Autor: Penacino, Gustavo A.

Publicado en: Doctrina Judicial 27/04/2011, 101 – LLC2011 (diciembre), 1183

Introducción

Hasta fines de los años ´80 las técnicas de bioquímica forense para identificar individuos estaban basadas en marcadores convencionales ubicados en los glóbulos rojos y blancos, proteínas del suero de la sangre, y enzimas.

En 1985, el británico Alec Jeffreys presenta un avance científico espectacular en el campo de la genética forense: logra un método para visualizar las regiones hipervariables del ADN. A partir de los años ´90 se empieza a generalizar en la práctica forense de los países desarrollados el uso de la prueba de ADN y va disminuyendo el uso de las pruebas convencionales, debido a la alta variabilidad bioquímica del ADN y a la elevada sensibilidad de la técnica de análisis.

En nuestro país, un equipo de investigadores que tuve el privilegio de integrar, aplicó por primera vez a nivel mundial estas técnicas en la identificación de restos humanos provenientes del atentado terrorista a la Embajada de Israel (Buenos Aires, 1992)

Así es que hoy en día la prueba predilecta y más confiable para el estudio de vínculos biológicos -tanto de individuos vivos como fallecidos- y de rastros provenientes de hechos criminales es la llamada “prueba de ADN”.

El ADN es la molécula que contiene toda la información genética del individuo, dicho de otra forma, es el programa de constitución del organismo. El genoma humano esta compuesto por 3,3 mil millones de pares de bases. En él existen dos tipos de ADN:

ADN codificante: tiene una función conocida, como la expresión de un gen cuyo producto final es una proteína. Posee una variabilidad de regiones limitada, ya que gran parte de las variantes dan lugar a genes defectuosos y el individuo que las posee no sobrevive y en consecuencia la variante no se perpetúa.

ADN no codificante: constituye el 70% del total. Comprende el ADN que no se expresa, generalmente sin función aparente, es altamente variable y tiene mucha importancia para la identificación forense de individuos.

Dentro de este grupo se encuentra el “ADN microsatélite”, cada uno de los cuales es muy pequeño, de hasta 400 pares de bases (pb), por lo que son idóneos para la prueba de PCR usada en bioquímica forense. También se conocen como Short Tandem Repeat (STR) ó “pequeñas repeticiones en tandem”, ya que el tamaño de cada repetición oscila usualmente entre 3 y 5 pb. La variabilidad entre individuos se determina contando el número de veces que está repetida esa unidad de 3 a 5 pb.

Entonces, mientras que en el ADN codificante existe poca variabilidad individual, el ADN no codificante por el contrario, al no estar sujeto a presión selectiva, puede soportar grandes niveles de variabilidad sin que produzcan defectos genéticos. Esta característica hace que sea la mayor fuente para la identificación humana, empleada en la bioquímica forense del siglo XXI.

Cada uno de esos pequeños fragmentos variables se denomina “marcador”, y los métodos actuales de análisis incluyen 15 marcadores variables ubicados en cromosomas no sexuales y otros 12 a 17 marcadores localizados en el cromosoma masculino (denominado “Y”). La interpretación de los resultados es mucho más sencilla que en los casos de paternidad u otros vínculos biológicos, ya que el resultado obtenido de todos los marcadores debe coincidir exactamente para que dos muestras -tales como una mancha en la escena del crimen y un hisopado bucal de un imputado- correspondan al mismo individuo.

Ese conjunto de resultados numéricos obtenidos para un individuo o para una muestra forense, se denomina “patrón genético” o “perfil de ADN” y se detalla en el Informe Pericial que los analistas enviamos a los solicitantes (jueces, fiscales, etc.).

Las bases de datos de ADN en la investigación de delitos

A partir de una serie de propuestas presentadas por nuestra Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (www.slagf.org) y otras ONGs, tanto a nivel nacional como provincial, se generaron varios proyectos que han corrido distintas suertes: en algunas provincias ya han comenzado a funcionar, pero a nivel nacional las disputas internas del oficialismo impidieron hasta ahora la concreción de este valioso mecanismo de apoyo a la Justicia.

Las bases de datos ya existen en EEUU, en casi toda Europa y en algunos países de Latinoamérica, y ha permitido la resolución de cientos de miles de casos de delitos, sobre todos los sexuales.

Es necesario que la base de datos de perfiles de ADN tenga un carácter estatal y que se encuentre disociada. Debe haber al menos dos funcionarios responsables: uno a cuyo cargo se encuentren los patrones genéticos y un código único para cada individuo -sin nombres propios-, y otro que identifique cada código con el nombre del individuo y sus datos personales.

