Por Schurjin Almenar, Daniel. Publicado en Suplemento Penal 2012 (marzo), 1 – LA LEY2012-B,

I. Introducción

Mediante la figura contenida en el artículo 275 del Código Penal el legislador argentino de la órbita nacional ha acuñado lo que, en opinión de Hirsch (1), es uno de los clásicos delitos de peligrosidad: el falso testimonio.

En lo concreto, la citada disposición legal estipula lo siguiente:

Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena.

A través de este trabajo procuraré pasar revista por la conceptualización del bien jurídico vinculado con la figura de referencia, para luego esbozar algunas ideas personales en relación a tal temática.

Todo esto en el entendimiento de que los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales vernáculos pueden ser repensados en lo que respecta al abanico de conductas susceptibles cobrar relevancia jurídico-penal en los términos de la disposición transcripta.

II. El bien jurídico asociado al falso testimonio (con especial referencia a la doctrina y a la jurisprudencia) – Una necesaria aclaración previa

Es sabido que un amplio sector de la doctrina jurídica argentina entiende que todas las normas penales que contienen los delitos previstos en la parte especial del Código Sustantivo giran en torno a la protección de bienes jurídicos (2).

Sin embargo, no es posible soslayar que en el ámbito nacional también contamos con significativos exponentes académicos que tachan de mítica la concepción que postula al poder punitivo como protector de bienes jurídicos, al mismo tiempo que —a partir de lo normado por el artículo 19 de la Constitución Nacional— exigen que el ius puniendi se vea limitado a que no se considere típica una acción que no lesiona un bien jurídico ajeno; por lo cual suelen pronunciarse en términos de bien jurídico (necesariamente) afectado (3).

Entiendo que el trazado de las precitadas referencias es necesario para el subsiguiente desarrollo de este opúsculo y opino que cualquier intento de profundizar en los pormenores analíticos de ambas posturas me alejaría sensiblemente del eje central de esta exposición. Sin embargo, no dejaré de plasmar que es la segunda de ellas la que —desde mi óptica— asegura el menor grado de irracionalidad en el ejercicio del poder punitivo.

III. Nociones derivadas de la codificación sobre el bien jurídico asociado al falso testimonio (referencia previa a la legislación comparada)

Es de carácter básico enunciar que los sucesivos títulos y capítulos que conforman la parte especial de un código penal permiten desarrollar una primaria clasificación de las normas allí contenidas y diferenciarlas de acuerdo al (principal) bien jurídico con el que se encuentran vinculadas.

Conforme tal patrón, hallamos algunas legislaciones foráneas que asocian el falso testimonio con las falsedades, tal como había ocurrido en nuestro país con el denominado Código Tejedor (4). Así encontramos, por ejemplo, las previsiones de los códigos penales de la República de Chile (5) y los Estados Unidos de México (6).

Por su parte, el legislador de la República del Paraguay incluyó el delito de testimonio falso dentro del capítulo que su codificación penal dedica a los hechos punibles contra la prueba testimonial, situado en el título que —acaso más genéricamente— se le ha destinado a los hechos punibles contra las relaciones jurídicas (7).

Asimismo, no son pocas las naciones que en sus códigos penales han alojado el falso testimonio dentro de los tractos referidos a los delitos contra la administración de justicia; verbigracia: el Reino de España (8) y las repúblicas de Uruguay (9), Brasil (10), Colombia (11), Costa Rica (12) y Venezuela (13).

A diferencia de lo que ocurre con los supuestos traídos a colación, en el caso de la República Argentina el artículo 275 del Código Penal se encuentra inserto dentro del tramo destinado a los delitos contra la administración pública, concepto que —como se verá— se encuentra estrechamente ligado al destacado en el párrafo anterior, aunque resulta un tanto más amplio o genérico.

IV. Nociones sobre el bien jurídico asociado al falso testimonio derivadas de la interpretación doctrinaria y jurisprudencial a nivel local

No todos los doctrinarios clásicos y contemporáneos que se han dedicado al estudio puntual del delito de falso testimonio han coincidido de modo absoluto al expedirse sobre el alcance del bien jurídico que debe verse afectado para que se justifique la tipicidad en los términos del artículo 275 del Código Penal (aunque sí han concordado en algunos aspectos fundamentales que serán puestos de relieve más adelante). Sobre el punto, distintos juristas han manejado diferentes concepciones, algunas de las cuales —las principales, acaso— se enuncian a continuación:

* El normal y regular funcionamiento de la actividad judicial (14).

* La administración pública, en cuanto hace al derecho de la sociedad a que las autoridades públicas, en resguardo del acierto de sus resoluciones, conozcan la verdad en los casos llevados a su juzgamiento (15).

* La administración de justicia; vinculada a la pureza de la prueba, como elemento esencial para la correcta valoración del juez a la hora de dictar resoluciones y sentencias justas (16).

