24/04/2012 – Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala penal

En autos “Salgan, José A.’’ se dijo que los agravios concernientes a la vulneración del derecho del justiciable a un plazo razonable encarnan prima facie un gravamen irreparable, pues es que en la medida en que se haya excedido efectivamente el lapso razonable para obtener un pronunciamiento, se habrá conculcado en forma concreta esta garantía, y la mera continuación del proceso importará un progresivo agravamiento del perjuicio ya inferido.

Expediente: “S”, 07/2012

Córdoba, abril 24 de 2012.

1ª.— ¿Es nulo el auto impugnado por ausencia de motivación?

2ª.— Qué solución corresponde dictar?

1ª cuestión.— La Dra. Tarditti dijo:

I. Por auto 2, de fecha 10/2/2012, el Juez Correccional de Segunda Nominación de esta Ciudad resolvió “rechazar la solicitud de sobreseimiento formulada por la señora defensora oficial del 19º Turno Dra. Marcela B, Giletta, a favor de su defendido José Antonio Salgan, con costas (arts. 350, inc. 5, 370, CPP” (fs. 150 vta.).

II. Contra dicha resolución, recurre en casación la Sra. Asesora Letrada del 19º Turno, Dra. Marcela B. Giletta, en su condición de defensora del imputado José A. Salgan, invocando el motivo formal previsto en el segundo inciso del art. 468, CPP (fs. 142 y ss.).

Achaca al decisorio haber omitido analizar las circunstancias alegadas a la luz de la garantía constitucional de la duración razonable del proceso. Alega que dicho defecto ocasiona un gravamen irreparable puesto que la continuación del trámite importa un progresivo agravamiento del perjuicio ya inferido, lo que torna al auto en crisis en equiparable a sentencia definitiva (fs. 142 y vta.).

Efectúa una reseña de la causa, recordando que basó su planteo de insubsistencia de la acción penal en que se había excedido con creces el término previsto por la ley (fs. 144 vta.).

Considera que la resolución exhibe una fundamentación sólo aparente, ya que no ha considerado en modo alguno lo solicitado por la defensa, vulnerando así el principio de congruencia que debe prevalecer en toda decisión jurisdiccional: lo invocado como causal de sobreseimiento fue la insubsistencia de la acción penal por la duración excesiva del proceso, y la respuesta del a quo se acotó al instituto de la prescripción (fs. 145 y vta.).

Insiste en que el término de dos años fijado en el C.P.P. sólo puede ser excedido cuando se trate de una causa de suma gravedad o muy difícil investigación, lo que no ocurre en el caso. Asimismo, en que la tardanza en impulsar el proceso, fundamentalmente en lo atinente a la tramitación de la suspensión del juicio a prueba, importó una dilación indebida e injustificada. Precisa tiempos y actos procesales realizados, de los cuales deriva que hubo una manifiesta desproporción temporal en el diligenciamiento de una cuestión previa, lapso en el cual el Tribunal sólo libró dos citaciones al imputado a un domicilio incorrecto y sin especificar el motivo de la citación; tampoco se dio intervención en ese tiempo a la defensa ni se designó nuevo defensor atento al fallecimiento del asesor letrado anterior. Agrega a ello que lejos de sustraerse al proceso, el imputado estuvo a la espera de una respuesta del Tribunal sobre el pedido de probation, y cuando fue debidamente citado compareció a estar a derecho. No hay elemento alguno que permita sostener que no haya observado una conducta proactiva; pudo haber supuesto que en el transcurso de ese tiempo ya se había suspendido el proceso en su favor y no en su perjuicio, como resultó a la postre dada la suspensión del término de la prescripción que invocó el Juez para rechazar el sobreseimiento. Cuatro años duró su diligenciamiento, lo que fue gravoso a los intereses del encartado, quien a casi diez años del acaecimiento del hecho deberá reformular un nuevo pedido de suspensión del juicio a prueba. Señala que un proceso de esta duración perjudica no sólo al imputado sino también al Estado y a la víctima (fs. 146 vta./147).

Abunda en consideraciones generales acerca de la debida fundamentación de las resoluciones judiciales y el derecho de defensa, concluyendo que el Tribunal ha efectuado una lectura errada de lo peticionado, omitiendo por completo el análisis solicitado (fs. 147 vta./148 vta.).

III.1. Conforme ha sostenido esta sala, los agravios concernientes a la vulneración del derecho del justiciable a un plazo razonable encarnan prima facie un gravamen irreparable. Es que en la medida en que se haya excedido efectivamente el lapso razonable para obtener un pronunciamiento, se habrá conculcado en forma concreta esta garantía, y la mera continuación del proceso importará un progresivo agravamiento del perjuicio ya inferido. Es entonces en este preciso sentido que hemos sostenido que la decisión en crisis sí resulta equiparable a la sentencia definitiva exigida por la ley ritual como requisito de impugnabilidad objetiva (Trib. Sup. Just., sala Penal, “Amaranto”, S. n. 38, 21/5/2004, entre otras; conf., Corte Sup., “Barra”, 9/3/2004).

