16/02/2012

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V

En autos ‘’Jara, Aurora v. Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derecho Humanos’’ se dijo que una cosa es que la prueba ilegalmente obtenida no pueda ser usada por el Estado contra el imputado en un juicio criminal y, en consecuencia, éste deba ser absuelto, y otra muy distinta es que la sentencia penal absolutoria fundada en la ilegalidad de tales pruebas las haga desaparecer, porque la circunstancia de que el Estado no pueda valerse de esa prueba ni utilizarla en contra del imputado en el juicio penal no significa que ella carezca de entidad a todos los efectos, tal como si nunca hubiera existido.

 

2ª INSTANCIA.? Buenos Aires, febrero 16 de 2012.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Alemany dijo:

I. Que en la sentencia de primera instancia se rechazó la demanda interpuesta por Aurora Jara con el objeto de obtener el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de su detención y prisión preventiva ordenados por el juez federal en lo Criminal y Correccional de San Martín durante la instrucción de la causa “Quiroga, Víctor H. y otros s/infracción ley 23737”, en virtud de la cual la actora fue privada de su libertad por el término de más de dos años hasta que finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n. 2 de San Martín, la absolvió con fundamento en la ilegalidad de las escuchas telefónicas mediante las que habían sido obtenidas las pruebas utilizadas contra ella durante ese proceso. En cuanto a las costas del proceso, las impuso a la vencida (conf. fs. 204/208 vta.).

Como fundamento, y en cuanto interesa, el magistrado señaló que, en el caso, de la nulidad de las pruebas de cargo decretada en el proceso penal no podía inferirse que hubiera existido un error judicial en virtud del cual la actora debiera ser indemnizada, puesto que la detención y la prisión preventiva habían sido decididas teniendo en consideración los elementos probatorios hasta entonces incorporados a la causa, los que habían llevado al Juez a cargo de la instrucción al convencimiento de que había mediado un delito y que existía una posibilidad cierta de que la imputada hubiese sido la coautora de éste. Asimismo, el a quo destacó que para responsabilizar al Estado es necesario demostrar la existencia de una relación de causalidad directa y relevante entre el actuar de éste y el daño cuya reparación se persigue, extremo que no se había verificado en el presente, toda vez que la actora no sólo no había atacado la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que había confirmado el procesamiento y la prisión preventiva decretada, sino que ni siquiera había negado la posesión de las sustancias ilegales secuestradas en el allanamiento realizado en su domicilio. En este sentido señaló que, en la órbita del derecho civil, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1111, CCiv., aquel que origina el propio daño, por una falta a él mismo imputable, está impedido para pretender el cobro de una indemnización.

II. Que, contra dicho pronunciamiento apeló la actora, que expresó agravios a fs. 220/232, los que fueron replicados por el demandado a fs. 238/241 vta. En cuanto interesa, la demandante se agravia por considerar que en el caso se encuentran configurados los requisitos necesarios para que prospere la acción por daños y perjuicios, toda vez que, quedó acreditada la falta de servicio en la que incurrió el Estado, existió un daño cierto y el mismo fue consecuencia directa e inmediata de la conducta estatal. Al respecto señala que, el Juez de grado omitió tener en cuenta las particularidades del caso, en el sentido de que, la prueba de cargo en virtud de la cual le había sido decretada la prisión preventiva carecía de valor, por haber sido declarada nula. Aduce que ello pone de manifiesto que en el caso existió un evidente ejercicio irregular del servicio de administración de justicia y en su mérito debe reconocérsele el derecho a ser indemnizada.

III. Que, tal como resulta de fs. 252, 256 y 260, el expediente en el que tramitó el juicio penal no fue remitido en su totalidad, a pesar de haber sido solicitados los cuerpos faltantes. Por otra parte, a fs. 264 se solicitó la remisión de una copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n. 2 de San Martín el 31/8/1998, que hasta la fecha no ha sido recibida. No obstante, las constancias de la causa aparecen como suficientes para resolver la cuestión planteada, máxime toda vez que los hechos relevantes no han sido objeto de controversia entre las partes.

IV. Que, de los antecedentes de la causa resulta que en virtud de la noticia policial que había puesto en conocimiento del juez federal en lo Criminal y Correccional de San Martín que en un determinado taller mecánico se comercializaban sustancias estupefacientes, cambiándolos por automotores en la República de Paraguay, el juez a cargo de la instrucción resolvió iniciar tareas investigativas y ordenó la intervención de determinadas líneas de teléfono. De las escuchas telefónicas resultó que la actora le habría dicho a otro de los imputados que: “le diga a Gustavo que no traiga nada, ya que estaba rondando la Policía” y que “pese lo que tenga y que lo liquide, como ya se lo había dicho a Verónica”. Posteriormente, la Gendarmería Nacional, por intermedio de la División Narcotráfico Norte de la Policía Bonaerense, informó acerca de una salida del país de algunos de los imputados en la causa penal, entre ellos la autora, en un vehículo cuyo número de dominio era G-34019, y con posterioridad, sobre el ingreso de aquella en un colectivo de línea; circunstancias que confirmaban la línea de la investigación, en cuanto a que se cambiaban sustancias estupefacientes por rodados fuera del país. Asimismo, cabe destacar que, en el allanamiento realizado en el domicilio de la actora, se procedió al secuestro de una gran cantidad de cannabis sativa (conf. fs. 864 del expediente penal agregado). Así, con fundamento en la prueba de cargo reseñada, el juez federal en lo Criminal y Correccional de San Martín, entendió que se encontraba debidamente probado que la actora formaba parte de una organización dedicada al ingreso y tráfico de sustancias estupefacientes. En consecuencia, el 26/4/1996, la consideró prima facie autora penalmente responsable de los delitos de introducción al país de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, comercio de estupefacientes, distribución de los mismos, dación en pago, agravado ello por haber sido llevado a cabo por más de tres personas organizadas a tal fin y, por tanto, resolvió convertir la detención de la actora en prisión preventiva (conf. fs. 872 del expediente penal agregado).

