CONTRATO DE DISTRIBUCION

Distribución de bebidas alcohólicas – Cláusula por la que se prohibió a la distribuidora comercializar productos de otra marca – Inexistencia de responsabilidad o abuso de posición dominante por parte de la distribuida

Hechos: Los titulares de una distribuidora promovieron demanda contra una cervecería de renombre nacional, a fin de reclamar un resarcimiento por los daños que dijeron sufrir a raíz de la ejecución abusiva de un contrato de distribución. Relataron que acordaron la distribución exclusiva los productos de aquélla, en desmedro de los de otra marca, de gran aceptación en su zona. Alegaron que ello perjudicó sus intereses, al disminuir las ventas. La sentencia de grado desestimó la acción. La Cámara confirmó dicho decisorio.

1. —      Una cervecería no puede ser responsabilizada por el déficit que pudo padecer la empresa a la que contrató para efectuar la distribución de sus bebidas a raíz de una cláusula contractual que le impedía distribuir productos similares de otra marca, en tanto no se encuentra acreditada una actuación abusiva de la primera ni la existencia de un vicio de la voluntad al acordar el negocio, por lo que sus resultados negativos no resultan más que un riesgo inherente a la actividad comercial. [1]

2. —      El hecho de que, en un contrato de distribución de bebidas, se hubiera incluido una cláusula por la que se obligaba a la distribuidora a dejar de repartir productos similares de otra marca, no implica que la distribuida hubiera abusado de su posición dominante, si la firma de dicho acuerdo no fue compulsiva, ni sus estipulaciones fueron objeto de crítica durante el transcurso del nexo convencional.

#NroFallo# — CNCom., sala D, 2012/02/28. – Martínez, Irma y otro c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C. y G..

[Cita on line: AR/JUR/6714/2012]

CONTEXTO DOCTRINARIO DEL FALLO

IRIBAS, Claudia M. – Robledo, Teresita S., “El contrato de distribución”, LA LEY 2000-F, 1348; MARZORATI, Osvaldo, “Algo más sobre la rescisión de los convenios de distribución exclusiva”, LA LEY 1991-C, 503.

2ª Instancia. — Buenos Aires, febrero 28 de 2012.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, doctor Gerardo G. Vassallo dijo:

I. Irma y Jorge Omar Martínez promovieron demanda contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C. y G. con el objeto de ser indemnizados por los daños y perjuicios que, según expusieron, les habría generado la ejecución abusiva del contrato de distribución que los vinculó con su contraria.

Según relataron, desde 1987 distribuían la cerveza “Andes” como toda la línea de productos producidos por Embotelladora Los Andes S.A.

A partir de 1995 dijeron haber suscripto un contrato de distribución con Quilmes S.A. mediante el cual fue obligada a comercializar sólo la cerveza “Quilmes” dejando de hacerlo respecto de la “Andes”, bebida esta última que tenía gran aceptación en la zona de Cuyo.

Este cambio de producto no se llegó a imponer en el mercado local, lo cual perjudicó los intereses de los actores al disminuir sus ventas.

Admitieron que la empresa distribuida tiene derecho a imponer a sus distribuidores la política comercial que le sea más conveniente. Sin embargo entendieron que ello no podía ser concretado vulnerando “derechos adquiridos” de estos últimos generados durante años de prácticas comerciales.

Esta abrupta merma en su rendimiento comercial impidió que la distribuidora atendiera deudas contraídas y provocó que debiera disminuir su personal con el correspondiente abono de indemnizaciones acordadas extrajudicialmente. Dijeron, además, que sufrieron el remate de todos los camiones y rodados en el marco de ejecuciones prendarias. Por último debieron hipotecar la vivienda particular de la señora Martínez y el galpón que era utilizado como depósito.

Atacó de nulo el contrato firmado en 1995, aunque luego no reclamó expresamente su declaración.

Más adelante reseñaron que su vínculo con Quilmes S.A. concluyó en el año 1997 con motivo de una nueva reestructuración dispuesta por la distribuida. A tal fin esta última ofreció cierto resarcimiento que no fue aceptado por los señores Martínez.

Al mensurar el quantum del pleito, reclamaron la suma de $ 950.000 en concepto de “daño emergente”; aunque al desglosar esta cifra pretendieron $ 667.076 por “lucro cesante” (con cierta confusión conceptual); y $ 400.000 con causa en los gastos financieros que tuvieron que asumir al obtener los préstamos que debieron solicitar.

II. Cervecería y Maltería Quilmes S.A. contestó demanda en fs. 174/198.

Dijo prescripta la acción orientada a obtener la nulidad del contrato. A su vez, en tanto el reclamo resarcitorio deriva de la predicada nulidad, los efectos de aquélla alcanzan a la pretensión sustantiva.

De todos modos, dijo que el acuerdo quedó convalidado por la conducta de las partes y particularmente de los hermanos Martínez que no presentaron queja alguna hasta la conclusión del vínculo.

