MALA PRAXIS MEDICA

Responsabilidad del médico que realizó prácticas abortivas y de la clínica privada de la Provincia de Jujuy en la que se concretó la intervención. Valoración de la prueba por el juez. Rechazo del recurso de inconstitucionalidad.

Hechos: La Cámara hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios deducida por los padres de una mujer que falleció en virtud de una insuficiencia hepática aguda a causa de prácticas abortivas realizadas de forma incompleta, y condenó al médico y a la clínica privada en la cual se concretó la intervención. Interpuesto un recurso de insconstitucionalidad contra la sentencia, el Superior Tribunal Provincial lo rechazó por entender que no se presentaba arbitrariedad alguna.

1. —      El médico que realizó practicas abortivas y la clínica privada en la que se realizó la intervención son responsables por las consecuencias dañosas de la muerte de la paciente, pues, con respecto al primero quedó acreditado mediante prueba testimonial, pericial y documental el nexo causal entre dicha práctica médica y el deceso, mientras que la clínica hizo posible que se llevara a cabo dicha práctica.[1]

2. —      Resulta improcedente el recurso de inconstitucionalidad contra una sentencia de grado de un Tribunal de la Provincia de Jujuy cuando lo que se pretende es la revisión del valor de la prueba y la fijación de los hechos, salvo que se acredite absurdo manifiesto que permita descalificar el fallo por arbitrario.

CUANTIFICACION DEL DAÑO

El hecho dañoso:

Prácticas abortivas realizadas en un establecimiento médico.

 

Referencias de la víctima:

Sexo:                                                                Femenino

Edad:                                                                                 22

 

Componentes del daño:

Daño extrapatrimonial

Daño moral genérico:                          $200000.-

Daño patrimonial

Daños varios:                                              $180000.-

 

#NroFallo# – ST Jujuy, 2012/02/29. – Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-114.936/04 (Sala III – Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: A., G.; B., M. J. c. Clínica Mayo, F. E. R., Estado Provincial .

[Cita on line: AR/JUR/4847/2012]

[El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente o en laleyonline.com.ar]

JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] Tribunal Superior de la Provincia:El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes en autos “Ortiz, Saturnino y otro c. Kardosh Charles y/u otros”, 2011/03/09, LLLitoral 2011 (julio) con nota de Tomás Ignacio González Pondal LLLitoral 2011 (julio), 612 DJ 27/07/2011, 49, AR/JUR/9018/2011 sostuvo que el médico demandado debe responder por la muerte de una mujer y de su hijo recién nacido, luego de que aquélla sufriera una insuficiencia cardíaca durante el embarazo, pues conociendo que se trataba de una paciente y de un embarazo de alto riesgo debió realizar la cesárea tal como lo había programado y no postergarla, máxime si no existe constancia escrita de que la víctima se haya negado a ser internada o que haya pedido postergarla.

 

CONTEXTO DOCTRINARIO DEL FALLO

[1]PREVOT, Juan Manuel “Error y culpa médica”, LLLitoral 2010 (junio), 494; AIZENBERG, Marisa-ROITMAN, Adriel J “Responsabilidad civil médica y relación de causalidad. Pérdida de la chance ante casos de error de diagnóstico”, LA LEY 2009-D, 594; TRIGO REPRESAS, Félix A. “La actividad de los médicos como obligación de “medios” y la prueba de su culpa”, LA LEY 2009-A, 325Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales Tomo I, 829.

San Salvador de Jujuy, febrero 29 de 2012.

El Dr. González dijo:

Con la demanda del principal, procuran sus promotores, G. A. y M. J. B., el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la muerte de la hija de ambos, L. del V. B., de 22 años de edad. Dirigieron la acción en contra del Dr. E. R. F., la Clínica Mayo y el Estado Provincial. Imputaron al primero responsabilidad médica por la mala práctica de un aborto que -en la versión de los demandantes- provocó consecuencias que derivaron en la muerte de su paciente; a la Clínica Mayo, por el vínculo contractual con la paciente, ya que allí se había concretado esa intervención y al Estado Provincial por la asistencia que le fuera brindada con posterioridad a ella, en el Hospital Pablo Soria, incluso por el mismo Dr. F., a la sazón, dependiente de ese nosocomio.

La Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial admitió la demanda en contra del Dr. F. y de la Clínica Mayo y la desestimó respecto del Estado Provincial. En su mérito, aquellos fueron condenados a indemnizar a los actores con el pago de $ 380.000.-, destinada a cubrir el daño material ($ 180.000.-) y el moral ($ 200.000.-).

En lo que se vincula a los agravios que se traen a consideración, el sentenciante tuvo por cierto que la joven fallecida fue atendida en el consultorio privado del demandado F. cuando presentaba un embarazo de dos meses. Se programó el legrado para dos días después, concretándose en la clínica Mayo, el 21 de febrero de 2003, a horas 19:30. Se le dio el alta alrededor de las 22:30 horas, prescribiéndosele antibióticos, pero sin que se siguieran los controles que cualquier intervención quirúrgica merece, ni se acreditara que se hubiere ordenado la realización de una ecografía ni exámenes de laboratorio. Consideró que el profesional no había elaborado ficha de la paciente ni percibió honorarios. Tampoco consignó la medicación que dijo haberle recetado. Sí tuvo por probado que, después del legrado, la víctima ingirió antibióticos que le provocaron malestar epigástrico, nauseas e ictericia, tal el cuadro que presentaba al llegar al Hospital Pablo Soria el 13 de marzo de 2003. Allí se determinó que el legrado había sido incompleto, por lo que se la sometió a otro, cuando ya el problema hepático agudo que derivó en su muerte, estaba instalado.

También precisa el fallo que el perito médico determinó como causa inmediata de la muerte la insuficiencia hepática aguda fulminante y descartó que el aborto haya sido la causa coadyuvante. Sin embargo, se aparta de esa conclusión con apoyo en las explicaciones recibidas de los médicos que declararon como testigos: Dres. G. B., C. M. A. y L. C., que detalla. Postula que el Dr. F. debió demostrar que fue diligente y que no incurrió en impericia, negligencia o temeridad y precisa que “la intervención quirúrgica ilícita (el aborto) resulta una fuente de riesgo que merece la máxima diligencia en el control posterior de la paciente”, de modo que el profesional debió acreditar que previno las consecuencias, lo que no hizo.

De los dichos de los médicos que brindaron declaración testimonial y del informe pericial, el a-quo coligió que, en general, la hepatitis es enfermedad que puede ser virósica, tóxica-medicamentosa o darse por sepsis. En autos quedó descartada la primera, no así las dos restantes, de lo que coligió que “la causa que originó el cuadro hepático está íntimamente relacionada con el accionar del demandado F.”.

Para imputar responsabilidad a la Clínica Mayo, consideró el a-quo que el hecho ilícito se produjo utilizando su estructura, por quien estaba bajo su dependencia y por intervención de las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado, por lo que es de aplicación el art. 1113 del Cód. Civil. Entendió también incumplida la obligación de seguridad.

En contra de esa sentencia, el Dr. P.M., en representación de los perdidosos, articula el presente recurso de inconstitucionalidad (fs. 10/30).

En torno al agravio que el fallo provoca al codemandado F., denuncia falta de fundamentación y afirma, en esencia, que no existe relación de causalidad entre el legrado y la insuficiencia hepática fulminante que provocó la muerte de la paciente. Sindica a la sentencia autocontradicción y defecto en la reconstrucción de los hechos, puntualizando que si la actuación del mencionado galeno tuvo lugar el 21 de febrero de 2003 y la paciente ingresó al Hospital Pablo Soria el 13 de marzo siguiente con el cuadro que -según la sentencia- tenía una evolución de una semana, la sintomatología comenzó aproximadamente el 6 de marzo de 2003, esto es, quince días después de la intervención del legrado por su representado, lo que denota “la falta de vinculación entre su obrar y el cuadro ictérico que presentaba la paciente producto de su patología hepática. También precisó la sentencia que la paciente presentaba como signos “marcada astenia, decaimiento general e hipoxia, sin fiebre ni escalofríos ni diarrea, con diagnóstico de aborto provocado, persistencia de restos uterinos y con síndrome ictérico …” de esas mismas conclusiones se desprende -dice- que no presentaba signos propios de sepsis. Ello es coincidente con lo afirmado por el perito médico. Insiste en que según surge de la historia clínica, del examen y de los estudios a que fue sometida la joven B. en el Hospital Pablo Soria, resulta que su patología no estuvo relacionada con antecedente ginecológico ni presentaba infección. De allí que la apreciación del a-quo al postular que el legrado uterino practicado en el Hospital para extraer restos ovulares aun retenidos el día 14 de marzo de 2003 “no resolvió el cuadro de síndrome ictérico que siguió evolucionando, configurando una insuficiencia hepática fulminante” no tiene respaldo en los antecedentes de la causa. Antes bien, se apartan de las categóricas conclusiones brindadas por el perito médico, sin fundamento ni razón alguna. Ello causa agravio porque no se dan razones para prescindir de esa prueba y porque intentan justificarse en las explicaciones de médicos que no fueron peritos en la causa sino testigos. Transcribe los párrafos de la pericia que estima pertinentes para sustentar su posición.