2. Así satisfecho el requisito de impugnabilidad objetiva, debe aceptarse la objeción defensiva en cuanto a que el decisorio bajo examen adolece de una fundamentación aparente.

Es que de la lectura de los términos de la instancia de sobreseimiento de fs. 132 y ss., se advierte con claridad que la petición se sustentó en la violación de la garantía de la duración razonable del proceso, y no en la prescripción de la acción penal. En efecto, y sólo por citar algunos pasajes que evidencian el contenido del planteo, repárese en que bajo el rótulo “plantea insubsistencia de la acción penal”, la defensora denunció que “el presente proceso ha excedido su plazo máximo de duración… ha superado con creces lo que la ley procesal ha entendido como máximo plazo razonable, en la reglamentación de la garantía constitucional respectiva… En lo que respecta a la cuestión concreta de la determinación de la razonabilidad del plazo máximo de duración del proceso resultan de aplicación aquellos criterios de razonabilidad fijados por la Corte Sup. desde el precedente ‘Mattei’…”. Pasa luego la Sra. Asesora Letrada a argumentar en torno a “tres criterios” para la evaluación de la observancia de la garantía: “la complejidad de la causa, la actividad desplegada por el órgano judicial interviniente y la actitud asumida por el imputado”, y finalmente concluye que “el presente proceso debe cerrarse anticipada y definitivamente a favor del imputado, por haber excedido su plazo máximo de duración… Corresponde, en consecuencia, ordenar el sobreseimiento del imputado en las presentes actuaciones…” (fs. 132/135).

De ello se sigue que tanto la vista del fiscal Correccional, como la decisión del juez Correccional se han orientado hacia una dirección que no se corresponde con lo solicitado: lejos de analizar si la duración del proceso ha sido irrazonable, han focalizado su atención en la causal de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, puntualizando cuáles fueron los actos interruptivos y suspensivos que tuvieron lugar desde el hecho ocurrido el 14/12/2002 hasta la actualidad. Huelga aclarar que ni siquiera la breve alusión del Ministerio Público a la inaplicabilidad de los arts. 337 y 283, inc. 4, CPP (fs. 138) resulta suficiente, puesto que se ha acotado a señalar que dichas normas regulan un supuesto diferente al de marras, sin ingresar, de manera alguna, a la garantía constitucional esgrimida por la defensa.

En orden a la omisión del análisis de una cuestión propuesta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que una resolución satisface sólo en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación si omite el examen de planteos serios de las partes, en principio conducentes para la solución del pleito (Trib. Sup. Just. “Aksel”, S. n. 129, 9/11/1999; “Carnero”, S. n. 105, 25/10/2004; entre otros). Asimismo, se sostuvo que las resoluciones judiciales que prescinden de la consideración de las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la decisión del juicio, carecen de fundamento suficiente para sustentarlas y deben ser dejadas sin efecto (Fallos 243:307; 247:111; 251:518; 255:132 y 142; 266:246, 267:354, 269:389, 273:180), porque constituye una violación del principio de congruencia que afecta la garantía de defensa en juicio (Fallos 233:216, 301:1029; Trib. Sup. Just., sala Penal, “Carnero”, cit.).

3. Ahora bien; aceptado que el Juzgador ha incurrido en el yerro denunciado, debo puntualizar que ello no basta para la procedencia del recurso, como se verá.

Es que también es jurisprudencia consolidada de esta sala, en sintonía con el más alto tribunal de la Nación, que nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino que debe lesionar el interés de las partes. Tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés (Trib. Sup. Just., sala Penal, “Leyría”, A. nº 73, 4/11/1985; “Charras”, A. n. 107, 27/3/1999; “Pompas”, S. n. 20, 5/4/2000; “Altamirano”, S. n. 156, 24/06/2008; entre muchos otros). Del mismo modo se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación aun tratándose de nulidades absolutas, al sostener que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

En el caso, la nulidad denunciada carece de interés puesto que más allá del defecto de fundamentación señalado, el fondo del planteo defensivo —la alegada insubsistencia de la acción penal por haberse desbordado la duración razonable del proceso— se sustenta en una lectura parcializada de la doctrina de esta sala.

En efecto, diversos precedentes han explicitado los aspectos a conjugar cuando se procura analizar si se ha incurrido en una dilación indebida del trámite, algunos de los cuales han sido soslayados por la quejosa:

a) En primer lugar, conforme a la invariable jurisprudencia de esta sala la pauta temporal es sólo uno de diversos factores que deben entrelazarse en su análisis a fin de determinar la existencia de una vulneración a la garantía de ser juzgado sin dilaciones indebidas.

a.1) En cuanto a la etapa procesal en que puede invocarse la garantía, se señaló que en los distintos pronunciamientos de la Corte con relación a procesos que llegaron a la máxima instancia aún abiertos —como en el caso—, la tutela constitucional se reclamó para enervar retrogradaciones del trámite que obligaran al imputado a seguir tolerando la incertidumbre y restricciones propias de la sujeción al proceso, más allá de toda razonabilidad.

