Por Carlos Lorenzo Illanes, publicado en La Ley Buenos Aires 2012 (abril), 246

I. Introducción

Es común encontrar reseñas de precedentes jurisprudenciales que resaltan: “Cuando el contrato es claro no debe ser interpretado y, en consecuencia, hay que entenderlo en la literalidad de sus términos, de modo que sólo si hay ambigüedad en las palabras el intérprete debe buscar la intención común de las parte”(1).

Asimismo: “Para que sea necesaria la interpretación judicial del contrato, es menester que éste no sea claro y completo puesto que, siéndolo, no cabe forzar su sentido por vía de interpretación. Tratándose de un contrato escrito, lo que debe tenerse en cuenta en primer término es su propio texto, aclarando que el citado artículo 218 del Código de Comercio, en su inciso 1°, referido a la interpretación literal aconseja que en caso de ambigüedad, debe darse a las palabras el sentido que les da el uso general, por más que el obligado pretenda que se las entienda de manera diversa”(2).

Así también es dable encontrar la noción o pensamiento de que en los contratos o negocios jurídicos no puede existir una idea de interpretación evolutiva de los mismos.

Al respecto, y como una visión que se contrapone a lo que aquí se pretende extraer como conclusión, lo que desde ya se adelanta, vale traer al discurso la idea o el pensamiento de un enorme jurista: “Debe excluirse para los negocios una interpretación evolutiva, incluso si ésta quiere admitirse para las normas jurídicas, pues, en efecto, una tal interpretación implicaría la investigación de una voluntad (o de una idea) posteriormente modificada en el tiempo según el cambio del ambiente social y jurídico, cuando realmente la interpretación de los negocios tiende a la determinación de la voluntad real que tuvo el declarante o tuvieron los declarantes en la formación del negocio, único momento decisivo. Una confirmación de esta tesis se tiene, en nuestra opinión, en el art. 1467 sobre la rescisión por excesiva onerosidad sobrevenida de la prestación, pues no habría necesidad de tal norma excepcional si se hallase consentida una interpretación evolutiva del negocio jurídico” (Opinión de Cariota Ferrara) (3).

Son precisamente tales conceptos los que pretendo controvertir en el presente, siendo precisamente tales conceptos los que han formado la noción que a uno le queda al estudiar en la carrera de grado la materia contratos, generalmente seguida aferrada a textos clásicos.

Ello es también un poco la idea que surge del axioma normativo “el contrato es ley para las partes” (art. 1197 del C.C).

Esa rigidez en la interpretación contractual es sobre lo que pretendo abrir juicio en el presente, pues humildemente entiendo que su aplicación a los casos concretos conlleva, o puede acarrear soluciones injustas.

Pero claro todo ello es la inspiración del sistema del Código de Vélez donde el eje del mismo es la “autonomía de la voluntad de las partes”. El sistema estaba previsto para casos en los que existía “igualdad entre las partes”, igualdad en sentido jurídico, económico y por sobre todo de negociación pero a lo largo de los años las cosas han ido cambiando, por ello amén de que persistan aquellas normas en el sistema actual, la reforma del año 68 —que ya tiene más de cuarenta años— ha incorporado normas que en cierta medida ofrecen una mirada distinta frente al tema, la principal el art. 1198 y el principio de buena fe en las distintas fases del contrato y, por fuera del Código, ya en el año 93 el dictado de la ley 24.240, si bien para un sector delimitado de contratos: aquellos que sean de consumo, dicha norma protectoria ha infundido todo un criterio sobre interpretación de los contratos y cláusulas contractuales basado sin dudas, fundamentalmente, en el in dubio pro consumidor (art. 3 de ley 24.240). A lo que debe sumarse todo lo reglado por dicha norma en lo que hace a cláusulas abusivas.

Se trae a colación la ley de defensa del consumidor, para dejar de resalto los nuevos aires que corren en cuanto a ello, sin pretender aquí incluir en el objeto del presente trabajo a esa clase de contratos, lo que, a mi entender, por la claridad de la norma no ofrecen mayor dificultad.

Aquí se quiere trabajar sobre la generalidad de los contratos estén o no inmersos en el marco de aquella norma protectoria.

Debo reconocer que he sido seducido al tratamiento de la cuestión, en base a la lectura de un relativo reciente precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que sin perjuicio de la solución a la que allí se arriba me interesa resaltar los argumentos del voto en disidencia del Dr. De Lázzari. Se trata de la causa C. 104.935 “Lisi c. Sancor s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del día 3 de noviembre de 2010.

II. La interpretación de la ley y los contratos.

Mucho se ha discutido en torno a considerar si la interpretación de los contratos y la interpretación de la ley es idéntica o no. Asimismo en base a ello, y a la respuesta que se le de al problema, se han dividido las opiniones en corrientes.

Una posición que niega identidad a ambas interpretaciones (posición dualista), y ello en consideración básicamente a las diferencias que existen entre un contrato y una ley. El primero (contrato) es un precepto concreto, nacido de la autonomía privada, siendo la ley un precepto abstracto y general, y así se dice que la interpretación de la ley debe estar orientada a su ratio general, y la del contrato debe hacerse en una conexión mayor con el propósito de sus autores. Se dice, asimismo, que si bien en la interpretación de la ley se busca indagar cual ha sido la voluntad o intención del legislador, en el contrato hay siempre una mirada hacia el pasado, pues son reglas individuales no evolutivas, en la ley en cambio se requiere un criterio evolutivo, ya que el propósito es regular situaciones genéricas y cambiantes.

