Hechos: Un jubilado demandó a la AFJP por los daños y perjuicios que alegó sufrir a causa de la tardanza en la que incurrió esta para otorgarle la jubilación. El juez de primera ins-tancia admitió parcialmente la acción, condenando a la demandada a indemnizar el daño moral. La sentencia fue apelada y la Cámara la modificó, admitiendo además la reparación por daño patrimonial.

1. —      Es responsable la AFJP por los daños y perjui-cios que sufrió un trabajador a causa de la demora en obtener el beneficio jubilatorio—siete años—, pues ello se debió a que dicha entidad le requirió información complementaria varios años después de haberse iniciado el trámite—tres años— cuando debió hacerlo dentro de los veinte días de su presentación como lo establece el art. 17 de la Instrucción SAFJP 33/02, lo cual demuestra que no actuó de forma diligente con la obligación a su cargo de determinar que documentación consideraba faltante o incompleta.

2. —      La AFJP que injustificadamente demoró el trámite jubilatorio presentado por un trabaja-dor, debe indemnizar el daño patrimonial causado al dependiente por tal accionar, pues se acreditó que fue dado de baja en el trabajo y que dejó de percibir durante varios años remuneración alguna, hasta obtener finalmente la jubilación.

CCiv., Com. y Minería, San Juan, sala II, 2011/09/16. – Ríos, Elena Clara c. Consolidar A.F.J.P. s/ daños y perjuicios.

[Cita on line: AR/JUR/51853/2011]

2ª Instancia. — San Juan, septiembre 16 de 2011.

El Dr. Octavio Augusto Sánchez dijo:

En la sentencia que obra a fs. 219/223, a cuyas consideraciones y constancias me remito en lo atinente a la relación de la causa, se resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda incoada a fs. 18/23 y vta. por la Sra. Elena Clara Ríos contra Consolidar A.F.J.P. S.A., y en consecuencia se condenó a la demandada a pagar a la parte actora la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000), con más los intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, en concepto de daño moral; impuso las costas a cargo de la parte demandada y difirió la regulación de los honorarios correspondientes a los profesionales actuantes para la oportunidad prevista en la Ley N° 4.072 y normas reglamentarias.

Para resolver de esa forma el sentenciante tuvo en cuenta que en el caso en análisis ha quedado admitido que la actora comenzó el trámite para obtener los bene-ficios jubilatorios en fecha 29/08/01 (escrito de contestación de demanda, fs. 79), que en fecha 20/10/03 se le requirió a la actora la presentación del formulario de afectación de haberes con fecha de extinción del contrato laboral o constancia del cambio a actividades comunes (escrito de contestación de demanda, fs. 79 vta.), y probado que recién en el mes de Diciembre del año 2008 se le concede el beneficio de jubilación desde el mensual Mayo de 2008, se llega a la convicción de que la parte demandada obró en forma antijurídica al incumplir con su obligación de determinar -en forma oportuna- qué documentación consideran faltante o a su criterio incompleta, establecer si corresponde verificación, evaluar si las pruebas aportadas alcanzan para probar los servicios, cómputo y cálculo del ingreso base, y evitar así todas las demoras a que se vio sometida la parte accionante. Que ese obrar antijurídico hace responsable a la demandada por los daños que se han considerado acreditados por la parte actora, como sufridos a consecuencia de la demora injustificada en que se le otorgue el beneficio jubilatorio y estando probado solamente que la actora ha padecido de un cuadro de Neurosis Depresiva (informe pericial obrante a fs. 196/198), se considera que no corresponde admitir el rubro daño patrimonial, pero sí el daño moral. Es que el daño moral consiste en la modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicada (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, 22/12/2005, “Vega Rubilan, Sonia de las Mercedes c. Transporte Automotor General Las Heras S.R.L.”, La Ley Online), y queda configurado siempre que se infiera a la víctima un daño espiritual, con las consiguientes angustias, padecimientos y dificultades, sin que sea exigible que la causa de tales padecimientos sea permanente, pues sostener lo contrario importaría tanto como limitar la viabilidad del ítem a los supuestos que se producen lesiones que dejen secuelas permanentes, limitación ésta que no surge de la ley —art. 1078 del Cód. Civil— y que atentaría contra la integridad de la indemnización (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 26/05/2006, “Montalbetti, Carlos F. y otros c. Microómnibus Sur S.A.C. y otros”, DJ, 30/08/2006, 1265) Asimismo, en la doctrina judicial se tiene establecido que: “Al habérsele privado ilegítimamente al actor el otorgamiento del beneficio previsional, no caben dudas que se ve afectado en su tranquilidad y en la paz de su espíritu, por lo que exigirle prueba de tal mortificación implicaría incurrir en un excesivo rigor desde que dicha circunstancia ha de tenerse por demostrada por el sólo hecho de la acción antijurídica, y es, en todo caso, al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un agravio de dicha naturaleza” (Cfr. SCBA, Ac. 57.531, 16-2-99, “Sffaeir, L. C/Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud y Acción Social) s/demanda contencioso administrativa”). Consecuente con lo anteriormente considerado, estima razonable que este rubro prospere por la suma de pesos diez mil ($10.000) a la fecha de interposición de la demanda.

