Autor: Villafañe, Homero M. – Publicado en: Revista La Ley Buenos Aires 2012 (febrero), 1

I.Introducción

1. Las sentencias

La sentencia, acto procesal por el cual el Estado juez actúa o se niega a actuar la pretensión deducida por la parte, satisfaciéndola en todo caso, importa la emisión de un juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión con el derecho objetivo.

A los fines del presente, nos interesan, en particular, las sentencias estimatorias de condena.

En efecto, si bien en base a su fin cabe distinguir entre sentencias i) declarativas; ii) constitutivas y iii) de condena, estas últimas son las que, para su concreción material, pueden llegar a exigir una ulterior actividad jurisdiccional.

Es que, tal como lo afirma Martínez la función jurisdiccional no se agota con el conocimiento de los litigios y la facultad de resolverlos. Por el contrario, en el caso de las sentencias de condena, en un tercer momento, aparece lo que, a nuestro juicio, resulta ser la manifestación más importante de la jurisdicción, esto es, la ejecución forzada de las sentencias. Y así lo decimos porque el fenómeno jurídico-procesal trasciende en ese tramo de lo meramente abstracto y se hace presente, “se corporiza en el mundo de las cosas, de lo perceptible por medio de los sentidos, siendo allí donde se provoca un cambio concreto…”(1).

La efectuación del mandato —enseña Jesús González Pérez— puede tener lugar sin que haya necesidad de emplearse la fuerza, porque la persona obligada cumpla lo mandado voluntariamente, sin oponerse a la decisión judicial; en este caso estamos ante la ejecución voluntaria. Pero cuando el obligado se opone a la efectuación del mandato es necesario el empleo de la fuerza para lograrlo, y estamos ante la ejecución forzosa o forzada. La ejecución forzada supone, por tanto, la actividad de determinados órganos estatales encaminada a dar efectividad a lo dispuesto en una sentencia”(2).

Con otro giro, la ejecución forzada importa la transformación compulsiva de una decisión judicial firme en hechos concretos.

Cabe recordar que las sentencias declarativas se limitan a la fijación o expresión de una situación jurídica ya existente. No tienen como efecto crear, modificar o extinguir una situación jurídica regulada por el derecho de fondo. El pronunciamiento judicial deja inalterado el estado de hecho o de derecho generado por la decisión administrativa impugnada (vgr. sentencia que rechaza la pretensión impugnatoria deducida contra un acto administrativo).

Por su parte, las sentencias constitutivas no se limitan a declarar la antijuridicidad de la decisión administrativa atacada, sino que proceden a su anulación, extinguiendo, con efecto retroactivo, la situación jurídica originada por aquella. En tal sentido, las sentencias constitutivas conforman una nueva situación jurídica concreta, creando algo que antes no existía (vgr. sentencia que estima la pretensión impugnatoria deducida contra un acto administrativo).

Finalmente, las sentencias de condena no sólo declaran el derecho sino que ordenan su reposición, cumplimiento o satisfacción, a cuyo fin se contempla su ejecución.

Estas últimas, a su vez, admiten una subclasificación: i) condena a hacer; ii) condena a no hacer; iii) condena a dar.

Todo lo expuesto, obviamente, no empecé la presencia de mandatos sentenciales de contenido mixto o derivados (vgr. pretensiones acumuladas).

2) La ejecución de sentencias

Como quedara expuesto, el proceso de ejecución de sentencia tiene lugar cuando, dictada una sentencia de condena, la vencida no se aviene a cumplir el mandato judicial.

En adelante, nos proponemos analizar tal tópico.

II.Propuesta de trabajo

El presente estudio pretende pasar revista, en visión panorámica, sobre el régimen de ejecución de sentencias condenatorias contra el Estado:

a) en el ámbito nacional;

b) en la Provincia de Buenos Aires, asumiendo el análisis del régimen previsto por las leyes 2.961 y 12.008;

c) finalmente, apuntar la incidencia que la emergencia económica tuvo y tiene en esta temática, prestando especial interés a las leyes de consolidación.

Cabe prevenir —nobleza obliga— que no se abordará la temática de la ejecución de sentencias de los denominados “conflictos estructurales”, ya que dada su complejidad y ante la evidente insuficiencia a su respecto de las soluciones previstas en los Códigos Procesales para los procesos clásicos, pretorianamente se generan respuestas, paso a paso y caso a caso (3).

La propuesta tiene por norte, de una parte, brindar elementos que permitan un análisis comparativo de la temática entre las jurisdicciones federal y provincial, destacando la incidencia que en ésta última tuvo la temprana previsión del constituyente y, a partir de allí, la ulterior regulación adjetiva y la consecuente actuación de la Suprema Corte de Justicia, elementos que en conjunto hicieron realidad la eficaz concreción de los mandatos de condena contra los Estados Provincial o Municipales.

De la otra, poner de manifiesto la propia evolución histórica del tópico en el ámbito provincial, por cuanto aún siendo suficiente, la actual regulación procesal resulta más parca que la anterior; en tal contexto, conocer las fuentes y el desarrollo evolutivo de la anterior normativa constitucional y procesal, respectivamente, puede resultar guía útil al momento de peticionar y resolver cuestiones relativas a la ejecución de sentencias contra el Estado en el ámbito del proceso contencioso administrativo.

III.Ejecución de sentencias contra el Estado nacional

1) El carácter declarativo de las sentencias condenatorias

En el año 1900, con el dictado de la ley 3952, el Estado Federal, al mismo tiempo que abandonó la exigencia de la venia legislativa previa para poder ser demandado, incorporando en su reemplazo el reclamo administrativo previo (4), incluyó una cláusula mediante la cual las sentencias condenatorias contra el Estado tendrían efecto meramente declaratorio (5).

a) Fundamentos:

Los fundamentos que sustentaron dicha disposición pueden resumirse del siguiente modo:

i) La jurisdicción para declarar el derecho en las controversias en que la Nación fuese parte queda habilitada luego del necesario consentimiento que, al efecto, fuera expresado por el órgano legislativo (soberanía). La interpretación de esa facultad extraordinaria, conferida por delegación de la ley, no puede ser realizada de modo extensivo, ampliando la habilitación de la “jurisdictio ” a la “executio”.

ii) La competencia para arreglar la deuda interior de la Nación corresponde al Congreso (art. 75 inc. 7º de la Constitución Federal (6)).

iii) Posteriormente la C.S.J.N. establecerá un nuevo fundamento: “Su propósito no es otro que evitar que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde este punto de vista la norma aludida es razonable. Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Por ello ha dicho este tribunal que el artículo 7º de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública (Fallos 253:312; 265:291)”

2. Evolución de la jurisprudencia de la C.S.J.N.:

La doctrina de la Corte Suprema de justicia de la Nación reconoce una evolución, desde un inicio en que se advierte la validación del sistema sin fisuras, pasando por una etapa en la que comienzan a reconocerse excepciones (morigeración), hasta llegar a una postura según la cual se rechaza, de plano, toda interpretación que signifique una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales (leading case “Pietranera”).

A continuación se relatan una serie de antecedentes representativos de la evolución descripta.

a) Validación del sistema:

Como quedara de manifiesto, en una primera etapa, la Corte Federal sostuvo que las sentencias contra el Estado no eran susceptibles de ejecución. Para ello adujo, en prieta síntesis, que siendo las provincias personas jurídicas de existencia necesaria no podían ser privadas de los elementos indispensables de que dependía su vida y su desarrollo político y económico y que ningún poder que no fuera el legislativo podía disponer sobre la forma, tiempo y orden en que deben ser pagadas las deudas del Estado o del municipio (7).

b) Su morigeración:

Sin embargo, tal doctrina no fue sostenida monolíticamente por el Alto Tribunal de la Nación, sino que comenzó a reconocer quiebres o excepciones.

Así, en primer lugar, encontró un límite ante las indemnizaciones expropiatorias (8); extendiéndose ulteriormente a supuestos de restitución de inmuebles (9) y desalojos (10).

c) El artículo 7° de la ley 3952 no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales

Tal como anticipáramos, puede señalarse que la morigeración señalada en el acápite anterior asumió carácter de principio a partir del leading case “Pietranera”, en el que la Corte Federal se permitió afirmar, categóricamente, que el artículo 7° de la ley 3952 no significaba una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, por lo que no cabía descartar la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública (11).

Tal criterio fue aplicado, con posterioridad, a supuestos disímiles tales como cobro de alquileres (12), de diferencias de haberes previsionales (13), o de honorarios (14).

d) Procedimiento emergente de la doctrina de tales pronunciamientos:

Una síntesis de los precedentes antes detallados, permite describir el procedimiento pretorianamente modelado para la ejecución de sentencias condenatorias contra el Estado Federal:

i) en la sentencia, el juez declara el derecho del actor y el correspondiente deber de la Administración;

ii) encontrándose firme la sentencia, se solicita al Estado nacional informe, dentro del plazo fijado por el juez, el término dentro del cual cumpliría la sentencia;

iii) el plazo fijado por el juez para que el Estado se manifestase lleva la advertencia que, en caso de silencio, el término de cumplimiento sería fijado por el juzgador;

iv) vencidos los plazos (ya sea el previsto por la propia Administración o por el juez ante su silencio) se encuentra expedita la vía de ejecución de sentencia, conforme las pautas del C.P.C.C.

No resultaba óbice a tal esquema la falta de previsión presupuestaria al efecto, dado que el Decreto Ley de Contabilidad, 23.354 (B.O.N. 8-I-1957), en su artículo 17, habilitaba al Poder Ejecutivo a autorizar la apertura de créditos a efectos de cumplir los mandatos judiciales (15).

Una prueba más del avance existente en la materia fue la previsión del artículo 12 de la ley de amparo, respecto del contenido de la sentencia judicial (16).

Tal estado de situación llevó a la doctrina a afirmar que, a diferencia de lo que ocurría en España, la ejecución de sentencias contra el Estado en nuestro país era una realidad (17).

3) El retroceso:

a) El Decreto 679 — Reglamentación art. 7º ley 3952 respecto de sentencias de condena al pago de sumas de dinero (7-VI-1988)

Mediante el Decreto de cita se pretendió modificar sustancialmente el procedimiento pretorianamente establecido, con fundamento en que “el cumplimiento concreto de las obligaciones resultantes de las sentencias judiciales debía ordenarse a través de la ley de presupuesto, por derivación del principio constitucional —de honda raigambre democrática— según el cual lo atinente a los recursos y gastos del Estado debe ser materia de decisión por los representantes del pueblo”.

Según la norma en comentario (que por haber sido observada por el Tribunal de Cuentas de la Nación sin que el Poder Ejecutivo insistiese, nunca tuvo vigencia), el Procurador del Tesoro tomaría razón de la comunicación aludida en el artículo anterior en el Registro de Sentencias Judiciales que llevaría al efecto. Cumplido ello, requeriría a la Secretaría de Hacienda que incluya en el próximo o próximos proyecto de presupuesto general los fondos necesarios para afrontar el pago con sus acrecidos, excepto que se tratare de los casos previstos en el art. 7°. Dicho pago podría concretarse en uno o más ejercicios fiscales, según la determinación que al respecto adopte la Secretaría de Hacienda y de acuerdo con lo que finalmente se previera en el presupuesto general de la Nación. Asimismo, el deudor podría extinguir la obligación por cualquiera de las formas previstas en el libro Segundo, sección Primera, título XVI del Código Civil.

El Procurador del Tesoro adoptaría las medidas necesarias para hacer efectiva la transferencia de los fondos previstos en la ley de presupuesto a las cuentas correspondientes a cada causa.

Si dichas transferencias no se hicieren efectivas dentro de los noventa [90] días de la publicación de la ley de presupuesto, los interesados, una vez firme la liquidación que al efecto practicarían, podrían solicitar al juez que intime al procurador del Tesoro, dentro del plazo que le fije, el inmediato cumplimiento de la sentencia judicial. De no cumplirse con dicha intimación, se seguiría adelante con el proceso de ejecución de sentencia, pudiendo el interesado gestionar las medidas que estime correspondan.

b) La Ley 23.696 — Reforma del estado (BON 23-VIII-1989):

En primer término y como medida de emergencia, esta ley suspendió por dos años la ejecución de las sentencias judiciales y laudos arbitrales que condenaban al Estado nacional o sus entes descentralizados a pagar sumas de dinero (arts. 50 y 51) (18).

En segundo lugar, el legislador estableció que: “Vencido el plazo de suspensión el juez de la causa fijará el término de cumplimiento de la sentencia o laudo arbitral, previa vista al organismo demandado, para que indique el plazo de cumplimiento. En ningún caso ese organismo podrá f ijar un plazo mayor al de seis [ 6 ] meses. Si dicho organismo no contestare la vista o indicare un plazo irrazonable, conforme con las circunstancias de la causa el término para el cumplimiento lo fijará el juez (art. 52).

El régimen contemplaba diversas excepciones: a) El cobro de créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público; b) El cobro de indemnizaciones por expropiación; c) La repetición de tributos; d) Los créditos por daños en la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación o amenaza de la libertad, o daños en cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado; e) Toda prestación de naturaleza alimentaria; f) Los créditos originados en incumplimientos de aportes y contribuciones previsionales y para obras sociales. Aportes de sindicales no depositados en término; g) Los créditos generados en la actividad mercantil de los Bancos oficiales y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro; h) Las jubilaciones y pensiones, las que se regirán por su régimen específico; i) Las acciones de amparo; j) Las acciones por recuperación patrimonial de bienes ilegítimamente desposeídos.

c) El Decreto 34 (B.O.N. 8-I-1991). Los Decretos 53/91 y 383/91:

Antes de que venciera la suspensión dispuesta por la ley 23.696 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 34 por el cual suspendió por 120 días la ejecución de sentencias y laudos arbitrales que condenaban al Estado y sus organismos descentralizados a pagar sumas de dinero y la tramitación de los juicios y la presentación y sustanciación de reclamos administrativos que tengan por objeto el cobro de sumas de dinero contra la Administración centralizada o descentralizada. Comprendió todos los supuestos.

A posteriori, los Decretos 53 y 383 prorrogarían la suspensión.

d) Ley 23.982 (B.O.N. 26-VIII-1991):

Más allá de establecer un régimen de consolidación de deudas, cuyas principales líneas quedarán bosquejadas más adelante, respecto de las condenas al pago de sumas de dinero no consolidadas (esto es, las de causa o título posterior al 31-III-1991), estableció un nuevo régimen de ejecución de sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero.

Según el artículo 22 de la ley (19), el Poder Ejecutivo debía comunicar al Congreso todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. A partir de la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo, el acreedor quedaba facultado para solicitar la ejecución judicial de la sentencia.

e) La Ley Complementaria Permanente de Presupuesto nº 11.672 (texto según leyes 24.624 (BON 29-XII-1995) y 25.565 (BON 21-III-2002).

Las modificaciones introducidas por estas normas, desmejoraron aún más la situación del acreedor estatal.

Así, según la ley, los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado nacional o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el presupuesto general de la Administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido en la ley 23.982.

Cuando el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente, para lo cual la Secretaría de Hacienda deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del 31 de agosto del año correspondiente al envío del proyecto.

Las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo remitirlo a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura con anterioridad al 31 de agosto del mismo año el detalle de las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la citada Secretaría establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.

Los recursos asignados se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal (art. 20 ley 24.624).

Respecto de las entidades descentralizadas, en ningún caso las condenas al pago de sumas de dinero se podrán ejecutar contra el Tesoro Nacional ya que la responsabilidad del Estado se limita a su aporte o participación en el capital de dichas organizaciones empresariales (art. 21 ley 24.624).

Como vemos, con el dictado del artículo 22 de la ley 23.982 quedó descartada la apertura de un crédito presupuestario automático para dar respuesta a la sentencia condenatoria al pago de una suma de dinero (20); en su lugar se estableció una postergación de su exigibilidad. En efecto, la norma establece un diferimiento de la exigibilidad del crédito hasta tanto se haya producido la clausura del período ordinario de sesiones en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.

Las leyes 24.624 y 25.565 fueron más allá, estableciendo que el pago de estas acreencias se realizará dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el Presupuesto, contemplando —para el caso que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla—, que el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente, para lo cual la Secretaría de Hacienda deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de agosto del año correspondiente al envío del proyecto.

De tal modo pareciera que se ha ampliado el plazo de diferimiento de pago, prorrogando la posibilidad de no cumplirlo hasta el siguiente ejercicio financiero.

f) La inembargabilidad de bienes: ley 24.624. Su extensión a las Provincias y Municipios: ley 25.973

La ley 24.624, en su artículo 19, estableció la inembargabilidad de bienes estatales, en los siguientes términos: Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el presupuesto general de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos.

Lo dispuesto en este artículo es de aplicación para cualquier clase de cuenta o registro a nombre del Estado nacional o de cualquiera de sus organismos o dependencias del Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y la Administración pública nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna medida judicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Tribunal la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ley.

En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de la entrada en vigencia de la presente, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos afectados hubiesen sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes del Estado nacional que actúen en la causa respectiva, solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros de origen, salvo que se trate de ejecuciones válidas firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Por su parte, la ley 25.973 declaró aplicable dicha disposición a favor de las Provincias, Municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (21).

g) Su morigeración jurisprudencial

Como anteriormente aconteciera con la interpretación del artículo 7° de la ley 3952, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos precedentes, ha expuesto una hermenéutica de estos dispositivos a efectos de darles su exacto significado, el que, en ningún caso puede traer aparejado que el Estado quede habilitado a incumplir las sentencias condenatorias o que el acreedor se vea, en todo momento, imposibilitado de perseguir su concreción.

En la causa Giovagnoli, César A. c/ Caja Nacional de Ahorro y seguros s/ Cobro de Seguro (22) la Corte señaló que el artículo 19 de la ley 24.624 fue sancionado para imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y evitar que la Administración pueda verse situada, por imperio de un mandato judicial perentorio, en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración, de lo cual no se sigue que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar ni que esté exento de acatar los fallos judiciales.

Según el Alto Tribunal el acreedor puede ejecutar la sentencia que condena a pagar una suma de dinero cuando el Poder Ejecutivo, no obstante haber sido notificado de la liquidación firme, no la comunicó al Congreso de la Nación para que la incluya en el próximo ejercicio presupuestario y se clausuró el período ordinario de sesiones en el cual se debía tratar la ley de presupuesto que contuviese el crédito respectivo, o cuando el gasto está incluido en el presupuesto general de la Administración Nacional. Sostuvo además, que la falta de partida presupuestaria para atender el pago del crédito reconocido en sede judicial debe ser probado por quien invoque la aplicación del art. 19 de la ley 24.624.

Dicha hermenéutica ulteriormente fue reiterada en relación a las provincias (23).

4. Breves reflexiones sobre la validez de los fundamentos dados para establecer el carácter declaratorio de las sentencias contra el Estado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios.

Quedó visto líneas arriba que el carácter declaratorio de las sentencias contra el Estado Nacional se apontocó en tres fundamentos:

a) La doctrina de la soberanía;

b) La separación de poderes y el principio de legalidad presupuestaria;

c) La grave afectación del interés público;

En mi parecer, ninguno de los fundamentos puede, actualmente, justificar tan irritante privilegio (24).

a) La soberanía

La soberanía, en tanto concepto esencialmente político, en el marco de un Estado de Derecho, nunca puede invocarse para que la Administración incumpla los mandatos judiciales (25).

Más allá de que respecto de la Provincia de Buenos Aires y sus Municipios dicha característica nunca pudo ser predicable —lo que, en parte, explica el distinto desarrollo que la temática pudo tener, desde nuestros propios orígenes—, cabe señalar que aún en relación a la Nación, la obligación, ética y legal del Estado de someterse incondicionalmente a la juridicidad, de la cual el mandato judicial firme no es sino una expresión concreta, impiden —a esta altura del pensamiento— su consideración.

Nada mejor para corroborar el aserto que recordar la argumentación desplegada por la Corte Nacional, en la ya citada causa “Pietranera”, hace ya más de cuarenta años: “… la regla del artículo 7º de la ley 3952 ha de entenderse en su significado cabal. Su propósito no es otro que evitar que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde este punto de vista la norma aludida es razonable Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales… Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Por ello ha dicho este tribunal que el artículo 7º de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública”.

El Estado no puede incumplir con la condena, porque, al así hacerlo, tal como lo señala González Pérez (26), se pone en jaque el propio Estado de Derecho: “Desde que se inventó eso que se ha llamado estado de derecho, la doctrina, de buena fe, con una ingenuidad sorprendente, ha venido ideando y perfeccionando fórmulas para garantizar la ejecución de sentencias, en la convicción de que es el momento de la verdad en el control jurisdiccional de la Administración, pues sólo en ese momento puede verificarse si los tribunales sirven para algo más que para sentar declaraciones platónicas. Pero mucho más hábiles que los buenos de los doctrinarios para buscar fórmulas de garantías, son los legisladores para matizarlas y los encargados de aplicarlas para eludirlas … ” (27).

b) La separación de poderes.

i) Partiendo de la base que la Administración debe someter su actuación a la juridicidad y siendo la sentencia la interpretación definitiva del ordenamiento jurídico en un caso dado, su incumplimiento constituye una fractura en la Constitución (rompe las reglas del juego constitucional).

Si la autoridad administrativa no cumple voluntariamente la sentencia, la ejecución judicial no puede verse como una intromisión judicial en la función administrativa, sino antes bien la previa intromisión de la Administración en la ejecución de un acto del Poder Judicial.

Como dice Aberastury: ” … A esta altura de la evolución del Derecho, no es posible sostener el efecto declarativo de la sentencia pues ello conduciría a argumentar un despropósito interpretativo, pues significa negarle al juez el derecho a cumplir con lo decidido (executio) y por tanto, despojarlo de una de las condiciones que se requiere como ejercicio de la jurisdicción”(28)

En palabras de García de Enterría (29) “La Administración no puede entender sus poderes de forma que la faculten a la transgresión de las normas que la vinculan, pero el juez no puede tampoco entender sus funciones sino como un respaldo a la vinculación efectiva de esas normas, no como una posibilidad de sustituir, al margen por completo de esas normas y menos frente a ellas, la responsabilidad que el sistema jurídico, presidido por el orden constitucional, ha definido inequívocamente como propia del Poder Ejecutivo y de cualquier otro poder público o administrativo. El único instrumento para que ese cuidadoso sistema de límites funcione es que los jueces contencioso administrativos sean perfectos conocedores del derecho público y de sus técnicas y no simplemente hombres con una vaga formación y animados de buena voluntad. Un déficit de formación —por desgracia, aún no infrecuente— lleva a los jueces al activismo irresponsable, a la confusión de poderes, a decidir los procesos por slogans políticos o por créditos excesivos dados al poder (créditos que la Ley no otorga), o por ocurrencias personales”.

ii) En cuanto al Poder Legislativo cabe señalar que las disposiciones constitucionales que le atribuyen la facultad de crear recursos e imponer las contribuciones (art. 4 Const. Nacional; art. 103 inc. 1 Const. Prov.), arreglar la deuda interna y externa (art. 75 inc. 7 Const. Nac.), así como aprobar el presupuesto de recursos y gastos (art. 75 inc. 8 de la Const. Nacional; art. 103 inc. 2º Const. Prov.), tampoco pueden ser invocadas como fundamento válido para inhibir el cumplimiento de los mandatos judiciales. Las funciones estatales no pueden funcionar como compartimentos estancos, sino —por el contrario— deben coordinar sus esfuerzos para el cumplimiento del interés público, que también se ve comprometido frente a la inejecución de la sentencia.

Ciertamente el cumplimiento de un mandato judicial puede tener una traducción como gasto a nivel presupuestario, pero de ello no puede derivarse que la efectividad de la actividad jurisdiccional quede a merced de la voluntad del legislador.

En palabras del Tribunal Constitucional español: “El respeto que de forma especial los poderes públicos han de otorgar a las libertades y derechos fundamentales, y la singular relevancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las resoluciones judiciales, obliga a que la Administración pública, y en su caso los Tribunales, adopten medidas necesarias a fin de garantizar que el mencionado derecho constitucional adquiera plena efectividad, por lo que en ningún caso el principio de legalidad presupuestaria puede justificar que la administración posponga la ejecución de las sentencias más allá del tiempo necesario para obtener, actuando con la diligencia debida, las consignaciones presupuestarias en el caso en que éstas no hayan estado previstas (30).

c) La legalidad presupuestaria

En punto al principio de legalidad presupuestaria cabe destacar que tanto en la Provincia como en los Municipios, el gasto que genere el cumplimiento de sentencias judiciales firmes no necesita previsión presupuestaria, dado que —de no existir ésta [lo cual, en principio, deja en evidencia un déficit en la estimación del presunto pasivo litigioso]— el Poder o Departamento Ejecutivo están habilitados a autorizar tales erogaciones, con obligación de dar cuenta inmediatamente a los órganos deliberativos.

En efecto, así lo establece el artículo 8 de la ley de contabilidad (31) y el artículo 119 de la LOM (32). Como viéramos, una disposición similar contemplaba la ley de contabilidad nacional (33), incluso con anterioridad al dictado del precedente “Pietranera”.

d) El interés público:

El interés público ciertamente puede incidir en la ejecución de la sentencia. La razón es sencilla: su prevalencia respecto del interés particular, pero nunca al extremo de transformar un mandato condenatorio en una mera declaración inejecutiva.

El interés público podrá justificar una suspensión de la condena (diferimiento temporal), su cumplimiento en etapas y aún su sustitución (esto es, el cambio del objeto por una indemnización compensatoria [un supuesto más de limitación de la propiedad por razones de interés público]), pero nunca dejar al arbitrio de la Administración el cumplimiento (o no) de una condena judicial firme.

En tales supuestos, reiteramos, el compromiso o no del interés público en el caso, debe ser una cuestión planteada y debatida en el pleito y finalmente decidida por el órgano jurisdiccional.

Para el supuesto de que se argumente la “imposibilidad de pago” coincidimos con Bonina (34), quien exige que en tales casos la Administración deba acreditar tal circunstancia, mediante informes precisos y concretos, que detallen: i) las partidas presupuestarias asignadas al órgano demandado y la afectación de las mismas [con lo cual el magistrado podrá decidir si están afectadas a servicios públicos o fines esenciales]; ii) el destino que se les dio hasta ese momento; iii) si ese destino fue el previsto originariamente o no; iv) el destino que se les dará a las partidas pendientes de ejecución; v) estado de las cuentas bancarias y de bienes muebles; vi) un listado de prelación de acreedores de dicho órgano, con mención de nombre y apellido o razón social, monto del crédito y causa del crédito. A su vez deberá efectuar una estimación de cuándo podrá abonar la sentencia en cuestión.

5) La función jurisdiccional y la tutela judicial efectiva

La mirada de la cuestión no quedaría completa sin traer la óptica de quien debiera ser el destinatario de todos los esfuerzos estatales: el ciudadano.

Como con su habitual lucidez lo planteaba el profesor Morello (35): ” … si el resultado programado en la condena judicial firme o pasada en autoridad de cosa juzgada se deja de cumplir ¿no se lesiona también frontalmente la garantía de la defensa, tal celosamente preservada en el tramo de conocimiento y durante la secuela del litigio hasta el dictado de aquélla y su fase de control o recursos? Dicho con otro giro: esa garantía (la de la defensa en juicio, la tutela judicial efectiva) ¿no supone y requiere una ‘efectividad global’ del proceso justo? ¿no se fractura incorrectamente dejar de apoyar, en las sombras —diríamos sin la consideración debida— ese tramo esencial, el del cumplimiento de la orden judicial pese a erigirse en el instante máximo porque es en él en donde acontecerá la ‘concreción’ cabal, del contenido genuino del fallo? A todas luces deviene insuficiente afirmar la ‘inviolabilidad del derecho de defensa en cualquier estado o grado del procedimiento’ (art. 18 C.N.; 24, 2º Constitución italiana) si esa inviolabilidad no se expande con pareja eficacia, en la lectura de la efectividad de la realización”.

Indudablemente, la tutela judicial efectiva, garantía incorporada expresamente al texto constitucional por el Constituyente reformista de 1994 (36), comprende no sólo i) el derecho de acceder a la jurisdicción, ii) el derecho al debido proceso o defensa en juicio; iii) el derecho a una sentencia justa, sino también iv) el derecho de quien tenga razón a obtener una concreta tutela jurisdiccional.

Como sostiene Hutchinson (37) “el derecho a la ejecución de las sentencias de condena contra el Estado se encuentra implícito en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 75 inc. 22, al remitir al Pacto de San José de Costa Rica, art. 8), pues ella no sería efectiva si se limitara al solo acceso a la justicia o culminara con la determinación de los derechos u obligaciones … “.

Es que, como dice González Pérez (38) ” … la tutela jurisdiccional supone la plena satisfacción de las pretensiones conforme al ordenamiento jurídico. La tutela no se agota en una sentencia en que el juez, investido de las más amplias potestades, adopta cuantas medidas y providencias fuesen necesarias para poner fin a la situación litigiosa y restablecer el orden jurídico perturbado. No se agota en el mandato que supone toda sentencia. La tutela no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial y el que accionó obtenga lo pedido … ”

En sentido concordante Botassi (39) afirma que ” … sin la posibilidad de su transformación coactiva en hechos concretos la sentencia (al igual que el crédito en ella reconocido como exigible) queda reducida a un dictamen jurídico, a una opinión sobre lo correcto debido en el plano del Derecho. Esta última posibilidad no satisface al actor ganancioso, ni abastece adecuadamente la garantía del debido proceso contenida en la Carta Magna, en los tratados internacionales a ella incorporados y en las constitucionales locales. Por esta razón la no ejecutoriedad —o lo que es lo mismo, el carácter declarativo— es una anomalía, un contrasentido dentro del sistema generalizado de sometimiento del Estado al Derecho … La no ejecutoriedad de la sentencia de condena … no puede concebirse como una prerrogativa estatal sino que configura una evidente inconstitucionalidad”.

Recuerdo que cuando el Dr. García de Enterría nos visitó en octubre de 2000, brindó una conferencia en la Cámara de Diputados de la Provincia sobre la justicia administrativa y no pudo dejar de referirse a la reforma introducida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el año 1998, respecto de la ejecución de sentencias. Dijo en aquella oportunidad ” … Ahora la ley del 98, siguiendo la doctrina del Tribunal constitucional que ha dicho que el derecho a la ejecución por el propio tribunal de sus sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los ciudadanos, regula y reconoce explícitamente la potestad de los tribunales contencioso administrativos de hacer ejecutar las sentencias y además como una competencia exclusiva, según el artículo 103.1. Este artículo dice “se define una obligación específica de todas las personas y entidades públicas y privadas, de prestar la colaboración requerida por jueces o tribunales para la debida y completa ejecución de lo resuelto, y se declaran nulos de pleno derecho todos los actos y disposiciones contrarias a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad directa o indirecta de eludir el cumplimiento de ésta”. Merece subrayarse que para todas estas medidas de ejecución la ley no establece ninguna distinción entre las sentencias según el tipo de pretensión que se hubiera ejercitado, esto es, según el tipo de pretensión de mera anulación, de restablecimiento de situaciones jurídicas individualizadas contra la inactividad de la administración o contra vías de hecho imputables a la administración, todas son iguales frente a la enérgica pretensión de ser llevadas a efecto bajo la jurisdicción exclusiva del tribunal. Con eso se ha conseguido la subjetivización plena del sistema español de justicia administrativa en servicio de ese principio fecundo del artículo 24 de la Constitución, del derecho a la tutela judicial efectiva … “.

IV.La ejecución de sentencias en la provincia de buenos aires, con particular referencia al proceso contencioso administrativo

Desde 1889, con una lucidez y anticipación digna de elogios, la Constitución de la Provincia ha incluido una cláusula regulatoria de la ejecución de sentencias dictadas contra el Estado en el ámbito del proceso contencioso administrativo.

Considero que la trascendencia de tal disposición amerita un detallado análisis de su génesis, propósitos y proyecciones.

1) Los textos constitucionales:

Constitución de 1889. Artículo 159: En las causas contencioso-administrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada la sentencia. Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia.

Constitución de 1934. Artículo 151: En las causas contencioso-administrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada la sentencia. Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia.

Constitución de 1994. Artículo 163: La Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes tribunales, dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones. En las causas contencioso administrativas, aquélla y los demás tribunales competentes estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sentencias por las autoridades o empleados correspondientes, si el obligado no lo hiciere en el plazo de sesenta días de notificadas.

Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el incumplimiento de las decisiones judiciales.

2) El debate de la Convención Constituyente de 1889

Al darse tratamiento a la cláusula bajo análisis, que al momento rezaba “En las causas contencioso-administrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada la sentencia”, se produjo un riquísimo debate entre los constituyentes (40).

La preocupación estuvo centrada en el modo de asegurar la eficacia de las decisiones jurisdiccionales. La discusión deja al desnudo, tras la reseña de supuestos de falta de acatamiento, que el medio idóneo para garantizar la concreción de la manda judicial no es otro que la responsabilidad personal del funcionario incumplidor, lo que en definitiva quedó consagrado en la cláusula constitucional.

De tal modo, el esquema se separa de la perspectiva ejecutiva clásica (embargar un bien del deudor para realizarlo y con su producido satisfacer el interés del acreedor) para incorporar un nuevo sujeto (el funcionario o agente a quien se ordena la ejecución del mandato) que será personalmente responsable si lo incumple.

Los elogios de la doctrina científica:

Fiorini señaló que “La garantía de que la sentencia contencioso administrativa debe ser ejecutada ha sido consagrada en todas las constituciones locales. Tiene gran importancia en esta cuestión el aval constitucional que se otorga al Poder Judicial. Tal es el predicamento adquirido por esta garantía de la ejecución de sentencia dictada, consagrado en las constituciones locales, que se desconocen conflictos de alzamientos o desacato por los órganos de la Administración Pública. Es interesante resaltar esta técnica de garantía constitucional y el valor educativo efectivo sobre los poderes ejecutivos provinciales, no siempre muy dispuestos a respetar las decisiones del poder judicial. La garantía establecida en la constitución ha ahorrado desagradables conflictos … Estas normas constitucionales han desplazado cualquier dilucidación teórica sobre la ejecutoriedad de las sentencias dictadas en la jurisdicción contenciosa contra el Estado local y sus entes estatales … Las sentencias de los tribunales contencioso administrativos locales contra el Estado son obligatorias y, por lo tanto, ejecutorias. La posibilidad de no poderse llevar a cabo esta ejecución corresponderá solamente a circunstancias relacionadas con el interés público …”(41).

Por su parte, Botassi ha puesto de resalto que: “Puede afirmarse sin reparos que, en la época en que fue diseñado, el método de ejecución de sentencias de condena contra el Estado local resultó revolucionario. En tiempos en que todavía se exigía la venia legislativa para demandar al Estado nacional con base en el derecho público, en nuestra Provincia la Suprema Corte —actuando como tribunal contencioso administrativo— despachaba órdenes concretas de hacer, dar o abstenerse dirigidas a funcionarios administrativos, responsabilizándolos en forma personal y solidaria junto al ente incumplidor. El codificador había tenido una relevante actuación en el tema ya que siendo juez de la Suprema Corte y a la vez convencional constituyente para la reforma de 1889, propuso el texto luego consagrado como artículo 159. Explicó entonces que como magistrado se “había persuadido de que la jurisdicción contencioso administrativa dada a la Suprema Corte, podía resultar ineficaz si no se daba a aquel alto tribunal la facultad de mandar cumplir directamente sus fallos, cuando el poder administrador fuese condenado. De lo contrario, en muchos casos, los fallos quedarían como letra muerta” (42).

3. La ejecución de sentencias en el C.P.C.A. ley 2961 (Código Varela)

a) Las razones que justifican su análisis

Más allá de la amplitud de miras que el análisis histórico de un instituto puede brindar al investigador (contexto, evolución, crítica), el interés por la regulación establecida por el C.P.C.A. ley 2961 tiene aún actualidad, por cuanto la Constitución Provincial, en la cláusula transitoria 215, segundo párrafo (43), estableció que las causas contencioso administrativas iniciadas hasta la puesta en funcionamiento de los tribunales en lo contencioso administrativo (44), serían decididas hasta su finalización por la Suprema Corte Provincial.

El legislador estableció en el artículo 78.3 el régimen jurídico aplicable a los mentados procesos: “En las causas regidas por el artículo 215, segundo párrafo, de la Constitución de la Provincia, serán de aplicación las normas del presente Código, en cuanto resultaren compatibles con la jurisdicción atribuída por aquel precepto a la Suprema Corte de Justicia. En materia de caducidad de instancia, costas, régimen de sentencia, su ejecución y los recursos contra la misma, se aplicarán las normas de la ley 2961, con las modificaciones introducidas por los Decretos Leyes 8626/76 y 8798/77”.

Por lo tanto, existiendo aún en trámite por ante la Suprema Corte de Justicia causas contencioso-administrativas “originarias”, el trámite de ejecución de sentencias es el establecido por el conocido “Código Varela”.

b) La regulación

Explica Varela en la nota al artículo 79, que —como viéramos—, el artículo 159 de la Constitución de Buenos Aires, tomado de la ley norteamericana que creó la Corte de Reclamos, ha autorizado a la Suprema Corte a hacer cumplir directamente, por los empleados de la Administración, sus propias resoluciones, en los asuntos contencioso administrativos, cuando el poder administrador no las cumpliese dentro de un plazo perentorio; de manera que es la misma Constitución la que ha creído que, en esta clase de causas, el juicio contencioso administrativo no termina con la sentencia declaratoria de los derechos sino que debe proseguirse hasta la ejecución de la sentencia ya dictada.

Siguiendo sus propias palabras: ” … dentro de la manera como se deben apreciar los juicios contencioso administrativos no puede admitirse que, obteniendo un fallo que condene a la administración, tenga que seguirse otro juicio contencioso administrativo o civil ordinario para hacer efectiva aquella condena”.

i) Intimación:

Artículo 79: Cuando la sentencia de la Suprema Corte sea contraria a la resolución de la autoridad administrativa que hubiese motivado el juicio, una vez consentida o ejecutoriada se comunicará, en testimonio, a la parte vencida, intimándole le dé debido cumplimiento dentro del término fijado en aquella. Esta comunicación deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes al fallo.

El artículo 79 de la ley, al mandar que la resolución condenatoria le sea comunicada a la autoridad vencida en el juicio, con la intimación de que debe cumplirla dentro del término fijado en ella, está preparando la aplicación del artículo 151 de la Constitución (texto 1934) si, por evento, fuese desacatado el mandato de la Suprema Corte.

Presupone que la sentencia ha quedado consentida (45) o ejecutoriada (46).

La comunicación debe hacerse dentro de los cinco días siguientes a que el fallo quede consentido o ejecutoriado (no desde que el fallo fuera dictado, pues a esa fecha es claro que no estaría firme).

ii) Suspensión de la ejecución:

* Pedido de suspensión: Artículo 80: Cuando la autoridad administrativa, vencida en juicio, considerase necesaria la suspensión de la ejecución de la sentencia, lo comunicará así a la Suprema Corte, dentro de los cinco días después de recibida la copia del fallo, con declaración de estar dispuesta a indemnizar los perjuicios que causare la suspensión, en cuyo caso, la misma Suprema Corte estimará la indemnización y previos los informes que creyese necesarios

Explica Varela en la nota que como en muchos casos, la ejecución de la sentencia podría producir perjuicios graves a la cosa pública, la ley autoriza a la autoridad administrativa, vencida en el juicio, a pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia, dando las razones de orden público que exija esa suspensión.

El particular, vencedor en el juicio, tendrá derecho a ser indemnizado, pero el interés público debe ser preferido si la resolución atacada entrañaba una medida necesaria y urgente.

Con ese objeto se entrega al juicio exclusivo de la Suprema Corte la decisión sobre la oportunidad de suspender la ejecución de sentencia, así como la estimación del quantum de la indemnización que ha de abonarse al particular, vencedor por aquella suspensión.

* Autoridad competente para apreciar la necesidad de la suspensión o sustitución: Afirma Argañaraz (47) que la disposición de este artículo no ha tenido, por cierto, la finalidad de convertir la sentencia de condena en una obligación facultativa que permita a la autoridad vencida en el juicio, sustituir la prestación que constituye la condena, por la indemnización de perjuicios que ha de justipreciar el tribunal sentenciador. Si eso se entendiera, se habría alterado radicalmente la autoridad de la cosa juzgada cuyo respeto ha querido asegurar la Constitución al autorizar a la Corte para que sea ella misma la ejecutora de sus fallos, cuando la autoridad obligada no los cumpliese. Ha de interpretarse, por tanto, que la autoridad administrativa pondrá en conocimiento de la Corte la necesidad de suspender el cumplimiento de la sentencia, a fin de que ésta aprecie el motivo invocado y acuerde o no la suspensión.

* Motivos que justificarían la suspensión o sustitución:

Advierte Argañaraz lo parca que ha sido la regulación bonaerense. Refiere que otras legislaciones comparadas habilitan tal supuesto cuando: i) el cumplimiento de la sentencia pudiera determinar la suspensión de un servicio público; ii) la entrega de una cosa afectada a un servicio público; iii) pueda traer trastorno grave del orden público; iv) provocar grave subversión del orden jerárquico y en la disciplina de la Administración.

En palabras de Bielsa “Pues bien; frente al interés privado —o al interés público, cuando se trata de entidad administrativa— de la parte vencedora en el juicio, si la Administración pública invoca y justifica el interés público y, en su virtud, la imposibilidad o sólo la grave inconveniencia de ejecutar el fallo, puede, por ello, solicitar el aplazamiento o el incumplimiento parcial o total del mismo. En tal caso, el derecho del recurrente se resuelve en un derecho de indemnización. El principio es el mismo que domina en materia de expropiación”.

Precisamente, en tal sentido preveía el artículo 81 que: Si la sentencia recayese sobre bienes que la autoridad administrativa estuviese autorizada a expropiar, por ley dictada antes o después del fallo, podrá pedir que se suspenda la ejecución de sentencia, declarando que, dentro de los diez días, iniciará el correspondiente juicio de expropiación. En este caso, se suspenderá la ejecución y, si el juicio de expropiación se iniciase, se dará por terminado el administrativo contencioso. En caso contrario, se continuará después de vencidos los diez días.

En España, conforme lo señalan García de Enterría y Tomás Ramón Fernández (48) se contemplan dos causales: i) imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia; ii) expropiación de los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a una sentencia firme (fundada en el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades del ciudadano, el temor fundado de guerra o el quebrando de la integridad del territorio nacional) (arts. 105 Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa).

Como afirman los profesores Bezzi (49): “El criterio es que las causales invocadas por la Administración deben revestir entidad y gravedad suficiente para que el Tribunal haga lugar al planteo; no pudiendo convertirse en obligación facultativa que permita sustituir la prestación determinada en la sentencia de condena; en tanto que este supuesto desnaturalizaría la función jurisdiccional”.

iii) Solicitud de cumplimiento directo:

Artículo 82: Si pasasen sesenta días, después de vencido el término fijado en la sentencia, sin que la autoridad administrativa objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo mandado por la Suprema Corte, la parte vencedora en el juicio podrá pedir que el tribunal mande cumplir directamente su resolución.

Comenta Varela: “No puede ni debe suponerse que una autoridad administrativa desacate un mandato de la Suprema Corte. Lo prueba el hecho mismo de que, en la ley de contabilidad general, se haya estatuido la forma en que debe procederse en estos casos, habiéndose abierto una cuenta especial, sin cantidad limitada, para la aplicación del artículo 159 de la Constitución, con el objeto de imputar a ella todas las sumas que la Suprema Corte mande abonar. Pero no todas las causas contencioso administrativas versan sobre sumas de dinero (aunque todas puedan concluir por traducirse en él) ni es tampoco sólo el Poder Ejecutivo de la Provincia la autoridad demandable ante la Suprema Corte por esta clase de asuntos. De manera que lo que ya ha estatuido la ley general de contabilidad no basta para que el artículo 159 de la Constitución pueda tener segura y rápida aplicación”.

El artículo 82 contempla que la sentencia pueda fijar un plazo para el cumplimiento de la condena y prevé que recién comienza a regir el plazo de 60 días previsto en la Constitución a partir del vencimiento del primero.

iv) Comunicación:

Artículo 83: Dentro de los tres días siguientes a la presentación del precedente pedido, la Corte Suprema hará saber a la autoridad que va a proceder a mandar ejecutar su sentencia, disponiendo que se ordene a los funcionarios que deben intervenir en la ejecución que procedan con lo dispuesto en el artículo 151 (actual 163) de la Constitución.

Explica Varela ” … considerando que los poderes públicos deben ser mirados con mayores consideraciones que los simples particulares, aún cuando se trate de juicios en que intervengan como partes, se ha incluido en la ley este artículo con el doble objeto de que la autoridad administrativa esté prevenida de que la Corte va a proceder a ejecutar su sentencia y que ésta tenga tiempo de dar a sus subalternos las instrucciones que correspondan, a fin de no producir un conflicto innecesario y, sobre todo, inútil”.

v) Mandato de ejecución:

Artículo 84: Tres días después, y sin necesidad de nuevo requerimiento de la parte vencedora, la Suprema Corte dictará auto mandando que el o los empleados correspondientes procedan a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, determinando expresa y taxativamente lo que cada funcionario deba hacer y el término en que deba verificarlo.

Ilustra el codificador: “Esta es la primera disposición que puede llamarse verdaderamente ejecutiva … La facultad de la Corte Suprema para mandar ejecutar sus fallos, tiene por objeto impedir que el poder administrador burle la autoridad del poder judicial … Como entra en lo posible que esos empleados no cumpliesen lo ordenado por la Corte Suprema, pretendiendo ampararse en su carácter de subalternos del poder administrador y en su deber de obedecerle ante todo, otros artículos de esta ley prevén el caso e indican que debe hacerse”

vi) Obligación de cumplimiento.

Artículo 85: Cualquiera que sea la disposición que la Suprema Corte mande cumplir por los empleados o funcionarios de la administración, éstos deberán hacerlo, aún cuando no exista ley que los autorice, aún cuando haya ley que lo prohíba y aún cuando sus superiores le ordenasen no obedecer. En caso de omisión en el cumplimiento, los directa o indirectamente culpables incurrirán en la responsabilidad personal establecida por el artículo 151 de la Constitución.

No puede haber silencio, ni mandato en las leyes o en los decretos del Poder Ejecutivo que estén arriba de las prescripciones constitucionales; de manera que, desde que el artículo 159 de la Constitución faculta a la Suprema Corte para “mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos”, no puede admitirse que esas oficinas o esos empleados pretendan excusar su desobediencia en disposiciones contrarias a la prescripción constitucional.

vii) Responsabilidad personal:

Artículo 86: Cuando expirasen los plazos fijados por la Suprema Corte para que los empleados o funcionarios de la administración cumplan directamente una sentencia, sin que aquellos hubiesen cumplido lo que se les ordenase —salvo casos de fuerza mayor o imposibilidad material de cumplirla, lo que deberán poner en conocimiento de la Corte Suprema— la parte interesada podrá pedir que, haciéndose efectiva la responsabilidad personal del empleado, se haga la ejecución sobre los bienes propios de éste.

