05/03/2012 – Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II

En autos “Alanis, Patricia V. v. Sony Argentina S.A.”, se decidió que aunque el telegrama remitido por el trabajador a la empresa subcontratada por la principal, al día siguiente de producido el traslado a la empresa contratante, haya reunido los recaudos formales previstos en el art. 240, LCT, no produce la extinción del vínculo cuando el dependiente continuó en cabeza de la empresa principal que decidió incorporarla a su plantel como empleada en relación directa de dependencia y asignarle iguales tareas pero en relación a un grupo de clientes diverso.

Expediente: 23816/2010

2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, marzo 5 de 2012.

La Dra. González dijo:

La sentenciante de grado hizo lugar a la demanda en lo que ha sido materia sustancial de controversia y, contra tal decisorio se alza la vencida en los términos y con los alcances que explicita en el memorial obrante a fs. 348/356.

No se discute en la especie que la Sra. Patricia V. Alanis ingresó a prestar tareas para Telechet Argentina S.A. el 18/11/2004; que se desempeñó atendiendo el servicio de call center de Sony Argentina S.A. como asesora de ventas telefónicas y en la gestión de reclamos vía web; que a partir del 4/7/2007 pasó a integrar el plantel de personal de Sony Argentina S.A.; que allí también desempeñó tareas en el servicio de call center directo y que, a mediados del mes de diciembre de 2008, fue despedida por la accionada sin expresión de causa.

La parte actora reclamó las diferencias indemnizatorias a que se consideró con derecho en virtud de su real antigüedad al servicio de la demandada Sony Argentina S.A. Asimismo, sostuvo que la liquidación abonada no tuvo en cuenta su mejor remuneración mensual normal y habitual y que no se le reconoció el pago proporcional del Bono por Cumplimiento de Objetivos (en adelante BCO) en función de la fracción del año trabajada. Solicitó la entrega del certificado de trabajo en legal forma y el pago de las sanciones previstas en el art. 80, LCT y en los arts. 1 y 2, ley 25323.

Con relación al planteo vinculado a la antigüedad que correspondía computar a los fines liquidatorios, la Dra. Dubal de Lozano sostuvo que si bien se trata de dos empresas distintas vinculadas en función de la índole de las tareas subcontratadas por Sony Argentina S.A. con Teletech Argentina S.A. en los términos del art. 30, LCT, la primera debía responder por los derechos derivados de la antigüedad en el empleo en función de la cesión de personal operada en julio de 2007. Contra tal decisorio se alza la accionada señalando que se trató de dos vínculos independientes, que no medió acuerdo de cesión de personal entre las firmas involucradas y que, para resolver como se lo ha hecho se ha considerado nula la renuncia al empleo formulada por la actora cuando tal planteo no se dedujo en el escrito inicial.

Pese al esfuerzo argumental que denota el memorial de agravios, el análisis de las pruebas rendidas (adecuadamente merituadas en la sentencia de grado —conf. arts. 90, LO y 386, CPCCN—) y los propios reconocimientos del responde permiten advertir que no medió una clara diferenciación entre las actividades desarrolladas por una y otra empresa en lo que se refiere a las tareas vinculadas al servicio de call center de Sony S.A.; que las tareas desarrolladas en el servicio a cargo de Teletech eran supervisadas por personal de Sony S.A.; que las labores luego desempeñadas en forma directa para Sony S.A. no resultaban esencialmente diversas a las cumplidas en Teletech y que, en definitiva, las tareas desempeñadas por Alanis con anterioridad a julio de 2007, integraron el giro empresario de la demandada Sony en tanto se vincularon en forma directa con tareas que hacían a la actividad normal, específica y propia de la principal. A esta conclusión arribó en similares términos la sentenciante de grado, quien incluso sostuvo que a la relación existente entre las empresas resultaba de aplicación el art. 30, LCT, y esa afirmación del pronunciamiento de grado no ha sido concretamente cuestionado ante la alzada.

En el contexto expuesto, la argumentación recursiva ensayada por la demandada a fin de demostrar que se trató en realidad de dos vínculos y situaciones jurídicas diferenciadas sin ningún punto de conexión por cuanto, simplemente, la actora habría voluntariamente decidido renunciar a Teletech S.A. para ingresar a sus órdenes, no luce razonablemente aceptable.

