Tributación local y establecimientos de utilidad nacional: nuevo fallo de la Corte Suprema

Autor: VIDAL QUERA, GASTON

 

El 20 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en los autos “Lago Espejo Resort S.A. c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa (impuesto inmobiliario e ingresos brutos)” en la que se analizó el tema de la tributación local respecto a los establecimientos de utilidad nacional.

 

La actora inició una demanda a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto del poder de imposición que había sido exteriorizado por la Provincia del Neuquén y por la Administración de Parques Nacionales (en adelante “APN”), respecto del establecimiento de su propiedad que explota como hotel, ubicado en el Parque Nacional Huapi, a orillas del Lago Espejo en la citada Provincia.

 

En concreto, la APN le exigía el pago de un derecho anual en concepto de “habilitación para actividades turísticas” y la Provincia le inició un apremio reclamándole el pago del impuesto inmobiliario, así como también que abone el impuesto sobre los ingresos brutos sobre la actividad hotelera. La actora considera que el citado impuesto recae sobre el mismo hecho imponible cobrado por la APN, produciéndose un caso de doble imposición y una violación por parte de la provincia del artículo 9º de la ley 23.548.

 

De los hechos de la causa, debe destacarse que se encontraba acreditado que las tierras fiscales ubicadas en el Parque Nacional Huapi, conforme la ley 22.351 se encontraban bajo el dominio y la jurisdicción sobre los parques nacionales, encuadrando como un establecimiento de utilidad nacional en los términos del artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional[1].

 

En primer lugar, la Corte Suprema analizó que si la vía intentada era la vía idónea. En ese sentido, consideró que estaban presentes los requisitos previstos en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por cuanto existía una resolución administrativa reclamando el impuesto sobre los ingresos brutos y un juicio de apremio reclamando el impuesto inmobiliario aspectos, por lo que “de esos instrumentos surge la clara conducta del fisco provincial de perseguir su cobro”. También estaba acreditado el pago de los importes reclamados por la APN.

 

Respecto a los establecimientos de utilidad nacional, reafirmando que la exclusión de las potestades tributarias provinciales “debe circunscribirse a los casos en que su ejercicio afecte efectivamente la satisfacción del propósito de interés público característico de un establecimiento de utilidad nacional”. En forma coincidente resaltó que los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad de imposición provincial y la interferencia en el cumplimiento de los fines, debe ser efectivamente demostrado por quien lo invoca, mostrando que el ejercicio de los poderes locales “impide, perturba, dificulta, frustra o entorpece los fines federales que determinan la creación del establecimiento”.

 

Al analizar el caso concreto, de acuerdo a los principios generales enumerados en el párrafo anterior, el Alto Tribunal interpretó que los impuestos reclamados no aparecen como incompatibles con la satisfacción del propósito de interés público característico del Parque Nacional Nahuel Huapi. No existe prueba en el expediente que permita concluir que se perturbó o frustró el fin del establecimiento por el cobro de los impuestos reclamados. En ese sentido, resaltó que no se aportaron “elementos que permitan valorar de qué manera el sometimiento a los gravámenes en cuestión produce el efecto que intenta hacer valer”.

 

Respecto a la invocada superposición tributaria, y la colisión con la ley de coparticipación (23.548) se distinguió el impuesto sobre los ingresos brutos del canon que exige la APN. Por un lado, se analizó que el citado impuesto grava el ejercicio habitual y oneroso de la actividad comercial y que el canon que se abona a la APN es por el aprovechamiento o explotación comercial que se le permite dentro de un área protegida, beneficiándose por la infraestructura operativa y de recursos humanos que se da en el área. La Corte tuvo por acreditada una “naturaleza diversa de ambos gravámenes” por lo que no se da el supuesto de doble imposición invocado en la demanda. Además la Corte recordó que el impuesto sobre los ingresos brutos es uno de los impuestos que las provincias de reservaron para cobrar, y que están excluidos de la prohibición de establecer tributos análogos a los nacionales coparticipados.

 

En resumen, el fallo reitera la última doctrina en la materia y los requisitos para que se admita la tributación local en los establecimientos de utilidad nacional.



[1]Art. 75: “Corresponde al Congreso: … 30) Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines”.