Dice Varela que ” … cuando la Constitución ha establecido la responsabilidad de los empleados que dejen de dar cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte, en los casos de ejecución de sentencia en los juicios contencioso-administrativos, ha querido que esa responsabilidad fuese efectiva … ”

Las medidas coercitivas contra los empleados sólo pueden producirse cuando, con sus actos voluntarios, dan lugar a ello. Si se tratase de una imposibilidad material de cumplir lo ordenado por el Tribunal —como efectuar un pago cuando no existen fondos en caja— o de un caso de fuerza mayor —como la presión de la fuerza pública para impedir que el empleado cumpla lo ordenado—, en esos casos no se incurre en responsabilidad alguna por parte del empleado, porque no ha habido desobediencia.

* Apremio: Artículo 87: En el caso del artículo anterior, la ejecución de la sentencia se seguirá, por la vía de apremio, contra el o los empleados que no hubiesen dado cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte, debiendo observarse el procedimiento señalado para aquel juicio por el código de procedimientos civiles.

Explica Varela: ” … Es menester no olvidar, en ningún momento, que la actitud de los empleados, en contra de las resoluciones de la Suprema Corte, es sólo una rebeldía injustificable. Por obedecer a su superior jerárquico desacatarán al más alto tribunal de la provincia y desobedecerán disposiciones expresas de la Constitución. No se trata del caso en que los empleados requeridos por la Corte no puedan dar cumplimiento a lo dispuesto por aquel tribunal, porque el caso está previsto en el artículo anterior … ”

* La Renuncia no exime de responsabilidad: Artículo 88: La renuncia del empleado requerido por la Suprema Corte no lo eximirá de las responsabilidades, si ella se produce después de haber recibido la comunicación del tribunal que le mandaba cumplir directamente la sentencia

Señala Varela: “La disposición de este artículo es una medida precautoria explicable. Emplazado un empleado de la administración para que de cumplimiento a una orden de la Suprema Corte en un juicio contencioso administrativo, puede presentar su renuncia para evitarse las responsabilidades que le impone el artículo 159 de la Constitución. Si semejante superchería se admitiese tendríamos que, por medio de una sucesión de renuncias, se burlaría la autoridad de la Suprema Corte, viniendo a ser ilusoria la garantía que el artículo 159 de la Constitución ha querido dar a los derechos particulares en frente de abusos del poder … Renunciar al puesto no es cumplir lo ordenado sino, por el contrario, eludir la obediencia y el acatamiento debido al tribunal. No es posible que la ley prohíba que un empleado renuncie cuando lo crea oportuno; pero la ley puede, como en este caso, declarar que las circunstancias de la renuncia no eximen de las responsabilidades establecidas por la Constitución, cuando lo probable es que esa renuncia no tenga otro objeto que evitar que aquellas responsabilidades se hagan efectivas.”

* Responsabilidad penal: Artículo 89: La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos que no cumpliesen las órdenes directas de la Suprema Corte será independiente de la responsabilidad penal que incurran por desacato.

Aún cuando el desacato es una figura penal ya derogada, el incumplimiento a un mandato judicial puede encuadrar típicamente en la desobediencia (50).

* Cumplimiento. Cese de la responsabilidad personal. Artículo 91: En cualquier momento la autoridad administrativa condenada puede cumplir la sentencia, en cuyo caso cesará el procedimiento civil contra los empleados.

Si desaparece la causa que motivó el juicio de apremio personal contra los empleados, ese procedimiento debe suspenderse y cesar por completo.

viii) Amplias atribuciones para asegurar el cumplimiento del mandato:

Artículo 90: La Suprema Corte podrá adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes, para poner en ejercicio la facultad que le confiere el artículo 151 de la Constitución, sin que puedan oponerse a aquellas providencias o resoluciones disposiciones que figuren en leyes o en decretos administrativos.

La atribución conferida a la Suprema Corte por el artículo 159 no puede ser coartada ni por leyes que la restrinjan, ni por decretos de las mismas autoridades a las que deberá aplicarse aquel artículo.

Como lo sostuvo desde antiguo el Alto Tribunal ” … es indispensable que las sentencias se cumplan de grado o por la fuerza, no tan solamente por el amparo debido al litigante vencedor, sino por el mismo prestigio de la justicia, a fin de prever mayores males” (51).

Más acá en el tiempo, el Alto Tribunal Provincial, ante supuestos de incumplimiento a sus mandatos, además de formular la comunicación a la Fiscalía Penal en turno ante la presunta comisión de un delito de acción pública, impuso astreintes a la demandada (52).

ix) Actos administrativos en cumplimiento de la ejecución. Impugnación:

Artículo 92: Los actos ejecutorios de una sentencia no darán lugar a un nuevo juicio contencioso administrativo, sino en el caso en que la autoridad administrativa condenada, so pretexto de cumplir el fallo, lo tergiversase o interpretase en forma perjudicial a los intereses reconocidos a la parte vencedora.

Finalmente, Varela establecía un distingo entre el “cumplimiento equivocado del fallo” y las nuevas resoluciones que se dicten, so pretexto de cumplir aquel. En el primer supuesto admitía que la cuestión fuese resuelta en el juicio de ejecución de sentencia; en el segundo consideraba que —tratándose de una nueva vulneración [nuevo acto]— debía iniciarse un nuevo pleito.

La disposición fue cuestionada en tanto semejante posibilidad amenaza por convertir a todo pleito contencioso administrativo en una historia de nunca acabar ya que presentada la hipótesis de la segunda parte del artículo, deberá promoverse un nuevo pleito contra el acto administrativo que tergiversa la sentencia, sin certeza de que al final de ese segundo camino no aguarde al actor una nueva estratagema de un administrador incorregible por lo tozudo (53).

4) La ejecución de sentencias en el nuevo C.P.C.A. ley 12.008

a) La sentencia

El Código Procesal Contencioso Administrativo, dedica su capítulo IX (arts. 49 a 51), a la sentencia, estableciendo que en el proceso ordinario ésta deberá dictarse dentro del plazo de sesenta [60] días desde que la providencia de autos quede firme, debiendo observar en lo pertinente los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial.

En cuanto a su contenido, señala que: la sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir: 1. El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios a tales fines; 2. La anulación total o parcial del acto administrativo de alcance general o particular impugnado; 3. La cesación de la vía de hecho administrativa controvertida; 4. La declaración de inconstitucionalidad de las normas o actos impugnados en el proceso; 5. La declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, motivo de controversia; 6. El resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados. A tal efecto, fijará la cuantía de la indemnización o, cuando por las características del caso ello no fuere posible, establecerá las bases para la liquidación del monto indemnizable, cuya definitiva determinación quedará diferida a la etapa de ejecución de sentencia.

El artículo 51, finalmente, se ocupa del tema de las costas, apartándose del principio objetivo de la derrota (excepto en procesos de ejecución tributaria), fijando como criterio general el régimen de costas en el orden causado, salvo cuando la vencida hubiese actuado con notoria temeridad y malicia.

b) Ejecución de sentencias. Distinción.

La nueva regulación procesal también dedica un capítulo a la ejecución de las sentencias, distinguiendo entre: i) aquellas que han sido dictadas contra órganos y entes estatales (arts. 63 al 65), ii) de las que tienen como condenados a los particulares o entes públicos no estatales (art. 66). Sobre estas últimas, sencillamente, remite a las normas del Código Procesal Civil y Comercial.

c) Ejecución de sentencias contra los órganos y entes estatales (54) :

i) La ejecución: Establece el artículo 63:

1. Cuando la sentencia haga lugar a la pretensión deducida contra la Provincia, un Municipio o un ente provincial o municipal, una vez consentida o ejecutoriada, el juez la notificará a la parte vencida e intimará su cumplimiento dentro del término fijado en aquella. Esta notificación deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes al fallo. El procedimiento de ejecución se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no contradigan las del presente Código.

2. Si transcurriere el plazo previsto en el artículo 163 de la Constitución de la Provincia, sin que la autoridad requerida objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, la parte vencedora en el juicio podrá pedir que aquél mande cumplir directamente lo dispuesto en la sentencia.

3. En tal caso, el juez ordenará a la autoridad correspondiente el cumplimiento de la sentencia, determinando concretamente lo que aquella debe hacer y el plazo en que debe realizarlo.

4. En caso de incumplimiento, los funcionarios involucrados incurrirán en la responsabilidad establecida por el artículo 163 de la Constitución. Esta responsabilidad será solidaria con la del ente u órgano respectivo y abarcará todos los daños que ocasione su irregular actuación.

5. El juez podrá adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes, para poner en ejercicio la atribución que le confiere el artículo 163 de la Constitución.

i) Intimación al cumplimiento: La intimación al cumplimiento de la sentencia a que se refiere el 63.1 debe formularse una vez consentida o ejecutoriada la sentencia. En tal sentido, siguiendo el criterio que se sostuviera para interpretar similar déficit contenido en el anterior código, cabe entender que el plazo de cinco días debe contarse desde que la sentencia quedó firme (consentida o ejecutoriada).

ii) Plazo para el cumplimiento: También la nueva codificación habilita al juez a establecer un plazo para el cumplimiento de la sentencia. Si este no hubiere sido fijado o se hubiere remitido al previsto en el artículo 163 de la Constitución, no cabe duda que el cumplimiento debería darse dentro de los sesenta días de la notificación y que vencido dicho término la parte podría pedir su ejecución.

Si, en cambio, el juez hubiese fijado un plazo de cumplimiento distinto, podrían generarse dos interpretaciones: i) que corresponde aguardar el vencimiento de éste más el de los 60 días previstos en la norma constitucional, previo a requerir el cumplimiento directo de la sentencia (siguiendo el criterio operante en la anterior regulación procesal); o ii) que dicho plazo debe considerarse incluido en el de 60 días previsto en el artículo 163 de la Constitución. Esta última parece ceñirse más adecuadamente al texto constitucional.

iii) Hipótesis ante la intimación: Ante la intimación la Administración puede adoptar tres conductas diferentes:

i) cumplir con la condena;

ii) poner de manifiesto la imposibilidad o la grave afectación del interés público que se derivaría de su cumplimiento;

iii) simplemente, no cumplir.

La primera hipótesis supone la satisfacción del pretendiente, tornando innecesario el dispositivo de ejecución.

iv) Segunda hipótesis: Suspensión de la ejecución

El artículo 65 contempla la posibilidad de suspender la ejecución cuando graves razones de interés público así lo requirieran.

Tal como quedara expuesto al comentar la anterior regulación procesal, la “suspensión” puede ser temporaria o definitiva; siendo más propio, en este último supuesto, hablar de “sustitución” de condena.

Con todo, el principio que debe orientar la ejecución de sentencias es el cumplimiento del bien de la vida “en especie”, quedando reservado al arbitrio judicial, previa sustanciación, el hacer lugar, o no, a lo peticionado por la Administración.

Establece la previsión legal: ” 1. A los fines de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 63, cuando la Provincia, el municipio o el ente provincial o municipal, vencidos en el proceso, considerasen imprescindible la suspensión de la ejecución de la sentencia, por graves razones de interés público, podrán solicitarl a al juez dentro de los veinte [20] días después de notificada. En tal petición deberán asumir el compromiso de reparar los daños y perjuicios que pudiere causar la suspensión, acompañando el acto administrativo que así lo autorice.

2 .De la solicitud de suspensión se correrá traslado por cinco días a la contraparte. Si ésta se opusiere y ofreciere prueba, el juez abrirá el incidente a prueba por el plazo de diez días.

b) El juez dictará resolución dentro de los diez días de encontrarse los autos en estado. Si resolviese la suspensión de la ejecución del fallo, fijará el plazo correspondiente a su cumplimiento, así como el monto de la indemnización de los daños ocasionados, previo requerimiento de los informes que estimare necesarios”.

* Plazo y forma para que la Administración solicite la suspensión: veinte [20] días, a contar desde la notificación.

La Administración debe justificar las razones por las cuales considera imprescindible la suspensión (en otros términos, cual es la grave afectación del interés público) y acompañar un acto administrativo que autorice el pago de los daños y perjuicios que pudiere causar la suspensión.

* Sustanciación: a la contraria, por cinco días.

* Prueba: si la vencedora se opusiere y hubiese hechos controvertidos, se abrirá la causa a prueba por diez [10] días.

* Resolución: dentro de los diez días de encontrarse los autos en estado:

Si suspende temporariamente: fijará el plazo de cumplimiento y el monto de la indemnización.

Si suspende definitivamente (sustituye): fijará el monto de la indemnización.

Si rechaza el pedido: continúa el procedimiento regular de ejecución de la sentencia.

* Supuestos de imposibilidad material:

* Ejecución de una sentencia que ordena reincorporar a un agente público que ya ha cumplido la edad máxima para desempeñarse en la actividad (vgr. docentes, policías).

* Ejecución de una sentencia que ordena reincorporar a un agente público en determinado puesto, si dicha estructura organizacional ya no existe (vgr. juzgados de faltas municipales ulteriormente suprimidos).

* Ejecución de una sentencia que ordena reincorporar a un agente público en determinado puesto, estable, único, que al tiempo se encuentra cubierto (vgr. contador municipal, tesorero municipal, jefe de compras municipal, etc.).

* Ejecución de una sentencia que reconoce el derecho del oferente desplazado a resultar adjudicatario de una obra, cuando ésta ya fue ejecutada.

* Ejemplos de suspensión temporal:

* Ejecución de una sentencia que ordena reincorporar a un agente público a la planta permanente, en la hipótesis de que estuviese totalmente ocupada (inexistencia de vacante). Posible diferimiento hasta que se produzca la primera vacante o se disponga la creación de un nuevo cargo.

* Ejecución de una sentencia que condena a dar una suma de dinero, cuya magnitud —de ser satisfecha en un solo acto— podría comprometer la normal prestación de los cometidos públicos. Posibilidad de establecer pagos periódicos.

v) Tercera hipótesis: Incumplimiento de la intimación. Orden de cumplimiento. Responsabilidad personal. Amplias atribuciones del órgano jurisdiccional para efectivizar la ejecución de la sentencia.

Si la autoridad administrativa no cumpliera con lo dispuesto en la sentencia, ni objetase su ejecución por razones de interés público, a pedido de parte el juez deberá establecer, de manera concreta y precisa, el quien, qué y cuándo de la ejecución, esto es, determinará con toda precisión la autoridad administrativa obligada, la conducta a cumplir y el tiempo para su concreción.

Notificado/s del mandato judicial, de persistir el incumplimiento, el o los funcionario/s involucrados serán personalmente responsables (solidariamente con la autoridad o ente respectivo), por todos los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la ilegal omisión, sin perjuicio de incurrir en otro tipo de responsabilidades (penal, política, disciplinaria, administrativa patrimonial).

La nueva codificación, con buen tino, tal como lo hacía la anterior en el artículo 90, prevé que el juez podrá adoptar de oficio, todas las providencias que estime convenientes para poner en ejercicio la atribución prevista en el artículo 163 de la Constitución, no pudiendo ser coartada ni por leyes que la restrinjan, ni por decretos de las mismas autoridades a las que deberá aplicarse aquel artículo.

vi) Impugnación de actos administrativos dictados en la ejecución: El artículo 64 concentra en el propio proceso de ejecución las impugnaciones de los actos administrativos que, dictados para satisfacer la condena, se apartaren abiertamente de lo decidido por la sentencia o, so pretexto de cumplirla, la interpretaren en forma perjudicial a los derechos o intereses reconocidos o restablecidos a la parte vencedora.

Reza textualmente: “Los actos administrativos dictados como consecuencia de lo resuelto en la causa, proveniente de alguno de los entes previstos en el artículo 1º, podrán ser impugnados en el propio procedimiento de ejecución de sentencia. No darán lugar a un nuevo proceso, aunque se apartaren abiertamente de lo decidido en el fallo o, so pretexto de cumplirlo, lo interpretaren en forma perjudicial a los derechos o intereses reconocidos o restablecidos a la parte vencedora”.

Los cuestionamientos formulados a la anterior codificación fueron recogidos en la presente, de allí que todos los actos administrativos que se dicten en ejecución de la sentencia podrán ser objeto de cuestionamiento en el mismo proceso de ejecución, asegurando de tal modo que la conclusión definitiva del conflicto se alcance con mayor celeridad.

d) Ejecución de sentencias contra particulares o entes públicos no estatales. Remisión a la regulación del Código Procesal Civil y Comercial

A continuación se formula una muy breve síntesis de la ejecución de sentencias conforme las prescripciones del Código Procesal Civil y Comercial —distinguiendo entre sentencias que condenan a pagar sumas líquidas o ilíquidas de dinero, a hacer, no hacer o a entregar cosas—, permitiendo remitir al lector a obras generales o específicas de derecho procesal civil para profundizar el análisis de los diferentes tópicos.

Artículo 497: Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este Capítulo.

i) Presupuestos:

* Sentencia consentida o ejecutoriada.

* Vencimiento del plazo que la sentencia hubiese fijado para su cumplimiento: En el supuesto de condenaciones de dar, la fijación de plazo no constituye más que un beneficio que la sentencia puede conceder por la naturaleza de la obligación. No es, por consiguiente, un derecho del vencido. De allí que cuando el pronunciamiento no señala plazo para su cumplimiento, es susceptible de ejecución inmediatamente después de quedar consentido o ejecutoriado.

* Petición del vencedor

ii) Aplicación a otros títulos ejecutables (art. 498)

* Ejecución de transacciones o acuerdos homologados.

* Ejecución de multas procesales.

* Ejecución de honorarios regulados en concepto de costas.

iii) Diferentes procedimientos de ejecución de sentencias, de acuerdo a la índole de las obligaciones en ellas impuestas:

v Sentencia que condena al pago de suma líquida: (art. 500 C.P.C.C.):

– Cuando la sentencia condene al pago de una suma determinada.

– Cuando la cantidad a pagarse por el vencido sea susceptible de determinación mediante una simple operación aritmética y con arreglo a bases establecidas por la sentencia.

– Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

– Sentencia que condena al pago de suma ilíquida: (arts. 501 y 502)

Artículo 501: Liquidación: Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación dentro de diez días contados desde que aquella fuera ejecutable podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado.

Presentada la liquidación se dará vista a la otra parte por cinco días.

Cuando el vencedor haya presentado liquidación de capital, intereses y costas y el juez, previo traslado al deudor, la haya aprobado, salvo que el objeto de la ejecución consista en cantidades ya determinadas que contenga la sentencia (ver art. 500).

Artículo 502: Conformidad. Objeciones: Expresada la conformidad por el deudor, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado la vista, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el artículo 500.

Si mediare impugnación se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los artículos 178 y siguientes.

En ambos casos, aprobada la liquidación, se sigue el siguiente procedimiento:

Embargo (art. 500 C.P.C.C.)

Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes, de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo (art 529 y sigs).

Citación de venta (art. 503 C.P.C.C.) Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro de quinto día.

Excepciones (art. 504 C.P.C.C.): Deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Deben probarse por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.

Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible.

* Falsedad de la ejecutoria: adulteración o falsificación material de la sentencia o de la copia que la reproduce, sea que la adulteración o falsificación afecte el todo o parte de aquella (firmas de los jueces, alteración de cantidades de la condena o de los términos de la decisión).

* Prescripción de la ejecutoria: Diez años (4023 C.C.), por resultar una pretensión personal.

* Pago: efectuado con posterioridad a la sentencia y comprobable mediante documental, que debe acompañarse al deducirse la excepción.

* Quita, espera o remisión.

Trámite de las excepciones

* Las excepciones deben oponerse y probarse dentro del quinto día contado desde la citación de venta (art. 503).

* Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio (art. 505)

* Antes de resolver el juez debe correr traslado por el plazo de cinco días al ejecutante (art. 506).

Apertura a prueba: si bien excepcional, puede disponerse cuando:

* se opone la excepción de falsedad de ejecutoria y resulta necesario complementar las constancias del juicio mediante otros elementos probatorios (ej. pericia).

* lo pide el ejecutante con el objeto de destruir el valor probatorio de los documentos acompañados por el deudor.

En tales supuestos el plazo de prueba debe fijarse con arreglo a lo establecido para el juicio ejecutivo (art. 547).

Resolución (506): Vencidos los cinco días sin que se dedujere oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno.

Si se hubiese deducido oposición, el juez, previo traslado al ejecutante por cinco días, mandará continuar la ejecución, o si declarare procedente la excepción opuesta, levantará el embargo .

Recursos (507): La resolución que desestime las excepciones será apelable con efecto devolutivo, siempre que el ejecutante diere fianza o caución suficiente. Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia se concederán en efecto diferido.

Cumplimiento (art. 508 C.P.C.C.): Consentida o ejecutoriada la resolución que manda llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.

– Sentencia que condena a hacer (art. 511, concordante con los artículos 505, 625, 626 y sigs. del Código Civil)

En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del acreedor.

Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el artículo 37.

La obligación se resolverá también en la forma que establece este artículo cuando no fuere posible el cumplimiento por el deudor.

La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez por las normas de los artículos 501 y 502, o por juicio sumario, según aquel lo establezca. La resolución será irrecurrible.

Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inejecución.

– Sentencia que condena a no hacer (art. 512 concordante con el art. 632, 633 y sigs. del Código Civil).

Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnice los daños y perjuicios, conforme lo prescripto en el artículo anterior.

– Sentencia que condena a entregar cosas (art. 513 concordante con el art. 574 del Código Civil).

Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librará mandamiento para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que se refiere el artículo 504, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo juez por las normas de los artículos 501 y 502, o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

V.La emergencia económica y la ejecución de sentencias contra el estado

1. Concepto de emergencia:

La emergencia puede ser descripta como aquella situación cierta de grave peligro o riesgo para la comunidad que, a fin de ser conjurada, exige la adopción temporaria de necesarias medidas limitativas de derechos, a efectos de atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico, institucional y la sociedad en su conjunto (55).

En términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “… Se trata de una situación extraordinaria, que gravita sobre el orden económico social, con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, que origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin” (“Peralta” Fallos 313:1513).

Toda emergencia supone una profunda crisis, un trastorno de proporciones, una situación de riesgo colectivo, que al exigir restricciones o limitaciones de derechos, resulta naturalmente resistida por los afectados. Empero, frente a una real situación de emergencia no puede afirmarse que la eficacia plena de tales derechos individuales o sociales esté garantizada, sino que, precisamente, tales limitaciones se adoptan, en definitiva, para asegurarlos.

En tal sentido, ha expresado el Alto Tribunal Nacional en la ya citada causa “Peralta”: 56°) “… no hay violación del artículo 17 citado cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradojalmente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados que corrían el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico-financiero”.

2. Requisitos:

En tanto excepcional, la existencia del derecho de emergencia en el Estado de derecho exige la acreditación de una situación de grave riesgo social, como así también la observancia de diversos límites en las medidas adoptadas para superarla: que estén enderezadas al bien común; que no importen alterar la sustancia o esencia del derecho objeto de limitación, que sean razonables y temporarias.

La C.S.J.N. en el conocido caso “Peralta”, recordando las exigencias establecidas por el chief justice Hughes en el caso “Home Building v. Blaisdell”, tuvo oportunidad de detallar, una vez más, los requisitos que justifican el dictado de una legislación de emergencia:

Es necesario:

i) Que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad.

ii) Que la ley tenga como finalidad legítima, la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos.

iii) Que las medidas sean razonables, acordando un alivio justificado por las circunstancias;

iv) Que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que las hicieron necesarias.

Abordemos, sintéticamente, cada uno de estos requisitos:

i) Situación de emergencia. ii) Protección de los intereses generales de la sociedad: El Alto Tribunal Nacional, al respecto expresó que: “… estas situaciones derivan de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios, y que tienen una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también extraordinarios: a veces, son acontecimientos de carácter físico, como un terremoto, una grave epidemia, etc; a veces, de índole económica, como las que han determinado en nuestro país —y en la generalidad de los países extranjeros— legislaciones especiales, de efectos restrictivos para el derecho de propiedad consagrado por la Constitución: así las leyes de moratoria hipotecaria y de prórroga de los arrendamientos, declaradas constitucionales tanto por esta Corte (Fallos 136:161; 172:21, entre otros), cuanto por la de los Estados Unidos (256 U.S. 134; 256 US 170), con fundamentos análogos dada la similitud de los textos de sus leyes fundamentales: “La suprema Corte —dice el ex Chief Justice Hughes— ha reconocido que las asambleas legislativas pueden hacer frente a las situaciones extraordinarias por una acción que ordinariamente podría llevar más allá de su autoridad constitucional. Esta perspectiva no está limitada a las exigencias militares en el teatro de la guerra o a las necesidades extraordinarias provocadas por alguna gran calamidad pública. Situaciones menos graves, pero también extraordinarias y urgentes, pueden justificar disposiciones transitorias…”

Aunque la emergencia no puede crear un poder que nunca existió, ella puede proporcionar una razón para el ejercicio de poderes existentes y ya gozados… La emergencia no autoriza, en efecto, el ejercicio por el gobierno de poderes que la Constitución no le acuerda, pero sí justifica, con respecto a los poderes concedidos, un ejercicio pleno y a menudo diverso del ordinario, en consideración a las circunstancias excepcionales que constituyen la emergencia. Esta flexibilidad y amplitud en el ejercicio de los poderes, es de la esencia de todo gobierno, obligado constantemente a afrontar situaciones cambiantes y diversas, que requieren con frecuencia disposiciones urgentes y de distinta magnitud…” (56).

También ha expresado en la ya aludida causa “Peralta”: “35)… Que la constitución de la unión nacional implica también la de asegurar su continuidad y supervivencia. Este es un principio que proporcionará una guía segura y perdurable. Cuando los sucesos que conmuevan a la vida de la sociedad amenacen llevarla a la anomia y la inviabilidad de la vida política organizada, como puede ser hoy el resultado del descalabro económico generalizado, del mismo modo que ayer lo fue la discordia entre las Provincias, allí deben actuar los Poderes del Estado para evitar que se malogren aquellos esfuerzos, dilatados y penosos, retrotrayendo al país a estadios superados de fragmentación, desorden, falta de un imperio extendido del derecho. “47)… el derecho de “emergencia” no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella: se distingue por el acento puesto, según las circunstancias lo permitan y aconsejen, en el interés del individuo o grupos de individuos o en el interés de la sociedad toda. Arribar a la unión nacional no fue tarea fácil, como no lo fue establecer la Constitución (Fallos 191:388). Junto a derechos cuyo goce la Constitución establece para todos los habitantes, ella agrega que tal goce se hará conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 14), sin desnaturalizar a aquellas (art. 28), y se refiere a la unión nacional, a la forma de gobierno y a la organización de los poderes, y se proyecta para nuestra posteridad, es decir, que erige una organización nacional cuya vitalidad es tan esencial como aquellos derechos particulares, como que en ella descansa la efectiva seguridad de éstos. Es por esto que el bienestar que tiene en miras es el bienestar general, entendido como marco y no como negación del particular. Hay pues en la Constitución Nacional contenidos derechos y proyectos de alcance diferente. La cuestión es, para los jueces, determinar la legitimidad de la extensión que se les haya concedido en cada caso. El problema, pues, no se circunscribe al análisis del ejercicio del poder de policía, sino que reside en un juicio axiológico en el que están involucrados principios constitucionales diversos y que debe resolverse atendiendo a las circunstancias de la causa”.

iii) Razonabilidad de las medidas de emergencia: Siguiendo las enseñanzas del doctor Marienhoff, es dable señalar que la razonabilidad consiste en la adecuación de los medios utilizados por el legislador a la obtención de los fines que determina la medida, a efectos de que tales medios no aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir, no proporcionados a las circunstancias que los motivan y a los fines que se procura alcanzar con ellos. En tal sentido se expide la jurisprudencia y también la doctrina. Trátase pues, de una correspondencia entre los medios propuestos y los fines que a través de ellos deben alcanzarse. Establecer, pues, si en un caso dado se observó o no el principio de razonabilidad constituye una cuestión de hecho, para cuya solución puede ser decisiva la dignidad del razonamiento utilizado, la ecuanimidad de quien emita el fallo valorativo. Todo ello envuelve una cuestión de sensatez, de acertada visión de la vida. De ahí que se haya dicho que la estimación de razonabilidad es una cuestión opinable (57).

Respecto de los criterios que existen para examinar la razonabilidad de las leyes y actos administrativos que restringen el ejercicio de derechos constitucionales, la doctora Gelli (58) enuncia: “Un nivel mínimo y clásico de control de razonabilidad evalúa la relación entre los fines de las disposiciones y los medios elegidos para alcanzarlos; avanzando en el control, la proporcionalidad exige mensurar si la restricción, aunque adecuada para lograr el objetivo perseguido por las normas jurídicas, se excede en cuanto a la limitación del derecho afectado; a través del análisis de los costos y beneficios que produce la norma para los derechos y para el interés público, el control se acerca al de conveniencia u oportunidad de las medidas de limitación de derechos, criterio que, en principio, desestima la Corte Suprema para no interferir con las atribuciones propias de los otros poderes del Estado…”

Por su parte, el Alto Tribunal Nacional ha tenido oportunidad de sostener, en cuanto a la razonabilidad de las medidas de emergencia, que: “Nuestra constitución no reconoce derechos absolutos de propiedad y libertad; el ejercicio de las industrias y actividades de los particulares puede ser reglamentado en la proporción que lo requiera la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral, el bienestar general y aún el interés económico de la comunidad; la medida de la reglamentación de los derechos debe buscarse, por un lado, en la necesidad de respetar su sustancia, y por otra parte, en la adecuación de las restricciones que se les imponga, a las necesidades y fines públicos que los justifican, de manera que no aparezcan como infundadas o arbitrarias sino que sean razonables, esto es, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procura alcanzar con ellas. El carácter excepcional de los momentos de perturbación social y económica, y de otras situaciones semejantes de emergencia y la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, autorizan el ejercicio del poder de policía del Estado, en forma más enérgica que la que admiten los períodos de sosiego y normalidad. Para aquellos supuestos esta Corte ha aceptado una injerencia mayor en el régimen de los derechos del propietario, traducida en la reducción de intereses y arrendamientos, en la prórroga de los contratos de alquiler y de mutuo. Se agregó entonces, solamente, a la exigencia común de que se trate de medidas razonables y justas, la de que se les tome con carácter temporal, como lo es la emergencia cuyos efectos están destinados a atemperar. Cumplidos estos requisitos el detrimento económico que ellas ocasionan no es obstáculo a su validez. Por aplicación de la doctrina que sustentan los precedentes considerados se concluye sin esfuerzo que la limitación legal y temporaria a los precios, destinada a hacer frente a la crisis producida por la guerra, es en principio, constitucionalmente válida (59).

Para negar el control, por parte del Poder Judicial, de la oportunidad o conveniencia de las medidas adoptadas, el Tribunal tradicionalmente ha sostenido que: “… Tampoco corresponde a los jueces apreciar si son o no eficaces los medios que emplea el legislador para remediar la necesidad pública que determina la emergencia, pues la elección de esos medios corresponde natural y ordinariamente a los poderes de gobierno y no está supeditada a la aprobación de los jueces (60)“. “… Las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial (Fallos 98:20; 147:403; 150:89; 160:247; 238:60; 247:121; 251:21; 275:218; 295:814; 301:341; 302:457; 303:1029; 308:2246: 312:1252, entre muchos otros).

Por otro lado, todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de la revisión judicial. Ello no obsta a que se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de las leyes y de los actos administrativos (Fallos 112:63; 150:89; 181:264; 261:409; 264:416; 318:445); por ende, una vez constatada la iniquidad manifiesta de una norma (Fallos 171:348: 199:483; 247:121; 312:826) o de un acto de la Administración (Fallos 292:456; 305:102; 306;126 y 400), corresponde declarar su inconstitucionalidad”(61).

En este último sentido cabe destacar el caso “Consumidores Argentinos”(62) en el cual el Alto Tribunal Federal, con motivo del dictado de un decreto de necesidad y urgencia, estableció que el Control Judicial no sólo alcanza la verificación de los requisitos aludidos, sino que —dados éstos— puede verificar la compatibilidad sustancial de los decretos con la Constitución Nacional.

iv) Temporalidad de la emergencia:

La “emergencia” sólo se concibe para lapsos breves, que trasuntan una anormal situación aguda (63).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a la extensión temporal de la emergencia, ha sostenido, con criterio amplio, que: “Es verdad que esta legislación está vigente en el país desde hace demasiados años. Pero la “temporariedad” que caracteriza a la emergencia, como que resulta de las circunstancias mismas, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de años o de meses. Todo lo que cabe afirmar razonablemente es que la emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado. Tampoco corresponde a los jueces apreciar si son o no eficaces los medios que emplea el legislador para remediar la necesidad pública que determina la emergencia, pues la elección de esos medios corresponde natural y ordinariamente a los poderes de gobierno y no está supeditada a la aprobación de los jueces (64).

En el mismo sentido, el Alto Tribunal ha sostenido: “Que haber omitido establecer el plazo de duración de la medida no constituye un elemento descalificante de la validez de la norma, pues es sabido —y lo ha reconocido este Tribunal ya en Fallos 243:449— que es difícil prever la evolución de la crisis de la economía y su prolongación en el tiempo (confr. Fallos 313:1513) (65).

3.-Medidas de emergencia que han afectado o afectan la ejecución de sentencias contra el Estado:

Efectuada la reseña sobre los distintos requisitos, cabe precisar las diversas medidas adoptadas, al amparo de la doctrina de la emergencia económica, en materia de ejecución de sentencias contra el Estado.

a) Suspensión de procesos contra el Estado: ley 10.162 (66), 11.174 (67).

b) Suspensión de procesos de ejecución de sentencias contra el Estado: ley 10.162 (68), 10.867 (69), 11.174 (70), 12.424 (71), 12.727 (72).

c) Carácter declarativo de las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero: 8827 (73), 10.235 (74).

d) Consolidación de deudas: Ley 11.192 (Provincial y Municipal); 11.752 (Municipal); 11.756 (Municipal); 12.532 (Municipal); 12.774 (Municipal); 12.836, modificada por ley 13.436 y 13.929 (Provincial); 13.137 (Municipal).

Ciertamente, éste último acápite es el que despierta mayor interés.

4. Principales características de los regímenes de consolidación de pasivos estatales (75) :

a) La leyes nacionales 23.982, 25.344 y 25.725. Ley provincial 11.192.

i) El orden público de la mentada normativa (arts. 16 ley 23.982; 20 ley 11.192), conlleva su aplicación inexcusable e inmediata, su prevalencia respecto de cualquier otra legislación y la imposibilidad de apartarse de ella cuando se trata de deudas pasibles de ser consolidadas, aún cuando las partes no las hubieran invocado (76).

ii) La consolidación implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos en el artículo 2 pudieren provocar o haber provocado. En lo sucesivo sólo subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación. Asimismo, la cancelación de obligaciones con cualquiera de los bonos de consolidación creados en la presente ley extinguirá definitivamente la misma (art. 17 ley 23.982; art. 16 ley 11.192).

iii) Quedan consolidadas las obligaciones vencidas o de causa o título anterior a la fecha de corte en cada caso establecida, que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos:

* Cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme las leyes vigentes acerca de los hechos o del derecho aplicable.

* Cuando el crédito o derecho reclamado judicial o administrativamente haya sido alcanzado por suspensiones dispuestas por leyes o decretos dictados con fundamento en los poderes de emergencia del Estado hasta el 1º de abril de 1991 y su atención no haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios.

* Cuando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial, aunque no hubiere existido controversia, o ésta cesare o hubiere cesado por un acto administrativo firme, un laudo arbitral o una transacción.

* Cuando se trate de obligaciones accesorias a una obligación consolidada.

* Cuando el Estado hubiera reconocido el crédito y hubiera propuesto una transacción en los términos del inciso a).

Las obligaciones mencionadas sólo quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o judicial.

iv) Quedan excluidas: i) las obligaciones que correspondan a deudas corrientes, aun cuando se encuentren en mora, excepto las comprendidas en alguno de los incisos anteriores y las de naturaleza previsional; ii) el acreedor cuyos créditos queden sometidos al régimen de la presente ley podrá liberarse de sus deudas respecto a los profesionales que hubieren representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas correspondientes y respecto a los peritos en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de esta ley, respetándose en su caso, la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo; iii) también quedan excluidos del régimen de la presente ley el pago de las indemnizaciones por expropiación por causas de utilidad pública o por desposesión ilegítima de bienes, así declarada judicialmente con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

v) En la práctica importa una espera con reducción de intereses (77), (78), ya sea que se opte por el cobro del crédito en efectivo (79) o en bonos de consolidación (80)(arts. 6, 7, 10 y 12 leyes 23.982 y 11.192).

b) La falta de ajuste, en perjuicio de los acreedores, de la ley de consolidación 12.836

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos oportunidades, se ha pronunciando descalificando el régimen de consolidación establecido por la ley 12.836, aún luego de las reformas introducidas por la ley 13.436.

i) En efecto, al conocer en la causa “Vergnano de Rodriguez” (81) (Fallos 327:4668 — 2004), sostuvo que la legislación local se apartaba del marco federal que le sirve de referencia en varios aspectos: i) fecha de corte (en vez de fijarla en el 1°-I-2000 la estableció en el 30-XI-2001); ii) la cancelación de las obligaciones, exclusivamente, mediante la entrega de títulos públicos (la normativa federal preveía la opción por pesos); iii) el límite para la emisión de bonos (hasta un importe equivalente al quince por ciento del cálculo de recursos de la Administración Central vigente al momento de emitirlos), sin explicar en qué situación quedarían las deudas restantes si eventualmente superaran ese porcentaje.

Tras el citado pronunciamiento, la Provincia dictó la ley 13.436 (82) poniendo de manifiesto que, con ello, superaba las observaciones formuladas por el cimero Tribunal Federal.

ii) En un nuevo pronunciamiento (causa “Mochi” (83) Fallos 331:352 — 2008), la Corte Federal volvió a descalificar la norma local —aún tras la reforma referida— por cuanto continuaba estableciendo condiciones más gravosas para los acreedores que las previstas en el régimen nacional.

Señaló al respecto que i) el régimen local no establece, para las obligaciones que se cancelen en efectivo, el límite de dieciséis años contados a partir de la fecha de corte previsto en la legislación nacional (art. 14 ley 25.344 y 10 del Decreto reglamentario 1116/00), por lo cual, si eventualmente los recursos existentes no resultaren suficientes, podría extenderse más allá del término allí previsto, contrariando la prohibición del artículo 19 de la ley 23.982; ii) que la legislación local extiende más allá de lo permitido el comienzo del pago de la primera cuota de amortización de capital e intereses de los títulos públicos, en tanto el plazo para el pago de tales servicios se computa a partir de la fecha de emisión que ésta fija en el 30 de noviembre de 2001, mientras la regulación nacional lo hace en el 1º de enero de 2000 (art. 4º inc. d] del Decreto provincial 1578/02 y art. 24 inc. a] del Decreto Nacional 1116/00), lo que importa una demora de casi dos años en el comienzo de la percepción de la amortización de capital e intereses y iii) que si bien el artículo 11 de la ley 13.436 modificó el artículo 18 de la ley 12.836 en cuanto eliminó el límite del quince por ciento (15%) del cálculo de los recursos de la Administración central vigente al momento de emitir los títulos, la reglamentación mantiene dicho tope (art. 4 inc. f] del Decreto 1578/02 y arts. 18 y 19 del Decreto 577/06).

En tales condiciones, en la ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 (ley 13.929) se incorporaron una serie de artículos tendientes a superar las observaciones formuladas por la Corte Nacional (84). Por su parte, el Gobernador de la Provincia, mediante Decreto 201/10 (BOP del 26-V-2010) hizo lo propio (85).

iii) Con todo, recientemente, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, aún con las modificaciones precedentemente enunciadas, declaró la inconstitucionalidad del aludido régimen, al considerar que continuaba siendo más gravoso que el régimen federal (básicamente, por exceder el plazo máximo previsto por la legislación federal para la amortización total de las deudas) (86).

5. Apuntes sobre la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las leyes de consolidación

i) En principio, son constitucionales, en tanto se encuentren configuradas los requisitos de toda emergencia (87).

ii) El carácter infrafederal de las regulaciones:

* Se impone sobre cláusulas constitucionales locales que atribuyen a los jueces mandar a cumplir directamente sus sentencias ante el incumplimiento de la autoridad administrativa (“Martínez y de la Fuente”(88) (Fallos 316:3146 – 1993).

* La adhesión de la Provincia al régimen nacional, habilita excepcionalmente a que la normativa local regule aspectos de la relación entre acreedor y deudor, que resultan de exclusivo resorte del Congreso Nacional (arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional; “Delbés, Cecilia (89)” (Fallos 327:5416 – 2004)

* Las normativas locales no pueden introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las previstas en el régimen que les sirve de base (art. 19 ley 23.982; “Vergnano de Rodríguez” Fallos 327:4668 – 2004, “Mochi” Fallos 331:352 – 2008; “Cavada”, Fallos 333:1218 —2010—).

iii) Excepciones (inaplicabilidad del régimen) fundadas en la avanzada edad o estado de salud del accionante u otras razones atendibles: No obstante que, como quedara expuesto líneas arriba, los regímenes de consolidación nacionales han superado el test de constitucionalidad formulado por la Corte Federal, el mismo tribunal ha admitido que pueda declararse “inaplicable” o lo que es lo mismo, que resulta “inconstitucional” en el caso, ya sea total o parcialmente, bien que ante circunstancias excepcionales.

En tal sentido pueden consultarse, como casos representativos, “Iachemet (90)“, sent. del 29-IV-1993 (Fallos 316:779); “Escobar (91)“, sent. del 24-VIII-1995 ( Fallos 318:1593) y “Gutierrez (92)“, sent. del 13-VIII-1998 (Fallos 321:1984).

Dicha línea pretoriana, originada bajo la vigencia de la ley 23.982, fue tenida en cuenta por el legislador nacional al sancionar el nuevo régimen de consolidación ley 25.344, al establecer en el artículo 18 que ” … El Poder Ejecutivo en la reglamentación establecerá un límite mínimo de edad a partir del cual se podrá excluir de la consolidación que se establece por la presente, a titulares de créditos previsionales derivados del régimen general. Asimismo, se podrá disponer la exclusión cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario”.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado igual temperamento (causas B-60.574 “Gurquel (93)“, sent. del 11-VII-2007; B-61.878 “Palange”, sent. del 12-XII-2007; B-61.965 “Del Carmen”, sent. del 14-XII-2007; B-6.0019 “Salvatori”, sent. del 9-IV-2008, entre otras).

VI.Conclusiones

1. Una consecuencia necesaria del Estado de Derecho es que la Administración está obligada al cumplimiento de los mandatos judiciales condenatorios. Ante su reticencia, los órganos jurisdiccionales deben efectivizar, actuar, concretar sus decisorios a través de la ejecución de sus sentencias.

2. Si la ejecución de un mandato judicial supusiere un serio compromiso al interés público, la Administración deberá hacerlo saber al órgano jurisdiccional mediante una presentación circunstanciada que objetivice tal afectación, proponiendo alternativas —suspensivas o sustitutivas—. Previa sustanciación, el juez, tras una cuidadosa evaluación, resolverá si corresponde hacer lugar o no al pedimento.

3. El procedimiento establecido en el ámbito federal para la ejecución de sentencias condenatorias a dar sumas de dinero —para épocas de normalidad y sosiego— es susceptible de críticas por las demoras que conlleva la efectivización del mandato judicial.

De una parte, no se advierten las razones por las cuales no se habilita al Poder Ejecutivo a autorizar las erogaciones en el Presupuesto en curso, dando cuenta al Congreso, como estuvo previsto durante el régimen del Decreto Ley 23.354, cuanto más ante los superavits de los últimos ejercicios fiscales.

De la otra, la habilitación legal a diferir el cumplimiento de las sentencias a ulteriores ejercicios, ante el agotamiento de los fondos asignados a ese fin en el presupuesto en ejecución, en las actuales condiciones, es una medida pasible de cuestionamiento constitucional, por irrazonable (art. 28).

Por fin, la omisión, demora o negligencia en la inclusión del crédito en el proyecto de presupuesto correspondiente, debidamente acreditada, debería traer aparejada la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución de sentencias previsto en el C.P.C.C.

4. La lucidez y anticipación de los constituyentes de 1889 en esta temática superó todo obstáculo a la ejecución de sentencias en materia contencioso-administrativa en la Provincia de Buenos Aires.

5. La regulación procesal proyectada por el Dr. Luis Varela, consagrada en el C.P.C.A. ley 2961, guardó sintonía fina con el mandato constitucional, contemplando minuciosamente los diversos aspectos de la problemática, enderezándolos a asegurar la concreción de las mandas judiciales.

6. El nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, ley 12.008 y modificatorias, aunque más parco, regula con suficiencia el instituto bajo análisis. Indudablemente la experiencia de la anterior codificación resultará guía segura y provechosa para los operadores del novel ordenamiento.

7. En cuanto a la doctrina de la emergencia en general, la crítica no puede formularse respecto de su existencia, sino en su utilización abusiva. Un control jurisdiccional estricto respecto de cada uno de sus requisitos de configuración, pondría las cosas en su punto justo. En tal sentido pareciera orientarse la jurisprudencia de la C.S.J.N. y de la S.C.J.B.A.

8. En cuanto a las normas de consolidación de pasivos estatales en particular, si bien su constitucionalidad ha sido validada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también el Alto Tribunal ha sabido elaborar pautas para “inaplicarlas” en consideración a las excepcionales circunstancias del caso (longevidad, grave estado de salud, discapacidad, etc.). Tal criterio también ha sido seguido por la Suprema Corte Provincial.

Por otra parte, cabe no perder de vista los límites impuestos a las regulaciones provinciales por la normativa federal que le sirve de base; la incorporación de cláusulas que importen condiciones más gravosas para los acreedores están condenadas a su descalificación.

1°-XI-2011

(1) MARTINEZ, Oscar José “Ejecución de sentencias contra el Estado. La cuestión en la Provincia de Buenos Aires. Análisis de su ley 10.235”, ED-118 pág. 702.

(2) GONZALEZ PEREZ, Jesús. Derecho Procesal Administrativo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957, Tomo II, pág. 773 y sigs.

(3) Vgr. C.S.J.N. “Mendoza, Beatriz”; “Vertbisky”, “Badaro”, entre otros.

