por Silvio Lamberti *

Publicado en la Revista de Derecho de Familia de AbeledoPerrot

La sentencia de alzada revocó el fallo de Primera Instancia e hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora por las lesiones causadas por el demandado, a quien atribuyó conductas de violencia masculina intrafamiliar (VMI) y obligó a resarcir el daño causado por un episodio puntual de lesiones.

A tal efecto, hizo hincapié en la importancia de valorar la prueba de presunciones como modo posible de atribuir responsabilidad por las conductas dañosas de violencia doméstica en razón de que dichas situaciones ocurren en un ámbito privado, que dificultan sobremanera hallar prueba directa y conducente que despeje todo tipo de dudas.

El criterio es acertado, porque exigir dicha prueba significaría cargar a quien denuncia hechos de tal naturaleza con una demostración difícil, cuando no imposible, lo que sería un verdadero impedimento para la procedencia de cualquier reclamo por los daños y perjuicios causados, y obstaculizaría su acceso a la justicia.

De allí lo fundante del fallo comentado en materia reparatoria por hechos de violencia familiar. Es que las presunciones constituyen una vía indirecta para llegar al conocimiento o admisión de un hecho determinado. Y este hecho —en el caso particular— ha sido la existencia de las lesiones atribuidas al demandado, cuyas características violentas quedaron demostradas a través de los testimonios aportados en la causa penal, que conformaron los indicios graves, precisos y concordantes que autorizaron a la alzada a presumir la intervención activa de aquél en la producción del daño.

Este criterio considerado para la reparación del daño puede compararse con las presunciones con las que el juzgador cuenta para dictar las medidas de protección de Derechos Humanos,  contenidas en las leyes locales de violencia familiar y en la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres. En estos casos se articulan los indicadores de peligrosidad, urgencia y riesgo 1 a partir de un único testimonio, que es el relato de la persona denunciante —lo que también sería una suerte de prueba indiciaria—.

Es así que no se advierte razón alguna para obviar la prueba de presunción cuando se trata de evaluar la reparación de daños en materia de violencia doméstica. La solución dada al caso —además— es congruente con la norma del art. 7º, inc. g), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), sancionada por el Estado argentino como ley 24.632 y, como tal, de aplicación obligatoria para todos sus jueces, y que obliga a nuestro Estado a “asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación justos y eficaces”.

Como resulta de la norma citada, el único requisito de que dispone es que el acceso a la justicia para el resarcimiento de daños generados en la violencia contra la mujer sea “efectivo”, a punto tal de habilitar la vía protectora supranacional en caso de no obtener respuesta satisfactoria en el ámbito estatal, con fundamento en la gravísima violación a los Derechos Humanos que importa la conducta violenta, en este caso, de VMI (art. 12, ley 24.632 citada).

Ello significa que el “efectivo resarcimiento” previsto en la Convención requiere un tratamiento específico, atento a la especificidad de la problemática particular de esta nueva rama del derecho, que es el derecho de la violencia familiar 2.

Esta especificidad está reconocida en mayor o menor medida en los sistemas legales protectores vigentes en nuestro país, como en el valor que debe prestarse a los informes de los equipos especializados, en los alcances y el contenido de la obligación de denunciar de terceros calificados, en la necesidad del dictado de medidas protectoras y en las derivaciones a tratamientos o a programas especializados, materia en la que yerra la ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, en cuanto prevé dicha derivación para los agresores como castigo y no como un derecho a su recuperación (art. 32, inc. c) 3.

Si bien no es temática del fallo en examen, en razón de que no resulta de sus términos la existencia previa de una denuncia por violencia familiar, sino una acción penal por lesiones —originada en un hecho de dicha índole—, no debe dejar de señalarse que la especificidad en materia de resarcimiento exigiría —desde lo práctico— que la acción indemnizatoria se tramitara en el mismo expediente de denuncia por violencia familiar. Ello tiene fundamento en el conocimiento que tiene de las partes el juez que intervino en dicha causa, máxime si está previsto en la ley el dictado de una sentencia condenatoria ante la comprobación de los hechos denunciados, como sucede en los regímenes de La Pampa (arts. 25 a 28, ley 1918), Santa Cruz (art. 7º, ley 2466), Río Negro (art. 24, ley 3042) y Tierra del Fuego (art. 5º, ley 39).

