13/02/2012 – Corte Suprema de Justicia Tucumán , sala Civ. y Penal sala Civ. y Penal

En autos “Díaz, Leonardo E.” se sostuvo que es admisible la probation en los supuestos donde la acción ilícita atribuida al imputado tiene prevista pena conjunta de inhabilitación.

San Miguel de Tucumán, febrero 13 de 2012.

¿Es admisible el recurso?

En su caso, ¿es procedente?

El Dr. Posse dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el defensor del imputado Leonardo E. Díaz (fs. 227/230), contra el auto de la sala 5ª de la Cámara Penal, de fecha 11/3/2011, que no hace lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por su parte.

La resolución impugnada, de fecha 11/3/2011, señaló que la ley (art. 76 bis, párrs. 6 y 7, CPen.) excluye del beneficio de suspensión del juicio a prueba “a los funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y por los delitos que tengan prevista la accesoria de inhabilitación”. Denegó el beneficio solicitado con fundamento en que al momento de la comisión del ilícito el imputado era empleado policial (funcionario público), y que el delito atribuido, contenido en el art. 281, CPen., conlleva la accesoria de inhabilitación (conf. fs. 223).

El recurso de casación ha sido concedido por auto interlocutorio del 7/4/2011 (fs. 231). Corrida la vista de ley, el ministro fiscal se pronuncia por la procedencia del recurso interpuesto, de conformidad con los fundamentos que proporciona a fs. 238 y vta.

2. Se examinarán seguidamente los agravios desarrollados por la defensa técnica del acusado en este proceso.

2.1. Invoca como motivo de casación la infracción de los arts. 30, Const. prov. de Tucumán y de los arts. 142, 155, 358, 411 y 416, CPP-TC, alegando que la sentencia es nula por falta de motivación y por no constituir una derivación razonada del derecho vigente.

Afirma, en tal sentido, que al dictar la resolución del 11/3/2011 el a quo ha incurrido en una grave equivocación, toda vez que las dos consideraciones en las que sustenta la denegatoria de la probation —que el imputado Díaz es policía y que el delito que se le imputa es el contenido en el art. 281, CPen., que conlleva la accesoria de inhabilitación— son inexactas. Indica que el déficit que denuncia emerge de la simple lectura del requerimiento de elevación a juicio del 14/5/2008, de donde surge claramente que la acusación fiscal atribuyó a Díaz la comisión del delito de lesiones graves, legislado en el art. 90, CPen., que prevé en abstracto la pena de un mes a un año de prisión o reclusión.

Subraya que la requisitoria fiscal imputó a su defendido el haber agredido a golpes de puño a la denunciante, sin que en ningún momento se haya mencionado, o se lo haya intimado, alegando que dicha conducta fue ejecutada en su calidad de policía y en ejercicio de sus funciones.

Destaca que Díaz no había sido asignado como custodio del local bailable por una autoridad superior, sino que había celebrado con el propietario un contrato de locación de servicios a título personal, en un horario que no cumplía funciones de policía; de donde se deriva que no se encontraba en ejercicio de sus funcionales normales, legales y habituales.

2.2. Sostiene que el a quo ha efectuado una errónea interpretación y aplicación del art. 76 bis, CPen., que desvirtúa la finalidad con la que fue concebido el instituto de la probation, a la vez que determina la lesión de las garantías constitucionales de los arts. 16, 18 y 19, CN.

Al respecto puntualiza que aunque el art. 76 bis, CPen., establece que “No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado del delito”, la corriente doctrinaria mayoritaria sostiene esta restricción sólo es razonable con relación a los delitos que exigen la calidad de funcionario público en el autor, pues en estos supuestos existe un deber funcional en el imputado que legitima un trato legal diferente respecto de otros sujetos sometidos a proceso penal. Cita doctrina.

Respecto de los tipos penales vinculados a los funcionarios o empleados públicos, efectúa las siguientes precisiones: a. Sólo las figuras contenidas en los arts. 142 bis, inc. 5 y 174, párr. final, se refieren a los funcionarios públicos como sujetos activos; b. Las restantes figuras, en su mayoría, se limitan a mencionar al “funcionario público”, ya sea como autor (arts. 117 bis, inc. 40; 139 bis, 2 párr.; 144 bis, inc. 1; 144 ter, inc. 1; 151, 157; 157 bis in fine; 167 quater, inc. 5; 207; 235; 238; 242; 246; 248 bis; 249; 251; 252; 253; 254, párr. 2; 256; 258; 259; 260; 261, párr. 1; 262; 264; 265; 266; 268; 274; 277, inc. 3; 279, inc. 3; 281; 287; 291; 293 bis; 298); o como sujeto pasivo (arts. 237; 239; 241; 256 bis; 258 bis, CPen.). Y subraya que la autoría del delito de lesiones graves, tipificado en el art. 90, CPen., no es de exclusividad del funcionario público.