(4) Cierto que parcialmente, pues el proceso se completará treinta y dos años después, al sancionarse la ley 11.634 que desechará tal exigencia frente a las acciones que se intenten contra el Estado cuando hubiere actuado como autoridad pública.

(5) Ley 3952 (1900), artículo 7º: “Las decisiones que se pronuncien en estos juicios, cuando sean condenatorios contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda”.

(6) Corresponde al Congreso: … 7º: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, ello en línea con el criterio expuesto por la Corte Suprema de la Nación, al decidir la causa “Gómez, Juan Carlos c/ Nación”. En efecto, en aquel precedente sostuvo el Alto Tribunal Nacional: “Del sentido que la C.S.J.N. ha dado… no se sigue que los acreedores de la Nación carezcan de los medios para hacer valer sus derechos, pudiendo ocurrir al Congreso, que por el inciso sexto del artículo 67 está facultado para arreglar el pago de la deuda pública y en cuya imparcialidad, ilustración y justicia hallarán sus legítimos intereses la misma protección y garantías que en los Tribunales de la Nación. Fallos T. 2 p. 36 (1865).

(7) Roselli, Eliseo” (1934) Fallos 171:431: “Que este Tribunal en numerosos pronunciamientos ha sintetizado su doctrina así: siendo las provincias personas jurídicas de existencia necesaria no pueden ser privadas de los elementos indispensables de que depende su vida y su desarrollo político y económico (Tº 156, pág. 218; Tº 131:267; Tº 125:267; Tº 125:212; Tº 98:224 y doctrina del fallo Tº 124:379). “Que la ley 3952, muy posterior a la vigencia del Código Civil, ha establecido otra excepción, pero únicamente a favor del gobierno federal, al disponer que las decisiones que pronuncien los jueces no tendrán carácter sino meramente declarativo (ley del 6-X-1900). Esta excepción sienta un principio que coincide con la doctrina francesa (…). Esta doctrina sostiene que ningún poder que no sea el legislativo puede disponer sobre la forma, tiempo y orden en que deben ser pagadas las deudas del Estado o del municipio; que es el poder único, por la naturaleza propia de su misión y por el alcance de sus facultades, que está en condiciones de ordenar las finanzas públicas dentro de un plan de conjunto que contemple los múltiples intereses que se ponen en juego y las posibilidades de que se puede disponer. El interés primordial del buen servicio público, el derecho, más o menos amplio, del acreedor particular respecto del Estado y respecto de los demás acreedores, los recursos que es posible obtener, según las circunstancias de cada caso, para solventar las deudas, son temas diversos que han de estudiarse separada y conjuntamente, para que las resoluciones o providencias que se dicten no tengan el efecto de perturbar la buena ordenación de las finanzas del Estado, o de perjudicar el servicio público, o de menoscabar o anular un interés tan legítimo como el que se tratara de satisfacer. Son temas propios de los cuerpos deliberativos que proceden con amplia discreción y con un conocimiento integral de los asuntos, mientras que el Poder Judicial, ajeno a estas preocupaciones y procediendo siempre bajo el imperio de preceptos rígidos que no le permiten mirar sino el interés del acreedor a cuya instancia expide las órdenes de embargo, puede incurrir en errores o excesos que sean altamente perjudiciales al interés público o al de los demás acreedores. En este orden de ideas, la doctrina ha llegado hasta declarar inembargables los bienes del dominio privado del estado, porque esos bienes producen rentas y esas rentas forman parte de los recursos de que el estado puede disponer para hacer los servicios públicos”

(8) Nación Argentina c/ Bianchi (1940) Fallos 186:151: “Que en diversos casos, si bien no de expropiación, esta corte ha admitido la validez del artículo 7º de la ley 3952, y ha resuelto que no corresponde dictar emplazamiento contra la nación, ante los preceptos de la constitución que atribuyen al Poder Legislativo, y sólo a ese poder, la facultad de crear recursos imponiendo las contribuciones que se expresan en el artículo 4, la de arreglar el pago de las deudas del Estado y determinar, en general, el destino de las rentas que aquellos produzcan. Que esa razón, así como las que podrían fundarse en la buena marcha de los poderes públicos y en la independencia que ellos necesitan en el ejercicio de sus funciones, pierden toda su fuerza en los casos de expropiación de bienes, en los que, como ocurre en el presente, el congreso determina los recursos con los cuales deberá pagarse la indemnización correspondiente. Ningún principio constitucional se opone a que, en tales casos, la sentencia que establezca la compensación pueda hacerse efectiva sobre los fondos destinados por el congreso para el pago de la indemnización correspondiente.El principio constitucional según el cual la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada, no está modificado sino ratificado por el Código Civil y por la ley 189 que, si bien autoriza la ocupación provisional en los casos de urgencia, dispone lo necesario para que el dueño obtenga rápida, segura y cumplida indemnización.Nación Argentina c/ Olivera” (1958) Fallos 241:382: La regla del art. 7 de la ley 3952, según la cual los pronunciamientos condenatorios contra la Nación tienen carácter meramente declarativo, no impide la ejecución de las sentencias dictadas en juicio de expropiación. La garantía constitucional del derecho de propiedad quedaría desvirtuada si, mediando desapoderamiento del propietario en los casos de urgencia admitidos por la ley, la oportunidad del pago de la indemnización fijada judicialmente quedara librada a la determinación del expropiador. “… la disposición legal en virtud de la cual las sentencias dictadas contra la Nación tienen efecto declaratorio, es inaplicable a los casos de expropiación en los que el Congreso determina los recursos con los cuales deberá pagarse la indemnización correspondiente, y el dueño que ha sido provisoriamente despojado tiene el derecho de pedir el mandamiento una vez que la justicia haya fijado definitivamente el monto de la indemnización”.

(9) S.A. La Editorial c/ Nación Argentina” (1960) Fallos 247:190 — (interdicto de despojo):”…Si está firme la sentencia que hizo lugar al interdicto de recobrar la posesión deducido contra la Nación, declarando que media en el caso un acto estatal de despojo con desconocimiento del derecho de propiedad lato sensu que el particular inviste, sostener que la resolución que decide irrevisiblemente la existencia de ese acto y ordena su cesación es sólo declaratoria y no exigible contra el Estado Nacional, significa tanto como entender que el art. 7° de la ley 3952 en situaciones como la del caso autoriza la frustración de la garantía constitucional aludida, en cuanto posibilita el mantenimiento discrecional y temporalmente ilimitado de un estado de cosas que la agravia.””La regla según la cual no cabe asignar al artículo 7º de la ley 3952 un alcance que desvirtúe normas constitucionales, como la relativa a la indemnización previa en las expropiaciones, debe considerarse extensiva a los casos en que la aplicación de aquel precepto produzca o pueda producir el efecto de frustrar la garantía de la propiedad, a lo menos mientras no se hallen comprometidos los principios en que se funda aquel privilegio estatal.”Figueroa c/ Univ. Bs. As.” (1962) Fallos 253:312: “…Por aplicación del art. 7° de la ley 3952 no corresponde fijar plazo para el desalojo de un inmueble donde funcionan institutos de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ello no importa desconocimiento de los derechos individuales, particularmente del de propiedad pues, a los efectos del cumplimiento de la sentencia que ordena el desalojo, deben disponerse las medidas pertinentes por la misma autoridad universitaria, con toda la diligencia que permita la preservación de las tareas que se cumplen en el inmueble arrendado. Todo ello sin perjuicio de ulterior intervención judicial, en el supuesto de una irrazonable dilación para el adecuado acatamiento del fallo.”Lescano c/ Nac. Arg.” (1962) Fallos 253:439: “… La Corte, luego de sostener que el precepto del artículo 7º de la ley 3952 encuentra su fundamento en las cláusulas constitucionales que acuerda al poder legislativo la facultad de crear recursos y de determinar el destino de las rentas públicas y en las exigencias de la buena marcha de los poderes y su independencia en el ejercicio de sus funciones poderes, declaró que “… ello no importa el desconocimiento de los derechos emergentes de la sentencia, sino señalar que para su cumplimiento deben disponerse las medidas correspondientes por la misma autoridad administrativa, con toda la diligencia que permita la preservación de las tareas que se cumplen en el inmueble arrendado” y agregó que “… no se descarta la pertinencia de toda intervención judicial en el caso de una irrazonable dilación, en la causa, para el adecuado acatamiento del fallo”.Es procedente la aplicación de lo dispuesto por el art. 7° de la ley 3952 cuando, tratándose del desalojo de un inmueble ocupado como locataria por la Secretaría de Agricultura de la Nación, la ejecución inmediata de la sentencia de desahucio provocaría la suspensión de las actividades que se realizan en el citado inmueble. Ello no importa el desconocimiento final de los derechos individuales invocados.

(10) Novaro de Lanús, Noemí y otro c/ Nación Argentina” (1965) Fallos 263:554: “…Que en lo concerniente a la aplicación de lo que dispone el artículo 7° de la ley 3952 en los juicios de desalojo contra el Estado Nacional, respecto de los locales que ocupan sus organismos de la administración central con fines de funciones estatales específicas —tal como ocurre en la especie con la Escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, que funciona en el inmueble de la actora, ubicado en la calle Cerrito 1350/62 de esta Capital— esta Corte tiene reiteradamente declarado que procede el reconocimiento del carácter declarativo de los pronunciamientos judiciales en tales supuestos —Fallos 253:312; 259:337; … Que, por otra parte, este Tribunal ha puntualizado que el carácter declarativo de las sentencias recaídas en los juicios de desalojo contra el Estado Nacional requiere, para su cumplimiento, que deban disponerse las medidas conducentes a tal fin, emanadas de la misma autoridad demandada, con toda la diligencia necesaria para ello, en tanto así lo permita la preservación de las tareas que se cumplan en el inmueble arrendado … aunque el fallo contenga un término para la desocupación, como ocurre en autos, el aludido carácter declarativo de tales pronunciamientos judiciales impide requerir, al vencimiento de aquel, la entrega del inmueble dado en arriendo, so color de la razonabilidad del plazo arrendado… Si bien es cierto que esta Corte ha admitido una posible intervención judicial ulterior a la sentencia de la causa para los supuestos de una irrazonable dilación en el acatamiento del fallo, no obstante el carácter declarativo de las sentencias que se analizan —ver Fallos 253:312, entre otros—, también lo es que ha precisado que tal intervención judicial no es posible sin un previo debate formal sobre el punto que, por lo demás, no está sólo limitado al mero curso del tiempo… De donde se sigue que tampoco es pertinente la intimación al Estado Nacional, en la forma que lo ha sido en los presentes autos a fs. 178 y que el a quo confirmó a fs. 188/196, para que manifieste en el término de 20 días la fecha de desocupación, bajo apercibimiento de ser fijada en los autos de oficio, si así no se hiciere. Porque de este modo se desconoce el carácter declarativo del pronunciamiento y se desvirtúa el fundamento que los precedentes de este Tribunal al reconocido al artículo 7° de la ley 3952…” (del voto de la mayoría). Cabe destacar que, en disidencia, se pronunciaron los Dres. Aberastuy y Zabala Rodríguez, adoptando una postura que poco tiempo después, como veremos, será asumida por la mayoría del Alto Tribunal Federal.De una parte, el Dr. Pedro Aberastury sostenía: “… Que no se trata de dilucidar, en consecuencia, si las sentencias de desalojo dictadas contra la Nación tienen solamente efecto declarativo en los términos del artículo 7° de la ley 3952, ni aún, si no es dado afectar la de fs. 113/4 por esa limitación en punto a ejecutabilidad, por razón del plazo dado para el desalojo y su consentimiento por el representante estatal… De lo que se trata es de si la sentencia de fs. 188/196 conduce a preparar la intervención judicial prevista para los casos de irrazonable dilación en el adecuado acatamiento del fallo, en los términos, esta vez, de la doctrina de esta Corte de Fallos 253:312, considerando 6°. Que la intervención judicial, en estos casos, no es incompatible con el artículo 7° de la ley 3952; ello surge del precedente mencionado. Y frente a una sentencia firme de desalojo, fechada el 28-IX-61, no es dado considerar que sea impertinente dilucidar si ocurre el caso previsto en Fallos 253:312, para la debida intervención judicial en orden al acatamiento del fallo dictado. Por lo demás, la sentencia apelada, que otorga a la autoridad administrativa la oportunidad de exponer sus consideraciones sobre una situación que ha debido contemplar desde que fue condenada a devolver la finca hace más de cuatro años, no prejuzga sobre el plazo que deberá fijarse, ni interfiere los recursos judiciales que puedan interponerse y por de pronto otros medios legales para asegurar la continuidad del servicio. Sólo se trata de armonizar los altos intereses públicos y los derechos individuales comprometidos en el presente juicio, a tenor de Fallos 253:312…” Por su parte, el Dr. Carlos Juan Zabala Rodríguez señalaba “…Que esta demanda de desalojo, con un contrato de locación de fecha 22 de julio de 1942 por el término de tres años con opción a dos más, ya vencido, se inicia el 7 de septiembre de 1959, es decir, hace seis años, y cuando el Estado llevaba mucho tiempo beneficiándose por las prórrogas legales. Antes de eso, los locadores, con fecha 11 de julio de 1957, se presentaron al Ministerio de Educación a efectos de pedir administrativamente el desalojo, a lo que no se hizo lugar mediante resolución del Poder Ejecutivo del 18 de junio de 1958, razón por la cual se promueve esta demanda judicial. Que, en tales condiciones, no resulta de manera alguna abusiva o irrazonable la medida dictada, confirmada por el a quo, que busca concretar el desalojo, descartando mayores dilaciones. Que si bien es cierto que la disposición mencionada de la ley 3952 protege la organización del Estado y defiende sus altos fines, ello no puede ser a costa de los derechos de los particulares en situación como la del sub judice, en que la ejecución del desalojo no depende, ni puede depender, de medidas legislativas, finalidad tenida en cuenta por el art. 7, fundada en las cláusulas constitucionales que acuerdan al Poder Legislativo la facultar de crear recursos y determinar el destino de las rentas públicas. Que aunque ese art. 7 de la ley 3952 se inspira también, como lo dijo el Tribunal en el mismo fallo, en las exigencias propias de la buena marcha de los poderes y la independencia que ellos necesitan en el ejercicio de sus funciones (Fallos 186:151; 253:312; cons. 1° in fine), no puede considerarse que la disposición de medidas como la de fs. 178 para hacer posible el desalojo, pueda ser considerada como perturbadora de la buena marcha de los poderes públicos…”

(11) Pietranera c/ Nac. Arg” (1966) Fallos 265:291 (desalojo): “Que la regla del artículo 7º de la ley 3952 ha de entenderse en su significado cabal. Su propósito no es otro que evitar que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde este punto de vista la norma aludida es razonable. Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Por ello ha dicho este tribunal que el artículo 7º de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública (Fallos 253:312). Que en tales circunstancias, resulta prudente la sentencia apelada que no fija plazo de cumplimiento, sino que requiere del gobierno nacional manifieste en qué fecha va a desalojar el inmueble, con lo que el intimado queda en condiciones para tomarse el plazo razonable que corresponda; la advertencia final de que en caso de silencio, el plazo de desalojo será fijado judicialmente, no es sino el corolario lógico de la potestad de los jueces de hacer cumplir sus decisiones en defensa del imperio del Derecho””En el caso de autos la legitimidad de arbitrar una prudente medida destinada a hacer cumplir la sentencia aparece palmaria, ya que otra interpretación del artículo 7º de la ley 3952, conduciría a ponerlo en colisión con la aludida garantía constitucional de la propiedad. Se ha dispuesto por sentencia firme el desalojo del inmueble ocupado por el Estado; la prolongación sine die de esta ocupación sin derecho vendría a ser una suerte de expropiación sin indemnización, o cuanto menos, una traba esencial al ejercicio del derecho de propiedad”.

(12) Chiodetti c/ Nac. Arg” (1968) Fallos 269:448: “Que esta Corte, en la causa P.126 “Pietranera”, sentencia del 7 de septiembre de 1966, puntualizó claramente cómo debe ser interpretado el artículo 7º de la ley 3952. Dijo, así: “que su propósito no es otro que evitar que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde este punto de vista la norma aludida es razonable. Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Por ello ha dicho este tribunal que el artículo 7º de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública (Fallos 253:312). Que el Tribunal estima que la doctrina precedentemente expuesta es aplicable en el sub lite. Tiene para ello en cuenta que el auto intimatorio del que se recurre se dictó luego de haberse efectuado diversos trámites —señalados más arriba— a fin de que el Estado de pronunciara formalmente respecto de la fecha en que daría cumplimiento al pago de los alquileres. Siendo de advertir, además, que el plazo de 60 días fijado por el juez —transcurrido más de un año desde que la sentencia quedara firme— es prudente y razonable”.S.A.I.C.I. Gil, Francisco” (1970) Fallos 278:127: “Que si bien este Tribunal ha reconocido validez constitucional al artículo 7º de la ley 3952 —que otorga un carácter meramente declarativo a las sentencias contra la Nación— ha dicho también que tal norma no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, ya que ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar por su observancia. Que en atención a la doctrina expuesta y desde que el demandado hizo la opción que le autoriza el art. 3º inc. m] de la ley 16.739, resulta equitativo, dado el tiempo transcurrido y la importancia del capital adeudado en concepto de alquileres retroactivos, establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación, que en el caso se estima prudente fijar en 90 días…”

(13) Cáceres” (1968) — Fallos 269:460: Si bien la Corte Suprema ha reconocido validez constitucional al art. 7 de la ley 3952 que otorga un carácter meramente declaratorio a las sentencias contra la Nación, tal doctrina no es aplicable a la ejecución del pronunciamiento que dispuso se incluyeran en el haber de retiro del actor diversos suplementos otorgados al personal en actividad por distintos decretos, ya que el gobierno demandado informó que por ley se proveyeron los fondos destinados a atender los créditos resultantes de sentencias como esta y que a ese fin se efectuó la correspondiente distribución. En un supuesto así no media ningún obstáculo legal ni financiero para dar cumplimiento a la sentencia, pues al art. 7 mencionado no cabe darle un alcance tal que deje librado al arbitrio de la autoridad administrativa el acatamiento de las decisiones judiciales, toda vez que los efectos de la cosa juzgada tienen para ella el mismo valor que para cualquier litigante.

(14) Locreille c/ I.A.P.I.” (1976) Fallos 295:427 “Que este Tribunal, refiriéndose al efecto meramente declaratorio contemplado en el artículo 7º de la ley 3952, ha expresado, en términos que se estima mantienen actualidad: “su propósito no es otro que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde ese punto de vista, la norma aludida es razonable. Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Que la doctrina precedentemente expuesta es aplicable al sub lite. En efecto, no se discute que los fondos, cuya ejecución se pretende en los autos acompañados, se hallan desde hace tiempo depositados a la orden del tribunal de la causa en virtud de una medida cautelar oportunamente ordenada por éste, por lo que el Estado Nacional ha carecido de la disponibilidad de los mismos. En tales condiciones, no se dan los supuestos que esta Corte, en la jurisprudencia reseñada, estima fundamentan la norma del art. 7º de la ley 3952, ya que no existe ausencia de fondos previstos ni se advierte de que modo se alteraría el regular desenvolvimiento de la Administración en caso de hacerse lugar al pedido de la actora…”

(15) “El Poder Ejecutivo podrá autorizar la apertura de créditos únicamente en las situaciones siguientes con obligación de dar cuenta en el mismo acto al Congreso: … c) para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes… Los créditos abiertos de conformidad con las disposiciones del presente artículo quedarán incorporados al presupuesto general”. (art. 17)

(16) Art. 12 ley 16.986 (B.O.N. 20-X-1966): La sentencia que admita la acción deberá contener: a) La mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omisión se concede el amparo; b) La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución; c) El plazo para el cumplimiento de lo resuelto.

(17) TAWIL, Guido Santiago. El Decreto 679/88 y la ejecución de sentencias condenatorias contra la Nación. LL 1988-D pág. 945, quien cita a Docobo.

(18) CAPITULO VII — De la situación de emergencia en las obligaciones exigiblesArt. 50. — Sentencias. Suspéndese la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condenen el pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado nacional y los demás entes descriptos en el art. 1º de la presente ley por el plazo de dos (2) años a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. Quedan comprendidas en el régimen establecido en el presente capítulo tanto las sentencias condenatorias dictadas contra el Estado nacional y los entes mencionados en la primera parte de este artículo, en causas promovidas por las provincias y/o municipalidades, como aquellas sentencias pronunciadas en juicios que hubiera deducido el Estado nacional contra las provincias y/o municipalidades. Este capítulo será aplicable en jurisdicción provincial en aquellos casos en que se produzca la adhesión prevista en el art. 68 de la presente ley. Quedan comprendidos en el régimen del presente capítulo, las ejecuciones que pudieran promoverse por cobro de honorarios y gastos contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados en el presente artículo.Art. 51. — Las sentencias y laudos arbitrales que se dicten dentro del plazo establecido en el artículo anterior no podrán ser ejecutados hasta la expiración de dicho plazo.

(19) Art. 22 ley 23.982: A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.

(20) Ley 12.961 y Decreto ley 23.354, art. 17.

(21) Ley 25.973 (BON 31-XII-2004): Art. 1° Declárase aplicable en beneficio de las provincias, los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los fondos públicos que le pertenecen, el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la Ley 24.624 y sus normas complementarias, o las que en el futuro las sustituyan”.

(22) Fallos 322:2132 — 16-09-1999.

(23) Roque Reymundo e hijos SA c/ Pcia. San Luis s/ Daños y perjuicios (26-IX-2006) Fallos 329:4170: “… De las constancias de la causa resulta que a pesar del tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia que condenó al pago de la obligación que se ejecuta (29-VI-2004), la Provincia no denunció haber efectuado la previsión presupuestaria pertinente. En su mérito, en la medida en que el embargo constituye un trámite procesal insoslayable del procedimiento de ejecución de sentencia (art. 502 C.P.C.C.; Fallos 318:2660, considerando 8; 321:3508 y 323:2954), y que la previsión contenida en el artículo 1º de la ley 25.973 no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, pues ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico, al haber sido determinado en el caso el quantum adeudado, la deudora debió, para evitar la ejecución forzada que se ordena, efectuar la previsión presupuestaria correspondiente, y al no haberlo hecho debe hacerse lugar a la traba del embargo que se requiere… Por ello, se resuelve desestimar el pedido efectuado a fs. 541/543 y ordenar que se libre oficio al Banco de la Nación Argentina para que se trabe embargo por la suma de $ 39.408, mas la de $ 8.000 que en forma provisoria se fija para responder a intereses y costas de la ejecución, sobre los fondos de coparticipación federal de impuestos que tenga a percibir la Provincia de San Luis en esa institución bancaria…” Ver también causa Chaves, Fabián c/ Provincia de Tucumán s/ Daños y Perjuicios” (4-III-2008 Fallos 331:391) en la que se reiteró la doctrina antes expuesta, entre otras.

(24) “… La redacción del artículo transcripto (se refiere al art. 7º de la ley 3952) expresa un principio inconstitucional, por cuanto establecería una norma general injusta para las sentencias que se dicten contra la Nación. Si se pretendiere que se instituye un principio de carácter absoluto, se destruiría la norma igualitaria que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional, que ubica en forma paritaria a la Nación cuando se halle en juicio. Si se la considerare como una norma de carácter relativo, presentaría el grave defecto de no disponer el condicionamiento para su aplicación. La interpretación absoluta destacaría el gravísimo privilegio, aberrante para un Estado de Derecho democrático, de que las normas jurídicas no regirían para la Nación en un doble sentido. El primero: porque toda sentencia judicial comprende la aplicación de normas existentes en un orden jurídico determinado, y estas serían excluidas al regular la conducta del Estado, cuando fuere parte perdedora del litigio. El segundo: porque también la sentencia se identifica como una norma de carácter particular establecida por el juez al buscar en el juicio la decisión justa. No se salva este doble y gravísimo error sosteniendo que la sentencia siempre es obligatoria, puesto que si no se ejecuta su obligatoriedad no se podría destacar donde está su esencia jurídica. Toda norma contiene la obligación de cumplimiento y ejecución coercitiva en el supuesto de no ser acatada. El artículo 7 de la ley 3952 resaltaría el carácter obligatorio, pero le cercenaría la parte ejecutoria, que es realmente la sanción de incumplimiento” (FIORINI, Bartolomé ¿Qué es el contencioso? Abeledo-Perrot, pág. 136/137).

(25) Superado ya hace más de cien años el dogma de la indemandabilidad del soberano (esgrimido por la CSJN en Fallos 1:317 (1864); F 2:36 (1865), así como la necesidad de una venia legislativa previa (vgr. Leyes 475, 675), a propósito de la sanción de la ley 3952 (y su reforma 11.634), el argumento ha perdido toda consistencia. En puridad de verdad, si hubiésemos seguido el pensamiento que guió la sanción de la ley 224 (29-IX-1859), tal dogma nunca hubiese ganado aceptación entre nosotros. Adviértase la sencillez de sus términos: “La Confederación Argentina desde la instalación de su Gobierno constitucional, no reconoce derecho a indemnización a favor de nacionales o extranjeros, sino por los perjuicios causados por empleados de las autoridades legítimas del país”.

(26) GONZALEZ PEREZ, Jesús. “Comentarios de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa”. Civitas, Madrid, 1978.

(27) Desde este mirador no puede dejar de causar preocupación la situación presentada en la causa “Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz”, en particular, tras la sentencia dictada por la CSJN con fecha 14-IX-2010 (Fallos 333:1771). La lectura de los antecedentes allí reseñados deja al desnudo el incumplimiento recalcitrante de las autoridades locales al mandato judicial, hecho que —a no dudar— terminará generando la responsabilidad internacional del Estado.

(28) ABERASTURY, Pedro. “La ejecución de sentencias contra el Estado”, trabajo publicado en el Tratado de Derecho Procesal Administrativo dirigido por el Dr. Juan Carlos Cassagne, Editorial Hammurabi, 2004, pág. 1705.

(29) GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. “Los postulados constitucionales de la ejecución de las sentencias contra la Administración”, Documentación Administrativa, 209, pág. 10.

(30) Sentencia del Tribunal Constitucional español, Sala I, de fecha 7-VI-1982, citada por GALLEGOS FREDIANI, Pablo. “Ejecución de sentencias contra el Estado Nacional”, trabajo publicado en el Tratado de Derecho Procesal Administrativo dirigido por el Dr. Juan Carlos Cassagne. Tomo II, Editorial La ley, pág. 218.

(31) “El Poder Ejecutivo podrá autorizar gastos con la obligación de dar cuenta en el mismo acto a la Legislatura: a) para cumplir previsiones constitucionales, b) para el cumplimiento de leyes electorales; c) para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes; d) en caso de epidemias, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata del gobierno. Los créditos abiertos de conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán incorporarse al Presupuesto General”. No se me escapa que la actual ley de administración financiera, nº 13.767 no contempla una previsión similar, aunque el cumplimiento de las sentencias bien puede quedar comprendido en la expresión “… atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado Provincial” que, conforme el art. 39, habilitan al Poder Ejecutivo a autorizar gastos no previstos o insuficientemente previstos en el Presupuesto.

(32) Art. 119 LOM (Decreto Ley6769/58): “El Departamento Ejecutivo podrá autorizar gastos aún cuando el concepto de ellos no esté previsto en el presupuesto general, o excedan el monto de las partidas autorizadas, solamente en los siguientes casos: a) Para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes; b) en supuestos de epidemias, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata de la Municipalidad”…

(33) Ley 12.961 y Decreto Ley 23.354/57, art. 17

(34) BONINA, Nicolás. Sobre la ejecución de sentencias dinerarias contra el Estado.

(35) MORELLO, Mario Augusto. Liquidaciones judiciales. LEP. 2000, pág. 8.

(36) “La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave”.

(37) HUTCHINSON, Tomás. El proceso de ejecución de sentencias contra el Estado. Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, 2001-II.

(38) GONZALEZ PEREZ, Jesús “La constitución y la reforma de la jurisdicción contencioso administrativa” en Revista de Derecho Administrativo, Depalma, 1999, nº 30/32, pág. 43.

(39) BOTASSI, Carlos Alfredo.”Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires”. La Ley 2000-E pág. 1116 y sigs.

(40) Pese a su extensión, por su riqueza conceptual e histórica, nos permitimos su transcripción:Sr. L.M. Gonnet: Deseo que alguno de los miembros de la Comisión que ha despachado este códice, tenga la bondad de manifestar cuáles son los medios que tiene la Suprema Corte para hacer que el Poder Ejecutivo cumpla una sentencia suya, visto que establece que si a los sesenta días de dictada la tal sentencia el Poder Ejecutivo no la cumple, lo hará hacer directamente por las oficinas o empleados respectivos.Si el Poder Ejecutivo no cumple la sentencia a los sesenta días, es porque está dispuesto a no cumplirla, y como tiene en su poder medios para resistirla, deseo saber cuáles son los que la Comisión pone a disposición de la Suprema Corte para contrarrestarlos, porque no me parece que sean suficientes, ni las oficinas, ni los empleados respectivos.Sr. M. Gonnet: Pido la palabra. Voy a explicar el espíritu del artículo, o a lo menos, el alcance que ha querido darle la comisión al consignarlo en el proyecto.Este artículo no es una novedad en la Constitución. Existe en la de los Estados Unidos bajo la forma de Corte de Reclamos. Allí, dictada una sentencia por la Corte de reclamos, ésta la manda cumplir, no directamente por el Poder Ejecutivo, sino por los empleados de toda la administración del país. Se trata, por ejemplo, de resolver una cuestión referente a una cantidad de dinero o a propiedad de un campo, y el Poder Ejecutivo no cumple la sentencia dentro de los sesenta días. Entonces la Corte expide un mandamus, llama al escribano de gobierno y en presencia de éste el Presidente firma la escritura en nombre de la Constitución del país, que se lo ordena. Y todos los empleados están obligados a acatarla, en virtud de esta disposición constitucional. Esta es la forma que de usa en los Estados Unidos, y es la que ha aceptado la comisión. Las razones de este artículo son bien claras. El Poder Ejecutivo resuelve una cuestión administrativa. Puede o mantener su resolución o cumplir la de la Corte, lo regular es que cumpla la de la Corte. Pero han sucedido casos en que el Poder Ejecutivo se ha negado a cumplir una sentencia de la Corte Suprema, la que ha tenido que recurrir a las cámaras legislativas y éstas han encarpetado los proyectos que creaban los medios necesarios para hacerla efectiva. Es para evitar que estas sentencias de la Corte sean burladas por el Poder Ejecutivo, y aún por la legislatura, que se ha propuesto esta disposición, que viene a reemplazar la Corte de Reclamos de los Estados Unidos.Sr. L. M. Gonnet: Pido la palabra. No está bien claro, en este artículo, que la facultad dada a la Suprema Corte venga a llenar el vacío que deja entre nosotros la falta de una Corte de reclamos como la que existe en los Estados Unidos. Las oficinas y empleados respectivos, a que se refiere este artículo, en mi entender, no dándole más atribuciones que las que esta Constitución y los reglamentos de la administración de justicia les da, no tienen medios eficaces para hacer cumplir una sentencia que se resista a llevar a efecto el Poder Ejecutivo, como acaba de manifestar el señor Convencional que me ha precedido en la palabra, pudiendo el Poder Ejecutivo resistir hasta disposiciones de la Legislatura. Creo que no son aplicables entre nosotros por la falta del tribunal correspondiente las prácticas de los Estados Unidos, y que esta disposición, así tomada, no resuelve la cuestión. Llegaría el caso de aplicarla y las oficinas y los empleados respectivos no sabrían que hacer para que el Poder Ejecutivo cumpliera la sentencia. Es por eso que yo creo que, o debe ser más explícito este artículo, determinando los medios eficaces, positivos que la Suprema Corte tenga a su disposición para hacer cumplir sus sentencias, o debe crearse el tribunal competente para obtener esto.Sr. Fonrouge: El Tribunal competente es la Corte.Sr. L. M. Gonnet: Pero no posee las atribuciones que tiene la Corte de Reclamos.Sr. Fonrouge: Por eso se las da aquí.Sr. Ugalde: Y si el Poder Ejecutivo se resiste, después de sesenta días de dictada la sentencia a darle cumplimiento, de hecho queda rebelde.Sr. M. B. Gonnet: Pido la palabra. La Comisión no ha proyectado la creación del Tribunal de reclamos, porque ha creído que es innecesario establecerlo entre nosotros. La Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de resolver las cuestiones contencioso administrativas, que son precisamente las que tiene que resolver la Corte de reclamos de los Estados Unidos. Es esta una de las principales facultades que tiene la Suprema Corte. Precisamente para hacer cumplir sus sentencias existe esa atribución. Luego, aunque sean las mismas personas, la Suprema Corte constituye una verdadera Corte de reclamos. Para mandar cumplir la sentencia, no tiene más que hacer efectiva esta facultad que le confiere la Constitución. Por ejemplo, en caso de pago, llama al tesorero y le ordena que cumpla la sentencia. El tesorero asienta su partida, diciendo: en virtud de la sentencia dictada por la Suprema Corte y de acuerdo con el artículo tal de la Constitución, he entregado tantos pesos. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, viendo que se cumple la sentencia y que se ha sacado ciertos fondos, determinarán la manera como se ha de llenar el vacío producido. Pero de ninguna manera se puede dejar en manos del que ha resuelto la cuestión a favor de una parte, que cumpla o no la sentencia. Se ha producido un caso entre nosotros a este respecto: es la gestión promovida por el señor ingeniero Bunge contra el Gobierno de la Provincia, a propósito de unos planos cuya confección le encomendó el gobierno del Dr. Tejedor. Una vez hechos los planos el señor Bunge presentó su cuenta, que no le fue reconocida por el Poder Ejecutivo, sosteniendo que no se le había mandado hacer tal clase de trabajo. Demandado el Poder Ejecutivo en juicio contencioso administrativo ante la Corte, ésta falló a favor del señor Bunge; y cuando vino la sentencia al Poder Ejecutivo para su cumplimiento, éste dijo que, no tendiendo fondos, pasaba el asunto a las Cámaras. Aquí fue destinado a una comisión, y de tal manera se ha procedido, que aún no se ha cumplido la sentencia de la Corte, a pesar de haber transcurrido cuatro años. ¿Cuáles son las facultades que debe tener la Corte para cumplir una sentencia de esta naturaleza? Únicamente se puede disponer de las que ha propuesto la Comisión. No es posible creer que los empleados se opongan, de tal manera que sea necesario un ejército para cumplirlas. Esta disposición ha de ser respetada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por todos los empleados de la Administración, sabiendo que, en caso contrario, responden de los daños y perjuicios que ocasionen. Creo que estas razones serán más que suficientes para que la Honorable Convención se aperciba de la conveniencia que hay en aceptar esta disposición.Sr. L. M. Gonnet: Pido la palabra. Tomo el caso que ha citado el señor Convencional que deja la palabra y digo: el Poder Ejecutivo no ha cumplido la sentencia de la Corte; ha pasado el asunto a la legislatura y ésta no ha tratado hasta ahora de él. El señor Bunge se presenta mañana, bajo el amparo de esta Constitución, ante la Corte y le dice: quiero que haga Ud. cumplir su sentencia. La Suprema Corte le contesta, también según la Constitución: vaya Ud. a tesorería y diga que le paguen no más…Sr. M. B. Gonnet: No señor. La Corte expide un mandamus, es decir, una orden al tesorero del Estado, para que entregue una suma determinada y la impute a este artículo de la Constitución y a su sentencia.Sr. L. M. Gonnet: Perfectamente, y el tesorero toma este mandamus y lo pone dentro del cajón de su escritorio.Sr. M. B. Gonnet: Es que no lo hará, sabiendo que responde de los daños y perjuicios que pueda ocasionar. Y no habrá un solo empleado público que se resista a este principio fundamental.Sr. L. M. Gonnet: Hay una disposición que establece que ellos no pueden ni recaudar, ni pagar sino de acuerdo con la ley.Sr. M. B. Gonnet: Y esto es más que la ley: es una Constitución.Sr. L. M. Gonnet: Pero no es una ley explícita, clara, terminante. Es una ley tan difusa, tan abstrusa, que yo no entiendo que tal cosa quiera decir.Sr. M. B. Gonnet: La Legislatura la reglamentará.Sr. L. M. Gonnet: Pero la reglamentará como principio constitucional, no la reglamentará para un caso dado. Yo no estoy en contra del espíritu que trasluzco al través de este artículo de la Comisión, pero desearía encontrar la forma práctica para que se realice esta idea que ha tenido la Comisión. Comprendo perfectamente las razones dadas por el señor Convencional y que él cree que han motivado esta redacción. Pero la redacción no está clara y cuando no están claras en la Constitución las disposiciones éstas son ilusorias, pues mientras no se tenga el medio claro, explícito, definitivo de hacerlas cumplir, son como si no existieran. Lo que pido es que se redacte el artículo de tal manera que no dé lugar a duda y que efectivamente se cumpla y que tenga el Poder Judicial los medios de hacer cumplir las disposiciones.Sr. Botet: Es indudable que la cuestión suscitada es simplemente de forma, por cuanto el señor convencional Gonnet (M) está perfectamente de acuerdo con el espíritu que sin duda ha precedido a la confección de este inciso, puesto que él mismo dice que lo trasluce al través de sus términos. La redacción del inciso, como expresión de principio, es indudablemente vaga, puesto que no expresa de una manera terminante y clara cuales son los medios de que la Suprema Corte de Justicia se ha de valer para hacer cumplir la facultad que aquí se le atribuye. Indudablemente que tiene a su favor la influencia moral que se debe suponer en el más alto poder de la Provincia, pero eso en muchos casos no es bastante. Estoy perfectamente de acuerdo con el señor Convencional Gonnet (M). Es necesario buscar un medio concreto que ponga de tal manera las cosas que en caso de un conflicto no haya que titubear, no haya necesidad de buscar rodeos ni tener que llegar por medio de tropiezos a cumplir una disposición, porque su espíritu solamente se trasluce. Creo que haciendo una pequeña reforma en el texto de este inciso se concilia todo. La voy a proponer. Quizá la redacción no sea correcta, pero indudablemente dice lo que el señor Convencional Gonnet (M) quiere: “En los casos contencioso administrativos la Suprema Corte de Justicia tendrá la facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de la sentencia, por los empleados respectivos, quienes en tal caso le deben obediencia completa, bajo la pena que se especifique. La pena se establecerá por ley”.Sr. M. B. Gonnet: Es lo mismo que dice el artículo.Sr. Botet: Estoy de acuerdo; pero, como se trataba de darle forma concreta que dijera “Ud. debe obedecer”, no llegaría el caso que indicaba el señor Convencional y no sería necesario acudir a la responsabilidad personal del empleado, porque he aquí unja disposición constitucional expresa y a ella no podrá el empleado resistirse jamás, y no se producirá el caso de hacerle responsable, porque, si hubiere desobediencia, se trataría de una infracción a la Constitución y no de una falta a una obligación que no está expresa en la Constitución. Para mi, como digo, es cuestión de redacción. Si no cambia el espíritu del artículo, mi redacción lo hace más concreto, más explicativo, y eso es lo que me parece que desea el señor Convencional. Pido pues, se vote el artículo redactado en esa forma, pues se establece la obediencia de los empleados, prescindiendo del Poder Ejecutivo, a quien están subordinados.Sr. M. B. Gonnet: Creo que la modificación propuesta por el señor Convencional Botet no tiene mayor alcance que el artículo tal cual está redactado.Sr. Botet: Es simplemente explicativo.Sr. M. B. Gonnet: Pero la explicación viene de la discusión del artículo. Todavía yo aceptaría otra forma, que creo que viene implícita en el artículo, y es establecer la responsabilidad personal de los empleados que no cumplan las sentencias de la Corte, pero creo que esto también viene implícito. A fin de salvar todas las dificultades que se presenten y darle mayor claridad al espíritu del artículo, yo, al menos, como miembro de la Comisión, aceptaría este agregado: “… siendo responsables los empleados por sus faltas”.Sr. L. M. Gonnet: Pido la palabra. Lo propondría el artículo reformado de esta manera: “En las causas contencioso administrativas la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos de la Administración (porque es preciso que se establezca eso, a fin de que se sepa a que empleados se refiere); siendo éstos responsables por la falta de cumplimiento”.Sr. M. B. Gonnet: Al decirse empleados respectivos significa los empleados todos de la administración. Si se trata, por ejemplo, de dar la propiedad de un campo, no hay más que el oficial mayor de Gobierno.Sr. Botet: ¿y la Oficina de Tierras?Sr. L. M. Gonnet: Pero la oficina de tierras no firma las escrituras.Sr. M. Gonnet: “Por las oficinas o empleados públicos respectivos”.Sr. Castellanos: Yo, señor Presidente, he de votar el artículo tal como lo propone la Comisión. Creo, señor Presidente, que los casos en que el Poder Ejecutivo se alza contra las disposiciones de la Corte Suprema son muy raros; pero no es lo mismo, señor Presidente, oponerse a la ejecución de una sentencia por omisión que por actos positivos; no es lo mismo emplear subterfugios para evitar que se cumplan, que ejercer actos directos en oposición a los actos positivos mandados ejecutar por el Superior Tribunal. No creo que llegue el caso de que el Poder Ejecutivo cometa tales desmanes. Pienso que basta que se diga “La Corte Suprema puede mandar ejecutar directamente sus disposiciones para que ninguno se oponga”. De esta manera acepto el artículo, sin decir nada sobre responsabilidad personal, pues ante todo está la responsabilidad moral de cada rama del poder, que vela más que la responsabilidad pecuniaria de un empleado subalterno; y sobre todo, la responsabilidad personal es sabido cae sobre el empleado que no cumple su deber. Es un principio del Código Civil.Sr. M. B. Gonnet: Yo he atendido las razones dadas por el señor Convencional Castellanos, pero me parece que esto viene a dejar un vacío en la Constitución, porque el admite la posibilidad del caso de la falta de cumplimiento de una sentencia, por omisión, y en ese caso la resistencia al cumplir una sentencia burla la facultad constitucional dada por este artículo a la Suprema Corte. Yo creo que todo el mundo debe respetar las resoluciones de un cuerpo tan elevado como se respetan las leyes, pero para que sean más respetables, es preciso que alcancen de una manera absoluta a todos los casos; y el señor Convencional, admitiendo que es conveniente dictar una disposición constitucional de este género, cree que no debe ir tan lejos, sin embargo, como para que abarquen también aquellos casos que se produzcan por falta de cumplimiento de una sentencia por omisión. Yo digo: no; debe abarcarlos todos y es evidente que no debemos dejar parte discutible del artículo que de lugar a interpretación; debemos establecer de una manera clara la responsabilidad de los empleados que faltan al cumplimiento de una orden dada por la Corte. Si no se establece esto, evidentemente el Poder Ejecutivo podía ejercer tal dominio sobre sus empleados que haga que burlen la acción de la Suprema Corte. Y una vez que los empleados de encuentren bajo esta amenaza de la responsabilidad personal, cuya responsabilidad personal puede hacerla efectiva el mismo Poder Judicial, entonces sucederá otra cosa distinta; la Constitución será más respetable y el principio será más real, y no habremos faltado absolutamente a este respeto, a este principio de moral, de subordinación, que debe someter a todos los individuos a las resoluciones de la Corte. Comprendo que el espíritu que ha guiado al señor convencional al no dar esta latitud a la disposición constitucional, a no poner los puntos sobre las i.Sr. Castellanos: Efectivamente, parece que se empequeñece la disposición.Sr. L. M. Gonnet: Pero dadas nuestras prácticas y costumbres, sabemos que esta Constitución que tenemos en las manos es algo muy ilusoria, en sus cuatro quintas partes es una teología, y en la parte que se cumpla se cumple como Dios quiere; es precisamente por eso, porque cada una de las disposiciones no está expuesta de una manera explícita y concreta; que si tal estuviera entonces se encarrilaría más la práctica al principio teórico que ha guiado a la confección de esta Constitución. Este es el móvil que me lleva a hacer esta modificación, que en cada uno de los artículos que vea que no esté dispuesto de una manera clara haré las observaciones necesarias, a fin de que nos aproximemos a la realidad.Pido que se vote por partes el artículo tal como está y después el agregado.Sr. M. B. Gonnet: Pido al señor Secretario tenga la bondad de escribir: “… por los empleados públicos respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciese dentro de los sesenta días de la sentencia. Los empleados a que alude esta disposición serán responsables por la falta de cumplimiento de la disposiciones de la Suprema Corte”.Sr. Presidente: En el caso de ser rechazado el artículo en la forma propuesta por la Comisión, se votará en la forma propuesta por el señor Convencional.Sr. Enciso: Es un agregado, puede votarse por partes.Sr. Presidente: Se votará por partes pero tal como la comisión lo ha propuesto, sin agregado alguno, porque hay un señor Convencional que pide se vote así.Sr. M. B. Gonnet: Pido que se lea el artículo tal como lo propongo:Se lee “En los casos contencioso administrativos la Suprema Corte tendrá facultades demandar cumplir directamente sus sentencias por la oficina o empleados públicos respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de la sentencia. Los empleados a que alude esta disposición serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte”.Sr. Presidente: Se va a votar el artículo tal como lo propone la Comisión.Sr. M. B. Gonnet: Pero si yo he pedido que se vote por partes.Sr. Presidente: Permítame el señor convencional, ha pedido que se vote por partes el artículo propuesto… por el señor Gonnet (L.M.).Sr. L. M. Gonnet: Que se vote el de la Comisión, en el que todos están conformes. Hay un agregado sobre el cual hay oposición; ese se votará después.Sr. Fonrouge: Se puede votar el artículo tal como está propuesto y después el agregado.Sr. Presidente: ¿Hasta dónde desea el señor convencional que se vote?Sr. L. M. Gonnet: Hasta la palabra sentencia incluyendo la palabra públicos; al menos, yo por mi parte como miembro de la Comisión, no tengo inconveniente en que se agregue “empleados públicos”.Sr. Presidente: Yo no puedo poner a votación eso, porque hay un señor convencional que quiere que el artículo se vote como está.Sr. Castellanos: Si el señor Presidente se refiere a mi no hay dificultad porque no tengo inconvenientes que se vote con esas palabras.Sr. Presidente: se va a votar.Sr. L. M. Gonnet: Que se vote por partes.Se vota esta parte: “En las causas contencioso administrativas la Corte Suprema de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciese dentro de los sesenta días de la sentencia”.Se aprueba.Se lee el agregado propuesto en esta forma: “Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte”.Tras una serie de observaciones, se decide que el asunto pase a Comisión.

(41) FIORINI, Bartolomé. ¿Qué es el contencioso? Abeledo Perrot, 1997, pág. 318 y sigs.

(42) BOTASSI, Carlos Alfredo.”Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires”. La Ley 2000-E pág. 1116 y sigs.

