CONTRATO DE TRABAJO

Despido indirecto. Procedencia. Solicitud de tareas livianas. Efectivización del distracto con anterioridad a recibir la respuesta del empleador a la intimación.

Hechos: Una trabajadora intimó a su empleador para que la reincorporara y le asignara tareas acordes a su capacidad laborativa. Si bien la empleadora contestó la misiva otorgándole tareas livianas, esta comunicación no fue recibida por la trabajadora por lo que se consideró injuriada y despedida. Con motivo de esto la dependiente interpuso demanda laboral a fin de obtener las indemnizaciones derivadas del despido indirecto. El juez de grado rechazó la acción por considerar que el obrar del accionante resultó apresurado entendiendo que no se configuró injuria en su contra. Apelado el decisorio, la Cámara lo revocó haciendo lugar al reclamo.

1. — La conducta de la trabajadora que se consideró despedida luego de intimar a su empleador a fin de que la reincorporara asignándole tareas acordes a su capacidad laborativa, no puede calificarse de apresurada, pues, si bien hizo efectivo el apercibimiento con anterioridad a recibir la contestación del empleador en la que se le comunicaba el otorgamiento de tareas livianas, pudiendo entenderse que la dependiente debió extremar recaudos para determinar la posición de silencio de la patronal a fin de disponer el distracto, lo cierto es que antes de cursar la intimación, el empleador pese a que se encontraba anoticiado del alta médica, no le brindó tareas razón por la que debió emplazarlo.

CNTrab., sala VII, 2011/11/30. – Arreyes, Lidia Sara c. Clinica Bazterrica S.A. y Otros s/accidente.

[Cita on line: AR/JUR/78663/2011]

2ª Instancia. — Buenos Aires, noviembre 30 de 2011.

El doctor Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo:

I.- A fs. 817/821 obra la sentencia de primera instancia en la cual se decidió rechazar la acción interpuesta por la actora contra CONSOLIDAR SALUD S.A., la cual es apelada por la parte actora a tenor de las argumentaciones que vierte a fs. 829/830 que mereciera réplica de la demandada de fs. 835/837. El fallo también es recurrido por la demandada a tenor del memorial que obra a fs. 835/837 que replica la actora a fs. 828.

El perito ingeniero a fs. 840 apela sus honorarios regulados por la labor efectuada en el reclamo por accidente a fs. 832 por considerarlos bajos.

II.- Se agravia la actora porque el juez de grado sostiene que no ha surtido efecto la retractación del despido indirecto realizada por la actora en su comunicación de fecha 24 de noviembre de 2.006 y por ende le otorga fuerza extintiva a la comunicación de la trabajadora del 21 de noviembre de 2.011 por la cual se consideró despedida. Asimismo se agravia porque el a quo ha considerado el obrar de la actora como apresurado entendiendo que no se configuró injuria en su contra.

Para tratar el recurso entiendo que resulta necesario memorar algunos aspectos gravitantes en la conducta de las partes.

No se encuentran controvertidas determinadas constancias de la causa que tienen evidente incidencia en su resolución.

Así se encuentra aceptado que la actora con fecha 13 de noviembre de 2.006 intima a la accionada para que la reincorpore y le asigne tareas acordes a su capacidad laborativa. Que si bien la demandada mediante misiva de fecha 17 de noviembre de 2.006 – fs. 128 – le otorga las tareas livianas, la accionante no recibió tal misiva y por ello con fecha 21 de noviembre de 2.006 se considera injuriada y despedida por exclusiva culpa de la demandada.

Luego, al recibir la misiva de la demandada de fecha 22/11/2006 en la cual le hace saber que le otorgarán tareas acorde a su capacidad laborativa y la citan a una revisación médica, la actora presta conformidad con dichas labores y manifiesta que concurrirá a la cita del 27 de noviembre de 2011.

Sin embargo con fecha 24 de noviembre y al recibir la demandada el distracto dispuesto por la actora, rechaza la causal de silencio invocada por cuanto alega que no guardó silencio y que por el contrario se expidió mediante los despachos Nros. 13480 y 13490 y pone a disposición la liquidación final y los certificados del artículo 80 de la L.C.T..