* El correcto funcionamiento de la administración de justicia, procurando evitar la construcción errónea de los juicios históricos que pueden formarse los jueces por los datos incorrectos que se les proporcionen (17).

* La administración pública en general y la administración de justicia en particular (18).

Adicionalmente, desde el ámbito jurisprudencial se ha señalado al bien jurídico en cuestión como:

* El normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la administración pública, que se concreta mediante el correcto funcionamiento de la justicia, que —a su vez— depende del acierto de los magistrados sobre las circunstancias relevantes de la verdad histórica de hecho criminoso materia de investigación (19).

* La administración de justicia, a la que incumbe investigar la verdad para garantizar el acierto de sus resoluciones (20).

* La administración pública como marco general y la administración de justicia de modo específico, con inclusión de la fe pública judicial, cuidando la recta aplicación de las leyes (21).

V. Revisión de los límites conceptuales del bien jurídico asociado a la figura del artículo 275 del CP – Derivaciones

Tal como ha quedado evidenciado a partir de lo que ha sido expuesto hasta este punto, más allá de ciertos matices particulares, el grueso de la doctrina como así también la jurisprudencia nacional entienden que no cabe hablar de falso testimonio en la medida que no exista la posibilidad de poner en peligro (claro está: mediante la idónea conducta del agente —examinada ex ante (22)—, frente a la autoridad competente, en el marco de un acto formalmente válido) la actividad de un juez, precisamente a la hora de juzgar (más allá de que tal juicio pueda no tener lugar en la esfera judicial propiamente dicha); actividad asociada al hecho de resolver o sentenciar.

En otras palabras, de acuerdo a las interpretaciones vigentes, una conducta podrá ser válidamente subsumida en la letra del artículo 275 del Código Penal (23) cuando —además de cumplir con otros requisitos que hacen a la configuración del tipo— tenga suficiente entidad como para hacer peligrar el acertado despliegue de una labor específica (resolver, sentenciar) por parte de un determinado sujeto (el juez, entendido en sentido amplio, es decir, no estrictamente el juez judicial).

Ahora bien, llegados a este punto del desarrollo resulta propicio formular los siguientes interrogantes:

* ¿Es acaso posible que la puesta en peligro del acertado despliegue de labores distintas a las mencionadas pueda justificar la tipicidad de una conducta en los términos del artículo 275 del Código Penal?

* ¿Resulta posible sostener la mentada tipicidad cuando lo que se afectan son labores llevadas a cabo por un sujeto distinto al juez?

Procuraré brindar una satisfactoria respuesta a ambos planteos circunscribiéndome a la puntual órbita del proceso penal.

a. A tal fin, buscaré comenzar a dilucidar la primera de las cuestiones planteadas recurriendo a una interpretación gramatical del término administración de justicia, siempre entendida como un componente específico del campo genérico administración pública. En ese sentido, la Real Academia Española concibe tres acepciones para la aquella locución (24):

– Sistema de jueces y tribunales.

– Organización y funcionamiento de este sistema.

– Gestión del sistema judicial y de su actividad (25).

Para el desarrollo que me he propuesto me quedaré con el último de los significados transcriptos, por entender que se trata de aquello que de modo primario el legislador procuró evitar que se ponga en peligro mediante la comisión del delito que nos ocupa (26).

Ahora bien, como sabemos, la gestión y actividad de los juzgadores que —según la Constitución Nacional (27)— son llamados a entender en el contexto de asuntos penales, si bien reconoce como primordial la faena de emitir resoluciones y sentencias que deben ser justas, también puede comprender, para los jueces que intervienen en los procesos regulados por el Código Procesal Penal de la Nación, la realización de investigaciones (28) (labor, por cierto, muy cuestionable) (29), que deben ajustarse a una pauta de celeridad.

Entonces, la realización de la actividad que se materializa cuando un juez penal practica actos de instrucción también puede ser comprendida en el concepto de administración de justicia; por lo cual la puesta en peligro del debido despliegue de tal tarea sería susceptible de sustentar un juicio afirmativo de tipicidad en los términos del artículo 275 del Código Penal; en tanto que media un nivel inaceptable de conflictividad.