Con cita de doctrina afirma que la interpretación textual de la prohibición contenida en los dos últimos párrafos del art. 76 bis, implicaría consagrar un derecho penal de autor, irreconciliable con el art. 18, CN; a la vez que se vulneraría la garantía de la igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 CN, de conformidad con las consideraciones que desarrolla a fs. 228 vta/229 y vta.

Cita las normas que estima violadas, jurisprudencia y doctrina que considera aplicables al caso, propone doctrinas legales, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso intentado.

3. En orden a la admisibilidad del recurso de casación, el examen de las constancias de autos permite constatar que la requisitoria fiscal atribuyó a Leonardo Ernesto Díaz la comisión del delito de lesiones graves, previsto y penado por el art. 90, CPen., en perjuicio de Silvana C. Tripolone (fs. 100).

Es desde esa perspectiva, es decir, atendiendo a los términos de la acusación fiscal, que debe ponderarse la concurrencia de los requisitos a que se refieren los dos últimos párrafos del art. 76 bis, CPen., para decidir sobre el beneficio de suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa.

Es que hasta aquí, es decir, hasta la etapa o grado de desarrollo en que se encuentra este proceso, Díaz sólo ha sido acusado por la comisión del delito de lesiones graves. La requisitoria fiscal no le ha atribuido la comisión del delito tipificado en el art. 281, CPen., o de otro injusto que justifique la afirmación de que en el caso no procede la probation porque la ley excluye del beneficio “a los funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones” (conf. fs. 223).

El imputado no fue acusado por la comisión del delito tipificado en el art. 281, ni tampoco, según se desprende de la requisitoria fiscal, ha cometido el hecho en el ejercicio de sus funciones como agente público. De allí que para resolver sobre el beneficio solicitado debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el art. 90, CPen., que tipifica el delito de lesiones graves atribuido al encartado, y lo reprime con la pena de prisión o reclusión de uno a seis años.

Lo expuesto priva de validez al argumento invocado en la sentencia para denegar el beneficio. La conclusión a que arriba el a quo no se corresponde con las constancias de la causa, ni constituye derivación razonada del derecho aplicable; y tales defectos resultan suficientes para justificar la invalidez de la resolución impugnada.

Sin embargo, estimo conveniente añadir las siguientes consideraciones:

4. Sobre la cuestión de la procedencia del beneficio legislado en el art. 76 bis, CPen., con relación a los delitos que prevén como pena conjunta la de inhabilitación, comparto la solución doctrinaria y jurisprudencial que mantiene un criterio favorable a la admisión de la probation en los supuestos donde la acción ilícita atribuida al imputado tiene prevista pena conjunta de inhabilitación. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de Tucumán con distintas integraciones (sents. 578 del 6/8/2003; 911 del 21/10/2002; 149 del 18/3/2002; 1090 del 26/12/2001; entre otras).

La ley 24316 (BO 19/5/1994), modificatoria del Código Penal, estableció con la referida modalidad de suspensión un sistema en virtud del cual el órgano estatal requirente, en beneficio del individuo imputado de un delito —y también del sistema penal, impotente para atender la totalidad de los casos que le son sometidos a juzgamiento— renuncia condicionalmente a la acción penal a cambio del sometimiento del procesado a un régimen de puesta a prueba, transcurrido el cual la acción penal se extingue de manera definitiva, sin consecuencias jurídico penales. Es decir que se reemplaza el juicio por un régimen de puesta a prueba, que, de ser cumplido eficazmente, concluye con la extinción de la acción penal.

El instituto de la probation tiene como finalidad encontrar un modo más equitativo de armonizar el conflicto, orientando su solución hacia un sistema no punitivo, con eximente de pena para el acusado y un adecuado resguardo del interés de la víctima. Se trata de una herramienta político-criminal, con un claro propósito resocializador, cuyo objetivo principal es reintegrar a la sociedad a aquellos imputados que cumplen con determinados requisitos, orientando y controlando su cumplimiento en libertad durante el tiempo y bajo las condiciones estipuladas en cada caso. Tal propósito deja traslucir el cambio de paradigma de la justicia penal, que busca una opción a la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en una sentencia, que en caso de condena impone una sanción. Con ello se evita al imputado el estigma de la condena o la declaración de culpabilidad. Al mismo tiempo, se tiende a descongestionar los tribunales, pues su aplicación permite obviar la celebración el juicio en los casos de menor cuantía.