(43) “Hasta tanto comiencen las funciones de los tribunales en lo contencioso administrativo, la Suprema Corte decidirá, en instancia única y juicio pleno, todas las causas correspondientes al referido fuero que se hubieren iniciado, hasta su finalización”.

(44) Hecho que ocurriera el 15-XII-2003.

(45) Una sentencia se encuentra consentida cuando las partes, luego de notificadas, dejan transcurrir los plazos sin interponer recurso alguno; cuando, pese a haberse deducido y otorgado un recurso, se lo declara desierto en virtud de no haberse cumplido con la carga de expresar agravios o de presentar el memorial; cuando se opera la caducidad de la segunda instancia.

(46) Una sentencia se encuentra ejecutoriada cuando han sido rechazados los recursos interpuestos en su contra.

(47) ARGAÑARAZ, Manuel J. “Tratado de lo contencioso administrativo”, Editorial Lex, 1988, pág. 380 y sigs.

(48) GARCIA DE ENTERRIA-FERNANDEZ, Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Thomson Civitas. La ley. Primera edición argentina, pág. 669

(49) BEZZI, Osvaldo Máximo; BEZZI, Ana María, BEZZI, Osvaldo H. “La ejecución de sentencias condenatorias al Estado y la emergencia económica”. LL-1993-B-997.

(50) Artículo 239 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

(51) B-8153, “Acuerdos y Sentencias” serie 7º, T. 1, pág. 496, citado por BOTASSI, Carlos A., “Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires”, LL-2000-E pág. 1116.

(52) Causas B-53.483 “Gómez”, res. del 4-IX-2002; B-60.019 “Salvatori”, res. del 13-I-2005; B-64.681 “Domenech”, res. del 5-V-2010. Nos permitimos transcribir éste último decisorio: “Atento al tiempo transcurrido desde que fuera conminada a cumplir la sentencia la demandada —23-XII-2008, ver oficio de fs. 81-; que la última de las intimaciones cursadas lo fue bajo apercibimiento de la responsabilidad personal de los funcionarios competentes (fs. 83) y que, estando acreditado el diligenciamiento del oficio librado en esos términos, la autoridad administrativa a fs. 90 ha manifestado, como único fundamento para su omisión “la falta de presupuestos para practicar la liquidación”; haciendo efectiva la aludida responsabilidad y de acuerdo a los solicitado por la actora (fs. 92), intimase al Presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a que, dentro de los diez días de recibido el oficio a librarse, dé cumplimiento a la sentencia dictada en autos. La intimación se hace con apercibimiento de aplicarse al señor Presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia, en forma directa y personal, y en favor de la parte actora, una multa de cien pesos ($100) por cada día de demora en la contestación (arts. 163, Constitución de la Provincia; 86, ley 2.961; 77 inc. 1º y 78 inc. 3º, ley 12.008 —texto según ley 13.101-; 37, C.P.C.C. y 666 bis, C.C.)”.

(53) BOTASSI, Carlos A., trabajo citado en la nota anterior.

(54) Ver, entre otros, BOTASSI, Carlos A., “Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires”, LL-2000-E pág. 1116; SALABERREN, Roberto A. “La ejecución de sentencias en el proceso administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, trabajo publicado en la obra colectiva “El nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires” dirigida por los Dres. Juan Carlos Cassagne y Agustín A. Gordillo, LEP, 2004, segunda edición, pág. 647 y sigs.; CASSAGNE, Juan Carlos — PERRINO, Pablo Esteban. “El nuevo proceso contencioso administrativo en la Provincia de Buenos Aires” Lexis Nexis, 2006, pág. 425 y sigs.

(55) VILLAFAÑE, Homero Miguel. “La emergencia económico-financiera en la Provincia de Buenos Aires. Periodo 2001-2002. Incidencia sobre las remuneraciones del sector público. La Ley Buenos Aires, 2002, pág. 1481 y sigs.

(56) CSJN, “Juan Domingo Perón”, Fallos 238:76, (1957)

(57) MARIENHOFF, Miguel Santiago. “Tratado de Derecho Administrativo”, T. IV, pág. 673/674.

(58) GELLI, María Angélica. “El caso Smith (o la razonabilidad cuestionada). La Ley 2002-A-770.

(59) CSJN “Vicente Martín e Hijos”, Fallos 200:450 (1944).

(60) CSJN “Nadur, Amar c/ Borelli, Francisco”, Fallos 243:449 (1959).

(61) CSJN, “Banco de Galicia y Buenos Aires… en autos Smith, Carlos”, La Ley 2002-A-770 (2002).

(62) CSJN, Fallos 333:633 (2010).

(63) MARIENHOFF, Miguel Santiago “Tratado de Derecho Administrativo”, T. IV, pags. 518/519.

(64) CSJN “Nadur, Amar c/ Borelli, Francisco”, Fallos 243:449 (1959).

(65) CSJN “Guida, Liliana” Fallos 323:1566 (2000).

(66) Ley 10162 (1984): Suspende por ciento veinte días los procesos en los que sea parte demandada la Provincia de Buenos Aires, incluidos sus entes autárquicos, empresas del Estado, Municipalidades y cualquier otra persona jurídica estatal; suspende por ciento veinte días la ejecutoriedad de las sentencias dictadas contra las personas jurídicas enumeradas precedentemente, no así cuando la sentencia les fuere favorable; se exceptúan los juicios en que la cuestión debatida verse sobre jubilaciones o pensiones o se trate de situaciones derivadas de empleo público o sobre relaciones laborales en los cuales alguna de las personas jurídicas enumeradas precedentemente sea parte.

(67) Ley 11.174 (1991): Suspensión de procesos y ejecución de sentencias por 120 días, con excepción de responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito, jubilaciones o pensiones, relación de empleo o laborales.

(68) Ver nota anterior.

(69) Ley 10.867 (1990): Emergencia económica. Capítulo IV (arts. 10 a 16): Suspende la ejecución de las sentencias que condenen al pago de sumas de dinero, atribuyéndole efecto meramente declaratorio. Excluye: — Cobro de créditos laborales o nacidos de la relación de empleo público; indemnizaciones por expropiación; repetición de tributos; créditos por responsabilidad extracontractual; prestaciones de naturaleza alimentaria; jubilaciones y pensiones; amparos

(70) Ley 11.174 (1991): Suspensión de procesos y ejecución de sentencias por 120 días, con excepción de responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito, jubilaciones o pensiones, relación de empleo o laborales.

(71) Ley 12.424: Suspensión de procesos de ejecución de sentencias en que las municipalidades revistan el carácter de parte demandada o reconvenida.

(72) Ley 12.727, art. 6º (provincial).

(73) Ley 8227 (1974): CARÁCTER DECLARATIVO: Las sentencias judiciales firmes que condenen a la Provincia de Buenos Aires, incluidas sus entidades autárquicas, empresas del Estado o cualquier otra categoría de persona jurídica estatal, al pago de sumas de dinero, tendrán carácter meramente declarativo, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretende. EXCLUSIONES: Quedan excluidas de las disposiciones de la presente ley las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual de los entes mencionados en el artículo precedente. PROCEDIMIENTO: A partir de la fecha en que la sentencia quede firme el Poder Ejecutivo incluirá en los proyectos de presupuesto general para los ejercicios subsiguientes, los medios conducentes al cumplimiento de la misma, no siendo de aplicación a estos efectos las disposiciones del artículo 16 de la ley 7764. Si transcurridos cinco años desde la fecha indicada en el párrafo anterior no se hubiere dado cumplimiento a la sentencia, ésta tendrá plena ejecutoriedad.

(74) Ley 10.235 (1984): CARÁCTER DECLARATIVO: de las sentencias firmes que condenen a una persona jurídica estatal, provincial o municipal, al pago de una suma de dinero. EXCEPCIONES: las derivadas de responsabilidad extracontractual, materia de jubilaciones o pensiones, derivadas de la relación de empleo público o laborales. PROCEDIMIENTO: El Poder Ejecutivo incluirá en el proyecto de presupuesto de gastos para el ejercicio siguiente, la imputación con la que atenderá las erogaciones que resulten de las sentencias condenatorias comprendidas en el artículo 1º. El 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se hubiera debido efectuar la imputación mencionada en el artículo 3º, cesa el carácter declarativo de la sentencia, renaciendo la plena ejecutoriedad, con la actualización monetaria y accesorios a que hubiere lugar, de acuerdo a los índices y tasas establecidos en la propia sentencia.

(75) Sin pretensiones de agotar la nómina de autores que se han ocupado sobre la temática, nos permitimos citar los que siguen: SPISSO, Rodolfo. “Ley de consolidación de deudas del Estado”, Depalma, 1992; ABERASTURY, Pedro. “Ejecución de sentencias contra el Estado”, Abeledo Perrot, 2001; CRIVELLI, Julio César “La emergencia económica Permanente”, Ábaco, 2001; CARATTINI, Marcelo Gustavo “Inconstitucionalidad de la ley de consolidación de deudas del Estado en relación a la avanzada edad del titular del crédito”, La Ley 1993-D-117; BEZZI, Osvaldo Máximo; BEZZI, Ana María; BEZZI, Osvaldo. “La ejecución de sentencias condenatorias al Estado y la emergencia económica”, LL-1993-B-997; LONIGRO, Félix Vicente “Consolidación de deudas públicas”, LL-1996-D-699; COHEN SALAMA, Claudio “Ley de consolidación de deudas de los municipios de la Provincia de Buenos Aires: la retroalimentación de la emergencia”, LL Buenos Aires, 1997, 537;MONTI, Laura y VIEYTO FERREIRO, Mabel “Régimen de consolidación de deudas del Estado”, Revista de derecho administrativo, nº 9, pág. 135; BOTASSI, Carlos “El incumplimiento de las sentencias contra el Estado”, Revista del Colegio de Abogados de La Plata, nº 52; MENDIGUREN, Alfredo, NICOLINI, Sara “La nueva consolidación de deudas en el marco de la ley 25.344 de emergencia económica”, LL-2001-B-1310; RUIZ, Mara “El régimen de consolidación de pasivos estatales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, El Derecho, Diario del 30-VI-2010; SANGUINETTI, Juan Carlos “Consolidación de deudas del Estado”, La Ley, diario del 17-XI-2010.

(76) CSJN “Nuevo cómputo S.A.” Fallos 331:1434 (2008). CSJN “Caraballo”, Fallos 333:138 (2010): “…3°) Que la consolidación de las obligaciones comprendidas en el régimen de la ley 25.344, importa la novación de la obligación originaria y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de ella (artículo 17 de la ley 23.982, al que remite el artículo 13 de la ley citada). Dicha circunstancia impone la sujeción a las disposiciones de la ley y a los mecanismos previstos en ella y en su reglamentación, en orden a la cancelación de los créditos sujetos a consolidación (Fallos: 317:739 y 322:1341). Y, en lo que al sub examine interesa, ajustar el requerimiento de pago al trámite y plazos previstos en los artículos 31 y 32 del decreto 1116/2000, cuya aplicación deviene inexcusable en atención al carácter de orden público que revisten las normas de la ley de consolidación (artículo 16 de la ley 23.982) lo que trae aparejado la irrenunciabilidad e imperatividad de esas disposiciones”.

(77) Art. 6: Intereses deudas en efectivo: “… A partir de la consolidación de pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto por la presente ley, las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente”.

(78) Intereses de los bonos: “… Los acreedores que mantengan la liquidación de sus acreencias en moneda nacional podrán suscribir Bonos de Consolidación en moneda nacional, en cuyo caso devengarán la tasa de interés promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina; aquellos que reliquiden sus acreencias en dólares estadounidenses podrán suscribir bonos de consolidación en dicha moneda, en cuyo caso devengarán la tasa LIBOR”.

(79) Art. 7: Pago en efectivo: “… Los recursos que anualmente asigne el congreso de la nación para atender el pasivo consolidado del Estado Nacional, se imputarán al pago de los créditos reconocidos, de acuerdo al siguiente orden de prelación: a) Deudas por diferencia de haberes jubilatorios y pensionarios hasta el monto equivalente a un año de haberes mínimos, por persona y por única vez. A este fin el Congreso de la Nación constituirá un fondo específico con los recursos fiscales que afecte especialmente para su atención. La prioridad de pago de esa categoría se limitará a los recursos anuales del fondo específico y se distribuirá entre los acreedores atendiendo en primer lugar a los de mayor edad que tengan menores acreencias a cobrar, en las condiciones que determine la reglamentación”.b) Toda otra prestación de naturaleza alimentaria, créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público, y los créditos derivados del trabajo o la actividad profesional hasta el monto equivalente a un año de haber jubilatorio mínimo por persona y por única vez.c) Los créditos por daños a la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación ilegal de la libertad o daños en las cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado hasta la suma de cien millones de australes por persona y por única vez.d) Los saldos indemnizatorios que hubieran sido controvertidos por expropiaciones por causas de utilidad pública o por la desposesión ilegítima de bienes sin sentencia firme a la fecha de sanción de esta ley.e) Las repeticiones de tributos.f) Los créditos mencionados en los incisos a), b) y c) precedentes, por lo que exceden el límite antes mencionado.g) Los aportes y contribuciones previsionales, para obras sociales y a favor de los sindicatos.h) Las demás obligaciones alcanzadas por la consolidación.

(80) Bonos de consolidación: “Alternativamente a la forma de pago prevista [en efectivo], los acreedores podrán optar por suscribir a la par, por el importe total o parcial de su crédito en moneda nacional, los bonos de consolidación en moneda nacional, cuya emisión autoriza la presente ley. Asimismo podrán optar por recalcular su crédito para reexpresarlo en dólares, valorizando al tipo de cambio vendedor en el mercado libre o su equivalente que correspondía a la fecha de origen de la obligación, con el fin de suscribir con tal crédito con tal crédito reexpresando en dólares bonos de consolidación emitidos en esa moneda. Todo ello en las condiciones que determine la reglamentación.”

(81) “… 4) Que mediante la ley 12.836, dictada en el marco de la emergencia declarada por la ley 12.727, de adhesión a la ley nacional 25.344, la demandada ha consolidado las obligaciones de causa o título anterior al 30 de noviembre de 2001, siempre que no se encuentren alcanzadas por otras leyes de consolidación y consistan en el pago de sumas de dinero o se resuelvan de ese modo. 5) Que, según lo dispuesto por el art. 19 de la ley nacional 23.982, aplicable en virtud de la remisión que efectúa el art. 13 de la última de las leyes citadas, “las provincias podrán consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el art. 1. Las normas legales locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las que la presente ley establece respecto a las deudas del sector público nacional”. 6) Que, en esas condiciones, y tal como lo sostiene el señor Procurador General, le asiste razón a la actora en cuanto a que las disposiciones de la ley 12.836 han obviado tal impedimento, por un doble orden de razones. En primer lugar, la legislación se extiende más allá de lo permitido, al abarcar un período superior al previsto por la ley 25.344, pues la primera fija como “fecha de corte” el 30 de noviembre de 2001 y la segunda el 1° de enero de 2000. Esta diferencia les ocasionaría a los actores un serio perjuicio, ya que si se admitiese la aplicación de la ley al caso, deberían recibir los bonos respectivos con una fecha de emisión posterior a la establecida por la ley nacional. De tal manera, los dieciséis años previstos para la cancelación comenzarían a contarse a partir de la fecha indicada en primer término, lo que importaría una demora de casi dos años con relación al régimen al que se adhiere, tornando así la situación de los interesados en más gravosa que la contemplada por la legislación nacional; extremo expresamente prohibido por el art. 19 citado. Cabe señalar al respecto que la provincia ni siquiera invoca haberse adherido a la prórroga prevista en el art. 58 de la ley nacional 25.725, a lo que se une que no cabe atribuirle ese alcance al art. 51 de la ley 13.002, y, en el supuesto más favorable al Estado provincial de que así se lo quisiese entender, la demandada vuelve a incurrir en la imposibilidad examinada en lo que a la extensión del plazo se refiere. En segundo término, debe señalarse que la legislación nacional establece que las obligaciones consolidadas quedan sujetas a los recursos que anualmente contenga la ley de presupuesto de cada año para hacer frente al pasivo consolidado siguiendo el orden de prelación y cronológico que prevén los arts. 7° y 8° de la ley 23.982, en un plazo máximo de 16 años para las deudas en general o, alternativamente, los acreedores pueden suscribir a la par bonos de consolidación en moneda nacional (arts. 14 y 15 de la ley 25.344 y 10 y 11 del decreto reglamentario 1116/00 y asimismo, art. 10 de la ley 25.565 y decreto 1873/02). En cambio, la norma local establece como única posibilidad el pago mediante títulos públicos que deben suscribirse a la par por el importe total de los créditos en moneda nacional. A todo ello se agrega que el poder ejecutivo provincial sólo está autorizado a emitir los bonos mencionados hasta un importe equivalente al quince por ciento del cálculo de recursos de la Administración Central vigente al momento de emitirlos (arts. 16, 17, 18 y 19 de la ley 12.836), sin explicar en qué situación quedarían las deudas restantes si eventualmente superaran ese porcentaje, y sin otorgar alternativa alguna en cuanto a la forma de cancelación, lo que habría permitido al acreedor, que se ve sometido a un régimen de excepción, adoptar la conducta que finalmente menos lo perjudique. 7°) Que, de tal manera, el ordenamiento provincial resulta inaplicable dado que impone mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir créditos del Estado local, extremo que se encuentra expresamente prohibido (Fallos: 317:1621; 318:1755; 319:63; 324:363 y 861; entre otros)”.

(82) BOP 19-I-2006

(83) “2°) Que como reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal si bien los estados provinciales pueden invocar y hacer valer las leyes de consolidación que dictan sobre la base de la facultad que les confirió el art. 19 de la ley nacional 23.982, en virtud de la remisión que efectúa el art. 13 de la ley 25.344, dicha aplicación es posible en la medida en que las normas legales que se invocan, y los actos que se realizan en consecuencia, se ajusten a las previsiones contenidas en la ley nacional y no presenten un conflicto con el art. 31 de la Constitución Nacional (arts. 4° de la ley 27 y 21 de la ley 48; Fallos: 322:1050). Tal como lo determina el art. 19 de la ley de consolidación nacional ya citada, “las provincias podrán consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el art. 1°. Las normas legales locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las que la presente ley establece respecto de las deudas del sector público nacional”. 3°) Que sentado lo expuesto, y contrariamente a lo afirmado por la demandada, no han desaparecido las causas que motivaron la decisión recaída a fs. 598/601 dado que la ley en cuestión contiene condiciones más gravosas que las previstas en la legislación nacional, por un doble orden de razones. En primer lugar, la legislación nacional establece que las obligaciones que se cancelen en efectivo se atenderán con los recursos que al efecto disponga el Honorable Congreso de la Nación en la ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden de prelación y cronológico que se establecen en los arts. 7° y 8° de la ley 23.982, en un plazo máximo de dieciséis (16) años, para las deudas en general, contados a partir de la fecha de corte (arts. 14 de la ley 25.344 y 10 del decreto reglamentario 1116/2000). En cambio, el régimen local no contempla el límite aludido (ver art. 5° de la ley 13.436) de manera que, si eventualmente los recursos existentes no resultasen suficientes, podría extenderse más allá de lo previsto en la legislación nacional la cancelación de lo adeudado, agravando la situación del acreedor, extremo expresamente prohibido por el art. 19 de la ley 23.982 (art. 5°, ley 13.436). En segundo término, la legislación local extiende más allá de lo permitido el comienzo del pago de la primera cuota de amortización de capital e intereses de los títulos públicos. En efecto, el plazo para el pago de tales servicios se computa a partir de la “fecha de emisión” que la ley local la fija el 30 de noviembre de 2001 y la nacional el 1° de enero de 2000 (art. 4, inc. d del decreto 1578/2002 y art. 24 inc. A del decreto 1116/2000). Esta diferencia les ocasionaría a los actores un serio perjuicio, ya que si se admitiese la aplicación de la ley al caso, comenzarían a percibir la amortización del capital e intereses en una fecha posterior a la establecida por la ley nacional. En efecto, los setenta y tres meses previstos para el inicio del pago de dichos servicios comenzarían a contarse a partir de la fecha de emisión a la que se ha hecho referencia, lo que importaría una demora de dos años con relación al régimen al que se adhiere, tornando así la situación de los interesados en más gravosa que la contemplada en la legislación nacional (ver art. 10 de la ley provincial 13.436 y art. 4, inc. g del decreto reglamentario 1576/02, modificado por el art. 18 del decreto 577/06; arts. 15 y 16 de la ley nacional 25.344 y art. 24 del decreto reglamentario 1116/2000). Por lo demás, si bien el art. 11 de la ley 13.436 modificó el art. 18 de la ley 12.836 en cuanto eliminó el límite del 15% del cálculo de los recursos de la Administración Central vigente al momento de emitir los títulos, lo cierto es que el decreto reglamentario mantiene dicha limitación (ver art. 4, inc. f del decreto 1578/2002 y arts. 18 y 19 del decreto 577/06). 4°) Que no existe razón entonces para apartarse de lo resuelto a fs. 598/601 y, en consecuencia, exigir a la actora que se someta a un régimen de consolidación que no se ajusta a las disposiciones en vigencia”.

(84) BOP 30-XII-2008 “ARTÍCULO 54.— Incorporar como último párrafo del artículo 16 de la Ley N° 12.836, modificada por Ley Nº 13.436, el siguiente: “Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta en la presente ley, ya sea que el pago se realice mediante Bonos de Consolidación o mediante el Procedimiento de Pago en Efectivo, serán respondidos por el Poder Ejecutivo o cualquier ente deudor de obligaciones alcanzadas por la consolidación indicando que tales obligaciones quedarán sujetas a los recursos que anualmente contenga la Ley de Presupuesto de la Administración Provincial, para hacer frente al pasivo consolidado al 30 de noviembre de 2001, en un plazo máximo de 170 meses contados a partir de la fecha antes indicada”.”ARTÍCULO 55.— Excluir del Régimen de Consolidación establecido por la Ley Nº 12.836 y su modificatoria la Ley Nº 13.436 las obligaciones de causa o título previsional.””ARTÍCULO 56.— Incorporar como anteúltimo y último párrafos del artículo 10 de la Ley Nº 13.436, los siguientes:”Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá realizar la emisión de Bonos de Consolidación con fecha 1º de enero de 2000, con los términos y condiciones establecidos originalmente, de forma que el cronograma de amortización de los mismos finalice a los 16 años de esa fecha.”Los acreedores de obligaciones consolidadas por la presente Ley cuya deuda no hubiere sido cancelada antes del 1° de enero de 2009, que optaren por la cancelación mediante títulos públicos, podrán elegir los títulos emitidos en virtud del párrafo precedente o los emitidos conforme lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo.””ARTÍCULO 57.— Autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a dictar las normas reglamentarias, complementarias e interpretativas que requiera la implementación de lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 56, de la presente Ley.”

(85) Mediante tal Decreto el Poder Ejecutivo: i) encomendó al Ministerio de Economía, en su calidad de autoridad de aplicación, la emisión de Bonos para la cancelación de obligaciones consolidadas por la ley n° 12.836, con fecha 1° de enero de 2000, conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la ley 13.436 modificado por el artículo 56 de la ley 13.929, en la medida en que se requiera expresamente esa forma de cancelación, mediante presentación judicial o administrativa; ii) derogó el inciso f) del artículo 4 del Decreto n° 1578/02 y iii) estableció que la autoridad de aplicación de la ley 12.836 deberá informar a los Organismos Deudores lo establecido en el artículo 54 de la ley 13.929 —respecto a cómo deben ser respondidos los pedidos de informes o requerimientos judiciales que en dicho artículo se indica— y en el artículo 55 de la misma ley respecto a la exclusión de las obligaciones de origen previsional del régimen de consolidación.

(86) C. 99.858, “Rodríguez”, sent. del 17-VIII-2011, en la que también se hizo mérito del precedente de la CSJN “Cavada”, sent. del 3-VIII-2010 (Fallos 333:1218), que excluyó de la consolidación provincial a las obligaciones cuya causa o título se hubiesen generado entre el 1-I-2000 y el 30-XI-2001, ante la falta de adhesión expresa por parte de la Provincia a la prórroga de la consolidación federal dispuesta mediante ley 25.725 (art. 58).

(87) Ver Fallos “Hagelin”, sent. del 22-XII-1993 (Fallos 316:3176); “Laporte”, sent. del 4-V-1995 (Fallos 318:805); “Cacace”, sent. del 19-X-1995 (Fallos 318:1887). Reiteradamente ha declarado el Alto Tribunal Nacional —con relación al régimen de consolidación de deudas dispuesta por ley 23.982, al que remite expresamente la ley 25.344— que, a fin de analizar su validez constitucional, es imprescindible tener en cuenta su carácter de legislación de emergencia. En la causa “Gutierrez”, sent. del 13-VIII-1998 (Fallos 321:1984), reiterando el criterio, señaló: “…5°) Que a fin de analizar la validez constitucional de la ley 23.982 es imprescindible tener en cuenta su carácter de legislación de emergencia. En tal sentido, al debatirse el proyecto de ley en el Congreso Nacional se destacó la grave crisis en la que se encontraban las finanzas públicas, y las necesidades de atender con recursos genuinos la deuda del Estado Nacional. Se sostuvo que el Estado se hallaba en una situación equivalente a la de un deudor fallido, que era evidente que no podía pagar a sus acreedores, que la alegada situación de quiebra no implicaba recurso dialéctico al servicio de intereses políticos, sino una realidad que no debía soslayarse; y que las medidas propuestas comportaban un concordato unilateral del Estado (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, reunión 26 y 27 del 1° y 6 de agosto de 1991, págs. 2122/2123, 2133, 2147 y 2178; Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, págs. 2012, 2029, 2032 y 2039 entre otras). 6°) Que, como lo ha destacado esta Corte, en la legislación de emergencia la restricción al ejercicio normal de derechos patrimoniales tutelados por la Constitución debe ser razonable, limitada en el tiempo, y también debe consistir en un remedio a la grave situación excepcional, sin provocar la mutación en la sustancia o esencia del derecho reconocido (confr. Fallos: 243:467; 316:779, considerando 10 y otros). 7°) Que, como se advierte de los antecedentes parlamentarios y del mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó al proyecto que se convertiría en la ley 23.982, es indudable que ella fue sancionada con el objeto de remediar la grave situación económico-financiera en que se encontraba el Estado Nacional. Esta situación no ha sido controvertida en autos, por lo que se encuentra satisfecho el primero de los requisitos enunciados relativo a la razonabilidad de la medida. A todo evento, no es ocioso recordar que las facultades del Poder legislativo ante situaciones de emergencia pueden ser ejercidas para lograr una avenencia razonable entre los derechos y garantías individuales y el bienestar público (Fallos: 172:21), de manera de impedir que los derechos amparados por aquellas garantías, además de correr el riesgo de tornarse ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional. Así, corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar el orden público o bienestar general, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades individuales (Fallos: 171:79; 172:21; 243:449). 8°) Que con relación al resguardo de la sustancia del derecho reconocido al actor, y en la estricta medida a que más adelante se hará referencia (ver considerando 10), el régimen de consolidación instaurado por la ley cuestionada no lo priva del beneficio patrimonial derivado de la sentencia, sino que reconoce la obligación de pago del Estado, evidenciando una voluntad estatal de cumplimiento. Y si bien con la normativa se restringe temporalmente la percepción íntegra del monto debido, la limitación impuesta está dirigida a proteger derechos como los del demandante, que corrían el riesgo de convertirse en quiméricos debido al desequilibrio de las finanzas públicas. En este sentido, cabe recordar que desde sus orígenes el Tribunal ha expresado que los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 de la Constitución Nacional), por lo que en momentos de perturbación social y económica es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad (Fallos: 200:450), pues acontecimientos extraordinarios justifican también remedios extraordinarios (Fallos: 238:76). 9°) Que a continuación corresponde considerar el carácter temporal de la restricción al derecho del actor. En la ley 23.982 se otorgan dos opciones a los acreedores del Estado. La primera es el pago en efectivo; la segunda, la suscripción de bonos de consolidación. Si se opta por aquélla, el Congreso Nacional deberá asignar anualmente recursos para atender al pasivo consolidado; una parte del crédito —hasta la suma de $ 10.000 por persona y por cada vez— se abonará en segundo orden de prioridad, y el saldo adeudado se cancelará en sexto lugar (art. 7°, incs. c y f). En cambio, si se opta por la suscripción de bonos de consolidación (art. 10 de la ley), éstos podrán ser aplicados a la par, sin restricciones, al pago de obligaciones con el Estado o con las personas jurídicas alcanzadas por la ley, y podrán ser rescatados anticipadamente por el Poder Ejecutivo. Además, podrán transferirse o venderse según cotización del mercado. De lo expresado, resulta evidente que no es exacto —como se ha afirmado a fs. 473 vta.— que se suspende varios años el cobro de la deuda, pues en ambas opciones se van realizando periódicos pagos parciales, y —en caso de ser necesario— existe la posibilidad de enajenar inmediatamente los títulos en el mercado. Por lo tanto, el lapso previsto por la norma, sólo es el plazo máximo más allá del cual no podrá aplazarse el pago por parte del Estado, tal como lo dispone el art. 9 de la ley 23.982”.

(88) “… El sentido de la facultad de mandar ejecutar directamente sus fallos en las causas contencioso administrativas conferida a la Corte de la Provincia de Buenos Aires por el artículo 151 (actual 163) de la Constitución Provincial, no es otro que el impedir que el poder administrador burle la autoridad del Poder Judicial… vale decir, el de no dejar librado al arbitrio de la autoridad administrativa el acatamiento a las decisiones de los tribunales de justicia. En este orden de ideas, es necesario destacar, sin embargo que, en la especie, la dilación en el cumplimiento de la sentencia no proviene de un mero acto de voluntad de la administración, sino que se origina en la norma expresa y general emanada de la Legislatura; quien en el ejercicio de los poderes que le atribuye el artículo 90 (actual 103) incisos 2 y 13 de la Constitución local, ha dictado la ley cuya aplicación se discute, con arreglo a la cual ha de obrar el Ejecutivo local, al proceder a la inversión de la renta pública (conf. Art. 132 (actual 144) inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”. Que en tales condiciones cabe señalar que los fundamentos de la resolución impugnada aparecen como insuficientes, pues el razonamiento adecuado para la solución del caso exige no sólo constatar la existencia de la cláusula constitucional que, de modo genérico, faculta a la Corte local a disponer lo necesario para proveer al cumplimiento de los pronunciamientos dictados en las causas contencioso administrativas, sino que requiere además —de manera ineludible— considerar si la facultad conferida de ese modo reviste carácter absoluto o bien si resulta susceptible de reglamentación legal, cuestión que, a su vez, impone expedirse acerca de las atribuciones reconocidas por la constitución de la provincia a la legislatura local”.

(89) CSJN, “Delbés”, por remisión al dictamen del Procurador General, la mayoría del Tribunal consideró que: “… En cuanto a la ejecución de las sentencias dictadas en contra de las Provincias, V.E. sostuvo que cualesquiera que sean las disposiciones que contengan las leyes locales tendientes a sustraer de la acción de los acreedores los bienes, recursos y rentas del Estado contrariando los derechos y garantías que acuerda la ley civil, no pueden ser válidamente invocadas, pues las relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva legislación del Congreso Nacional (Fallos 311:1795; 321:3508; 322:447, cons. 11 y sus citas). Asimismo, en instancia originaria, la Corte se ha pronunciado a favor de la aplicación de normas locales de consolidación, en la medida que no se presentara un conflicto con el art. 31 de la Constitución Nacional, circunstancia que entendió configurada siempre que las provincias las hubieran dictado en virtud de la adhesión que posibilita el art. 19 de la ley 23.982 y sin incluir disposiciones más gravosas que la norma nacional (Fallos 317:739; 1422; 318:1755; 319:860). Habida cuenta de lo expuesto, considero que la ley 11.756, que dispone la consolidación de las obligaciones a cargo de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, sin contar con la previa habilitación de una norma nacional, no fue dictada dentro del marco de atribuciones propio de la legislatura local, sino que involucra cuestiones vinculadas al modo en que se cancelarán las acreencias que se encuentren en las condiciones que la norma establece, extremo que torna aplicable la jurisprudencia reseñada ut supra. … No obsta a dicha solución lo expuesto en el precedente de fallos 322:2817, pues el Alto Tribunal, para admitir la validez constitucional de la ley 11.373 de la Provincia de Santa Fé —que declaró la emergencia del sistema jubilatorio local— tuvo especialmente en consideración que las Provincias, en ejercicio del poder no delegado por la Constitución al gobierno federal, pueden crear y reglamentar regímenes de seguridad social dentro del ámbito de los agentes de la administración pública, de los magistrados y funcionarios de sus tribunales, de integrantes de las legislaturas y también, en virtud del ejercicio del poder de policía retenido, sobre la práctica de las profesiones liberales. Tales circunstancias no concurren en la especie, pues aunque la deuda que se pretende consolidar está a cargo de un municipio —ya que el accidente ocurrió cuando el causante se trasladaba al lugar de trabajo— encuentra su fuente en el artículo 1113 del Código Civil. En tales condiciones entiendo que cabe admitir la tacha de inconstitucionalidad alegada por la actora, puesto que la ley local que se impugna no se compadece con el esquema institucional en el que pretende insertarse (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional).

(90) “11)… Que resta ahora determinar, a la luz de la doctrina judicial reseñada, si la ley 23.982 —atento a las circunstancias fácticas de autos— es o no compatible con los principios de la Constitución Nacional. En primer lugar, resulta indudable que la ley impugnada fue sancionada con el objeto de remediar la grave situación económico-financiera en la que se encontraba el Estado Argentino (conf. Mensaje del Poder Ejecutivo, transcripto en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, del 31 de julio y 1 de agosto de 1991 y lo manifestado por los legisladores en el debate correspondiente: Diputados, 1 de agosto de 1991, y Diario de Sesiones del Senado, del 20 y 21 de agosto de 1991, entre muchos otros). Por lo demás, la existencia de dicha situación de grave emergencia, que sirvió de fundamento a la ley, no ha sido controvertida en autos. De tal forma, en el sub lite se encuentra ampliamente satisfecho el primero de los requisitos enunciados en el citado caso “Russo” para convalidar el tipo de legislación como la de autos. Sin embargo, el Tribunal considera que la norma en cuestión no respeta la segunda de las exigencias sentadas en el recordado precedente, a saber: que la restricción al principio constitucional de la cosa juzgada sea sólo “temporal” de tal forma de no “degradar su sustancia”. En efecto, tal como surge de las conclusiones del a quo que se reseñaron en el considerando 12 de la presente, resulta virtualmente imposible que la señora Iachemet, conforme al desenvolvimiento natural de los hechos, llegue a percibir la totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial de fs. 152/155, pasado en autoridad de cosa juzgada. Resulta así, aplicable al caso lo expresado por la Corte en la causa “Ferrari” (Fallos 199:466), citada en la transcripción del considerando anterior “… ha declarado esta Corte que, ocurriendo una grave perturbación económica y social, es lícita la reducción temporal por el Estado de los alquileres, la prórroga de los contratos de locación y de las obligaciones hipotecarias, como así también la rebaja del interés de las mismas, como medidas que justifica la emergencia, razonables para combatir sus efectos (Fallos 172:21). Mas la doctrina de los fallos de esta Corte ampliamente analizados en la causa Avico c/ de la Pesa (Fallos 172:21) desde los distintos puntos de vista que ponen de manifiesto los votos de la mayoría y de la minoría en los que se hace un estudio cabal de los mismos, no puede extendérsela hasta el punto de desconocer los efectos jurídicos de un fallo ejecutoriado. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la aplicación al caso de autos de la ley 23.982, llevaría, no a una modificación del modo de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino al desconocimiento sustancial de ésta. En consecuencia, al no ser posible —sin forzar su letra, ni el espíritu de la ley citada— efectuar una interpretación de ella que la haga compatible en el sub lite con la garantía del artículo 17 de la Constitución (Fallos 312:2467, considerando 9 y su cita), corresponde resolver que resulta acertado el pronunciamiento de cámara en cuanto declara su inconstitucionalidad. En nada se opone a esta solución lo resuelto por el Tribunal en la causa “Videla Cuello”, ya que todas las opiniones concurrentes allí emitidas hicieron hincapié, al reconocer validez constitucional a la ley impugnada, en el “breve lapso” —dos años— en la suspensión de las ejecuciones de sentencia. Precisamente, fue la brevedad de dicho plazo el elemento central tenido en cuenta por la Corte para considerar que no había existido en ese caso un desconocimiento sustancial del derecho constitucional en juego….”

(91) “8°) Que la compatibilidad constitucional de un sistema como el que establece la ley 23.982 —en procura de un fin público que resguarda los intereses superiores de la comunidad—, depende de la adecuación del medio al fin perseguido, es decir, de que la subsunción del caso concreto en la legislación de emergencia, aun cuando comporte una restricción razonable al uso y goce de los derechos individuales, no signifique una degradación tal que destruya la sustancia del derecho reconocido en la sentencia judicial (doctrina de Fallos: 243:467; causa I.78.XXIV “Iachemet, María Luisa c/ Armada Argentina s/ pensión —ley 23.226-“, fallada el 29 de abril de 1993, especialmente considerandos 10 y 11). 9°) Que de las constancias de la causa surge claramente que la reparación integral del damnificado Héctor Oscar Escobar exige la atención inmediata de las secuelas de las gravísimas lesiones sufridas por el actor con motivo de la explosión del 7 de septiembre de 1982, a saber, paliar las consecuencias de la ceguera (eventual sustitución de córneas y cristalinos, fs. 291), el tratamiento y rehabilitación del sistema auditivo (fs. 297/297 vta.), así como el tratamiento de afecciones de orden psíquico y estético. En el sub examine, una modificación en el modo de cumplimiento de la sentencia como la que resulta del régimen de la ley 23.982, comportaría no solamente una postergación en el ingreso de un bien de naturaleza económica en el patrimonio de la víctima, sino principalmente la frustración de una finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica, cual es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación oportuna. 10) Que las consideraciones precedentes permiten concluir que la aplicación al caso de autos del régimen de la ley 23.982 llevaría al desconocimiento sustancial de la sentencia. Al no ser posible —sin forzar la letra o el espíritu de la ley citada— efectuar una interpretación de ella que la haga compatible en el sub judice con la garantía de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (causa “Iachemet”, considerando 11), corresponde rechazar el agravio del Estado Nacional y confirmar el pronunciamiento de cámara en cuanto declara su inconstitucionalidad”.

(92) “11)… sin embargo, la aplicación de la ley 23.982 con relación a los otros rubros resarcitorios por los que el actor obtuvo sentencia de condena, conduce al desconocimiento sustancial de ella. Sobre el particular, surge de las constancias de la causa la necesidad que tiene el demandante de afrontar en forma inmediata una terapia psiquiátrica, como asimismo de contar con las sumas aptas para adquirir el material ortopédico —inclusive el de reemplazo— que requiere su rehabilitación, una silla de ruedas y cubrir el tratamiento kinésico pertinente (confr. peritaje del Cuerpo Médico Forense, fs. 114/117). En tales condiciones, y con referencia exclusiva a tales rubros, una modificación en el modo de cumplimiento de la sentencia como la que resulta de la ley 23.982, comportaría no solamente una postergación en el ingreso de un bien de naturaleza económica en el patrimonio de la víctima, sino principalmente la frustración de una finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica, cual es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación oportuna (Fallos: 318:1513).

(93) “La Plata, 11 de JULIO de 2007. VISTO La sentencia dictada en autos a fs. 45/53; la liquidación practicada a fs. 71/123; lo manifestado por la Fiscalía de Estado a fs. 124/125 y 138/140 y por la parte actora a fs. 135 respecto a la aplicabilidad al caso de las disposiciones de la ley 12.836, y CONSIDERANDO 1. Los jueces, en el específico marco de una controversia y según el orden constitucional adoptado, fueron dotados del poder para dirimir la aplicación o no de una ley al caso que le llega a sus estrados. Bajo normas que aseguran pleno debate y prueba donde las partes pueden presentar y defender sus posiciones ante un tercero imparcial, el Poder Judicial ofrece el ámbito propicio, donde una ley que en principio habría de regir el caso, finalmente es desplazada al ser inaplicable o al declarársela inconstitucional. Y esta actividad ha sido reiteradamente reivindicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como evidencia de una de las atribuciones primordiales del Poder Judicial (C.S.J.N. Fallos 269:243; 298:511, entre muchos otros). 2. Asimismo, en circunstancias muy especiales, que develaban en modo patente la configuración de una excepcional situación desventajosa del titular de la indemnización (v.gr. por su avanzada edad o por causa de una enfermedad). Esta Suprema Corte ha entendido que correspondía dejar de lado el régimen de consolidación, en el entendimiento que su aplicación provocaba un daño adicional irreparable (causa B. 60.898, sent. del 18-II-2004). Siguiendo tales lineamientos, se ha declarado “inaplicable” la ley de consolidación de deudas cuando su régimen importaba no ya una simple y tolerable variación del modo de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino el desconocimiento o privación de su contenido esencial (cfr. causas B. 60.359, “Spinedi”, res. de 03-II-2005; B. 58.965, “Lacay de Durruty”, res. de 09-XII-2004; B. 61.789, “Mascara”, res. de 04-VIII-2004; B. 59.438, “Platini”, res. de 11-VI-2003; B. 58.477, “Colombo”, res. de 11-VI-2003; B. 59.332, “Alegeri”, res. de 21-V-2002; B. 58.558, “Dietrich”, res. de 04-IX-2002, entre muchas otras) o cuando, en el singular contexto fáctico que daban cuenta los autos, se generaba un severo detrimento al derecho de propiedad del resarcido o a similares bienes jurídicos tutelados tanto por la Constitución Nacional como por su par provincial (cfr. doctr. Causas B. 58.858, “Cal Herbertz”, res. de 28-V-2003; B. 60.359, “Spinedi”, res. de 03-II-2005, B. 57.881, “Jarisz”, res. de 02-VI-2004, B. 60.698, cit., entre otras). En todos esos supuestos, al verificarse que la restricción o limitación iba más allá de lo razonable, la norma de emergencia fue “inaplicada” (art. 57, Const. Pcial.). 3. Ahora bien, debatir y expedirse sobre la “inaplicabilidad” o “exclusión” del régimen de consolidación de deudas respecto de un determinado crédito, por juzgar que hacerla regir en un concreto asunto contraría los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución, importa emitir un juicio acerca de su validez constitucional. Por ello, en los numerosos precedentes reseñados subyacía el criterio adverso a la constitucionalidad del citado régimen legislativo en el preciso caso enjuiciado, no así que éste se hallase fuera del ámbito de aplicación de la norma cuyos efectos venía el Tribunal a enervar. Por ello tales resoluciones se fundaron en el artículo 57 de la Constitución Provincial. Vale recordar también que, en otros supuestos, esta Corte ha confirmado lo resuelto por los tribunales de grado que declararon expresamente la inconstitucionalidad del sistema de consolidación de deudas y su consecuente inaplicabilidad al caso, frente a hipótesis singulares y por análogos argumentos a los expuestos más arriba (v. en este sentido; causas Ac. L.73744, “Pompey”, sent. de 5-III-2003; Ac. 72.952, “Bajinay”, sent. de 02-X-2002; Ac. 83.679, “B., A. C/ H.I.E.M.”, sent. de 28-VIII-2002; Ac. 71.944, “Giles”, sent. de 21-VIII-2002; entre otras). Ello pone en evidencia que, en rigor, la decisión de excluir la aplicación al sub examine de la ley provincial 12.836 —tal como requiere la actora en su presentación de fs. 135— conlleva una valoración contraria de su constitucionalidad para regir el caso bajo estudio. 4. A la luz del criterio esbozado, corresponde expedirse sobre la solicitud de fs. 124/125, replicada por la parte actora a fs. 135. a. Cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “V. 128.XXXV. Vergnano de Rodríguez, Susana Beatriz c/Buenos Aires, Provincia de, s/daños y perjuicios” (sent. de 26-X-2004) descalificó, por inconstitucionalidad, la citada regulación, criterio que fue seguido por este Tribunal en la causa “Aubert”, B. 59.361, sent. de 12-X-2005. Tampoco se escapa a este Tribunal que la ley 12.836 fue modificada por la ley 13.436 (promulgada por Dec. 42 del 09-I-2006, publicada en el B.O. Nº 25.333 de 19-I-2006), incorporando al texto originario algunos contenidos orientados a sortear los reparos constitucionales puestos de relieve en el citado pronunciamiento de la Corte Federal. b. Sin embargo, en el sub lite, las razones esgrimidas por el accionante a fin de justificar la inaplicabilidad al caso de la ley 12.836 son de otra índole y no se alteran por causa del cambio normativo mencionado. En efecto, la ponderación de las particulares circunstancias fácticas que singularizan esta contienda pone en evidencia la grave afectación que habría de provocar a la parte actora la aplicación del régimen de consolidación de su acreencia. Basta tener presente que el aquí accionante resulta ser un hombre de avanzada edad —quien en la actualidad cuenta con 80 años de edad— y que goza de un estado de salud precario —circunstancia esta última que no fue desconocida por la demandada al contestar el traslado de fs. 138/140 (v. fs. 135 y certificados de fs. 132/133)—, lo cual tornaría ilusorio su derecho a cobrar su crédito devengado con motivo del reajuste de su haber jubilatorio ante la forma de pago prevista por la ley 12.836. En síntesis, la aplicación al caso de la citada legislación importaría en los hechos no ya una simple y tolerable variación del modo de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino el desconocimiento irrazonable o la privación de su contenido esencial (Arts. 17, 18, 28, 33 y concs. C.N.; cfr. causa Ac. L 73.744, “Pompey”, sent. De 05-II2003, con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Iachemet, María Luisa c/Armada Argentina s/pensión, ley 23.226″, sent. del 24 de abril de 1993). 5. Con tal alcance, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.836 en su aplicación concreta al sub examine y excluir al crédito reconocido en autos del régimen de consolidación de deudas (arts. 14 bis y 17, Constitución Nacional, 10, 31, 39 inc. 3º y 57, Constitución de la Provincia). Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 1. Declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.836 en su aplicación concreta al caso y excluir al crédito reconocido en autos del régimen de consolidación de deudas (arts. 14 bis y 17, Constitución Nacional, 10, 31, 39 inc. 3º y 57, Constitución de la Provincia). 2. Intimar a la demandada para que dentro del plazo de cinco días practique una nueva liquidación detallada de conformidad a las pautas fijadas en la sentencia dictada en autos y a las que surgen de este decisorio (arts. 78 inc. 3º, ley 12.008 —texto según ley 13.101-; 25, ley 2961; 501 y 502, C.P.C.C.), a cuyo fin líbrese oficio por Secretaría con copia de la presente”.

