Por Gustavo M. Lubat, publicado en la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones

Un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires[1] se refirió a la problemática vinculada con el alcance de la responsabilidad del fiduciario en lo concerniente a los daños y perjuicios derivados de la ejecución del fideicomiso.

Los hechos del caso son los siguientes: como consecuencia del procedimiento de exclusión de activos y pasivos llevado a cabo en el Banco Patricios S.A., el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) transfirió al Banco Mayo Cooperativo Limitado cierta cartera de créditos, entre la que se encontraba uno concedido al actor, supuestamente impago.  El Banco Mayo transfirió el dominio fiduciario de esa cartera al Banco Comafi Fiduciario Financiero S.A. (“Comafi”), quien se desempeñaba como fiduciario del Fideicomiso Mayo I.

En cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de fideicomiso, Comafi promovió un juicio ejecutivo contra el actor, con el objeto de recuperar el crédito en mora.  No obstante, el actor interpuso excepción de pago, ya que contaba con un comprobante de cancelación de dicho crédito emitido por el Banco Patricios S.A.  Esta excepción prosperó.

Como consecuencia de esta ejecución y de haber sido informado durante cierto período como deudor del sistema financiero, el actor demandó a Comafi por la reparación de los daños y perjuicios que alegó haber sufrido en virtud de la situación descripta.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda en su totalidad por entender que el fiduciario no puede ser obligado por causales ajenas, menos aún, concernientes a los bienes fideicomitidos, ya que el artículo 16 de la ley 24.441 dispone que los bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos[2].  Por idéntico argumento, sumado a la circunstancia de que el actor no acreditó ninguno de los daños materiales que alegó haber sufrido, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia.  No obstante, concedió la indemnización por daño moral por considerar que la inclusión de una información errónea y desfavorable sobre la aptitud crediticia del actor constituye por sí misma una legítima afección en los sentimientos.

Si bien puede coincidirse con la solución a la que arribó la Cámara, entiendo que los argumentos en los que fundó su conclusión merecen ciertas objeciones.

Tal como lo sostiene el fallo comentado, el fiduciario no puede ser obligado por causales concernientes a los bienes fideicomitidos.  Esta afirmación resulta de la interpretación de lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 24.441, que establece que el fiduciario no responderá con sus bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso.

Esta norma indica también que las obligaciones asumidas en el marco de dicha ejecución serán satisfechas solamente con los bienes fideicomitidos.  Dentro de estas obligaciones debe entenderse incluida la de responder por los daños y perjuicios que puedan generarse como consecuencia de la ejecución del contrato de fideicomiso.

Resulta evidente, de acuerdo con lo que claramente dispone el artículo 16 de la ley 24.441, que el fiduciario no responde con su propio patrimonio por ninguna de las obligaciones contraídas en el marco de la ejecución del contrato de fideicomiso.  Ello, sin perjuicio de que en aquellos supuestos en que se exceda en el ejercicio de sus facultades y afecte los bienes fideicomitidos a finalidades distintas a las previstas, si bien el patrimonio separado responderá ante terceros de buena fe, el fiduciario responderá con su patrimonio personal ante el fiduciante, beneficiario o fideicomisario (según sea el caso) por los perjuicios ocasionados[3].

De esta manera, cuando se promueve una acción contra una persona en su carácter de fiduciario con motivo del resarcimiento de daños y perjuicios –o cualquier otra obligación- generados en ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de fideicomiso, debe entenderse que dicha acción no tiene la finalidad de agredir el patrimonio personal del fiduciario, sino que la pretensión va dirigida a cobrarse el crédito con los bienes fideicomitidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 24.441[4].

En la sentencia en análisis surge una contradicción entre los motivos por las cuales se rechaza parte del reclamo y se admite otro.  Mientras, por un lado, se decide rechazar la demanda en razón de que el fiduciario no puede ser obligado por causales concernientes a los bienes fideicomitidos, por el otro, se admite el daño moral y se condena a Comafi a resarcirlo.