Tomemos como ejemplo para visualizar lo antedicho un caso de defraudación en contra de la administración pública cometida mediante cheques, en el que la pista que se encuentra siguiendo el juez encargado de la pesquisa finca en reconstruir la cadena de endosantes y tenedores de los cartulares, como medio para cumplir —al menos en parte— con el objeto de la instrucción (30). Si en el marco de la declaración testimonial que se le recibe a una persona integrante de ese encadenamiento, esta depone falsamente al punto de poner al magistrado ante el peligro de apartarse de la correcta línea de investigación (por ejemplo, mintiendo sobre la identidad de la persona que le hizo entrega de los cartulares, extremo susceptible de hacer peligrar el debido seguimiento de la cadena —lo cual es bien distinto a resolver o sentenciar—), tengo para mí que tal conducta es susceptible de ser subsumida jurídicamente en la letra del artículo 275 del Código Penal. Justamente, por ponerse en peligro —de modo suficientemente relevante— el bien jurídico asociado a la figura en cuestión.

b. A partir de lo dicho, estimo que puede darse por demostrada la posibilidad de poner en peligro el acertado despliegue de labores distintas a las de resolver y sentenciar, a punto tal de justificar la tipicidad de una conducta en los términos del artículo 275 del Código Penal, cuando se hace peligrar la correcta faena de instruir una causa penal; con lo cual la primera de las preguntas formuladas en el apartado anterior queda contestada por la afirmativa.

Sentada tal posición, es menester destacar que la emisión de resoluciones y sentencias penales en sentido estricto, es una labor (actividad) del exclusivo resorte del juez (sujeto); más no así la de investigar, toda vez que de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación dicho quehacer también puede corresponder al fiscal (31).

A partir de lo dicho es plausible comenzar a dar respuesta a la segunda interrogación formulada en el apartado anterior. En ese sentido, parece claro que una conducta criminosa como la referida en la ejemplificación antes trazada (la del supuesto de defraudación contra la administración pública cometida mediante cheques) producirá el mismo peligro para la correcta instrucción, si acaso la dirección de esta fue puesta en cabeza del representante del Ministerio Público Fiscal.

Lo que también parece claro es que tal organismo, si bien integra el sistema de justicia argentino —como operador del mismo— (32), cumple una función de procuración antes que de administración de justicia (ya que, por imperio del artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público no forma parte del sistema judicial —a cuya gestión y actividad se aludió mediante la acepción terminológica escogida en el segmento al que le corresponde la nota al pie nº 24).

No obstante, debe recordarse lo expuesto sobre el final del precedente acápite III: el artículo 275 del Código Penal se encuentra inserto dentro del tramo destinado a los delitos contra la administración pública; lo cual demanda preguntarse si —al igual que la administración de justicia— la procuración de justicia es un componente específico de aquella.

Un estudio de mayores dimensiones resultaría necesario para zanjar el particular planteo plasmado en el párrafo anterior. No obstante lo cual, me inclino por pensar que, desde el momento en que tanto jueces como fiscales pueden investigar penalmente —conforme las ya citadas pautas legales de carácter procesal—; y dado que el falso testimonio también abarca conductas abstractamente peligrosas para la actividad de jueces pertenecientes a órbitas distintas de la judicial, el concepto de administración pública como género puede englobar, como especie, la labor de instrucción que se encuentra a cargo de los fiscales (33).

De tal suerte, también quedaría contestada en sentido positivo la segunda pregunta formulada sobre el inicio de este apartado V.

VI. Conclusión

A lo largo de los diferentes tramos que componen este ensayo he buscado realizar un bosquejo de las notas salientes referidas al bien jurídico relacionado con el delito de falso testimonio; con expresa referencia a la legislación comparada y a la local, sumados los conceptos interpretativos que, en la materia, han abrazado la doctrina y la jurisprudencia de la Argentina.

Asimismo, he formulado dos planteos no contemplados en las obras generales que se han dirigido al análisis del tópico y he concluido que (en la órbita estrictamente judicial) la puesta en peligro de, al menos, una labor distinta a la de resolver y sentenciar puede justificar la tipicidad de una conducta en los términos del artículo 275 del Código Penal: tal quehacer es el de investigar.

A partir del trazado de tal idea, también he podido concluir que un juicio de tipicidad a la luz de tal norma puede ser sostenido cuando se hace peligrar la faena que corresponde —al menos— a un sujeto diferente del juez, cual es el fiscal, en tanto sea a tal operador al que se le delegue la dirección de instrucción sumarial y se ponga en situación de peligro abstracto su función de llevar a cabo la pesquisa.

(1) HIRSCH, Hans Joachim, “Sistemática y límites de los delitos de peligro”, publicado en Revista de Derecho Penal, trad. de E. A. Donna y D. Styma, año 2008, nº 1 (Delitos de peligro – II), Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2008 (lo puntual de la referencia en la p. 22 de la publicación).

(2) Por todos, RIGHI, Esteban, “Derecho Penal Parte General”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, página 96.

(3) Confrontar ZAFFARONI, E. Raúl, ALAGIA, Alejandro, SLOKAR, Alejandro, “Manual de Derecho Penal Parte General”, Ediar, Buenos Aires, 2005, p. 368.