La posición contraria (unitaria) entiende que hay similitud entre la interpretación de la ley y del contrato. Dicha corriente parte básicamente de que el contrato es una ley para las partes, por lo que no puede haber entre ambas interpretaciones diferencias sustanciales.

No procede establecer fronteras definitivas según se trate de la interpretación de la ley o del contrato. Puede existir una diferencia entre las formas interpretativas, entre los parámetros de valoración del acto que se debe interpretar, pero tales diferencias no alcanzan a destruir la unidad esencial del proceso hermenéutico, no se traducen en diversidad estructural, no introducen fracturas en la unidad lógica de una actividad dirigida a interpretar una manifestación del pensamiento para que pueda realizar su fin en la vida de relación (4).

Volviendo a la posición dualista se ha dicho, desde autorizada doctrina, que “ese presunto acercamiento es, precisamente, el que debe marcar la necesaria distinción entre la interpretación del contrato y de la ley, pues en la ley, la generalidad y la abstracción tienden a garantizar la igualdad de todos; en cambio en los contratos con cláusulas predispuestas, esa generalidad y abstracción revelan patéticamente la desigualdad, o, como mínimo, la falta del poder negociador de una de las partes. Este dato es el que justifica adherir a la teoría dualista tratándose de interpretar contratos con cláusulas predispuestas”(5).

Sin perjuicio de la advertencia que se hace en la cita, entiendo que existe, y debe ser así, cierta similitud en la interpretación del contrato y la ley, de allí que es importante repasar muy someramente la evolución de las distintas teorías y/o métodos que se han ido utilizando a lo largo del tiempo.

Es que no debe dejar de repararse que uno de los fundamentos propios de la teoría dualista, aquello de que en la interpretación del contrato y de la ley dista en que mientras en el primero siempre hay una mirada hacia el pasado, pues son reglas individuales no evolutivas, y en la ley en cambio se requiere un criterio evolutivo, es precisamente lo que se pretende aquí poner en crisis.

III. De los métodos de interpretación

En la historia de la ciencia del derecho el capitulo referente a los métodos de interpretación no se planteó inicialmente como una cuestión teórica sino que surgió exigida por los hechos, a la zaga de la practica. Se explica así que los juristas hayan siempre procedido un poco al tún-tún en la materia, zigzagueando de un método a otro al azar de su conveniencia circunstancial sin acertar a explicarse ellos mismos la razón de su versatilidad. En el fondo de todos los esfuerzos desarrollados por los juristas en torno a este asunto, ha latido siempre la esperanza de dar con un procedimiento metódico perfecto, infalible, de cuya aplicación a la ley habría de resultar la única solución correcta. Sin embargo a poco que se revise la jurisprudencia se advierte que los jueces no renuncian al derecho de saltar de uno a otro (de los métodos) cuando no a utilizarlos simultáneamente, como a mayor abundamiento (6).

En cuanto a los métodos, el más antiguo es el llamado gramatical ya que la primera actitud que debió asumir el intérprete cuando el derecho dejó de ser consuetudinario fue la de atenerse a las palabras del texto escrito de la ley. Sin embargo es una falacia creer que una interpretación jurídica puede ser pura y exclusivamente gramatical, pues de ser así la actividad del jurista se confundiría con la de los gramaticales y la tarea especifica del juez no puede detenerse en el averiguamiento del sentido gramatical de las palabras sino que recién empieza verdaderamente cuando las toma en cuenta para conocer por comprensión el sentido de ciertas conductas, que estos signos contribuyen a perfilar. Por otra parte el método gramatical en cuanto se atiene a palabras aisladas omite tener en cuenta que cada una de las leyes responde a una estructura total —el ordenamiento jurídico en general— del que depende su sentido. Uno nunca aplica una norma aisladamente sino la totalidad del ordenamiento.

Montesquieu llegó a decir que “el juez es solo la boca que pronuncia las palabras de la ley”.

Sin embargo cuando llegó la codificación a los sistemas, los hechos demostraron cuan ilusoria era la esperanza de que la codificación pudiera hacer superflua la cuestión de la interpretación (racionalismo jurídico).

Con posterioridad la escuela de la exégesis, que representa sin dudas el culto a la letra de la ley, su creencia en que la ley, en cuanto obra del legislador, es la expresión suprema y definitiva de un derecho natural, absoluto e invariable. Para esta escuela la interpretación debe tener en cuanta la letra de la ley y, en caso necesario, la intención del legislador. Es decir en un pedestal la letra o texto de la ley y en segundo término, en caso de que los textos lo hicieran necesario, la investigación de la intención del legislador. A su vez cuando era patente que ciertos casos quedaban fuera del margen o previsión legislativa se recurría a leyes análogas lo que se fundaba en la voluntad presunta del legislador.

La misma escuela exegética se transforma con posterioridad en escuela dogmática, quien ya no considera a los textos legales como hechos empíricos, sino como una significación objetiva desprendida del legislador que la formuló y capaz de ir suministrando nuevas soluciones según las circunstancias y la manera como se la maneje. Ello corresponde a Savigny, para quien la ley es un producto del espíritu del pueblo y que evoluciona y se transforma sin cesar. La costumbre es la fuente primaria del derecho a la cual el Estado para darle fuerza y exactitud la transforma en ley.