Sin embargo, dichos sistemas protectores locales nada establecen respecto de la indemnización, aunque prevén la aplicación de sanciones, como el apercibimiento por los hechos de violencia, la terapia bajo mandato judicial —ya criticada como punición—, la aplicación de multas, la imposición de trabajo comunitario o la adopción de medidas respecto del tiempo libre del agresor.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en las demás provincias argentinas, las respectivas leyes no autorizan el dictado de un decisorio de mérito atributivo de responsabilidad por los hechos de violencia denunciados, sino que se limitan al dictado de medidas protectoras urgentes y a la posterior derivación de la víctima y del agresor a tratamiento o a programa especializado, por lo que el trámite referido debe forzosamente iniciarse en otro expediente.

Sin embargo, en todos los regímenes protectores argentinos, las limitaciones apuntadas no impiden al juez imponer al agresor el pago de alojamiento o de gastos de atención médica y psicológica de las víctimas, ya que dichas erogaciones no revisten el carácter de resarcimiento, sino que tienden a cubrir la emergencia originada en la situación de violencia denunciada y no existe al efecto norma impeditiva alguna, sino —por el contrario— la previsión del amparo judicial contra los actos que violen los derechos de las víctimas de violencia familiar (art. 4º, inc. g], Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ley 24.632 citada).

Debe aclararse que se hace mención a los regímenes locales protectores en violencia familiar porque son el género del cual se desprende la especie violencia doméstica contra las mujeres previsto en el art. 6º, inc. a), ley 26.485; y dichos regímenes, con sus disposiciones abarcativas de la violencia familiar en todas sus modalidades, en nada se oponen a la especificidad de la violencia de género contra la mujer en la familia, máxime cuando esta ley amplía los contenidos y los alcances de las leyes locales 4.

Es en el derecho comparado latinoamericano donde la especificidad de la reparación del daño causado adquiere carta de ciudadanía, atento a que los ordenamientos de Bolivia (art. 36, último párrafo, ley 1674), Colombia (art. 5.c, ley 294), Costa Rica (art. 3.p, ley 7586), Guatemala (dec. 97-96, art. 7.p), Puerto Rico (art. 2.1.i, ley 54) y Venezuela (Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, del 1/1/1999, art. 28) lo prevén expresamente, gravando al juez con la carga de fijarlo ante la comprobación de las situaciones de violencia familiar y en el marco de la causa proteccional. De este modo, la concentración de la actividad jurisdiccional se dirige a evitar la litigiosidad y la duración a veces excesiva de los juicios, resaltando el principio de protección de la víctima en su integridad.

La carencia de previsiones específicas en materia de reparación del daño en las leyes protectoras locales y la mera mención que se efectúa en el art. 35 de la ley 26.485, que se limita a autorizar el reclamo —cuestión esta absolutamente innecesaria por estar contenida en los principios del derecho de daños— lo condiciona a las vicisitudes del inicio de un posterior reclamo en otro proceso.

En este sentido sería importante reformular dichos sistemas legislativos para facilitar el acceso a la justicia en estas situaciones, oportunidad que se perdió en ocasión del dictado de la ley 26.485, que en vez de dar un paso adelante se quedó repitiendo lo obvio.

Otra vía distinta a la legislativa —más remota— sería que el juez intentara dar una solución al caso, que fuera socialmente exitosa con el material legislativo con el que cuenta, ya que en su impartir justicia no debe encerrarse en el dogmatismo ni en el formalismo para asegurar la efectividad del resarcimiento 5.

 

* Abogado (UBA). Docente de la carrera de Especialización en Violencia Familiar en la UMSA. Autor de obras especializadas en la temática. Capacitador en violencia masculina intrafamiliar en el país y en el exterior.

1 Lamberti, Silvio – Mattiozzi, Raúl, “La práctica psicológica y jurídica en violencia masculina intrafamiliar. Peligrosidad, urgencia y riesgo”, LL Actualidad, 13/8/2009.

2 Lamberti, Silvio – Mattiozzi, Raúl, “Práctica jurídica en violencia masculina intrafamiliar”, LL Actualidad, 12/2/2009.

3 Lamberti, Silvio – Mattiozzi, Raúl, “Reflexiones en torno a la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Violencia masculina intrafamiliar”, LL Actualidad, 9/5/2009.

4 Aón, Lucas C., Conferencia dictada en la Jornada Violencia Estructural Masculina Intrafamiliar. La Práctica Psicológica y Jurídica, organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Sup. Corte Bs. As. en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Dolores. Dolores, provincia de Buenos Aires, 4/9/2010.

5 Viar, Juan P. – Lamberti, Silvio, comentario al fallo de la C. 8ª Civ. y Com. Córdoba, “R., L. del V. y otra v. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba”, 21/12/2000, RDF 2002-22- 177, LexisNexis – Abeledo-Perrot, 2002.