto de fs. 695/706 en todo cuanto fuera materia de recurso.

II. Rechazar el planteo de prescripción realizado por la defensa respecto de los hechos identificados como 3 y 6 (art. 62, inc. 2 en función del 67, ambos del Código Penal).

Devuélvase al juzgado de origen, dónde deberán efectuarse las notificaciones pertinentes, y sirva lo proveído de atenta nota de envío. Se deja constancia que el doctor Julio Marcelo Lucini integra este tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17/11/2011.

Alberto Seijas.— Carlos A. González.— Julio M. Lucini. (Sec.: Erica M. Uhrlandt).