A diferencia de cualquier otro caso en que se produce la renuncia a un empleo y la inmediata contratación en otro, en el presente se advierte una clara unidad en la gestión empresarial que se caracterizó por haberse integrado la trabajadora al establecimiento de la principal (unidad técnica de ejecución, conf. art. 5, LCT) con anterioridad a su alegada incorporación. En efecto, aun cuando la contratación originaria se hubiere llevado a cabo de manera indirecta (a través de la empresa subcontratada para prestar el servicio respecto de algún segmento de la clientela a atender), no puede soslayarse que la demandante se integró al giro empresario de la principal en tanto siempre prestó sus servicios para Sony Argentina S.A. —en tareas que hacían a su actividad normal, específica y propia— y se mantuvo en contacto con las directivas y observaciones que de manera directa o indirecta emanaron del personal superior de dicha empresa. En el caso, tampoco medió solución de continuidad entre el egreso de una empresa y su incorporación en la empresa cliente (ingresó en Sony S.A. el 4/7/2007 y remitió la renuncia a Teletech S.A. el 5/7/2007) y, si bien en la especie no puede atribuirse a Sony S.A. la titularidad de la relación ab initio, las especiales particularidades de la causa y lo expuesto por los testigos en torno a que habitualmente Sony S.A. incorporaba como personal propio a quienes lograran buenos resultados en las gestiones encomendadas en Teletech S.A. (ver en especial dichos de Cuevas a fs. 252 y Nerini a fs. 254), permite concluir que no hubo un corte, egreso o cese en la relación, sino una modificación en el sujeto empleador derivada del traspaso de la trabajadora que, de prestar servicios en la porción de actividad tercerizada, pasó a hacerlo de manera directa, en las mismas tareas, en la sede de la principal.

Las circunstancias particulares reseñadas habilitan el encuadre que la sentenciante de grado ha efectuado de conformidad con lo específicamente dispuesto en el art. 229, LCT. Al respecto considero necesario referir que, para que se perfeccione una cesión de personal en los términos expuestos en la norma no es necesario que el trabajador afectado acredite la existencia de acuerdo o convenio entre las empresas, máxime cuando en el caso, las mismas se encuentran relacionadas por un indisimulado vínculo de coordinación que, entre otras cosas, permitió —no sólo en este caso, sino en otros (ver testimonio de Cuevas a fs. 252)— la evaluación del personal dependiente de la contratista durante cierto tiempo, su adoctrinamiento y eventual contratación de modo directo.

En cuanto a la alegada imposibilidad de declarar la nulidad de la renuncia formulada por la actora a Teletech S.A. se impone referir que por imperio de los principios que informan al Derecho de Trabajo, el régimen general que rige en materia de nulidad de actos jurídicos no resulta de aplicación directa porque, por ejemplo, a diferencia de lo que acontece en el derecho civil, la nulidad de una cláusula o condición del contrato de trabajo no hace caer a todo el negocio jurídico y no requiere ser tachada de nula para que se produzca su desplazamiento y automática sustitución por la norma imperativa que rige el caso (conf. arg. art. 13, LCT). A su vez, distintas normas de la LCT restan toda validez (o consideran “nulos) a ciertos actos llevados a cabo conciente y voluntariamente por el trabajador por resultar contrarios a disposiciones de orden público sin necesidad de que sea éste quien los cuestione y, asimismo, se establecen consecuencias diversas para el caso de celebrarse actos de objeto ilícito o prohibido (ver, v.gr., arts. 12, 41 a 44, 133, 134, 142, 145, 148, 241, LCT).

En el presente, aunque el telegrama remitido por la trabajadora a Teletech S.A. al día siguiente de producido el traslado haya reunido los recaudos formales previstos en el art. 240, LCT, lo cierto es que en los hechos no produjo la extinción del vínculo por cuanto este continuó en cabeza de la empresa principal que decidió incorporarla a su plantel como empleada en relación directa de dependencia y asignarle iguales tareas pero con relación a un grupo de clientes diverso. De allí la invocación al principio de primacía de la realidad que la sentenciante acertadamente efectuara.

No soslayo que las condiciones de contratación variaron a raíz del traslado, pero esa circunstancia, al igual que otros devenires propios del tracto sucesivo que caracteriza al contrato de trabajo (como ser ascensos, traslados, aumentos salariales, etc.) no resulta demostrativa de la existencia de una contratación originaria y autónoma de toda vinculación anterior. Sony no ha sido, respecto del personal afectado a las tareas de call center llevadas a cabo por Teletech, un tercero ajeno, sino un co-deudor solidario de las obligaciones laborales y previsionales de su contratista, por lo que si el traspaso se operó entre empresas vinculadas, coordinadas o subordinadas, existió trato con la trabajadora a raíz o en función de las tareas desarrolladas en su beneficio con anterioridad y luego, fue afectada a las mismas tareas, no puede sostenerse la existencia de una contratación originaria y totalmente independiente por lo que de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto encuadró la situación de la actora en un supuesto de transferencia del contrato de trabajo (art. 229, LCT).