Finalmente la demandada con fecha 28 de noviembre de 2.006 al responder el emplazamiento cursados por la actora mediante TCL 66264545 en la cual intima a retomar tareas, le hace saber que en virtud del despido indirecto en el cual se colocó con fecha 21 de noviembre de 2.006, resulta carentes de toda lógica y contradictorio la pretensión de que le otorguen tareas livianas e improcedentes, como así también la nueva situación en colocación de despido que realiza la accionante mediante el TCL 66264546.

De ello se concluye que luego del distracto en el cual se colocó la actora con fecha 21 de noviembre de 2011 la demandada no le asignó tareas, hecho que además resulta confirmado por los dichos de Rita Noemí Migliaia – ver fs. 535- quien da cuenta que el 27 de noviembre de 2011 acompañó a la actora a la Clínica Bazterrica y que se tuvieron que retirar ya que no le asignaron tareas a la actora.

Cabe destacar que si bien es cierto que tal declaración fue impugnada por la parte demandada en la presentación de fs. 537, no lo es menos que la misma luce concordante, pormenorizadas y objetivas en los hechos narrados, no encontrando motivos conducentes que disminuyan su fuerza convictiva, y dada su elocuencia, alcanzan los fines suasorios perseguidos (conf. Arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.). En efecto, no se puede soslayar que Migliaia declara ser sobrina de la accionante, pero las circunstancias señaladas no obstan a la conclusión arribada.

En otras palabras, nada indica a este juzgador que la deponente no diga la verdad de lo sucedido, pese a la cercanía de su relación con la actora, pues su testimonio da suficiente razón de sus dichos y tuvo un conocimiento directo de los hechos sobre los que declara, pues lo ha descripto en forma objetiva y concordante, sin incurrir en contradicciones ni en exageraciones que puedan llevar a dudar de la veracidad de sus afirmaciones. Así lo sostiene la jurisprudencia cuando formula valoraciones acerca de los testimonios rendidos en relación a hechos controvertidos, al decir que debe otorgársele suficiente valor probatorio a las manifestaciones de los testigos que resultan coherentes y objetivas y no denotan una intención o un interés personal en perjudicar a la demandada ni en favorecer injustificadamente a la accionante. En efecto, nada prueba en autos que sus manifestaciones sean falsas; ni está demostrado que tuvieran algún grado de enemistad, animadversión, o rencor personal hacia la accionada o algunos de sus directivos que la indujera a declarar del modo en que lo hiciera y por ello se puede concluir que no ha declarado en esta causa con el deliberado ánimo de perjudicar a la demandada sino, simplemente, diciendo la verdad. Sala II de la CNAT que en la sentencia de fecha 17/11/2008 dictada en los autos “Orrijola, Cintia Lorena c. Uta S.A. y otro”.-

Así las cosas si bien se podría pensar que la actora debió extremar recaudos para determinar la posición de silencio de la demandada a fin de disponer el distracto lo cierto es que, el análisis de las conductas debe hacerse de forma integral y no parcializada por segmentos. Y en este orden de ideas debemos recordar que la actora se encontraba frente a una empleadora que pese a encontrarse anoticiada del alta médica de fecha 5/5/2006 – ver copia de la historia clínica acompañada por la demandada a fs. 272 e informe médico a fs. 576 – no le brindó tareas razón por la que debió emplazar con fecha 13 de noviembre de 2006, período éste durante el cual la consideró en licencia por enfermedad – ver informe contable a fs. 573 que en este punto no mereciera cuestionamiento alguno -, motivo por la cual no se puede calificar de apresurada la conducta de la actora.

Asimismo debe tenerse en cuenta que la demandada a sabiendas que la actora se condujo dentro del marco del artículo 10 de la L.C.T., ya que la decisión del distracto, había sido tomada sobre la base de un erróneo supuesto de hecho, decidió dejar sin efecto la revisación médica que había programado para la fecha 27 de noviembre de 2011 y puso a disposición la liquidación final. Cabe recordar aquí la ley 116 de Ulpiano: “Non videtur, qui errant, consentire”.