 

I.Introducción

1. Las sentencias

La sentencia, acto procesal por el cual el Estado juez actúa o se niega a actuar la pretensión deducida por la parte, satisfaciéndola en todo caso, importa la emisión de un juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión con el derecho objetivo.

A los fines del presente, nos interesan, en particular, las sentencias estimatorias de condena.

En efecto, si bien en base a su fin cabe distinguir entre sentencias i) declarativas; ii) constitutivas y iii) de condena, estas últimas son las que, para su concreción material, pueden llegar a exigir una ulterior actividad jurisdiccional.

Es que, tal como lo afirma Martínez la función jurisdiccional no se agota con el conocimiento de los litigios y la facultad de resolverlos. Por el contrario, en el caso de las sentencias de condena, en un tercer momento, aparece lo que, a nuestro juicio, resulta ser la manifestación más importante de la jurisdicción, esto es, la ejecución forzada de las sentencias. Y así lo decimos porque el fenómeno jurídico-procesal trasciende en ese tramo de lo meramente abstracto y se hace presente, “se corporiza en el mundo de las cosas, de lo perceptible por medio de los sentidos, siendo allí donde se provoca un cambio concreto…”(1).

La efectuación del mandato —enseña Jesús González Pérez— puede tener lugar sin que haya necesidad de emplearse la fuerza, porque la persona obligada cumpla lo mandado voluntariamente, sin oponerse a la decisión judicial; en este caso estamos ante la ejecución voluntaria. Pero cuando el obligado se opone a la efectuación del mandato es necesario el empleo de la fuerza para lograrlo, y estamos ante la ejecución forzosa o forzada. La ejecución forzada supone, por tanto, la actividad de determinados órganos estatales encaminada a dar efectividad a lo dispuesto en una sentencia”(2).

Con otro giro, la ejecución forzada importa la transformación compulsiva de una decisión judicial firme en hechos concretos.

Cabe recordar que las sentencias declarativas se limitan a la fijación o expresión de una situación jurídica ya existente. No tienen como efecto crear, modificar o extinguir una situación jurídica regulada por el derecho de fondo. El pronunciamiento judicial deja inalterado el estado de hecho o de derecho generado por la decisión administrativa impugnada (vgr. sentencia que rechaza la pretensión impugnatoria deducida contra un acto administrativo).

Por su parte, las sentencias constitutivas no se limitan a declarar la antijuridicidad de la decisión administrativa atacada, sino que proceden a su anulación, extinguiendo, con efecto retroactivo, la situación jurídica originada por aquella. En tal sentido, las sentencias constitutivas conforman una nueva situación jurídica concreta, creando algo que antes no existía (vgr. sentencia que estima la pretensión impugnatoria deducida contra un acto administrativo).

Finalmente, las sentencias de condena no sólo declaran el derecho sino que ordenan su reposición, cumplimiento o satisfacción, a cuyo fin se contempla su ejecución.

Estas últimas, a su vez, admiten una subclasificación: i) condena a hacer; ii) condena a no hacer; iii) condena a dar.

Todo lo expuesto, obviamente, no empecé la presencia de mandatos sentenciales de contenido mixto o derivados (vgr. pretensiones acumuladas).

2) La ejecución de sentencias

Como quedara expuesto, el proceso de ejecución de sentencia tiene lugar cuando, dictada una sentencia de condena, la vencida no se aviene a cumplir el mandato judicial.

En adelante, nos proponemos analizar tal tópico.

II.Propuesta de trabajo

El presente estudio pretende pasar revista, en visión panorámica, sobre el régimen de ejecución de sentencias condenatorias contra el Estado:

a) en el ámbito nacional;

b) en la Provincia de Buenos Aires, asumiendo el análisis del régimen previsto por las leyes 2.961 y 12.008;

c) finalmente, apuntar la incidencia que la emergencia económica tuvo y tiene en esta temática, prestando especial interés a las leyes de consolidación.

Cabe prevenir —nobleza obliga— que no se abordará la temática de la ejecución de sentencias de los denominados “conflictos estructurales”, ya que dada su complejidad y ante la evidente insuficiencia a su respecto de las soluciones previstas en los Códigos Procesales para los procesos clásicos, pretorianamente se generan respuestas, paso a paso y caso a caso (3).

La propuesta tiene por norte, de una parte, brindar elementos que permitan un análisis comparativo de la temática entre las jurisdicciones federal y provincial, destacando la incidencia que en ésta última tuvo la temprana previsión del constituyente y, a partir de allí, la ulterior regulación adjetiva y la consecuente actuación de la Suprema Corte de Justicia, elementos que en conjunto hicieron realidad la eficaz concreción de los mandatos de condena contra los Estados Provincial o Municipales.

De la otra, poner de manifiesto la propia evolución histórica del tópico en el ámbito provincial, por cuanto aún siendo suficiente, la actual regulación procesal resulta más parca que la anterior; en tal contexto, conocer las fuentes y el desarrollo evolutivo de la anterior normativa constitucional y procesal, respectivamente, puede resultar guía útil al momento de peticionar y resolver cuestiones relativas a la ejecución de sentencias contra el Estado en el ámbito del proceso contencioso administrativo.

III.Ejecución de sentencias contra el Estado nacional

1) El carácter declarativo de las sentencias condenatorias

En el año 1900, con el dictado de la ley 3952, el Estado Federal, al mismo tiempo que abandonó la exigencia de la venia legislativa previa para poder ser demandado, incorporando en su reemplazo el reclamo administrativo previo (4), incluyó una cláusula mediante la cual las sentencias condenatorias contra el Estado tendrían efecto meramente declaratorio (5).

a) Fundamentos:

Los fundamentos que sustentaron dicha disposición pueden resumirse del siguiente modo:

i) La jurisdicción para declarar el derecho en las controversias en que la Nación fuese parte queda habilitada luego del necesario consentimiento que, al efecto, fuera expresado por el órgano legislativo (soberanía). La interpretación de esa facultad extraordinaria, conferida por delegación de la ley, no puede ser realizada de modo extensivo, ampliando la habilitación de la “jurisdictio ” a la “executio”.

ii) La competencia para arreglar la deuda interior de la Nación corresponde al Congreso (art. 75 inc. 7º de la Constitución Federal (6)).

iii) Posteriormente la C.S.J.N. establecerá un nuevo fundamento: “Su propósito no es otro que evitar que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde este punto de vista la norma aludida es razonable. Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Por ello ha dicho este tribunal que el artículo 7º de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública (Fallos 253:312; 265:291)”

2. Evolución de la jurisprudencia de la C.S.J.N.:

La doctrina de la Corte Suprema de justicia de la Nación reconoce una evolución, desde un inicio en que se advierte la validación del sistema sin fisuras, pasando por una etapa en la que comienzan a reconocerse excepciones (morigeración), hasta llegar a una postura según la cual se rechaza, de plano, toda interpretación que signifique una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales (leading case “Pietranera”).

A continuación se relatan una serie de antecedentes representativos de la evolución descripta.

a) Validación del sistema:

Como quedara de manifiesto, en una primera etapa, la Corte Federal sostuvo que las sentencias contra el Estado no eran susceptibles de ejecución. Para ello adujo, en prieta síntesis, que siendo las provincias personas jurídicas de existencia necesaria no podían ser privadas de los elementos indispensables de que dependía su vida y su desarrollo político y económico y que ningún poder que no fuera el legislativo podía disponer sobre la forma, tiempo y orden en que deben ser pagadas las deudas del Estado o del municipio (7).

b) Su morigeración:

Sin embargo, tal doctrina no fue sostenida monolíticamente por el Alto Tribunal de la Nación, sino que comenzó a reconocer quiebres o excepciones.

Así, en primer lugar, encontró un límite ante las indemnizaciones expropiatorias (8); extendiéndose ulteriormente a supuestos de restitución de inmuebles (9) y desalojos (10).

c) El artículo 7° de la ley 3952 no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales

Tal como anticipáramos, puede señalarse que la morigeración señalada en el acápite anterior asumió carácter de principio a partir del leading case “Pietranera”, en el que la Corte Federal se permitió afirmar, categóricamente, que el artículo 7° de la ley 3952 no significaba una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, por lo que no cabía descartar la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública (11).

Tal criterio fue aplicado, con posterioridad, a supuestos disímiles tales como cobro de alquileres (12), de diferencias de haberes previsionales (13), o de honorarios (14).

d) Procedimiento emergente de la doctrina de tales pronunciamientos:

Una síntesis de los precedentes antes detallados, permite describir el procedimiento pretorianamente modelado para la ejecución de sentencias condenatorias contra el Estado Federal:

i) en la sentencia, el juez declara el derecho del actor y el correspondiente deber de la Administración;

ii) encontrándose firme la sentencia, se solicita al Estado nacional informe, dentro del plazo fijado por el juez, el término dentro del cual cumpliría la sentencia;

iii) el plazo fijado por el juez para que el Estado se manifestase lleva la advertencia que, en caso de silencio, el término de cumplimiento sería fijado por el juzgador;

iv) vencidos los plazos (ya sea el previsto por la propia Administración o por el juez ante su silencio) se encuentra expedita la vía de ejecución de sentencia, conforme las pautas del C.P.C.C.

No resultaba óbice a tal esquema la falta de previsión presupuestaria al efecto, dado que el Decreto Ley de Contabilidad, 23.354 (B.O.N. 8-I-1957), en su artículo 17, habilitaba al Poder Ejecutivo a autorizar la apertura de créditos a efectos de cumplir los mandatos judiciales (15).

Una prueba más del avance existente en la materia fue la previsión del artículo 12 de la ley de amparo, respecto del contenido de la sentencia judicial (16).

Tal estado de situación llevó a la doctrina a afirmar que, a diferencia de lo que ocurría en España, la ejecución de sentencias contra el Estado en nuestro país era una realidad (17).

3) El retroceso:

a) El Decreto 679 — Reglamentación art. 7º ley 3952 respecto de sentencias de condena al pago de sumas de dinero (7-VI-1988)

Mediante el Decreto de cita se pretendió modificar sustancialmente el procedimiento pretorianamente establecido, con fundamento en que “el cumplimiento concreto de las obligaciones resultantes de las sentencias judiciales debía ordenarse a través de la ley de presupuesto, por derivación del principio constitucional —de honda raigambre democrática— según el cual lo atinente a los recursos y gastos del Estado debe ser materia de decisión por los representantes del pueblo”.

Según la norma en comentario (que por haber sido observada por el Tribunal de Cuentas de la Nación sin que el Poder Ejecutivo insistiese, nunca tuvo vigencia), el Procurador del Tesoro tomaría razón de la comunicación aludida en el artículo anterior en el Registro de Sentencias Judiciales que llevaría al efecto. Cumplido ello, requeriría a la Secretaría de Hacienda que incluya en el próximo o próximos proyecto de presupuesto general los fondos necesarios para afrontar el pago con sus acrecidos, excepto que se tratare de los casos previstos en el art. 7°. Dicho pago podría concretarse en uno o más ejercicios fiscales, según la determinación que al respecto adopte la Secretaría de Hacienda y de acuerdo con lo que finalmente se previera en el presupuesto general de la Nación. Asimismo, el deudor podría extinguir la obligación por cualquiera de las formas previstas en el libro Segundo, sección Primera, título XVI del Código Civil.

El Procurador del Tesoro adoptaría las medidas necesarias para hacer efectiva la transferencia de los fondos previstos en la ley de presupuesto a las cuentas correspondientes a cada causa.

Si dichas transferencias no se hicieren efectivas dentro de los noventa [90] días de la publicación de la ley de presupuesto, los interesados, una vez firme la liquidación que al efecto practicarían, podrían solicitar al juez que intime al procurador del Tesoro, dentro del plazo que le fije, el inmediato cumplimiento de la sentencia judicial. De no cumplirse con dicha intimación, se seguiría adelante con el proceso de ejecución de sentencia, pudiendo el interesado gestionar las medidas que estime correspondan.

b) La Ley 23.696 — Reforma del estado (BON 23-VIII-1989):

En primer término y como medida de emergencia, esta ley suspendió por dos años la ejecución de las sentencias judiciales y laudos arbitrales que condenaban al Estado nacional o sus entes descentralizados a pagar sumas de dinero (arts. 50 y 51) (18).

En segundo lugar, el legislador estableció que: “Vencido el plazo de suspensión el juez de la causa fijará el término de cumplimiento de la sentencia o laudo arbitral, previa vista al organismo demandado, para que indique el plazo de cumplimiento. En ningún caso ese organismo podrá f ijar un plazo mayor al de seis [ 6 ] meses. Si dicho organismo no contestare la vista o indicare un plazo irrazonable, conforme con las circunstancias de la causa el término para el cumplimiento lo fijará el juez (art. 52).

El régimen contemplaba diversas excepciones: a) El cobro de créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público; b) El cobro de indemnizaciones por expropiación; c) La repetición de tributos; d) Los créditos por daños en la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación o amenaza de la libertad, o daños en cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado; e) Toda prestación de naturaleza alimentaria; f) Los créditos originados en incumplimientos de aportes y contribuciones previsionales y para obras sociales. Aportes de sindicales no depositados en término; g) Los créditos generados en la actividad mercantil de los Bancos oficiales y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro; h) Las jubilaciones y pensiones, las que se regirán por su régimen específico; i) Las acciones de amparo; j) Las acciones por recuperación patrimonial de bienes ilegítimamente desposeídos.

c) El Decreto 34 (B.O.N. 8-I-1991). Los Decretos 53/91 y 383/91:

Antes de que venciera la suspensión dispuesta por la ley 23.696 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 34 por el cual suspendió por 120 días la ejecución de sentencias y laudos arbitrales que condenaban al Estado y sus organismos descentralizados a pagar sumas de dinero y la tramitación de los juicios y la presentación y sustanciación de reclamos administrativos que tengan por objeto el cobro de sumas de dinero contra la Administración centralizada o descentralizada. Comprendió todos los supuestos.

A posteriori, los Decretos 53 y 383 prorrogarían la suspensión.

d) Ley 23.982 (B.O.N. 26-VIII-1991):

Más allá de establecer un régimen de consolidación de deudas, cuyas principales líneas quedarán bosquejadas más adelante, respecto de las condenas al pago de sumas de dinero no consolidadas (esto es, las de causa o título posterior al 31-III-1991), estableció un nuevo régimen de ejecución de sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero.

Según el artículo 22 de la ley (19), el Poder Ejecutivo debía comunicar al Congreso todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. A partir de la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo, el acreedor quedaba facultado para solicitar la ejecución judicial de la sentencia.

e) La Ley Complementaria Permanente de Presupuesto nº 11.672 (texto según leyes 24.624 (BON 29-XII-1995) y 25.565 (BON 21-III-2002).

Las modificaciones introducidas por estas normas, desmejoraron aún más la situación del acreedor estatal.

Así, según la ley, los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado nacional o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el presupuesto general de la Administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido en la ley 23.982.

Cuando el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente, para lo cual la Secretaría de Hacienda deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del 31 de agosto del año correspondiente al envío del proyecto.

Las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo remitirlo a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía e Infraestructura con anterioridad al 31 de agosto del mismo año el detalle de las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la citada Secretaría establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.

Los recursos asignados se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal (art. 20 ley 24.624).

Respecto de las entidades descentralizadas, en ningún caso las condenas al pago de sumas de dinero se podrán ejecutar contra el Tesoro Nacional ya que la responsabilidad del Estado se limita a su aporte o participación en el capital de dichas organizaciones empresariales (art. 21 ley 24.624).

Como vemos, con el dictado del artículo 22 de la ley 23.982 quedó descartada la apertura de un crédito presupuestario automático para dar respuesta a la sentencia condenatoria al pago de una suma de dinero (20); en su lugar se estableció una postergación de su exigibilidad. En efecto, la norma establece un diferimiento de la exigibilidad del crédito hasta tanto se haya producido la clausura del período ordinario de sesiones en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.

Las leyes 24.624 y 25.565 fueron más allá, estableciendo que el pago de estas acreencias se realizará dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el Presupuesto, contemplando —para el caso que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla—, que el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente, para lo cual la Secretaría de Hacienda deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de agosto del año correspondiente al envío del proyecto.

De tal modo pareciera que se ha ampliado el plazo de diferimiento de pago, prorrogando la posibilidad de no cumplirlo hasta el siguiente ejercicio financiero.

f) La inembargabilidad de bienes: ley 24.624. Su extensión a las Provincias y Municipios: ley 25.973

La ley 24.624, en su artículo 19, estableció la inembargabilidad de bienes estatales, en los siguientes términos: Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el presupuesto general de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos.

Lo dispuesto en este artículo es de aplicación para cualquier clase de cuenta o registro a nombre del Estado nacional o de cualquiera de sus organismos o dependencias del Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y la Administración pública nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna medida judicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Tribunal la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ley.

En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de la entrada en vigencia de la presente, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos afectados hubiesen sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes del Estado nacional que actúen en la causa respectiva, solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros de origen, salvo que se trate de ejecuciones válidas firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Por su parte, la ley 25.973 declaró aplicable dicha disposición a favor de las Provincias, Municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (21).

g) Su morigeración jurisprudencial

Como anteriormente aconteciera con la interpretación del artículo 7° de la ley 3952, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos precedentes, ha expuesto una hermenéutica de estos dispositivos a efectos de darles su exacto significado, el que, en ningún caso puede traer aparejado que el Estado quede habilitado a incumplir las sentencias condenatorias o que el acreedor se vea, en todo momento, imposibilitado de perseguir su concreción.

En la causa Giovagnoli, César A. c/ Caja Nacional de Ahorro y seguros s/ Cobro de Seguro (22) la Corte señaló que el artículo 19 de la ley 24.624 fue sancionado para imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y evitar que la Administración pueda verse situada, por imperio de un mandato judicial perentorio, en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración, de lo cual no se sigue que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar ni que esté exento de acatar los fallos judiciales.

Según el Alto Tribunal el acreedor puede ejecutar la sentencia que condena a pagar una suma de dinero cuando el Poder Ejecutivo, no obstante haber sido notificado de la liquidación firme, no la comunicó al Congreso de la Nación para que la incluya en el próximo ejercicio presupuestario y se clausuró el período ordinario de sesiones en el cual se debía tratar la ley de presupuesto que contuviese el crédito respectivo, o cuando el gasto está incluido en el presupuesto general de la Administración Nacional. Sostuvo además, que la falta de partida presupuestaria para atender el pago del crédito reconocido en sede judicial debe ser probado por quien invoque la aplicación del art. 19 de la ley 24.624.

Dicha hermenéutica ulteriormente fue reiterada en relación a las provincias (23).

4. Breves reflexiones sobre la validez de los fundamentos dados para establecer el carácter declaratorio de las sentencias contra el Estado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios.

Quedó visto líneas arriba que el carácter declaratorio de las sentencias contra el Estado Nacional se apontocó en tres fundamentos:

a) La doctrina de la soberanía;

b) La separación de poderes y el principio de legalidad presupuestaria;

c) La grave afectación del interés público;

En mi parecer, ninguno de los fundamentos puede, actualmente, justificar tan irritante privilegio (24).

a) La soberanía

La soberanía, en tanto concepto esencialmente político, en el marco de un Estado de Derecho, nunca puede invocarse para que la Administración incumpla los mandatos judiciales (25).

Más allá de que respecto de la Provincia de Buenos Aires y sus Municipios dicha característica nunca pudo ser predicable —lo que, en parte, explica el distinto desarrollo que la temática pudo tener, desde nuestros propios orígenes—, cabe señalar que aún en relación a la Nación, la obligación, ética y legal del Estado de someterse incondicionalmente a la juridicidad, de la cual el mandato judicial firme no es sino una expresión concreta, impiden —a esta altura del pensamiento— su consideración.

Nada mejor para corroborar el aserto que recordar la argumentación desplegada por la Corte Nacional, en la ya citada causa “Pietranera”, hace ya más de cuarenta años: “… la regla del artículo 7º de la ley 3952 ha de entenderse en su significado cabal. Su propósito no es otro que evitar que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde este punto de vista la norma aludida es razonable Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales… Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Por ello ha dicho este tribunal que el artículo 7º de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública”.

El Estado no puede incumplir con la condena, porque, al así hacerlo, tal como lo señala González Pérez (26), se pone en jaque el propio Estado de Derecho: “Desde que se inventó eso que se ha llamado estado de derecho, la doctrina, de buena fe, con una ingenuidad sorprendente, ha venido ideando y perfeccionando fórmulas para garantizar la ejecución de sentencias, en la convicción de que es el momento de la verdad en el control jurisdiccional de la Administración, pues sólo en ese momento puede verificarse si los tribunales sirven para algo más que para sentar declaraciones platónicas. Pero mucho más hábiles que los buenos de los doctrinarios para buscar fórmulas de garantías, son los legisladores para matizarlas y los encargados de aplicarlas para eludirlas … ” (27).

b) La separación de poderes.

i) Partiendo de la base que la Administración debe someter su actuación a la juridicidad y siendo la sentencia la interpretación definitiva del ordenamiento jurídico en un caso dado, su incumplimiento constituye una fractura en la Constitución (rompe las reglas del juego constitucional).

Si la autoridad administrativa no cumple voluntariamente la sentencia, la ejecución judicial no puede verse como una intromisión judicial en la función administrativa, sino antes bien la previa intromisión de la Administración en la ejecución de un acto del Poder Judicial.

Como dice Aberastury: ” … A esta altura de la evolución del Derecho, no es posible sostener el efecto declarativo de la sentencia pues ello conduciría a argumentar un despropósito interpretativo, pues significa negarle al juez el derecho a cumplir con lo decidido (executio) y por tanto, despojarlo de una de las condiciones que se requiere como ejercicio de la jurisdicción”(28)

En palabras de García de Enterría (29) “La Administración no puede entender sus poderes de forma que la faculten a la transgresión de las normas que la vinculan, pero el juez no puede tampoco entender sus funciones sino como un respaldo a la vinculación efectiva de esas normas, no como una posibilidad de sustituir, al margen por completo de esas normas y menos frente a ellas, la responsabilidad que el sistema jurídico, presidido por el orden constitucional, ha definido inequívocamente como propia del Poder Ejecutivo y de cualquier otro poder público o administrativo. El único instrumento para que ese cuidadoso sistema de límites funcione es que los jueces contencioso administrativos sean perfectos conocedores del derecho público y de sus técnicas y no simplemente hombres con una vaga formación y animados de buena voluntad. Un déficit de formación —por desgracia, aún no infrecuente— lleva a los jueces al activismo irresponsable, a la confusión de poderes, a decidir los procesos por slogans políticos o por créditos excesivos dados al poder (créditos que la Ley no otorga), o por ocurrencias personales”.

ii) En cuanto al Poder Legislativo cabe señalar que las disposiciones constitucionales que le atribuyen la facultad de crear recursos e imponer las contribuciones (art. 4 Const. Nacional; art. 103 inc. 1 Const. Prov.), arreglar la deuda interna y externa (art. 75 inc. 7 Const. Nac.), así como aprobar el presupuesto de recursos y gastos (art. 75 inc. 8 de la Const. Nacional; art. 103 inc. 2º Const. Prov.), tampoco pueden ser invocadas como fundamento válido para inhibir el cumplimiento de los mandatos judiciales. Las funciones estatales no pueden funcionar como compartimentos estancos, sino —por el contrario— deben coordinar sus esfuerzos para el cumplimiento del interés público, que también se ve comprometido frente a la inejecución de la sentencia.

Ciertamente el cumplimiento de un mandato judicial puede tener una traducción como gasto a nivel presupuestario, pero de ello no puede derivarse que la efectividad de la actividad jurisdiccional quede a merced de la voluntad del legislador.

En palabras del Tribunal Constitucional español: “El respeto que de forma especial los poderes públicos han de otorgar a las libertades y derechos fundamentales, y la singular relevancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las resoluciones judiciales, obliga a que la Administración pública, y en su caso los Tribunales, adopten medidas necesarias a fin de garantizar que el mencionado derecho constitucional adquiera plena efectividad, por lo que en ningún caso el principio de legalidad presupuestaria puede justificar que la administración posponga la ejecución de las sentencias más allá del tiempo necesario para obtener, actuando con la diligencia debida, las consignaciones presupuestarias en el caso en que éstas no hayan estado previstas (30).

c) La legalidad presupuestaria

En punto al principio de legalidad presupuestaria cabe destacar que tanto en la Provincia como en los Municipios, el gasto que genere el cumplimiento de sentencias judiciales firmes no necesita previsión presupuestaria, dado que —de no existir ésta [lo cual, en principio, deja en evidencia un déficit en la estimación del presunto pasivo litigioso]— el Poder o Departamento Ejecutivo están habilitados a autorizar tales erogaciones, con obligación de dar cuenta inmediatamente a los órganos deliberativos.

En efecto, así lo establece el artículo 8 de la ley de contabilidad (31) y el artículo 119 de la LOM (32). Como viéramos, una disposición similar contemplaba la ley de contabilidad nacional (33), incluso con anterioridad al dictado del precedente “Pietranera”.

d) El interés público:

El interés público ciertamente puede incidir en la ejecución de la sentencia. La razón es sencilla: su prevalencia respecto del interés particular, pero nunca al extremo de transformar un mandato condenatorio en una mera declaración inejecutiva.

El interés público podrá justificar una suspensión de la condena (diferimiento temporal), su cumplimiento en etapas y aún su sustitución (esto es, el cambio del objeto por una indemnización compensatoria [un supuesto más de limitación de la propiedad por razones de interés público]), pero nunca dejar al arbitrio de la Administración el cumplimiento (o no) de una condena judicial firme.

En tales supuestos, reiteramos, el compromiso o no del interés público en el caso, debe ser una cuestión planteada y debatida en el pleito y finalmente decidida por el órgano jurisdiccional.

Para el supuesto de que se argumente la “imposibilidad de pago” coincidimos con Bonina (34), quien exige que en tales casos la Administración deba acreditar tal circunstancia, mediante informes precisos y concretos, que detallen: i) las partidas presupuestarias asignadas al órgano demandado y la afectación de las mismas [con lo cual el magistrado podrá decidir si están afectadas a servicios públicos o fines esenciales]; ii) el destino que se les dio hasta ese momento; iii) si ese destino fue el previsto originariamente o no; iv) el destino que se les dará a las partidas pendientes de ejecución; v) estado de las cuentas bancarias y de bienes muebles; vi) un listado de prelación de acreedores de dicho órgano, con mención de nombre y apellido o razón social, monto del crédito y causa del crédito. A su vez deberá efectuar una estimación de cuándo podrá abonar la sentencia en cuestión.

5) La función jurisdiccional y la tutela judicial efectiva

La mirada de la cuestión no quedaría completa sin traer la óptica de quien debiera ser el destinatario de todos los esfuerzos estatales: el ciudadano.

Como con su habitual lucidez lo planteaba el profesor Morello (35): ” … si el resultado programado en la condena judicial firme o pasada en autoridad de cosa juzgada se deja de cumplir ¿no se lesiona también frontalmente la garantía de la defensa, tal celosamente preservada en el tramo de conocimiento y durante la secuela del litigio hasta el dictado de aquélla y su fase de control o recursos? Dicho con otro giro: esa garantía (la de la defensa en juicio, la tutela judicial efectiva) ¿no supone y requiere una ‘efectividad global’ del proceso justo? ¿no se fractura incorrectamente dejar de apoyar, en las sombras —diríamos sin la consideración debida— ese tramo esencial, el del cumplimiento de la orden judicial pese a erigirse en el instante máximo porque es en él en donde acontecerá la ‘concreción’ cabal, del contenido genuino del fallo? A todas luces deviene insuficiente afirmar la ‘inviolabilidad del derecho de defensa en cualquier estado o grado del procedimiento’ (art. 18 C.N.; 24, 2º Constitución italiana) si esa inviolabilidad no se expande con pareja eficacia, en la lectura de la efectividad de la realización”.

Indudablemente, la tutela judicial efectiva, garantía incorporada expresamente al texto constitucional por el Constituyente reformista de 1994 (36), comprende no sólo i) el derecho de acceder a la jurisdicción, ii) el derecho al debido proceso o defensa en juicio; iii) el derecho a una sentencia justa, sino también iv) el derecho de quien tenga razón a obtener una concreta tutela jurisdiccional.

Como sostiene Hutchinson (37) “el derecho a la ejecución de las sentencias de condena contra el Estado se encuentra implícito en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 75 inc. 22, al remitir al Pacto de San José de Costa Rica, art. 8), pues ella no sería efectiva si se limitara al solo acceso a la justicia o culminara con la determinación de los derechos u obligaciones … “.

Es que, como dice González Pérez (38) ” … la tutela jurisdiccional supone la plena satisfacción de las pretensiones conforme al ordenamiento jurídico. La tutela no se agota en una sentencia en que el juez, investido de las más amplias potestades, adopta cuantas medidas y providencias fuesen necesarias para poner fin a la situación litigiosa y restablecer el orden jurídico perturbado. No se agota en el mandato que supone toda sentencia. La tutela no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial y el que accionó obtenga lo pedido … ”

En sentido concordante Botassi (39) afirma que ” … sin la posibilidad de su transformación coactiva en hechos concretos la sentencia (al igual que el crédito en ella reconocido como exigible) queda reducida a un dictamen jurídico, a una opinión sobre lo correcto debido en el plano del Derecho. Esta última posibilidad no satisface al actor ganancioso, ni abastece adecuadamente la garantía del debido proceso contenida en la Carta Magna, en los tratados internacionales a ella incorporados y en las constitucionales locales. Por esta razón la no ejecutoriedad —o lo que es lo mismo, el carácter declarativo— es una anomalía, un contrasentido dentro del sistema generalizado de sometimiento del Estado al Derecho … La no ejecutoriedad de la sentencia de condena … no puede concebirse como una prerrogativa estatal sino que configura una evidente inconstitucionalidad”.

Recuerdo que cuando el Dr. García de Enterría nos visitó en octubre de 2000, brindó una conferencia en la Cámara de Diputados de la Provincia sobre la justicia administrativa y no pudo dejar de referirse a la reforma introducida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el año 1998, respecto de la ejecución de sentencias. Dijo en aquella oportunidad ” … Ahora la ley del 98, siguiendo la doctrina del Tribunal constitucional que ha dicho que el derecho a la ejecución por el propio tribunal de sus sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los ciudadanos, regula y reconoce explícitamente la potestad de los tribunales contencioso administrativos de hacer ejecutar las sentencias y además como una competencia exclusiva, según el artículo 103.1. Este artículo dice “se define una obligación específica de todas las personas y entidades públicas y privadas, de prestar la colaboración requerida por jueces o tribunales para la debida y completa ejecución de lo resuelto, y se declaran nulos de pleno derecho todos los actos y disposiciones contrarias a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad directa o indirecta de eludir el cumplimiento de ésta”. Merece subrayarse que para todas estas medidas de ejecución la ley no establece ninguna distinción entre las sentencias según el tipo de pretensión que se hubiera ejercitado, esto es, según el tipo de pretensión de mera anulación, de restablecimiento de situaciones jurídicas individualizadas contra la inactividad de la administración o contra vías de hecho imputables a la administración, todas son iguales frente a la enérgica pretensión de ser llevadas a efecto bajo la jurisdicción exclusiva del tribunal. Con eso se ha conseguido la subjetivización plena del sistema español de justicia administrativa en servicio de ese principio fecundo del artículo 24 de la Constitución, del derecho a la tutela judicial efectiva … “.

IV.La ejecución de sentencias en la provincia de buenos aires, con particular referencia al proceso contencioso administrativo

Desde 1889, con una lucidez y anticipación digna de elogios, la Constitución de la Provincia ha incluido una cláusula regulatoria de la ejecución de sentencias dictadas contra el Estado en el ámbito del proceso contencioso administrativo.

Considero que la trascendencia de tal disposición amerita un detallado análisis de su génesis, propósitos y proyecciones.

1) Los textos constitucionales:

Constitución de 1889. Artículo 159: En las causas contencioso-administrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada la sentencia. Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia.

Constitución de 1934. Artículo 151: En las causas contencioso-administrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada la sentencia. Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia.

Constitución de 1994. Artículo 163: La Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes tribunales, dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones. En las causas contencioso administrativas, aquélla y los demás tribunales competentes estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sentencias por las autoridades o empleados correspondientes, si el obligado no lo hiciere en el plazo de sesenta días de notificadas.

Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el incumplimiento de las decisiones judiciales.

2) El debate de la Convención Constituyente de 1889

Al darse tratamiento a la cláusula bajo análisis, que al momento rezaba “En las causas contencioso-administrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada la sentencia”, se produjo un riquísimo debate entre los constituyentes (40).

La preocupación estuvo centrada en el modo de asegurar la eficacia de las decisiones jurisdiccionales. La discusión deja al desnudo, tras la reseña de supuestos de falta de acatamiento, que el medio idóneo para garantizar la concreción de la manda judicial no es otro que la responsabilidad personal del funcionario incumplidor, lo que en definitiva quedó consagrado en la cláusula constitucional.

De tal modo, el esquema se separa de la perspectiva ejecutiva clásica (embargar un bien del deudor para realizarlo y con su producido satisfacer el interés del acreedor) para incorporar un nuevo sujeto (el funcionario o agente a quien se ordena la ejecución del mandato) que será personalmente responsable si lo incumple.

Los elogios de la doctrina científica:

Fiorini señaló que “La garantía de que la sentencia contencioso administrativa debe ser ejecutada ha sido consagrada en todas las constituciones locales. Tiene gran importancia en esta cuestión el aval constitucional que se otorga al Poder Judicial. Tal es el predicamento adquirido por esta garantía de la ejecución de sentencia dictada, consagrado en las constituciones locales, que se desconocen conflictos de alzamientos o desacato por los órganos de la Administración Pública. Es interesante resaltar esta técnica de garantía constitucional y el valor educativo efectivo sobre los poderes ejecutivos provinciales, no siempre muy dispuestos a respetar las decisiones del poder judicial. La garantía establecida en la constitución ha ahorrado desagradables conflictos … Estas normas constitucionales han desplazado cualquier dilucidación teórica sobre la ejecutoriedad de las sentencias dictadas en la jurisdicción contenciosa contra el Estado local y sus entes estatales … Las sentencias de los tribunales contencioso administrativos locales contra el Estado son obligatorias y, por lo tanto, ejecutorias. La posibilidad de no poderse llevar a cabo esta ejecución corresponderá solamente a circunstancias relacionadas con el interés público …”(41).

Por su parte, Botassi ha puesto de resalto que: “Puede afirmarse sin reparos que, en la época en que fue diseñado, el método de ejecución de sentencias de condena contra el Estado local resultó revolucionario. En tiempos en que todavía se exigía la venia legislativa para demandar al Estado nacional con base en el derecho público, en nuestra Provincia la Suprema Corte —actuando como tribunal contencioso administrativo— despachaba órdenes concretas de hacer, dar o abstenerse dirigidas a funcionarios administrativos, responsabilizándolos en forma personal y solidaria junto al ente incumplidor. El codificador había tenido una relevante actuación en el tema ya que siendo juez de la Suprema Corte y a la vez convencional constituyente para la reforma de 1889, propuso el texto luego consagrado como artículo 159. Explicó entonces que como magistrado se “había persuadido de que la jurisdicción contencioso administrativa dada a la Suprema Corte, podía resultar ineficaz si no se daba a aquel alto tribunal la facultad de mandar cumplir directamente sus fallos, cuando el poder administrador fuese condenado. De lo contrario, en muchos casos, los fallos quedarían como letra muerta” (42).

3. La ejecución de sentencias en el C.P.C.A. ley 2961 (Código Varela)

a) Las razones que justifican su análisis

Más allá de la amplitud de miras que el análisis histórico de un instituto puede brindar al investigador (contexto, evolución, crítica), el interés por la regulación establecida por el C.P.C.A. ley 2961 tiene aún actualidad, por cuanto la Constitución Provincial, en la cláusula transitoria 215, segundo párrafo (43), estableció que las causas contencioso administrativas iniciadas hasta la puesta en funcionamiento de los tribunales en lo contencioso administrativo (44), serían decididas hasta su finalización por la Suprema Corte Provincial.

El legislador estableció en el artículo 78.3 el régimen jurídico aplicable a los mentados procesos: “En las causas regidas por el artículo 215, segundo párrafo, de la Constitución de la Provincia, serán de aplicación las normas del presente Código, en cuanto resultaren compatibles con la jurisdicción atribuída por aquel precepto a la Suprema Corte de Justicia. En materia de caducidad de instancia, costas, régimen de sentencia, su ejecución y los recursos contra la misma, se aplicarán las normas de la ley 2961, con las modificaciones introducidas por los Decretos Leyes 8626/76 y 8798/77”.

Por lo tanto, existiendo aún en trámite por ante la Suprema Corte de Justicia causas contencioso-administrativas “originarias”, el trámite de ejecución de sentencias es el establecido por el conocido “Código Varela”.

b) La regulación

Explica Varela en la nota al artículo 79, que —como viéramos—, el artículo 159 de la Constitución de Buenos Aires, tomado de la ley norteamericana que creó la Corte de Reclamos, ha autorizado a la Suprema Corte a hacer cumplir directamente, por los empleados de la Administración, sus propias resoluciones, en los asuntos contencioso administrativos, cuando el poder administrador no las cumpliese dentro de un plazo perentorio; de manera que es la misma Constitución la que ha creído que, en esta clase de causas, el juicio contencioso administrativo no termina con la sentencia declaratoria de los derechos sino que debe proseguirse hasta la ejecución de la sentencia ya dictada.

Siguiendo sus propias palabras: ” … dentro de la manera como se deben apreciar los juicios contencioso administrativos no puede admitirse que, obteniendo un fallo que condene a la administración, tenga que seguirse otro juicio contencioso administrativo o civil ordinario para hacer efectiva aquella condena”.

i) Intimación:

Artículo 79: Cuando la sentencia de la Suprema Corte sea contraria a la resolución de la autoridad administrativa que hubiese motivado el juicio, una vez consentida o ejecutoriada se comunicará, en testimonio, a la parte vencida, intimándole le dé debido cumplimiento dentro del término fijado en aquella. Esta comunicación deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes al fallo.

El artículo 79 de la ley, al mandar que la resolución condenatoria le sea comunicada a la autoridad vencida en el juicio, con la intimación de que debe cumplirla dentro del término fijado en ella, está preparando la aplicación del artículo 151 de la Constitución (texto 1934) si, por evento, fuese desacatado el mandato de la Suprema Corte.

Presupone que la sentencia ha quedado consentida (45) o ejecutoriada (46).

La comunicación debe hacerse dentro de los cinco días siguientes a que el fallo quede consentido o ejecutoriado (no desde que el fallo fuera dictado, pues a esa fecha es claro que no estaría firme).

ii) Suspensión de la ejecución:

* Pedido de suspensión: Artículo 80: Cuando la autoridad administrativa, vencida en juicio, considerase necesaria la suspensión de la ejecución de la sentencia, lo comunicará así a la Suprema Corte, dentro de los cinco días después de recibida la copia del fallo, con declaración de estar dispuesta a indemnizar los perjuicios que causare la suspensión, en cuyo caso, la misma Suprema Corte estimará la indemnización y previos los informes que creyese necesarios

Explica Varela en la nota que como en muchos casos, la ejecución de la sentencia podría producir perjuicios graves a la cosa pública, la ley autoriza a la autoridad administrativa, vencida en el juicio, a pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia, dando las razones de orden público que exija esa suspensión.

El particular, vencedor en el juicio, tendrá derecho a ser indemnizado, pero el interés público debe ser preferido si la resolución atacada entrañaba una medida necesaria y urgente.

Con ese objeto se entrega al juicio exclusivo de la Suprema Corte la decisión sobre la oportunidad de suspender la ejecución de sentencia, así como la estimación del quantum de la indemnización que ha de abonarse al particular, vencedor por aquella suspensión.

* Autoridad competente para apreciar la necesidad de la suspensión o sustitución: Afirma Argañaraz (47) que la disposición de este artículo no ha tenido, por cierto, la finalidad de convertir la sentencia de condena en una obligación facultativa que permita a la autoridad vencida en el juicio, sustituir la prestación que constituye la condena, por la indemnización de perjuicios que ha de justipreciar el tribunal sentenciador. Si eso se entendiera, se habría alterado radicalmente la autoridad de la cosa juzgada cuyo respeto ha querido asegurar la Constitución al autorizar a la Corte para que sea ella misma la ejecutora de sus fallos, cuando la autoridad obligada no los cumpliese. Ha de interpretarse, por tanto, que la autoridad administrativa pondrá en conocimiento de la Corte la necesidad de suspender el cumplimiento de la sentencia, a fin de que ésta aprecie el motivo invocado y acuerde o no la suspensión.

* Motivos que justificarían la suspensión o sustitución:

Advierte Argañaraz lo parca que ha sido la regulación bonaerense. Refiere que otras legislaciones comparadas habilitan tal supuesto cuando: i) el cumplimiento de la sentencia pudiera determinar la suspensión de un servicio público; ii) la entrega de una cosa afectada a un servicio público; iii) pueda traer trastorno grave del orden público; iv) provocar grave subversión del orden jerárquico y en la disciplina de la Administración.

En palabras de Bielsa “Pues bien; frente al interés privado —o al interés público, cuando se trata de entidad administrativa— de la parte vencedora en el juicio, si la Administración pública invoca y justifica el interés público y, en su virtud, la imposibilidad o sólo la grave inconveniencia de ejecutar el fallo, puede, por ello, solicitar el aplazamiento o el incumplimiento parcial o total del mismo. En tal caso, el derecho del recurrente se resuelve en un derecho de indemnización. El principio es el mismo que domina en materia de expropiación”.

Precisamente, en tal sentido preveía el artículo 81 que: Si la sentencia recayese sobre bienes que la autoridad administrativa estuviese autorizada a expropiar, por ley dictada antes o después del fallo, podrá pedir que se suspenda la ejecución de sentencia, declarando que, dentro de los diez días, iniciará el correspondiente juicio de expropiación. En este caso, se suspenderá la ejecución y, si el juicio de expropiación se iniciase, se dará por terminado el administrativo contencioso. En caso contrario, se continuará después de vencidos los diez días.

En España, conforme lo señalan García de Enterría y Tomás Ramón Fernández (48) se contemplan dos causales: i) imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia; ii) expropiación de los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a una sentencia firme (fundada en el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades del ciudadano, el temor fundado de guerra o el quebrando de la integridad del territorio nacional) (arts. 105 Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa).

Como afirman los profesores Bezzi (49): “El criterio es que las causales invocadas por la Administración deben revestir entidad y gravedad suficiente para que el Tribunal haga lugar al planteo; no pudiendo convertirse en obligación facultativa que permita sustituir la prestación determinada en la sentencia de condena; en tanto que este supuesto desnaturalizaría la función jurisdiccional”.

iii) Solicitud de cumplimiento directo:

Artículo 82: Si pasasen sesenta días, después de vencido el término fijado en la sentencia, sin que la autoridad administrativa objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo mandado por la Suprema Corte, la parte vencedora en el juicio podrá pedir que el tribunal mande cumplir directamente su resolución.

Comenta Varela: “No puede ni debe suponerse que una autoridad administrativa desacate un mandato de la Suprema Corte. Lo prueba el hecho mismo de que, en la ley de contabilidad general, se haya estatuido la forma en que debe procederse en estos casos, habiéndose abierto una cuenta especial, sin cantidad limitada, para la aplicación del artículo 159 de la Constitución, con el objeto de imputar a ella todas las sumas que la Suprema Corte mande abonar. Pero no todas las causas contencioso administrativas versan sobre sumas de dinero (aunque todas puedan concluir por traducirse en él) ni es tampoco sólo el Poder Ejecutivo de la Provincia la autoridad demandable ante la Suprema Corte por esta clase de asuntos. De manera que lo que ya ha estatuido la ley general de contabilidad no basta para que el artículo 159 de la Constitución pueda tener segura y rápida aplicación”.

El artículo 82 contempla que la sentencia pueda fijar un plazo para el cumplimiento de la condena y prevé que recién comienza a regir el plazo de 60 días previsto en la Constitución a partir del vencimiento del primero.

iv) Comunicación:

Artículo 83: Dentro de los tres días siguientes a la presentación del precedente pedido, la Corte Suprema hará saber a la autoridad que va a proceder a mandar ejecutar su sentencia, disponiendo que se ordene a los funcionarios que deben intervenir en la ejecución que procedan con lo dispuesto en el artículo 151 (actual 163) de la Constitución.

Explica Varela ” … considerando que los poderes públicos deben ser mirados con mayores consideraciones que los simples particulares, aún cuando se trate de juicios en que intervengan como partes, se ha incluido en la ley este artículo con el doble objeto de que la autoridad administrativa esté prevenida de que la Corte va a proceder a ejecutar su sentencia y que ésta tenga tiempo de dar a sus subalternos las instrucciones que correspondan, a fin de no producir un conflicto innecesario y, sobre todo, inútil”.

v) Mandato de ejecución:

Artículo 84: Tres días después, y sin necesidad de nuevo requerimiento de la parte vencedora, la Suprema Corte dictará auto mandando que el o los empleados correspondientes procedan a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, determinando expresa y taxativamente lo que cada funcionario deba hacer y el término en que deba verificarlo.

Ilustra el codificador: “Esta es la primera disposición que puede llamarse verdaderamente ejecutiva … La facultad de la Corte Suprema para mandar ejecutar sus fallos, tiene por objeto impedir que el poder administrador burle la autoridad del poder judicial … Como entra en lo posible que esos empleados no cumpliesen lo ordenado por la Corte Suprema, pretendiendo ampararse en su carácter de subalternos del poder administrador y en su deber de obedecerle ante todo, otros artículos de esta ley prevén el caso e indican que debe hacerse”

vi) Obligación de cumplimiento.

Artículo 85: Cualquiera que sea la disposición que la Suprema Corte mande cumplir por los empleados o funcionarios de la administración, éstos deberán hacerlo, aún cuando no exista ley que los autorice, aún cuando haya ley que lo prohíba y aún cuando sus superiores le ordenasen no obedecer. En caso de omisión en el cumplimiento, los directa o indirectamente culpables incurrirán en la responsabilidad personal establecida por el artículo 151 de la Constitución.

No puede haber silencio, ni mandato en las leyes o en los decretos del Poder Ejecutivo que estén arriba de las prescripciones constitucionales; de manera que, desde que el artículo 159 de la Constitución faculta a la Suprema Corte para “mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos”, no puede admitirse que esas oficinas o esos empleados pretendan excusar su desobediencia en disposiciones contrarias a la prescripción constitucional.

vii) Responsabilidad personal:

Artículo 86: Cuando expirasen los plazos fijados por la Suprema Corte para que los empleados o funcionarios de la administración cumplan directamente una sentencia, sin que aquellos hubiesen cumplido lo que se les ordenase —salvo casos de fuerza mayor o imposibilidad material de cumplirla, lo que deberán poner en conocimiento de la Corte Suprema— la parte interesada podrá pedir que, haciéndose efectiva la responsabilidad personal del empleado, se haga la ejecución sobre los bienes propios de éste.