En orden al pago proporcional del Bono por Cumplimiento de Objetivos, la crítica esgrimida por la demandada se sustenta básicamente en un cambio en la modalidad de pago que, a mi juicio, no se encuentra debidamente acreditada. El hecho de que hubiera podido verificarse algún aumento de salario con posterioridad al pago del beneficio, no lleva sin más a concluir que con ello se absorbió en su integridad el impacto económico que en el ingreso de los trabajadores tiene el reconocimiento de un adicional como el referido. Por lo demás, y como lo puntualizó la sentenciante de grado en conclusión que llega firme a la Alzada, según lo manifestaron los testigos que declararon a propuesta de la propia demandada, la eliminación del BCO solo habría involucrado a “determinadas posiciones” (ver fs. 268). Frente a ello no corresponde tener por suficientemente acreditada la eliminación y posterior sustitución del bono anual durante el período 2008, máxime cuando esa decisión empresaria (de haberse adoptado) no fue instrumentada de manera fehaciente y no se notificó al personal afectado de manera efectiva.

Consecuentemente, y analizado el planteo en los concretos términos en que ha sido formulado, de prosperar mi voto, corresponde confirmar también en este aspecto la sentencia apelada.

En cuanto a las certificaciones previstas en el art. 80, LCT, teniendo en cuenta la solución propuesta precedentemente en orden a la antigüedad en el servicio que debió reconocérsele a la actora, la crítica formulada debe ser desestimada por cuanto las constancias entregadas sólo reflejaron las condiciones contractuales reconocidas por la demandada. Por lo demás, reiteradamente esta Sala ha sostenido que la certificación de servicios y remuneraciones que se extiende en el formulario PS 6.2 de la AFIP no llena todos los contenidos que el art. 80, LCT, prevé para las referidas certificaciones. En efecto, la documentación requerida debe contener la indicación del tiempo de prestación de los servicios; la antigüedad reconocida, la naturaleza de las prestaciones (tareas, cargos, categoría profesional, etc.); el detalle de los sueldos percibidos; la constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social (constancia o descripción que efectúa el principal y que no debe confundirse con la “constancia documentada” que el mismo artículo prevé en el primer párrafo como posibilidad de excepción); y la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación (conf. ley 24576).

Es de toda evidencia que el documento de fs. 99/101 no cumple con la totalidad de los recaudos de contenido establecidos en la norma en tanto, entre otras cosas, carece de la indicación de los aportes y contribuciones efectuados a la seguridad social y de toda referencia a la calificación profesional obtenida.

Consecuentemente, por lo expuesto, propicio confirmar la sentencia apelada en cuanto condena a la accionada a hacer entrega de las certificaciones previstas en el art. 80, LCT, en legal forma.

Tampoco asiste razón a la demandada en cuanto cuestiona la procedencia de la sanción prevista en el último párrafo del art. 80, LCT, puesto que el actor intimó a la entrega del certificado de trabajo de modo fehaciente el 15/1/2009 y su pretensión ha sido expresamente desestimada por la empleadora a través de la carta documento del 20/1/09 (ver términos de la misiva obrante a fs. 105) lo que pone en evidencia la decisión de no dar satisfacción a la petición formulada. Frente a ello y toda vez que tampoco se ha satisfecho su requisitoria al tiempo de celebrarse la audiencia ante el SECLO (ver fs. 4), se impone desestimar la crítica vertida por la demandada en cuanto se sustenta en la falta de oportuna intimación.

Al respecto esta Sala a través del voto mayoritario de mis colegas ha señalado que el reclamo efectuado ante el SECLO en el que se incluyó la pretensión de entrega del certificado previsto en el art. 80, LCT, debe entenderse razonablemente constitutivo del requerimiento que prevé la norma citada, por lo que aun cuando la intimación no se hubiera cursado con posterioridad a los 30 días previstos en la norma reglamentaria (art. 3, dec. 146/2001), corresponde hacer lugar a la indemnización reclamada (ver, entre muchos otros, “Rivero Daniel v. Chamorro Cuenta”, SD 94717 del 8/2/2007). Por lo demás, en el caso, ante la cerrada negativa de la empleadora a dar satisfacción a la intimación remitida el 15/1/09 no cabía exigirle a la trabajadora la realización de una nueva requisitoria.

Cuestiona la demandada que la sentencia de grado haya receptado el reclamo por la indemnización especial prevista en el art. 2, ley 25323, para el supuesto de no abonarse en debido tiempo la liquidación final por egreso.