Contra el citado pronunciamiento se han alzado am-bas partes mediante los recursos de apelación concedi-dos libremente y con efecto suspensivo.

Agravios de la parte actora: se queja por lo siguiente: 1°) Por el rechazo de la indemnización del daño patri-monial porque el sentenciante considera no probado adecuadamente. Considera que, con la documental que aportó, el reclamo debió ser admitido(recibos de haberes percibidos, copia legalizada del formulario PS6237 y de la resolucion 1161.

2°) Se queja también, en segundo lugar, por el recha-zo de la indemnización del daño psicológico.- 3°) en tercer lugar se queja porque considera que la indemni-zación del daño moral debe ser fijada a la fecha del obrar antijurídico y no desde la fecha de la demanda, debiendo incluirse los intereses legales correspondien-tes.

Agravios de la parte demandada: Se queja por lo si-guiente: 1°) se queja porque considera inaplicable la normativa legal utilizada por la sentenciante como el fundamento para dictar la sentencia. 2°) considera que no existe conducta antijurídica de su parte, efectuando un análisis de su actuación en el caso a fin de demostrar que ese actuar estuvo ligado a las normas legales aplicables. 3°) considera inexistente y no pro-bado algún daño resarcible por parte de la actora.

La actora contestó los agravios de la accionada, pero ésta no lo hizo respecto de los agravios de la accionante, habiendo quedado así en condiciones de ser resueltos los recursos incoados.

Tratamiento de los agravios:

a) Primero y segundo agravios de la demandada:

Del análisis de las constancias de autos conside-ramos improcedentes los agravios dado que, pese a que la sentencia no indica la Instrucción 33/02 que resultarÍa aplicable al caso, la demandada no arbitró los medios a su alcance para cumplir los pasos que dicho instructivo indica y que la propia accionada transcribe en el memorial de agravios. Conforme la propia apelante indica en dicho memorial, debió cumplir en el plazo de veinte días hábiles con los re-caudos que indica el art. 17 del instructivo mencio-nado. Como señala el sentenciante de primer grado :”…En el caso en análisis ha quedado admitido que la actora comenzó el trámite para obtener los beneficios jubilatorios en fecha 29/08/01 (escrito de contestación de demanda, fs. 79), que en fecha 20/10/03 se le requirió a la actora la presentación del formulario de afectación de haberes con fecha de extinción del con-trato laboral o constancia del cambio a actividades co-munes (escrito de contestación de demanda, fs. 79 vta.), y probado que recién en el mes de Diciembre del año 2008 se le concede el beneficio de jubilación desde el mensual Mayo de 2008, se llega a la convicción de que la parte demandada obró en forma antijurídica al incumplir con su obligación de determinar -en forma oportuna- qué documentación consideran faltante o a su criterio incompleta, establecer si corresponde verificación, evaluar si las pruebas aportadas alcanzan para probar los servicios, cómputo y cálculo del ingreso base, y evitar así todas las demoras a que se vio sometida la parte accionante”.

En segundo lugar, las quejas del accionado que esta-mos analizando no indican con claridad a qué re-caudos se refiere cuando señala que no se habrían cumplido los requisitos del mencionado Instructivo 33-02, con lo cual ha incurrido en una evidente falta de cuestionamiento concreto y razonado, lo que impide a este Tribunal analizar adecuadamente su cuestionamiento, por ser éste incompleto y genérico.

Como bien indica el A quo la demandada tenía a su cargo determinar que documentación consideran faltante o a su criterio incompleta, establecer si co-rresponde verificación, evaluar si las pruebas apor-tadas alcanzan para probar los servicios, cómputo y cálculo del ingreso base. Esa obligación debía cum-plirse en veinte días, pero la accionada en el caso de autos no fue diligente, con lo cual incurrió en la falencia que indica la sentencia a fs. 202, último párrafo y 202 vta., primero y segundo párrafos.

Por lo expuesto, voto por el rechazo de estos dos primeros agravios de la demandada apelante.

b) Agravios de la actora en relación a la fecha en que fue otorgado el daño moral y agravio de la accionada en relación a la procedencia del daño moral.