Poco después Ihering introdujo en el derecho la noción de fin, finalidad o telesis —transparente en su celebre concepto de “derecho subjetivo” como interés jurídicamente protegido— que alcanzo extraordinaria difusión bajo la etiqueta de método teleológico de interpretación y lo que luego se llamo jurisprudencia de interés.

No obstante, se ha dicho, como critica concreta, que las leyes no tienen fin en si misma, ni tampoco es un medio para cumplir fines sino que es simplemente el esquema de interpretación que prevé tanto conductas licitas como ilícitas. Sin embargo no puede desconocerse a Ihering el merito eminente que importo su afán de acercar el Derecho a la vida.

Entre los latinos quien ha alcanzado gran resonancia en la materia —interpretación— ha sido Francisco Geny. La tesis fundamental de Geny que lo separó de las teorías clásicas fue la afirmación de que la ley no es la única fuente del derecho. De acuerdo con el método de Geny, el interprete debe recurrir en primer término a la ley, y con ella a la formula de su texto y con ayuda de elementos exteriores a la formula (trabajos preparatorios, antecedentes históricos, legislación comparada e ideas jurídicas), cuando la ley no encuentra solución se recurre a otras fuentes no formales (naturaleza positiva de las cosas). En esta situación el juez crea la ley a falta de ella. El juez elabora la regla jurídica sobre la base de una investigación libre y científica que contemple elementos racionales (principio de justicia, de igualdad etc.) y los elementos objetivos derivados de la naturaleza positiva de las cosas (procedimiento de la analogía, elementos derivados de la vida social).

Así la teoría de Geny se presenta como una reacción contra el positivismo legalista que señoreaba los primeros años del siglo anterior.

Como elemento común a todos los métodos clásicos de interpretación podemos decir que ellos buscaron constituirse en el método único y exclusivo por excelencia, no obstante lo cual los hechos han demostrado que ninguno de ellos fue capaz de desplazar totalmente a los otros lo que se pone de manifiesto en que más que reemplazarse se han ido acumulando, lo que se prueba con que a menudo los jueces usan uno u otro, según las circunstancias del caso que se les presenta.

Kelsen afirma que todas las escuelas tradicionales se equivocan por cuanto se colocan en una posición intelectualista según la cual el intérprete puede encontrar, con el solo juego de su entendimiento y sin el concurso de su voluntad, la única conclusión correcta cuya rectitud estaría fundada en la ley misma. De esa forma se desconoce que el juez al optar dentro del margen de posibilidades que le brinda la ley ejerce un acto de voluntad y es, en ese sentido, creador de Derecho, creador de normas individualizadas. Así el papel del juez no se reduce a la función mecánica de verificar ciertas premisas y extraer de ellas silogísticamente su conclusión lógica.— (7).

Para esclarecer conviene siempre tener presente, que la posición voluntarista se aleja de la intelectualista, no solo en cuanto considera que el acto de interpretación es de índole creadora, sino además en cuanto afirma que implica, siempre, un momento axiológico: la valoración jurídica.

Así, la valoración judicial es un elemento del que no puede prescindirse al analizar la cuestión de la interpretación.

Aftalion a quien hemos seguido en el tema, trae a colación un ejemplo, que a su vez lo extrae de Reichel y de Radbruch, que permite ver la relevancia que tiene la valoración judicial de la norma por más clara que sea esta (8).

Véase. En una sala de espera esta colgado un cartel que dice: “Debe dejarse afuera a los perros”. Un día aparece un hombre que lleva un oso y se pregunta si puede hacer entrar consigo a su acompañante. Considera que lo que refiere al perro es también adecuado o aplicable al oso. Si fuera un jurista afirmaría que este resultado lo extrajo por analogía, pues el oso no puede entrar pues como el perro es un animal. Ahora, ¿Por qué se ha servido de esa interpretación cuando pudiera haber entendido o contrario, lo que hubiera dicho: el oso puede entrar por que es un oso y no un perro?. Se responde el autor: ciertamente, por que esta conclusión, es pues, el resultado de su resultado: uno no se decide a favor de un método o medio de interpretación hasta que ha visto el resultado a que conduce”(9).

El ejemplo demuestra que la tarea del interprete no puede cumplirse en el plano conceptual de las normas y con el solo recurso a la lógica, pues no se trata de llegar a una solución que sea simplemente legal o no contradictoria por estar dentro de las posibilidades legales, sino además a una solución que sea justa, por realizar positivamente, en el tiempo y en el espacio, los valores jurídicos. “Únicamente una intuición axiológica —emocional— de las concretas conductas humanas es la piedra de toque que puede decir en definitiva cual es esa solución justa” (Aftalion, ob. cit.).

Nadie puede hacerse la ilusión que todo consiste en elegir un determinado método y aplicarlo a la ley como quien usa una mágica receta, sino que la interpretación es una manera de conocer que no puede prescindir de la conciencia del juez, de la valoración judicial. El tema será que dicha valoración no sea arbitrariamente personal, sino que pueda ser calificada de objetiva, lo que se logra por su fuerza de convicción, al margen del método de interpretación utilizado.