En supuestos como el examinado en autos, de los términos literales del art. 76 bis, CPen., surge que quedarían excluidos de la posibilidad de suspensión todos los supuestos en que se prevea pena de inhabilitación. Tal criterio llevaría a admitir la posibilidad de conceder la suspensión del juicio a prueba al imputado por un delito de acción pública reprimido con sanción de reclusión o prisión, mientras que se excluiría de dicho beneficio a los ilícitos castigados con sanción de inhabilitación aunque se trate de delitos con escala penal e importancia menor. Así, por ejemplo, las lesiones graves y las gravísimas (dolosas) reciben un castigo privativo de la libertad —prisión o reclusión— de uno a seis años en el primer caso, y de tres a diez años en el segundo. El homicidio culposo por su parte, como por ej., un accidente de tránsito en violación del deber de cuidado, es reprochado con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial. Aunque la sanción prevista pone de manifiesto que se considera más grave causar intencionalmente lesiones graves o lesiones gravísimas, que producir una muerte en forma imprudente o negligente, sólo se podría conceder la probation en los supuestos más graves.

Dicha conclusión excede el marco de razonabilidad en la interpretación de la ley, si se tiene en cuenta la naturaleza jurídica y la teleología del instituto de la suspensión del proceso a prueba. Ello ha obligado a recurrir a un método de interpretación de la ley sistemático y finalista, para determinar los verdaderos alcances del texto en examen y evitar la consagración de situaciones irrazonables en perjuicio del acusado. Tal lo que acontecería si se impidiera el acceso a la probation a individuos que pudieron cometer algún yerro o desvío, aunque ofrezcan buenas condiciones para una recuperación futura eficaz. En tal sentido, el hecho de que la norma, al declarar improcedente la suspensión del juicio a prueba en los supuestos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, no distinga si dicha sanción se ha impuesto como principal o como conjunta o accesoria, no debe llevar a concluir que la prohibición involucra a todos los casos en los que está presente esa especie de pena, pues entonces quedarían excluidos los casos más importantes de delitos culposos. Cabe también advertir que los fines de prevención general y seguridad específica perseguidos con la inhabilitación, pueden encontrar adecuada satisfacción con la imposición y cumplimiento de las reglas de conducta que determine el tribunal, luego de efectuar un juicio concreto de valor para determinar si el peticionante podría ser beneficiado con los atributos propios de la condicionalidad de la pena. Por tanto, cabe interpretar que la restricción establecida en el art. 76 bis, párr. final, para la procedencia de la probation, debe ser entendida en el sentido de que sólo alude a aquellos casos en que el delito considerado prevea la inhabilitación como pena principal, posibilitando su otorgamiento cuando esté prevista como pena conjunta (ej., arts. 84 y 94, CPen., entre otros). Una interpretación restrictiva, que involucre en la prohibición a todos los supuestos en que se ha impuesto una pena de inhabilitación, afectaría el principio de igualdad consagrado por el art. 16, CN (Devoto Eleonora, “La probation”, Din Editora, Buenos Aires, 1995, p. 95; Corte Sup. Just. Tucumán, sents. 316 del 14/5/2008; 445 del 15/6/2004; 578 del 6/8/2003; 911 del 21/10/2002).

La procedencia del beneficio en análisis deberá examinarse en cada caso particular, conforme a las pautas que brinda el art. 76 bis en concordancia con el art. 27, CPen. Y la concesión del instituto deberá subordinarse al cumplimiento de reglas de conducta que tiendan a satisfacer la finalidad de prevención y seguridad específica que se persigue con la inhabilitación, según el delito de que se trate.

5. Las consideraciones expuestas llevan a concluir que la sentencia impugnada ha resuelto la denegatoria del beneficio de suspensión del juicio a prueba solicitado por el imputado y su defensa técnica sin fundamentos fácticos y jurídicos válidos. Con ello se ha infringido el deber de motivación impuesto por el art. 30, Const. prov. de Tucumán, y los arts. 417, inc. 2, 422, inc. 4, CPP- TC, por lo que procede declarar su nulidad, de conformidad con la siguiente doctrina legal: “Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido a la sentencia que infringe el deber de adecuada motivación”.

En consecuencia se declara la nulidad de la sentencia de la sala 5ª de la Cámara Penal, con relación a la cuestión examinada, debiéndose restituir los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento por quien corresponda.

