23/11/2011 – Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala II

En autos “Ramos, Mónica E. v. Provincia de Mendoza” se rechazó la acción procesal administrativa incoada por la actora, al entender que una sanción de apercibimiento no está fundada en la condición sindical del agente cuando es previa a la notificación de la designación, y por tanto no es alegable la tutela sindical.

Mendoza, noviembre 23 de 2011.

Antecedentes:

A fs. 16/23, la Señora Mónica Edith Ramos, por medio de representante, deduce acción procesal administrativa solicitando se revoque o anule totalmente el Decreto n° 2452 dictado por el Gobernador de la Provincia y en su consecuencia disponga la eximición de la sanción de apercibimiento a su parte.

A fs. 41 se admite la acción interpuesta y se ordena correr traslado de la demanda a la contraria, quien a fs. 48/56 contestan solicitando su rechazo con costas.

Admitidas las pruebas ofrecidas y agregados los alegatos presentados por las partes, a fs. 162/163 corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien considera que los motivos expuestos persuaden a ese Ministerio Público de la improcedencia de la pretensión que se hace valer en la demanda, correspondiendo se la desestime.

A fs. 164 se llama al Acuerdo para sentencia y a fs. 165 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1a.-: ¿Es procedente la acción procesal administrativa interpuesta?

2a.-: En su caso, qué solución corresponde?

3a.-: Pronunciamiento sobre costas.

 

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

I.- Mónica Ramos deduce acción procesal administrativa solicitando se revoque o anule totalmente el Decreto n° 2452 dictado por el Gobernador de la Provincia y en su consecuencia disponga la eximición de la sanción de apercibimiento a su parte.

Luego de fundar el agotamiento de la vía, la legitimación sustancial e individualizar el acto impugnado, relata los hechos que dan origen al pleito.

Citando las notas que presentara con diversas solicitudes afirma que sus peticiones nunca fueron respondidas satisfactoriamente, denunciando la clara y manifiesta inacción de la administración.

Que a raíz de tales presentaciones recibió una imposición de cronograma y pla-zos de entrega generándose a partir del 2 de marzo de 2007 el trámite de formulación de sanción disciplinaria.

Que con fecha 6 y 8 de marzo de 2007 se la emplaza a hacer entrega en un plazo no mayor de 24 horas de los antecedentes, borradores, archivos y soportes digitales y piezas administrativas referidas al Proyecto para el edificio de la Sede Central de la Dirección de Hidráulica.

Que las irregularidades acusadas dieron motivo a formular una denuncia en Fiscalía de Estado respecto a la falta de herramientas de trabajo y que las labores eran realizadas fuera del ámbito laboral y en horas ajenas a la función.

Considera que el acto impugnado adolece de vicios graves que lo tornan arbitrario ya que ha sido emitido con absoluto desprecio de las constancias de la causa.

Que se la ha sancionado cuando se encontraba bajo tutela sindical conforme lo prescribe el art. 52 y cctes. de la ley 23551.

Que si bien al momento de la sanción no ejercía efectivamente el cargo ya que asumió el 9 de abril de 2007, no estaba privado de la tutela sindical, pues fue elegida delegada gremial conforme un acto eleccionario ajustado a la normativa vigente.

Denuncia que se han violado las garantías sindicales referidas, lo que torna a la sanción aplicada, nula de nulidad absoluta.

Destaca que si bien su postulación no fue comunicada a la administración en debida forma, su candidatura fue avalada por un importante número de agentes afiliados a U.P.C.N. por lo que resultaba pública y notoria su actividad gremial y que la oficialización de la lista fue conocida por el empleador antes de la aplicación de la sanción.

Por otro lado entiende que la sanción es arbitraria por cuanto el trabajo enco-mendado no podía realizarse ante la inexistencia del material idóneo, situación advertida por su parte con la debida antelación.

Expresa que no puede desempeñar su función con la eficiencia que el cargo exige pues la administración no la ha provisto del material informático idóneo para realizar la tarea encomendada por la superioridad. Por ello considera el acto impugnado arbitrario y carente de motivación.

Desarrolla en el punto VI de su libelo los principios liminares que rigen el objeto de su acción destacando que es candidata gremial desde el 22/11/06 y que es delegada desde el 9/4/07 fecha de asunción del cargo y que la sanción se aplicó el 15/03/07. Que el cargo gremial fue comunicado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -Delegación Mendoza- el 10/04/07 y en igual data al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social y al Titular de la Dirección de Hidráulica.

