01/03/2012 – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV

En autos “Jouffre, Alfredo D. y otro v. Estado Nacional – Secretaría de Inteligencia” se dijo que no corresponde reconocer a agentes de la Secretaría de Inteligencia el derecho al cobro del retroactivo del suplemento por “trabajos extraordinarios”, dado que de la causa no surge de modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los grados lo percibe ni que importe una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro.

2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, marzo 1 de 2012.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Vincenti dijo:

I. Que la jueza de primera instancia, en lo que aquí interesa y es materia de agravios, hizo lugar, con costas en el orden causado, a la demanda intentada por los Sres. Alfredo D. Jouffre y Gloria T. Dansa y, en consecuencia, condenó al Estado Nacional —Secretaría de Inteligencia— a que abone el retroactivo establecido en los decs. 2533/1991 y 780/1992 (“inestabilidad de residencia” y “jerarquización” o “asignación mensual no remunerativa”) devengado en menos, a partir del 1/5/2000 y hasta el 1/3/2001 respecto del Sr. Jouffre y desde el 10/5/1996 y hasta el 16/5/2000 para la Sra. Dansa (conf. fs. 214/218).

A su vez, rechazó el pedido de los actores referido a la incorporación a su sueldo básico del suplemento “trabajos extraordinarios” previsto por el art. 108, inc. h, dec. “S” 4639/1973. Para así decidir se remitió expresamente a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Midón, Osvaldo L.” (Fallos 327:3226).

II. Que, contra dicho pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos de apelación, la demandada a fs. 220 y la actora a fs. 225. Puestos los autos en la Oficina (fs. 229), la actora y el Estado Nacional presentaron sendas expresiones de agravios a fs. 232/235 vta. y fs. 237/241 vta.

III. Que el Estado Nacional cuestiona —básicamente— que se hayan declarado procedentes las pretensiones de los actores y menciona, entre otras consideraciones, que los fallos citados por la magistrada de grado en la resolución apelada aluden al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y no al de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En tal sentido, agrega que la resolución apelada resulta arbitraria por aplicar al caso, por analogía, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se adecuan al tema en estudio.

En segundo término, destaca que no se ha efectuado un correcto tratamiento de los fundamentos expuestos en sus presentaciones y explica que las compensaciones por “inestabilidad de residencia” y “asignación mensual no remunerativa” en forma alguna formaban parte del haber mensual de los actores.

Finalmente, solicita que, en caso de confirmarse lo decidido en la anterior instancia, se tenga en cuenta que la deuda reclamada se encuentra consolidada en virtud de lo dispuesto en la ley 25344 y 25725 y que los correspondientes intereses deben correr hasta la fecha de corte que determinen esas leyes.

IV. Que, por su parte, los actores se quejan de que se haya rechazado el reclamo vinculado a la incorporación al “sueldo básico” del rubro “trabajos extraordinarios” en virtud de haber sido otorgado para la totalidad del personal en actividad mediante las resoluciones SIDE 74/1978 y 872/1986.

En tal sentido, afirman que con el informe de fs. 176 se cumplen las condiciones que exigió la Corte Suprema en el caso “Midón” para reconocer el carácter general y bonificable al suplemento por trabajos extraordinarios.

Por último se agravian de la forma en que fueron distribuidas las costas, las cuales entienden que deben ser impuestas a la demandada vencida.

V. Que, con relación a los agravios de la demandada, cabe señalar que en innumerables causas análogas a la de autos esta Sala —con integración parcialmente distinta— se ha pronunciado en sentido favorable a la pretensión de la actora, reconociendo la procedencia de incorporar, en el “haber mensual” del personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, como remunerativos y bonificables, la compensación por “inestabilidad de residencia” creada por el dec. 2000/1991 —modificado por su similar 2115/1991—, el adicional creado por el dec. 628/1992, extendida a dicho personal por el dec. 2533/1991 y el adicional establecido por el art. 2, dec. 780/1992 (conf. “Tufaro, José v. Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seguridad”, del 22/10/2002; “Ferreti, Norma C. y otros v. SIDE s/empleo público” del 9/9/2004; “Porfirio, Guillermo H. y otros v. Estado Nacional —SIDE— s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.” del 25/8/2009; “Di Stefano, Adriana C.”, del 17/9/2009 y “Azzaro, Norberto V. v. Estado Nacional —SIDE— dec. 502/2003 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.” del 9/9/2010, entre muchas otras, con sustento en la doctrina sentada por esta Cámara, en pleno, el 20/3/1997, en la causa “Aebert”; y por la Corte Sup., “Franco” (Fallos 322:1868) y “Corbani” (Fallos 323:1076).

Es por ello que razones de economía procesal llevan a dar por reproducidos los fundamentos expuestos en los precedentes citados y a declarar admisible la pretensión referida a este aspecto de la cuestión. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de apelación intentado por la parte demandada a fs. 220 en lo atinente a este aspecto de la cuestión.