De la misma manera y como el reflejo de una imagen en un espejo es que ello debemos trasladarlo al campo contractual, así al interpretar un contrato o relación contractual no puede el intérprete aferrarse a las rígidas palabras del contrato si ello conduce a una solución injusta del conflicto generado en el transcurrir de dicha relación. Obviamente que estamos haciendo referencia a contratos de duración o tracto sucesivo, en el cual las partes durante el iter de ejecución o cumplimiento del mismo con sus conductas van imponiendo normas implícitas o modificando aquellas que alguna vez escribieron y por ello no pueden ser desconocidas a la hora de la interpretación del conflicto (conflicto o controversia suscitado por la relación contractual).

Y aquí es que encuentro la similitud entre la interpretación de la ley y del contrato, ambas deben ser objeto de “valoración judicial” con lo que ello implica, es decir interpretadas de tal manera de que la solución del conflicto planteado sea “justo” y no únicamente de acuerdo a la ley o contrato. No obstante ya aclararemos la idea más adelante.

IV. Interpretación de las relaciones contractuales

Hablo de relación o relaciones contractuales, pues como se dijo, se hace referencia a contratos que en su ejecución generan eso, una relación contractual, al hacer referencia a contratos de tracto sucesivo o contratos relacionales o vinculados.

Cuando la doctrina clásica se encarga de la denominada “parte general” del contrato se concentra en el estudio del consentimiento, objeto, causa, y los efectos, viéndose de este modo, “adelgazada” la figura contractual.

Uno de los actuales Ministros de la Corte Suprema cuando se refiere al tema dice que se ve “congelada” a la figura contractual, haciendo referencia a la doctrina clásica —y pienso también a la normativa vigente—, en el sentido de que se perfila de una vez y para siempre, desde que se perfecciona el consentimiento, permaneciendo inmutable frente a los cambios. Asimismo agrega que está “aislada”, puesto que es indiferente a lo que ocurre en el entorno, porque el mercado opera como presupuesto o circunstancia, sin que exista un enlazamiento entre lo público y lo privado. (10)

No obstante pensamos, como de hecho lo ha puesto de relieve la doctrina argentina actual (11), que estos caracteres han ido variando. El contrato ha “ensanchado” su contenido, proliferando los deberes secundarios de conductas, obligaciones accesorias, pre-contractuales, post-contractuales, garantías, cargas etc.

El contrato se ha “descongelado” y muestra una vitalidad enorme, desde que comienzan las tratativas hasta su extinción; el vínculo se reformula, se adapta, se alonga en el tiempo dando lugar a los fenómenos de larga duración.

El contrato fue concebido como una fotografía estática. Hoy en día se comienzan con contactos sociales, tratativas, ofertas, consentimiento, ejecución extensa, deberes poscontractuales, todo en una secuencia en la que resulta difícil separar etapas; su estudio se parece más a una película capaz de captar el dinamismo. La duración de las relaciones jurídicas es un fenómeno difundido en la actualidad (12).

La noción de “reciprocidad”, o “conmutatividad” no puede ser comprendida como una ecuación que surge en el momento en que el contrato se celebra y que permanecerá inmutable en el tiempo.

Los contratos se reformulan en su contenido en la medida del cambio de tecnologías, precios, servicios, y sería insensato obligar a las partes a cumplir puntualmente con lo pactado en el signalagma original.

Se requiere de una comprensión dinámica de la relación contractual. Puede que las modificaciones del pacto original no se produzcan en el objeto del contrato, que sigue siendo la misma obligación, (vg. obligaciones de dar una suma de dinero, de dar una cosa o de hacer, de prestar un servicio), sin embargo los cambios se producen en el objeto de las obligaciones, es decir, en las prestaciones y ello puede obedecer a causas exógenas extrañas a las partes (vg. el monto dinerario debido puede variar por la depreciación o devaluación de la moneda; los medios que se usan para cumplir con el servicio pueden alterarse por los cambios tecnológicos; etc.).

Así es que la relación contractual no es estática sino dinámica, lo que algunos autores han denominado contrato relacional, concepto originario del derecho anglosajón, que se refiere a dos fenómenos simultáneos: los vínculos de larga duración y las redes contractuales.

Ello a diferencia de lo que la teoría clásica contempla al contrato como algo aislado y discontinuo, con un objeto definido que hace “presente” lo que las partes harán en el futuro.

Dicho ello, vale repasar rápidamente un precedente trascendental de la Corte Nacional que en un contrato de duración atípico como lo es el contrato de concesión ingreso en la relación contractual para fijar algunas pautas de interpretación, en lo esencial la necesidad de preaviso en la rescisión unilateral, al margen de lo pactado por las partes.

El fallo es del año 1988 y si bien la Corte revoco el pronunciamiento de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial en cuanto había acogido la demanda de indemnización promovida por el concesionario contra el concedente por rescisión unilateral intempestiva, el Máximo Tribunal sentó premisas que luego abrieron brecha en la materia (13).

A mi ver lo mas trascendental del fallo fue la definición en cuanto se dijo que: “una cosa es que el derecho estipulado en favor de una de las partes —en el caso lo fue de ambos contratantes— sea abusivo, y otra distinta es establecer si ese derecho fue ejercido en forma abusiva”.

Asimismo “Que al respecto no se puede soslayar que por tratarse de un contrato atípico —calificación admitida por la propia Cámara— y, por ende, carente de normas expresas que lo regulen, su régimen debe buscarse principalmente en la propia voluntad de las partes expresada en la convención y en los principios generales de los contratos”.

“Que, en suma, la denuncia unilateral del contrato no debe ser ejercida arbitrariamente”.