Respecto a la procedencia del reclamo sostiene ostentar la titularidad de un derecho subjetivo; relata las vías de hecho administrativas, formula consideraciones de la revisión judicial expresando que el Tribunal debe revocar en su totalidad el acto administrativo impugnado, disponiendo dejar sin efecto ni valor jurídico alguno a la sanción de apercibimiento atacada en el presente.

Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que oportunamente se haga lugar a la acción eximiendo a su parte de la sanción de apercibimiento.

II.- El Gobierno de la Provincia y el Fiscal de Estado responden en forma con-junta la acción y luego de formular negativas generales y especiales, fundan la impro-cedencia de la acción intentada.

En tal sentido señalan cuales son los principios que rigen el control judicial de la facultad sancionadora del Poder Administrador, a saber, límite del control judicial, proporcionalidad de la sanción y derecho de defensa cuyos conceptos desarrollan.

Citando la resolución n° 32 por la que se le impone el apercibimiento a la actora, expresan que de los considerandos de la misma se desprende que están expresados con precisión los fundamentos fácticos y legales en los que se basa la sanción. Se explicitan los diversos y reiterados incumplimientos de la actora de los trabajos que le fueran legítimamente encomendados mediante las pertinentes notas que refieren.

Sostienen que en lugar de cumplir con lo requerido la actora contesta con un emplazamiento y con excusas dilatorias. Que los incumplimientos reiterados detallados en la resolución que impuso la sanción han sido acreditados documentalmente y mediante informes en el expediente administrativo, lo cual nunca fue cuestionado por la actora (innumerables órdenes y múltiples oportunidades para que cumpliera debidamente con las tareas). Todo ello da debido fundamento al acto atacado.

Insisten que la Sra. Ramos ante las órdenes jerárquicas emanadas de autoridad competente se limitó a poner excusas para justificar su incumplimiento, dice que le falta el instrumental pertinente, que quiere que le otorguen el adicional de mayor dedicación, solicita un reencasillamiento de su situación laboral, etc. pretendiendo así poner ella las prioridades en la gestión de la Dirección.

Además indican que se le otorgó el equipo pertinente (informe de fs. 7 del expíe. N° 3262 y fs. 20 del n° 220) y que manifiesta la imposibilidad de realizar la labor sin fundamentación técnica alguna, pues no le hacía falta el software pretendido.

Que la actitud personal de la actora fue negligente sin que se le pueda endilgar a la Administración actuación alguna que implique obstáculos para que la Sra. Ramos cumpliera con lo encomendado.

Por otro lado destacan que al final de la vía recursiva y en el escrito de inicio de la presente causa, pretende ampararse en la denominada tutela sindical.

Al respecto afirman que la Resolución n° 32 fue dictada por el Director de Hidráulica el 14/03/2007. La actora es nombrada delegada gremial de la UPCN el 9/04/2007, sin haber informado con anterioridad su candidatura, tal como ella misma reconoce.

Conforme ello, la sanción fue aplicada con anterioridad a la designación como delegada y la postulación como candidata nunca fue comunicada fehacientemente al empleador.

Citando normas de la ley 23551 y jurisprudencia del Tribunal afirman que en el caso de marras al momento de aplicarse la sanción no tenia efectos la tutela sindical dedo que no había sido comunicada fehacientemente al empleador la postulación de la Sra. Ramos como candidata, no existiendo un conocimiento cierto por parte de la Administración la candidatura de la actora.

Consideran que en definitiva, no siendo aplicable al caso la garantía de la tutela sindical, habiéndose acreditado los hechos endilgados, encuadrado debidamente la situación fáctica en la norma correcta, aplicado la mínima sanción y respetado cabalmente el derecho de defensa, debe concluirse que las decisiones administrativas cuestionadas son clara y palmariamente legítimas, carentes de vicio alguno.

Ofrecen prueba, formulan reserva del caso federal y solicitan que oportunamente se rechace la acción, con costas a la contraria.

III.- El Procurador General del Tribunal destaca que las actuaciones administrativas no avalan los vagos cuestionamientos realizados por el actor. Que el informe de fs. 7 del expediente 3262 no ha sido rebatido demostrando la imposibilidad de desarrollar los trabajos.

Citando jurisprudencia del Tribunal afirma que la tutela sindical sólo opera cuando el empleador tomó conocimiento cierto y fehaciente de la calidad de candidato del postulante.

Por las razones expuestas considera que la pretensión que se hace valer en la demanda, debe desestimarse.

