Facultades reglamentarias de la AFIP en el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias de la AFIP para viajes al exterior

Autor: Vidal Quera, Gastón

 

Con el dictado de la resolución general AFIP 3333/12[1] se estableció que los sujetos residentes en el país, considerados como tales a los efectos del impuesto a las ganancias, que demanden la adquisición de moneda extranjera para atender gastos en concepto de viajes al exterior por variadas razones (salud, turismo, congresos, deportes, etc) deben cumplir en forma previa con el régimen de información instaurado.

 

De tal manera,  deberán ingresar a la “Consulta de Operaciones Cambiarias” opción “Viajes al Exterior” indicando los datos que el aplicativo exige (datos personales, destino y motivo del viaje, agencia de viajes u operadores turístico contratado y cantidad solicitada en peso para la adquisición de divisas). La AFIP luego de realizar “evaluaciones sistémicas” emitirá la respuesta correspondiente respecto del monto en pesos validado para adquirir la moneda extranjera. Incluso se establece la posibilidad de requerir documentación adicional para analizar la solicitud presentada.

 

Como el caso de la resolución general AFIP 3210/11 (“Programa de Consultas Cambiaras”) el Organismo Fiscal invocó en los considerandos las facultades conferidas por el artículo 7º del decreto 618 del 10 de julio de 1997. Dicho decreto reglamenta la organización, facultades y funcionamiento de la AFIP, otorgándole en el artículo citado las denominadas facultades de reglamentación. En ese decreto se faculta a la AFIP a “… impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a reglamentar la situación de aquéllos frente a la Administración”.   

 

Cabe adelantar que las facultades reglamentarias exteriorizadas mediante el dictado de resoluciones generales pueden emitirse reglamentando una ley o en el marco de una expresa delegación legal. En ese sentido, no se invoca claramente cuál es la ley que se está reglamentando o las facultades legales que sustentan su dictado. Pareciera que en forma genérica se estaría frente a la reglamentación de las facultades de verificación y fiscalización otorgadas a la AFIP por la Ley 11.683 en su artículo 35 y concordantes.  Se trata de un aspecto cuanto menos opinable, por cuanto la consecuencia para el sujeto que desea adquirir la moneda extranjera para un viaje al exterior puede ser rechazada por sistema, sin invocar causal alguna e incluso se le puede exigir la presentación de documentación sin que el contribuyente esté en el curso de una inspección ni, mucho menos, se le impugnen las declaraciones juradas por supuestas inconsistencias en sus presentaciones.

 

Cabe recordar que la jurisprudencia ha dicho: “… la alusión al art. 35 de la ley 11.683 no ofrece, en principio, un sustento normativo adecuado a la resolución 2525/08 pues aquél artículo se inserta en el capítulo V de la ley 11.683 relativo a la Verificación y Fiscalización e importa el ejercicio de potestades desplegadas en el ámbito singular de una investigación tributaria. De tal modo, no resulta, preliminarmente, un antecedente de derecho válido para el dictado de una reglamentación con alcance general donde son fijadas determinadas obligaciones de información a una pluralidad de sujetos”[2].

 

Es evidente que el Fisco Nacional debe contar con las herramientas y facultades para luchar contra un flagelo como es la evasión impositiva y el lavado de dinero, pero no debe dejar de considerarse que el respeto al principio de legalidad es esencial al estado de derecho. Una loable finalidad, no justifica los medios, cuando el Fisco Nacional cuenta con amplias facultades legales de verificación y fiscalización en el marco de la ley 11.683.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]B.O. 28/05/2012.

[2]“Confederación Argentina de Mutualidades –inc. Med. c/ EN-AFIP-DGI-Resol 2525/08”, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 26 de agosto de 2009. El fallo se encuentra firme debido a que la Corte Suprema de Justicia rechazó la queja el 27 de abril de 2010 por incumplimiento del requisito previsto en el art. 4º del reglamento aprobado por la Acordada 4/07.

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