Así, se expuso que en “Mattei” (Fallos 272:188) la defensa impugnó la decisión del Tribunal que, en vez de dictar sentencia definitiva, anuló todo lo actuado desde el cierre del sumario en adelante. En “G.H.” (ED 166-302) —habiéndose ya celebrado el juicio— se declaró la nulidad del proceso desde la requisitoria de elevación en adelante y se remitió el caso al juez de instrucción para que el fiscal recalificara jurídicamente los hechos. En “Y.P.F.” (Fallos 306:1688), la causa también se encontraba en el plenario, oportunidad en que los imputados plantearon un incidente de prescripción que fue desestimado; la Alzada sostuvo que debía tratarse al dictar sentencia, lo que mereció la réplica de la Corte puntualizando que la restricción de la libertad que insumió la dilatada sustanciación de la causa, imponía una respuesta pronta.

Ninguna de esas circunstancias se configura en el sub examine.

a.2) A ello se agrega que el planteo fue deducido a las puertas de la audiencia de debate, días después de que se fijara fecha para la misma, con lo que la objeción aparece con un sentido dilatorio e impeditivo de que el Tribunal pronuncie su sentencia en el plazo razonable que estima incumplido.

a.3) Por otra parte, se ha requerido que el imputado de alguna manera motorice el proceso, atento a la particular pretensión que se vehiculiza a través de esta garantía: el derecho a obtener una sentencia que dirima la situación procesal en tiempo razonable. Frente a ello, hemos entendido que cabe exigir que la parte que reclama haya intentado impulsar el proceso, infructuosamente, a través de las vías que le habilita la ley ritual. Es que no se trata de un derecho del imputado a ser liberado sin más de toda responsabilidad, una vez transcurrido el lapso reputado como prudente. Por el contrario, quien pretende ampararse en esta garantía debe haber puesto de manifiesto una actitud acorde con lo que peticiona, esto es, haber utilizado los medios procesales que tenía a disposición para provocar la decisión —cualquiera sea su sentido, condenatorio o exculpatorio— que pusiera fin a la situación de incertidumbre y restricción propia del trámite. Es que —insistimos— es esta última y no la atribución de responsabilidad, el gravamen que la mentada celeridad procesal quiere conjurar.

Esta exigencia no ha sido satisfecha y tampoco ha sido controvertida por la recurrente en su libelo, con lo que el silencio al respecto frustra la procedencia del embate.

b) De otro costado, y de manera subsidiaria cabe agregar que aun cuando hubiese operado el vencimiento del término fijado en el ordenamiento ritual, en diversos precedentes hemos afirmado que la exclusión del plazo de duración del proceso dentro de los términos fatales (182, párr. 12), impone que también se lo conceptúe como un plazo ordenatorio, aun cuando se trate de causas en las que el imputado se encuentre sometido a encarcelamiento cautelar; en tal supuesto, empero, se impone la obligación de solicitar la prórroga al Tribunal Superior como una forma de ejercer el contralor de la duración razonable del proceso (Trib. Sup. Just. “Aguirre Domínguez”, A. n. 136, 18/6/1998; “Bazán”, A. n. 268, 2/8/1999; “Andreatta”, S. n. 14, 21/3/2003, entre otros). Esta última situación no se configura en el caso, puesto que Salgan no se encuentra privado de su libertad.

c) En suma; sentadas las premisas precedentes, es claro que la invocación de la vulneración de la garantía del plazo razonable resulta parcializada, puesto que se ha sustentado en un tratamiento selectivo de los presupuestos reiteradamente afirmados por esta sala para la operatividad de dicho principio.

Voto, pues, negativamente.

La Dra. Cafure de Battistelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la vocal que me precede, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

La Dra. Blanc G. de Arabel dijo:

La vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

2ª cuestión.— La Dra. Tarditti dijo:

Atento al resultado de la votación que precede, corresponde rechazar el recurso deducido, con costas (arts. 550 y 551, CPP).

Así voto.

La Dra. Cafure de Battistelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la vocal que me precede, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

La Dra. Blanc G. de Arabel dijo:

La vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la sala Penal; resuelve: Rechazar el recurso de casación interpuesto por la asesora letrada del 19 Turno, Dra. Marcela B. Giletta, en su condición de defensora del imputado José Antonio Salgan, con costas (arts. 550, 551, CPP).— Aída Tarditti.— María Esther Cafure de Battistelli.— María de las Mercedes Blanc G. de Arabel.