Tres años más tarde la Corte vuelve a pronunciarse en fallo “Cherr-Hasso”(14). Aquí la actora, concesionaria, pretendía el cumplimiento del contrato, frente a lo cual la demandada reconvino por rescisión. La Cámara había acogido la reconvención y la Corte por vía de recurso extraordinario interpuesto por la actora anulo la sentencia por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales.

La sentencia omitió tratar la excepción de incumplimiento contractual, opuesta por el recurrente, dirigida a demostrar la improcedencia de la rescisión intentada por el demandado, a quien le atribuyó haber modificado unilateralmente la fórmula del extracto, alterado en forma sustancial la proporción existente entre el precio del extracto y el de la bebida terminada e interrumpido el aporte publicitario.

Dijo la Corte: “el fallo apelado incurre en una arbitraria prescindencia de considerar si la supuesta falta de amortización tornó abusivo el ejercicio del derecho de rescindir el contrato. En este sentido, no basta computar el transcurso del tiempo sin averiguar la realidad económica de lo que ocurrió en ese lapso, pues el tiempo de ejecución del contrato constituye una presunción de hecho relativa acerca de la amortización de la inversión del concesionario. En el caso traído a conocimiento de esta Corte, tal presunción se encuentra controvertida por la pericia contable y del ingeniero industrial, de cuya ponderación depende el juicio sobre el ejercicio regular del derecho a la rescisión, y tales pruebas han sido desconsideradas arbitrariamente en la sentencia, no obstante que contenían elementos que podrían acreditar el derecho a obtener el retorno de la inversión efectuada por el recurrente”.

Es notable y relevante el párrafo que hemos señalado, pues del mismo se infiere con claridad lo trascendental del precedente en cuanto el Tribunal por sobre lo que se establezca en la letra fría del contrato, cláusula que establece la posibilidad de rescisión unilateral, a efectos de saber si dicha facultad es ejercida o no conforme a derecho, es decir en forma abusiva o no, manda a investigar e indagar la realidad económica de la relación contractual, es decir podemos concluir: “la realidad por sobre la cláusula escrita”.

Siguiendo esta tesitura pido licencia para traer al discurso una breve reseña de un fallo que he tenido el gusto de leer emitido por la Sala II de la Cámara Federal de Apelación de La Plata (15) del cual se desprende como el magistrado votante con exquisita explicación da razones para interpretar el contrato en juego por sobre la letra del mismo.

“Con la convicción de la importancia de afianzar el sentido de justicia, al servicio de la verdad sustancial, resulta necesario hacer algunas apreciaciones que lleven a una decisión que conduzca a reconocer derechos que se evidencian en el proceso, a la luz de la buena fe contractual. Es decir, debemos llegar a la verdadera meta convencional, antes de darle validez excluyente a una redacción que puede alejarse de la lectura ética que debe hacerse del contrato, en el entendimiento que la buena fe es un componente indispensable del sentimiento mismo de justicia y debe orientar las decisiones de la ley o del juez (ver el desarrollo de estos temas en la obra de Rezzónico, Juan Carlos, “Principios fundamentales de los contratos”, Capítulo XVI, Buena fe; ed. Astrea, 1999, pág. 469 y ss., particularmente, páginas 478 y 502)” (el resalto de la letra es agregado propio).

Como dije en la introducción el fallo que motivara el presente trabajo fue la lectura de un precedente de la Corte Bonaerense fallado el 3 de noviembre de 2010 en el cual se confirma el rechazo de un reclamo de daños y perjuicios a raíz de la rescisión de un contrato de concesión para la venta de productos lácteos. Lo cierto es que la mayoría del Tribunal entendió que de la mentada rescisión unilateral del contrato no derivaba la obligación de resarcir en cabeza de la parte demandada o empresa concedente, sin embargo el voto de la minoría, del Dr. De Lazzari entendió lo contrario (16)

Se trata de una demanda indemnización de daños y perjuicios contra Sancor Coop. Unida Limitadas, en mérito de la relación contractual que llevaban desde junio de 1979 hasta 1997, fecha en que la firma demandada notificó al actor su voluntad de no continuar con la concesión por la cual este último comercializara los productos que la primera le proveía, quitándole —según alega— en forma arbitraria e intempestiva la “representación” que ostentaba.

El contrato atípico del cual se trata se encontraba documentado en una carta documento en la cual en su momento la actora —concesionaria— manifestaba unilateralmente su voluntad de contratar con la empresa por un plazo o período de seis meses, renovable indefinidamente en forma automática, estableciéndose asimismo la posibilidad de denuncia unilateral con un preaviso de 30 días.

La mayoría entendió básicamente que al encontrarse así pactado entre las partes la posibilidad de rescisión y previsto el plazo de preaviso, ello era ni más ni menos que ley para las partes y que acoger el reclamo implicaría un desconocimiento de lo pactado y una inadmisible violación de la doctrina de los propios actos.

El voto del Dr. De Lázzari, al que humildemente aquí se pretende hacer honor, básicamente entendió que:

-Nos encontramos frente a un vínculo contractual de los llamados “relacionales” el cual supone vínculos complejos entre las diversas partes, en la que las relaciones personales de solidaridad, confianza y cooperación son determinantes. Se conectan con sus circunstancias y, en consecuencia, si ellas varían, las partes están implícitamente obligadas a adaptar el contrato a la nueva situación.