En definitiva, postula que si bien L. B., después del legrado que le practicó el Dr. F., continuaba con restos ovulares, la patología por la que consultó con éste (ginecorragia) fue resuelta durante su internación en el Hospital Pablo Soria; no obstante, la insuficiencia hepática siguió su evolución que no tuvo por causa infección alguna y que, siendo fulminante, fue la única causa de su muerte.

Después de referir a las características de esa enfermedad, critica también que el a-quo ignorara otros testimonios que corroboraron las conclusiones de la pericia, así como las explicaciones brindadas por el Dr. R.A., extendiéndose en argumentos para descalificar los dichos de los testigos en los que se apoya la sentencia.

En capítulo aparte, para fundar los agravios que el fallo provoca a la Clínica Mayo, el recurrente remite y reitera los expresados respecto al codemandado F. Subraya que el nosocomio no desatendió ningún deber objetivo de seguridad. Tampoco surge probado en la causa que en él se concretara una práctica ilícita, ni vínculo alguno de la causa de la muerte con el tratamiento dispensado a la paciente en sus instalaciones. F. practicó en ellas un legrado uterino, no un aborto como infundadamente lo expresa la sentencia, contraviniendo el principio de congruencia y apartándose de los hechos acreditados en la causa. Si por hipótesis se tuviera por cierto -lo que niega terminantemente- que la víctima fue sometida no a un legrado uterino sino a un aborto, ello tampoco justifica el fallo porque no hay nexo causal entre éste y la muerte que provocó la patología hepática.

Abona con citas de doctrina y jurisprudencia esos argumentos, formula reserva del caso federal y pide se haga lugar a su recurso, revocándose el fallo atacado, con costas.

A fs. 41/47 el Dr. J.P., con el patrocinio letrado del Dr. M.C., contestó el traslado que del reseñado recurso se le confiriera a sus representados: los actores del principal. Pide su rechazo por no satisfacer las exigencias que son propias del extraordinario remedio tentado, en abono de lo cual transcribe fallos de este Tribunal.

Destaca seguidamente que los testimonios que su contraria descalifica resultaron contundentes y dan suficiente sustento a la sentencia, como que fueron brindados por los médicos que participaron en la atención directa de la paciente. La sentencia -agrega- no prescinde de la prueba pericial. Sólo se aparta de algunas de sus conclusiones, luego de que se citara al perito para pedirle precisiones y explicaciones sobre su dictamen. Refiere al incuestionable iter lógico seguido por el Juzgador y al acierto de su sentencia que pide, en concreto, sea confirmada, con costas a los recurrentes.

Integrado el Tribunal, el caso fue sometido a consideración del Ministerio Público, dictaminando la Sra. Fiscal General adjunta. Propone el rechazo del recurso ponderando que la sentencia se ajusta a las constancias de la causa e interpreta correctamente el derecho aplicable al caso. El fallo no evidencia arbitrariedad y, por otro lado, la revisión propuesta es improcedente en tanto remite a la valoración de la prueba, materia ajena a este recurso salvo absurdo que el caso no evidencia, en tanto el sentenciante fue especialmente minucioso al analizarla y fijar la secuencia de los hechos del caso a partir de la declaración de J. A. M., D. J. B. y A. S. G. (novio, hermano y amiga de la víctima, respectivamente) y del propio Dr. F. al brindar su absolución. Entiende correctamente analizada la historia clínica, la pericia médica y las demás pruebas de índole científica agregadas a la causa. Refiere en particular a la declaración de los médicos que trataron la paciente cuando concurrió en estado de gravedad al Hospital Pablo Soria, quienes dieron detalles de la evolución del cuadro, generando en el Tribunal la convicción que la causa que originó el problema hepático fulminante estuvo íntimamente relacionada con el accionar del demandado F.. El mayor o menor valor que el Tribunal atribuyó a determinadas pruebas no admite el reproche que expresa el recurrente. Tampoco la responsabilidad asignada a la Clínica Mayo en tanto fue el establecimiento en el que se practicó el acto médico causante del daño por lo que debe responder por la falta al deber de seguridad y por la deficiente prestación médica del profesional conforme art. 512 y 1113 del Cód. Civil.