Dice Varela que ” … cuando la Constitución ha establecido la responsabilidad de los empleados que dejen de dar cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte, en los casos de ejecución de sentencia en los juicios contencioso-administrativos, ha querido que esa responsabilidad fuese efectiva … ”

Las medidas coercitivas contra los empleados sólo pueden producirse cuando, con sus actos voluntarios, dan lugar a ello. Si se tratase de una imposibilidad material de cumplir lo ordenado por el Tribunal —como efectuar un pago cuando no existen fondos en caja— o de un caso de fuerza mayor —como la presión de la fuerza pública para impedir que el empleado cumpla lo ordenado—, en esos casos no se incurre en responsabilidad alguna por parte del empleado, porque no ha habido desobediencia.

* Apremio: Artículo 87: En el caso del artículo anterior, la ejecución de la sentencia se seguirá, por la vía de apremio, contra el o los empleados que no hubiesen dado cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte, debiendo observarse el procedimiento señalado para aquel juicio por el código de procedimientos civiles.

Explica Varela: ” … Es menester no olvidar, en ningún momento, que la actitud de los empleados, en contra de las resoluciones de la Suprema Corte, es sólo una rebeldía injustificable. Por obedecer a su superior jerárquico desacatarán al más alto tribunal de la provincia y desobedecerán disposiciones expresas de la Constitución. No se trata del caso en que los empleados requeridos por la Corte no puedan dar cumplimiento a lo dispuesto por aquel tribunal, porque el caso está previsto en el artículo anterior … ”

* La Renuncia no exime de responsabilidad: Artículo 88: La renuncia del empleado requerido por la Suprema Corte no lo eximirá de las responsabilidades, si ella se produce después de haber recibido la comunicación del tribunal que le mandaba cumplir directamente la sentencia

Señala Varela: “La disposición de este artículo es una medida precautoria explicable. Emplazado un empleado de la administración para que de cumplimiento a una orden de la Suprema Corte en un juicio contencioso administrativo, puede presentar su renuncia para evitarse las responsabilidades que le impone el artículo 159 de la Constitución. Si semejante superchería se admitiese tendríamos que, por medio de una sucesión de renuncias, se burlaría la autoridad de la Suprema Corte, viniendo a ser ilusoria la garantía que el artículo 159 de la Constitución ha querido dar a los derechos particulares en frente de abusos del poder … Renunciar al puesto no es cumplir lo ordenado sino, por el contrario, eludir la obediencia y el acatamiento debido al tribunal. No es posible que la ley prohíba que un empleado renuncie cuando lo crea oportuno; pero la ley puede, como en este caso, declarar que las circunstancias de la renuncia no eximen de las responsabilidades establecidas por la Constitución, cuando lo probable es que esa renuncia no tenga otro objeto que evitar que aquellas responsabilidades se hagan efectivas.”

* Responsabilidad penal: Artículo 89: La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos que no cumpliesen las órdenes directas de la Suprema Corte será independiente de la responsabilidad penal que incurran por desacato.

Aún cuando el desacato es una figura penal ya derogada, el incumplimiento a un mandato judicial puede encuadrar típicamente en la desobediencia (50).

* Cumplimiento. Cese de la responsabilidad personal. Artículo 91: En cualquier momento la autoridad administrativa condenada puede cumplir la sentencia, en cuyo caso cesará el procedimiento civil contra los empleados.

Si desaparece la causa que motivó el juicio de apremio personal contra los empleados, ese procedimiento debe suspenderse y cesar por completo.

viii) Amplias atribuciones para asegurar el cumplimiento del mandato:

Artículo 90: La Suprema Corte podrá adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes, para poner en ejercicio la facultad que le confiere el artículo 151 de la Constitución, sin que puedan oponerse a aquellas providencias o resoluciones disposiciones que figuren en leyes o en decretos administrativos.

La atribución conferida a la Suprema Corte por el artículo 159 no puede ser coartada ni por leyes que la restrinjan, ni por decretos de las mismas autoridades a las que deberá aplicarse aquel artículo.

Como lo sostuvo desde antiguo el Alto Tribunal ” … es indispensable que las sentencias se cumplan de grado o por la fuerza, no tan solamente por el amparo debido al litigante vencedor, sino por el mismo prestigio de la justicia, a fin de prever mayores males” (51).

Más acá en el tiempo, el Alto Tribunal Provincial, ante supuestos de incumplimiento a sus mandatos, además de formular la comunicación a la Fiscalía Penal en turno ante la presunta comisión de un delito de acción pública, impuso astreintes a la demandada (52).

ix) Actos administrativos en cumplimiento de la ejecución. Impugnación:

Artículo 92: Los actos ejecutorios de una sentencia no darán lugar a un nuevo juicio contencioso administrativo, sino en el caso en que la autoridad administrativa condenada, so pretexto de cumplir el fallo, lo tergiversase o interpretase en forma perjudicial a los intereses reconocidos a la parte vencedora.

Finalmente, Varela establecía un distingo entre el “cumplimiento equivocado del fallo” y las nuevas resoluciones que se dicten, so pretexto de cumplir aquel. En el primer supuesto admitía que la cuestión fuese resuelta en el juicio de ejecución de sentencia; en el segundo consideraba que —tratándose de una nueva vulneración [nuevo acto]— debía iniciarse un nuevo pleito.

La disposición fue cuestionada en tanto semejante posibilidad amenaza por convertir a todo pleito contencioso administrativo en una historia de nunca acabar ya que presentada la hipótesis de la segunda parte del artículo, deberá promoverse un nuevo pleito contra el acto administrativo que tergiversa la sentencia, sin certeza de que al final de ese segundo camino no aguarde al actor una nueva estratagema de un administrador incorregible por lo tozudo (53).

4) La ejecución de sentencias en el nuevo C.P.C.A. ley 12.008

a) La sentencia

El Código Procesal Contencioso Administrativo, dedica su capítulo IX (arts. 49 a 51), a la sentencia, estableciendo que en el proceso ordinario ésta deberá dictarse dentro del plazo de sesenta [60] días desde que la providencia de autos quede firme, debiendo observar en lo pertinente los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial.

En cuanto a su contenido, señala que: la sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir: 1. El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios a tales fines; 2. La anulación total o parcial del acto administrativo de alcance general o particular impugnado; 3. La cesación de la vía de hecho administrativa controvertida; 4. La declaración de inconstitucionalidad de las normas o actos impugnados en el proceso; 5. La declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, motivo de controversia; 6. El resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados. A tal efecto, fijará la cuantía de la indemnización o, cuando por las características del caso ello no fuere posible, establecerá las bases para la liquidación del monto indemnizable, cuya definitiva determinación quedará diferida a la etapa de ejecución de sentencia.

El artículo 51, finalmente, se ocupa del tema de las costas, apartándose del principio objetivo de la derrota (excepto en procesos de ejecución tributaria), fijando como criterio general el régimen de costas en el orden causado, salvo cuando la vencida hubiese actuado con notoria temeridad y malicia.

b) Ejecución de sentencias. Distinción.

La nueva regulación procesal también dedica un capítulo a la ejecución de las sentencias, distinguiendo entre: i) aquellas que han sido dictadas contra órganos y entes estatales (arts. 63 al 65), ii) de las que tienen como condenados a los particulares o entes públicos no estatales (art. 66). Sobre estas últimas, sencillamente, remite a las normas del Código Procesal Civil y Comercial.

c) Ejecución de sentencias contra los órganos y entes estatales (54) :

i) La ejecución: Establece el artículo 63:

1. Cuando la sentencia haga lugar a la pretensión deducida contra la Provincia, un Municipio o un ente provincial o municipal, una vez consentida o ejecutoriada, el juez la notificará a la parte vencida e intimará su cumplimiento dentro del término fijado en aquella. Esta notificación deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes al fallo. El procedimiento de ejecución se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no contradigan las del presente Código.

2. Si transcurriere el plazo previsto en el artículo 163 de la Constitución de la Provincia, sin que la autoridad requerida objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, la parte vencedora en el juicio podrá pedir que aquél mande cumplir directamente lo dispuesto en la sentencia.

3. En tal caso, el juez ordenará a la autoridad correspondiente el cumplimiento de la sentencia, determinando concretamente lo que aquella debe hacer y el plazo en que debe realizarlo.

4. En caso de incumplimiento, los funcionarios involucrados incurrirán en la responsabilidad establecida por el artículo 163 de la Constitución. Esta responsabilidad será solidaria con la del ente u órgano respectivo y abarcará todos los daños que ocasione su irregular actuación.

5. El juez podrá adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes, para poner en ejercicio la atribución que le confiere el artículo 163 de la Constitución.

i) Intimación al cumplimiento: La intimación al cumplimiento de la sentencia a que se refiere el 63.1 debe formularse una vez consentida o ejecutoriada la sentencia. En tal sentido, siguiendo el criterio que se sostuviera para interpretar similar déficit contenido en el anterior código, cabe entender que el plazo de cinco días debe contarse desde que la sentencia quedó firme (consentida o ejecutoriada).

ii) Plazo para el cumplimiento: También la nueva codificación habilita al juez a establecer un plazo para el cumplimiento de la sentencia. Si este no hubiere sido fijado o se hubiere remitido al previsto en el artículo 163 de la Constitución, no cabe duda que el cumplimiento debería darse dentro de los sesenta días de la notificación y que vencido dicho término la parte podría pedir su ejecución.

Si, en cambio, el juez hubiese fijado un plazo de cumplimiento distinto, podrían generarse dos interpretaciones: i) que corresponde aguardar el vencimiento de éste más el de los 60 días previstos en la norma constitucional, previo a requerir el cumplimiento directo de la sentencia (siguiendo el criterio operante en la anterior regulación procesal); o ii) que dicho plazo debe considerarse incluido en el de 60 días previsto en el artículo 163 de la Constitución. Esta última parece ceñirse más adecuadamente al texto constitucional.

iii) Hipótesis ante la intimación: Ante la intimación la Administración puede adoptar tres conductas diferentes:

i) cumplir con la condena;

ii) poner de manifiesto la imposibilidad o la grave afectación del interés público que se derivaría de su cumplimiento;

iii) simplemente, no cumplir.

La primera hipótesis supone la satisfacción del pretendiente, tornando innecesario el dispositivo de ejecución.

iv) Segunda hipótesis: Suspensión de la ejecución

El artículo 65 contempla la posibilidad de suspender la ejecución cuando graves razones de interés público así lo requirieran.

Tal como quedara expuesto al comentar la anterior regulación procesal, la “suspensión” puede ser temporaria o definitiva; siendo más propio, en este último supuesto, hablar de “sustitución” de condena.

Con todo, el principio que debe orientar la ejecución de sentencias es el cumplimiento del bien de la vida “en especie”, quedando reservado al arbitrio judicial, previa sustanciación, el hacer lugar, o no, a lo peticionado por la Administración.

Establece la previsión legal: ” 1. A los fines de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 63, cuando la Provincia, el municipio o el ente provincial o municipal, vencidos en el proceso, considerasen imprescindible la suspensión de la ejecución de la sentencia, por graves razones de interés público, podrán solicitarl a al juez dentro de los veinte [20] días después de notificada. En tal petición deberán asumir el compromiso de reparar los daños y perjuicios que pudiere causar la suspensión, acompañando el acto administrativo que así lo autorice.

2 .De la solicitud de suspensión se correrá traslado por cinco días a la contraparte. Si ésta se opusiere y ofreciere prueba, el juez abrirá el incidente a prueba por el plazo de diez días.

b) El juez dictará resolución dentro de los diez días de encontrarse los autos en estado. Si resolviese la suspensión de la ejecución del fallo, fijará el plazo correspondiente a su cumplimiento, así como el monto de la indemnización de los daños ocasionados, previo requerimiento de los informes que estimare necesarios”.

* Plazo y forma para que la Administración solicite la suspensión: veinte [20] días, a contar desde la notificación.

La Administración debe justificar las razones por las cuales considera imprescindible la suspensión (en otros términos, cual es la grave afectación del interés público) y acompañar un acto administrativo que autorice el pago de los daños y perjuicios que pudiere causar la suspensión.

* Sustanciación: a la contraria, por cinco días.

* Prueba: si la vencedora se opusiere y hubiese hechos controvertidos, se abrirá la causa a prueba por diez [10] días.

* Resolución: dentro de los diez días de encontrarse los autos en estado:

Si suspende temporariamente: fijará el plazo de cumplimiento y el monto de la indemnización.

Si suspende definitivamente (sustituye): fijará el monto de la indemnización.

Si rechaza el pedido: continúa el procedimiento regular de ejecución de la sentencia.

* Supuestos de imposibilidad material:

* Ejecución de una sentencia que ordena reincorporar a un agente público que ya ha cumplido la edad máxima para desempeñarse en la actividad (vgr. docentes, policías).

* Ejecución de una sentencia que ordena reincorporar a un agente público en determinado puesto, si dicha estructura organizacional ya no existe (vgr. juzgados de faltas municipales ulteriormente suprimidos).

* Ejecución de una sentencia que ordena reincorporar a un agente público en determinado puesto, estable, único, que al tiempo se encuentra cubierto (vgr. contador municipal, tesorero municipal, jefe de compras municipal, etc.).

* Ejecución de una sentencia que reconoce el derecho del oferente desplazado a resultar adjudicatario de una obra, cuando ésta ya fue ejecutada.

* Ejemplos de suspensión temporal:

* Ejecución de una sentencia que ordena reincorporar a un agente público a la planta permanente, en la hipótesis de que estuviese totalmente ocupada (inexistencia de vacante). Posible diferimiento hasta que se produzca la primera vacante o se disponga la creación de un nuevo cargo.

* Ejecución de una sentencia que condena a dar una suma de dinero, cuya magnitud —de ser satisfecha en un solo acto— podría comprometer la normal prestación de los cometidos públicos. Posibilidad de establecer pagos periódicos.

v) Tercera hipótesis: Incumplimiento de la intimación. Orden de cumplimiento. Responsabilidad personal. Amplias atribuciones del órgano jurisdiccional para efectivizar la ejecución de la sentencia.

Si la autoridad administrativa no cumpliera con lo dispuesto en la sentencia, ni objetase su ejecución por razones de interés público, a pedido de parte el juez deberá establecer, de manera concreta y precisa, el quien, qué y cuándo de la ejecución, esto es, determinará con toda precisión la autoridad administrativa obligada, la conducta a cumplir y el tiempo para su concreción.

Notificado/s del mandato judicial, de persistir el incumplimiento, el o los funcionario/s involucrados serán personalmente responsables (solidariamente con la autoridad o ente respectivo), por todos los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la ilegal omisión, sin perjuicio de incurrir en otro tipo de responsabilidades (penal, política, disciplinaria, administrativa patrimonial).

La nueva codificación, con buen tino, tal como lo hacía la anterior en el artículo 90, prevé que el juez podrá adoptar de oficio, todas las providencias que estime convenientes para poner en ejercicio la atribución prevista en el artículo 163 de la Constitución, no pudiendo ser coartada ni por leyes que la restrinjan, ni por decretos de las mismas autoridades a las que deberá aplicarse aquel artículo.

vi) Impugnación de actos administrativos dictados en la ejecución: El artículo 64 concentra en el propio proceso de ejecución las impugnaciones de los actos administrativos que, dictados para satisfacer la condena, se apartaren abiertamente de lo decidido por la sentencia o, so pretexto de cumplirla, la interpretaren en forma perjudicial a los derechos o intereses reconocidos o restablecidos a la parte vencedora.

Reza textualmente: “Los actos administrativos dictados como consecuencia de lo resuelto en la causa, proveniente de alguno de los entes previstos en el artículo 1º, podrán ser impugnados en el propio procedimiento de ejecución de sentencia. No darán lugar a un nuevo proceso, aunque se apartaren abiertamente de lo decidido en el fallo o, so pretexto de cumplirlo, lo interpretaren en forma perjudicial a los derechos o intereses reconocidos o restablecidos a la parte vencedora”.

Los cuestionamientos formulados a la anterior codificación fueron recogidos en la presente, de allí que todos los actos administrativos que se dicten en ejecución de la sentencia podrán ser objeto de cuestionamiento en el mismo proceso de ejecución, asegurando de tal modo que la conclusión definitiva del conflicto se alcance con mayor celeridad.

d) Ejecución de sentencias contra particulares o entes públicos no estatales. Remisión a la regulación del Código Procesal Civil y Comercial

A continuación se formula una muy breve síntesis de la ejecución de sentencias conforme las prescripciones del Código Procesal Civil y Comercial —distinguiendo entre sentencias que condenan a pagar sumas líquidas o ilíquidas de dinero, a hacer, no hacer o a entregar cosas—, permitiendo remitir al lector a obras generales o específicas de derecho procesal civil para profundizar el análisis de los diferentes tópicos.

Artículo 497: Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este Capítulo.

i) Presupuestos:

* Sentencia consentida o ejecutoriada.

* Vencimiento del plazo que la sentencia hubiese fijado para su cumplimiento: En el supuesto de condenaciones de dar, la fijación de plazo no constituye más que un beneficio que la sentencia puede conceder por la naturaleza de la obligación. No es, por consiguiente, un derecho del vencido. De allí que cuando el pronunciamiento no señala plazo para su cumplimiento, es susceptible de ejecución inmediatamente después de quedar consentido o ejecutoriado.

* Petición del vencedor

ii) Aplicación a otros títulos ejecutables (art. 498)

* Ejecución de transacciones o acuerdos homologados.

* Ejecución de multas procesales.

* Ejecución de honorarios regulados en concepto de costas.

iii) Diferentes procedimientos de ejecución de sentencias, de acuerdo a la índole de las obligaciones en ellas impuestas:

v Sentencia que condena al pago de suma líquida: (art. 500 C.P.C.C.):

– Cuando la sentencia condene al pago de una suma determinada.

– Cuando la cantidad a pagarse por el vencido sea susceptible de determinación mediante una simple operación aritmética y con arreglo a bases establecidas por la sentencia.

– Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

– Sentencia que condena al pago de suma ilíquida: (arts. 501 y 502)

Artículo 501: Liquidación: Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación dentro de diez días contados desde que aquella fuera ejecutable podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado.

Presentada la liquidación se dará vista a la otra parte por cinco días.

Cuando el vencedor haya presentado liquidación de capital, intereses y costas y el juez, previo traslado al deudor, la haya aprobado, salvo que el objeto de la ejecución consista en cantidades ya determinadas que contenga la sentencia (ver art. 500).

Artículo 502: Conformidad. Objeciones: Expresada la conformidad por el deudor, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado la vista, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el artículo 500.

Si mediare impugnación se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los artículos 178 y siguientes.

En ambos casos, aprobada la liquidación, se sigue el siguiente procedimiento:

Embargo (art. 500 C.P.C.C.)

Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes, de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo (art 529 y sigs).

Citación de venta (art. 503 C.P.C.C.) Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro de quinto día.

Excepciones (art. 504 C.P.C.C.): Deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Deben probarse por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.

Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible.

* Falsedad de la ejecutoria: adulteración o falsificación material de la sentencia o de la copia que la reproduce, sea que la adulteración o falsificación afecte el todo o parte de aquella (firmas de los jueces, alteración de cantidades de la condena o de los términos de la decisión).

* Prescripción de la ejecutoria: Diez años (4023 C.C.), por resultar una pretensión personal.

* Pago: efectuado con posterioridad a la sentencia y comprobable mediante documental, que debe acompañarse al deducirse la excepción.

* Quita, espera o remisión.

Trámite de las excepciones

* Las excepciones deben oponerse y probarse dentro del quinto día contado desde la citación de venta (art. 503).

* Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio (art. 505)

* Antes de resolver el juez debe correr traslado por el plazo de cinco días al ejecutante (art. 506).

Apertura a prueba: si bien excepcional, puede disponerse cuando:

* se opone la excepción de falsedad de ejecutoria y resulta necesario complementar las constancias del juicio mediante otros elementos probatorios (ej. pericia).

* lo pide el ejecutante con el objeto de destruir el valor probatorio de los documentos acompañados por el deudor.

En tales supuestos el plazo de prueba debe fijarse con arreglo a lo establecido para el juicio ejecutivo (art. 547).

Resolución (506): Vencidos los cinco días sin que se dedujere oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno.

Si se hubiese deducido oposición, el juez, previo traslado al ejecutante por cinco días, mandará continuar la ejecución, o si declarare procedente la excepción opuesta, levantará el embargo .

Recursos (507): La resolución que desestime las excepciones será apelable con efecto devolutivo, siempre que el ejecutante diere fianza o caución suficiente. Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia se concederán en efecto diferido.

Cumplimiento (art. 508 C.P.C.C.): Consentida o ejecutoriada la resolución que manda llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.

– Sentencia que condena a hacer (art. 511, concordante con los artículos 505, 625, 626 y sigs. del Código Civil)

En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del acreedor.

Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el artículo 37.

La obligación se resolverá también en la forma que establece este artículo cuando no fuere posible el cumplimiento por el deudor.

La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez por las normas de los artículos 501 y 502, o por juicio sumario, según aquel lo establezca. La resolución será irrecurrible.

Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inejecución.

– Sentencia que condena a no hacer (art. 512 concordante con el art. 632, 633 y sigs. del Código Civil).

Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnice los daños y perjuicios, conforme lo prescripto en el artículo anterior.

– Sentencia que condena a entregar cosas (art. 513 concordante con el art. 574 del Código Civil).

Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librará mandamiento para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que se refiere el artículo 504, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo juez por las normas de los artículos 501 y 502, o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

V.La emergencia económica y la ejecución de sentencias contra el estado

1. Concepto de emergencia:

La emergencia puede ser descripta como aquella situación cierta de grave peligro o riesgo para la comunidad que, a fin de ser conjurada, exige la adopción temporaria de necesarias medidas limitativas de derechos, a efectos de atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico, institucional y la sociedad en su conjunto (55).

En términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “… Se trata de una situación extraordinaria, que gravita sobre el orden económico social, con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, que origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin” (“Peralta” Fallos 313:1513).

Toda emergencia supone una profunda crisis, un trastorno de proporciones, una situación de riesgo colectivo, que al exigir restricciones o limitaciones de derechos, resulta naturalmente resistida por los afectados. Empero, frente a una real situación de emergencia no puede afirmarse que la eficacia plena de tales derechos individuales o sociales esté garantizada, sino que, precisamente, tales limitaciones se adoptan, en definitiva, para asegurarlos.

En tal sentido, ha expresado el Alto Tribunal Nacional en la ya citada causa “Peralta”: 56°) “… no hay violación del artículo 17 citado cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradojalmente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados que corrían el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico-financiero”.

2. Requisitos:

En tanto excepcional, la existencia del derecho de emergencia en el Estado de derecho exige la acreditación de una situación de grave riesgo social, como así también la observancia de diversos límites en las medidas adoptadas para superarla: que estén enderezadas al bien común; que no importen alterar la sustancia o esencia del derecho objeto de limitación, que sean razonables y temporarias.

La C.S.J.N. en el conocido caso “Peralta”, recordando las exigencias establecidas por el chief justice Hughes en el caso “Home Building v. Blaisdell”, tuvo oportunidad de detallar, una vez más, los requisitos que justifican el dictado de una legislación de emergencia:

Es necesario:

i) Que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad.

ii) Que la ley tenga como finalidad legítima, la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos.

iii) Que las medidas sean razonables, acordando un alivio justificado por las circunstancias;

iv) Que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que las hicieron necesarias.

Abordemos, sintéticamente, cada uno de estos requisitos:

i) Situación de emergencia. ii) Protección de los intereses generales de la sociedad: El Alto Tribunal Nacional, al respecto expresó que: “… estas situaciones derivan de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios, y que tienen una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también extraordinarios: a veces, son acontecimientos de carácter físico, como un terremoto, una grave epidemia, etc; a veces, de índole económica, como las que han determinado en nuestro país —y en la generalidad de los países extranjeros— legislaciones especiales, de efectos restrictivos para el derecho de propiedad consagrado por la Constitución: así las leyes de moratoria hipotecaria y de prórroga de los arrendamientos, declaradas constitucionales tanto por esta Corte (Fallos 136:161; 172:21, entre otros), cuanto por la de los Estados Unidos (256 U.S. 134; 256 US 170), con fundamentos análogos dada la similitud de los textos de sus leyes fundamentales: “La suprema Corte —dice el ex Chief Justice Hughes— ha reconocido que las asambleas legislativas pueden hacer frente a las situaciones extraordinarias por una acción que ordinariamente podría llevar más allá de su autoridad constitucional. Esta perspectiva no está limitada a las exigencias militares en el teatro de la guerra o a las necesidades extraordinarias provocadas por alguna gran calamidad pública. Situaciones menos graves, pero también extraordinarias y urgentes, pueden justificar disposiciones transitorias…”

Aunque la emergencia no puede crear un poder que nunca existió, ella puede proporcionar una razón para el ejercicio de poderes existentes y ya gozados… La emergencia no autoriza, en efecto, el ejercicio por el gobierno de poderes que la Constitución no le acuerda, pero sí justifica, con respecto a los poderes concedidos, un ejercicio pleno y a menudo diverso del ordinario, en consideración a las circunstancias excepcionales que constituyen la emergencia. Esta flexibilidad y amplitud en el ejercicio de los poderes, es de la esencia de todo gobierno, obligado constantemente a afrontar situaciones cambiantes y diversas, que requieren con frecuencia disposiciones urgentes y de distinta magnitud…” (56).

También ha expresado en la ya aludida causa “Peralta”: “35)… Que la constitución de la unión nacional implica también la de asegurar su continuidad y supervivencia. Este es un principio que proporcionará una guía segura y perdurable. Cuando los sucesos que conmuevan a la vida de la sociedad amenacen llevarla a la anomia y la inviabilidad de la vida política organizada, como puede ser hoy el resultado del descalabro económico generalizado, del mismo modo que ayer lo fue la discordia entre las Provincias, allí deben actuar los Poderes del Estado para evitar que se malogren aquellos esfuerzos, dilatados y penosos, retrotrayendo al país a estadios superados de fragmentación, desorden, falta de un imperio extendido del derecho. “47)… el derecho de “emergencia” no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella: se distingue por el acento puesto, según las circunstancias lo permitan y aconsejen, en el interés del individuo o grupos de individuos o en el interés de la sociedad toda. Arribar a la unión nacional no fue tarea fácil, como no lo fue establecer la Constitución (Fallos 191:388). Junto a derechos cuyo goce la Constitución establece para todos los habitantes, ella agrega que tal goce se hará conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 14), sin desnaturalizar a aquellas (art. 28), y se refiere a la unión nacional, a la forma de gobierno y a la organización de los poderes, y se proyecta para nuestra posteridad, es decir, que erige una organización nacional cuya vitalidad es tan esencial como aquellos derechos particulares, como que en ella descansa la efectiva seguridad de éstos. Es por esto que el bienestar que tiene en miras es el bienestar general, entendido como marco y no como negación del particular. Hay pues en la Constitución Nacional contenidos derechos y proyectos de alcance diferente. La cuestión es, para los jueces, determinar la legitimidad de la extensión que se les haya concedido en cada caso. El problema, pues, no se circunscribe al análisis del ejercicio del poder de policía, sino que reside en un juicio axiológico en el que están involucrados principios constitucionales diversos y que debe resolverse atendiendo a las circunstancias de la causa”.

iii) Razonabilidad de las medidas de emergencia: Siguiendo las enseñanzas del doctor Marienhoff, es dable señalar que la razonabilidad consiste en la adecuación de los medios utilizados por el legislador a la obtención de los fines que determina la medida, a efectos de que tales medios no aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir, no proporcionados a las circunstancias que los motivan y a los fines que se procura alcanzar con ellos. En tal sentido se expide la jurisprudencia y también la doctrina. Trátase pues, de una correspondencia entre los medios propuestos y los fines que a través de ellos deben alcanzarse. Establecer, pues, si en un caso dado se observó o no el principio de razonabilidad constituye una cuestión de hecho, para cuya solución puede ser decisiva la dignidad del razonamiento utilizado, la ecuanimidad de quien emita el fallo valorativo. Todo ello envuelve una cuestión de sensatez, de acertada visión de la vida. De ahí que se haya dicho que la estimación de razonabilidad es una cuestión opinable (57).

Respecto de los criterios que existen para examinar la razonabilidad de las leyes y actos administrativos que restringen el ejercicio de derechos constitucionales, la doctora Gelli (58) enuncia: “Un nivel mínimo y clásico de control de razonabilidad evalúa la relación entre los fines de las disposiciones y los medios elegidos para alcanzarlos; avanzando en el control, la proporcionalidad exige mensurar si la restricción, aunque adecuada para lograr el objetivo perseguido por las normas jurídicas, se excede en cuanto a la limitación del derecho afectado; a través del análisis de los costos y beneficios que produce la norma para los derechos y para el interés público, el control se acerca al de conveniencia u oportunidad de las medidas de limitación de derechos, criterio que, en principio, desestima la Corte Suprema para no interferir con las atribuciones propias de los otros poderes del Estado…”

Por su parte, el Alto Tribunal Nacional ha tenido oportunidad de sostener, en cuanto a la razonabilidad de las medidas de emergencia, que: “Nuestra constitución no reconoce derechos absolutos de propiedad y libertad; el ejercicio de las industrias y actividades de los particulares puede ser reglamentado en la proporción que lo requiera la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral, el bienestar general y aún el interés económico de la comunidad; la medida de la reglamentación de los derechos debe buscarse, por un lado, en la necesidad de respetar su sustancia, y por otra parte, en la adecuación de las restricciones que se les imponga, a las necesidades y fines públicos que los justifican, de manera que no aparezcan como infundadas o arbitrarias sino que sean razonables, esto es, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procura alcanzar con ellas. El carácter excepcional de los momentos de perturbación social y económica, y de otras situaciones semejantes de emergencia y la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, autorizan el ejercicio del poder de policía del Estado, en forma más enérgica que la que admiten los períodos de sosiego y normalidad. Para aquellos supuestos esta Corte ha aceptado una injerencia mayor en el régimen de los derechos del propietario, traducida en la reducción de intereses y arrendamientos, en la prórroga de los contratos de alquiler y de mutuo. Se agregó entonces, solamente, a la exigencia común de que se trate de medidas razonables y justas, la de que se les tome con carácter temporal, como lo es la emergencia cuyos efectos están destinados a atemperar. Cumplidos estos requisitos el detrimento económico que ellas ocasionan no es obstáculo a su validez. Por aplicación de la doctrina que sustentan los precedentes considerados se concluye sin esfuerzo que la limitación legal y temporaria a los precios, destinada a hacer frente a la crisis producida por la guerra, es en principio, constitucionalmente válida (59).

Para negar el control, por parte del Poder Judicial, de la oportunidad o conveniencia de las medidas adoptadas, el Tribunal tradicionalmente ha sostenido que: “… Tampoco corresponde a los jueces apreciar si son o no eficaces los medios que emplea el legislador para remediar la necesidad pública que determina la emergencia, pues la elección de esos medios corresponde natural y ordinariamente a los poderes de gobierno y no está supeditada a la aprobación de los jueces (60)“. “… Las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial (Fallos 98:20; 147:403; 150:89; 160:247; 238:60; 247:121; 251:21; 275:218; 295:814; 301:341; 302:457; 303:1029; 308:2246: 312:1252, entre muchos otros).

Por otro lado, todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de la revisión judicial. Ello no obsta a que se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de las leyes y de los actos administrativos (Fallos 112:63; 150:89; 181:264; 261:409; 264:416; 318:445); por ende, una vez constatada la iniquidad manifiesta de una norma (Fallos 171:348: 199:483; 247:121; 312:826) o de un acto de la Administración (Fallos 292:456; 305:102; 306;126 y 400), corresponde declarar su inconstitucionalidad”(61).

En este último sentido cabe destacar el caso “Consumidores Argentinos”(62) en el cual el Alto Tribunal Federal, con motivo del dictado de un decreto de necesidad y urgencia, estableció que el Control Judicial no sólo alcanza la verificación de los requisitos aludidos, sino que —dados éstos— puede verificar la compatibilidad sustancial de los decretos con la Constitución Nacional.

iv) Temporalidad de la emergencia:

La “emergencia” sólo se concibe para lapsos breves, que trasuntan una anormal situación aguda (63).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a la extensión temporal de la emergencia, ha sostenido, con criterio amplio, que: “Es verdad que esta legislación está vigente en el país desde hace demasiados años. Pero la “temporariedad” que caracteriza a la emergencia, como que resulta de las circunstancias mismas, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de años o de meses. Todo lo que cabe afirmar razonablemente es que la emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado. Tampoco corresponde a los jueces apreciar si son o no eficaces los medios que emplea el legislador para remediar la necesidad pública que determina la emergencia, pues la elección de esos medios corresponde natural y ordinariamente a los poderes de gobierno y no está supeditada a la aprobación de los jueces (64).

En el mismo sentido, el Alto Tribunal ha sostenido: “Que haber omitido establecer el plazo de duración de la medida no constituye un elemento descalificante de la validez de la norma, pues es sabido —y lo ha reconocido este Tribunal ya en Fallos 243:449— que es difícil prever la evolución de la crisis de la economía y su prolongación en el tiempo (confr. Fallos 313:1513) (65).

3.-Medidas de emergencia que han afectado o afectan la ejecución de sentencias contra el Estado:

Efectuada la reseña sobre los distintos requisitos, cabe precisar las diversas medidas adoptadas, al amparo de la doctrina de la emergencia económica, en materia de ejecución de sentencias contra el Estado.

a) Suspensión de procesos contra el Estado: ley 10.162 (66), 11.174 (67).

b) Suspensión de procesos de ejecución de sentencias contra el Estado: ley 10.162 (68), 10.867 (69), 11.174 (70), 12.424 (71), 12.727 (72).

c) Carácter declarativo de las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero: 8827 (73), 10.235 (74).

d) Consolidación de deudas: Ley 11.192 (Provincial y Municipal); 11.752 (Municipal); 11.756 (Municipal); 12.532 (Municipal); 12.774 (Municipal); 12.836, modificada por ley 13.436 y 13.929 (Provincial); 13.137 (Municipal).

Ciertamente, éste último acápite es el que despierta mayor interés.

4. Principales características de los regímenes de consolidación de pasivos estatales (75) :

a) La leyes nacionales 23.982, 25.344 y 25.725. Ley provincial 11.192.

i) El orden público de la mentada normativa (arts. 16 ley 23.982; 20 ley 11.192), conlleva su aplicación inexcusable e inmediata, su prevalencia respecto de cualquier otra legislación y la imposibilidad de apartarse de ella cuando se trata de deudas pasibles de ser consolidadas, aún cuando las partes no las hubieran invocado (76).

ii) La consolidación implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos en el artículo 2 pudieren provocar o haber provocado. En lo sucesivo sólo subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación. Asimismo, la cancelación de obligaciones con cualquiera de los bonos de consolidación creados en la presente ley extinguirá definitivamente la misma (art. 17 ley 23.982; art. 16 ley 11.192).

iii) Quedan consolidadas las obligaciones vencidas o de causa o título anterior a la fecha de corte en cada caso establecida, que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos:

* Cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme las leyes vigentes acerca de los hechos o del derecho aplicable.

* Cuando el crédito o derecho reclamado judicial o administrativamente haya sido alcanzado por suspensiones dispuestas por leyes o decretos dictados con fundamento en los poderes de emergencia del Estado hasta el 1º de abril de 1991 y su atención no haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios.

* Cuando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial, aunque no hubiere existido controversia, o ésta cesare o hubiere cesado por un acto administrativo firme, un laudo arbitral o una transacción.

* Cuando se trate de obligaciones accesorias a una obligación consolidada.

* Cuando el Estado hubiera reconocido el crédito y hubiera propuesto una transacción en los términos del inciso a).

Las obligaciones mencionadas sólo quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o judicial.

iv) Quedan excluidas: i) las obligaciones que correspondan a deudas corrientes, aun cuando se encuentren en mora, excepto las comprendidas en alguno de los incisos anteriores y las de naturaleza previsional; ii) el acreedor cuyos créditos queden sometidos al régimen de la presente ley podrá liberarse de sus deudas respecto a los profesionales que hubieren representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas correspondientes y respecto a los peritos en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de esta ley, respetándose en su caso, la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo; iii) también quedan excluidos del régimen de la presente ley el pago de las indemnizaciones por expropiación por causas de utilidad pública o por desposesión ilegítima de bienes, así declarada judicialmente con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

v) En la práctica importa una espera con reducción de intereses (77), (78), ya sea que se opte por el cobro del crédito en efectivo (79) o en bonos de consolidación (80)(arts. 6, 7, 10 y 12 leyes 23.982 y 11.192).

b) La falta de ajuste, en perjuicio de los acreedores, de la ley de consolidación 12.836

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos oportunidades, se ha pronunciando descalificando el régimen de consolidación establecido por la ley 12.836, aún luego de las reformas introducidas por la ley 13.436.

i) En efecto, al conocer en la causa “Vergnano de Rodriguez” (81) (Fallos 327:4668 — 2004), sostuvo que la legislación local se apartaba del marco federal que le sirve de referencia en varios aspectos: i) fecha de corte (en vez de fijarla en el 1°-I-2000 la estableció en el 30-XI-2001); ii) la cancelación de las obligaciones, exclusivamente, mediante la entrega de títulos públicos (la normativa federal preveía la opción por pesos); iii) el límite para la emisión de bonos (hasta un importe equivalente al quince por ciento del cálculo de recursos de la Administración Central vigente al momento de emitirlos), sin explicar en qué situación quedarían las deudas restantes si eventualmente superaran ese porcentaje.

Tras el citado pronunciamiento, la Provincia dictó la ley 13.436 (82) poniendo de manifiesto que, con ello, superaba las observaciones formuladas por el cimero Tribunal Federal.

ii) En un nuevo pronunciamiento (causa “Mochi” (83) Fallos 331:352 — 2008), la Corte Federal volvió a descalificar la norma local —aún tras la reforma referida— por cuanto continuaba estableciendo condiciones más gravosas para los acreedores que las previstas en el régimen nacional.

Señaló al respecto que i) el régimen local no establece, para las obligaciones que se cancelen en efectivo, el límite de dieciséis años contados a partir de la fecha de corte previsto en la legislación nacional (art. 14 ley 25.344 y 10 del Decreto reglamentario 1116/00), por lo cual, si eventualmente los recursos existentes no resultaren suficientes, podría extenderse más allá del término allí previsto, contrariando la prohibición del artículo 19 de la ley 23.982; ii) que la legislación local extiende más allá de lo permitido el comienzo del pago de la primera cuota de amortización de capital e intereses de los títulos públicos, en tanto el plazo para el pago de tales servicios se computa a partir de la fecha de emisión que ésta fija en el 30 de noviembre de 2001, mientras la regulación nacional lo hace en el 1º de enero de 2000 (art. 4º inc. d] del Decreto provincial 1578/02 y art. 24 inc. a] del Decreto Nacional 1116/00), lo que importa una demora de casi dos años en el comienzo de la percepción de la amortización de capital e intereses y iii) que si bien el artículo 11 de la ley 13.436 modificó el artículo 18 de la ley 12.836 en cuanto eliminó el límite del quince por ciento (15%) del cálculo de los recursos de la Administración central vigente al momento de emitir los títulos, la reglamentación mantiene dicho tope (art. 4 inc. f] del Decreto 1578/02 y arts. 18 y 19 del Decreto 577/06).

En tales condiciones, en la ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 (ley 13.929) se incorporaron una serie de artículos tendientes a superar las observaciones formuladas por la Corte Nacional (84). Por su parte, el Gobernador de la Provincia, mediante Decreto 201/10 (BOP del 26-V-2010) hizo lo propio (85).

iii) Con todo, recientemente, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, aún con las modificaciones precedentemente enunciadas, declaró la inconstitucionalidad del aludido régimen, al considerar que continuaba siendo más gravoso que el régimen federal (básicamente, por exceder el plazo máximo previsto por la legislación federal para la amortización total de las deudas) (86).

5. Apuntes sobre la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las leyes de consolidación

i) En principio, son constitucionales, en tanto se encuentren configuradas los requisitos de toda emergencia (87).

ii) El carácter infrafederal de las regulaciones:

* Se impone sobre cláusulas constitucionales locales que atribuyen a los jueces mandar a cumplir directamente sus sentencias ante el incumplimiento de la autoridad administrativa (“Martínez y de la Fuente”(88) (Fallos 316:3146 – 1993).

* La adhesión de la Provincia al régimen nacional, habilita excepcionalmente a que la normativa local regule aspectos de la relación entre acreedor y deudor, que resultan de exclusivo resorte del Congreso Nacional (arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional; “Delbés, Cecilia (89)” (Fallos 327:5416 – 2004)

* Las normativas locales no pueden introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las previstas en el régimen que les sirve de base (art. 19 ley 23.982; “Vergnano de Rodríguez” Fallos 327:4668 – 2004, “Mochi” Fallos 331:352 – 2008; “Cavada”, Fallos 333:1218 —2010—).

iii) Excepciones (inaplicabilidad del régimen) fundadas en la avanzada edad o estado de salud del accionante u otras razones atendibles: No obstante que, como quedara expuesto líneas arriba, los regímenes de consolidación nacionales han superado el test de constitucionalidad formulado por la Corte Federal, el mismo tribunal ha admitido que pueda declararse “inaplicable” o lo que es lo mismo, que resulta “inconstitucional” en el caso, ya sea total o parcialmente, bien que ante circunstancias excepcionales.

En tal sentido pueden consultarse, como casos representativos, “Iachemet (90)“, sent. del 29-IV-1993 (Fallos 316:779); “Escobar (91)“, sent. del 24-VIII-1995 ( Fallos 318:1593) y “Gutierrez (92)“, sent. del 13-VIII-1998 (Fallos 321:1984).

Dicha línea pretoriana, originada bajo la vigencia de la ley 23.982, fue tenida en cuenta por el legislador nacional al sancionar el nuevo régimen de consolidación ley 25.344, al establecer en el artículo 18 que ” … El Poder Ejecutivo en la reglamentación establecerá un límite mínimo de edad a partir del cual se podrá excluir de la consolidación que se establece por la presente, a titulares de créditos previsionales derivados del régimen general. Asimismo, se podrá disponer la exclusión cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario”.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado igual temperamento (causas B-60.574 “Gurquel (93)“, sent. del 11-VII-2007; B-61.878 “Palange”, sent. del 12-XII-2007; B-61.965 “Del Carmen”, sent. del 14-XII-2007; B-6.0019 “Salvatori”, sent. del 9-IV-2008, entre otras).

VI.Conclusiones

1. Una consecuencia necesaria del Estado de Derecho es que la Administración está obligada al cumplimiento de los mandatos judiciales condenatorios. Ante su reticencia, los órganos jurisdiccionales deben efectivizar, actuar, concretar sus decisorios a través de la ejecución de sus sentencias.

2. Si la ejecución de un mandato judicial supusiere un serio compromiso al interés público, la Administración deberá hacerlo saber al órgano jurisdiccional mediante una presentación circunstanciada que objetivice tal afectación, proponiendo alternativas —suspensivas o sustitutivas—. Previa sustanciación, el juez, tras una cuidadosa evaluación, resolverá si corresponde hacer lugar o no al pedimento.

3. El procedimiento establecido en el ámbito federal para la ejecución de sentencias condenatorias a dar sumas de dinero —para épocas de normalidad y sosiego— es susceptible de críticas por las demoras que conlleva la efectivización del mandato judicial.

De una parte, no se advierten las razones por las cuales no se habilita al Poder Ejecutivo a autorizar las erogaciones en el Presupuesto en curso, dando cuenta al Congreso, como estuvo previsto durante el régimen del Decreto Ley 23.354, cuanto más ante los superavits de los últimos ejercicios fiscales.

De la otra, la habilitación legal a diferir el cumplimiento de las sentencias a ulteriores ejercicios, ante el agotamiento de los fondos asignados a ese fin en el presupuesto en ejecución, en las actuales condiciones, es una medida pasible de cuestionamiento constitucional, por irrazonable (art. 28).

Por fin, la omisión, demora o negligencia en la inclusión del crédito en el proyecto de presupuesto correspondiente, debidamente acreditada, debería traer aparejada la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución de sentencias previsto en el C.P.C.C.

4. La lucidez y anticipación de los constituyentes de 1889 en esta temática superó todo obstáculo a la ejecución de sentencias en materia contencioso-administrativa en la Provincia de Buenos Aires.

5. La regulación procesal proyectada por el Dr. Luis Varela, consagrada en el C.P.C.A. ley 2961, guardó sintonía fina con el mandato constitucional, contemplando minuciosamente los diversos aspectos de la problemática, enderezándolos a asegurar la concreción de las mandas judiciales.

6. El nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, ley 12.008 y modificatorias, aunque más parco, regula con suficiencia el instituto bajo análisis. Indudablemente la experiencia de la anterior codificación resultará guía segura y provechosa para los operadores del novel ordenamiento.

7. En cuanto a la doctrina de la emergencia en general, la crítica no puede formularse respecto de su existencia, sino en su utilización abusiva. Un control jurisdiccional estricto respecto de cada uno de sus requisitos de configuración, pondría las cosas en su punto justo. En tal sentido pareciera orientarse la jurisprudencia de la C.S.J.N. y de la S.C.J.B.A.

8. En cuanto a las normas de consolidación de pasivos estatales en particular, si bien su constitucionalidad ha sido validada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también el Alto Tribunal ha sabido elaborar pautas para “inaplicarlas” en consideración a las excepcionales circunstancias del caso (longevidad, grave estado de salud, discapacidad, etc.). Tal criterio también ha sido seguido por la Suprema Corte Provincial.

Por otra parte, cabe no perder de vista los límites impuestos a las regulaciones provinciales por la normativa federal que le sirve de base; la incorporación de cláusulas que importen condiciones más gravosas para los acreedores están condenadas a su descalificación.

1°-XI-2011

(1) MARTINEZ, Oscar José “Ejecución de sentencias contra el Estado. La cuestión en la Provincia de Buenos Aires. Análisis de su ley 10.235”, ED-118 pág. 702.

(2) GONZALEZ PEREZ, Jesús. Derecho Procesal Administrativo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957, Tomo II, pág. 773 y sigs.

(3) Vgr. C.S.J.N. “Mendoza, Beatriz”; “Vertbisky”, “Badaro”, entre otros.

(4) Cierto que parcialmente, pues el proceso se completará treinta y dos años después, al sancionarse la ley 11.634 que desechará tal exigencia frente a las acciones que se intenten contra el Estado cuando hubiere actuado como autoridad pública.