Su funcionamiento es básicamente el siguiente: cuando ocurre un delito -por ejemplo, una violación- con autor desconocido, un laboratorio autorizado efectúa los análisis de las muestras y remite los resultados al Juez interviniente; el magistrado solicita por oficio que ese patrón genético se ingrese a la base y se compare con los individuos que la integran.

Si se registra una coincidencia, el funcionario a cargo le remite al Juez el código del individuo coincidente y con ese dato, el magistrado recurre a la base que identifica ese código con los datos personales del individuo.

Comentarios sobre el reciente cambio legislativo en la provincia de Córdoba

En Córdoba, la base de datos de ADN se denominó inicialmente “Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas”, y con ese nombre funcionó -aunque sin desplegar todo su potencial- bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial. La nueva norma, además de cambiar el nombre a “Registro Provincial de Perfiles de ADN”, transfiere el registro al Poder Judicial, lo cual merece algunos comentarios.

La localización de las bases de datos genéticos ha sido y es motivo de controversia en todo el mundo: es habitual que tanto las policías como los poderes judiciales presionen para que funcione bajo su órbita, y la localización final surge de ese juego.

Para darle transparencia, nuestra propuesta a nivel nacional fue que ninguno de los organismos que realicen o utilicen los análisis de ADN se ocupe de generar y mantener la base, sino que sea el Ministerio de Justicia a través del Registro Nacional de Reincidencia el ente que almacene y administre los datos.

Se propuso crear entonces dos bases de datos de ADN independientes entre sí: una de ellas con datos genéticos de los condenados por delitos graves, con sentencia firme (BASE1), y la otra con los datos genéticos de las evidencias de hechos criminales no resueltos (BASE2).

Ante la aparición de un nuevo hecho, el magistrado interviniente podrá solicitar el cotejo de los imputados contra la BASE2. Los imputados no podrán ser incorporados a la BASE1, a menos que resulten condenados y sólo cuando su sentencia quede firme.

Además, y también en aras de la necesaria transparencia, las bases de datos propuestas estarán a cargo de especialistas en informática que no tendrán relación alguna con los laboratorios que realizan los estudios de ADN.

Desde luego, el hecho de que en Córdoba pertenezca a partir de ahora al Poder Judicial no significa que no se cumplan estas premisas, ya que igualmente será posible establecer criterios claros que permitan un funcionamiento independiente.

Definición

En el art. 3ro. se define “Perfil de ADN” como “el registro alfanumérico personal obtenido del análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) humano, en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por la presente Ley, elaborado exclusivamente sobre la base de información que comprenda marcadores genéticos validados a nivel internacional, que aporte sólo información identificatoria y que resulte apto para ser sistematizado y codificado en una base de datos informatizada, sin perjuicio de la utilización más amplia de la muestra biológica -siempre con fines identificatorios- que pueda disponerse en el marco de una causa judicial, previo requerimiento fundado de autoridad judicial competente y dentro de los límites establecidos por la presente Ley”.

La definición mencionada condice con las habituales en todas las bases de datos del mundo, cuyas premisas son:

1) Sólo se analizará ADN no codificante, es decir, la porción de material genético que sirve únicamente con fines identificatorios y no puede ser empleado para saber si un individuo posee o desarrollará enfermedades.

Esta afirmación seguramente será cuestionada en 5 a 10 años, ya que se están desarrollando métodos que permitirán conocer características físicas de las personas -como su estatura, color de cabello, ojos y piel, origen étnico, etc.- lo que ya se conoce como “identi-kit genético”. Por supuesto, para obtener esta “fotografía” de un individuo a través de una mancha de sangre, se debe hurgar en su ADN codificante, lo que hoy está prohibido para los genetistas forenses.

2) Respecto al modo de almacenaje de los datos, la ley no lo establece específicamente -surgirá de la reglamentación-, pero es similar en todas las bases: en nuestra propuesta a nivel nacional, por ejemplo, cada patrón genético -equivalente a un código de barras- presenta una estructura como la siguiente:

16/16/8/9.3/32.2/32.2/15/16/11/12/9/12/10/12/10/13/10/11/15/17/13/15/8/9/21/24

Es decir, consta de una secuencia de 26 (veintiséis) números, que corresponden a los siguientes 13 marcadores genéticos llamados “autosómicos” y proceden de padre y madre (cada marcador provee dos números o “variantes”):

D3S1358 / HUMTHO1 / D21S11 / D18S51 / D5S818 / D13S317 / D7S820 /

D16S539 / CSF1PO / HUMVWA / D8S1179 / TPOX / FGA

Los marcadores mencionados son los elegidos a nivel mundial, porque se han probado ampliamente, y se analizan mediante reactivos que ofrecen varias empresas diferentes.