-Se trata de una teoría que se aparta del puro consensualismo (porque se apoya en el intercambio, no en el consentimiento), y también del objetivismo (porque pone el eje de todo contrato en la relación interpersonal de las partes), siendo una postura abierta que nos ofrece una imagen más fiel de la realidad.

-En los contratos relacionales como el que examinamos, las expectativas de continuidad del vínculo contractual son normalmente compartidas por las partes contratantes, por lo cual en ellos se pretende evitar que la vinculación se interrumpa de una manera abrupta, previéndose la figura del preaviso a efectos de que la parte perjudicada tenga menos dificultades para celebrar nuevos contratos y continuar su vida económica con otros contratantes.

-Por ello, aun cuando la ruptura del vínculo contractual tenga como base la ley o algún instrumento suscripto por las partes para dar forma al contrato, la situación debe ser analizada bajo la perspectiva contractual relacional, considerando las propias características de esta relación, sin olvidar las pautas legales de la buena fe, la idea de cooperación y solidaridad.

-En este sentido la cláusula que prevé el preaviso de 30 días de anticipación para rescindir unilateralmente el contrato inserta en la carta documento fechada en 1987, se erige como abusiva en el marco de la relación contractual de las partes, teniendo en cuenta que le permite a la parte fuerte del contrato (en este caso una empresa láctea líder en el mercado), pasados más de 10 años sin interrupción de relación contractual con su distribuidor exclusivo, resolver con el escaso preaviso de 30 días su relación. Es así que una cláusula que establece solo 30 días de preaviso para una relación de este tipo y que se prolongara por el tiempo indicado se me presenta como definitivamente abusiva (arts. 1071, Cód. Civil; 216, 217 y 218, Cód. de Comercio).

-Es un hecho notorio que en 1987 las partes previeron una relación contractual por seis meses renovables y en ese escenario los 30 días de preaviso resultaban un plazo más que razonable con los 6 de duración total de la relación prevista e inclusive también consistente con la renovación automática por otros 6 meses. Pero la realidad ha hecho que la renovación se ha replicado al menos unas 20 veces y el plazo de preaviso ha quedado inalterado desde aquel contrato por 6 meses que se indicaba en 1987.

-La rescisión unilateral ha sido efectuada con un preaviso que, en el contexto relacional habido entre las partes, resulta por más exiguo, volviéndose de ese modo al distracto en intempestivo y, por ende, pasible de ser indemnizado a la parte que ha sufrido los daños de esa ruptura intempestiva (doct. arts. 519, 520, 1067, 1068, 1069 y concs., Cód. Civil).

Nótese la importancia del tema en tratamiento en la decisión final de la litis, la interpretación que corresponde hacer de una relación contractual, como algo que a priori se presenta como sencillo —puesto que se trataba de un contrato con reglas claras, preciso, escueto— sin problemas en cuanto a la prueba del mismo, genera a la hora de definir la contienda división de opiniones en los miembros de un alto Tribunal.

Obviamente que en lo personal me gusta y me inclino por el voto del Dr. De Lazzari, que a mi ver es lo que pretendo llamar “interpretación evolutiva de la relación contractual” es decir darle el valor que corresponde, de relevancia, a la realidad y circunstancias que rodean a la relación contractual. Una cláusula no puede interpretarse y ejecutarse de la misma manera frente a un contrato que dura 2 años que frente a una relación que perdura 20 años. Para entender ello basta con ponerse en los zapatos del concesionario, parte débil de la relación que de un día para el otro (pues no es más que ello 30 días en un período alongado de 20 años) y sin motivo o causal alguna recibe una comunicación que el concedente rescinde el contrato en el plazo de 30 días, cuando tenía a su cargo montado un negocio desde hace veinte años. ¿Es razonable y justo que dicho comerciante en tan solo 30 días tenga que salir y negociar con otro concedente para no cerrar su fuente de trabajo?, ¿no parece por demás de escaso el plazo?

Personalmente, que se me permita la licencia, me parece que la mayoría del Tribunal al rechazar el reclamo en estudio ha hecho aplicación de la letra de aquel famoso tango que dice “que veinte años no es nada”, recordando al Zorzal criollo en Volver.

De allí que los contratos deben interpretarse de acuerdo a las circunstancias en que se han ejecutado, de acuerdo al comportamiento posterior de las partes, es decir tener en cuenta como ha ido evolucionando la relación contractual a lo largo de su ejecución. No entender al contrato de tracto sucesivo como una fotografía sino como una película. Para ello no corresponde aferrarse literalmente a la letra del contrato cuando de la actividad de las partes se desprenda otra cosa.

Esto, que el magistrado llama Contratos Relacionales va más allá de las normas de interpretación con las que hoy contamos. Por ejemplo nuestro Código de Comercio establece las pautas de interpretación en el art. 218 allí en el inc. 1º y 4º se habla de la “intención común de las partes” pero cuando hubiese “ambigüedad en las palabras”, es decir se supedita buscar la intención de las partes a los términos no claros de una cláusula del contrato.

En síntesis creo que frente a un conflicto generado en una relación contractual, cuando la misma no es acorde o sucedáneo a lo que las partes expresaron por escrito, el juez no debe desconocer la realidad de las cosas, de las circunstancias, de los modos en que sucedieron los hechos, y debe fallar según su conciencia en pos de lograr una justa solución del mismo. En estos casos no puede encontrarse atado a lo que las partes pactaran si ello conlleva a soluciones injustas.