Luego de negar puntualmente los hechos referidos en el escrito de inicio, resistió la pretensión de los contrarios por entender no reunidos los recaudos que tornaría procedente la acción; amén de invocar reiteradamente la conducta de los actores, en el marco de la doctrina de los actos propios, para demostrar su aquiescencia y conformidad con el vínculo negocial concertado entre las partes.

Por último, cuestionó la presencia de daños generados por la conducta de la demandada e impugnó los montos pretendidos.

III. La sentencia de la anterior instancia (fs. 790/811) rechazó íntegramente la demanda, e impuso las costas a los actores.

Inicialmente fue señalado innecesario analizar si el contrato estaba viciado, pues de lo que se trataba era de dilucidar si había existido abuso por parte de la demandada en el ejercicio de la atribuida posición dominante o, por el contrario, si la relación se había desenvuelto en forma regular desde 1987 hasta la rescisión producida en 1997.

Luego de rechazar la defensa de prescripción, y tener por probado el vínculo contractual con antelación al año 1995, entendió no acreditado un obrar abusivo por parte de la demandada en los términos del artículo 1197 del código civil con motivo de haber sustituido como objeto de distribución la cerveza de marca “Andes” por los productos “Quilmes”.

Ni siquiera dijo probados oportunos reclamos en tanto la prueba idónea para ello (testimonial) fue desestimada por haber sido propuesta tardíamente (fs. 312).

Tampoco dijo demostrado objetivamente que el cambio de producto perjudicó al distribuidor, pues calificó como hecho notorio que la cerveza “Quilmes” integra el grupo de “primeras marcas”; y no fue acreditado que esta bebida tuviera un mercado inferior a la desactivada “Andes”.

Los actores apelaron el fallo, expresando sus agravios en fs. 837/845 los que fueron contestados por la demandada en fs. 857/861.

Cabe entonces ingresar en el estudio del recurso vigente.

IV. La lectura del escrito mediante el cual los actores fundaron su apelación permite advertir que la pieza no cumple con los recaudos exigidos por el artículo 265 del código procesal al no contar con una crítica concreta y razonada de los fundamentos que llevaron a la señora Magistrada a fallar del modo como lo hizo.

Los recurrentes se reiteran en calificaciones abstractas en punto a la arbitrariedad de la sentencia o entender probado lo que el fallo niega, pero sin precisar y menos desarrollar los argumentos en los que basa tales adjetivos.

Como dije, la parte actora luego de transcribir parcialmente algunos considerandos de la sentencia donde la señora Juez realiza un análisis doctrinario del negocio y luego específico del conflicto, manifiesta su disconformidad con lo allí concluido con expresiones como, “Nada que ver…” (fs. 839), “…es mentira” (fs. 839v), “No estamos de acuerdo…” (fs. 840), “…una arbitrariedad total…” (fs. 844), pero sin desarrollar luego una argumentación específica y con precisa mención de los elementos probatorios en los que se basa para impugnar la decisión.

Aún soslayando esta omisión que justifica de por sí la desestimación del recurso, la solución no sería diferente.

En primer lugar es útil definir, como lo hacen los actores en su escrito de demanda (fs. 111v), que “…la presente demanda no se basa en la rescisión del contrato de concesión, sino en los hechos anteriores que la llevaron a una situación de total ahogo económico-financiero y cese de actividad…”.

Así los señores Martínez no acusan a Quilmes S.A. por haber resuelto sorpresiva y abusivamente el contrato que los unía, sino el haber ejercido abusivamente su posición dominante. Y para así concluir se sustentaron en un aspecto central (haberle impedido seguir distribuyendo la cerveza “Andes”), imponiéndole la firma de un contrato que así lo disponía en el año 1995. La consecuencia de ello, según el relato de los demandantes, fue una baja sensible de ventas por la menor receptividad del producto “Quilmes” frente al “Andes”.

No constituye un aspecto controvertido que, a partir de la firma del contrato de agosto de 1995 la “Distribuidora Rodeo” (nombre de fantasía bajo el cual operaban los Martínez) dejó de repartir la cerveza “Andes” para dedicarse en exclusividad a los productos “Quilmes”. Así fue dispuesto además en el acuerdo plasmado mediante la misiva copiada en fs. 11/14, en particular en los puntos g y ñ, en la cual, además, la distribuidora se comprometía a utilizar en sus camiones los emblemas de “Quilmes”, como único signo distintivo.

Tampoco resulta novedoso ni cuestionable, a priori, que el vínculo se hubiere construido con base en cláusulas predispuestas por el fabricante pues ello aparece adecuado al tipo de negocio anudado.