Dado que la base cordobesa no es específica en ese aspecto, es posible incorporar más marcadores, ya que actualmente se emplean en los laboratorios forenses 17 autosómicos -entre los que se encuentran los 13 mencionados anteriormente- y 12 a 17 marcadores adicionales ubicados en el cromosoma masculino (Y).

Finalidad del Registro

El Art. 4° establece que se empleará para facilitar “el esclarecimiento de los hechos sometidos a investigación judicial penal, particularmente en lo relativo a la individualización de los responsables penales, y a la identificación de personas fallecidas, desaparecidas o extraviadas”, lo cual es habitual en todas las bases de datos.

Pero en este caso la ley va mas allá, permitiendo su uso en “causas judiciales no penales”, es decir, podría potencialmente usarse en una demanda por paternidad, lo cual suele estar expresamente prohibido en otras bases de datos.

Principios y contenido.

El contenido de los Art. 5º y 6º es habitual en cuanto al carácter confidencial y secreto de los datos, y la posibilidad de contraprueba si surgieran dudas o discrepancias.

En el Art 7º se establece que se almacenarán datos genéticos de evidencias -como muestras de la escena del crimen-, víctimas si no se oponen y cadáveres o restos humanos no identificados. Además, “de personas imputadas o condenadas en un proceso penal”, lo cual suele ser motivo de controversia: se discute si una persona “imputada” debe ser incorporada o no a la base. En nuestra opinión, dado que la incorporación no representa ningún perjuicio para el individuo, es conveniente agregar a los imputados a la base de datos.

Finalmente, lo cual es novedoso, se incluye también al “personal perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba, al Servicio Penitenciario de Córdoba, a la Policía Judicial de Córdoba, a los cuerpos técnicos oficiales y demás agentes públicos provinciales directamente vinculados a las investigaciones penales, como así también a cuerpos policiales y de seguridad y/o vigilancia pública”.

Aunque el propósito declarado es detectar contaminaciones involuntarias -es decir, ADN ajeno a la muestra en análisis- provocadas sin querer por el personal que colectó el material en la escena del crimen, la idea de incluir a los policías surgió por un motivo bien diferente: se sospechaba que un violador serial pertenecía a esa fuerza de seguridad y por eso las primeras pruebas de ADN para la base de datos de Córdoba se hicieron únicamente con policías.

Finalmente, el delincuente fue descubierto -al parecer se suicidó-, comprobándose que no integraba ninguna fuerza, pero la idea de ampliar la base continuó y se aplica actualmente.

Obtención de muestras

En el Art 8º se establecen los procedimientos para la toma de muestras, con las siguientes particularidades:

1- Se permite expresamente “la obtención compulsiva de la muestra mediante el auxilio de la fuerza pública”, si un imputado o condenado se negare. Los genetistas forenses no debemos opinar al respecto, ya que no se refiere a cuestiones técnicas, pero aún hoy es motivo de discusión en los estrados judiciales si al imputado le asiste o no el derecho a negarse a aportar una muestra biológica que podría incriminarlo.

2- Se admiten muestras biológicas de cualquier tipo, y al indicar que se usará el “modo menos lesivo para la persona”, la elección debería recaer en los HISOPADOS BUCALES, que actualmente se emplean en todos los laboratorios de genética forense en reemplazo de la tradicional muestra sanguínea.

3- Acepta como “causal de despido” la negativa de los policías a integrar la base de datos, lo cual resuelve una controversia que originó varias causas judiciales por ese motivo.

Responsabilidades, reserva y sanciones

La ley cuenta con varios artículos destinados a establecer las responsabilidades de cada uno de los organismos involucrados, así como las obligaciones de reserva y secreto de los datos almacenados, con sanciones para los funcionarios que hicieran un uso indebido de los mismos.

Autorizados

El Art. 14 establece que los exámenes de ADN se deben practicar en el Área de Genética Forense dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, aunque admite la posibilidad de convenios con “organismos privados o públicos municipales, provinciales, nacionales e internacionales”. Debido a las características de nuestro país, en el cual la mayoría de los estudios de ADN son realizados por laboratorios privados, su inclusión en la ley permitirá un mejor desarrollo de la base de datos.