Por ultimo, un tema que no quiero dejar de referirme que es aplicación de esto mismo, es decir de interpretar el contrato de acuerdo al contexto en el que se desarrolla y no quedarse atado al papel escrito que es la denominada “Teoría de la frustración del fin del contrato”, que no se encuentra legislada en nuestro derecho positivo actual, pero que no por ello debemos desconocer.

V. De la frustración del fin del contrato

Se produce la frustración del fin contrato, por no tener ya una de las partes o ambas, debido al cambio de circunstancias, interés en el cumplimiento del contrato, que ha perdido su sentido original. (17)

Tal situación no se encuentra regulada específicamente en nuestro derecho positivo, pues, como veremos, dista de las situaciones regidas por la llamada “teoría de la imprevisión” (art. 1198 del CC) y del denominado incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor (art. 514 del CC).

La teoría de la frustración del fin del negocio nació en el derecho ingles con los llamados casos de la Coronación. Se trataron de situaciones o litigios que se plantearon entre locadores y locatarios de balcones o ventanas con frente a calles por las que iba a llevarse a cabo el desfile de la coronación de Eduardo VII. El evento debió ser cancelado por enfermedad del rey y, debido a ello, el fin perseguido por las locaciones realizadas quedó sin sentido. Frente a ello los locadores sostenían que debía pagarse el total del precio del arriendo, mientras los segundos entendían que debía reintegrárseles la suma ya pagada en tal concepto y eximírselos del pago del resto del precio. La Corte no ordenó la devolución de lo pagado ni el pago de lo aún debido, inmovilizando el contrato, por lo que ambas partes quedaron liberadas del cumplimiento de sus prestaciones futuras.

Así las cosas, y dejando de hacer historia, en principio la revisión del contrato o su resolución por circunstancias sobrevenidas a su celebración y que no han sido puestas como condición por las partes, pareciera contrariar el principio de la obligatoriedad de los contratos (pacta sunt servanda), consagrado en el art. 1197 del Cód. Civil.

No obstante lo cierto es que la frustración del fin por alteración de la base del negocio importa, la desaparición del elemento esencial de la causa (causa fin del negocio jurídico), lo que obliga forzosamente a establecer los efectos que produce esa manera de terminación del contrato.

La teoría de la frustración del fin del contrato se aplica a contratos de ejecución continuada, llamados también contratos de duración o de tracto sucesivo.

Los requisitos que deben concurrir para que se produzca la frustración del fin del contrato son los siguientes:

1) Circunstancias sobrevinientes, ajenas a las partes, no deben haber sido previsibles al tiempo de la celebración del negocio y de proyección general, es decir que deben haber podido afectar a cualquier persona que se hubiere encontrado en la misma situación de las partes del negocio.

2) Como consecuencia de tal transformación, la finalidad común debe resultar inalcanzable, aun cuando la prestación sea posible, determinando la desaparición de la causa del acto jurídico.

Lo que se frustra es la finalidad no la posibilidad de cumplir con la prestación pactada (de allí la diferencia con el casus).

El efecto jurídico que produce la “frustración del fin” de lege ferenda es la resolución del contrato (arg. art. 543 del CC).

La resolución del negocio tiene efecto retroactivo al día que se contrajo la relación jurídica. En su consecuencia, las partes deberán devolverse lo entregado por razón del contrato, excepto los frutos (art. 557, Cód. Civil).

Así en los contratos de duración o tracto sucesivo, si al acaecer la resolución ha habido cumplimiento parcial de las prestaciones por una de las partes (vg. pago de parte del precio total del arrendamiento), ésta podrá solicitar la devolución de lo entregado o pagado, si no hubiere recibido el uso y goce de la cosa antes de la resolución.

La parte a la que es opuesta la frustración sufrida, que no permite alcanzar la finalidad perseguida, tendrá derecho a retener del importe que debe devolver, en atención a los gastos realizados para cumplir el contrato (¿será daño al interés negativo?, lo dejo como interrogante pues no es dable desviar allí el presente trabajo).

Lo cierto es que la aplicación de la “teoría de la frustración del fin del contrato”, a la que brevemente aquí pretendí pasar revista, es un efecto de la interpretación evolutiva que corresponde hacer de los negocios jurídicos o vinculaciones contractuales de duración, puesto que de aferrarse el interprete a la letra escrita del contrato su aplicación no tendría cabida. Es abrir la puerta, a la hora de interpretar la relación contractual, a los hechos que rodean a las partes y que conforman el contexto del contrato que se suscitan en el iter del desarrollo de la relación o etapa de cumplimiento de la misma. Si uno olvidara ello y solo decidiera una posible controversia —entre las partes contratantes— únicamente en atención a la letra del pacto, por más clara y contundente que la misma resulte ser, jamás se podría hablar de “frustración del fin” pues sería algo inocuo con lo que solo debería cargar una de las partes sin efecto alguno en la contienda, de hecho se produjera una verdadera injusticia.

VI. Conclusión

Que el presente trabajo no pretendió de ninguna manera ser el comentario de las normas que actualmente contamos en los Códigos de fondo sobre el tema, es decir, básicamente los arts. 1198 del C.Civ. y 218 del C. Com., sino que como simplemente su titulo lo indica, al margen de dichas normas, sentar que es posible una interpretación del contrato por sobre lo pactado, cuando ello derive en una injusticia en atención a lo obrado por las partes en el iter contractual y sin que ello afecte a la libertad de contratación —autonomía de la voluntad— y al principio pacta sunt servanda.

