Hechos:

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán interpuso recurso de casación contra la sentencia de Cámara que hizo lugar a la demanda promovida por una sociedad, declarando la inconstitucionalidad de los Arts. 187 y 192 del Código Tributario Municipal, en cuanto regulan los tributos denominados “Contribución de mantenimiento del alumbrado público” y “Contribución para obras nuevas y de mejoras del alumbrado público”.La Corte Suprema de Justicia de la Provincia resolvió rechazar el recurso deducido.

 

Sumarios:

1. Resultan inconstitucionales los Arts. 187 y 192 del Código Tributario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en cuanto regulan los tributos denominados “Contribución de mantenimiento del alumbrado público” y “Contribución para obras nuevas y de mejoras del alumbrado público”, pues existe una desvinculación absoluta entre la base imponible y la actividad estatal, atento a que la cantidad de energía eléctrica consumida privadamente por los contribuyentes nada evidencia acerca del costo final que pudo tener el servicio de alumbrado público prestado por la municipalidad, ni dice nada sobre la capacidad contributiva, la que depende pura y exclusivamente de la actividad particular que cada sujeto realiza, y no de sus posibilidades económicas.

2. La  desvinculación entre la base imponible y la actividad estatal que presentan los tributos “Contribución de mantenimiento del alumbrado público” y “Contribución para obras nuevas y de mejoras del alumbrado público”, que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán pretende cobrar a una empresa, trae aparejado un reparto desigual de la carga tributaria, porque comparado con la situación de otros sujetos obligados que registran un menor consumo de energía eléctrica, el mismo servicio u obra de alumbrado público incide de modo más gravoso sobre la firma, por la sola circunstancia de que la índole de su especial actividad implica un consumo intensivo de electricidad.

 

Texto Completo: San Miguel de Tucumán, febrero 29 de 2012.

El doctor Goane dijo:

I. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, parte demandada en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 148/152 y vta.) contra la sentencia Nº 415 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara Contencioso Administrativo en fecha12 de mayo de 2011(fs. 139/144) el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el artículo751 infine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC) ?ver fs. 153, 155 y 156/159?, es concedido mediante Resolución Nº 639 del04 de agosto de 2011(fs. 161).

II. Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

El planteo fue interpuesto en el plazo que consagra el artículo 751 del CPCyC; impugna una sentencia definitiva, en los términos del artículo 748 inciso 1 del CPCyC; cumple con el depósito previsto por el artículo 752 del CPCyC y satisface el requisito del artículo 750 del CPCyC, en la medida que está fundado en una supuesta infracción a derecho en que habría incurrido el fallo atacado, tanto por aplicación errónea de la normativa correspondiente como por arbitrariedad en el tratamiento de la cuestión planteada. Respecto de esto último, es del caso aclarar que el estudio del vicio de arbitrariedad ?en cualquiera de sus modalidades? resulta objeto propio de la casación por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte de los jueces de grado.

Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

III. En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis hace lugar a la demanda promovida por Atenor Hnos. S.R.L. en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán declarando, con relación al presente caso, la inconstitucionalidad de los artículos 187 y 192 del Código Tributario Municipal (en adelante CTM), en cuanto regulan los tributos denominados “Contribución de mantenimiento del alumbrado público” y “Contribución para obras nuevas y de mejoras del alumbrado público”, respectivamente.

Para así resolver se observa una desvinculación absoluta entre la base imponible que las disposiciones en cuestión ?en ambos casos? fijan en función de la cantidad de energía eléctrica consumida privadamente por el contribuyente, y el costo final que pudo tener el correspondiente servicio mantenimiento o una determinada obra nueva y de mejora del alumbrado público, que presta o realiza la Municipalidad.

Se entiende que tal incongruencia o desconexión entre la base imponible y la actividad estatal o el beneficio que ésta eventualmente genere para el obligado al pago, trae aparejado un reparto desigual de la carga tributaria, porque el mismo servicio u obra de alumbrado público repercute de manera más gravosa sobre la actora, en comparación con otros sujetos obligados ?e inclusive con quienes no registran consumo de energía, como por ejemplo los propietarios de terrenos baldíos?, por la sola circunstancia que la especial índole de la actividad que desarrolla la primera implica un consumo intensivo de electricidad, lo que no se corresponda necesariamente con una mayor capacidad contributiva del sujeto pasivo.