 

Introducción

Hasta fines de los años ´80 las técnicas de bioquímica forense para identificar individuos estaban basadas en marcadores convencionales ubicados en los glóbulos rojos y blancos, proteínas del suero de la sangre, y enzimas.

En 1985, el británico Alec Jeffreys presenta un avance científico espectacular en el campo de la genética forense: logra un método para visualizar las regiones hipervariables del ADN. A partir de los años ´90 se empieza a generalizar en la práctica forense de los países desarrollados el uso de la prueba de ADN y va disminuyendo el uso de las pruebas convencionales, debido a la alta variabilidad bioquímica del ADN y a la elevada sensibilidad de la técnica de análisis.

En nuestro país, un equipo de investigadores que tuve el privilegio de integrar, aplicó por primera vez a nivel mundial estas técnicas en la identificación de restos humanos provenientes del atentado terrorista a la Embajada de Israel (Buenos Aires, 1992)

Así es que hoy en día la prueba predilecta y más confiable para el estudio de vínculos biológicos -tanto de individuos vivos como fallecidos- y de rastros provenientes de hechos criminales es la llamada “prueba de ADN”.

El ADN es la molécula que contiene toda la información genética del individuo, dicho de otra forma, es el programa de constitución del organismo. El genoma humano esta compuesto por 3,3 mil millones de pares de bases. En él existen dos tipos de ADN:

ADN codificante: tiene una función conocida, como la expresión de un gen cuyo producto final es una proteína. Posee una variabilidad de regiones limitada, ya que gran parte de las variantes dan lugar a genes defectuosos y el individuo que las posee no sobrevive y en consecuencia la variante no se perpetúa.

ADN no codificante: constituye el 70% del total. Comprende el ADN que no se expresa, generalmente sin función aparente, es altamente variable y tiene mucha importancia para la identificación forense de individuos.

Dentro de este grupo se encuentra el “ADN microsatélite”, cada uno de los cuales es muy pequeño, de hasta 400 pares de bases (pb), por lo que son idóneos para la prueba de PCR usada en bioquímica forense. También se conocen como Short Tandem Repeat (STR) ó “pequeñas repeticiones en tandem”, ya que el tamaño de cada repetición oscila usualmente entre 3 y 5 pb. La variabilidad entre individuos se determina contando el número de veces que está repetida esa unidad de 3 a 5 pb.

Entonces, mientras que en el ADN codificante existe poca variabilidad individual, el ADN no codificante por el contrario, al no estar sujeto a presión selectiva, puede soportar grandes niveles de variabilidad sin que produzcan defectos genéticos. Esta característica hace que sea la mayor fuente para la identificación humana, empleada en la bioquímica forense del siglo XXI.

Cada uno de esos pequeños fragmentos variables se denomina “marcador”, y los métodos actuales de análisis incluyen 15 marcadores variables ubicados en cromosomas no sexuales y otros 12 a 17 marcadores localizados en el cromosoma masculino (denominado “Y”). La interpretación de los resultados es mucho más sencilla que en los casos de paternidad u otros vínculos biológicos, ya que el resultado obtenido de todos los marcadores debe coincidir exactamente para que dos muestras -tales como una mancha en la escena del crimen y un hisopado bucal de un imputado- correspondan al mismo individuo.

Ese conjunto de resultados numéricos obtenidos para un individuo o para una muestra forense, se denomina “patrón genético” o “perfil de ADN” y se detalla en el Informe Pericial que los analistas enviamos a los solicitantes (jueces, fiscales, etc.).

Las bases de datos de ADN en la investigación de delitos

A partir de una serie de propuestas presentadas por nuestra Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (www.slagf.org) y otras ONGs, tanto a nivel nacional como provincial, se generaron varios proyectos que han corrido distintas suertes: en algunas provincias ya han comenzado a funcionar, pero a nivel nacional las disputas internas del oficialismo impidieron hasta ahora la concreción de este valioso mecanismo de apoyo a la Justicia.

Las bases de datos ya existen en EEUU, en casi toda Europa y en algunos países de Latinoamérica, y ha permitido la resolución de cientos de miles de casos de delitos, sobre todos los sexuales.

Es necesario que la base de datos de perfiles de ADN tenga un carácter estatal y que se encuentre disociada. Debe haber al menos dos funcionarios responsables: uno a cuyo cargo se encuentren los patrones genéticos y un código único para cada individuo -sin nombres propios-, y otro que identifique cada código con el nombre del individuo y sus datos personales.