Traídos los autos al acuerdo para el dictado de la sentencia, corresponde sin más dictarla.

Coincido -y con esto anticipo la conclusión del presente- con la apreciación de la Señora Fiscal General. En efecto, se pretende con la articulación de este recurso, que este Tribunal modifique el diseño de los hechos concretado por el a-quo en mérito de la prueba rendida y valorada en la causa, lo que, como tantas veces lo hemos dicho, es materia reservada a los jueces de grado y vedada en esta extraordinaria instancia (L.A. 43 Fº 1159/1161 Nº 430; L.A. 43 Fº 1188/1190 Nº 443; L.A. 43 Fº 1191/1193 Nº 444; L.A. 43 Fº 1199/1201 Nº 446; L.A. 43, Fº 1215/1216 Nº 453, entre muchos otros), más aún cuando ello se concretó en el marco del proceso oral en el que gran parte de la prueba y los alegatos de bien probado son rendidos ante los Magistrados que presencian y conducen la respectiva audiencia de vista de la causa y que, por tanto, son los únicos en condiciones de apreciarlos y pronunciarse al respecto (L.A. 47 Fº 879/882 Nº 379, “L.A. Nº 39, Fº 824/834 Nº316 y L.A. 43 Fº 1199/1201 Nº 446, entre muchos otros).

Sólo en caso de absurdo manifiesto es posible apartarse de esa regla para descalificar el fallo por arbitrario, lo que ocurre cuando se prescinde o descalifica prueba trascendente, cuando el pronunciamiento se apoya en prueba inexistente o irregular, o cuando, en la valoración de la colectada, se incurre en contradicciones que privan al decisorio de la lógica esperable de cualquier razonamiento científico.

Tampoco descalifica -per se- la sentencia “que el Tribunal atribuya preponderancia a determinadas piezas probatorias restando gravitación a otras. La valoración de la prueba supone, precisamente, eso: atribuir fuerza de convicción a ciertos elementos y, en su caso, descartar o minimizar la de otros. Quien pretenda convencer de que en ese cometido el Tribunal incurrió en arbitrariedad, debe ser preciso y convincente. No basta con decir que determinada prueba … no ha sido meritada. Debe, por un lado, justificar la gravitación que dice tiene y, por otro, demostrar que las que el sentenciante juzgó conducente a la fijación de los hechos fueron indebidamente incorporadas al proceso o desprovistas de aptitud para demostrar, con el grado de certeza necesario, que los hechos fueron tal como los describe la sentencia”. (L.A. Nº 50 Fº 2450/2451 Nº 820, entre otros).

El caso de autos no justifica desplazar la regla que impide la revisión del valor de la prueba y la fijación de los hechos, como pretende el recurrente, pues si bien la sentencia se aparta de algunas de las conclusiones de la pericia médica producida en la causa, encuentra sustento en otros elementos de convicción igualmente conducentes y relevantes para fijar adecuadamente los hechos del caso.

Así pues, de los testimonios del novio, del hermano y de la amiga de la paciente, concluyó que no era verdad que el Dr. F., en la Clínica Mayo, la hubiera asistido por las secuelas de un aborto incompleto, practicándole un legrado uterino. Esa consideración también encuentra respaldo en la absolución del propio demandado al declarar que programó el legrado uterino dos días antes de concretarlo y para remover los restos de un aborto incompleto, circunstancia temporal que, dada por cierta, el a-quo juzgó inconciliable con la urgencia con que debe concretarse ese tipo de práctica que, por tanto, descartó; para dar por cierto que fue el codemandado F. quien, en la Clínica Mayo, practicó el aborto.

Y si bien, como lo afirma el recurrente, eso sólo no es indiciario del nexo causal con la muerte de la paciente, éste fue establecido con apoyo en prueba que, en esencia, también es aportada por científicos. Me refiero a la testimonial de los Dres. G. B., C. M. A. y L. C., todos médicos, que dieron razón de sus dichos en la atención médica que brindaron a la paciente en el Hospital Pablo Soria y durante su internación en el Hospital Pablo Soria.