Finalmente, el 31/8/1998 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n. 2 de San Martín dictó la sentencia por medio de la cual se decretó la nulidad del auto que había ordenado las intervenciones de los teléfonos referidas, y de todas las pruebas obtenidas como consecuencia de ellas. Asimismo, dispuso la absolución de la aquí actora y ordenó su inmediata libertad (conf. fs. 6, 53 vta. y 207).

V. Que, tal como se ha expresado, una cosa es que la prueba ilegalmente obtenida no pueda ser usada por el Estado contra el imputado en un juicio criminal y, en consecuencia, éste deba ser absuelto, y otra muy distinta es que la sentencia penal absolutoria fundada en la ilegalidad de tales pruebas las haga desaparecer. Porque la circunstancia de que el Estado no pueda valerse de esa prueba ni utilizarla en contra del imputado en el juicio penal no significa que ella carezca de entidad a todos los efectos, tal como si nunca hubiera existido (conf. esta sala, en las causas “Gómez, Nicolás H. v. Estado Nacional – Ministerio de Justicia s/daños y perjuicios”, expte. n. 159.747/2002, del 8/11/2002 y “Portillo, Julio C. y otro v. Estado Nacional s/daños y perjuicios”, del 10/9/2009). En el caso, la droga ilegal (cannabis sativa) efectivamente fue secuestrada del domicilio de la actora y los informes de la Gendarmería Nacional daban cuenta de la participación de la actora en el tráfico ilegal de vehículos al exterior del país.

Por tal motivo, no cabe atribuir responsabilidad al Estado por error judicial ni por funcionamiento irregular del servicio de justicia, pues las constancias de la causa revelan que el auto de prisión preventiva se fundó en una apreciación razonada de los elementos objetivos existentes en el estado preliminar del proceso en el que se decretó esa medida (conf. fs. 863 vta., 871 vta./873 del expediente penal agregado), y ella fue decidida sobre la base de extremos de hecho suficientes para estimar, provisionalmente, que existía semiplena prueba de la comisión del delito y de su autoría. En particular, la incautación de estupefacientes que, tal como se decidió en Fallos 328:4175, constituye un indicio suficiente para decretarla, aunque finalmente el proceso haya concluido con la absolución del imputado por haberse declarado la nulidad de todo lo actuado en la etapa de instrucción.

VI. Que, por lo demás, cabe poner de resalto que para que la absolución posterior pueda dar lugar a la acción de resarcimiento sobre la base del error judicial es menester demostrar la inocencia manifiesta del imputado, es decir, que no existan elementos suficientes para justificar el estado de “semiplena prueba” respecto de éste (conf. Fallos 325:1855), extremo que no se verifica en el presente.

VII. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia recurrida en lo que fue materia de agravios. Costas a la vencida (art. 68, CPCCN). Así voto.

El Dr. Treacy adhiere al voto del vocal preopinante.

El Dr. Gallegos Fedriani dijo:

Que sin perjuicio de lo dicho por el Dr. Alemany en el voto que antecede, creo necesario resaltar la conclusión a la que arriba el juez de la anterior instancia, que comparto en un todo.

En efecto, como se expresa a fs. 208 y vta: “… para imputar responsabilidad al Estado es necesario demostrar la existencia de una relación de causalidad directa y relevante entre el actuar de éste y el daño cuya reparación se persigue (conf. Fallos 312:1656 y 315:1892); relación de causalidad que no se verifica cuando ?como en el caso de autos? la aquí actora, no sólo no acató oportunamente la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, sino que ni siquiera negó la posesión de las sustancias ilegales secuestradas en el allanamiento de su domicilio. Desde esta perspectiva no debe olvidarse que en la órbita del derecho civil, aquél que origina el propio daño, por una falta a él misma imputable está impedido para pretender el cobro de una indemnización resarcitoria; ello por aplicación del art. 1111, CCiv.”. Así voto.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, por mayoría, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación deducido por el actor y confirmar la sentencia apelada. 2) Imponer las costas a la vencida (art. 68, CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvanse.? Jorge F. Alemany.? Guillermo F. Treacy.? Pablo Gallegos Fedriani.