Autor: Mauricio Boretto

a.- Introducción.-

No podemos ignorar que en el Derecho argentino -desde antiguo- ha existido un acalorado debate en el ámbito doctrinario relativo a si el sistema sucesorio previsto en el ámbito de Derecho Internacional Privado pensado por el Dr. Vélez Sarsfield en el Código Civil, consagró el principio de la unidad sucesoria, o el de la pluralidad sucesoria, o bien, aplicó un sistema mixto.

Prueba de esta controversia es, entre muchos, el fallo que anotamos resuelto por la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro en los autos: “M., A. M. s/ Sucesión”.

Veremos a continuación una apretada síntesis de la controversia.

b.- Los ejes de la discusión.-

1).- El sistema de la unidad.-   

Los artículos de cuya combinación resultaría que Vélez adoptó el sistema unitario son el 3263, el 3279, el 3281 y el 3283 del Código Civil.

Se parte de la premisa que en la sucesión no se transmiten bienes individualmente considerados sino la “herencia”, que constituye una universalidad.

Es decir, no se tiene en cuenta el contenido particular de la misma sino que, por el contrario, se lo considera como un ente ideal que se transmite en bloque.

En efecto, el artículo 3281 reza: “la sucesión a título universal es la que tiene por objeto un todo ideal, sin consideración a su contenido especial, ni a los objetos de esos derechos”.

Como consecuencia directa de esta concepción es menester que sea una sola ley la que regule la transmisión de ese “patrimonio” aunque las cosas y los derechos particulares que forman el contenido de aquél se encuentren dispersos en distintos países; pues el patrimonio del difunto es uno solo y el fenómeno sucesorio representa un todo indivisible.

Sería contradictorio, entonces, fraccionar el fenómeno sucesorio sometiéndolo a la regulación de distintas leyes en virtud de algo contingente como es la radicación de los bienes del causante en diferentes países.

Así las cosas, conforme al artículo 3283 “el derecho de sucesión al patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros”.

Por lo tanto, aún tratándose de inmuebles y toda vez que la transmisión a título universal no puede confundirse con la que es a título particular, el polémico artículo 10 del Código Civil[1] se aplica a la transmisión de los “bienes inmuebles individualmente considerados”, pero no puede aplicarse a la transmisión del patrimonio del cual forman parte (herencia).

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe efectuar la siguiente aclaración. Unidad sucesoria significa que una sola ley determina la forma y las personas a las cuales se ha de transmitir el patrimonio del causante, pero no quiere decir que sea un solo juez el que aplique esa única ley; por el contrario, ella será aplicada por los jueces de los países donde se encuentren los bienes[2].

Para el sistema de la unidad, el juicio sucesorio como proceso autónomo será siempre uno. En todos aquellos países donde haya bienes del causante, distintos de aquél país donde tenía su último domicilio al momento de fallecer o respecto del cual era nacional (según se adopte dentro de la unidad, el sistema del domicilio o el de nacionalidad), no existirá propiamente un juicio sucesorio. Estaremos en presencia de una de las etapas en que está dividido el “proceso” autónomamente considerado y que conocemos como “etapa de ejecución de sentencia” con la cual se busca que el Estado haga posible que el mandato concreto contenido en la sentencia (en este caso emanada del juez extranjero) sea observado en la práctica.

Las implicancias de este aserto se traducen, básicamente, en que el juez nacional -ante quien se promueve la ejecución de la sentencia extranjera- reconoce:

(i) La competencia del juez foráneo que entiende en el juicio sucesorio

(ii) La calidad de herederos de las personas declaradas tales por el juez extranjero en la sentencia de declaratoria de herederos

(iii) La legitimidad de la orden contenida en la sentencia extranjera y emanada del juez extranjero a fin de proceder a la inscripción de los bienes registrables que pertenecían al causante, a nombre de los herederos reconocidos por la sentencia foránea; todo ello previa resolución homologatoria o exequatur de parte del juez nacional

Coherente con el artículo 3283 del Código Civil, Vélez consagró en el artículo siguiente que “La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto” (art. 3284).

2).- Sistema de la pluralidad.-

Para esta corriente de opinión, la transmisión inter vivos o mortis causa de inmuebles sitos en la Argentina se rigen por la lex rei sitae, mientras que los bienes muebles quedan comprendidos en la regla general del artículo 3283 Código Civil.

De este modo, afirman los pluralistas, el Codificador consagró el principio de la pluralidad dado que la nota al artículo 3283 Código Civil contiene una cláusula que se refiere solamente a los bienes inmuebles situados en el Estado, cuya transmisión sucesoria puede llamarse, dice, una excepción al principio general de la universalidad de la ley local del domicilio dado “que su título debe ser siempre transferido en conformidad a las leyes de la República, art. 10 de este Código”.

Otro de los argumentos esgrimidos por los pluralistas consiste en que, cuando el artículo 10 Código Civil habla de  “modos de transferir”, comprende no solo los medios de transmisión[3], sino también la causa jurídica que la origina; entendiendo por esta última el porqué, la razón legal de dicha transmisión, sea por obra de una sucesión testada o intestada, o por actos entre vivos.