Su funcionamiento es básicamente el siguiente: cuando ocurre un delito -por ejemplo, una violación- con autor desconocido, un laboratorio autorizado efectúa los análisis de las muestras y remite los resultados al Juez interviniente; el magistrado solicita por oficio que ese patrón genético se ingrese a la base y se compare con los individuos que la integran.

Si se registra una coincidencia, el funcionario a cargo le remite al Juez el código del individuo coincidente y con ese dato, el magistrado recurre a la base que identifica ese código con los datos personales del individuo.

Comentarios sobre el reciente cambio legislativo en la provincia de Córdoba

En Córdoba, la base de datos de ADN se denominó inicialmente “Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas”, y con ese nombre funcionó -aunque sin desplegar todo su potencial- bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial. La nueva norma, además de cambiar el nombre a “Registro Provincial de Perfiles de ADN”, transfiere el registro al Poder Judicial, lo cual merece algunos comentarios.

La localización de las bases de datos genéticos ha sido y es motivo de controversia en todo el mundo: es habitual que tanto las policías como los poderes judiciales presionen para que funcione bajo su órbita, y la localización final surge de ese juego.

Para darle transparencia, nuestra propuesta a nivel nacional fue que ninguno de los organismos que realicen o utilicen los análisis de ADN se ocupe de generar y mantener la base, sino que sea el Ministerio de Justicia a través del Registro Nacional de Reincidencia el ente que almacene y administre los datos.

Se propuso crear entonces dos bases de datos de ADN independientes entre sí: una de ellas con datos genéticos de los condenados por delitos graves, con sentencia firme (BASE1), y la otra con los datos genéticos de las evidencias de hechos criminales no resueltos (BASE2).

Ante la aparición de un nuevo hecho, el magistrado interviniente podrá solicitar el cotejo de los imputados contra la BASE2. Los imputados no podrán ser incorporados a la BASE1, a menos que resulten condenados y sólo cuando su sentencia quede firme.

Además, y también en aras de la necesaria transparencia, las bases de datos propuestas estarán a cargo de especialistas en informática que no tendrán relación alguna con los laboratorios que realizan los estudios de ADN.

Desde luego, el hecho de que en Córdoba pertenezca a partir de ahora al Poder Judicial no significa que no se cumplan estas premisas, ya que igualmente será posible establecer criterios claros que permitan un funcionamiento independiente.

Definición

En el art. 3ro. se define “Perfil de ADN” como “el registro alfanumérico personal obtenido del análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) humano, en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por la presente Ley, elaborado exclusivamente sobre la base de información que comprenda marcadores genéticos validados a nivel internacional, que aporte sólo información identificatoria y que resulte apto para ser sistematizado y codificado en una base de datos informatizada, sin perjuicio de la utilización más amplia de la muestra biológica -siempre con fines identificatorios- que pueda disponerse en el marco de una causa judicial, previo requerimiento fundado de autoridad judicial competente y dentro de los límites establecidos por la presente Ley”.

La definición mencionada condice con las habituales en todas las bases de datos del mundo, cuyas premisas son:

1) Sólo se analizará ADN no codificante, es decir, la porción de material genético que sirve únicamente con fines identificatorios y no puede ser empleado para saber si un individuo posee o desarrollará enfermedades.

Esta afirmación seguramente será cuestionada en 5 a 10 años, ya que se están desarrollando métodos que permitirán conocer características físicas de las personas -como su estatura, color de cabello, ojos y piel, origen étnico, etc.- lo que ya se conoce como “identi-kit genético”. Por supuesto, para obtener esta “fotografía” de un individuo a través de una mancha de sangre, se debe hurgar en su ADN codificante, lo que hoy está prohibido para los genetistas forenses.

2) Respecto al modo de almacenaje de los datos, la ley no lo establece específicamente -surgirá de la reglamentación-, pero es similar en todas las bases: en nuestra propuesta a nivel nacional, por ejemplo, cada patrón genético -equivalente a un código de barras- presenta una estructura como la siguiente:

16/16/8/9.3/32.2/32.2/15/16/11/12/9/12/10/12/10/13/10/11/15/17/13/15/8/9/21/24

Es decir, consta de una secuencia de 26 (veintiséis) números, que corresponden a los siguientes 13 marcadores genéticos llamados “autosómicos” y proceden de padre y madre (cada marcador provee dos números o “variantes”):

D3S1358 / HUMTHO1 / D21S11 / D18S51 / D5S818 / D13S317 / D7S820 /

D16S539 / CSF1PO / HUMVWA / D8S1179 / TPOX / FGA

Los marcadores mencionados son los elegidos a nivel mundial, porque se han probado ampliamente, y se analizan mediante reactivos que ofrecen varias empresas diferentes.