(5) Ley 3952 (1900), artículo 7º: “Las decisiones que se pronuncien en estos juicios, cuando sean condenatorios contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda”.

(6) Corresponde al Congreso: … 7º: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, ello en línea con el criterio expuesto por la Corte Suprema de la Nación, al decidir la causa “Gómez, Juan Carlos c/ Nación”. En efecto, en aquel precedente sostuvo el Alto Tribunal Nacional: “Del sentido que la C.S.J.N. ha dado… no se sigue que los acreedores de la Nación carezcan de los medios para hacer valer sus derechos, pudiendo ocurrir al Congreso, que por el inciso sexto del artículo 67 está facultado para arreglar el pago de la deuda pública y en cuya imparcialidad, ilustración y justicia hallarán sus legítimos intereses la misma protección y garantías que en los Tribunales de la Nación. Fallos T. 2 p. 36 (1865).

(7) Roselli, Eliseo” (1934) Fallos 171:431: “Que este Tribunal en numerosos pronunciamientos ha sintetizado su doctrina así: siendo las provincias personas jurídicas de existencia necesaria no pueden ser privadas de los elementos indispensables de que depende su vida y su desarrollo político y económico (Tº 156, pág. 218; Tº 131:267; Tº 125:267; Tº 125:212; Tº 98:224 y doctrina del fallo Tº 124:379). “Que la ley 3952, muy posterior a la vigencia del Código Civil, ha establecido otra excepción, pero únicamente a favor del gobierno federal, al disponer que las decisiones que pronuncien los jueces no tendrán carácter sino meramente declarativo (ley del 6-X-1900). Esta excepción sienta un principio que coincide con la doctrina francesa (…). Esta doctrina sostiene que ningún poder que no sea el legislativo puede disponer sobre la forma, tiempo y orden en que deben ser pagadas las deudas del Estado o del municipio; que es el poder único, por la naturaleza propia de su misión y por el alcance de sus facultades, que está en condiciones de ordenar las finanzas públicas dentro de un plan de conjunto que contemple los múltiples intereses que se ponen en juego y las posibilidades de que se puede disponer. El interés primordial del buen servicio público, el derecho, más o menos amplio, del acreedor particular respecto del Estado y respecto de los demás acreedores, los recursos que es posible obtener, según las circunstancias de cada caso, para solventar las deudas, son temas diversos que han de estudiarse separada y conjuntamente, para que las resoluciones o providencias que se dicten no tengan el efecto de perturbar la buena ordenación de las finanzas del Estado, o de perjudicar el servicio público, o de menoscabar o anular un interés tan legítimo como el que se tratara de satisfacer. Son temas propios de los cuerpos deliberativos que proceden con amplia discreción y con un conocimiento integral de los asuntos, mientras que el Poder Judicial, ajeno a estas preocupaciones y procediendo siempre bajo el imperio de preceptos rígidos que no le permiten mirar sino el interés del acreedor a cuya instancia expide las órdenes de embargo, puede incurrir en errores o excesos que sean altamente perjudiciales al interés público o al de los demás acreedores. En este orden de ideas, la doctrina ha llegado hasta declarar inembargables los bienes del dominio privado del estado, porque esos bienes producen rentas y esas rentas forman parte de los recursos de que el estado puede disponer para hacer los servicios públicos”

(8) Nación Argentina c/ Bianchi (1940) Fallos 186:151: “Que en diversos casos, si bien no de expropiación, esta corte ha admitido la validez del artículo 7º de la ley 3952, y ha resuelto que no corresponde dictar emplazamiento contra la nación, ante los preceptos de la constitución que atribuyen al Poder Legislativo, y sólo a ese poder, la facultad de crear recursos imponiendo las contribuciones que se expresan en el artículo 4, la de arreglar el pago de las deudas del Estado y determinar, en general, el destino de las rentas que aquellos produzcan. Que esa razón, así como las que podrían fundarse en la buena marcha de los poderes públicos y en la independencia que ellos necesitan en el ejercicio de sus funciones, pierden toda su fuerza en los casos de expropiación de bienes, en los que, como ocurre en el presente, el congreso determina los recursos con los cuales deberá pagarse la indemnización correspondiente. Ningún principio constitucional se opone a que, en tales casos, la sentencia que establezca la compensación pueda hacerse efectiva sobre los fondos destinados por el congreso para el pago de la indemnización correspondiente.El principio constitucional según el cual la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada, no está modificado sino ratificado por el Código Civil y por la ley 189 que, si bien autoriza la ocupación provisional en los casos de urgencia, dispone lo necesario para que el dueño obtenga rápida, segura y cumplida indemnización.Nación Argentina c/ Olivera” (1958) Fallos 241:382: La regla del art. 7 de la ley 3952, según la cual los pronunciamientos condenatorios contra la Nación tienen carácter meramente declarativo, no impide la ejecución de las sentencias dictadas en juicio de expropiación. La garantía constitucional del derecho de propiedad quedaría desvirtuada si, mediando desapoderamiento del propietario en los casos de urgencia admitidos por la ley, la oportunidad del pago de la indemnización fijada judicialmente quedara librada a la determinación del expropiador. “… la disposición legal en virtud de la cual las sentencias dictadas contra la Nación tienen efecto declaratorio, es inaplicable a los casos de expropiación en los que el Congreso determina los recursos con los cuales deberá pagarse la indemnización correspondiente, y el dueño que ha sido provisoriamente despojado tiene el derecho de pedir el mandamiento una vez que la justicia haya fijado definitivamente el monto de la indemnización”.

(9) S.A. La Editorial c/ Nación Argentina” (1960) Fallos 247:190 — (interdicto de despojo):”…Si está firme la sentencia que hizo lugar al interdicto de recobrar la posesión deducido contra la Nación, declarando que media en el caso un acto estatal de despojo con desconocimiento del derecho de propiedad lato sensu que el particular inviste, sostener que la resolución que decide irrevisiblemente la existencia de ese acto y ordena su cesación es sólo declaratoria y no exigible contra el Estado Nacional, significa tanto como entender que el art. 7° de la ley 3952 en situaciones como la del caso autoriza la frustración de la garantía constitucional aludida, en cuanto posibilita el mantenimiento discrecional y temporalmente ilimitado de un estado de cosas que la agravia.””La regla según la cual no cabe asignar al artículo 7º de la ley 3952 un alcance que desvirtúe normas constitucionales, como la relativa a la indemnización previa en las expropiaciones, debe considerarse extensiva a los casos en que la aplicación de aquel precepto produzca o pueda producir el efecto de frustrar la garantía de la propiedad, a lo menos mientras no se hallen comprometidos los principios en que se funda aquel privilegio estatal.”Figueroa c/ Univ. Bs. As.” (1962) Fallos 253:312: “…Por aplicación del art. 7° de la ley 3952 no corresponde fijar plazo para el desalojo de un inmueble donde funcionan institutos de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ello no importa desconocimiento de los derechos individuales, particularmente del de propiedad pues, a los efectos del cumplimiento de la sentencia que ordena el desalojo, deben disponerse las medidas pertinentes por la misma autoridad universitaria, con toda la diligencia que permita la preservación de las tareas que se cumplen en el inmueble arrendado. Todo ello sin perjuicio de ulterior intervención judicial, en el supuesto de una irrazonable dilación para el adecuado acatamiento del fallo.”Lescano c/ Nac. Arg.” (1962) Fallos 253:439: “… La Corte, luego de sostener que el precepto del artículo 7º de la ley 3952 encuentra su fundamento en las cláusulas constitucionales que acuerda al poder legislativo la facultad de crear recursos y de determinar el destino de las rentas públicas y en las exigencias de la buena marcha de los poderes y su independencia en el ejercicio de sus funciones poderes, declaró que “… ello no importa el desconocimiento de los derechos emergentes de la sentencia, sino señalar que para su cumplimiento deben disponerse las medidas correspondientes por la misma autoridad administrativa, con toda la diligencia que permita la preservación de las tareas que se cumplen en el inmueble arrendado” y agregó que “… no se descarta la pertinencia de toda intervención judicial en el caso de una irrazonable dilación, en la causa, para el adecuado acatamiento del fallo”.Es procedente la aplicación de lo dispuesto por el art. 7° de la ley 3952 cuando, tratándose del desalojo de un inmueble ocupado como locataria por la Secretaría de Agricultura de la Nación, la ejecución inmediata de la sentencia de desahucio provocaría la suspensión de las actividades que se realizan en el citado inmueble. Ello no importa el desconocimiento final de los derechos individuales invocados.

(10) Novaro de Lanús, Noemí y otro c/ Nación Argentina” (1965) Fallos 263:554: “…Que en lo concerniente a la aplicación de lo que dispone el artículo 7° de la ley 3952 en los juicios de desalojo contra el Estado Nacional, respecto de los locales que ocupan sus organismos de la administración central con fines de funciones estatales específicas —tal como ocurre en la especie con la Escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, que funciona en el inmueble de la actora, ubicado en la calle Cerrito 1350/62 de esta Capital— esta Corte tiene reiteradamente declarado que procede el reconocimiento del carácter declarativo de los pronunciamientos judiciales en tales supuestos —Fallos 253:312; 259:337; … Que, por otra parte, este Tribunal ha puntualizado que el carácter declarativo de las sentencias recaídas en los juicios de desalojo contra el Estado Nacional requiere, para su cumplimiento, que deban disponerse las medidas conducentes a tal fin, emanadas de la misma autoridad demandada, con toda la diligencia necesaria para ello, en tanto así lo permita la preservación de las tareas que se cumplan en el inmueble arrendado … aunque el fallo contenga un término para la desocupación, como ocurre en autos, el aludido carácter declarativo de tales pronunciamientos judiciales impide requerir, al vencimiento de aquel, la entrega del inmueble dado en arriendo, so color de la razonabilidad del plazo arrendado… Si bien es cierto que esta Corte ha admitido una posible intervención judicial ulterior a la sentencia de la causa para los supuestos de una irrazonable dilación en el acatamiento del fallo, no obstante el carácter declarativo de las sentencias que se analizan —ver Fallos 253:312, entre otros—, también lo es que ha precisado que tal intervención judicial no es posible sin un previo debate formal sobre el punto que, por lo demás, no está sólo limitado al mero curso del tiempo… De donde se sigue que tampoco es pertinente la intimación al Estado Nacional, en la forma que lo ha sido en los presentes autos a fs. 178 y que el a quo confirmó a fs. 188/196, para que manifieste en el término de 20 días la fecha de desocupación, bajo apercibimiento de ser fijada en los autos de oficio, si así no se hiciere. Porque de este modo se desconoce el carácter declarativo del pronunciamiento y se desvirtúa el fundamento que los precedentes de este Tribunal al reconocido al artículo 7° de la ley 3952…” (del voto de la mayoría). Cabe destacar que, en disidencia, se pronunciaron los Dres. Aberastuy y Zabala Rodríguez, adoptando una postura que poco tiempo después, como veremos, será asumida por la mayoría del Alto Tribunal Federal.De una parte, el Dr. Pedro Aberastury sostenía: “… Que no se trata de dilucidar, en consecuencia, si las sentencias de desalojo dictadas contra la Nación tienen solamente efecto declarativo en los términos del artículo 7° de la ley 3952, ni aún, si no es dado afectar la de fs. 113/4 por esa limitación en punto a ejecutabilidad, por razón del plazo dado para el desalojo y su consentimiento por el representante estatal… De lo que se trata es de si la sentencia de fs. 188/196 conduce a preparar la intervención judicial prevista para los casos de irrazonable dilación en el adecuado acatamiento del fallo, en los términos, esta vez, de la doctrina de esta Corte de Fallos 253:312, considerando 6°. Que la intervención judicial, en estos casos, no es incompatible con el artículo 7° de la ley 3952; ello surge del precedente mencionado. Y frente a una sentencia firme de desalojo, fechada el 28-IX-61, no es dado considerar que sea impertinente dilucidar si ocurre el caso previsto en Fallos 253:312, para la debida intervención judicial en orden al acatamiento del fallo dictado. Por lo demás, la sentencia apelada, que otorga a la autoridad administrativa la oportunidad de exponer sus consideraciones sobre una situación que ha debido contemplar desde que fue condenada a devolver la finca hace más de cuatro años, no prejuzga sobre el plazo que deberá fijarse, ni interfiere los recursos judiciales que puedan interponerse y por de pronto otros medios legales para asegurar la continuidad del servicio. Sólo se trata de armonizar los altos intereses públicos y los derechos individuales comprometidos en el presente juicio, a tenor de Fallos 253:312…” Por su parte, el Dr. Carlos Juan Zabala Rodríguez señalaba “…Que esta demanda de desalojo, con un contrato de locación de fecha 22 de julio de 1942 por el término de tres años con opción a dos más, ya vencido, se inicia el 7 de septiembre de 1959, es decir, hace seis años, y cuando el Estado llevaba mucho tiempo beneficiándose por las prórrogas legales. Antes de eso, los locadores, con fecha 11 de julio de 1957, se presentaron al Ministerio de Educación a efectos de pedir administrativamente el desalojo, a lo que no se hizo lugar mediante resolución del Poder Ejecutivo del 18 de junio de 1958, razón por la cual se promueve esta demanda judicial. Que, en tales condiciones, no resulta de manera alguna abusiva o irrazonable la medida dictada, confirmada por el a quo, que busca concretar el desalojo, descartando mayores dilaciones. Que si bien es cierto que la disposición mencionada de la ley 3952 protege la organización del Estado y defiende sus altos fines, ello no puede ser a costa de los derechos de los particulares en situación como la del sub judice, en que la ejecución del desalojo no depende, ni puede depender, de medidas legislativas, finalidad tenida en cuenta por el art. 7, fundada en las cláusulas constitucionales que acuerdan al Poder Legislativo la facultar de crear recursos y determinar el destino de las rentas públicas. Que aunque ese art. 7 de la ley 3952 se inspira también, como lo dijo el Tribunal en el mismo fallo, en las exigencias propias de la buena marcha de los poderes y la independencia que ellos necesitan en el ejercicio de sus funciones (Fallos 186:151; 253:312; cons. 1° in fine), no puede considerarse que la disposición de medidas como la de fs. 178 para hacer posible el desalojo, pueda ser considerada como perturbadora de la buena marcha de los poderes públicos…”

(11) Pietranera c/ Nac. Arg” (1966) Fallos 265:291 (desalojo): “Que la regla del artículo 7º de la ley 3952 ha de entenderse en su significado cabal. Su propósito no es otro que evitar que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde este punto de vista la norma aludida es razonable. Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Por ello ha dicho este tribunal que el artículo 7º de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública (Fallos 253:312). Que en tales circunstancias, resulta prudente la sentencia apelada que no fija plazo de cumplimiento, sino que requiere del gobierno nacional manifieste en qué fecha va a desalojar el inmueble, con lo que el intimado queda en condiciones para tomarse el plazo razonable que corresponda; la advertencia final de que en caso de silencio, el plazo de desalojo será fijado judicialmente, no es sino el corolario lógico de la potestad de los jueces de hacer cumplir sus decisiones en defensa del imperio del Derecho””En el caso de autos la legitimidad de arbitrar una prudente medida destinada a hacer cumplir la sentencia aparece palmaria, ya que otra interpretación del artículo 7º de la ley 3952, conduciría a ponerlo en colisión con la aludida garantía constitucional de la propiedad. Se ha dispuesto por sentencia firme el desalojo del inmueble ocupado por el Estado; la prolongación sine die de esta ocupación sin derecho vendría a ser una suerte de expropiación sin indemnización, o cuanto menos, una traba esencial al ejercicio del derecho de propiedad”.

(12) Chiodetti c/ Nac. Arg” (1968) Fallos 269:448: “Que esta Corte, en la causa P.126 “Pietranera”, sentencia del 7 de septiembre de 1966, puntualizó claramente cómo debe ser interpretado el artículo 7º de la ley 3952. Dijo, así: “que su propósito no es otro que evitar que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde este punto de vista la norma aludida es razonable. Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Por ello ha dicho este tribunal que el artículo 7º de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una intervención judicial tendiente al adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento por la administración pública (Fallos 253:312). Que el Tribunal estima que la doctrina precedentemente expuesta es aplicable en el sub lite. Tiene para ello en cuenta que el auto intimatorio del que se recurre se dictó luego de haberse efectuado diversos trámites —señalados más arriba— a fin de que el Estado de pronunciara formalmente respecto de la fecha en que daría cumplimiento al pago de los alquileres. Siendo de advertir, además, que el plazo de 60 días fijado por el juez —transcurrido más de un año desde que la sentencia quedara firme— es prudente y razonable”.S.A.I.C.I. Gil, Francisco” (1970) Fallos 278:127: “Que si bien este Tribunal ha reconocido validez constitucional al artículo 7º de la ley 3952 —que otorga un carácter meramente declarativo a las sentencias contra la Nación— ha dicho también que tal norma no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, ya que ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar por su observancia. Que en atención a la doctrina expuesta y desde que el demandado hizo la opción que le autoriza el art. 3º inc. m] de la ley 16.739, resulta equitativo, dado el tiempo transcurrido y la importancia del capital adeudado en concepto de alquileres retroactivos, establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación, que en el caso se estima prudente fijar en 90 días…”

(13) Cáceres” (1968) — Fallos 269:460: Si bien la Corte Suprema ha reconocido validez constitucional al art. 7 de la ley 3952 que otorga un carácter meramente declaratorio a las sentencias contra la Nación, tal doctrina no es aplicable a la ejecución del pronunciamiento que dispuso se incluyeran en el haber de retiro del actor diversos suplementos otorgados al personal en actividad por distintos decretos, ya que el gobierno demandado informó que por ley se proveyeron los fondos destinados a atender los créditos resultantes de sentencias como esta y que a ese fin se efectuó la correspondiente distribución. En un supuesto así no media ningún obstáculo legal ni financiero para dar cumplimiento a la sentencia, pues al art. 7 mencionado no cabe darle un alcance tal que deje librado al arbitrio de la autoridad administrativa el acatamiento de las decisiones judiciales, toda vez que los efectos de la cosa juzgada tienen para ella el mismo valor que para cualquier litigante.

(14) Locreille c/ I.A.P.I.” (1976) Fallos 295:427 “Que este Tribunal, refiriéndose al efecto meramente declaratorio contemplado en el artículo 7º de la ley 3952, ha expresado, en términos que se estima mantienen actualidad: “su propósito no es otro que la Administración Pública pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Desde ese punto de vista, la norma aludida es razonable. Pero en modo alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto. Que la doctrina precedentemente expuesta es aplicable al sub lite. En efecto, no se discute que los fondos, cuya ejecución se pretende en los autos acompañados, se hallan desde hace tiempo depositados a la orden del tribunal de la causa en virtud de una medida cautelar oportunamente ordenada por éste, por lo que el Estado Nacional ha carecido de la disponibilidad de los mismos. En tales condiciones, no se dan los supuestos que esta Corte, en la jurisprudencia reseñada, estima fundamentan la norma del art. 7º de la ley 3952, ya que no existe ausencia de fondos previstos ni se advierte de que modo se alteraría el regular desenvolvimiento de la Administración en caso de hacerse lugar al pedido de la actora…”

(15) “El Poder Ejecutivo podrá autorizar la apertura de créditos únicamente en las situaciones siguientes con obligación de dar cuenta en el mismo acto al Congreso: … c) para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes… Los créditos abiertos de conformidad con las disposiciones del presente artículo quedarán incorporados al presupuesto general”. (art. 17)

(16) Art. 12 ley 16.986 (B.O.N. 20-X-1966): La sentencia que admita la acción deberá contener: a) La mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omisión se concede el amparo; b) La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución; c) El plazo para el cumplimiento de lo resuelto.

(17) TAWIL, Guido Santiago. El Decreto 679/88 y la ejecución de sentencias condenatorias contra la Nación. LL 1988-D pág. 945, quien cita a Docobo.

(18) CAPITULO VII — De la situación de emergencia en las obligaciones exigiblesArt. 50. — Sentencias. Suspéndese la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condenen el pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado nacional y los demás entes descriptos en el art. 1º de la presente ley por el plazo de dos (2) años a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. Quedan comprendidas en el régimen establecido en el presente capítulo tanto las sentencias condenatorias dictadas contra el Estado nacional y los entes mencionados en la primera parte de este artículo, en causas promovidas por las provincias y/o municipalidades, como aquellas sentencias pronunciadas en juicios que hubiera deducido el Estado nacional contra las provincias y/o municipalidades. Este capítulo será aplicable en jurisdicción provincial en aquellos casos en que se produzca la adhesión prevista en el art. 68 de la presente ley. Quedan comprendidos en el régimen del presente capítulo, las ejecuciones que pudieran promoverse por cobro de honorarios y gastos contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados en el presente artículo.Art. 51. — Las sentencias y laudos arbitrales que se dicten dentro del plazo establecido en el artículo anterior no podrán ser ejecutados hasta la expiración de dicho plazo.

(19) Art. 22 ley 23.982: A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.

(20) Ley 12.961 y Decreto ley 23.354, art. 17.

(21) Ley 25.973 (BON 31-XII-2004): Art. 1° Declárase aplicable en beneficio de las provincias, los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los fondos públicos que le pertenecen, el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la Ley 24.624 y sus normas complementarias, o las que en el futuro las sustituyan”.

(22) Fallos 322:2132 — 16-09-1999.

(23) Roque Reymundo e hijos SA c/ Pcia. San Luis s/ Daños y perjuicios (26-IX-2006) Fallos 329:4170: “… De las constancias de la causa resulta que a pesar del tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia que condenó al pago de la obligación que se ejecuta (29-VI-2004), la Provincia no denunció haber efectuado la previsión presupuestaria pertinente. En su mérito, en la medida en que el embargo constituye un trámite procesal insoslayable del procedimiento de ejecución de sentencia (art. 502 C.P.C.C.; Fallos 318:2660, considerando 8; 321:3508 y 323:2954), y que la previsión contenida en el artículo 1º de la ley 25.973 no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, pues ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico, al haber sido determinado en el caso el quantum adeudado, la deudora debió, para evitar la ejecución forzada que se ordena, efectuar la previsión presupuestaria correspondiente, y al no haberlo hecho debe hacerse lugar a la traba del embargo que se requiere… Por ello, se resuelve desestimar el pedido efectuado a fs. 541/543 y ordenar que se libre oficio al Banco de la Nación Argentina para que se trabe embargo por la suma de $ 39.408, mas la de $ 8.000 que en forma provisoria se fija para responder a intereses y costas de la ejecución, sobre los fondos de coparticipación federal de impuestos que tenga a percibir la Provincia de San Luis en esa institución bancaria…” Ver también causa Chaves, Fabián c/ Provincia de Tucumán s/ Daños y Perjuicios” (4-III-2008 Fallos 331:391) en la que se reiteró la doctrina antes expuesta, entre otras.

(24) “… La redacción del artículo transcripto (se refiere al art. 7º de la ley 3952) expresa un principio inconstitucional, por cuanto establecería una norma general injusta para las sentencias que se dicten contra la Nación. Si se pretendiere que se instituye un principio de carácter absoluto, se destruiría la norma igualitaria que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional, que ubica en forma paritaria a la Nación cuando se halle en juicio. Si se la considerare como una norma de carácter relativo, presentaría el grave defecto de no disponer el condicionamiento para su aplicación. La interpretación absoluta destacaría el gravísimo privilegio, aberrante para un Estado de Derecho democrático, de que las normas jurídicas no regirían para la Nación en un doble sentido. El primero: porque toda sentencia judicial comprende la aplicación de normas existentes en un orden jurídico determinado, y estas serían excluidas al regular la conducta del Estado, cuando fuere parte perdedora del litigio. El segundo: porque también la sentencia se identifica como una norma de carácter particular establecida por el juez al buscar en el juicio la decisión justa. No se salva este doble y gravísimo error sosteniendo que la sentencia siempre es obligatoria, puesto que si no se ejecuta su obligatoriedad no se podría destacar donde está su esencia jurídica. Toda norma contiene la obligación de cumplimiento y ejecución coercitiva en el supuesto de no ser acatada. El artículo 7 de la ley 3952 resaltaría el carácter obligatorio, pero le cercenaría la parte ejecutoria, que es realmente la sanción de incumplimiento” (FIORINI, Bartolomé ¿Qué es el contencioso? Abeledo-Perrot, pág. 136/137).

(25) Superado ya hace más de cien años el dogma de la indemandabilidad del soberano (esgrimido por la CSJN en Fallos 1:317 (1864); F 2:36 (1865), así como la necesidad de una venia legislativa previa (vgr. Leyes 475, 675), a propósito de la sanción de la ley 3952 (y su reforma 11.634), el argumento ha perdido toda consistencia. En puridad de verdad, si hubiésemos seguido el pensamiento que guió la sanción de la ley 224 (29-IX-1859), tal dogma nunca hubiese ganado aceptación entre nosotros. Adviértase la sencillez de sus términos: “La Confederación Argentina desde la instalación de su Gobierno constitucional, no reconoce derecho a indemnización a favor de nacionales o extranjeros, sino por los perjuicios causados por empleados de las autoridades legítimas del país”.

(26) GONZALEZ PEREZ, Jesús. “Comentarios de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa”. Civitas, Madrid, 1978.

(27) Desde este mirador no puede dejar de causar preocupación la situación presentada en la causa “Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz”, en particular, tras la sentencia dictada por la CSJN con fecha 14-IX-2010 (Fallos 333:1771). La lectura de los antecedentes allí reseñados deja al desnudo el incumplimiento recalcitrante de las autoridades locales al mandato judicial, hecho que —a no dudar— terminará generando la responsabilidad internacional del Estado.

(28) ABERASTURY, Pedro. “La ejecución de sentencias contra el Estado”, trabajo publicado en el Tratado de Derecho Procesal Administrativo dirigido por el Dr. Juan Carlos Cassagne, Editorial Hammurabi, 2004, pág. 1705.

(29) GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. “Los postulados constitucionales de la ejecución de las sentencias contra la Administración”, Documentación Administrativa, 209, pág. 10.

(30) Sentencia del Tribunal Constitucional español, Sala I, de fecha 7-VI-1982, citada por GALLEGOS FREDIANI, Pablo. “Ejecución de sentencias contra el Estado Nacional”, trabajo publicado en el Tratado de Derecho Procesal Administrativo dirigido por el Dr. Juan Carlos Cassagne. Tomo II, Editorial La ley, pág. 218.

(31) “El Poder Ejecutivo podrá autorizar gastos con la obligación de dar cuenta en el mismo acto a la Legislatura: a) para cumplir previsiones constitucionales, b) para el cumplimiento de leyes electorales; c) para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes; d) en caso de epidemias, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata del gobierno. Los créditos abiertos de conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán incorporarse al Presupuesto General”. No se me escapa que la actual ley de administración financiera, nº 13.767 no contempla una previsión similar, aunque el cumplimiento de las sentencias bien puede quedar comprendido en la expresión “… atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado Provincial” que, conforme el art. 39, habilitan al Poder Ejecutivo a autorizar gastos no previstos o insuficientemente previstos en el Presupuesto.

(32) Art. 119 LOM (Decreto Ley6769/58): “El Departamento Ejecutivo podrá autorizar gastos aún cuando el concepto de ellos no esté previsto en el presupuesto general, o excedan el monto de las partidas autorizadas, solamente en los siguientes casos: a) Para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes; b) en supuestos de epidemias, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata de la Municipalidad”…

(33) Ley 12.961 y Decreto Ley 23.354/57, art. 17

(34) BONINA, Nicolás. Sobre la ejecución de sentencias dinerarias contra el Estado.

(35) MORELLO, Mario Augusto. Liquidaciones judiciales. LEP. 2000, pág. 8.

(36) “La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave”.

(37) HUTCHINSON, Tomás. El proceso de ejecución de sentencias contra el Estado. Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, 2001-II.

(38) GONZALEZ PEREZ, Jesús “La constitución y la reforma de la jurisdicción contencioso administrativa” en Revista de Derecho Administrativo, Depalma, 1999, nº 30/32, pág. 43.

(39) BOTASSI, Carlos Alfredo.”Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires”. La Ley 2000-E pág. 1116 y sigs.

(40) Pese a su extensión, por su riqueza conceptual e histórica, nos permitimos su transcripción:Sr. L.M. Gonnet: Deseo que alguno de los miembros de la Comisión que ha despachado este códice, tenga la bondad de manifestar cuáles son los medios que tiene la Suprema Corte para hacer que el Poder Ejecutivo cumpla una sentencia suya, visto que establece que si a los sesenta días de dictada la tal sentencia el Poder Ejecutivo no la cumple, lo hará hacer directamente por las oficinas o empleados respectivos.Si el Poder Ejecutivo no cumple la sentencia a los sesenta días, es porque está dispuesto a no cumplirla, y como tiene en su poder medios para resistirla, deseo saber cuáles son los que la Comisión pone a disposición de la Suprema Corte para contrarrestarlos, porque no me parece que sean suficientes, ni las oficinas, ni los empleados respectivos.Sr. M. Gonnet: Pido la palabra. Voy a explicar el espíritu del artículo, o a lo menos, el alcance que ha querido darle la comisión al consignarlo en el proyecto.Este artículo no es una novedad en la Constitución. Existe en la de los Estados Unidos bajo la forma de Corte de Reclamos. Allí, dictada una sentencia por la Corte de reclamos, ésta la manda cumplir, no directamente por el Poder Ejecutivo, sino por los empleados de toda la administración del país. Se trata, por ejemplo, de resolver una cuestión referente a una cantidad de dinero o a propiedad de un campo, y el Poder Ejecutivo no cumple la sentencia dentro de los sesenta días. Entonces la Corte expide un mandamus, llama al escribano de gobierno y en presencia de éste el Presidente firma la escritura en nombre de la Constitución del país, que se lo ordena. Y todos los empleados están obligados a acatarla, en virtud de esta disposición constitucional. Esta es la forma que de usa en los Estados Unidos, y es la que ha aceptado la comisión. Las razones de este artículo son bien claras. El Poder Ejecutivo resuelve una cuestión administrativa. Puede o mantener su resolución o cumplir la de la Corte, lo regular es que cumpla la de la Corte. Pero han sucedido casos en que el Poder Ejecutivo se ha negado a cumplir una sentencia de la Corte Suprema, la que ha tenido que recurrir a las cámaras legislativas y éstas han encarpetado los proyectos que creaban los medios necesarios para hacerla efectiva. Es para evitar que estas sentencias de la Corte sean burladas por el Poder Ejecutivo, y aún por la legislatura, que se ha propuesto esta disposición, que viene a reemplazar la Corte de Reclamos de los Estados Unidos.Sr. L. M. Gonnet: Pido la palabra. No está bien claro, en este artículo, que la facultad dada a la Suprema Corte venga a llenar el vacío que deja entre nosotros la falta de una Corte de reclamos como la que existe en los Estados Unidos. Las oficinas y empleados respectivos, a que se refiere este artículo, en mi entender, no dándole más atribuciones que las que esta Constitución y los reglamentos de la administración de justicia les da, no tienen medios eficaces para hacer cumplir una sentencia que se resista a llevar a efecto el Poder Ejecutivo, como acaba de manifestar el señor Convencional que me ha precedido en la palabra, pudiendo el Poder Ejecutivo resistir hasta disposiciones de la Legislatura. Creo que no son aplicables entre nosotros por la falta del tribunal correspondiente las prácticas de los Estados Unidos, y que esta disposición, así tomada, no resuelve la cuestión. Llegaría el caso de aplicarla y las oficinas y los empleados respectivos no sabrían que hacer para que el Poder Ejecutivo cumpliera la sentencia. Es por eso que yo creo que, o debe ser más explícito este artículo, determinando los medios eficaces, positivos que la Suprema Corte tenga a su disposición para hacer cumplir sus sentencias, o debe crearse el tribunal competente para obtener esto.Sr. Fonrouge: El Tribunal competente es la Corte.Sr. L. M. Gonnet: Pero no posee las atribuciones que tiene la Corte de Reclamos.Sr. Fonrouge: Por eso se las da aquí.Sr. Ugalde: Y si el Poder Ejecutivo se resiste, después de sesenta días de dictada la sentencia a darle cumplimiento, de hecho queda rebelde.Sr. M. B. Gonnet: Pido la palabra. La Comisión no ha proyectado la creación del Tribunal de reclamos, porque ha creído que es innecesario establecerlo entre nosotros. La Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de resolver las cuestiones contencioso administrativas, que son precisamente las que tiene que resolver la Corte de reclamos de los Estados Unidos. Es esta una de las principales facultades que tiene la Suprema Corte. Precisamente para hacer cumplir sus sentencias existe esa atribución. Luego, aunque sean las mismas personas, la Suprema Corte constituye una verdadera Corte de reclamos. Para mandar cumplir la sentencia, no tiene más que hacer efectiva esta facultad que le confiere la Constitución. Por ejemplo, en caso de pago, llama al tesorero y le ordena que cumpla la sentencia. El tesorero asienta su partida, diciendo: en virtud de la sentencia dictada por la Suprema Corte y de acuerdo con el artículo tal de la Constitución, he entregado tantos pesos. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, viendo que se cumple la sentencia y que se ha sacado ciertos fondos, determinarán la manera como se ha de llenar el vacío producido. Pero de ninguna manera se puede dejar en manos del que ha resuelto la cuestión a favor de una parte, que cumpla o no la sentencia. Se ha producido un caso entre nosotros a este respecto: es la gestión promovida por el señor ingeniero Bunge contra el Gobierno de la Provincia, a propósito de unos planos cuya confección le encomendó el gobierno del Dr. Tejedor. Una vez hechos los planos el señor Bunge presentó su cuenta, que no le fue reconocida por el Poder Ejecutivo, sosteniendo que no se le había mandado hacer tal clase de trabajo. Demandado el Poder Ejecutivo en juicio contencioso administrativo ante la Corte, ésta falló a favor del señor Bunge; y cuando vino la sentencia al Poder Ejecutivo para su cumplimiento, éste dijo que, no tendiendo fondos, pasaba el asunto a las Cámaras. Aquí fue destinado a una comisión, y de tal manera se ha procedido, que aún no se ha cumplido la sentencia de la Corte, a pesar de haber transcurrido cuatro años. ¿Cuáles son las facultades que debe tener la Corte para cumplir una sentencia de esta naturaleza? Únicamente se puede disponer de las que ha propuesto la Comisión. No es posible creer que los empleados se opongan, de tal manera que sea necesario un ejército para cumplirlas. Esta disposición ha de ser respetada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por todos los empleados de la Administración, sabiendo que, en caso contrario, responden de los daños y perjuicios que ocasionen. Creo que estas razones serán más que suficientes para que la Honorable Convención se aperciba de la conveniencia que hay en aceptar esta disposición.Sr. L. M. Gonnet: Pido la palabra. Tomo el caso que ha citado el señor Convencional que deja la palabra y digo: el Poder Ejecutivo no ha cumplido la sentencia de la Corte; ha pasado el asunto a la legislatura y ésta no ha tratado hasta ahora de él. El señor Bunge se presenta mañana, bajo el amparo de esta Constitución, ante la Corte y le dice: quiero que haga Ud. cumplir su sentencia. La Suprema Corte le contesta, también según la Constitución: vaya Ud. a tesorería y diga que le paguen no más…Sr. M. B. Gonnet: No señor. La Corte expide un mandamus, es decir, una orden al tesorero del Estado, para que entregue una suma determinada y la impute a este artículo de la Constitución y a su sentencia.Sr. L. M. Gonnet: Perfectamente, y el tesorero toma este mandamus y lo pone dentro del cajón de su escritorio.Sr. M. B. Gonnet: Es que no lo hará, sabiendo que responde de los daños y perjuicios que pueda ocasionar. Y no habrá un solo empleado público que se resista a este principio fundamental.Sr. L. M. Gonnet: Hay una disposición que establece que ellos no pueden ni recaudar, ni pagar sino de acuerdo con la ley.Sr. M. B. Gonnet: Y esto es más que la ley: es una Constitución.Sr. L. M. Gonnet: Pero no es una ley explícita, clara, terminante. Es una ley tan difusa, tan abstrusa, que yo no entiendo que tal cosa quiera decir.Sr. M. B. Gonnet: La Legislatura la reglamentará.Sr. L. M. Gonnet: Pero la reglamentará como principio constitucional, no la reglamentará para un caso dado. Yo no estoy en contra del espíritu que trasluzco al través de este artículo de la Comisión, pero desearía encontrar la forma práctica para que se realice esta idea que ha tenido la Comisión. Comprendo perfectamente las razones dadas por el señor Convencional y que él cree que han motivado esta redacción. Pero la redacción no está clara y cuando no están claras en la Constitución las disposiciones éstas son ilusorias, pues mientras no se tenga el medio claro, explícito, definitivo de hacerlas cumplir, son como si no existieran. Lo que pido es que se redacte el artículo de tal manera que no dé lugar a duda y que efectivamente se cumpla y que tenga el Poder Judicial los medios de hacer cumplir las disposiciones.Sr. Botet: Es indudable que la cuestión suscitada es simplemente de forma, por cuanto el señor convencional Gonnet (M) está perfectamente de acuerdo con el espíritu que sin duda ha precedido a la confección de este inciso, puesto que él mismo dice que lo trasluce al través de sus términos. La redacción del inciso, como expresión de principio, es indudablemente vaga, puesto que no expresa de una manera terminante y clara cuales son los medios de que la Suprema Corte de Justicia se ha de valer para hacer cumplir la facultad que aquí se le atribuye. Indudablemente que tiene a su favor la influencia moral que se debe suponer en el más alto poder de la Provincia, pero eso en muchos casos no es bastante. Estoy perfectamente de acuerdo con el señor Convencional Gonnet (M). Es necesario buscar un medio concreto que ponga de tal manera las cosas que en caso de un conflicto no haya que titubear, no haya necesidad de buscar rodeos ni tener que llegar por medio de tropiezos a cumplir una disposición, porque su espíritu solamente se trasluce. Creo que haciendo una pequeña reforma en el texto de este inciso se concilia todo. La voy a proponer. Quizá la redacción no sea correcta, pero indudablemente dice lo que el señor Convencional Gonnet (M) quiere: “En los casos contencioso administrativos la Suprema Corte de Justicia tendrá la facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de la sentencia, por los empleados respectivos, quienes en tal caso le deben obediencia completa, bajo la pena que se especifique. La pena se establecerá por ley”.Sr. M. B. Gonnet: Es lo mismo que dice el artículo.Sr. Botet: Estoy de acuerdo; pero, como se trataba de darle forma concreta que dijera “Ud. debe obedecer”, no llegaría el caso que indicaba el señor Convencional y no sería necesario acudir a la responsabilidad personal del empleado, porque he aquí unja disposición constitucional expresa y a ella no podrá el empleado resistirse jamás, y no se producirá el caso de hacerle responsable, porque, si hubiere desobediencia, se trataría de una infracción a la Constitución y no de una falta a una obligación que no está expresa en la Constitución. Para mi, como digo, es cuestión de redacción. Si no cambia el espíritu del artículo, mi redacción lo hace más concreto, más explicativo, y eso es lo que me parece que desea el señor Convencional. Pido pues, se vote el artículo redactado en esa forma, pues se establece la obediencia de los empleados, prescindiendo del Poder Ejecutivo, a quien están subordinados.Sr. M. B. Gonnet: Creo que la modificación propuesta por el señor Convencional Botet no tiene mayor alcance que el artículo tal cual está redactado.Sr. Botet: Es simplemente explicativo.Sr. M. B. Gonnet: Pero la explicación viene de la discusión del artículo. Todavía yo aceptaría otra forma, que creo que viene implícita en el artículo, y es establecer la responsabilidad personal de los empleados que no cumplan las sentencias de la Corte, pero creo que esto también viene implícito. A fin de salvar todas las dificultades que se presenten y darle mayor claridad al espíritu del artículo, yo, al menos, como miembro de la Comisión, aceptaría este agregado: “… siendo responsables los empleados por sus faltas”.Sr. L. M. Gonnet: Pido la palabra. Lo propondría el artículo reformado de esta manera: “En las causas contencioso administrativas la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos de la Administración (porque es preciso que se establezca eso, a fin de que se sepa a que empleados se refiere); siendo éstos responsables por la falta de cumplimiento”.Sr. M. B. Gonnet: Al decirse empleados respectivos significa los empleados todos de la administración. Si se trata, por ejemplo, de dar la propiedad de un campo, no hay más que el oficial mayor de Gobierno.Sr. Botet: ¿y la Oficina de Tierras?Sr. L. M. Gonnet: Pero la oficina de tierras no firma las escrituras.Sr. M. Gonnet: “Por las oficinas o empleados públicos respectivos”.Sr. Castellanos: Yo, señor Presidente, he de votar el artículo tal como lo propone la Comisión. Creo, señor Presidente, que los casos en que el Poder Ejecutivo se alza contra las disposiciones de la Corte Suprema son muy raros; pero no es lo mismo, señor Presidente, oponerse a la ejecución de una sentencia por omisión que por actos positivos; no es lo mismo emplear subterfugios para evitar que se cumplan, que ejercer actos directos en oposición a los actos positivos mandados ejecutar por el Superior Tribunal. No creo que llegue el caso de que el Poder Ejecutivo cometa tales desmanes. Pienso que basta que se diga “La Corte Suprema puede mandar ejecutar directamente sus disposiciones para que ninguno se oponga”. De esta manera acepto el artículo, sin decir nada sobre responsabilidad personal, pues ante todo está la responsabilidad moral de cada rama del poder, que vela más que la responsabilidad pecuniaria de un empleado subalterno; y sobre todo, la responsabilidad personal es sabido cae sobre el empleado que no cumple su deber. Es un principio del Código Civil.Sr. M. B. Gonnet: Yo he atendido las razones dadas por el señor Convencional Castellanos, pero me parece que esto viene a dejar un vacío en la Constitución, porque el admite la posibilidad del caso de la falta de cumplimiento de una sentencia, por omisión, y en ese caso la resistencia al cumplir una sentencia burla la facultad constitucional dada por este artículo a la Suprema Corte. Yo creo que todo el mundo debe respetar las resoluciones de un cuerpo tan elevado como se respetan las leyes, pero para que sean más respetables, es preciso que alcancen de una manera absoluta a todos los casos; y el señor Convencional, admitiendo que es conveniente dictar una disposición constitucional de este género, cree que no debe ir tan lejos, sin embargo, como para que abarquen también aquellos casos que se produzcan por falta de cumplimiento de una sentencia por omisión. Yo digo: no; debe abarcarlos todos y es evidente que no debemos dejar parte discutible del artículo que de lugar a interpretación; debemos establecer de una manera clara la responsabilidad de los empleados que faltan al cumplimiento de una orden dada por la Corte. Si no se establece esto, evidentemente el Poder Ejecutivo podía ejercer tal dominio sobre sus empleados que haga que burlen la acción de la Suprema Corte. Y una vez que los empleados de encuentren bajo esta amenaza de la responsabilidad personal, cuya responsabilidad personal puede hacerla efectiva el mismo Poder Judicial, entonces sucederá otra cosa distinta; la Constitución será más respetable y el principio será más real, y no habremos faltado absolutamente a este respeto, a este principio de moral, de subordinación, que debe someter a todos los individuos a las resoluciones de la Corte. Comprendo que el espíritu que ha guiado al señor convencional al no dar esta latitud a la disposición constitucional, a no poner los puntos sobre las i.Sr. Castellanos: Efectivamente, parece que se empequeñece la disposición.Sr. L. M. Gonnet: Pero dadas nuestras prácticas y costumbres, sabemos que esta Constitución que tenemos en las manos es algo muy ilusoria, en sus cuatro quintas partes es una teología, y en la parte que se cumpla se cumple como Dios quiere; es precisamente por eso, porque cada una de las disposiciones no está expuesta de una manera explícita y concreta; que si tal estuviera entonces se encarrilaría más la práctica al principio teórico que ha guiado a la confección de esta Constitución. Este es el móvil que me lleva a hacer esta modificación, que en cada uno de los artículos que vea que no esté dispuesto de una manera clara haré las observaciones necesarias, a fin de que nos aproximemos a la realidad.Pido que se vote por partes el artículo tal como está y después el agregado.Sr. M. B. Gonnet: Pido al señor Secretario tenga la bondad de escribir: “… por los empleados públicos respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciese dentro de los sesenta días de la sentencia. Los empleados a que alude esta disposición serán responsables por la falta de cumplimiento de la disposiciones de la Suprema Corte”.Sr. Presidente: En el caso de ser rechazado el artículo en la forma propuesta por la Comisión, se votará en la forma propuesta por el señor Convencional.Sr. Enciso: Es un agregado, puede votarse por partes.Sr. Presidente: Se votará por partes pero tal como la comisión lo ha propuesto, sin agregado alguno, porque hay un señor Convencional que pide se vote así.Sr. M. B. Gonnet: Pido que se lea el artículo tal como lo propongo:Se lee “En los casos contencioso administrativos la Suprema Corte tendrá facultades demandar cumplir directamente sus sentencias por la oficina o empleados públicos respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de la sentencia. Los empleados a que alude esta disposición serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte”.Sr. Presidente: Se va a votar el artículo tal como lo propone la Comisión.Sr. M. B. Gonnet: Pero si yo he pedido que se vote por partes.Sr. Presidente: Permítame el señor convencional, ha pedido que se vote por partes el artículo propuesto… por el señor Gonnet (L.M.).Sr. L. M. Gonnet: Que se vote el de la Comisión, en el que todos están conformes. Hay un agregado sobre el cual hay oposición; ese se votará después.Sr. Fonrouge: Se puede votar el artículo tal como está propuesto y después el agregado.Sr. Presidente: ¿Hasta dónde desea el señor convencional que se vote?Sr. L. M. Gonnet: Hasta la palabra sentencia incluyendo la palabra públicos; al menos, yo por mi parte como miembro de la Comisión, no tengo inconveniente en que se agregue “empleados públicos”.Sr. Presidente: Yo no puedo poner a votación eso, porque hay un señor convencional que quiere que el artículo se vote como está.Sr. Castellanos: Si el señor Presidente se refiere a mi no hay dificultad porque no tengo inconvenientes que se vote con esas palabras.Sr. Presidente: se va a votar.Sr. L. M. Gonnet: Que se vote por partes.Se vota esta parte: “En las causas contencioso administrativas la Corte Suprema de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciese dentro de los sesenta días de la sentencia”.Se aprueba.Se lee el agregado propuesto en esta forma: “Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte”.Tras una serie de observaciones, se decide que el asunto pase a Comisión.

(41) FIORINI, Bartolomé. ¿Qué es el contencioso? Abeledo Perrot, 1997, pág. 318 y sigs.

(42) BOTASSI, Carlos Alfredo.”Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires”. La Ley 2000-E pág. 1116 y sigs.