El agravio de la demandada resulta francamente im-procedente si advertimos que la pericia, efectuada en autos a los fines de determinar el daño moral causado a la parte actora con motivo del incumplimiento de la acccionada, no fue cuestionada en su momento por la demandada, siendo improcedente y extemporáneo pre-tender tacharla en esta etapa procesal como imparcial y poco seria. Además no encuentro en el memorial de la demandada ninguna crítica concreta y razonada que desmerezca o, al menos, ponga en duda las fundamentaciones del sentenciante que obran en el punto “3” de los considerandos.

Voto por el rechazo del agravio de la demandada en torno a la procedencia del daño moral.

En lo atinente al agravio de la actora en relación al momento en que se fija la indemnización por daño moral considero que debe ser admitido, pues le asiste razón al apelante al indicar que la indemnización en casos como el presente debe ser establecida a la fecha del actuar antijurídico materializado, en este caso el día uno de enero de 2004.

Así lo ha determinado en forma invariable nuestra jurisprudencia en forma mayoritaria, debiendo seña-larse que el a quo al fijar el daño moral a la fecha de la demanda no da ni señala ningún fundamento de tal decisión. Voto por la admisión del agravio de la actora, debiendo fijarse que los intereses por la indemnización del daño moral fijado en pesos diez mil ($ 10.000), sean calculados a partir del uno de enero de 2004, conforme a lo requerido en la demanda y según las constancias de autos.

c) Agravio de la actora por el rechazo de la indemni-zación del daño patrimonial y el daño psicológico:

Le asiste razón al apelante en lo relativo a la proce-dencia de la indemnización por daño patrimonial, pues se ha acreditado que el actor se desempeñaba como Jefe de la Unidad Enfermería en la Secretaria de Salud Pública y que su remuneración era de pesos setecientos setenta y cuatro con 24 centavos ($ 774,24). Que le dieron de baja el día uno de enero de 2004 y recién pudo jubilarse con sesenta años el día 4-6-2008, habiendo dejado de percibir en ese período temporal la suma de pesos cuarenta y un mil treinta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 41.034,72) a la fecha indicada en último lugar.

Tales circunstancias surgen de las pruebas que aportó la actora, no cuestionadas por la accionada, como son: los recibos de sueldo acompañados, copia legalizada del formulario PS6237 y de la Resolución 1161 y la restante prueba documental ofrecida en la demanda; la prueba aportada por la demandada cuando contestó la demanda, y la prueba aportada en copia por la ANSES como lo es el Expte 024-27-060480368-556-1.

En consecuencia, por lo expuesto, estimo proce-dente que se admita el reclamo de la actora por in-demnización del daño patrimonial por pesos cuarenta y un mil treinta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 41.034,72) con más los intereses legales, Ley 4.119, desde el 4-6-2008 y a la fecha del pago efectivo. Así voto.

En lo atinente al daño psicológico considero que debe rechazarse el agravio instrumentado por la actora pues no encuentro una crítica concreta y razonada en relación al fallo apelado cuando este sostiene que

“…Y si bien, en principio, todo trastorno emocional ocasionado por un acontecimiento disvalioso puede dar origen a un daño psíquico, no todo trastorno psíquico es Daño Psíquico. El Daño Psíquico no es otra cosa que una enfermedad mental (Cfr. Ricardo Ernesto Risso, Cuerpo Médico forense de la C.S.J.N., ver en: http://www.csjn.gov.ar/cmf/cuadernos/1_2_67.html), por lo que al no estar acreditado que la actora padece de una enfermedad mental a causa del daño sufrido, se rechaza este rubro reclamado…”.

Voto por el rechazo del agravio de la actora en rela-ción al daño psicológico.

costas de alzada: Atento al resultado de ambos recursos, propicio que las costas devengadas en la alzada sean impuestas al accionado vencido, teniendo en cuenta que el recurso incoado por su parte fue rechazado totalmente y el de la actora admitido en gran medida; además tengo en cuenta el carácter indemnizatorio de la acción promovida.

El Dr. Oscar Roberto Otiñano, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto precedente, el que doy por reproducido.

El Dr. Moisés Moya, dijo:

Por razones análogas las aducidas por el Dr. Octavio Augusto Sánchez, voto en el mismo sentido.

Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve:

Rechazar el recurso de la demandada.

Admitir parcialmente el recurso de la actora dispo-niendo: 1) que el monto del daño moral fijado en primera instancia sea adicionado con el interés legal de la Ley N° 4.119, desde el 1-1-2004 y hasta el pago efectivo. 2) admitir la indemnización por daño pa-trimonial fijando la suma de Pesos: cuarenta y un mil treinta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 41.034, 72), con más el interés legal de la Ley N° 4.119, desde el día 4-6-2008 y hasta su pago efectivo.

Imponer las costas de alzada a la demandada que re-sulta vencida, difiriéndose la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad. — Oscar Roberto Otiñano. — Octavio Augusto Sánchez. — Moisés Moya.