La contundencia de esos testimonios y la gravitación que tuvieron tras ser valorados en conjunto con la pericia médica y con la documental agregada a la causa son -como se dijo- de imposible revisión en esta instancia, más aún cuando el perito también depuso oralmente dando las explicaciones que le fueron requeridas en la audiencia de vista de la causa, tal como lo consigna el acta de fs. 425.

Sin perjuicio de ello, destaco que, al exponer sus conclusiones, el perito fue cuidadoso en consignar que lo hacía “teniendo en cuenta únicamente los antecedentes obrantes en la historia clínica …” “que no se pueden evaluar, por no existir, los datos clínicos o de laboratorio previos al acto quirúrgico de marras” (refiere a la práctica en la Clínica Mayo) que “tampoco se puede determinar con precisión el estado general con el que (la paciente) se retira de la clínica y cuándo debe continuar con la consulta …”. De allí que al aludido dictamen del experto no puede dársele el valor absoluto que pretende el recurrente y, antes bien, debe analizarse y valorarse, como lo hizo el a-quo, confrontándolo con la demás prueba producida.

Es que, sin menoscabo de la importancia de toda prueba pericial en el proceso, “se ha de convenir que, en realidad, la directriz cardinal de la libre valoración de las pruebas por el juez -bien que sujeta a criterios de atendibilidad, de racionalidad, de controlabilidad y de justificación- no puede admitirse que quede en jaque, ni siquiera de hecho, frente a las pruebas ‘científicas’. Ni el perito puede sustituir con su razonamiento y conclusiones al propio discernir judicial, ni cabe admitir transferencia ni trasvase alguno de los poderes jurisdiccionales” (Roberto Omar Berizonce. Control Judicial de la Pericia Científica. Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, 2005 – 2 pag. 158).

Con ello digo que el fallo que atribuye responsabilidad al codemandado E. R. F. no evidencia la arbitrariedad que le atribuye el recurrente y se presenta como razonada derivación del derecho aplicable al caso con ajuste a las circunstancias comprobadas de la causa.

Como lógica derivación, corresponde confirmar también la condena a la Clínica Mayo, por haber sido el establecimiento en el que se concretó la práctica médica que el a-quo juzgó como causa origen de la enfermedad que derivó en la muerte de la hija de los actores y porque los agravios planteados en su representación son, en definitiva, los mismos que los expuestos respecto del codemandado F.

Por las razones dadas y por las que se expresan en el dictamen fiscal que hago mías, propicio, como lo he anunciado, el rechazo de este recurso, con costas a sus promotores en su condición de vencidos.

Con ajuste a las previsiones de la ley de aranceles 1687, en mérito a la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada (art. 4 inc. c); el monto del juicio (art. 4 inc. a) el resultado obtenido (art. 7), la participación de cada letrado (art. 10) y las escalas de los arts. 6 y 11, propongo regular los honorarios profesionales que corresponden a la actuación de los Dres. M.C.y J.P., patrocinante el primero y procurador el segundo de la vencedora en la instancia, en las sumas de quince mil doscientos pesos ($ 15.200.-) y siete mil seiscientos pesos ($ 7.600.-) respectivamente; y los del Dr. P.M. por su actuación en el doble carácter por los vencidos, en la suma de dieciocho mil doscientos cuarenta pesos ($ 18.240.-). Esos importes llevarán los mismos intereses que el capital y a ellos se le sumará el impuesto al valor agregado, de corresponder.

Tal es mi voto.

Los Dres. de Falcone, del Campo, Bernal y Jenefes, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: 1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Dr. P.M., en representación de E. R. F. y de la Clínica Mayo S.A. en contra de la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial el 19 de octubre de 2010. 2. Imponer las costas a los recurrentes. 3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. M.C., J.P. y P.M. en las sumas de quince mil doscientos pesos ($ 15.200.-), siete mil seiscientos pesos ($ 7.600.-) y dieciocho mil doscientos cuarenta pesos ($ 18.240.-), sumas que devengarán igual interés que el dispuesto para el capital y a las que se les sumará el impuesto al valor agregado, de corresponder. – Sergio Ricardo González. – Clara Aurora De Langhe de Falcone. – José Manuel del Campo. – María Silvia Bernal. – Sergio Marcelo Jenefes.