Autor: Manuel alejandro Améndola

Hace escasos días el Senado aprobó sin modificaciones el proyecto de ley que envió el P.E.N. reformando la Carta Orgánica del B.C.R.A. que ya había pasado con acogida favorable por Diputados.

Entiendo que a partir de esta reforma el B.C.R.A. se convertirá en una institución con una gran dependencia del gobierno central perdiendo gran parte de la autarquía que ostenta. Respecto a ese tema en particular (el carácter de autárquico de la entidad) remito a un artículo que publicara en el diario La Ley en oportunidad de la remoción del entonces Presidente Martín Redrado (L.L, 1 de febrero de 2010; en esa misma publicación la prestigiosa constitucionalista Maria Angélica Gelli se refirió con ejemplar maestría a la autonomía de las autoridades del B.C.R.A. respecto al P.E.N.).

En los párrafos que siguen intentaré brindar una semblanza de los principales aspectos de la nueva ley, dejando de lado los menos trascendentes. Asimismo debo aclarar que hay elementos muy interesantes para analizar en los dictámenes de minoría en la Cámara de Diputados, a los que remito, pero por razones de espacio no me explayaré sobre ellos.

Como primera medida el estado nacional se convierte en garante de las obligaciones asumidas por el B.C.R.A. Esta disposición cobrará virtualidad plena cuando lleguemos al estudio de las modificaciones de algunos artículos de la Ley de Convertibilidad, ya que puede leerse, en mi opinión, como el correlato de la posibilidad de que se utilicen reserva para pagar deudas.

Conjuntamente, se dispone que cualquier norma que se emita en el futuro en el ámbito administrativo no podrá disminuir las facultades que la flamante ley le reconoce al B.C.R.A.; esto puede leerse como una norma que tendería a proteger a la entidad evitando que otra normativa administrativa obstaculice el correcto funcionamiento de la entidad bancaria.

Se modifica radicalmente el art. 3 de la C.O redefiniendo la misión del B.C.R.A. al describirla ahora como la promoción, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.

Claramente esta “función”  vinculada a las políticas estatales (desarrollo económico con equidad social) es más que grave, puesto que los alcances no son claros.  Nada tan extraño a la función de una entidad bancaria como ocuparse de cuestiones sociales; por lo menos no es atinado incluirla en su Carta.Orgánica. También ese nuevo precepto deja traslucir la voluntad del P.E.N. de utilizar para fines políticos la entidad.

Completa la reforma comentada en el párrafo que antecede el nuevo punto b) del artículo cuarto al endilgarle como nueva función orientar el crédito. Se trata de la potestad que tendrá el B.C.R.A. de seleccionar a que entidades y con fines se le facilitan préstamos dinerarios.

En los artículos que siguen se continúa hablando de cierta flexibilidad al momento de otorgar préstamos a otras entidades financieras destinadas  a satisfacer créditos productivos.

La modificación al actual art. 42 de la C.O es otro paso adelante por sobre la autarquía del B.C.R.A., al imponer como deber que se publiquen antes del inicio de cada ejercicio anual sus objetivos y planes respecto al desarrollo de la políticas monetarias, cambiarias, crediticia y cambiaria y, en caso de haber cambios significativos (no queda claro que alcance debe dársele a este término), deberá informar las causas de dicho viraje de criterio. .

En cuanto a la función de contralor y superintendencia que el B.C.R.A. posee sobre las entidades financieras, se amplía el espectro de sus prerrogativas al disponer que debe “vigilar el cumplimiento del régimen informativo y contable para las entidades financieras y cambiarias”

Sin perjuicio del análisis crítico de esta reforma, también se modifica  la Ley de Convertibilidad (23.928), especialmente en lo que se refiere al destino de las denominadas reservas de libre disponibilidad. La nueva Carta Orgánica establece que “Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismo financieros internacionales o de deuda externa oficial bilateral. Cuando las reservas se inviertan en depósitos u otras operaciones a interés, o en títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado”

Entiendo que esta norma  otorga vía libre al gobierno nacional a través del B.C.R.A., para utilizar las reservas de la entidad para cancelar deuda externa. Debo recordar que esto ya se hizo (con críticas de todos los sectores doctrinarios) y culminó con la salida del ex presidente del B.C.R.A. (Martín Redrado); encontrando a partir de esta sanción sustento legal en la normativa de la entidad.

No es este el lugar para teorizar, pero los bancos centrales deben ceñir su función a la política monetaria y cambiaria siendo  los garantes de que el dinero circulante posea el respaldo necesario, de controlar las entidades financieras, rescatar bancos en situación de riesgo, etc; pero de ningún modo financiar políticas sociales o pagar obligaciones con el exterior.

Es cierto que esta reforma dota de flexibilidad la operatoria general del banco y le otorga más funciones, pero debe tenerse la debida precaución de que se direccione en demasía su actuación contrariando al final los reales objetivos de una entidad de ese tipo.