Sin embargo, por el contrario, los sostenedores de la postura unitaria entienden que la disposición legal aludida cuando habla de “modos de transferir”, solo comprende los medios de transmisión del dominio. Por lo tanto, la sucesión en tanto causa jurídica quedaría regulada por la ley del último domicilio del causante (conf. art. 3283, Cód. Civil).

3).- El sistema mixto.

Una mirada particular sobre el tema nos la da Werner Goldschmidt[4].

Sostiene que se podrían armonizar los artículos 10 y 3283 del Código Civil.

Según el reconocido jurista, del juego de ambas normas y a la luz de la nota del artículo 3283 Código Civil, los inmuebles argentinos (únicos de los que expresamente habla el artículo 10 Código Civil) se regulan por el Derecho argentino, aunque el causante haya tenido un domicilio último en el extranjero, mientras que todos los demás inmuebles siempre se someten a la ley del último domicilio del de cujus, a la cual también queda sometida la totalidad de los bienes muebles.

Se llega, pues, al resultado de que Vélez Sarsfield quiso someter todo el patrimonio relicto a la única ley del domicilio último del causante, excepción hecha de los inmuebles argentinos que pensaba sujetar al Derecho argentino.

c.- Principales lineamientos del fallo anotado.-

La sentencia que anotamos plantea un problema de competencia.

¿Qué juez debe intervenir en la sucesión del causante en la cual existe un inmueble sito en la Provincia de Santa Fe, Argentina?

El conflicto se genera toda vez que el recurrente, en lo sustancial, pide la aplicación del sistema de la pluralidad -por lo tanto que intervenga el juez “argentino” y no el alemán como veremos- aunque haciendo caso omiso al juez del lugar donde está situado el bien (Argentina, Provincia de Santa Fe).

Pretende que sea el juez argentino pero siguiendo el sistema del domicilio de algunos de los involucrados en la sucesión.

En efecto:

(i) El albacea tiene domicilio en la localidad de San Fernando

(ii) Un legatario se encuentra domiciliado en la provincia de Buenos Aires

(iii) Dos testigos ofrecidos tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires, al igual que el único potencial acreedor del causante.

(iv) El último domicilio del causante en el país, según el apelante, fue en la localidad de Olivos. Sin embargo, cabe destacar, no parece haber sido éste el lugar donde tuvo el asiento principal de su residencia y de sus negocios (arg. art. 89 del Código Civil). Por el contrario, según los camaristas, ello parece haber sucedido en la República Federal de Alemania.

Para el juez de 1ra. instancia y la Cámara de Apelaciones, si bien el art. 3283 del Código Civil reconoce el principio de unidad  del sucesorio en cabeza del juez del último domicilio del causante (ver el primer párrafo de la nota del citado artículo),  existe un supuesto de exclusión previsto en el art. 10 del Código Civil.

Consecuentemente con ello y no obstante que el domicilio haya estado radicado en el extranjero (Alemania), corresponde la intervención de los jueces argentinos -jurisdicción internacional concurrente y no exclusiva- en caso de que existiera bienes inmuebles en nuestro país, pues en tal caso rige la ley donde la cosa está situada (“lex rei sitae”).

A su vez, desestiman el criterio del “domicilio” (sostenido por el recurrente) y adhieren a la competencia del juez del lugar en que el inmueble se encuentre.

En tal sentido, se argumenta que “si bien no se precisa la jurisdicción de aplicación dentro de la República, y sin perjuicio de la residencia de los legatarios o del albaceas que fuera alegada en los agravios,  entiendo que por un principio de razonabilidad deben entender los jueces donde se encuentra situado la propiedad, esto es, en la Provincia de Santa Fe, máxime cuando se trata de un campo explotado comercialmente (ver los contratos de arrendamiento obrantes a fs. 77/81) con los efectos jurídicos que ello pueda acarrear”.

d.- Conclusión.-

Para analizar la justicia de la solución plasmada en el decisorio que anotamos, al tratarse de un “caso” con elementos extranjeros, consideramos que hay que mirarlo bajo la lupa “cosmopolita” de la cual hacía gala el Dr. Goldschmidt.

Según este prestigioso jurista, el caso internacional debía ser analizado y resuelto bajo esta directriz: “combinar” el respeto del derecho extranjero con el respeto del derecho patrio.

De este modo, no debía utilizarse en forma indiscriminada el argumento del orden público para aplicar siempre el derecho “propio”.

Por el contrario, debía buscarse la aplicación de la ley más acorde a la naturaleza de la relación o situación jurídica.

Así las cosas, en nuestra modesta opinión, si el último domicilio del causante estaba en Alemania, debió ser el juez alemán el competente para entender en el sucesorio del difunto (arg. art. 3284 Código Civil).