IV. En su escrito recursivo, la demandada aduce que el servicio de alumbrado público le significa al Municipio una erogación anual de casi $ 10.000.000, con lo que se cubre la compra del fluido eléctrico, la reposición de lámparas, limpieza de artefactos, pintado de columnas, mantenimiento preventivo y correctivo, etc. Sobre el particular hace hincapié en que se encuentra probado en autos que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán presta tanto los servicios de mantenimiento del alumbrado público como los correspondientes a la contribución de obras nuevas.

Sostiene que es falso el argumento que la imposición de las gabelas de marras violenta el principio de igualdad, pues es aceptado por la jurisprudencia y doctrina que la capacidad contributiva resulta adecuada para tomarse como referencia a los fines de la determinación del monto a tributar. En este sentido expresa que ?en la especie? tal capacidad está dada por la cantidad de consumo de energía domiciliara de cada contribuyente, con el tope máximo de $ 800, conjugándose de este modo los principios de equidad con el de razonabilidad y proporcionalidad tributaria, pues se evita que el pago del servicio termine siendo una “expectativa tributaria a cielo abierto” (sic).

IV. ¿Asiste razón a la recurrente?

Esta Corte ya se ha pronunciado sobre el tema en los autos “Sanz Hnos. S.H. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Inconstitucionalidad”, sentencia Nº 45 del28-02-2011, en la misma línea que se propicia en el fallo aquí recurrido.

En dicho precedente se observó que el servicio municipal, que constituye el presupuesto de hecho de la tasa, debe ser adecuada con la base económica elegida para su liquidación, porque es de la esencia de ese tipo de tributo que su cuantía no exceda de una razonable equivalencia con el costo global del servicio estatal vinculado. De igual modo se sostuvo que el monto de las contribuciones para obras nuevas y de mejoras no debe exceder el mayor valor o beneficio producido.

A su vez se compartió la opinión de la Cámara en cuanto a que la cantidad de energía eléctrica consumida privadamente por los contribuyentes nada evidencia acerca del costo final que pudo tener el servicio de alumbrado público prestado por la Municipalidad, ya sea en lo relativo al precio de la energía eléctrica o bien con relación a los costos del mantenimiento, reposición y mejoramiento de las instalaciones del alumbrado público, y mucho menos con la erogación que significó para el Municipio ni con el consecuente beneficio o utilidad que reportó al contribuyente la realización de una determinada obra nueva y de mejora del alumbrado público.

Partiendo de tales premisas se confirmó la conclusión que la desvinculación de la base imponible que presentaban ambas gabelas (tasa y contribución) trae aparejado un reparto desigual de la carga tributaria porque, comparado con la situación de otros sujetos obligados que registran un menor consumo, el mismo servicio u obra de alumbrado público incide de modo más gravoso sobre la actora, por la sola circunstancia de que la índole de su especial actividad implica un consumo intensivo de electricidad.

El énfasis que pone la recurrente al remarcar que se encuentra probado la prestación de los servicios respectivos no obsta a la conclusión que aquí se propicia; es que no se trata de negar la posibilidad de la Municipalidad de crear y percibir tasas y contribuciones por alumbrado público sino, simplemente, de controlar que dicha competencia tributaria sea ejercida en un todo conforme a las normas y principios del ordenamiento fundamental. Tal ajuste o concordancia no se presenta en la especie en la medida que falta la necesaria conexión entre la base imponible y la actividad estatal en virtud del cual se cobra la gabela, a más que, como bien se destaca en el fallo recurrido, la cantidad de energía eléctrica que se consume privadamente nada dice de la capacidad contributiva, ya que aquélla depende pura y exclusivamente de la actividad particular que cada sujeto realiza, y no de sus posibilidades económicas.

En mérito a todo lo expuesto debe rechazarse por improcedente el recurso de casación deducido por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en contra de la sentencia Nº 415 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 12 de mayo de 2.011.

VI. Habida cuenta el resultado al que se llega y en virtud del principio general que sobre la materia consagra el artículo 105 del CPCyC, corresponde sean soportadas por el referido municipio las costas concernientes a esta instancia extraordinaria local.

El doctor Estofán dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La doctora Sbdar dijo:

Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte demandada, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia errónea aplicación de la normativa correspondiente y arbitrariedad en el tratamiento dado a la cuestión planteada y se dio cumplimiento con el depósito (arts. 748/752, CPCyC). Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos y sus fundamentos del referido voto.

Por el resultado del precedente acuerdo y luego que el señor Ministro Fiscal evacuara el pertinente dictamen en la causa (fs. 169/170), la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, resuelve: I. No hacer lugar al recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia Nº 415 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha12 de mayo de 2011. II. Costas como se consideran. III. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. Hágase saber.? Antonio D. Estofán.? René M. Goane.? Claudia B. Sbdar (con su voto).