(43) “Hasta tanto comiencen las funciones de los tribunales en lo contencioso administrativo, la Suprema Corte decidirá, en instancia única y juicio pleno, todas las causas correspondientes al referido fuero que se hubieren iniciado, hasta su finalización”.

(44) Hecho que ocurriera el 15-XII-2003.

(45) Una sentencia se encuentra consentida cuando las partes, luego de notificadas, dejan transcurrir los plazos sin interponer recurso alguno; cuando, pese a haberse deducido y otorgado un recurso, se lo declara desierto en virtud de no haberse cumplido con la carga de expresar agravios o de presentar el memorial; cuando se opera la caducidad de la segunda instancia.

(46) Una sentencia se encuentra ejecutoriada cuando han sido rechazados los recursos interpuestos en su contra.

(47) ARGAÑARAZ, Manuel J. “Tratado de lo contencioso administrativo”, Editorial Lex, 1988, pág. 380 y sigs.

(48) GARCIA DE ENTERRIA-FERNANDEZ, Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Thomson Civitas. La ley. Primera edición argentina, pág. 669

(49) BEZZI, Osvaldo Máximo; BEZZI, Ana María, BEZZI, Osvaldo H. “La ejecución de sentencias condenatorias al Estado y la emergencia económica”. LL-1993-B-997.

(50) Artículo 239 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

(51) B-8153, “Acuerdos y Sentencias” serie 7º, T. 1, pág. 496, citado por BOTASSI, Carlos A., “Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires”, LL-2000-E pág. 1116.

(52) Causas B-53.483 “Gómez”, res. del 4-IX-2002; B-60.019 “Salvatori”, res. del 13-I-2005; B-64.681 “Domenech”, res. del 5-V-2010. Nos permitimos transcribir éste último decisorio: “Atento al tiempo transcurrido desde que fuera conminada a cumplir la sentencia la demandada —23-XII-2008, ver oficio de fs. 81-; que la última de las intimaciones cursadas lo fue bajo apercibimiento de la responsabilidad personal de los funcionarios competentes (fs. 83) y que, estando acreditado el diligenciamiento del oficio librado en esos términos, la autoridad administrativa a fs. 90 ha manifestado, como único fundamento para su omisión “la falta de presupuestos para practicar la liquidación”; haciendo efectiva la aludida responsabilidad y de acuerdo a los solicitado por la actora (fs. 92), intimase al Presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a que, dentro de los diez días de recibido el oficio a librarse, dé cumplimiento a la sentencia dictada en autos. La intimación se hace con apercibimiento de aplicarse al señor Presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia, en forma directa y personal, y en favor de la parte actora, una multa de cien pesos ($100) por cada día de demora en la contestación (arts. 163, Constitución de la Provincia; 86, ley 2.961; 77 inc. 1º y 78 inc. 3º, ley 12.008 —texto según ley 13.101-; 37, C.P.C.C. y 666 bis, C.C.)”.

(53) BOTASSI, Carlos A., trabajo citado en la nota anterior.

(54) Ver, entre otros, BOTASSI, Carlos A., “Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires”, LL-2000-E pág. 1116; SALABERREN, Roberto A. “La ejecución de sentencias en el proceso administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, trabajo publicado en la obra colectiva “El nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires” dirigida por los Dres. Juan Carlos Cassagne y Agustín A. Gordillo, LEP, 2004, segunda edición, pág. 647 y sigs.; CASSAGNE, Juan Carlos — PERRINO, Pablo Esteban. “El nuevo proceso contencioso administrativo en la Provincia de Buenos Aires” Lexis Nexis, 2006, pág. 425 y sigs.

(55) VILLAFAÑE, Homero Miguel. “La emergencia económico-financiera en la Provincia de Buenos Aires. Periodo 2001-2002. Incidencia sobre las remuneraciones del sector público. La Ley Buenos Aires, 2002, pág. 1481 y sigs.

(56) CSJN, “Juan Domingo Perón”, Fallos 238:76, (1957)

(57) MARIENHOFF, Miguel Santiago. “Tratado de Derecho Administrativo”, T. IV, pág. 673/674.

(58) GELLI, María Angélica. “El caso Smith (o la razonabilidad cuestionada). La Ley 2002-A-770.

(59) CSJN “Vicente Martín e Hijos”, Fallos 200:450 (1944).

(60) CSJN “Nadur, Amar c/ Borelli, Francisco”, Fallos 243:449 (1959).

(61) CSJN, “Banco de Galicia y Buenos Aires… en autos Smith, Carlos”, La Ley 2002-A-770 (2002).

(62) CSJN, Fallos 333:633 (2010).

(63) MARIENHOFF, Miguel Santiago “Tratado de Derecho Administrativo”, T. IV, pags. 518/519.

(64) CSJN “Nadur, Amar c/ Borelli, Francisco”, Fallos 243:449 (1959).

(65) CSJN “Guida, Liliana” Fallos 323:1566 (2000).

(66) Ley 10162 (1984): Suspende por ciento veinte días los procesos en los que sea parte demandada la Provincia de Buenos Aires, incluidos sus entes autárquicos, empresas del Estado, Municipalidades y cualquier otra persona jurídica estatal; suspende por ciento veinte días la ejecutoriedad de las sentencias dictadas contra las personas jurídicas enumeradas precedentemente, no así cuando la sentencia les fuere favorable; se exceptúan los juicios en que la cuestión debatida verse sobre jubilaciones o pensiones o se trate de situaciones derivadas de empleo público o sobre relaciones laborales en los cuales alguna de las personas jurídicas enumeradas precedentemente sea parte.

(67) Ley 11.174 (1991): Suspensión de procesos y ejecución de sentencias por 120 días, con excepción de responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito, jubilaciones o pensiones, relación de empleo o laborales.

(68) Ver nota anterior.

(69) Ley 10.867 (1990): Emergencia económica. Capítulo IV (arts. 10 a 16): Suspende la ejecución de las sentencias que condenen al pago de sumas de dinero, atribuyéndole efecto meramente declaratorio. Excluye: — Cobro de créditos laborales o nacidos de la relación de empleo público; indemnizaciones por expropiación; repetición de tributos; créditos por responsabilidad extracontractual; prestaciones de naturaleza alimentaria; jubilaciones y pensiones; amparos

(70) Ley 11.174 (1991): Suspensión de procesos y ejecución de sentencias por 120 días, con excepción de responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito, jubilaciones o pensiones, relación de empleo o laborales.

(71) Ley 12.424: Suspensión de procesos de ejecución de sentencias en que las municipalidades revistan el carácter de parte demandada o reconvenida.

(72) Ley 12.727, art. 6º (provincial).

(73) Ley 8227 (1974): CARÁCTER DECLARATIVO: Las sentencias judiciales firmes que condenen a la Provincia de Buenos Aires, incluidas sus entidades autárquicas, empresas del Estado o cualquier otra categoría de persona jurídica estatal, al pago de sumas de dinero, tendrán carácter meramente declarativo, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretende. EXCLUSIONES: Quedan excluidas de las disposiciones de la presente ley las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual de los entes mencionados en el artículo precedente. PROCEDIMIENTO: A partir de la fecha en que la sentencia quede firme el Poder Ejecutivo incluirá en los proyectos de presupuesto general para los ejercicios subsiguientes, los medios conducentes al cumplimiento de la misma, no siendo de aplicación a estos efectos las disposiciones del artículo 16 de la ley 7764. Si transcurridos cinco años desde la fecha indicada en el párrafo anterior no se hubiere dado cumplimiento a la sentencia, ésta tendrá plena ejecutoriedad.

(74) Ley 10.235 (1984): CARÁCTER DECLARATIVO: de las sentencias firmes que condenen a una persona jurídica estatal, provincial o municipal, al pago de una suma de dinero. EXCEPCIONES: las derivadas de responsabilidad extracontractual, materia de jubilaciones o pensiones, derivadas de la relación de empleo público o laborales. PROCEDIMIENTO: El Poder Ejecutivo incluirá en el proyecto de presupuesto de gastos para el ejercicio siguiente, la imputación con la que atenderá las erogaciones que resulten de las sentencias condenatorias comprendidas en el artículo 1º. El 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se hubiera debido efectuar la imputación mencionada en el artículo 3º, cesa el carácter declarativo de la sentencia, renaciendo la plena ejecutoriedad, con la actualización monetaria y accesorios a que hubiere lugar, de acuerdo a los índices y tasas establecidos en la propia sentencia.

(75) Sin pretensiones de agotar la nómina de autores que se han ocupado sobre la temática, nos permitimos citar los que siguen: SPISSO, Rodolfo. “Ley de consolidación de deudas del Estado”, Depalma, 1992; ABERASTURY, Pedro. “Ejecución de sentencias contra el Estado”, Abeledo Perrot, 2001; CRIVELLI, Julio César “La emergencia económica Permanente”, Ábaco, 2001; CARATTINI, Marcelo Gustavo “Inconstitucionalidad de la ley de consolidación de deudas del Estado en relación a la avanzada edad del titular del crédito”, La Ley 1993-D-117; BEZZI, Osvaldo Máximo; BEZZI, Ana María; BEZZI, Osvaldo. “La ejecución de sentencias condenatorias al Estado y la emergencia económica”, LL-1993-B-997; LONIGRO, Félix Vicente “Consolidación de deudas públicas”, LL-1996-D-699; COHEN SALAMA, Claudio “Ley de consolidación de deudas de los municipios de la Provincia de Buenos Aires: la retroalimentación de la emergencia”, LL Buenos Aires, 1997, 537;MONTI, Laura y VIEYTO FERREIRO, Mabel “Régimen de consolidación de deudas del Estado”, Revista de derecho administrativo, nº 9, pág. 135; BOTASSI, Carlos “El incumplimiento de las sentencias contra el Estado”, Revista del Colegio de Abogados de La Plata, nº 52; MENDIGUREN, Alfredo, NICOLINI, Sara “La nueva consolidación de deudas en el marco de la ley 25.344 de emergencia económica”, LL-2001-B-1310; RUIZ, Mara “El régimen de consolidación de pasivos estatales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, El Derecho, Diario del 30-VI-2010; SANGUINETTI, Juan Carlos “Consolidación de deudas del Estado”, La Ley, diario del 17-XI-2010.

(76) CSJN “Nuevo cómputo S.A.” Fallos 331:1434 (2008). CSJN “Caraballo”, Fallos 333:138 (2010): “…3°) Que la consolidación de las obligaciones comprendidas en el régimen de la ley 25.344, importa la novación de la obligación originaria y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de ella (artículo 17 de la ley 23.982, al que remite el artículo 13 de la ley citada). Dicha circunstancia impone la sujeción a las disposiciones de la ley y a los mecanismos previstos en ella y en su reglamentación, en orden a la cancelación de los créditos sujetos a consolidación (Fallos: 317:739 y 322:1341). Y, en lo que al sub examine interesa, ajustar el requerimiento de pago al trámite y plazos previstos en los artículos 31 y 32 del decreto 1116/2000, cuya aplicación deviene inexcusable en atención al carácter de orden público que revisten las normas de la ley de consolidación (artículo 16 de la ley 23.982) lo que trae aparejado la irrenunciabilidad e imperatividad de esas disposiciones”.

(77) Art. 6: Intereses deudas en efectivo: “… A partir de la consolidación de pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto por la presente ley, las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente”.

(78) Intereses de los bonos: “… Los acreedores que mantengan la liquidación de sus acreencias en moneda nacional podrán suscribir Bonos de Consolidación en moneda nacional, en cuyo caso devengarán la tasa de interés promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina; aquellos que reliquiden sus acreencias en dólares estadounidenses podrán suscribir bonos de consolidación en dicha moneda, en cuyo caso devengarán la tasa LIBOR”.

(79) Art. 7: Pago en efectivo: “… Los recursos que anualmente asigne el congreso de la nación para atender el pasivo consolidado del Estado Nacional, se imputarán al pago de los créditos reconocidos, de acuerdo al siguiente orden de prelación: a) Deudas por diferencia de haberes jubilatorios y pensionarios hasta el monto equivalente a un año de haberes mínimos, por persona y por única vez. A este fin el Congreso de la Nación constituirá un fondo específico con los recursos fiscales que afecte especialmente para su atención. La prioridad de pago de esa categoría se limitará a los recursos anuales del fondo específico y se distribuirá entre los acreedores atendiendo en primer lugar a los de mayor edad que tengan menores acreencias a cobrar, en las condiciones que determine la reglamentación”.b) Toda otra prestación de naturaleza alimentaria, créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público, y los créditos derivados del trabajo o la actividad profesional hasta el monto equivalente a un año de haber jubilatorio mínimo por persona y por única vez.c) Los créditos por daños a la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación ilegal de la libertad o daños en las cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado hasta la suma de cien millones de australes por persona y por única vez.d) Los saldos indemnizatorios que hubieran sido controvertidos por expropiaciones por causas de utilidad pública o por la desposesión ilegítima de bienes sin sentencia firme a la fecha de sanción de esta ley.e) Las repeticiones de tributos.f) Los créditos mencionados en los incisos a), b) y c) precedentes, por lo que exceden el límite antes mencionado.g) Los aportes y contribuciones previsionales, para obras sociales y a favor de los sindicatos.h) Las demás obligaciones alcanzadas por la consolidación.

(80) Bonos de consolidación: “Alternativamente a la forma de pago prevista [en efectivo], los acreedores podrán optar por suscribir a la par, por el importe total o parcial de su crédito en moneda nacional, los bonos de consolidación en moneda nacional, cuya emisión autoriza la presente ley. Asimismo podrán optar por recalcular su crédito para reexpresarlo en dólares, valorizando al tipo de cambio vendedor en el mercado libre o su equivalente que correspondía a la fecha de origen de la obligación, con el fin de suscribir con tal crédito con tal crédito reexpresando en dólares bonos de consolidación emitidos en esa moneda. Todo ello en las condiciones que determine la reglamentación.”

(81) “… 4) Que mediante la ley 12.836, dictada en el marco de la emergencia declarada por la ley 12.727, de adhesión a la ley nacional 25.344, la demandada ha consolidado las obligaciones de causa o título anterior al 30 de noviembre de 2001, siempre que no se encuentren alcanzadas por otras leyes de consolidación y consistan en el pago de sumas de dinero o se resuelvan de ese modo. 5) Que, según lo dispuesto por el art. 19 de la ley nacional 23.982, aplicable en virtud de la remisión que efectúa el art. 13 de la última de las leyes citadas, “las provincias podrán consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el art. 1. Las normas legales locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las que la presente ley establece respecto a las deudas del sector público nacional”. 6) Que, en esas condiciones, y tal como lo sostiene el señor Procurador General, le asiste razón a la actora en cuanto a que las disposiciones de la ley 12.836 han obviado tal impedimento, por un doble orden de razones. En primer lugar, la legislación se extiende más allá de lo permitido, al abarcar un período superior al previsto por la ley 25.344, pues la primera fija como “fecha de corte” el 30 de noviembre de 2001 y la segunda el 1° de enero de 2000. Esta diferencia les ocasionaría a los actores un serio perjuicio, ya que si se admitiese la aplicación de la ley al caso, deberían recibir los bonos respectivos con una fecha de emisión posterior a la establecida por la ley nacional. De tal manera, los dieciséis años previstos para la cancelación comenzarían a contarse a partir de la fecha indicada en primer término, lo que importaría una demora de casi dos años con relación al régimen al que se adhiere, tornando así la situación de los interesados en más gravosa que la contemplada por la legislación nacional; extremo expresamente prohibido por el art. 19 citado. Cabe señalar al respecto que la provincia ni siquiera invoca haberse adherido a la prórroga prevista en el art. 58 de la ley nacional 25.725, a lo que se une que no cabe atribuirle ese alcance al art. 51 de la ley 13.002, y, en el supuesto más favorable al Estado provincial de que así se lo quisiese entender, la demandada vuelve a incurrir en la imposibilidad examinada en lo que a la extensión del plazo se refiere. En segundo término, debe señalarse que la legislación nacional establece que las obligaciones consolidadas quedan sujetas a los recursos que anualmente contenga la ley de presupuesto de cada año para hacer frente al pasivo consolidado siguiendo el orden de prelación y cronológico que prevén los arts. 7° y 8° de la ley 23.982, en un plazo máximo de 16 años para las deudas en general o, alternativamente, los acreedores pueden suscribir a la par bonos de consolidación en moneda nacional (arts. 14 y 15 de la ley 25.344 y 10 y 11 del decreto reglamentario 1116/00 y asimismo, art. 10 de la ley 25.565 y decreto 1873/02). En cambio, la norma local establece como única posibilidad el pago mediante títulos públicos que deben suscribirse a la par por el importe total de los créditos en moneda nacional. A todo ello se agrega que el poder ejecutivo provincial sólo está autorizado a emitir los bonos mencionados hasta un importe equivalente al quince por ciento del cálculo de recursos de la Administración Central vigente al momento de emitirlos (arts. 16, 17, 18 y 19 de la ley 12.836), sin explicar en qué situación quedarían las deudas restantes si eventualmente superaran ese porcentaje, y sin otorgar alternativa alguna en cuanto a la forma de cancelación, lo que habría permitido al acreedor, que se ve sometido a un régimen de excepción, adoptar la conducta que finalmente menos lo perjudique. 7°) Que, de tal manera, el ordenamiento provincial resulta inaplicable dado que impone mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir créditos del Estado local, extremo que se encuentra expresamente prohibido (Fallos: 317:1621; 318:1755; 319:63; 324:363 y 861; entre otros)”.

(82) BOP 19-I-2006

(83) “2°) Que como reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal si bien los estados provinciales pueden invocar y hacer valer las leyes de consolidación que dictan sobre la base de la facultad que les confirió el art. 19 de la ley nacional 23.982, en virtud de la remisión que efectúa el art. 13 de la ley 25.344, dicha aplicación es posible en la medida en que las normas legales que se invocan, y los actos que se realizan en consecuencia, se ajusten a las previsiones contenidas en la ley nacional y no presenten un conflicto con el art. 31 de la Constitución Nacional (arts. 4° de la ley 27 y 21 de la ley 48; Fallos: 322:1050). Tal como lo determina el art. 19 de la ley de consolidación nacional ya citada, “las provincias podrán consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el art. 1°. Las normas legales locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las que la presente ley establece respecto de las deudas del sector público nacional”. 3°) Que sentado lo expuesto, y contrariamente a lo afirmado por la demandada, no han desaparecido las causas que motivaron la decisión recaída a fs. 598/601 dado que la ley en cuestión contiene condiciones más gravosas que las previstas en la legislación nacional, por un doble orden de razones. En primer lugar, la legislación nacional establece que las obligaciones que se cancelen en efectivo se atenderán con los recursos que al efecto disponga el Honorable Congreso de la Nación en la ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden de prelación y cronológico que se establecen en los arts. 7° y 8° de la ley 23.982, en un plazo máximo de dieciséis (16) años, para las deudas en general, contados a partir de la fecha de corte (arts. 14 de la ley 25.344 y 10 del decreto reglamentario 1116/2000). En cambio, el régimen local no contempla el límite aludido (ver art. 5° de la ley 13.436) de manera que, si eventualmente los recursos existentes no resultasen suficientes, podría extenderse más allá de lo previsto en la legislación nacional la cancelación de lo adeudado, agravando la situación del acreedor, extremo expresamente prohibido por el art. 19 de la ley 23.982 (art. 5°, ley 13.436). En segundo término, la legislación local extiende más allá de lo permitido el comienzo del pago de la primera cuota de amortización de capital e intereses de los títulos públicos. En efecto, el plazo para el pago de tales servicios se computa a partir de la “fecha de emisión” que la ley local la fija el 30 de noviembre de 2001 y la nacional el 1° de enero de 2000 (art. 4, inc. d del decreto 1578/2002 y art. 24 inc. A del decreto 1116/2000). Esta diferencia les ocasionaría a los actores un serio perjuicio, ya que si se admitiese la aplicación de la ley al caso, comenzarían a percibir la amortización del capital e intereses en una fecha posterior a la establecida por la ley nacional. En efecto, los setenta y tres meses previstos para el inicio del pago de dichos servicios comenzarían a contarse a partir de la fecha de emisión a la que se ha hecho referencia, lo que importaría una demora de dos años con relación al régimen al que se adhiere, tornando así la situación de los interesados en más gravosa que la contemplada en la legislación nacional (ver art. 10 de la ley provincial 13.436 y art. 4, inc. g del decreto reglamentario 1576/02, modificado por el art. 18 del decreto 577/06; arts. 15 y 16 de la ley nacional 25.344 y art. 24 del decreto reglamentario 1116/2000). Por lo demás, si bien el art. 11 de la ley 13.436 modificó el art. 18 de la ley 12.836 en cuanto eliminó el límite del 15% del cálculo de los recursos de la Administración Central vigente al momento de emitir los títulos, lo cierto es que el decreto reglamentario mantiene dicha limitación (ver art. 4, inc. f del decreto 1578/2002 y arts. 18 y 19 del decreto 577/06). 4°) Que no existe razón entonces para apartarse de lo resuelto a fs. 598/601 y, en consecuencia, exigir a la actora que se someta a un régimen de consolidación que no se ajusta a las disposiciones en vigencia”.

(84) BOP 30-XII-2008 “ARTÍCULO 54.— Incorporar como último párrafo del artículo 16 de la Ley N° 12.836, modificada por Ley Nº 13.436, el siguiente: “Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta en la presente ley, ya sea que el pago se realice mediante Bonos de Consolidación o mediante el Procedimiento de Pago en Efectivo, serán respondidos por el Poder Ejecutivo o cualquier ente deudor de obligaciones alcanzadas por la consolidación indicando que tales obligaciones quedarán sujetas a los recursos que anualmente contenga la Ley de Presupuesto de la Administración Provincial, para hacer frente al pasivo consolidado al 30 de noviembre de 2001, en un plazo máximo de 170 meses contados a partir de la fecha antes indicada”.”ARTÍCULO 55.— Excluir del Régimen de Consolidación establecido por la Ley Nº 12.836 y su modificatoria la Ley Nº 13.436 las obligaciones de causa o título previsional.””ARTÍCULO 56.— Incorporar como anteúltimo y último párrafos del artículo 10 de la Ley Nº 13.436, los siguientes:”Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá realizar la emisión de Bonos de Consolidación con fecha 1º de enero de 2000, con los términos y condiciones establecidos originalmente, de forma que el cronograma de amortización de los mismos finalice a los 16 años de esa fecha.”Los acreedores de obligaciones consolidadas por la presente Ley cuya deuda no hubiere sido cancelada antes del 1° de enero de 2009, que optaren por la cancelación mediante títulos públicos, podrán elegir los títulos emitidos en virtud del párrafo precedente o los emitidos conforme lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo.””ARTÍCULO 57.— Autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a dictar las normas reglamentarias, complementarias e interpretativas que requiera la implementación de lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 56, de la presente Ley.”

(85) Mediante tal Decreto el Poder Ejecutivo: i) encomendó al Ministerio de Economía, en su calidad de autoridad de aplicación, la emisión de Bonos para la cancelación de obligaciones consolidadas por la ley n° 12.836, con fecha 1° de enero de 2000, conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la ley 13.436 modificado por el artículo 56 de la ley 13.929, en la medida en que se requiera expresamente esa forma de cancelación, mediante presentación judicial o administrativa; ii) derogó el inciso f) del artículo 4 del Decreto n° 1578/02 y iii) estableció que la autoridad de aplicación de la ley 12.836 deberá informar a los Organismos Deudores lo establecido en el artículo 54 de la ley 13.929 —respecto a cómo deben ser respondidos los pedidos de informes o requerimientos judiciales que en dicho artículo se indica— y en el artículo 55 de la misma ley respecto a la exclusión de las obligaciones de origen previsional del régimen de consolidación.

(86) C. 99.858, “Rodríguez”, sent. del 17-VIII-2011, en la que también se hizo mérito del precedente de la CSJN “Cavada”, sent. del 3-VIII-2010 (Fallos 333:1218), que excluyó de la consolidación provincial a las obligaciones cuya causa o título se hubiesen generado entre el 1-I-2000 y el 30-XI-2001, ante la falta de adhesión expresa por parte de la Provincia a la prórroga de la consolidación federal dispuesta mediante ley 25.725 (art. 58).

(87) Ver Fallos “Hagelin”, sent. del 22-XII-1993 (Fallos 316:3176); “Laporte”, sent. del 4-V-1995 (Fallos 318:805); “Cacace”, sent. del 19-X-1995 (Fallos 318:1887). Reiteradamente ha declarado el Alto Tribunal Nacional —con relación al régimen de consolidación de deudas dispuesta por ley 23.982, al que remite expresamente la ley 25.344— que, a fin de analizar su validez constitucional, es imprescindible tener en cuenta su carácter de legislación de emergencia. En la causa “Gutierrez”, sent. del 13-VIII-1998 (Fallos 321:1984), reiterando el criterio, señaló: “…5°) Que a fin de analizar la validez constitucional de la ley 23.982 es imprescindible tener en cuenta su carácter de legislación de emergencia. En tal sentido, al debatirse el proyecto de ley en el Congreso Nacional se destacó la grave crisis en la que se encontraban las finanzas públicas, y las necesidades de atender con recursos genuinos la deuda del Estado Nacional. Se sostuvo que el Estado se hallaba en una situación equivalente a la de un deudor fallido, que era evidente que no podía pagar a sus acreedores, que la alegada situación de quiebra no implicaba recurso dialéctico al servicio de intereses políticos, sino una realidad que no debía soslayarse; y que las medidas propuestas comportaban un concordato unilateral del Estado (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, reunión 26 y 27 del 1° y 6 de agosto de 1991, págs. 2122/2123, 2133, 2147 y 2178; Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, págs. 2012, 2029, 2032 y 2039 entre otras). 6°) Que, como lo ha destacado esta Corte, en la legislación de emergencia la restricción al ejercicio normal de derechos patrimoniales tutelados por la Constitución debe ser razonable, limitada en el tiempo, y también debe consistir en un remedio a la grave situación excepcional, sin provocar la mutación en la sustancia o esencia del derecho reconocido (confr. Fallos: 243:467; 316:779, considerando 10 y otros). 7°) Que, como se advierte de los antecedentes parlamentarios y del mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó al proyecto que se convertiría en la ley 23.982, es indudable que ella fue sancionada con el objeto de remediar la grave situación económico-financiera en que se encontraba el Estado Nacional. Esta situación no ha sido controvertida en autos, por lo que se encuentra satisfecho el primero de los requisitos enunciados relativo a la razonabilidad de la medida. A todo evento, no es ocioso recordar que las facultades del Poder legislativo ante situaciones de emergencia pueden ser ejercidas para lograr una avenencia razonable entre los derechos y garantías individuales y el bienestar público (Fallos: 172:21), de manera de impedir que los derechos amparados por aquellas garantías, además de correr el riesgo de tornarse ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional. Así, corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar el orden público o bienestar general, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades individuales (Fallos: 171:79; 172:21; 243:449). 8°) Que con relación al resguardo de la sustancia del derecho reconocido al actor, y en la estricta medida a que más adelante se hará referencia (ver considerando 10), el régimen de consolidación instaurado por la ley cuestionada no lo priva del beneficio patrimonial derivado de la sentencia, sino que reconoce la obligación de pago del Estado, evidenciando una voluntad estatal de cumplimiento. Y si bien con la normativa se restringe temporalmente la percepción íntegra del monto debido, la limitación impuesta está dirigida a proteger derechos como los del demandante, que corrían el riesgo de convertirse en quiméricos debido al desequilibrio de las finanzas públicas. En este sentido, cabe recordar que desde sus orígenes el Tribunal ha expresado que los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 de la Constitución Nacional), por lo que en momentos de perturbación social y económica es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad (Fallos: 200:450), pues acontecimientos extraordinarios justifican también remedios extraordinarios (Fallos: 238:76). 9°) Que a continuación corresponde considerar el carácter temporal de la restricción al derecho del actor. En la ley 23.982 se otorgan dos opciones a los acreedores del Estado. La primera es el pago en efectivo; la segunda, la suscripción de bonos de consolidación. Si se opta por aquélla, el Congreso Nacional deberá asignar anualmente recursos para atender al pasivo consolidado; una parte del crédito —hasta la suma de $ 10.000 por persona y por cada vez— se abonará en segundo orden de prioridad, y el saldo adeudado se cancelará en sexto lugar (art. 7°, incs. c y f). En cambio, si se opta por la suscripción de bonos de consolidación (art. 10 de la ley), éstos podrán ser aplicados a la par, sin restricciones, al pago de obligaciones con el Estado o con las personas jurídicas alcanzadas por la ley, y podrán ser rescatados anticipadamente por el Poder Ejecutivo. Además, podrán transferirse o venderse según cotización del mercado. De lo expresado, resulta evidente que no es exacto —como se ha afirmado a fs. 473 vta.— que se suspende varios años el cobro de la deuda, pues en ambas opciones se van realizando periódicos pagos parciales, y —en caso de ser necesario— existe la posibilidad de enajenar inmediatamente los títulos en el mercado. Por lo tanto, el lapso previsto por la norma, sólo es el plazo máximo más allá del cual no podrá aplazarse el pago por parte del Estado, tal como lo dispone el art. 9 de la ley 23.982”.

(88) “… El sentido de la facultad de mandar ejecutar directamente sus fallos en las causas contencioso administrativas conferida a la Corte de la Provincia de Buenos Aires por el artículo 151 (actual 163) de la Constitución Provincial, no es otro que el impedir que el poder administrador burle la autoridad del Poder Judicial… vale decir, el de no dejar librado al arbitrio de la autoridad administrativa el acatamiento a las decisiones de los tribunales de justicia. En este orden de ideas, es necesario destacar, sin embargo que, en la especie, la dilación en el cumplimiento de la sentencia no proviene de un mero acto de voluntad de la administración, sino que se origina en la norma expresa y general emanada de la Legislatura; quien en el ejercicio de los poderes que le atribuye el artículo 90 (actual 103) incisos 2 y 13 de la Constitución local, ha dictado la ley cuya aplicación se discute, con arreglo a la cual ha de obrar el Ejecutivo local, al proceder a la inversión de la renta pública (conf. Art. 132 (actual 144) inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”. Que en tales condiciones cabe señalar que los fundamentos de la resolución impugnada aparecen como insuficientes, pues el razonamiento adecuado para la solución del caso exige no sólo constatar la existencia de la cláusula constitucional que, de modo genérico, faculta a la Corte local a disponer lo necesario para proveer al cumplimiento de los pronunciamientos dictados en las causas contencioso administrativas, sino que requiere además —de manera ineludible— considerar si la facultad conferida de ese modo reviste carácter absoluto o bien si resulta susceptible de reglamentación legal, cuestión que, a su vez, impone expedirse acerca de las atribuciones reconocidas por la constitución de la provincia a la legislatura local”.

(89) CSJN, “Delbés”, por remisión al dictamen del Procurador General, la mayoría del Tribunal consideró que: “… En cuanto a la ejecución de las sentencias dictadas en contra de las Provincias, V.E. sostuvo que cualesquiera que sean las disposiciones que contengan las leyes locales tendientes a sustraer de la acción de los acreedores los bienes, recursos y rentas del Estado contrariando los derechos y garantías que acuerda la ley civil, no pueden ser válidamente invocadas, pues las relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva legislación del Congreso Nacional (Fallos 311:1795; 321:3508; 322:447, cons. 11 y sus citas). Asimismo, en instancia originaria, la Corte se ha pronunciado a favor de la aplicación de normas locales de consolidación, en la medida que no se presentara un conflicto con el art. 31 de la Constitución Nacional, circunstancia que entendió configurada siempre que las provincias las hubieran dictado en virtud de la adhesión que posibilita el art. 19 de la ley 23.982 y sin incluir disposiciones más gravosas que la norma nacional (Fallos 317:739; 1422; 318:1755; 319:860). Habida cuenta de lo expuesto, considero que la ley 11.756, que dispone la consolidación de las obligaciones a cargo de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, sin contar con la previa habilitación de una norma nacional, no fue dictada dentro del marco de atribuciones propio de la legislatura local, sino que involucra cuestiones vinculadas al modo en que se cancelarán las acreencias que se encuentren en las condiciones que la norma establece, extremo que torna aplicable la jurisprudencia reseñada ut supra. … No obsta a dicha solución lo expuesto en el precedente de fallos 322:2817, pues el Alto Tribunal, para admitir la validez constitucional de la ley 11.373 de la Provincia de Santa Fé —que declaró la emergencia del sistema jubilatorio local— tuvo especialmente en consideración que las Provincias, en ejercicio del poder no delegado por la Constitución al gobierno federal, pueden crear y reglamentar regímenes de seguridad social dentro del ámbito de los agentes de la administración pública, de los magistrados y funcionarios de sus tribunales, de integrantes de las legislaturas y también, en virtud del ejercicio del poder de policía retenido, sobre la práctica de las profesiones liberales. Tales circunstancias no concurren en la especie, pues aunque la deuda que se pretende consolidar está a cargo de un municipio —ya que el accidente ocurrió cuando el causante se trasladaba al lugar de trabajo— encuentra su fuente en el artículo 1113 del Código Civil. En tales condiciones entiendo que cabe admitir la tacha de inconstitucionalidad alegada por la actora, puesto que la ley local que se impugna no se compadece con el esquema institucional en el que pretende insertarse (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional).

(90) “11)… Que resta ahora determinar, a la luz de la doctrina judicial reseñada, si la ley 23.982 —atento a las circunstancias fácticas de autos— es o no compatible con los principios de la Constitución Nacional. En primer lugar, resulta indudable que la ley impugnada fue sancionada con el objeto de remediar la grave situación económico-financiera en la que se encontraba el Estado Argentino (conf. Mensaje del Poder Ejecutivo, transcripto en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, del 31 de julio y 1 de agosto de 1991 y lo manifestado por los legisladores en el debate correspondiente: Diputados, 1 de agosto de 1991, y Diario de Sesiones del Senado, del 20 y 21 de agosto de 1991, entre muchos otros). Por lo demás, la existencia de dicha situación de grave emergencia, que sirvió de fundamento a la ley, no ha sido controvertida en autos. De tal forma, en el sub lite se encuentra ampliamente satisfecho el primero de los requisitos enunciados en el citado caso “Russo” para convalidar el tipo de legislación como la de autos. Sin embargo, el Tribunal considera que la norma en cuestión no respeta la segunda de las exigencias sentadas en el recordado precedente, a saber: que la restricción al principio constitucional de la cosa juzgada sea sólo “temporal” de tal forma de no “degradar su sustancia”. En efecto, tal como surge de las conclusiones del a quo que se reseñaron en el considerando 12 de la presente, resulta virtualmente imposible que la señora Iachemet, conforme al desenvolvimiento natural de los hechos, llegue a percibir la totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial de fs. 152/155, pasado en autoridad de cosa juzgada. Resulta así, aplicable al caso lo expresado por la Corte en la causa “Ferrari” (Fallos 199:466), citada en la transcripción del considerando anterior “… ha declarado esta Corte que, ocurriendo una grave perturbación económica y social, es lícita la reducción temporal por el Estado de los alquileres, la prórroga de los contratos de locación y de las obligaciones hipotecarias, como así también la rebaja del interés de las mismas, como medidas que justifica la emergencia, razonables para combatir sus efectos (Fallos 172:21). Mas la doctrina de los fallos de esta Corte ampliamente analizados en la causa Avico c/ de la Pesa (Fallos 172:21) desde los distintos puntos de vista que ponen de manifiesto los votos de la mayoría y de la minoría en los que se hace un estudio cabal de los mismos, no puede extendérsela hasta el punto de desconocer los efectos jurídicos de un fallo ejecutoriado. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la aplicación al caso de autos de la ley 23.982, llevaría, no a una modificación del modo de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino al desconocimiento sustancial de ésta. En consecuencia, al no ser posible —sin forzar su letra, ni el espíritu de la ley citada— efectuar una interpretación de ella que la haga compatible en el sub lite con la garantía del artículo 17 de la Constitución (Fallos 312:2467, considerando 9 y su cita), corresponde resolver que resulta acertado el pronunciamiento de cámara en cuanto declara su inconstitucionalidad. En nada se opone a esta solución lo resuelto por el Tribunal en la causa “Videla Cuello”, ya que todas las opiniones concurrentes allí emitidas hicieron hincapié, al reconocer validez constitucional a la ley impugnada, en el “breve lapso” —dos años— en la suspensión de las ejecuciones de sentencia. Precisamente, fue la brevedad de dicho plazo el elemento central tenido en cuenta por la Corte para considerar que no había existido en ese caso un desconocimiento sustancial del derecho constitucional en juego….”

(91) “8°) Que la compatibilidad constitucional de un sistema como el que establece la ley 23.982 —en procura de un fin público que resguarda los intereses superiores de la comunidad—, depende de la adecuación del medio al fin perseguido, es decir, de que la subsunción del caso concreto en la legislación de emergencia, aun cuando comporte una restricción razonable al uso y goce de los derechos individuales, no signifique una degradación tal que destruya la sustancia del derecho reconocido en la sentencia judicial (doctrina de Fallos: 243:467; causa I.78.XXIV “Iachemet, María Luisa c/ Armada Argentina s/ pensión —ley 23.226-“, fallada el 29 de abril de 1993, especialmente considerandos 10 y 11). 9°) Que de las constancias de la causa surge claramente que la reparación integral del damnificado Héctor Oscar Escobar exige la atención inmediata de las secuelas de las gravísimas lesiones sufridas por el actor con motivo de la explosión del 7 de septiembre de 1982, a saber, paliar las consecuencias de la ceguera (eventual sustitución de córneas y cristalinos, fs. 291), el tratamiento y rehabilitación del sistema auditivo (fs. 297/297 vta.), así como el tratamiento de afecciones de orden psíquico y estético. En el sub examine, una modificación en el modo de cumplimiento de la sentencia como la que resulta del régimen de la ley 23.982, comportaría no solamente una postergación en el ingreso de un bien de naturaleza económica en el patrimonio de la víctima, sino principalmente la frustración de una finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica, cual es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación oportuna. 10) Que las consideraciones precedentes permiten concluir que la aplicación al caso de autos del régimen de la ley 23.982 llevaría al desconocimiento sustancial de la sentencia. Al no ser posible —sin forzar la letra o el espíritu de la ley citada— efectuar una interpretación de ella que la haga compatible en el sub judice con la garantía de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (causa “Iachemet”, considerando 11), corresponde rechazar el agravio del Estado Nacional y confirmar el pronunciamiento de cámara en cuanto declara su inconstitucionalidad”.

(92) “11)… sin embargo, la aplicación de la ley 23.982 con relación a los otros rubros resarcitorios por los que el actor obtuvo sentencia de condena, conduce al desconocimiento sustancial de ella. Sobre el particular, surge de las constancias de la causa la necesidad que tiene el demandante de afrontar en forma inmediata una terapia psiquiátrica, como asimismo de contar con las sumas aptas para adquirir el material ortopédico —inclusive el de reemplazo— que requiere su rehabilitación, una silla de ruedas y cubrir el tratamiento kinésico pertinente (confr. peritaje del Cuerpo Médico Forense, fs. 114/117). En tales condiciones, y con referencia exclusiva a tales rubros, una modificación en el modo de cumplimiento de la sentencia como la que resulta de la ley 23.982, comportaría no solamente una postergación en el ingreso de un bien de naturaleza económica en el patrimonio de la víctima, sino principalmente la frustración de una finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica, cual es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación oportuna (Fallos: 318:1513).

(93) “La Plata, 11 de JULIO de 2007. VISTO La sentencia dictada en autos a fs. 45/53; la liquidación practicada a fs. 71/123; lo manifestado por la Fiscalía de Estado a fs. 124/125 y 138/140 y por la parte actora a fs. 135 respecto a la aplicabilidad al caso de las disposiciones de la ley 12.836, y CONSIDERANDO 1. Los jueces, en el específico marco de una controversia y según el orden constitucional adoptado, fueron dotados del poder para dirimir la aplicación o no de una ley al caso que le llega a sus estrados. Bajo normas que aseguran pleno debate y prueba donde las partes pueden presentar y defender sus posiciones ante un tercero imparcial, el Poder Judicial ofrece el ámbito propicio, donde una ley que en principio habría de regir el caso, finalmente es desplazada al ser inaplicable o al declarársela inconstitucional. Y esta actividad ha sido reiteradamente reivindicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como evidencia de una de las atribuciones primordiales del Poder Judicial (C.S.J.N. Fallos 269:243; 298:511, entre muchos otros). 2. Asimismo, en circunstancias muy especiales, que develaban en modo patente la configuración de una excepcional situación desventajosa del titular de la indemnización (v.gr. por su avanzada edad o por causa de una enfermedad). Esta Suprema Corte ha entendido que correspondía dejar de lado el régimen de consolidación, en el entendimiento que su aplicación provocaba un daño adicional irreparable (causa B. 60.898, sent. del 18-II-2004). Siguiendo tales lineamientos, se ha declarado “inaplicable” la ley de consolidación de deudas cuando su régimen importaba no ya una simple y tolerable variación del modo de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino el desconocimiento o privación de su contenido esencial (cfr. causas B. 60.359, “Spinedi”, res. de 03-II-2005; B. 58.965, “Lacay de Durruty”, res. de 09-XII-2004; B. 61.789, “Mascara”, res. de 04-VIII-2004; B. 59.438, “Platini”, res. de 11-VI-2003; B. 58.477, “Colombo”, res. de 11-VI-2003; B. 59.332, “Alegeri”, res. de 21-V-2002; B. 58.558, “Dietrich”, res. de 04-IX-2002, entre muchas otras) o cuando, en el singular contexto fáctico que daban cuenta los autos, se generaba un severo detrimento al derecho de propiedad del resarcido o a similares bienes jurídicos tutelados tanto por la Constitución Nacional como por su par provincial (cfr. doctr. Causas B. 58.858, “Cal Herbertz”, res. de 28-V-2003; B. 60.359, “Spinedi”, res. de 03-II-2005, B. 57.881, “Jarisz”, res. de 02-VI-2004, B. 60.698, cit., entre otras). En todos esos supuestos, al verificarse que la restricción o limitación iba más allá de lo razonable, la norma de emergencia fue “inaplicada” (art. 57, Const. Pcial.). 3. Ahora bien, debatir y expedirse sobre la “inaplicabilidad” o “exclusión” del régimen de consolidación de deudas respecto de un determinado crédito, por juzgar que hacerla regir en un concreto asunto contraría los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución, importa emitir un juicio acerca de su validez constitucional. Por ello, en los numerosos precedentes reseñados subyacía el criterio adverso a la constitucionalidad del citado régimen legislativo en el preciso caso enjuiciado, no así que éste se hallase fuera del ámbito de aplicación de la norma cuyos efectos venía el Tribunal a enervar. Por ello tales resoluciones se fundaron en el artículo 57 de la Constitución Provincial. Vale recordar también que, en otros supuestos, esta Corte ha confirmado lo resuelto por los tribunales de grado que declararon expresamente la inconstitucionalidad del sistema de consolidación de deudas y su consecuente inaplicabilidad al caso, frente a hipótesis singulares y por análogos argumentos a los expuestos más arriba (v. en este sentido; causas Ac. L.73744, “Pompey”, sent. de 5-III-2003; Ac. 72.952, “Bajinay”, sent. de 02-X-2002; Ac. 83.679, “B., A. C/ H.I.E.M.”, sent. de 28-VIII-2002; Ac. 71.944, “Giles”, sent. de 21-VIII-2002; entre otras). Ello pone en evidencia que, en rigor, la decisión de excluir la aplicación al sub examine de la ley provincial 12.836 —tal como requiere la actora en su presentación de fs. 135— conlleva una valoración contraria de su constitucionalidad para regir el caso bajo estudio. 4. A la luz del criterio esbozado, corresponde expedirse sobre la solicitud de fs. 124/125, replicada por la parte actora a fs. 135. a. Cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “V. 128.XXXV. Vergnano de Rodríguez, Susana Beatriz c/Buenos Aires, Provincia de, s/daños y perjuicios” (sent. de 26-X-2004) descalificó, por inconstitucionalidad, la citada regulación, criterio que fue seguido por este Tribunal en la causa “Aubert”, B. 59.361, sent. de 12-X-2005. Tampoco se escapa a este Tribunal que la ley 12.836 fue modificada por la ley 13.436 (promulgada por Dec. 42 del 09-I-2006, publicada en el B.O. Nº 25.333 de 19-I-2006), incorporando al texto originario algunos contenidos orientados a sortear los reparos constitucionales puestos de relieve en el citado pronunciamiento de la Corte Federal. b. Sin embargo, en el sub lite, las razones esgrimidas por el accionante a fin de justificar la inaplicabilidad al caso de la ley 12.836 son de otra índole y no se alteran por causa del cambio normativo mencionado. En efecto, la ponderación de las particulares circunstancias fácticas que singularizan esta contienda pone en evidencia la grave afectación que habría de provocar a la parte actora la aplicación del régimen de consolidación de su acreencia. Basta tener presente que el aquí accionante resulta ser un hombre de avanzada edad —quien en la actualidad cuenta con 80 años de edad— y que goza de un estado de salud precario —circunstancia esta última que no fue desconocida por la demandada al contestar el traslado de fs. 138/140 (v. fs. 135 y certificados de fs. 132/133)—, lo cual tornaría ilusorio su derecho a cobrar su crédito devengado con motivo del reajuste de su haber jubilatorio ante la forma de pago prevista por la ley 12.836. En síntesis, la aplicación al caso de la citada legislación importaría en los hechos no ya una simple y tolerable variación del modo de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino el desconocimiento irrazonable o la privación de su contenido esencial (Arts. 17, 18, 28, 33 y concs. C.N.; cfr. causa Ac. L 73.744, “Pompey”, sent. De 05-II2003, con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Iachemet, María Luisa c/Armada Argentina s/pensión, ley 23.226″, sent. del 24 de abril de 1993). 5. Con tal alcance, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.836 en su aplicación concreta al sub examine y excluir al crédito reconocido en autos del régimen de consolidación de deudas (arts. 14 bis y 17, Constitución Nacional, 10, 31, 39 inc. 3º y 57, Constitución de la Provincia). Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 1. Declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.836 en su aplicación concreta al caso y excluir al crédito reconocido en autos del régimen de consolidación de deudas (arts. 14 bis y 17, Constitución Nacional, 10, 31, 39 inc. 3º y 57, Constitución de la Provincia). 2. Intimar a la demandada para que dentro del plazo de cinco días practique una nueva liquidación detallada de conformidad a las pautas fijadas en la sentencia dictada en autos y a las que surgen de este decisorio (arts. 78 inc. 3º, ley 12.008 —texto según ley 13.101-; 25, ley 2961; 501 y 502, C.P.C.C.), a cuyo fin líbrese oficio por Secretaría con copia de la presente”.