(4) Sobre los antecedentes históricos nacionales de la figura que en la actualidad prevé el art. 275 del Código Penal Argentino ver DONNA, Edgardo A., “Delitos contra la Administración Pública”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, pp 445/446; asimismo, GOERNER, Gustavo, “El delito de falso testimonio”, publicado en Revista de Derecho Penal, año 2004, nº 2 (Delitos contra la Administración Pública – II), Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005.

(5) Artículos 206 a 209, situados en el Título IV, denominado De los crímenes y simples delitos contra la fe pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio.

(6) Artículos 247 a 248 bis, ubicados en el título decimotercero, denominado Falsedad.

(7) Artículos 242 a 245.

(8) Artículos 458 y 459.

(9) Artículos 180 a 183.

(10) Artículo 342.

(11) Artículos 442 y 443 (en rigor, estas normas están acuñadas dentro del Título XVI del Código Penal colombiano, dedicado al tratamiento de los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia).

(12) Artículo 316.

(13) Artículo 250.

(14) FONTÁN BALESTRA, Carlos, citado en D´Alessio, Andrés (director) – Divito, Mauro A. (coordinador), “Código Penal comentado y anotado”, 1ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2005, t. 2, p. 892.

(15) NÚÑEZ, Ricardo C., citado en D´Alessio, Andrés (director) – Divito, Mauro A. (coordinador), “Código Penal comentado y anotado”, 1ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2005, t. 2, p. 892.

(16) Conf. DONNA, op. cit., p. 447.

(17) CREUS, Carlos, BUOMPADRE, Jorge E., “Derecho Penal Parte Especial”, 7ma. edición, Astrea, Buenos Aires, 2007, tomo 2, página 365.

(18) Así, GOERNER, op. cit., pp. 184 y 186/187, quien se alinea a Creus en la concepción sobre administración de justicia.

(19) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, “L.J.N”, resuelta el 14/3/2002, publicado en revista jurídica Doctrina Judicial, tomo 2002-2, página 861; interpretado en conjunción con el fallo emitido por la Sala VI del mismo tribunal, “Rubio de Blanco, Carmen”, resuelta el 9/10/1979, publicado en revista jurídica La Ley, tomo 1980-A, página 444 (ambos precedentes citados en la ya mentada obra dirigida por D´Alessio y coordinada por Divito, tomo 2, página 83).

(20) Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 251:499 y 251:428 (también evocado en la obra aludida en la nota anterior, tomo 2, página 83).

(21) Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, “Lavalle, Andrea E.”, resuelta el 27/3/2002, publicado en revista jurídica Jurisprudencia Argentina, t. 2003-I, p. 405; interpretado en conjunción con el fallo emitido por la Cámara de Acusación de la provincia de Córdoba, “Lara, Luis A. y otro”, resuelta el 24/4/1997, publicado en revista jurídica LLC, 1997-889 (ambos precedentes extraídos de ROMERO VILLANUEVA, Horacio J., “Código Penal de la Nación anotado”, 2ª edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p.1036.

(22) GOERNER, op. cit., p. 189.

(23) Que no puede ser confundida con aquella otra que reprime el artículo 243 del Código Penal (esto es, la abstención de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva por parte del testigo, perito o intérprete legalmente citado a tales efectos).

(24) Confrontar portal de Internet de la Real Academia Española (www.rae.es).

(25) También en los diccionarios jurídicos obra la acepción de actividad jurisdiccional del Estado cuando se hace referencia a la administración de justicia (confrontar al respecto FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Diccionario Jurídico Mexicano”, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992).

(26) En este sentido, considero que el sistema de jueces y tribunales y su organización y funcionamiento son susceptibles de ser puestos en jaque de un modo algo más remoto mediante la comisión de la modalidad delictiva sometida a estudio (si se diese de modo profundamente reiterado).

(27) Artículo 108.

(28) Es así que el artículo 194 del Código Adjetivo de referencia prevé que el juez de instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en su circunscripción judicial. También cabe recordar que según el artículo 357 de dicho plexo es del resorte de los tribunales orales la realización de instrucciones (investigaciones) suplementarias.

(29) Ver al respecto el elocuente “Relevamiento sobre el funcionamiento de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires”, INECIP, 2011 (disponible on line en http://t.co/w6cHXMe —consultado por última vez el 25/1/2012—).

(30) Conforme las pautas fijadas por el artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación.

(31) En su artículo 196 el Código de Procedimientos federal prevé que el juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal.

(32) Confrontar “Apuntes sobre el sistema judicial y el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina”, Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Buenos Aires, 2008, páginas 8 y 9.

(33) Se llega a esta afirmación no sin tener en cuenta las palabras de Donna, en cuanto a que en Derecho Penal el término administración pública adquiere una profunda amplitud, al punto de conglobar a la esfera de gobierno del Estado en todas sus funciones (ver al respecto DONNA, Edgardo A., “Derecho Penal Parte Especial”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, t. IV, pp. 11 y 12).