Resulta contrario a la buena fe contractual que debe regir las relaciones laborales por el mandato que estatuye el artículo 63 de la L.C.T., aceptar la conducta de la empleadora y no posibilitar la retractación justificada de la actora.

Siendo ello así, el despido en el cual se colocó la actora de fecha 27 de noviembre de 2006 por negativa de la demandada a otorgar tareas resultó ajustado a derecho.

“In obscuriis inspici solet, quod verosimilius est, aut quod plerumque fieri solit” (Paulo: ley 114).

Por ende, resultan procedentes los rubros que se generaron a causa del distracto incausado (arts. 242 y 246 de la L.C.T.), reclamados por la actora (conf. Art. 232, 245 y art. 16 Ley 25.561 y decreto 1433/2005).

A tal fin tomaré como base el salario devengado en el mes de noviembre de 2006 informado por el perito contador a fs. 560 de $ 1.745,72.

En virtud de todo lo resuelto hasta aquí, la liquidación a la que será acreedora la actora, procederá por los siguientes rubros y montos:

 

1) Indemnización por Antigüedad – 14 períodos -$ 24.440,08

2) Indemn. Sust. Preaviso- 2 períodos – $ 3.491,44

3) Sac sobre preaviso $ 290,95

4) Art. 16 Ley 25.561$ 28.222,47

————

Total $ 56.444,94

Total: cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con noventa y cuatro centavos.

III. El monto de condena llevará intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, conforme surge del Acta CNAT Nro. 2357/02 y de la Res. C.N.A.T. Nro. 8/02.

IV. La solución propuesta impone dejar sin efecto lo dispuesto en primera instancia en materia de costas y honorarios, y determinarlos en forma originaria ( art. 279 CPCCN) por lo que se torna de tratamiento abstracto las apelaciones efectuadas en autos sobre dicho tema.

En tal tesitura, propicio que las costas de ambas instancias sean soportadas por la demandada vencida en lo principal (art. 68 del CPCCN) y se regulen honorarios a los profesionales intervinientes por la totalidad de los trabajos realizados en la instancia anterior en el 17%, 13 % y 7 % para la representación letrada de la parte actora, de la demandada y del perito contador respectivamente, porcentajes a calcularse sobre el monto de condena que dejo propuesto en el considerando anterior, con inclusión de los intereses.

V. Por los trabajos de alzada, propicio que se regulen honorarios a la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25 % respectivamente y para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia ( art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

VI. Finalmente corresponde tratar la apelación de honorarios del perito ingeniero que considera bajos los emolumentos regulados en primera instancia.

Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados, mérito y extensión de la labor desarrollada por el perito ingeniero y lo normado por el Decreto- Ley 7887/55, opino que -por aplicación de los porcentajes regulados en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635).

La Dra. Estela Milagros Ferrerirós dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

La Dra. Beatriz Inés Fontana: No vota (art. 125 de la Ley 18.345 – modificada por ley 24.635-).

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal resuelve: 1) Revocar el fallo apelado y condenar a Consolidar Salud S.A., a pagar a Lidia Sara Arreyes, dentro del quinto día la suma de $ 56.444,94 (pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con noventa y cuatro centavos) a la que deberán agregarse intereses de acuerdo a las pautas que se indican en el considerando III del compartido primer voto. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. 3) Regular los honorarios de primera instancia para la representación letrada de la parte actora, de la demandada y del perito contador, en el 17% (diecisiete por ciento), 13% (trece por ciento) y 7% (siete por ciento) respectivamente, porcentajes a calcularse sobre el monto de condena. 4) Fijar los emolumentos de esta instancia a favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada intervinientes en el 25% (veinticinco por ciento) para cada una de ellas, de lo regulado a favor de cada una de ellas, por su actuación en la instancia anterior. 5) Confirmar los honorarios regulados al perito ingeniero en la resolución de fs. 832. — Néstor Miguel Rodríguez Brunengo. — Estela Milagros Ferrerirós.