Coherente con ello, debió aplicarse a la sucesión en cuestión el Derecho alemán (por el juez alemán); que es el ordenamiento jurídico (arg. art. 3284 Código Civil) que definiría:

(i) El orden sucesorio

(ii) Las porciones hereditarias

(iii) Los herederos forzosos

(iv) Sus legítimas

(v) Lo referente a la posesión hereditaria

No obstante lo anterior, como el inmueble hereditario estaba ubicado en la Argentina, ello hubiere traído aparejado importantes efectos:

(i) Sería el juez argentino -con competencia territorial en el lugar donde está situado el bien inmueble- quien debería haber intervenido en la ejecución de la sentencia extranjera (alemana) a los efectos de inscribir el inmueble a nombre de los herederos declarados en el extranjero (de haber existido). En el caso, existía un legatario a cuyo nombre debía inscribirse el inmueble en la Argentina

(ii) Es decir, el juez argentino no es competente para intervenir en el proceso sucesorio sino en la ejecución de la sentencia extranjera de declaratoria de herederos y de adjudicación de bienes

(iii) En el caso concreto, como había un legatario con domicilio en argentina, el juez argentino -que debiera entender en la ejecución de la sentencia foránea- tiene el deber de controlar que no se viole el orden público argentino (por ej., en materia de legítima, arg. art. 14 inc. 2 Código Civil[5]), el cual se erige en un obstáculo que impide la aplicación del derecho extranjero cuando el mismo lesiona los derechos hereditarios de los herederos nacionales o foráneos domiciliados en la Argentina; los cuales se encuentran resguardados por el Código Civil Argentino (arg. art. 3470 Código Civil[6]).

(iv) Vale aclarar que, en este último supuesto, si por hipótesis hubieren existido herederos extranjeros sin domicilio en la Argentina y a su vez argentinos o extranjeros con domicilio en la República (recuérdese que en el caso había un legatario con domicilio en nuestro país), y el juez argentino ante el cual se pretende ejecutar la sentencia foránea que declara como herederos del causante a tales sujetos conforme a la ley (extranjera) del último domicilio del causante (art. 3283, Cód. Civil), si advirtiese que se verifica el supuesto del artículo 3470 del Código Civil; se declarará competente para entender -no ya en la etapa procesal de ejecución de la sentencia extranjera- sino en el proceso sucesorio abierto en la Argentina por los herederos argentinos o extranjeros domiciliados en ella que fueron excluidos en el país extranjero de la porción hereditaria que les hubiese correspondido de acuerdo a la ley sucesoria argentina[7].

Así las cosas, en nuestro modesto concepto, para definir la cuestión de competencia, la Cámara debió seguir los lineamientos del sistema de la unidad sucesoria tal como lo hemos referenciado y no abroquelarse en la solución del artículo 10 del Código Civil que se aplica a las transferencias de derechos reales de un titular a otro por negocios inter vivos.


[1] Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la República.

[2] VICO, Carlos M., “Curso de Derecho Internacional Privado”, t. 2, ed. Norte, 1938, pág. 12.

[3] Es decir la tradición e inscripción en los registros, según el sistema el sistema de publicidad adoptado en las distintas legislaciones como medios para la transmisión del dominio.

[4] “Derecho Internacional Privado. Derecho de la Tolerancia”, ed. Depalma, 1982, pág. 364 y sigtes.

[5] En caso de que hubieran existido a su vez  herederos extranjeros sin domicilio en nuestro país que, según el derecho alemán, les correspondiese una porción tal en la herencia que afectase la legítima de los herederos argentinos o foráneos domiciliados en la Argentina (según el Derecho argentino).

[6] Puede ocurrir que existiendo una sucesión en el extranjero, donde hay bienes del causante, herederos extranjeros excluyen de la sucesión mortis causa en dichos bienes, a herederos nacionales o extranjeros domiciliados en la Argentina por la aplicación de leyes o costumbres locales. Así, conforme al artículo 3470 Código Civil “En el caso de división de una misma sucesión entre herederos extranjeros y argentinos, o extranjeros domiciliados en el Estado, estos últimos tomarán de los bienes situados en la República, una porción igual al valor de los bienes situados en el país extranjero de que ellos fuesen excluidos por cualquier título que sea, en virtud de leyes o costumbres locales”. Este artículo traslada a la Argentina el droit de prélèvement (derecho de llevarse algo con preferencia) del derecho francés. A su vez, lejos de ser una excepción es un complemento a la regla de la unidad del régimen sucesorio establecida por el artículo 3283 Código Civil, sea que el causante muera con último domicilio en nuestro país o en el extranjero.  

[7] Esta última es susceptible de aplicarse a la sucesión mortis causa abierta en el exterior, por las siguientes razones: 1).- al encontrarse algunos bienes del causante en la Argentina, 2).- domiciliarse en nuestro país los herederos excluidos y 3).- lesionarse sus derechos hereditarios por la exclusión sufrida y, por tanto, violarse también el orden público argentino; esto último precisamente por la aplicación de la ley (extranjera) del último domicilio del causante.