Dado que la base cordobesa no es específica en ese aspecto, es posible incorporar más marcadores, ya que actualmente se emplean en los laboratorios forenses 17 autosómicos -entre los que se encuentran los 13 mencionados anteriormente- y 12 a 17 marcadores adicionales ubicados en el cromosoma masculino (Y).

Finalidad del Registro

El Art. 4° establece que se empleará para facilitar “el esclarecimiento de los hechos sometidos a investigación judicial penal, particularmente en lo relativo a la individualización de los responsables penales, y a la identificación de personas fallecidas, desaparecidas o extraviadas”, lo cual es habitual en todas las bases de datos.

Pero en este caso la ley va mas allá, permitiendo su uso en “causas judiciales no penales”, es decir, podría potencialmente usarse en una demanda por paternidad, lo cual suele estar expresamente prohibido en otras bases de datos.

Principios y contenido.

El contenido de los Art. 5º y 6º es habitual en cuanto al carácter confidencial y secreto de los datos, y la posibilidad de contraprueba si surgieran dudas o discrepancias.

En el Art 7º se establece que se almacenarán datos genéticos de evidencias -como muestras de la escena del crimen-, víctimas si no se oponen y cadáveres o restos humanos no identificados. Además, “de personas imputadas o condenadas en un proceso penal”, lo cual suele ser motivo de controversia: se discute si una persona “imputada” debe ser incorporada o no a la base. En nuestra opinión, dado que la incorporación no representa ningún perjuicio para el individuo, es conveniente agregar a los imputados a la base de datos.

Finalmente, lo cual es novedoso, se incluye también al “personal perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba, al Servicio Penitenciario de Córdoba, a la Policía Judicial de Córdoba, a los cuerpos técnicos oficiales y demás agentes públicos provinciales directamente vinculados a las investigaciones penales, como así también a cuerpos policiales y de seguridad y/o vigilancia pública”.

Aunque el propósito declarado es detectar contaminaciones involuntarias -es decir, ADN ajeno a la muestra en análisis- provocadas sin querer por el personal que colectó el material en la escena del crimen, la idea de incluir a los policías surgió por un motivo bien diferente: se sospechaba que un violador serial pertenecía a esa fuerza de seguridad y por eso las primeras pruebas de ADN para la base de datos de Córdoba se hicieron únicamente con policías.

Finalmente, el delincuente fue descubierto -al parecer se suicidó-, comprobándose que no integraba ninguna fuerza, pero la idea de ampliar la base continuó y se aplica actualmente.

Obtención de muestras

En el Art 8º se establecen los procedimientos para la toma de muestras, con las siguientes particularidades:

1- Se permite expresamente “la obtención compulsiva de la muestra mediante el auxilio de la fuerza pública”, si un imputado o condenado se negare. Los genetistas forenses no debemos opinar al respecto, ya que no se refiere a cuestiones técnicas, pero aún hoy es motivo de discusión en los estrados judiciales si al imputado le asiste o no el derecho a negarse a aportar una muestra biológica que podría incriminarlo.

2- Se admiten muestras biológicas de cualquier tipo, y al indicar que se usará el “modo menos lesivo para la persona”, la elección debería recaer en los HISOPADOS BUCALES, que actualmente se emplean en todos los laboratorios de genética forense en reemplazo de la tradicional muestra sanguínea.

3- Acepta como “causal de despido” la negativa de los policías a integrar la base de datos, lo cual resuelve una controversia que originó varias causas judiciales por ese motivo.

Responsabilidades, reserva y sanciones

La ley cuenta con varios artículos destinados a establecer las responsabilidades de cada uno de los organismos involucrados, así como las obligaciones de reserva y secreto de los datos almacenados, con sanciones para los funcionarios que hicieran un uso indebido de los mismos.

Autorizados

El Art. 14 establece que los exámenes de ADN se deben practicar en el Área de Genética Forense dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, aunque admite la posibilidad de convenios con “organismos privados o públicos municipales, provinciales, nacionales e internacionales”. Debido a las características de nuestro país, en el cual la mayoría de los estudios de ADN son realizados por laboratorios privados, su inclusión en la ley permitirá un mejor desarrollo de la base de datos.