IV.- La cuestión sustancial debatida en la causa refiere al poder sancionador de la Administración, específicamente a la revisión del acto administrativo por el que se le aplica un apercibimiento a la actora.

Desde ya adelanto mi opinión coincidente con el dictamen emitido por el Sr. Procurador del Tribunal, en el que propicia el rechazo de la acción planteada, pues los actos impugnados mediante la presente acción se encuentran debidamente fundados y en este proceso no se ha podido demostrar lo contrario.

De la compulsa de las actuaciones administrativas acompañadas al Tribunal como prueba según constancias de fs. 39 (n° 78079/8), fs. 85 (n° 78971/01) y fs. 119 (n° 79209/13) surgen las siguientes circunstancias:

* A fs. 8/18 de la pieza n° 220/D/07 corren agregadas una serie de copias de notas mediante las cuales la Dirección de Hidráulica le requería información o le solicitaban informes a la Arquitecta Ramos. Obran también las reiteraciones frente al silencio de la responsable.

* Mediante nota n° 210 la Dirección le efectuó un reclamo de cronograma de entregas de trabajos oportunamente asignados y mediante nota de fecha 2 de marzo de 2007 se le rechazan los conceptos expuestos por la agente Ramos en la nota 217/R/07-30008. En ésta última la Dirección de Hidráulica expone de manera clara y precisa la forma en que se han ido sucediendo los hechos y formula un análisis de las razones por las que se considera que los tiempos propuestos para la entrega de los trabajos encomendados no pueden ser de ninguna manera aceptados (ver fs. 1/4 expte. adm. n° 220/D/07).

* Las actuaciones de referencia pasaron a la División de Personal donde se realizó el informe que corre a fs. 19, en el que se analizó la conducta de la agente a la luz de las probanzas acumuladas, dándose por acreditada la carencia de puntualidad respecto de la entrega de los trabajos encomendados, tipificando la falta en el art. 13 -por incumplimiento de las obligaciones- graduado conforme la naturaleza y gravedad conforme el art. 65 inc. c) del DL 560/73.

* El Director de Hidráulica en un dictamen donde valora tanto las circunstancias investigadas por la Administración, como las defensas de la interesada respecto del equipamiento con el que cuenta para realizar sus labores, solicita el dictado de la norma por la que se le aplique a la arquitecta Ramos la sanción de apercibimiento aconsejada por Personal.

* Agregado el dictamen legal pertinente (fs.21) se dicta la Resolución n° 32/DH/07 con fecha 14 de marzo de 2007, la que una vez notificada dio lugar a los recursos pertinentes planteados por la actora a los efectos de su revisión y el agotamiento de la vía (ver expte. n° 3262/R/07 y 711/R/09).

* Mediante estas últimas actuaciones se tramitaros diferentes informes a efectos de requerir más información respecto a las herramientas con que contaba la arquitecta para desarrollar las tareas encomendadas (Ver especialmente fs. 6/7, su dictamen legal posterior y las consideraciones efectuadas por el Subsecretario de Obras Públicas).

* Tanto el Ministro de Medio Ambiente y Obras Públicas como el Gobernador confirmaron el apercibimiento aplicado mediante los actos administrativos pertinentes, procedimiento en el que participó la interesada ejerciendo su derecho de defensa.

El procedimiento descripto, a todas luces refleja que la decisión administrativa sancionatoria responde a las insistentes órdenes del Superior quien pretendía el cumplimiento de una serie de tareas encomendadas que fueran incumplidas por la ahora actora. También traduce que en diversas oportunidades se insistió para que la agente cumpliera con los requerimientos de presentar las tareas encomendadas sin respuesta favorable. Por el contrario, tal como lo destaca la demandada en su responde, la agente insistió con con-ductas evasivas respecto de su responsabilidad limitándose a poner excusas para justificar su incumplimiento. Acreditadas y documenta-das las circunstancias apuntadas, la resolución por la que se le impone la sanción -Resolución n° 32- resulta consecuencia lógica de lo actuado, legítima en todos sus términos, debidamente motivada y fundada en los hechos acreditados en las actuaciones de incumplimientos reiterados de las obligaciones de la agente involucrada. El encuadre normativo en los arts. 13 y 65 del Decreto ley 560/73 tipifica de manera correcta la conducta desplegada por la arquitecta Ramos.