VI. Que, en relación con el planteo del demandado acerca del cómputo de los intereses, se debe señalar que las sumas adeudadas a los coactores (para el Sr. Jouffre desde el 1/5/2000 y hasta el 1/3/2001 y para la Sra. Dansa, desde el 10/5/1996 hasta el 16/5/2000) se encuentran consolidadas en los términos de las leyes 25344 y 25725, razón por la cual los montos resultantes se abonarán mediante bonos de la deuda pública, en los, cuales —de conformidad con las normas vigentes— ya incluyen intereses. En consecuencia, los accesorios fijados en la sentencia de primera instancia deberán correr únicamente hasta las respectivas fechas de corte.

Vale recordar al respecto lo establecido en el art. 57, ley 26728, en tanto aclara que “La prórroga dispuesta en el art. 46, ley 25565, y la dispuesta en los arts. 38 y 58, ley 25725, resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31/12/1999, y anterior al 1/1/2002 o al 1/9/2002, según lo que en cada caso corresponda. Hasta el 31/12/1999, las obligaciones a las que se refieren el art. 13, ley 25344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes. En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1/4/1991 para las obligaciones comprendidas en la ley 23982, en el 1/1/2000, para las obligaciones comprendidas en la ley 25344, y en el 1/1/2002 o el 1/9/2002, para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por las leyes 25565 y 25725”.

En consecuencia, en virtud de ello, se debe admitir lo solicitado por la apelante a fs. 237/241 en cuanto a que los respectivos intereses deberán correr únicamente hasta la fecha de corte que determine la ley que corresponda a cada período reconocido, máxime cuando, por otra parte, los actores expresamente admiten que sus créditos están alcanzados por las leyes de consolidación (ver fs. 246).

VII. Que en lo que concierne a la apelación de los actores referida a los suplementos por “trabajos extraordinarios”, se debe recordar lo decidido por el alto tribunal, con remisión al dictamen del señor Procurador General en la causa “Midón, Osvaldo L.” (Fallos 327:3226). En dicha oportunidad, la Corte señaló que para que un suplemento como el discutido en autos pueda ser tomado en cuenta para calcular el haber jubilatorio “…por un lado, que la norma de creación lo haya otorgado a todo el personal en actividad, sin ser necesario, cumplir con ninguna circunstancia específica para su otorgamiento, se accede a ella por la sola condición de pertenecer a la institución y por otro, en el caso en que de la norma no surja su carácter general, en la medida en que se demuestre de un modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los grados lo percibe y que importe una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro…”.

VIII. Que, a la luz de lo decidido en el precedente citado, cabe recordar que el art. 108, inc. h, dec. regl. “S” 4369/1973, estableció que la bonificación por “trabajos extraordinarios” es “…transitoria, individual, selectiva y excepcional, no forma parte del haber mensual, no se le efectuaran aportes jubilatorios, no formará parte del haber jubilatorio. A los fines de la presente bonificación se entenderá por ‘Trabajos Extraordinarios’ la ejecución de actividades que realice un agente Civil de Inteligencia que se aparten de las que determinan el Subcuadro y Especialidad que le correspondiere o fuera de los tiempos en que se cumple la actividad normal”.

En este punto, es necesario señalar que los apelantes sostienen que a fs. 176 se acreditó en debida forma el carácter general del suplemento “trabajos extraordinarios” pretendido, cumpliendo así con la excepción prevista en el fallo “Midón” citado.

Ahora bien, de la respuesta al oficio ordenado en autos, suscripta por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Inteligencia del Estado a fs. 176 no surge de modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los grados lo percibe ni que importe una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro.

En consecuencia, en virtud de tal circunstancia, corresponde desestimar el recurso de apelación de los actores y confirmar decidido por la señora jueza de grado en lo que hace a este aspecto de la cuestión.

IX. Que, finalmente, en cuanto a los agravios de los actores atinentes a la distribución de las costas en el orden causado, dado el resultado al que arribó la señora jueza de grado en la sentencia de fs. 214/218, en tanto admitió parcialmente la cuestión de fondo, cabe concluir que resulta ajustada a derecho la decisión de aplicar lo previsto en el segundo párrafo del art. 68 del código de rito, motivo por el cual se deben desestimar estos agravios y confirmar lo resuelto por la a quo al respecto.

En virtud de lo expuesto, se resuelve:

1) Desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada en relación con el retroactivo establecido en los decs. 2533/1991 y 780/1992.

2) Desestimar el recurso de apelación de la parte actora en lo atinente al suplemento “trabajos extraordinarios” previsto por el art. 108, inc. h, dec. “S” 4639/1973 y a las costas del juicio.

3) Establecer que los montos reconocidos en la anterior instancia se encuentran consolidadas en los términos de las leyes 25344 y 25725 y que los intereses fijados en la resolución de primera instancia corren únicamente hasta la pertinente fecha de corte que determina la ley que corresponda para cada período.

3) Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado atento a las particularidades del caso (art. 68, párr. 2, CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.— Marcelo D. Duffy.— Jorge E. Morán.— Rogelio W. Vicenti.