De acuerdo con el argumento por el cual se rechazaron los daños materiales, si la Cámara de Apelaciones entendió que la acción pretendía agredir el patrimonio personal del fiduciario y por ese motivo rechazó la pretensión, este mismo criterio debió haberse aplicado para rechazar el daño moral, ya que este rubro también resulta una obligación asumida en el marco de la ejecución del fideicomiso.

Nótese que la sentencia no explica cuál es el patrimonio afectado a resarcir el daño moral admitido, lo que evidencia la contradicción entre los criterios utilizados para evaluar la procedencia de uno y otro rubro.  Ello, por cuanto con esta omisión pareciera que el artículo 16 evita la agresión del patrimonio personal del fiduciario sólo en caso de que se pretenda el resarcimiento de daños materiales, pero no así en el caso de un daño moral, distinción que no emana de la ley y, por lo tanto, no tiene sentido alguno.

Lo cierto es que, en el caso en análisis, la disposición del artículo 16 de la ley 24.441 no era el argumento adecuado para el rechazo de la pretensión, toda vez que el hecho de que el patrimonio personal del fiduciario se encuentre ajeno a la agresión de los acreedores surgidos de la ejecución del contrato de fideicomiso, no impide que éstos puedan cobrarse del patrimonio fideicomitido.  La acción por los daños materiales debía rechazarse en razón de que el actor no los probó, tal como la propia sentencia lo destaca en un obiter.

El foco puesto en el artículo 16 de la ley 24.441 para rechazar los rubros correspondientes al daño material genera la confusión de entender que el crédito por el daño moral reconocido puede cobrarse de los bienes que integran el patrimonio personal del fiduciario, ya que la Cámara pareciera marcar, tácitamente, una especie de distinción entre uno y otro caso.

De todas maneras, también es errónea la interpretación en el sentido de que la demanda interpuesta perseguía el cobro del crédito reclamado contra los bienes personales del fiduciario, ya que por imperio del artículo 16 de la ley 24.441 debe entenderse que al demandar a una persona en su carácter de fiduciario lo único que se pretende agredir es el patrimonio de afectación que administra el demandado, ya que lo contrario está prohibido por la ley.  En última instancia, ésta sería una discusión que podría darse en el proceso de ejecución de la sentencia en caso de que el acreedor quiera ejecutarla respecto de algún bien integrante del patrimonio personal del fiduciario.

Como corolario de lo expuesto, cabe remarcar que el artículo 16 de la ley 24.441 protege el patrimonio personal del fiduciario de la agresión de los acreedores cuyos créditos hayan surgido de obligaciones contraídas por aquél en el marco de la ejecución del contrato de fideicomiso y que, por esta circunstancia, cuando uno de estos acreedores demande judicialmente el cumplimiento de tales obligaciones resulta evidente que los únicos bienes de los que podrá cobrarse son aquéllos que integran el patrimonio fideicomitido.  Ello, sin perjuicio de la responsabilidad por la administración del patrimonio fideicomitido que asume el fiduciario con la totalidad de su patrimonio ante el fiduciante, fideicomisario y beneficiario.

Por tal motivo, el rechazo de la demanda fundado en que el patrimonio personal del fiduciario no puede ser objeto de ejecución por el cumplimiento de estas obligaciones no tiene asidero alguno, ya que este razonamiento confunde responsabilidad con patrimonio afectado al cumplimiento de una obligación.

El fiduciario debe responder por los daños generados en ocasión del cumplimiento de sus funciones, aunque no con sus bienes personales.  En todo caso, lo que debe rechazarse es la pretensión de ejecutar la sentencia contra bienes que no sean los fideicomitidos.



[1] CNCom, Sala D, “Ritondo, Cristian A. c/ Banco Comafi Fiduciario Financiero S.A. s/ Ordinario”, 18.04.11.

[2] Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 43, 23.04.10.

[3] Conf. Lisoprawski, Silvio, “Práctica del fideicomiso. Problemas y soluciones”, Abeledo Perrot, 2009, págs. 382/383.

[4] Conf. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 52, “Comafi Fiduciario Financiero S.A. c/ Márquez, Francisco s/ ejecutivo”, 04.03.03.