A dicha interpretación que comprende más allá del texto frió o lato del convenio al contexto del mismo es que llamo interpretación evolutiva del contrato, es decir el mismo evoluciona al compás del comportamiento de las partes en la ejecución o cumplimiento del mismo. Evolución que solo es posible en los contratos de duración o tracto sucesivo.

Cuando digo que ello no implica desconocer los pilares de los principios “autonomía de la voluntad” y “libertad de contratación” (sistema abierto de tipos contractuales) quiero decir que la interpretación del contrato no puede nunca importar únicamente el salvataje de un “mal negocio” llevado a cabo por alguna de las partes, pues ello no sería una interpretación objetiva de la relación contractual sino parcial de la misma y por lo tanto injusta también.

La interpretación evolutiva del contrato, por sobre la letra del mismo, lo deberá ser siempre con criterio objetivo basado únicamente en la conducta o comportamiento de los contratantes, entendiendo que la misma es una expresión de voluntad como también lo fue la concreción del contrato. Es decir el contrato de tracto sucesivo no se define o delimita únicamente en el consentimiento prestado inicialmente.

Como ejemplo de lo expuesto es que corresponde pasar mirada por sobre el fallo que hemos citado de la Corte Bonaerense.

Es que la tendencia actual del llamado “derecho civil constitucional” implica la construcción de un orden jurídico más sensible a los problemas de la sociedad contemporánea, entre los cuales está el de disponer de un derecho contractual que, más allá de estampar operaciones económicas, sea primordialmente volcado a la promoción de la dignidad de la persona humana (arts. 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos y 75 inc. 22, Const. nac.).

La idea del resguardo de la desigualdad entre las partes contratantes y la intervención del Estado para menguar dichas diferencias (Vg. Ley de Defensa del Consumidor, Teoría de la Imprevisión, etc.), sin desconocer la fuerza de la voluntad del contrato concebida como autonomía privada, impone considerar también al contrato como un instrumento justo y útil para los particulares y la sociedad (arts. 14, 16, 17, 28, 75 incs. 18 y 19, Const. nac.).

Es decir, que la relación a la que los sujetos particulares se pretenden unir debe tener por objeto el alcance previsto en las reglas privadas fijadas en el contrato (art. 1137, Cód. Civil), pero también el dado por la ley y, por sobre todo, por la Constitución. De esta manera, el contrato deja de ser solo el poder reconocido a los particulares para la creación de normas o preceptos para ser ahora la elección de resultados ya declarados en la Carta Magna.

Que el contrato sea ley para las partes (art. 1197 del CC) y que no cabe a los jueces asignar a las cláusulas de un contrato un sentido reñido con la literalidad de sus términos no significa que deba descuidarse la intención de las partes que integra la interpretación del puro sentido literal, lo que implica un principio de ultra-literalidad que impone ir más allá del texto, esto es alcanzar el contexto. Es decir, lo literal encuadrado en el marco de circunstancias que les confiere significado y valor.

Por ultimo, es de esperar que frente a un “caso” a raíz en una relación contractual, el juez no debe desconocer la realidad de las cosas, de las circunstancias, de los modos en que sucedieron los hechos, y debe fallar según su conciencia en pos de lograr una justa solución del mismo. Es decir el tercero imparcial llamado a resolver el conflicto no puede encontrarse atado o sujeto a lo que las partes pactaran si ello conlleva a soluciones injustas.

Bibliografía Consultada

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(3) FERRARA, Cariota “El negocio Jurídico” Ed. Aguilar. Pág. 616.

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(5) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. “Breves reflexiones sobre la interpretación de los contratos y la ley”. Revista de Derecho Privado y Comunitario. 2006-3 Rubinzal-Culzoni).

(6) AFTALION, Enrique “La interpretación en la ciencia del derecho”. Pub. LL. t. 57-819.

(7) KELSEN, Hans “La teoría pura del derecho” Buenos Aires, 1941, ps. 127, 128, 131 y 135.

(8) AFTALION, Enrique R. “Ob. cit.” Pub. LL. t. 57-819.

(9) RADBRUCH, Gustavo “Introducción a la ciencia del Derecho”, Madrid, 1930, p. 156.

(10) LORENZETTI, Ricardo L. “Esquema de una teoría sistémica del contrato”. Publicado en: LA LEY 1999-E, 1168-Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo II, 455.

(11) GHERSI, Carlos, “Contratos Civiles y Comerciales”. Ed. Astrea, Bs.As.

(12) LORENZETTI, Ricardo, ob. cit.

(13) Corte Suprema de Justicia de la Nación. 1988/08/04. in re: “Automóviles Saavedra, S. A. c. Fiat Argentina, S. A”.

(14) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/11/91, in re: Cherr-Hasso, Waldemar Peter y otro c. The Seven Up Co. y otro.

(15) Sala II de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, “CABRAL, Juan Carlos c/ P.G.M. SAI y C y Minist. de Defensa (Estado Nacional) s/ Daños y Perjuicios” 25/4/2006.

(16) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ac. 104.935, “Lisi, Ricardo N. contra Sancor C.U.L. Daños y perjuicios” 3/11/2010.

(17) BREBBIA, Roberto “La frustración del fin del contrato” (LA LEY 1991-B, 876).