Es sabido que resulta necesario que el empresario construya una integración vertical de las diversas distribuidoras, para lo cual es menester una unidad de decisión centralizada lo cual se concreta mediante condiciones uniformes. Es que el otorgante o distribuido diseña una política uniforme en defensa de la marca, la imagen y específicamente el producto; en su caso el know how que puntualmente requiere de cierto control por parte de quien lo cede (Lorenzetti R., Tratado de los Contratos, T. I, página 537/538).

Conforme lo dicho, es razonable que Cuyo y Norte Argentino S.A. (en ese entonces; luego absorbido por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.) al diseñar su política comercial hubiere privilegiado cierta marca o producto en desmedro de otro. En el caso la cerveza “Quilmes” de penetración nacional frente a otra de claro carácter local.

Lo adecuado o erróneo de tal decisión bien pudo justificar la decisión de “Distribuidora Rodeo” de continuar con su vínculo o concluirlo de entender que tal medida perjudicaría sus intereses.

Es que la toma de decisiones para operar en cierto mercado va unido a la evaluación de los mercados, la receptividad que pudiera presentar el bien a comercializar, la capacidad económica y de financiamiento y los riesgos o el alea que esté dispuesto a asumir (Marzorati Osvaldo J. y Molina Sandoval Carlos A (dir), Contratos de Distribución, p. 196 y ss.).

Y frente a la reunión de dos empresarios, bien que de diferente magnitud, en un negocio común no puede asimilarse automáticamente el concepto de subordinación con el de dominación, más aún cuando el comerciante por su pericia en materia mercantil debería evaluar las condiciones de contratación a las que se somete y la conveniencia para su giro, conforme le es exigible a un buen hombre de negocios y el cartabón legal que se ve completado con el artículo 902 del Código Civil. Por ello, cualquiera sea la posición contractual que adopte, se le exige como tal una mayor capacidad técnica y experiencia, que restringe la posibilidad de invocar frente a situaciones ordinarias institutos como el de la lesión subjetiva (Marzorati Osvaldo J. y Molina Sandoval Carlos A (dir), obra citada, p. 202; Rouillon A., Código de Comercio Comentado y Anotado, T. 1, p. 430 con sus citas jurisprudenciales: CNCom., Sala B, 19.07.2002, “Estab. Frutícola Sede SRL c. Coto SICSA”, LA LEY, 2003-A, 12; CNCom., Sala B, 19.02.1987, “Mancho de Suarezc. Oxor” LA LEY, 1987-B, 481; CNCom., Sala D, 30.03.1984, “Dymensztein c. Poj Levin”, LA LEY, 1985-C, 637, CNCom., Sala B, 29.09.1987, “Cía. General de Combustibles S.A. c. Giacomo, LA LEY, 1979-B, 214).

Como ha dicho la sentencia, y la expresión de agravios no ha criticado idóneamente, si bien la importancia comercial de la distribuida es claramente superior a la de la distribuidora, no puede derivarse de ello que los hermanos Martínez se hubieren visto compelidos a suscribir, aún a su disgusto, el contrato de agosto de 1995.

Como también ha dicho la sentencia, se les otorgó la distribución de un producto de primera línea a nivel nacional según condiciones que no fueron objeto de crítica. Negocio que fue estipulado para durar tres años, pero con la expresa facultad de cada una de las partes de concluir anticipadamente el vínculo con un preaviso de seis meses (fs. 13, cláusula ñ).

No resulta un dato menor, que también destaca el fallo, que no se hubiere probado que los actores hubieran reclamado a su contraria durante el curso del nexo convencional respecto de las pérdidas que le causarían la decisión empresarial de no distribuir la cerveza “Andes”. La carta documento fue cursada en la etapa final del vínculo (fs. 15); mientras que los actores no pudieron producir prueba testimonial por haberse propuesto tardíamente.

Al no acreditarse una actividad ilícita por parte de la demandada (abuso de su posición dominante) y menos aún que la firma del contrato hubiera constituido un acto lesivo para los actores, desaparece uno de los recaudos esenciales que habilita la acción resarcitoria.

Demás está decir que la pericial contable no modifica la situación ya expuesta pues más allá que los resultados y proyecciones de venta fueran positivos o negativos, éstos deberían ser asumidos por el comerciante como el riesgo inherente a su negocio, el cual fue asumido por los actores (contrato fs. 11/14).

Así no acreditada una actuación abusiva de la demandada o que la parte actora hubiera padecido un vicio en la voluntad al acordar el negocio, es improcedente responsabilizar a la distribuida del déficit que pudo haber padecido la recurrente en el curso de la relación; y menos aún obligarla a su resarcimiento.

V. Por todo lo hasta aquí expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis colegas, propongo confirmar la sentencia de la anterior instancia e imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida (artículo 68 código procesal).

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Heredia y Dieuzeide adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Confirmar la sentencia de la anterior instancia.

(b) Imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida.

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen. — Gerardo G. Vassallo. — Juan José Dieuzeide. — Pablo D. Heredia.