Así se advierte que a lo largo del procedimiento administrativo el poder administrador ha dado respuesta a cada uno de los cuestionamientos de la actora, explicando y contestando cada una de las dudas expresadas por la interesada. Cuestiones como la falta de equipamiento informático, la entrega de equipo, la supuesta falta de programa informático fueron investigadas y analizadas por la Administración Pública, respondiendo en forma fundada cada uno de los aspectos señalados quedando probado que los trabajos no fueron realizados por una actitud personal negligente de la arquitecta ya que no se probaron por su parte como ciertos, los obstáculos que alegaba en su defensa.

Conforme lo hasta aquí expresado, se advierte que se ha respetado el derecho de defensa, que se ha investigado la verdad real de la situación acaecida en el seno de la Administración, que se han cumplido las etapas pertinentes regladas en la ley 3909, valorándose las pruebas colectadas en debida forma. En síntesis el actuar se ha desarrollado en un marco adecuado para resolver la cuestión que se presentaba.

Consectario de ello, resulta válido afirmar que el acto administrativo que dispone el apercibimiento resulta legítimo, razonable y proporcionado a la conducta desplegada por el agente, la que se encuentra debidamente probada y que además no es negada por el actor quien en ningún momento ha indicado si ha cumplido con los pedidos y requerimientos del Superior.

Es doctrina reiterada que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales del Poder Administrador, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces, a quienes sólo cabe revisarlas en el caso de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta (C:S: Fallos 303:1029; 304:1033; 306:1729; 307:1282; ver además L.S. 292-1; 296-134; 298-209; 299-110; 304-66; 347-178; 379-176 entre otros).

Así no surgiendo arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta en los actos cuestionados no corresponde al Tribunal revisar dichos extremos.

Por otro lado la actora no ha arrimado al Tribunal en esta instancia de conoci-miento pleno, prueba alguna que revierta lo acaecido en el desarrollo del procedimiento administrativo, resultando, tal como lo destaca el Procurador general del Tribunal, irrelevantes las testimoniales de las personas que deponen en la causa a los efectos de probar la imposibilidad técnica de desarrollar los trabajos encomendados por el empleador.

Finalmente la actora al momento de interponer la vía recursiva en sede administrativa, planteó en forma subsidiaria y sin mayores fundamentos su amparo en la figura de la tutela sindical, argumentando en su demanda una defensa específica al respecto.

En tal sentido, es jurisprudencia reiterada del Tribunal que para que opere a favor del agente la tutela sindical, resulta necesario que el empleador tome conocimiento cierto y fehaciente de la calidad de candidato del postulante.

De las constancias de la causa surge que la sanción fue aplicada mediante Resolución n° 32 dictada con fecha 14 de marzo de 2007 y la actora, por sus propios dichos y conforme surge de fs. 91/93 es nombrada delegada gremial el 9 de abril de 2007, sin haber informado con anterioridad su candidatura.

El apercibimiento fue aplicado con anterioridad a la designación de la actora como delegada sindical. No existió por parte del empleado ni por la asociación sindical comunicación fehaciente anterior a la sanción de la postulación como candidata de la actora.

Conforme lo prescripto por los arts. 49 y 50 de la Ley 23551, la reiterada juris-prudencia del Tribunal (L.S. 267-457, 263-388, 394-125), al momento de aplicarse el apercibimiento no tenía efectos la tutela sindical que la actora invoca por falta de conocimiento cierto y fehaciente por parte de la Administración Pública de la candidatura de la actora.

En las condiciones relatadas y en coincidencia con lo dictaminado por el Procurador General del Tribunal, corresponde desestimar la acción procesal administrativa en análisis.

ASI VOTO.

 

Sobre la misma cuestión los Dres. LLORENTE y BÖHM adhieren por los fun-damentos al voto que antecede.

 

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior. ASI VOTO.

 

Sobre la misma cuestión los Dres. LLORENTE y BÖHM adhieren al voto que antecede.

 

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

Atento como han sido votadas y resueltas las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la actora vencida (art. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.). ASI VOTO.

 

Sobre la misma cuestión los Dres. LLORENTE y BÖHM adhieren al voto que antecede.

 

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, resuelve:

1°) Rechazar la acción procesal administrativa deducida a fs. 16/23 por Mónica Edith Ramos.

2°) Imponer las costas del proceso a la parte accionante vencida (art. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.).

3°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuenten en el expediente con los elementos para realizarla.

4°) Remitir las actuaciones administrativas a origen.

6°) Dése a conocer a la Dirección General de Rentas y Caja Forense a los efectos fiscales y previsionales pertinentes.

Notifíquese. Ofíciese.- Herman A. Salvini .- Pedro J. Llorente.- Carlos Böhm.