En el particular caso bajo examen, la diferencia indemnizatoria por la que prospera la acción y que dio origen a la intimación formulada por la trabajadora en los términos del art. 2, ley 25323, en lo sustancial refleja la incidencia del cómputo de una antigüedad mayor a la registrada por Sony Argentina S.A. sobre la base de las fechas de ingreso y egreso a sus órdenes. Este aspecto de la controversia, dadas las especiales particularidades del vínculo y de la relación existente entre la accionada y su subcontratista Teletech Argentina S.A. (anterior empleadora de la demandante) requirió necesariamente de un análisis particularizado en tanto no se ha invocado en concreto un supuesto de intermediación fraudulenta en la contratación (conf. arts. 14 y 29, LCT) y, en tal contexto, la posición sustentada por la accionada en su misiva de fs. 105, no resultaba manifiestamente irrazonable y pudo válidamente justificar su reticencia al pago de las diferencias reclamadas. Nótese asimismo, que en la sentencia de grado sólo se ha hecho lugar en forma parcial al reclamo inicial, lo que permite a mi juicio tener por configurado el supuesto de excepción previsto en el segundo párrafo del art. 2, ley 25323, por lo que de prosperar mi voto, correspondería modificar en tal aspecto la sentencia de grado y deducir del monto total de condena la suma de $ 2144,44 que se estableció en concepto de la indemnización en cuestión.

En orden a los parámetros utilizados en la sentencia de grado para practicar la liquidación de los distintos rubros reclamados, cabe señalar que en el punto III de los considerandos de fs. 342 se han explicitado debidamente los importes salariales a considerar en los distintos supuestos y lo cierto es que en los agravios no se han precisado cuales serían los errores de cálculo que, sobre la base de la antigüedad reconocida a la accionante, evidenciaría la liquidación practicada a fs. 343. En consecuencia, analizada la crítica en los términos en que ha sido propuesta, corresponde confirmar también en tal sentido la sentencia apelada.

Las costas de primera instancia han sido impuestas a cargo de la parte demandada que ha resultado vencida en lo que ha sido materia principal de controversia y, contra tal aspecto del decisorio, se alza la accionada puntualizando que, en definitiva, la demanda ha prosperado por un importe sustancialmente inferior al reclamado.

Si bien es cierto que los reclamos formulados en el inicio no han sido receptados en su totalidad ni en toda su extensión y que, según la solución que he dejado propuesta, el monto total de condena quedaría reducido a un importe total de $ 10.500,89 —con más los intereses fijados en la instancia previa— (importe menor al 50% del reclamado); la imposición de costas no responde a una cuestión meramente aritmética o de cálculo y para su determinación debe considerarse no sólo el resultado económico obtenido sino también, y muy especialmente, la índole de las cuestiones planteadas, el modo de resolverse y los motivos por los cuales se llegó a litigio. En el caso bajo examen, sólo se han desestimado rubros accesorios y la trabajadora se vio obligada a litigar a fin de obtener el reconocimiento de su antigüedad en el empleo, por lo que no corresponde a mi juicio imponer las costas por su orden, sino distribuir los gastos causídicos en función de los mutuos vencimientos parciales y recíprocos obtenidos a la luz de las pautas antes referidas, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 68 y 71, CPCCN, propicio dejar sin efecto la imposición de costas efectuada en la instancia previa e imponer las mismas, en ambas instancias, en un 70% a cargo de la parte demandada y en el 30% restante a cargo de la parte actora.

En atención al nuevo monto por el que prospera la acción y teniendo en cuenta el modo en que he propuesto distribuir los gastos causidíacos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 279, CPCCN, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria, deviniendo por tanto abstractas las apelaciones de honorarios deducidas al respecto.

Teniendo en cuenta el resultado final obtenido, el valor económico del litigio, el modo de resolverse, el mérito y extensión de las tareas profesionales desarrolladas y lo dispuesto en la ley 21839, en el dec.-ley 16638/1957 y en el art. 38, LO, corresponde regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada y los de la perito contadora en los respectivos porcentajes del 15%, 13% y 7%, todos a calcularse sobre el monto de condena (capital e intereses).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14, ley 21839, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte demandada y de la parte actora por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que en definitiva corresponda a cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa.

El Dr. Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el tribunal resuelve: 1) Modificar la sentencia apelada y reducir el monto de condena a la suma de $ 10.500,89, la que devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de grado, 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia, 3) Imponer las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la parte demandada y en el 30% restante a cargo de la parte actora, 4) Regular los honorarios profesionales en la forma dispuesta en los considerandos precedentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.— Miguel Á. Maza.— Graciela A. González.