En razón del modo como se resuelve la cuestión, las costas se imponen en el orden causado (art. 560 y concs., CPP-TC).

El Dr. Gandur dijo:

1. Comparto lo expresado por el señor vocal preopinante, Dr. Daniel Oscar Posse, en los consids. 1, 2 y 3 referidos a los antecedentes. Sin embargo, no adhiero a los restantes fundamentos expuestos para la resolucion del mismo.

2. Esta Corte ha indicado en forma reiterada que el consentimiento del fiscal, referido en el art. 76 bis, párr. 4, CPen., remite al análisis de uno de los requisitos necesarios para conceder la suspensión del juicio a prueba. Debemos recordar que la ley sustantiva ha previsto la intervención del Ministerio Público, quien habrá de expedirse sobre la concurrencia de los recaudos legales para la procedencia de este beneficio. También se indicó que el consentimiento del fiscal constituye una exigencia legal y resulta vinculante para el juez, quien carece de poderes autónomos para ejercer la acción penal, y tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de tal ejercicio si no cuenta con aquella conformidad. En distintos precedentes, la sala Civil y Penal del tribunal ha sostenido el carácter vinculante de su oposición (conf. Corte Sup. Just. Tucumán, entre otras, sent. 747 del 14/9/2001; cc. 537 del 2/7/2002; 930 del 18/11/2004).

En relación al alcance del término “consentimiento” expresado en el 4to. párrafo del art. 76 bis, CPen., la doctrina señaló que: “En realidad, lo que el fiscal debe manifestar por medio de su dictamen, efectuando una interpretación sistemática de este canon, es si se verifican todos los presupuestos establecidos por la ley para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba; si dichos presupuestos están comprobados; el fiscal no podría oponerse al otorgamiento de la probation” (Edwards, Carlos, “La probation en el Código Penal Argentino”, Ed. Córdoba, 1997, p. 58).

Podemos recordar que dicho requisito tiene sentido en un sistema procesal acusatorio en el cual el fiscal es el titular de la acción penal. Por ello, el análisis que realiza el magistrado sobre el mismo no puede avanzar sobre las facultades propias del representante del Ministerio Público, tal como ocurre en el presente caso. En efecto, la Cámara no analizó si la negativa del fiscal se encontraba debidamente fundada sino que llevó adelante un razonamiento que le es ajeno a su función al poner de relieve la imposibilidad del otorgamiento por encuadrarse la acción en un tipo legal que no fue imputado el acusado (art. 281, CPen.).

La resolución impugnada no solo omitió analizar y, si fuera el caso, confirmar la denegación del beneficio, sino que expresa un impedimento para el otorgamiento del mismo que no fue expuesto por el fiscal ni en el dictamen ni en ningún momento del proceso. Tal exceso afecta negativamente la actuación de los magistrados en tanto que la misma exhibe argumentos ajenos a su facultad para denegar el beneficio de la probation dejando dicha resolución sin una adecuada fundamentación.

En consecuencia, se hace lugar al planteo de casación con base a la siguiente doctrina legal: “Es descalificable jurídicamente y, por ende, nula, la sentencia que asienta su decisión en una fundamentación aparente”.

De este modo, dicha resolución debe declararse nula debiéndose restituir la causa al tribunal de origen a fin de que se dicte nueva sentencia por la sala a quien por turno corresponda. Puesto que el déficit proviene del órgano jurisdiccional las costas se imponen por su orden (art. 560, CPPT).

El Dr. Estofán dijo:

Estando conforme a los fundamentos dados por el Dr. Posse, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en igual sentido.

La Dra. Sbdar dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el Dr. Posse, especto de las cuestiones propuestas, vota en idéntico sentido.

Y Visto: El resultado del precedente acuerdo, la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su sala en lo Civil y Penal, resuelve:

I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado Leonardo E. Díaz (fs. 227/230), contra el auto de la sala 5ª de la Cámara Penal, de fecha 11/3/2011, de conformidad con la doctrina legal enunciada en los considerandos de la presente resolución.

II. Declarar la nulidad de la resolución de la sala 5ª de la Cámara Penal, del 11/3/2011 con relación a la cuestión examinada, debiéndose restituir los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte nueva sentencia por quien corresponda.

III. Costas conforme lo considerado.

IV. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

Hágase saber.— Daniel O. Posse.— Antonio Gandur.— Antonio D. Estofán.— Claudia B. Sbdar. (Sec.: María C. Racedo Aragón De Luna).