Autor: Gastón Vidal Quera

Con el dictado de la Resolución Normativa Nº 54/2011 dictada por ARBA el 30 de septiembre de 2011, con vigencia desde esa fecha, se aprobó el denominado “Sistema Integral de Operativos y Descargos” que se presenta vía web, pudiendo ser utilizado incluso por aquellos sujetos que carezcan de Clave de Identificación Tributaria (“CIT”).  De esa forma se podrá consultar las citaciones, notificaciones, requerimientos e intimaciones que se formulen en el marco de operativos vinculados con acciones masivas o especiales de verificación y control, así como efectuar la correspondiente presentación del descargo en resguardo del derecho de defensa de raigambre constitucional. Es así que ARBA destaca en los considerandos de la norma comentada que “… las posibilidades con las que cuenta en la actualidad … a través de la utilización de modernas tecnologías de transmisión y procesamiento de datos, permiten asegurar la generación, consulta y procesamiento efectivo de los mencionados descargos”.

Desde hace bastante tiempo, ARBA exigía que los contribuyentes contesten esta clase de intimaciones y reclamos, por medios informáticos y rechazaba el intento de formular presentaciones por escrito. No obstante ello, no existía norma que regulara tal procedimiento ni las formalidades que debían cumplirse. Ahora esta situación se encuentra subsanada y debe cumplirse en la página web de ARBA a través de la solapa “Notificaciones, intimaciones y descargos”. De tal manera se podrá generar el descargo pertinente, adjuntando documentos adjuntos previamente comprimidos o “zippeados” (archivos de extensión). También se permitirá realizar una consulta histórica por sujeto u objeto de las citaciones, intimaciones, requerimientos y notificaciones cursadas.

Es de absoluta relevancia resaltar la posibilidad de efectuar presentaciones por escrito por parte de los contribuyentes y responsables.

En ese sentido, el artículo 7 de la Resolución comentada dispone: “En todos los casos, la Agencia de Recaudación podrá requerir del interesado la presentación de documentación adicional que estime corresponder, a fin de efectuar una correcta evaluación del descargo formulado, informando oportunamente los avances en la evaluación del caso, hasta su finalización.

 La denegatoria del descargo presentado, que se comunicará al presentante por las vías informáticas disponibles, será irrecurrible.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, la presentación del descargo o su rechazo no podrán considerarse incompatibles con ulteriores presentaciones por escrito del interesado, ni con la sustanciación por esta Autoridad de procedimientos regulados por el Código Fiscal u otras normas de aplicación supletoria(lo destacado me corresponde).

De esa manera los contribuyentes y responsables para hacer valer sus defensas podrán realizar presentaciones por escrito, sin que ARBA pueda rechazarlas exigiendo la presentación en forma informática en forma excluyente.

Al hacerse referencia a la aplicación de los procedimientos regulados por el Código Fiscal se pueden mencionar las siguientes vías recursivas:

1) Recurso de apelación fundado ante el Director General (art. 142 del Código Fiscal t.o. 2011): aplicable cuando no existe un procedimiento recursivo específico, es decir que se puede utilizar en forma subsidiaria y frente a la expresa inexistencia de otro recurso;

2) Recursos previstos en el artículo 115 que se presentan contra resoluciones de ARBA que determinen gravámenes, impongan multas, liquiden intereses, rechacen repeticiones de impuestos o denieguen exenciones: reconsideración o apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires en aquellos casos en que resulta viable (por ejemplo el reclamo excede la suma de $ 50.000).

La reglamentación de los alcances del descargo vía web debe considerarse por todo sujeto que sea intimado o reciba un reclamo por parte de ARBA, y celebró la posibilidad de formular defensas por escrito que permitan al contribuyente desarrollar y aportar todos los elementos de prueba, que puedan resguardar su legítimo derecho constitucional de defensa y el derecho de todo administrado de ser oído, de ofrecer y producir prueba y de recibir una decisión fundada en resoluciones que afecten derechos subjetivos.

Fuente: Primera Hora Ciencias Económicas