ALIMENTOS

Fijación del quantum. Reducción de la obli-gación alimentaria.

Hechos: El alimentante apeló la resolución mediante la cual el Juez de grado rechazó su pedido tendiente a reducir la cuota alimentaria pactada. La Alzada confirmó la resolución.

1. — La circunstancia que la modificación producida en la actividad laboral obedeciera a una decisión adoptada por propia voluntad del quejoso en tanto renunció a su trabajo, conduce a presumir que tuvo a la vista otro mejor remunerado que estaría realizando; y aun cuando esta presunción no quepa, tampoco puede servirle de excusa porque su deber es proveer el alimento de los hijos menores realizando los esfuerzos que fueren necesarios, no pudiendo eximirse de su obligación mediante un acto unilateral. .

2. — A los efectos de fijar la cuota de alimentos corresponde estar a lo que resulte de la prueba in-directa o de presunciones cuando no es posible determinar los ingresos por medios directos, máxime, cuando se presentan dificultades cuya fuente recaería en la forma en que se ejerce la actividad laboral, circunstancia que —a su vez— impone al interesado el deber de colaboración y cuyo incumplimiento trae aparejada una presunción en su contra que autoriza a optar por el criterio más favorable al alimentado .

JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] Ver también. Entre otros: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, “B., L. F. c. K., G.”, 28/02/2006, La Ley Online, AR/JUR/1339/2006

[2] Ver también. Entre otros: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, “J., P. A. c. D. M., A. L.”, 11/06/2007, Exclusivo Doctrina Judicial Online, AR/JUR/5591/2007

CNCiv., sala G, 2011/10/14. – L., S. E. c. M., N. L..

[Cita on line: AR/JUR/64413/2011]

[El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente o en laleyonline.com.ar]

2ª Instancia.— Buenos Aires, octubre 14 de 2011.

Considerando:I. Vienen las presentes actuaciones para su conocimiento, en virtud de la apelación deducida por el actor contra la resolución de fs. 156/158 en cuanto rechazó el incidente promovido. Sus agravios de fs. 171/172 fueron contestados a fs. 177/180. A fs. 199/202 luce el dictamen de la Defensora de Menores de Cámara.

II. Para obtener la reducción de la pensión convenida entre las partes, corresponde al alimentante acreditar la variación de las circunstancias que determinaron la celebración del acuerdo originario (art. 377 del Código Procesal), ya sea porque actualmente han menguado significativamente sus ingresos o bien porque la cuota resulta excesiva frente a las necesidades de quien la recibe (conf. CNCiv., Sala I, expte. nº 88.918, del 18-7-1995; esta Sala G, r. 339.318 del 22-3-2002; íd. r. 353.504 del 13-8-2002; íd. r. 356.461 del 9-09-2002, r. 520.896 del 4-12-2008, entre otros).

Del acta que obra en copia certificada a fs. 20 surge que el 21 de septiembre de 2009 las partes convinieron —en el juicio seguido por alimentos— una pensión a favor de G. L. de pesos setecientos ($ 700) mensuales, a cargo del padre.

Por ese entonces, el actor se desempeñaba como en-cargado del sector electrodomésticos de COTO CICSA pero, pocos meses después, renunció (el 10 de marzo de 2010, cfr. fs. 147). En la actualidad hace “changas” —trabajando en negro— en un comercio dedicado a la venta de insumos de computación, percibiendo entre $ 2.000 y $ 2.700 en concepto de ingresos (cfr. posición 7, fs. 74), por tal motivo solicita la reducción de la cuota oportunamente acordada a favor de su hija.

La circunstancia que la modificación producida en la actividad laboral obedeciera a una decisión adoptada por propia voluntad del quejoso, conduce a coincidir con las apreciaciones de la magistrada de grado en el sentido que la renuncia al anterior trabajo permite pre-sumir que el recurrente tuvo a la vista otro mejor remunerado que estaría realizando; y aun cuando esta presunción no quepa, tampoco puede servirle de excusa, en tanto su deber es proveer el alimento de los hijos menores realizando los esfuerzos que fueren necesarios, no pudiendo eximirse de su obligación mediante un acto unilateral (cofr. Bossert, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos” n° 247, págs. 226/227 y citas).

En estas circunstancias, cabe presumir que la cuota alimentaria pactada de común acuerdo era adecuada a la situación de las partes y a sus respectivas necesidades. Para que proceda la reducción en la que insiste el alimentante en esta alzada, es preciso demostrar que sus ingresos se han alterado sustancialmente de manera tal que haga imposible o extremadamente dificultoso el pago de la cuota al punto de comprometer su digna subsistencia; y, además, el mejoramiento de los recursos de la alimentada o bien, la mengua de sus necesidades, lo cuál no ocurre en la especie.

Obsérvese que uno de los parámetros considerados por la Juez de grado para desestimar el planteo ha sido la mayor edad de G. L. que en la actualidad cuenta casi dieciséis años (cfr. fs. 18), por entender que las necesidades de los menores se incrementan a medida que crecen; y esta acertada apreciación, no ha merecido crítica alguna en las quejas.

La Sala utiliza desde antigua data la prueba indirecta o de presunciones cuando no es posible determinar los ingresos por medios directos (cf. r. 277746 del 27-11-1981; r. 282.552 del 25-8-1982; r. 396.029 del 16-4-2004; r. 495.938 del 18122007; r. 525.937 del 18-3-2009, entre muchos otros), máxime, en los supuestos como el presente, en el que se presentan dificultades cuya fuente recaería en la forma en que se ejerce la actividad laboral; circunstancia que —a su vez— impone al interesado el deber de colaboración, cuyo incumplimiento trae aparejada una presunción en su contra que autoriza a optar por el criterio más favorable al alimentado (conf. CNCiv. esta Sala, r. 96435 del 13-9-91; r. 99667 del 4-11-01, entre otros), exigiendo de aquél un mayor empeño en la búsqueda de mejores medios de subsistencia, dada su capacidad de trabajar.

En ese sentido, se recuerda que el progenitor que no vive con el beneficiario debe redoblar los esfuerzos para cubrir su asistencia, alimentación y educación en vez de tolerar una reducción de los alimentos que lleve a sus hijos al extremo de encontrarse desprovistos en la atención de sus necesidades básicas en virtud de los gastos regulares que su adecuada atención demanda, y la dedicación que a tal fin recae sobre la madre.

De tal modo, resulta inexcusable el deber del padre de proveer lo necesario para el bienestar de sus descendientes y es inaceptable que pretenda soslayar tal obligación aduciendo la exigüidad de sus ingresos, si no la demuestra cabalmente en el marco total de sus recursos.

En suma, a la par que no resulta idónea para rebatir los concretos fundamentos en que se apoya la decisión de grado, la pretensa crítica no alcanza para demostrar la imposibilidad de procurarse los recursos necesarios para hacer frente al pago de la cuota alimentaria a la que se obligó.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores ante esta Alzada, el Tribunal, resuelve: I. Confirmar la resolución de fs. 156/158. Con costas al vencido (art. 69 Cod. Proc). II. Pasen las actuaciones a estudio de honorarios. III. No-tifíquese en su despacho a la representante del Ministerio Pupilar de Cámara. IV. Regístrese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado a la que se encomienda la notificación de la presente a los interesados.— Carlos A. Bellucci.— Beatriz A. Areán.— Carlos A. Carranza Casares.